Sentencia Social 414/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social, Rec. 367/2025 de 10 de junio del 2025

PRIMERO.-1.- La sentencia de instancia estima la demanda interpuesta por doña Adela contra SALETA CARE S.L., declarando improcedente el despido de la demandante acaecido el 15-7-2024 y condena a la demandada a que, a elección de la actora, la readmita en las mismas condiciones anteriores al despido o la indemnice en la cantidad de 18.051,44 euros con abono de los salarios de tramitación en ambos supuestos.

2.-Frente a esta resolución se alza la actora en tres motivos. En el primero de ellos, con adecuado amparo procesal en el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -en adelante, LRJS-, insta la nulidad de actuaciones con reposición de los autos al estado en el que se encontraban al tiempo de cometerse la infracción del artículo 97 LRJS y del artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-.

En el motivo segundo, con amparo del artículo 193. b) LRJS, solicita la revisión de los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

Por último, en el motivo tercero, con base en el artículo 193. c) LRJS, denuncia la infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia, en concreto, se denuncia la vulneración del artículo 54.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -en adelante, ET- y del artículo 60. c) 2 del Convenio Marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, así como la Jurisprudencia que lo interpreta.

3.-El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.- Nulidad.

1.-En el primer motivo de recurso se alega que la sentencia de instancia incumple los requisitos que exigen los artículos 97 LRJS y 248 LOPJ, generando indefensión, pues incluye, numerados, ocho hechos probados, pero la mayor parte de ellos no son hechos litigiosos.

Además, considera sorprendente que todos los hechos probados se basen en la prueba documental aportada por las partes sin que se haya tenido en consideración ni las testificales propuestas, ni la pericial practicada.

De otra parte, alega que, pese a la solicitud de la empresa de visionar tanto el video realizado por la empresa de detectives, como el facilitado por una compañera de trabajo, en el que aparecía la actora corriendo con anterioridad al 10 de junio de 2024, los mismos no fueron reproducidos.

Por todo ello, solicita que se repongan las actuaciones al momento de dictar sentencia.

2.-No cabe acoger los argumentos del presente motivo de recurso, pues la doctrina constitucional ha establecido en reiteradas ocasiones que no es exigible que las resoluciones judiciales contengan una motivación con una extensión y forma determinada, pudiendo ésta ser breve y sucinta, siempre que incluya razonamientos suficientes que justifiquen la decisión adoptada. Ello deriva del contenido del artículo 24.1 CE, que comprende el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, debiendo ésta ser motivada, razonada y razonable, esto es, totalmente ajena al puro voluntarismo del órgano jurisdiccional competente. Ahora bien, este derecho no comprende el derecho del justiciable a obtener una resolución conforme a sus pretensiones, sino solo el derecho a una resolución fundada, tal como se recoge en la STC 55/1993, de 15 de febrero y en el ATC 148/1999, de 14 de junio, que se citan en la STC 283/2004, de 10 de mayo. En el mismo sentido destacan las SSTC 28/1994, 153/1995 y 32/1996, que respecto al deber de motivación, establecen que: "no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquélla".

En idéntico sentido se pronuncia la STC 164/2005, de 20 de junio, que recoge los razonamientos de la previa STC 128/2003, de 3 de junio, indicando que: "la exigencia de motivación de las Sentencias está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho ( art. 1.1 CE ) y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional ( art. 117 CE, párrafos 1 y 3)". Por ello, prosigue esta misma Sentencia, "la existencia de una motivación adecuada y suficiente, en función de las cuestiones que se susciten en cada caso concreto, constituye una garantía esencial para el justiciable, ya que la exteriorización de los rasgos más esenciales del razonamiento que han llevado a los órganos judiciales a adoptar su decisión - haciendo explícito que ésta corresponde a una determinada interpretación y aplicación de la ley-, permite apreciar su racionalidad, además de facilitar el control de la actividad jurisdiccional por los Tribunales superiores, y, consecuentemente, mejorar las posibilidades de defensa por parte de los ciudadanos de sus derechos mediante el empleo de los recursos que en cada supuesto litigioso procedan ( STC 209/1993, de 28 de junio , FJ 1). De ahí que este deber sea más riguroso cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra conectado con otro derecho fundamental".

