Sentencia Social 1228/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 747/2025 de 11 de diciembre del 2025

PRIMERO:Fallo de la Sentencia de Instancia. Recurso de Suplicación: Sus motivos. Impugnación del Recurso.

Por el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, se dictó Sentencia el día 8/5/2025, en el Proceso nº 181/2023, sobre despido y reclamación de cantidad, acordando la desestimación de la demanda en cuanto a la acción de despido al considerarlo procedente, y estimando la acción de reclamación de cantidad.

Frente a dicho pronunciamiento, se interpone Recurso de Suplicación por la parte actora en el proceso de referencia. El recurso se basa en los siguientes motivos:

A) Con albergue en el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, solicita la reposición de los autos al momento anterior al dictado de la sentencia por haberse infringido las normas del procedimiento con resultado de indefensión.

B) Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

C) Con sede procesal en el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO:Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , la reposición de los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión.

La parte recurrente entiende que se debe acordar la nulidad de la sentencia de instancia por insuficiencia de hechos probados y por la completa elusión del razonamiento conforme al cual se incluyen en los fundamentos de derecho algunos datos fácticos. Cita como normas aplicables el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el artículo 24 de la Constitución

Con carácter previo, debemos tener en cuenta que, por lo que se refiere a la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, esta impugnación procesal reviste las siguientes especialidades:

1. En cuanto a las exigencias para su apreciación, la infracción de las normas reguladoras de la sentencia no es apreciable de oficio salvo si afecta a algún presupuesto procesal -como sería el caso de vulnerar la cosa juzgada-, pero el alegato de infracción, a diferencia de la infracción de otras normas o garantías del procedimiento, no exige:

a) Ni acreditar existencia de indefensión -pues esta se presume cuando concurre la infracción-.

b) Ni tampoco formular protesta -porque, al no poderse hacer con anterioridad, la denuncia del vicio se hace directamente al anunciar e interponer recurso de suplicación-.

2. En cuanto a los efectos de su estimación, no conducen, como es la norma general para todos los demás motivos de impugnación procesal, a la nulidad de actuaciones, sino a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate. Esta solución se exceptúa cuando ( LRJS art.202.2 ):

a) Es insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida.

b) No se pueda completar por el cauce procesal correspondiente, acordando entonces la nulidad en todo o en parte de dicha resolución y de las siguientes actuaciones.

Sobre estas bases, la Sala considera que no hay razones para la estimación de este primer motivo del recurso.

Es cierto que en el Fundamento de Derecho Primero no se da noticia de los elementos probatorios concretos en los que se basó la redacción Judicial. No obstante, aunque no se diga de forma expresa se deduce con toda claridad que en ese ordinal de la crónica fáctica la Juzgadora mostró su convicción de los hechos ocurridos en atención a la carta de despido. Ello es muy claro cuando se dice "Partiendo de entender acreditados los hechos de la carta de despido..."para razonar luego que " .. la conducta llevada a cabo por la trabajadora constituye una quiebra de la confianza depositada por su empleador pues pese a tener conocimiento de las directrices aplicadas por la empresa en cuanto a la forma de proceder para la preparación de pedidos en el uso de la aplicación instaurada, las incumplió y suministró productos caducados, conducta que se considera lo suficientemente grave como para que resulte aplicable el tipo invocado. Partiendo por tanto de la correcta tipificación, es al empleador a quien le corresponde decidir la sanción a imponer. En definitiva, no pueden tenerse en cuenta las alegaciones de descargo realizadas por la parte actora pues si bien niega genérica los hechos, señalando que no son ciertos, no niega tampoco ser una de las trabajadoras que figuran en la grabación y siendo que de las mismas resulta acreditado el conflicto con el cliente, reviste total veracidad el testimonio de la encargada, quien corroboró que la responsabilidad en la preparación y entrega del pedido era de la actora y de su compañera y que ella misma comprobó que los productos estaban caducados. Por todo ello procede la desestimación de la demanda en cuento a la petición de improcedencia del despido".

