Sentencia Social 840/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 3471/2025 de 11 de marzo del 2026

PRIMERO:1. Frente a la sentencia de instancia que desestimó las pretensiones de la demanda de que le fuera reconocido al actor el grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual, o subsidiariamente parcial, derivado de accidente de trabajo, se alza dicha parte en suplicación, debiendo con carácter previo resolverse sobre el documento aportado junto con el escrito de recurso, y al respecto, el artículo 233 de la LRJS establece que: "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración".

Atendida dicha regulación legal y el contenido del documento unido al escrito de impugnación de la sentencia, el mismo no puede ni debe ser tomado en consideración a efectos de resolver el recurso que nos ocupa, por cuanto se trata de un informe elaborado por el gerente de la empresa del actor de fecha 7/2/25, por tanto, anterior al acto del juicio, por lo que pudo ser aportado como prueba en el plenario, sin que haya sido acreditada la existencia de impedimento alguno al respecto.

SEGUNDO:Al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, solicita el actor en los motivos primero a quinto de su recurso la revisión de los hechos probados de la sentencia, interesando en concreto las siguientes modificaciones del relato fáctico:

1º) Modificación del hecho probado primero, conforme al contenido de la demanda, a fin de que se añada al mismo el siguiente texto:

"Durante una jornada laboral suele realizar una media de cuatro instalaciones de fibra óptica en diferentes ubicaciones (clientes), haciendo uso de escalera manual extensible de hasta 5 m en exterior y escalera manual de tijera en interior, permaneciendo sobre las mismas más de una hora por cada instalación, lo que conlleva que, en cuanto a las tareas habituales de su actividad laboral encuentren las siguientes:

-Trabajo continuo sobre escalera manual extensible en fachada para tirada de cableado, realizando continuas bajadas y subidas de la escalera y cambio de ubicación de la misma a lo largo del recorrido de instalación.

-Realización de instalaciones soterradas (arquetas a nivel del suelo), adoptando posturas forzadas continuadas (trabajo en cuclillas).

-Mantenimiento continuo de posturas forzadas en bipedestación, con movimientos repetitivos de piernas, flexión y giro de articulaciones.

-Manipulación manual de cargas en solitario, transportando escalera manual extensible de dos cuerpos, escalera de tijera, equipos de trabajo y herramientas entre el vehículo y la zona de trabajo y viceversa.

-Acceso a viviendas de clientes ubicadas en edificios de viviendas de varias plantas sin ascensor.

-Subidas y bajadas con las cargas descritas anteriormente para la realización de conexiones entre la vivienda del cliente y la caja de conexiones en fachada".

La adición interesada debe ser rechazada, por cuanto para que se sustente la revisión de la versión judicial de los hechos probados, la prueba por la que se pretenda la misma y de la que se haya de derivar el error de hecho alegado, debe consistir en documental o pericial obrante en autos y tener fuerza probatoria inmediata y evidente, sin necesidad de acudir a razonamientos o nuevos análisis o interpretaciones valorativas, careciendo de eficacia revisoria, entre otras, las manifestaciones de las partes en sus escritos de demanda o en el acto del juicio ( Sentencias del Tribunal Supremo 18 de marzo de 1974, 17 de mayo de 1976, 24 de abril de 1975 y 5 de junio de 1976).

2º) Modificación del fundamento derecho cuarto, párrafo quinto, de la valoración de la incapacidad en relación con las manifestaciones que con valor de hecho probado se recogen en su fundamentación, interesando sea complementado dicho fundamento de derecho con el siguiente párrafo alternativo:

"Se lleva a cabo como instalador de líneas de telecomunicaciones que se desarrolla, durante prácticamente la totalidad de la jornada laboral, en bipedestación, con frecuencia en cuclillas o agachado y, realizando trabajos en altura para la instalación del cableado por techos o paredes, para lo que es necesario utilizar elementos como escaleras o andamios, existiendo por ello un incremento del riesgo de caída".

La modificación interesada debe ser rechazada, por cuanto se basa en un documento que ha sido rechazado por no cumplimentar las exigencias del artículo 233 de la LRJS.

3º) Modificación del fundamento de derecho cuarto de la valoración de la incapacidad, párrafos séptimo, octavo y noveno, en relación con las manifestaciones que con valor de hecho probado se recogen en su fundamentación, interesando sea completado dicho fundamento con el siguiente texto alternativo:

"El requerimiento de la profesión sobre miembros inferiores es moderado, de grado 2/4. Unos requerimientos de grado 2 implican que la bipedestación estática se mantiene durante el 20-40% de la jornada, y la bipedestación dinámica otro 20-40% del tiempo de trabajo lo que en conjunto resulta en requerimientos de bipedestación estática y dinámica durante el 40-80% de la jornada laboral, es decir durante la mayor parte del tiempo de trabajo.

Las limitaciones que han quedado probadas documental y pericialmente se encuadrarían en el grado 2 de la Guía de Valoración de Médicos del INSS que, establece que los requerimientos físicos del puesto de trabajo son de moderada intensidad o exigencia (grado 2) de carga biomecánica sobre tobillo/pie, bipedestación estática, bipedestación dinámica y marcha por terreno irregular, reconociendo la existencia de posibles riesgos relacionados con trabajo en altura y trabajo subterráneo, en relación con el aparato locomotor, incluiría genéricamente los casos cuyas clínicas sean de "síntomas habituales, frecuentes o con exacerbaciones compensadas parcialmente por el tratamiento, ocasionalmente pueden dificultar el descanso nocturno", con "tratamiento médico, rehabilitador o quirúrgico (de focos de fractura, osteotomías, prótesis, menisectomías, plastias ligamentosas...)". En la exploración física se encuadran, entre otros, los que tienen "leve cojera" o un "déficit de movilidad articular conservando más del 50% del arco de movimiento y un balance muscular aceptable (4/5)" o "dismetrías corregibles ortopédicamente". Y que presentan pruebas complementarias alteradas, entre otros, por "secuelas de traumatismo previo" y "secuelas postquirúrgicas". Según el Manual, en este grado funcional 2, podría existir limitación para elevados requerimientos de deambulación, bipedestación, subir y bajar escaleras, cargar pesos, trabajar en cuclillas, etc.