No obstante, también hemos precisado que "esta exigencia constitucional no significa que las resoluciones judiciales deban contener un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que tengan las partes de la cuestión que se decide, sino que es suficiente, desde el prisma del precepto constitucional citado, que las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión o, lo que es lo mismo, su ratio decidendi" ( STC 128/2002, de 3 de junio , FJ 4 y las que cita).

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación al requisito de la motivación, viene estableciendo su suficiencia, en los casos en los que: "si se expresan las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir, el proceso lógico- jurídico que conduce a la decisión" ( STS 7-3-1992), o si "la lectura de la sentencia permite comprender las reflexiones tenidas en cuenta por el Juzgador para llegar al resultado o solución contenido en la parte dispositiva" ( STS 15-2-1989).

3.-En el presente caso, no cabe apreciar el defecto procesal que se denuncia en la resolución dictada, pues la misma recoge, a lo largo de los fundamentos de derecho los "elementos y razones de juicio que fundamentan su decisión" ( STC 221/2001, de 31 de octubre). Es decir, el Magistrado explica de forma clara y fundada, la razón por la que no acoge la oposición de la empresa.

La concreta valoración de determinadas pruebas y la conclusión alcanzada no puede tacharse de arbitraria, por mucho que no se haga mención a alguna de las pruebas propuestas por la empresa. Al respecto es conveniente recordar que la STC 164/2005, de 20 de junio, ha establecido que "para apreciar la existencia de comportamiento arbitrario en la actuación judicial se debe analizar si se ha incurrido o no en "un actuar sin razones formales ni materiales y que resulta de una simple expresión de la voluntad ( STC 51/1982, de 19 de julio , FJ 3)" ( STC 164/2002, de 17 de septiembre , FJ 4). Y que, en esta misma Sentencia, afirmábamos que para analizar si un pronunciamiento ha incurrido en un vicio de irrazonabilidad susceptible de tutela a través del recurso de amparo "es necesario partir de la idea de que la validez de un razonamiento desde el plano puramente lógico es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y de su conclusión pues, en lógica, la noción fundamental es la coherencia y no la verdad de hecho, al no ocuparse esta rama del pensamiento de verdades materiales, sino de las relaciones formales existentes entre ellas. Ahora bien, dado que es imposible construir el Derecho como un sistema lógico puro este Tribunal ha unido a la exigencia de coherencia formal del razonamiento la exigencia de que el mismo, desde la perspectiva jurídica, no pueda ser tachado de irrazonable. A tal efecto, es preciso señalar, como lo ha hecho este Tribunal, que no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas ( STC 214/1999, de 29 de noviembre , FJ 4)" (FJ 4)." En idéntico sentido se pronuncia la STC 322/2005, 147/1999, de 4 de agosto, 221/2001, de 31 de octubre, entre otras.

En el presente caso, no se aprecia vulneración alguna en la sentencia de instancia, pues la parte demandada pudo proponer y aportar los medios de prueba que consideró oportunos y el hecho de que la valoración judicial no fuera favorable a sus intereses, no implica, por sí mismo, una conculcación de sus derechos fundamentales, pues como ha indicado en numerosas ocasiones la jurisprudencia constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza un pronunciamiento acorde con las pretensiones de la parte, sino una resolución fundada en derecho ( STC 283/2004, de 10 de mayo, con cita de la previa SSTC 55/1993, de 15 de febrero y ATC 148/1999, de 14 de junio ).

En el mismo sentido destaca la STC 225/2002, de 12 de noviembre, al indicar que "el derecho a la tutela judicial efectiva supone el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, pero no garantiza el acierto de las resoluciones judiciales, ni en la valoración de los hechos, ni en la interpretación y aplicación del Derecho aplicable (entre otras, SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ 5; y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4)".