Se basó para ello en la grabación de los hechos a los que se refiere la carta de despido y en la prueba testifical practicada, por lo que si en la fundamentación jurídica se contiene algún dato fáctico al margen de los hechos probados estrictamente considerados, estaríamos ante hechos probados que, aun impropios, son admisibles pues están justificados probatoriamente.

TERCERO:Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitándose la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

Con carácter previo al análisis de las modificaciones fáticas interesadas, debemos recordar que en Sentencia de 16/10/2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene establecido que " el recurso de suplicación es un recurso extraordinario y, como tal, la facultad del órgano de suplicación de revisar las pruebas aparece seriamente limitada, procediendo la revisión de hechos únicamente en los supuestos que taxativamente establece el artículo 193.b) de la LRJS , es decir, "a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". El Tribunal "ad quem" no puede hacer una valoración de la prueba practicada en el juicio, por lo que solo la evidencia de un documento o informe pericial, sin otras consideraciones colaterales, permitirá a la Sala la modificación fáctica".

Al amparo de este motivo, no es posible una nueva valoración de toda la prueba practicada, según ha establecido el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en Sentencias de 18/11/2015 y 21/03/2017, y tampoco es posible introducir por los litigantes hechos nuevos que no se debatieron en la instancia, según estableció esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su Sentencia de 23/04/2007.

En este caso, el error que se atribuya a la Sentencia de Instancia ha de reunir las siguientes características:

A) Ha de ser evidente y resultar del análisis de los medios considerados hábiles a tal fin, como son la prueba documental, la prueba pericial, la revisión expresamente admitida por el impugnante del recurso y, así mismo, la revisión por infracción de normas sobre valoración de la prueba. Sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

B) Debe ser trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

C) El recurrente debe ofrecer una redacción alternativa al hecho probado que pretende modificar, señalándolo expresamente, adicionando o suprimiendo su tenor literal, debiendo ser la redacción propuesta clara, precisa y congruente, citando pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. En ningún caso en la redacción alternativa se pueden introducir normas jurídicas o preceptos de Convenios Colectivos, así como tampoco conceptos, expresiones o juicios de valor que impliquen una predeterminación del fallo.

Dicho esto, por el recurrente se solicita la modificación del hecho probado Cuarto.

Lo primero que observamos es una contradicción entre lo que denomina " Redacción propuesta"en una columna al lado de lo que denomina " Redacción Original" y donde dice " por ello se propone el siguiente texto alternativo para el hecho probado Cuarto: " «El día 31 de enero de 2023 sobre las 19:00 h, la Sra. Esperanza se encontraba en su centro de trabajo junto a su compañera Marí Jose, cuando un cliente acudió alegando que un paquete de "Too Good To Go" contenía productos presuntamente caducados. El cliente grabó un vídeo y lo subió a TikTok. No consta acreditado de forma objetiva que la trabajadora preparase personalmente dicho paquete ni que reconociera expresamente haber introducido productos caducados»".

Ambos textos no coinciden exactamente pero, en cualquier caso, la modificación fáctica la rechazamos de plano pues no se basa en documento o pericia alguna.

En consecuencia, el relato de hechos de la sentencia recurrida queda incólume ya que:

1ª) Las características del Orden Social de la Jurisdicción exigen al Juez de Instancia la construcción de un relato de hechos probados suficiente, no solo para la Sentencia que debe dictar, sino también para el órgano de Suplicación a la hora de resolver el Recurso. Ahora bien, la construcción judicial fáctica no tiene por qué ser extenuante en el sentido de que el Juez de Instancia tenga que recoger en su crónica todos y cada uno de los documentos y demás medios probatorios aportados por los litigantes y si, únicamente, aquellos que considere de trascendencia para resolver el debate.

2ª) En cumplimiento de lo anterior y con amparo en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el Magistrado de Instancia ha dado por probados aquellos hechos que consideró esenciales para dictar Sentencia, la cual es producto de un examen racional, comparativo y crítico de todo el conjunto probatorio que se puso a su disposición.

3ª) Esta Sala ha fijado una Doctrina constante conforme a la cual no es sustituible el imparcial criterio alcanzado por el Magistrado de instancia, por el más subjetivo de parte en legítima defensa de sus intereses (S.T. Sala de lo Social del T.S.J. de Murcia de 10/11/2020. Rec. 101/2019).