Por tanto, puestas en relación a las limitaciones grado 2/4 y los requerimientos grado 2/4, se concluye que el cuadro clínico del demandante produce limitaciones orgánicas y funcionales que afectan al desempeño de su actividad laboral como instalador de líneas de telecomunicaciones que se desarrolla, durante prácticamente la totalidad de la jornada laboral, en bipedestación, con frecuencia en cuclillas o agachado, y, realizando trabajos en altura para la instalación del cableado por techos o paredes, para lo que es necesario utilizar elementos como escaleras o andamios, existiendo por ello un incremento del riesgo de que alcance el grado suficiente como para ser calificada como incapacidad permanente total y subsidiariamente parcial".

La modificación interesada debe ser rechazada por su carácter valorativo, siendo así que únicamente pueden acceder al relato de hechos probados datos o circunstancias de carácter objetivo que deriven de las concretas pruebas documentales o periciales que se indiquen, sin que puedan realizarse conjeturas o deducciones derivadas de su contenido, lo que debe ser efectuado, en su caso, en sede de censura jurídica de la sentencia.

Por otra parte, en el texto propuesto se efectúa una comparación de los limitaciones funcionales del trabajador con los requerimientos de su profesión, valorados conforme a las Guía de Valoración de Médicos del INSS, por lo que la propuesta modificación se sustenta fundamentalmente en prueba no hábil, al tratarse dicha Guía de un documento con pautas y criterios orientativos para los profesionales médicos de la entidad gestora en relación a las exigencias físicas y psíquicas de cada profesión, que ha sido debidamente publicado y que por tanto es susceptible de ser consultado por la Sala y tenido en cuenta para valorar las características de la profesión concernida sin necesidad de su inclusión en los hechos probados, no tratándose, por tanto, de una prueba documental o pericial de la que deducir datos o circunstancias propios del trabajador.

4º) Adición del hecho probado 26º, con base en el informe pericial, con la siguiente redacción:

"Según Informe Médico Pericial, de 20 de mayo de 2024, las secuelas permanentes que presenta el trabajador, consistentes en pie plano postraumático y artrodesis subastragalina con bloqueo en la inversión-eversión del pie derecho, originan dolor mecánico en el pie y tobillo derecho, claudicación progresiva en la marcha y la bipedestación, e impedimento para caminar deprisa, correr, saltar o agacharse en cuclillas, así como sensación de inseguridad e intolerancia para la marcha por terreno irregular.

Éste cuadro clínico produce limitaciones orgánicas y funcionales que afectan al desempeño de su actividad laboral como instalador de líneas de telecomunicaciones que se desarrolla, durante prácticamente la totalidad de la jornada laboral, en bipedestación, con frecuencia en cuclillas o agachado y, realizando trabajos en altura para la aplicación del cableado por techos o paredes, para lo que es necesario utilizar elementos como escaleras o andamios, existiendo por ello un incremento del riesgo de caída.

Como consecuencia de la fractura conminuta de calcáreo derecho sufrida en el accidente de trabajo el día 10/2/2021, el trabajador presenta secuelas permanentes consistentes en pie plano postraumático y artrodesis subastragalina con bloqueo en la inversión -eversión del pie, que explican el cuadro clínico referido por el trabajador con dolor mecánico en pie y tobillo derecho con claudicación progresiva en la marcha y la bipedestación, e impedimento para caminar deprisa, correr, saltar o agacharse en cuclillas, sensación de inseguridad e intolerancia para por terreno irregular.

Este cuadro clínico origina limitaciones orgánicas que lo incapacitan de forma definitiva para realizar actividades y tareas que impliquen sobrecargas mecánicas y posturales de moderada intensidad sobre el tobillo y el pie derecho, incluyendo los movimientos repetidos y forzados, las posturas forzadas y mantenidas del tobillo-pie, la bipedestación y deambulación mantenidas, la marcha por terreno irregular y/o subir o bajar escaleras.

Esta secuelas limitaciones producen también un incremento significativo en el riesgo de sufrir accidentes por caída, especialmente en relación con la deambulación por terreno irregular o superficies inestables y reducidas".

La adición interesada debe ser rechazada,por cuanto la revisión de los hechos probados sólo puede alcanzar éxito si va respaldada en documentos o pericias obrantes en autos que por su manifiesta eficacia probatoria evidencien el error del Juzgador, sin que el recurrente pueda apartarse de dicha formalidad y limitarse a exponer su personal criterio valorativo de la prueba, pues la simple discrepancia no tiene eficacia para la revisión, que iría, además, contra lo dispuesto en el artículo 97.2 de la propia LRJS, que faculta al Juez a elegir de entre aquellos medios de prueba los que considere mas atinados objetivamente o de superior valor científico, operación que resulta inamovible en este momento procesal, salvo evidente error fundado en las pruebas antes citadas y sin que ello suponga aceptar una absoluta soberanía en la apreciación probatoria ni la libertad de seguir sus impresiones o conjeturas, pues el artículo 24.2 de la Constitución exige en este punto ( S. del TC nº 44/89, de 28 de febrero) una deducción lógica partiendo de datos fijados con certeza y obtenidos de modo racional.