4.-Por otro lado, el hecho de que no se haga mención a la prueba testifical ni a la pericial, no obedece a un mero voluntarismo del juzgador, sino que es una circunstancia que deriva de la concreta posición de las partes respecto a las pretensiones y motivos de oposición formulados de contrario, tal como se razona a lo largo del fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida.

En cualquier caso, el defecto no podría determinar la declaración de nulidad de actuaciones, pues no genera indefensión material a la parte, que puede solicitar, a través del correspondiente motivo de revisión fáctica, al amparo del apartado b) del artículo 193 LRJS, la inclusión de los datos que considera relevantes con fundamento, por ejemplo, en la referida prueba pericial.

Por tanto, teniendo en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto a la declaración de nulidad de actuaciones, ha venido estableciendo que "la nulidad de actuaciones constituye una medida excepcional que debe quedar reservada para casos extremos de una total indefensión, de modo que no basta que se produzca una vulneración de normas procesales sino que es preciso que ello haya determinado una indefensión material a la parte que la invoca, ya que la nulidad no deriva de cualquier infracción o vulneración de normas procesales sino de que esta vulneración le haya producido al interesado un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa" [ STS 12-1-2022 (Rec. 5130/2018)], no es posible estimar tales alegaciones.

5.-De otra parte, en el acto de la vista el Magistrado razonó la desestimación de la pretensión de la parte demandada de visionar los vídeos de una compañera de trabajo y de la detective privada, que, por otro lado, declaró en el acto del juicio oral. Refirió que se trataba de pruebas innecesarias, dada la admisión de la parte actora de los hechos relativos a los días 25 y 26 de junio y 2 de julio. Frente a esta decisión la demandada no manifestó oposición ni formuló oportuna protesta, por lo que no es posible ahora, en sede del extraordinario recurso de suplicación, intentar hacer valer una posible nulidad de actuaciones por este motivo.

TERCERO.- Revisión fáctica.

1.-En primer lugar, solicita la revisión del hecho probado cuarto para el que propone la siguiente redacción alternativa:

"CUARTO.- La evolución clínica de la actora ha sido la siguiente:

. 2-10-23: curación de heridas tras una intervención quirúrgica.

. 13-11-24: se le pauta rehabilitación sin posibilidad de realizar esfuerzos.

. 29-1-24: tras rehabilitación de mes y medio camina sin muletas con molestias en una rodilla y un pie; dolor en zona glútea y pie derecho; no deportes de carga, de momento.

. 8-4-24: desaconsejado correr (aunque quiere), dolor en rodilla derecha, leve atrofia de cuádriceps, muy buena recuperación; hace elíptica, gym y bici de forma intensa.

. 10-6-24: permito comenzar carga progresiva trotando, refiere dolor ocasional en punta de trocánter mayor de la misma cadera, claro dolor en entesis de rotuliano de rodilla derecha.

. 7-10-24: está saliendo a correr dos veces a la semana 5 minutos aproximadamente sin dolor; puede hacer vida normal.

Según informe emitido por el perito doctor Jose Ignacio, a fecha del 02/07/2024 la trabajadora no se encontraba impedida para llevar a cabo las tareas fundamentales o accesorias de su puesto de trabajo (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería)".

La revisión fáctica propuesta, que se ampara en el documento núm. 10 (folio núm. 96), no puede ser acogida, dado que lo que pretende adicionar al relato fáctico no es propiamente un dato objetivo en relación al estado residual de la trabajadora a la fecha indicada, sino la subjetiva opinión del facultativo que emite el informe. Solo los datos objetivos que constan en un informe pericial se pueden hacer valer y no otros relativos a la trascendencia de las dolencias dentro del desarrollo de las actividades de propias del puesto de trabajo o, incluso, de la vida diaria, ya que no son más que opiniones del facultativo correspondiente respecto a una cuestión de trascendencia jurídica, que es propia de la valoración judicial.

2.-En segundo término, interesa la modificación del hecho probado quinto, para el que propone la siguiente redacción alternativa:

"QUINTO. - A finales del mes de mayo una trabajadora de la empresa comunicó a la directora del centro, doña Leocadia, que habían visto correr a la demandante. En ese momento le facilitó un video en el que aparecía la demandante corriendo.