CUARTO:Motivo del Recurso por Infracción de las normas jurídicas o de la Jurisprudencia al amparo del artículo 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social.

Con carácter previo, debemos tener en cuenta que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos:

A)Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B)Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C)Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

D)Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

La parte recurrente entiende que la sentencia de instancia incurrió en infracción del artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así mismo alega la infracción del principio de proporcionalidad de los artículos 54 y 58 del Estatuto de los Trabajadores.

Criterio del Juzgado de lo Social.

Calificó como procedente el despido acordado por la empresa al dar por probados los hechos descritos en la carta de despido y considerar que la sanción de despido es ajustada a Derecho y proporcionada pues la conducta imputada había sido probada por la empresa y se subsumió correctamente conforme al Convenio Colectivo aplicable (hecho probado Octavo), sin que ello mereciera la moderación de la sanción impuesta.

Decisión de la Sala.

Para que el Tribunal pueda tomar la decisión que corresponde, es preciso que atendamos a los inalterados hechos probados.

Tal como hemos adelantado, es crucial el hecho probado cuarto, basado esencialmente en la prueba de grabación de imágenes y en la testifical.

En ese ordinal, la Magistrada de instancia dio por probado que " El día 31 de enero de 2023 sobre las 19,00 h, Esperanza se encontraba en su centro de trabajo sito en Puente Tocinos (Murcia) y con nombre comercial "Marte", junto a su compañera, Marí Jose, cuando se personó en el establecimiento un cliente que había realizado un pedido a través de la App denominada "TOO GOOD TO GO", quien comenzó a recriminar a ambas empleadas la entrega de un paquete que incluía dos productos caducados, concretamente un "bote de nocilla" y una "botella de coca-cola sin cafeína de 2 litros". El cliente, ante la negativa por parte de las empleadas a la devolución de los productos caducados, comenzó a realizar una grabación donde se observa a él mismo expresando "no me lo quieren devolver..." "...además me han dicho que eso es así, que TOO GOOD TO GO es así, y nada, simplemente quiero dejar constancia de lo que está pasando aquí...". El video grabado por el cliente se publica en la red social "Tik Tok". El pedido había sido preparado y entregado por la Sra. Esperanza y la Sra. Marí Jose.

Tras este incidente, Dª Soledad, encargada de la mercantil demandada, habló con la Sra. Esperanza quien le reconoció que había preparado el pedido con los productos caducados".

La empresa imputó a la trabajadora la trasgresión de la buena fe contractual al haber entregado a un cliente dos productos caducados.

Acerca de la buena fe en las relaciones de trabajo, en nuestra sentencia de 27/5/2025, Recurso 135/2025, ECLI:ES:TSJMU:2025:1046 , razonábamos en los siguientes términos: " Tal como hemos dicho en nuestra sentencia de 24/9/2024, Recurso 297/2024 , ECLI:ES:TSJMU:2024:1728, "Para tomar la decisión que corresponda, partimos de la Unificación de Doctrina establecida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 21/02/2023, Recurso 3723/2021 , ECLI:ES:TS:2023:720 ,donde se dice lo siguiente:" Resumiendo inveterada y abundante doctrina, nuestra STS 19 julio 2010 (rcud. 2643/2009 ) subraya que los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, y en este orden de cosas, no puede operarse objetiva y automáticamente, sino que tales elementos han de enlazarse para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace, a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con valor predominante del factor humano, pues en definitiva se juzga sobre la conducta observada por el trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o con ocasión de ellas. En esta sentencia aparecen resumidos los criterios aplicables cuando se trata de examinar eventuales quiebras del deber de buena fe.