A mayor abundamiento, como entre otras, tiene declarado por STSJ Andalucía -sede Málaga- con fecha 29 de marzo del 2012 (Rec. 641/2012), "si ante la existencia de dictámenes médicos contradictorios, el Magistrado de instancia a quien corresponde valorar la prueba practicada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral (entiéndase Ley de la Jurisdicción Social), llegó a una determinada conclusión sobre los padecimientos que sufre el trabajador, la misma ha de prevalecer sobre la interpretación subjetiva de cualquiera de las partes, máxime si tenemos en cuenta la reiterada doctrina jurisprudencial según la cual ante la disparidad de diagnósticos, ha de aceptarse normalmente el que ha servido de base a la resolución que se recurre, debiendo resaltarse que el órgano de instancia podía optar por el dictamen que estime conveniente y le ofrezca mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida", lo que no consta que ocurra en los presentes autos, por cuanto la juzgadora de instancia apoya su descripción fáctica en el dictamen del EVI y en el informe de síntesis obrantes en el expediente, documentos públicos revestidos de objetividad e imparcialidad que no pueden ser contradichos, salvo error manifiesto no acreditado, por la pericial propuesta a instancia de parte.

En concreto, por el juez a quo se ha detallado de forma exhaustiva tanto la evolución posterior al accidente de la lesión padecida por el actor, como la que tuvo lugar después de la intervención quirúrgica practicada, haciéndose constar los hechos probados 17º, 19º y 20º, las secuelas restantes y las limitaciones funcionales derivadas de las mismas, añadiéndose en los ordinales 24º y 25º el resultado de los informes médicos posteriores de los servicios de Traumatología y Reumatología, sin que de los mismos se evidencie la existencia de otras limitaciones no tenidas en cuenta en la valoración efectuada por el juez a quo en relación con las exigencias del puesto de trabajo del actor.

5º) Modificación del fundamento de derecho cuarto de valoración de la incapacidad, párrafo penúltimo, en relación con las limitaciones orgánicas y funcionales, proponiendo el siguiente texto alternativo:

"Por tanto, puestas en relación las limitaciones grado 2/4 y los requerimientos grado 2/4, se concluye que el demandante, teniendo en cuenta las tareas desarrolladas, los requerimientos físicos y las condiciones del puesto de trabajo, las secuelas permanentes y las limitaciones orgánicas y funcionales que presenta el trabajador como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de trabajo, desde un punto de vista médico-legal, incompatibles con las funciones, tareas, y requerimientos físicos del puesto de trabajo de técnico instalador de telecomunicaciones y, por tanto, lo incapacitan de forma permanente para realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual".

La modificación interesada debe ser rechazada, por cuanto va referida al contenido de un fundamento jurídico en el que se realiza la aplicación del derecho en función de los hechos probados, sin que el párrafo indicado pueda considerarse con valor fáctico, por lo que no procede acceder a la modificación de los razonamientos jurídicos utilizados por el juez a quo en apoyo de su decisión, los cuales, en su caso, pueden ser cuestionados en sede de censura jurídica de la sentencia.

TERCERO:1. Al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, se postula por el recurrente la revisión del fundamento de derecho tercero de normativa, artículo 194.3 de la LGSS y jurisprudencia aplicables, por incongruencia omisiva, al no haber sido contemplada la normativa ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre incapacidad permanente parcial, petición que se solicitaba con carácter subsidiario en la demanda. Sin embargo en el citado fundamento de derecho tercero tan sólo se hace referencia a la normativa jurisprudencia aplicable para apreciación de incapacidad permanente total, sin hacer mención alguna a la incapacidad permanente.

2. El presente motivo de recurso debió de formularse al amparo del apartado a) del artículo 193 de la LRJS, por infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, en concreto por vulneración de las normas reguladoras de la sentencia en base a la incongruencia omisiva alegada, infracción respecto de la que el Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE. Y a tal efecto, indica que " la congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido»( SSTC 124/2000, de 16 de mayo [RTC 2000, 124], F. 3; 114/2003, de 16 de junio [RTC 2003, 114], F. 3; o 174/2004, de 18 de octubre [RTC 2004, 174], F. 3; entre muchas otras)."

En el presente caso, no obstante, no se ha producido la incongruencia omisiva imputada a la sentencia de instancia, por cuanto en la misma se resuelve tanto la pretensión principal como la subsidiaria de la demanda, y así, en el fundamento jurídico cuarto, expresamente se concluye que "... Puestas en relación las limitaciones -grado 2/4-y los requerimientos -grado 2/4-, se concluye que el demandante conserva capacidad residual para las fundamentales de su profesión habitual, sin que se acredite tampoco una disminución del rendimiento que alcance el grado suficiente como para ser calificada como incapacidad permanente parcial",por lo que ha existido un pronunciamiento expreso en relación con las pretensiones de la demanda, que se complementa en el ordinal tercero con la normativa que se estima de aplicación, en concreto el artículo 193 de la LGSS que define la incapacidad permanente en general.

Por todo ello, el motivo del recurso que nos ocupa debe ser desestimado.

CUARTO:1. Por último, el recurrente formula en el apartado séptimo de su escrito de impugnación de la sentencia un último motivo de recurso al amparo de nuevo del apartado b) del artículo 193 de la LGSS, afirmando que los motivos de revisión fáctica se han efectuado cumpliendo con el criterio jurisprudencial constante reflejado en las sentencias que reseña, sin que se articule de forma expresa un motivo de censura jurídica de la sentencia.

A este respecto, como tiene reiterado el Tribunal Constitucional ( STC 294/1993), el órgano judicial debe realizar una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas reguladoras del recurso, y no debe rechazar el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente exponga, de manera suficiente, los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser tenidos por correctos, suministrando datos suficientes para conocer la argumentación de la parte.

En consecuencia, si bien la Sala no puede construir el recurso a la parte, lo que conllevaría un quebranto del principio de igualdad que debe mediar entre las partes, debemos entender que en el presente caso concurre un error material subsanable en la redacción del motivo de recurso que nos ocupa, por cuanto al margen de aportar la fundamentación jurídica y jurisprudencial en apoyo de la revisión fáctica solicitada, realiza a continuación la impugnación de la valoración jurídica de la sentencia, designando el artículo 194 de la LGSS en apoyo de su pretensión principal y subsidiaria, por lo que dicho motivo, en aras de la aplicación del principio de la tutela judicial efectiva, va a ser considerado como de censura jurídica de la sentencia al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la LRJS.