El 17 de junio de 2024 la empresa solicitó a Investigaciones Privadas NOR la investigación de las actividades que desarrollaba la demandante.

Del informe emitido por los detectives se concluye que los días 25 de junio, 26 de junio y 2 de julio (2024) la demandante corrió unos 16 kms (hora y media, aproximadamente)".

Subsidiariamente, para el caso de que se desestime la anterior modificación, propone la siguiente:

"QUINTO.- El 17 de junio de 2024 la empresa solicitó a Investigaciones Privadas NOR la investigación de las actividades que desarrollaba la demandante.

Del informe emitido por los detectives se concluye que Los días 25 de junio, 26 de junio y 2 de julio (2024) la demandante corrió unos 16 kms (hora y media, aproximadamente)".

La revisión fáctica que se propone respecto a la fecha de contratación de los servicios de la empresa de detectives, que tiene su amparo en el documento núm. 9 (folio núm. 51) aportado por la empresa, carece por completo de relevancia, motivo por el que debe ser desestimada.

Por otro lado, respecto al primer párrafo, que hace referencia a cómo y cuándo tuvo conocimiento la empresa del incumplimiento de la actora, circunstancias que se extraen de la prueba testifical practicada a la Sra. Leocadia (directora del centro), igualmente, es un dato que carece de relevancia de cara a una eventual rectificación del signo del fallo, una vez que consta probado el hecho de que la actora corrió unos 16 kilómetros los días 25 de junio, 26 de junio y 2 de julio.

3.-Por último, se insta la adición de un hecho probado nuevo con el ordinal octavo bis, para el que propone la siguiente redacción:

"OCTAVO bis.- En la actualidad constan en el centro de trabajo de la actora 3 adaptaciones de puestos de trabajo a trabajadoras con restricciones físicas".

La adición propuesta, que tiene su amparo en el documento núm. 13 (folios núm.163, 168 y 173), tampoco puede ser acogida, al carecer de trascendencia de cara a una eventual rectificación del signo del fallo, pues las concretas circunstancias relativas a otras trabajadoras en nada pueden afectar a la situación contractual de la demandante. Además, lo que debemos valorar es si la conducta desarrollada por la trabajadora en este concreto caso vulneró o no la buena fe contractual, que es la base sobre la que se asienta la decisión de despido adoptada.

TERCERO.- Revisión jurídica.

1.-En el motivo de infracción jurídica, en términos generales, alega que en la sentencia que se recurre, consta plenamente acreditado el incumplimiento que se le imputaba a la trabajadora, que se materializó en realizar actividades incompatibles con el proceso de incapacidad temporal en el que se encontraba al tiempo del despido, que denotaban que se hallaba plenamente capacitada para desarrollar las funciones propias de su puesto de trabajo.

2.-El examen del motivo de recurso exige recordar que esta Sala ha analizado, en diversas ocasiones, la calificación que merece la realización de trabajos -también de actividades de ocio- durante la situación de incapacidad temporal bajo el prisma del deber de buena fe contractual que rige en el contrato de trabajo. Destaca en este sentido, entre otros, el pronunciamiento de la STSJ de Cantabria de 10 de noviembre de 2015 (rec. 765/2015), en donde se recoge la reiterada doctrina de la Sala Cuarta, que establece que "(...) en situación de baja por incapacidad al trabajador le es lícito realizar todas aquellas actividades compatibles con su situación, excluido cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, estimando como compatibles las actividades de mera distracción o lúdicas y todas aquellas que no perturben o retrasen la curación del trabajador, o sean contraproducentes para su enfermedad" ( STS de 4 octubre 1985 [RJ 1985, 4662]),"... de aquí que tenga muy precisado que no toda actividad desarrollada durante la situación de incapacidad temporal puede calificarse como conducta desleal sancionable con el despido, sino sólo aquella que, dotada de suficiente gravedad e intencionalidad y a la vista de las circunstancias concurrentes, en especial la índole de la enfermedad y las características de la ocupación, sea susceptible de perturbar la curación del trabajador o evidencie la aptitud laboral de éste, con la consiguiente simulación en perjuicio de la empresa" (SST de 21 marzo [RJ 1984, 1592] y 21 de dic. de 1984 [RJ 1984, 6481], 4 de oct. de 1985 [RJ 1985, 4662] y 29 de enero [RJ 1987, 177], 3 de febrero [RJ 1987, 769] y 7 de julio de 1987 [RJ 1987, 5103]).