- El principio general de la buena fe forma parte esencial del contrato de trabajo, no solo como un canon hermenéutico de la voluntad de la voluntad de las partes reflejada en el consentimiento, sino también como una fuente de integración del contenido normativo del contrato, y, además, constituye un principio que condiciona y limita el ejercicio de los derechos subjetivos de las partes para que no se efectúe de una manera ilícita o abusiva con lesión o riesgo para los intereses de la otra parte, sino ajustándose a las reglas de lealtad, probidad y mutua confianza, convirtiéndose, finalmente, este principio general de buena fe en un criterio de valoración de conductas al que ha de ajustarse el cumplimiento de las obligaciones recíprocas, siendo, por tanto, los deberes de actuación o de ejecución del contrato conforme a la buena fe y a la mutua fidelidad o confianza entre empresario y trabajador una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual;

- La transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando sea grave y culpable y se efectúe por el trabajador, es causa que justifica el despido , lo que acontece cuando se quiebra la fidelidad y lealtad que el trabajador ha de tener para con la empresa o se vulnera el deber de probidad que impone la relación de servicios para no defraudar la confianza en el trabajador depositada, justificando el que la empresa no pueda seguir confiando en el trabajador que realiza la conducta abusiva o contraria a la buena fe ;

- La inexistencia de perjuicios para la empresa o la escasa importancia de los derivados de la conducta reprochable del trabajador, por una parte, o, por otra parte, la no acreditación de la existencia de un lucro personal para el trabajador, no tiene trascendencia para justificar por sí solos o aisladamente la actuación no ética de quien comete la infracción, pues basta para tal calificación el quebrantamiento de los deberes de buena fe , fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, aunque, junto con el resto de las circunstancias concurrentes, pueda tenerse en cuenta como uno de los factores a considerar en la ponderación de la gravedad de la falta, con mayor o menor trascendencia valorativa dependiendo de la gravedad objetiva de los hechos acreditados;

- Igualmente, carece de trascendencia y con el mismo alcance valorativo, la inexistencia de una voluntad específica del trabajador de comportarse deslealmente, no exigiéndose que éste haya querido o no, consciente y voluntariamente, conculcar los deberes de lealtad, siendo suficiente para la estimación de la falta el incumplimiento grave y culpable, aunque sea por negligencia, de los deberes inherentes al cargo.

- Los referidos deberes de buena fe, fidelidad y lealtad, han de ser más rigurosamente observados por quienes desempeñan puestos de confianza y jefatura en la empresa, basados en la mayor confianza y responsabilidad en el desempeño de las facultades conferidas.

- Con carácter general, al igual que debe efectuarse en la valoración de la concurrencia de la "gravedad" con relación a las demás faltas que pueden constituir causas de un despido disciplinario, al ser dicha sanción la más grave en el Derecho laboral, debe efectuarse una interpretación restrictiva, pudiendo acordarse judicialmente que el empresario resulte facultado para imponer otras sanciones distintas de la de despido , si del examen de las circunstancias concurrentes resulta que los hechos imputados, si bien son merecedores de sanción, no lo son de la más grave, como es el despido , por no presentar los hechos acreditados, en relación con las circunstancias concurrentes, una gravedad tan intensa ni revestir una importancia tan acusada como para poder justificar el despido efectuado".

Esta Unificación de Doctrina la aplicó esta Sala en sentencia de 12/03/2024,Recurso 610/2023 ,ECLI:ES: TSJMU:2024:516 ".

Por lo que se refiere a la desobediencia o indisciplina en el trabajo, en el cumplimiento de la obligación de trabajar, asumida en el contrato, el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres, sometiéndose en sus prestaciones, tanto el empresario como el trabajador, a las exigencias de la buena fe.

Así pues, los trabajadores tienen como deberes laborales básicos cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia, así como las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas. En el mismo sentido, el trabajador está obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien este delegue.

El bien jurídico protegido por esta causa de despido es la disciplina en el seno de la empresa, correlato de la situación de dependencia del trabajador propia del contrato de trabajo. El trabajador presta sus servicios retribuidos por cuenta del empresario y dentro del ámbito de organización y dirección de este, justificándose así tanto el poder de dirección empresarial como el deber de obediencia al empresario, así como a las personas en quien este delegue, y el deber de diligencia y colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales y convenios colectivos, y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquel o por sus representantes en el ejercicio regular de sus funciones. Por consiguiente, el quebrantamiento de los deberes de disciplina y de obediencia, propios del contrato de trabajo, rompe el deber de fidelidad que el trabajador debe observar con celo, probidad y buena fe para no defraudar los intereses del empresario y la confianza que en todo trabajador deposita al contratar sus servicios.