2. Conforme establece el art. 194.4 de la ley General de Seguridad Social (en su redacción provisional en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 26ª de la citada ley, en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las previsiones del nuevo texto del art. 194 precitado), se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

De acuerdo con dicho artículo la invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87).

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88).

En cuanto a la pretensión subsidiaria, conforme establece el art. 194.3 de la ley General de Seguridad Social (de nuevo en su redacción provisional), se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

3. Por tanto, definidos los grados de incapacidad solicitados en los términos expuestos, a partir del inalterado relato histórico, que recoge la evolución de las patologías del actor conforme a la documentación médica obrante en autos, hemos de valorar la incidencia de las lesiones reconocidas sobre su profesión de instalador de telecomunicaciones, recogidas en el hecho probado segundo por referencia al informe médico de síntesis y consistentes en secuelas de fractura articular conminuta de calcáneo derecho + esguince de tobillo (AT febrero 21), artrosis subastragalina postraumática intervenida en junio de 2022 y artrosis mediotarsiana de pie derecho, con secuelas de dolor-limitación pie derecho: balance articular del tobillo derecho limitado a rangos últimos, cicatriz 6 cms en región lateral tobillo derecho, e hipotrofia región gemelar MID (2 cms) vs MII.

Así, tras la producción de la fractura de tobillo derecho del actor se realizó el correspondiente tratamiento ortopédico y rehabilitador, lográndose la recuperación de la movilidad y el balance artícular completos, según consta en el hecho probado décimo. No obstante, ante la persistencia del edema óseo junto con la deformidad de calcáneo, en junio de 2022 se realizó intervención quirúrgica de artrodesis subastragalina con injerto de cresta, y tras el correspondiente postoperatorio y tratamiento rehabilitador, se obtuvo, según se indica en el hecho probado decimoséptimo, buen patrón de marcha, restándole como secuelas una limitación de movilidad articular: dorsi-flexión 0-30º, flexión plantar 0-45º y subastragalina bloqueada, lo que constituye una disminución de la movilidad global de la articulación tibioperonea astragalina de menos del 50%.

Asimismo, en informe de Traumatología 11/1/2023 se hizo constar que se realizó estudio de la pisada, observándose pie insuficiente y prescribiéndose plantilla ortopédica a medida "para replantearse que la movilidad tanto extensión como flexión del pie sea no dolorosa" (hecho probado 24º).

Partiendo de tales secuelas, no se evidencia que el recurrente esté impedido para realizar las más fundamentales tareas de la que es su profesión de instalador de telecomunicaciones, ni siquiera de forma parcial en los términos expuestos, por cuanto dicha ocupación conlleva una carga física específica de tobillo/pie de grado moderado (2/4) según la Guía de Valoración Profesional del INSS, habiéndose constatado una funcionalidad sin alteraciones importantes en dicha articulación, con buen patrón de marcha y movilidad solo limitada a últimos grados por la existencia de dolor, el cual no consta que sea refractario a la correspondiente analgesia y al uso de la plantilla prescrita con tal finalidad, por lo que en suma, el actor podrá realizar, con carácter general y salvo periodos de reagudización tributarios de IT, las principales tareas que conlleva dicha profesión dentro de normales parámetros de continuidad, seguridad y eficacia.

Por todo lo expuesto, debe concluirse que el demandante, en el estado evolutivo actual de su patología, no está en grado alguno de invalidez, y al ser ésta la solución de instancia, con desestimación del recurso, la sentencia ha de ser confirmada.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española y las leyes,

PRIMERO:1. Frente a la sentencia de instancia que desestimó las pretensiones de la demanda de que le fuera reconocido al actor el grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual, o subsidiariamente parcial, derivado de accidente de trabajo, se alza dicha parte en suplicación, debiendo con carácter previo resolverse sobre el documento aportado junto con el escrito de recurso, y al respecto, el artículo 233 de la LRJS establece que: "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración".

Atendida dicha regulación legal y el contenido del documento unido al escrito de impugnación de la sentencia, el mismo no puede ni debe ser tomado en consideración a efectos de resolver el recurso que nos ocupa, por cuanto se trata de un informe elaborado por el gerente de la empresa del actor de fecha 7/2/25, por tanto, anterior al acto del juicio, por lo que pudo ser aportado como prueba en el plenario, sin que haya sido acreditada la existencia de impedimento alguno al respecto.

SEGUNDO:Al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, solicita el actor en los motivos primero a quinto de su recurso la revisión de los hechos probados de la sentencia, interesando en concreto las siguientes modificaciones del relato fáctico:

1º) Modificación del hecho probado primero, conforme al contenido de la demanda, a fin de que se añada al mismo el siguiente texto:

"Durante una jornada laboral suele realizar una media de cuatro instalaciones de fibra óptica en diferentes ubicaciones (clientes), haciendo uso de escalera manual extensible de hasta 5 m en exterior y escalera manual de tijera en interior, permaneciendo sobre las mismas más de una hora por cada instalación, lo que conlleva que, en cuanto a las tareas habituales de su actividad laboral encuentren las siguientes:

-Trabajo continuo sobre escalera manual extensible en fachada para tirada de cableado, realizando continuas bajadas y subidas de la escalera y cambio de ubicación de la misma a lo largo del recorrido de instalación.

-Realización de instalaciones soterradas (arquetas a nivel del suelo), adoptando posturas forzadas continuadas (trabajo en cuclillas).

-Mantenimiento continuo de posturas forzadas en bipedestación, con movimientos repetitivos de piernas, flexión y giro de articulaciones.