Sin embargo, se han considerado contrarias a las exigencias de la buena fe contractual todas aquellas actividades que, o bien resultan contraindicadas para el curso de la enfermedad, o simplemente exponen al que las hace a una recaída en la misma, pues quien desarrolla esa conducta está defraudando a la empresa, a la Seguridad Social y a sus propios compañeros de trabajo; suponiendo una contravención palpable del deber fundamental de colaborar en su curación que tiene el trabajador ( SSTS de 5 octubre 1988 [RJ 1988, 7533 ] y 14 mayo 1990 [RJ 1990, 4318] )" pues, a tenor de lo establecido en los arts. 1544 y 1585 ambos del Código Civil y art. 5-a) del referido Estatuto de los Trabajadores , supone un incumplimiento contractual grave y culpable que el siguiente art. 54-2 del mismo Cuerpo Legal sanciona con despido... porque la incapacidad temporal que define el art. 128 de la LGSS es, conforme a lo prevenido por el núm. 1-c) del art. 45 del Estatuto de los Trabajadores , solamente causa de suspensión del contrato que exonera al trabajador del deber de trabajar pero no del cumplimiento del resto de las obligaciones como las de fidelidad, buena fe y contribución a la mejora de la producción..." ( SSTS de 31 de mayo de 1986 [ RJ 1986 , 2763] , 7 de julio de 1987 [RJ 1987, 5103] , 3 [ RJ 1988, 568 ] y 12 de febrero de 1988 [ RJ 1988, 614 ] y 24 de julio de 1990 [ RJ 1990, 6465]).

Por tanto, frente a una doctrina restrictiva que entendía que toda actuación en situación de baja era merecedora de despido por transgredir la buena fe contractual y romper el deber de lealtad de la persona trabajadora con la empresa, se han ido imponiendo criterios menos rigurosos que admiten que no toda actividad desarrollada durante la situación de incapacidad temporal es sancionable con el despido, sino solo aquella que, a la vista de las circunstancias concurrentes, es susceptible de perturbar la curación del trabajador o evidencia la aptitud laboral de éste con la consiguiente simulación en perjuicio de la empresa. Por ello, al resolver cada caso, han de ponderarse las concretas circunstancias del mismo.

3.-En el presente supuesto, la concreta cuestión que debemos abordar consiste en resolver si la conducta de la trabajadora evidencia una aptitud física para trabajar y, en consecuencia, si la misma constituye una deslealtad con la empresa, como se sostiene en el recurso.

Tal como se describe en el inmodificado relato fáctico, a la demandante, auxiliar de enfermería, se le diagnosticó, en el mes de mayo de 2022, fractura avulsión crónica de la tuberosidad isquiática derecha con separación aproximada de 3 mms en una extensión de 3 cms. Inició un período de incapacidad temporal por su dolencia en la cadera derecha el 31-3-23. El 2-10-23 se le practicó la curación de heridas tras una intervención quirúrgica. El 13-11-24 se le pauta rehabilitación sin posibilidad de realizar esfuerzos. El 29-1-24, tras la rehabilitación de mes y medio, camina sin muletas con molestias en una rodilla y un pie; dolor en zona glútea y pie derecho; no deportes de carga, de momento. El 8-4-24 se le desaconseja correr (aunque quiere), tiene dolor en la rodilla derecha y leve atrofia de cuádriceps, pero muy buena recuperación; hace elíptica, gimnasio y bicicleta de forma intensa. El día 10-6-24 se le permite comenzar carga progresiva trotando; refiere dolor ocasional en la punta de trocánter mayor de la misma cadera y claro dolor en entesis de rotuliano de rodilla derecha. Los días 25 de junio, 26 de junio y 2 de julio (2024) la demandante corrió unos 16 kms (hora y media, aproximadamente). El 7-10-24 consta que está saliendo a correr dos veces a la semana durante 50 minutos aproximadamente sin dolor y que puede hacer vida normal (hecho probado cuarto). La trabajadora causó alta el 3-12-2024 (hecho probado tercero).