Para que la desobediencia pueda ser causa de la sanción de despido, es exigible inexcusablemente la nota de gravedad. Así, para que una desobediencia en el trabajo sea susceptible de ser sancionada como despido, ha de tratarse de un incumplimiento grave, trascendente e injustificado, sin que una simple desobediencia que no encierre una actitud exageradamente indisciplinada, que no se traduzca en un perjuicio para la empresa o en la que concurra una causa incompleta de justificación, pueda ser sancionada con la extinción del contrato de trabajo (TSJ Sta. Cruz de Tenerife 17-4-12 ); o si la desobediencia carece de entidad (TSJ Castilla-La Mancha 14-2-01, EDJ 7916 ;TSJ Cataluña 10-10-16, EDJ 258950 ).

Es la reiteración de la conducta indisciplinada, así como la transcendencia de la actitud del trabajador y, en su caso, el perjuicio producido, los elementos que permiten graduar la gravedad de la desobediencia. Para esa graduación, ha de atenderse a la normativa convencional correspondiente, ya que en los convenios colectivos se viene distinguiendo la indisciplina o desobediencia simple, que se suele considerar falta leve, de las faltas graves y muy graves, que atienden normalmente a la reiteración y repercusión en el trabajo -sobre todo si se producen en presencia de otros compañeros o terceros-, así como al perjuicio que provoquen a la empresa (TSJ La Rioja 9-9-08; TSJ Cantabria 12-8-09).

Por culpabilidad se entiende que concurra una intención dolosa o culpable y con plena conciencia (TS 24-2-84, EDJ 1208 (EDJ 1984/1208) ). De manera que la intencionalidad de la conducta se manifiesta habitualmente por la reiteración o el desafío por parte del trabajador que incumple las órdenes legítimas del empresario (TS 17-7-86).

Por consiguiente, la existencia de causas que afectan a la culpabilidad del trabajador pueden convertir el despido en improcedente, como en el caso del trabajador que se niega a entrar en una mina y, aunque haya visto denegada la incapacidad permanente, acredita que sufre de fobia específica a ese espacio asociada a un trastorno adaptativo de carácter depresivo y crisis de ansiedad (TSJ Asturias 13-12-10).

La nota de culpabilidad debe identificarse tanto con la desobediencia o indisciplina dolosa o culpable como con la negligencia (TS 30-4-85)".

En el caso que ahora examinamos, el incumplimiento contractual que se llevó a cabo por la trabajadora fue grave y culpable pues , como ya dijimos, el día 31 de enero de 2023 sobre las 19,00 horas, la recurrente se encontraba en su centro de trabajo sito en Puente Tocinos (Murcia) y con nombre comercial "Marte", junto a su compañera, Marí Jose, cuando se personó en el establecimiento un cliente que había realizado un pedido a través de la App denominada "TOO GOOD TO GO", quien comenzó a recriminar a ambas empleadas la entrega de un paquete que incluía dos productos caducados, concretamente un "bote de nocilla" y una "botella de Coca-Cola sin cafeína de 2 litros".

El cliente, ante la negativa por parte de las empleadas a la devolución de los productos caducados, comenzó a realizar una grabación donde se observa a él mismo expresando "no me lo quieren devolver..." "...además me han dicho que eso es así, que TOO GOOD TO GO es así, y nada, simplemente quiero dejar constancia de lo que está pasando aquí...".

El video grabado por el cliente se publica en la red social "Tik Tok". El pedido había sido preparado y entregado por la Sra. Esperanza y la Sra. Marí Jose.

Tras este incidente, Dª Soledad, encargada de la mercantil demandada, habló con la Sra. Esperanza quien le reconoció que había preparado el pedido con los productos caducados.

Todo ello es subsumible en el artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores como incumplimiento contractual grave y culpable, así como en el artículo 47.3 del Convenio Colectivo de aplicación en relación con su artículo 48 que establece las sanciones aplicables.

Por todo ello, desestimamos el recurso por inexistencia de las infracciones jurídicas invocadas, quedando confirmada la sentencia de instancia.

Sin costas ( artículo 235 LRJS) .