-Manipulación manual de cargas en solitario, transportando escalera manual extensible de dos cuerpos, escalera de tijera, equipos de trabajo y herramientas entre el vehículo y la zona de trabajo y viceversa.

-Acceso a viviendas de clientes ubicadas en edificios de viviendas de varias plantas sin ascensor.

-Subidas y bajadas con las cargas descritas anteriormente para la realización de conexiones entre la vivienda del cliente y la caja de conexiones en fachada".

La adición interesada debe ser rechazada, por cuanto para que se sustente la revisión de la versión judicial de los hechos probados, la prueba por la que se pretenda la misma y de la que se haya de derivar el error de hecho alegado, debe consistir en documental o pericial obrante en autos y tener fuerza probatoria inmediata y evidente, sin necesidad de acudir a razonamientos o nuevos análisis o interpretaciones valorativas, careciendo de eficacia revisoria, entre otras, las manifestaciones de las partes en sus escritos de demanda o en el acto del juicio ( Sentencias del Tribunal Supremo 18 de marzo de 1974, 17 de mayo de 1976, 24 de abril de 1975 y 5 de junio de 1976).

2º) Modificación del fundamento derecho cuarto, párrafo quinto, de la valoración de la incapacidad en relación con las manifestaciones que con valor de hecho probado se recogen en su fundamentación, interesando sea complementado dicho fundamento de derecho con el siguiente párrafo alternativo:

"Se lleva a cabo como instalador de líneas de telecomunicaciones que se desarrolla, durante prácticamente la totalidad de la jornada laboral, en bipedestación, con frecuencia en cuclillas o agachado y, realizando trabajos en altura para la instalación del cableado por techos o paredes, para lo que es necesario utilizar elementos como escaleras o andamios, existiendo por ello un incremento del riesgo de caída".

La modificación interesada debe ser rechazada, por cuanto se basa en un documento que ha sido rechazado por no cumplimentar las exigencias del artículo 233 de la LRJS.

3º) Modificación del fundamento de derecho cuarto de la valoración de la incapacidad, párrafos séptimo, octavo y noveno, en relación con las manifestaciones que con valor de hecho probado se recogen en su fundamentación, interesando sea completado dicho fundamento con el siguiente texto alternativo:

"El requerimiento de la profesión sobre miembros inferiores es moderado, de grado 2/4. Unos requerimientos de grado 2 implican que la bipedestación estática se mantiene durante el 20-40% de la jornada, y la bipedestación dinámica otro 20-40% del tiempo de trabajo lo que en conjunto resulta en requerimientos de bipedestación estática y dinámica durante el 40-80% de la jornada laboral, es decir durante la mayor parte del tiempo de trabajo.

Las limitaciones que han quedado probadas documental y pericialmente se encuadrarían en el grado 2 de la Guía de Valoración de Médicos del INSS que, establece que los requerimientos físicos del puesto de trabajo son de moderada intensidad o exigencia (grado 2) de carga biomecánica sobre tobillo/pie, bipedestación estática, bipedestación dinámica y marcha por terreno irregular, reconociendo la existencia de posibles riesgos relacionados con trabajo en altura y trabajo subterráneo, en relación con el aparato locomotor, incluiría genéricamente los casos cuyas clínicas sean de "síntomas habituales, frecuentes o con exacerbaciones compensadas parcialmente por el tratamiento, ocasionalmente pueden dificultar el descanso nocturno", con "tratamiento médico, rehabilitador o quirúrgico (de focos de fractura, osteotomías, prótesis, menisectomías, plastias ligamentosas...)". En la exploración física se encuadran, entre otros, los que tienen "leve cojera" o un "déficit de movilidad articular conservando más del 50% del arco de movimiento y un balance muscular aceptable (4/5)" o "dismetrías corregibles ortopédicamente". Y que presentan pruebas complementarias alteradas, entre otros, por "secuelas de traumatismo previo" y "secuelas postquirúrgicas". Según el Manual, en este grado funcional 2, podría existir limitación para elevados requerimientos de deambulación, bipedestación, subir y bajar escaleras, cargar pesos, trabajar en cuclillas, etc.

Por tanto, puestas en relación a las limitaciones grado 2/4 y los requerimientos grado 2/4, se concluye que el cuadro clínico del demandante produce limitaciones orgánicas y funcionales que afectan al desempeño de su actividad laboral como instalador de líneas de telecomunicaciones que se desarrolla, durante prácticamente la totalidad de la jornada laboral, en bipedestación, con frecuencia en cuclillas o agachado, y, realizando trabajos en altura para la instalación del cableado por techos o paredes, para lo que es necesario utilizar elementos como escaleras o andamios, existiendo por ello un incremento del riesgo de que alcance el grado suficiente como para ser calificada como incapacidad permanente total y subsidiariamente parcial".

La modificación interesada debe ser rechazada por su carácter valorativo, siendo así que únicamente pueden acceder al relato de hechos probados datos o circunstancias de carácter objetivo que deriven de las concretas pruebas documentales o periciales que se indiquen, sin que puedan realizarse conjeturas o deducciones derivadas de su contenido, lo que debe ser efectuado, en su caso, en sede de censura jurídica de la sentencia.

Por otra parte, en el texto propuesto se efectúa una comparación de los limitaciones funcionales del trabajador con los requerimientos de su profesión, valorados conforme a las Guía de Valoración de Médicos del INSS, por lo que la propuesta modificación se sustenta fundamentalmente en prueba no hábil, al tratarse dicha Guía de un documento con pautas y criterios orientativos para los profesionales médicos de la entidad gestora en relación a las exigencias físicas y psíquicas de cada profesión, que ha sido debidamente publicado y que por tanto es susceptible de ser consultado por la Sala y tenido en cuenta para valorar las características de la profesión concernida sin necesidad de su inclusión en los hechos probados, no tratándose, por tanto, de una prueba documental o pericial de la que deducir datos o circunstancias propios del trabajador.