Por otro lado, consta probado también (hecho probado sexto) que la actora es una experta corredora, pues en los años 2002 y 2007 participó en numerosas competiciones, como las maratones de Bilbao, en la que quedó primera; de Madrid, en la que llegó la tercera; San Sebastián, primera o Berlín, decimosexta. Carrera de 10 kms: primera en Laredo; 22 kms: primera en Castro Urdiales (dos veces); media maratón: Bilbao, primera y Azpeitia, sexta.

Con tales datos, el juzgador considera que no concurre vulneración de la buena fe contractual porque nos encontramos ante una corredora casi profesional, por lo que los 90 minutos que corrió durante los tres días indicados no suponen una práctica abusiva dentro de sus parámetros deportivos.

4.-La aplicación al presente caso de la doctrina antes citada conduce, necesariamente, a la desestimación del recurso, pues del inmodificado relato fáctico no es posible deducir la realización por parte de la actora de una actividad reveladora de una aptitud real para poder desempeñar su trabajo de auxiliar de enfermería, lo que impide considerar que, con tales conductas, haya dilatado la curación de la dolencia determinante de la situación de incapacidad temporal en la que se encontraba, ni tampoco que haya quebrado la buena fe contractual y, con ello, haya incurrido en la causa de despido que regula el artículo 54.2.d) ET.

Lo que pone de manifiesto el relato fáctico son determinados hechos puntuales, en concreto, se trata de tres días en los que la actora corrió unos 16 kilómetros en un tiempo aproximado de una hora y media. Se trata, de actos realizados de manera ocasional y que, en cualquier caso, no contravienen las prescripciones médicas, pues, como se advierte, en fecha 10-6-2024, se le permite "comenzar carga progresiva trotando". Como adecuadamente se valora en la sentencia recurrida, lo probado es que la actora siguió la referida recomendación clínica, pues, teniendo en cuenta sus especiales condiciones físicas y, en concreto, los tiempos alcanzados con anterioridad, lo cierto es que lo que hizo fue llevar a cabo una carrera suave, a bajo ritmo.

De otra parte, no existe evidencia alguna de que, con anterioridad a la prescripción del día 10-6-2024, la actora hubiera corrido.

5.-La jurisprudencia, como hemos dicho, considera ilícita la realización de actividades por parte de la persona trabajadora que se encuentra en situación de baja laboral, incluso aunque no fueran remuneradas, si de ellas se deduce que podía realizar el trabajo en el que se había causado baja y a cuyo salario sustituye la prestación de la Seguridad Social, con la salvedad de que se trate de actividades de escasa entidad o actividades compatibles con la dolencia diagnosticada, ya que estas últimas pueden excluir la calificación de conducta fraudulenta. Esto es lo que apreciamos en el presente caso, pues las actividades desarrolladas por la actora, son claramente compatibles con la dolencia diagnosticada y determinante de su baja por incapacidad temporal, prueba de ello es el contenido del informe de fecha 10-6-2024, en el que, como antes se indicó, se le permite comenzar a trotar. Esto excluye la posibilidad de considerar la realización de actos fraudulentos por su parte, que hubieran determinado una ruptura de la confianza de la empresa y, por lo tanto, supongan un incumplimiento grave y culpable, en los términos del artículo 54 ET.

6.-En definitiva, procede la desestimación del recurso y la consecuente confirmación de la sentencia de instancia en su integridad, con imposición de costas procesales a la parte recurrente al no gozar del beneficio de justicia gratuita, en la cuantía de 850 euros -IVA incluido-, en concepto de honorarios del letrado impugnante del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,