4º) Adición del hecho probado 26º, con base en el informe pericial, con la siguiente redacción:

"Según Informe Médico Pericial, de 20 de mayo de 2024, las secuelas permanentes que presenta el trabajador, consistentes en pie plano postraumático y artrodesis subastragalina con bloqueo en la inversión-eversión del pie derecho, originan dolor mecánico en el pie y tobillo derecho, claudicación progresiva en la marcha y la bipedestación, e impedimento para caminar deprisa, correr, saltar o agacharse en cuclillas, así como sensación de inseguridad e intolerancia para la marcha por terreno irregular.

Éste cuadro clínico produce limitaciones orgánicas y funcionales que afectan al desempeño de su actividad laboral como instalador de líneas de telecomunicaciones que se desarrolla, durante prácticamente la totalidad de la jornada laboral, en bipedestación, con frecuencia en cuclillas o agachado y, realizando trabajos en altura para la aplicación del cableado por techos o paredes, para lo que es necesario utilizar elementos como escaleras o andamios, existiendo por ello un incremento del riesgo de caída.

Como consecuencia de la fractura conminuta de calcáreo derecho sufrida en el accidente de trabajo el día 10/2/2021, el trabajador presenta secuelas permanentes consistentes en pie plano postraumático y artrodesis subastragalina con bloqueo en la inversión -eversión del pie, que explican el cuadro clínico referido por el trabajador con dolor mecánico en pie y tobillo derecho con claudicación progresiva en la marcha y la bipedestación, e impedimento para caminar deprisa, correr, saltar o agacharse en cuclillas, sensación de inseguridad e intolerancia para por terreno irregular.

Este cuadro clínico origina limitaciones orgánicas que lo incapacitan de forma definitiva para realizar actividades y tareas que impliquen sobrecargas mecánicas y posturales de moderada intensidad sobre el tobillo y el pie derecho, incluyendo los movimientos repetidos y forzados, las posturas forzadas y mantenidas del tobillo-pie, la bipedestación y deambulación mantenidas, la marcha por terreno irregular y/o subir o bajar escaleras.

Esta secuelas limitaciones producen también un incremento significativo en el riesgo de sufrir accidentes por caída, especialmente en relación con la deambulación por terreno irregular o superficies inestables y reducidas".

La adición interesada debe ser rechazada,por cuanto la revisión de los hechos probados sólo puede alcanzar éxito si va respaldada en documentos o pericias obrantes en autos que por su manifiesta eficacia probatoria evidencien el error del Juzgador, sin que el recurrente pueda apartarse de dicha formalidad y limitarse a exponer su personal criterio valorativo de la prueba, pues la simple discrepancia no tiene eficacia para la revisión, que iría, además, contra lo dispuesto en el artículo 97.2 de la propia LRJS, que faculta al Juez a elegir de entre aquellos medios de prueba los que considere mas atinados objetivamente o de superior valor científico, operación que resulta inamovible en este momento procesal, salvo evidente error fundado en las pruebas antes citadas y sin que ello suponga aceptar una absoluta soberanía en la apreciación probatoria ni la libertad de seguir sus impresiones o conjeturas, pues el artículo 24.2 de la Constitución exige en este punto ( S. del TC nº 44/89, de 28 de febrero) una deducción lógica partiendo de datos fijados con certeza y obtenidos de modo racional.

A mayor abundamiento, como entre otras, tiene declarado por STSJ Andalucía -sede Málaga- con fecha 29 de marzo del 2012 (Rec. 641/2012), "si ante la existencia de dictámenes médicos contradictorios, el Magistrado de instancia a quien corresponde valorar la prueba practicada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral (entiéndase Ley de la Jurisdicción Social), llegó a una determinada conclusión sobre los padecimientos que sufre el trabajador, la misma ha de prevalecer sobre la interpretación subjetiva de cualquiera de las partes, máxime si tenemos en cuenta la reiterada doctrina jurisprudencial según la cual ante la disparidad de diagnósticos, ha de aceptarse normalmente el que ha servido de base a la resolución que se recurre, debiendo resaltarse que el órgano de instancia podía optar por el dictamen que estime conveniente y le ofrezca mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida", lo que no consta que ocurra en los presentes autos, por cuanto la juzgadora de instancia apoya su descripción fáctica en el dictamen del EVI y en el informe de síntesis obrantes en el expediente, documentos públicos revestidos de objetividad e imparcialidad que no pueden ser contradichos, salvo error manifiesto no acreditado, por la pericial propuesta a instancia de parte.

En concreto, por el juez a quo se ha detallado de forma exhaustiva tanto la evolución posterior al accidente de la lesión padecida por el actor, como la que tuvo lugar después de la intervención quirúrgica practicada, haciéndose constar los hechos probados 17º, 19º y 20º, las secuelas restantes y las limitaciones funcionales derivadas de las mismas, añadiéndose en los ordinales 24º y 25º el resultado de los informes médicos posteriores de los servicios de Traumatología y Reumatología, sin que de los mismos se evidencie la existencia de otras limitaciones no tenidas en cuenta en la valoración efectuada por el juez a quo en relación con las exigencias del puesto de trabajo del actor.

5º) Modificación del fundamento de derecho cuarto de valoración de la incapacidad, párrafo penúltimo, en relación con las limitaciones orgánicas y funcionales, proponiendo el siguiente texto alternativo:

"Por tanto, puestas en relación las limitaciones grado 2/4 y los requerimientos grado 2/4, se concluye que el demandante, teniendo en cuenta las tareas desarrolladas, los requerimientos físicos y las condiciones del puesto de trabajo, las secuelas permanentes y las limitaciones orgánicas y funcionales que presenta el trabajador como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de trabajo, desde un punto de vista médico-legal, incompatibles con las funciones, tareas, y requerimientos físicos del puesto de trabajo de técnico instalador de telecomunicaciones y, por tanto, lo incapacitan de forma permanente para realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual".

La modificación interesada debe ser rechazada, por cuanto va referida al contenido de un fundamento jurídico en el que se realiza la aplicación del derecho en función de los hechos probados, sin que el párrafo indicado pueda considerarse con valor fáctico, por lo que no procede acceder a la modificación de los razonamientos jurídicos utilizados por el juez a quo en apoyo de su decisión, los cuales, en su caso, pueden ser cuestionados en sede de censura jurídica de la sentencia.

TERCERO:1. Al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, se postula por el recurrente la revisión del fundamento de derecho tercero de normativa, artículo 194.3 de la LGSS y jurisprudencia aplicables, por incongruencia omisiva, al no haber sido contemplada la normativa ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre incapacidad permanente parcial, petición que se solicitaba con carácter subsidiario en la demanda. Sin embargo en el citado fundamento de derecho tercero tan sólo se hace referencia a la normativa jurisprudencia aplicable para apreciación de incapacidad permanente total, sin hacer mención alguna a la incapacidad permanente.

2. El presente motivo de recurso debió de formularse al amparo del apartado a) del artículo 193 de la LRJS, por infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, en concreto por vulneración de las normas reguladoras de la sentencia en base a la incongruencia omisiva alegada, infracción respecto de la que el Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE. Y a tal efecto, indica que " la congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido»( SSTC 124/2000, de 16 de mayo [RTC 2000, 124], F. 3; 114/2003, de 16 de junio [RTC 2003, 114], F. 3; o 174/2004, de 18 de octubre [RTC 2004, 174], F. 3; entre muchas otras)."

En el presente caso, no obstante, no se ha producido la incongruencia omisiva imputada a la sentencia de instancia, por cuanto en la misma se resuelve tanto la pretensión principal como la subsidiaria de la demanda, y así, en el fundamento jurídico cuarto, expresamente se concluye que "... Puestas en relación las limitaciones -grado 2/4-y los requerimientos -grado 2/4-, se concluye que el demandante conserva capacidad residual para las fundamentales de su profesión habitual, sin que se acredite tampoco una disminución del rendimiento que alcance el grado suficiente como para ser calificada como incapacidad permanente parcial",por lo que ha existido un pronunciamiento expreso en relación con las pretensiones de la demanda, que se complementa en el ordinal tercero con la normativa que se estima de aplicación, en concreto el artículo 193 de la LGSS que define la incapacidad permanente en general.

Por todo ello, el motivo del recurso que nos ocupa debe ser desestimado.

CUARTO:1. Por último, el recurrente formula en el apartado séptimo de su escrito de impugnación de la sentencia un último motivo de recurso al amparo de nuevo del apartado b) del artículo 193 de la LGSS, afirmando que los motivos de revisión fáctica se han efectuado cumpliendo con el criterio jurisprudencial constante reflejado en las sentencias que reseña, sin que se articule de forma expresa un motivo de censura jurídica de la sentencia.

A este respecto, como tiene reiterado el Tribunal Constitucional ( STC 294/1993), el órgano judicial debe realizar una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas reguladoras del recurso, y no debe rechazar el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente exponga, de manera suficiente, los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser tenidos por correctos, suministrando datos suficientes para conocer la argumentación de la parte.

En consecuencia, si bien la Sala no puede construir el recurso a la parte, lo que conllevaría un quebranto del principio de igualdad que debe mediar entre las partes, debemos entender que en el presente caso concurre un error material subsanable en la redacción del motivo de recurso que nos ocupa, por cuanto al margen de aportar la fundamentación jurídica y jurisprudencial en apoyo de la revisión fáctica solicitada, realiza a continuación la impugnación de la valoración jurídica de la sentencia, designando el artículo 194 de la LGSS en apoyo de su pretensión principal y subsidiaria, por lo que dicho motivo, en aras de la aplicación del principio de la tutela judicial efectiva, va a ser considerado como de censura jurídica de la sentencia al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la LRJS.

2. Conforme establece el art. 194.4 de la ley General de Seguridad Social (en su redacción provisional en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 26ª de la citada ley, en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las previsiones del nuevo texto del art. 194 precitado), se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

De acuerdo con dicho artículo la invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87).

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88).

En cuanto a la pretensión subsidiaria, conforme establece el art. 194.3 de la ley General de Seguridad Social (de nuevo en su redacción provisional), se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

3. Por tanto, definidos los grados de incapacidad solicitados en los términos expuestos, a partir del inalterado relato histórico, que recoge la evolución de las patologías del actor conforme a la documentación médica obrante en autos, hemos de valorar la incidencia de las lesiones reconocidas sobre su profesión de instalador de telecomunicaciones, recogidas en el hecho probado segundo por referencia al informe médico de síntesis y consistentes en secuelas de fractura articular conminuta de calcáneo derecho + esguince de tobillo (AT febrero 21), artrosis subastragalina postraumática intervenida en junio de 2022 y artrosis mediotarsiana de pie derecho, con secuelas de dolor-limitación pie derecho: balance articular del tobillo derecho limitado a rangos últimos, cicatriz 6 cms en región lateral tobillo derecho, e hipotrofia región gemelar MID (2 cms) vs MII.

Así, tras la producción de la fractura de tobillo derecho del actor se realizó el correspondiente tratamiento ortopédico y rehabilitador, lográndose la recuperación de la movilidad y el balance artícular completos, según consta en el hecho probado décimo. No obstante, ante la persistencia del edema óseo junto con la deformidad de calcáneo, en junio de 2022 se realizó intervención quirúrgica de artrodesis subastragalina con injerto de cresta, y tras el correspondiente postoperatorio y tratamiento rehabilitador, se obtuvo, según se indica en el hecho probado decimoséptimo, buen patrón de marcha, restándole como secuelas una limitación de movilidad articular: dorsi-flexión 0-30º, flexión plantar 0-45º y subastragalina bloqueada, lo que constituye una disminución de la movilidad global de la articulación tibioperonea astragalina de menos del 50%.

Asimismo, en informe de Traumatología 11/1/2023 se hizo constar que se realizó estudio de la pisada, observándose pie insuficiente y prescribiéndose plantilla ortopédica a medida "para replantearse que la movilidad tanto extensión como flexión del pie sea no dolorosa" (hecho probado 24º).

Partiendo de tales secuelas, no se evidencia que el recurrente esté impedido para realizar las más fundamentales tareas de la que es su profesión de instalador de telecomunicaciones, ni siquiera de forma parcial en los términos expuestos, por cuanto dicha ocupación conlleva una carga física específica de tobillo/pie de grado moderado (2/4) según la Guía de Valoración Profesional del INSS, habiéndose constatado una funcionalidad sin alteraciones importantes en dicha articulación, con buen patrón de marcha y movilidad solo limitada a últimos grados por la existencia de dolor, el cual no consta que sea refractario a la correspondiente analgesia y al uso de la plantilla prescrita con tal finalidad, por lo que en suma, el actor podrá realizar, con carácter general y salvo periodos de reagudización tributarios de IT, las principales tareas que conlleva dicha profesión dentro de normales parámetros de continuidad, seguridad y eficacia.

Por todo lo expuesto, debe concluirse que el demandante, en el estado evolutivo actual de su patología, no está en grado alguno de invalidez, y al ser ésta la solución de instancia, con desestimación del recurso, la sentencia ha de ser confirmada.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española y las leyes,

PRIMERO:1. Frente a la sentencia de instancia que desestimó las pretensiones de la demanda de que le fuera reconocido al actor el grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual, o subsidiariamente parcial, derivado de accidente de trabajo, se alza dicha parte en suplicación, debiendo con carácter previo resolverse sobre el documento aportado junto con el escrito de recurso, y al respecto, el artículo 233 de la LRJS establece que: "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración".

Atendida dicha regulación legal y el contenido del documento unido al escrito de impugnación de la sentencia, el mismo no puede ni debe ser tomado en consideración a efectos de resolver el recurso que nos ocupa, por cuanto se trata de un informe elaborado por el gerente de la empresa del actor de fecha 7/2/25, por tanto, anterior al acto del juicio, por lo que pudo ser aportado como prueba en el plenario, sin que haya sido acreditada la existencia de impedimento alguno al respecto.

SEGUNDO:Al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, solicita el actor en los motivos primero a quinto de su recurso la revisión de los hechos probados de la sentencia, interesando en concreto las siguientes modificaciones del relato fáctico:

1º) Modificación del hecho probado primero, conforme al contenido de la demanda, a fin de que se añada al mismo el siguiente texto:

"Durante una jornada laboral suele realizar una media de cuatro instalaciones de fibra óptica en diferentes ubicaciones (clientes), haciendo uso de escalera manual extensible de hasta 5 m en exterior y escalera manual de tijera en interior, permaneciendo sobre las mismas más de una hora por cada instalación, lo que conlleva que, en cuanto a las tareas habituales de su actividad laboral encuentren las siguientes:

-Trabajo continuo sobre escalera manual extensible en fachada para tirada de cableado, realizando continuas bajadas y subidas de la escalera y cambio de ubicación de la misma a lo largo del recorrido de instalación.

-Realización de instalaciones soterradas (arquetas a nivel del suelo), adoptando posturas forzadas continuadas (trabajo en cuclillas).

-Mantenimiento continuo de posturas forzadas en bipedestación, con movimientos repetitivos de piernas, flexión y giro de articulaciones.

-Manipulación manual de cargas en solitario, transportando escalera manual extensible de dos cuerpos, escalera de tijera, equipos de trabajo y herramientas entre el vehículo y la zona de trabajo y viceversa.

-Acceso a viviendas de clientes ubicadas en edificios de viviendas de varias plantas sin ascensor.

-Subidas y bajadas con las cargas descritas anteriormente para la realización de conexiones entre la vivienda del cliente y la caja de conexiones en fachada".

La adición interesada debe ser rechazada, por cuanto para que se sustente la revisión de la versión judicial de los hechos probados, la prueba por la que se pretenda la misma y de la que se haya de derivar el error de hecho alegado, debe consistir en documental o pericial obrante en autos y tener fuerza probatoria inmediata y evidente, sin necesidad de acudir a razonamientos o nuevos análisis o interpretaciones valorativas, careciendo de eficacia revisoria, entre otras, las manifestaciones de las partes en sus escritos de demanda o en el acto del juicio ( Sentencias del Tribunal Supremo 18 de marzo de 1974, 17 de mayo de 1976, 24 de abril de 1975 y 5 de junio de 1976).

2º) Modificación del fundamento derecho cuarto, párrafo quinto, de la valoración de la incapacidad en relación con las manifestaciones que con valor de hecho probado se recogen en su fundamentación, interesando sea complementado dicho fundamento de derecho con el siguiente párrafo alternativo:

"Se lleva a cabo como instalador de líneas de telecomunicaciones que se desarrolla, durante prácticamente la totalidad de la jornada laboral, en bipedestación, con frecuencia en cuclillas o agachado y, realizando trabajos en altura para la instalación del cableado por techos o paredes, para lo que es necesario utilizar elementos como escaleras o andamios, existiendo por ello un incremento del riesgo de caída".

La modificación interesada debe ser rechazada, por cuanto se basa en un documento que ha sido rechazado por no cumplimentar las exigencias del artículo 233 de la LRJS.

3º) Modificación del fundamento de derecho cuarto de la valoración de la incapacidad, párrafos séptimo, octavo y noveno, en relación con las manifestaciones que con valor de hecho probado se recogen en su fundamentación, interesando sea completado dicho fundamento con el siguiente texto alternativo:

"El requerimiento de la profesión sobre miembros inferiores es moderado, de grado 2/4. Unos requerimientos de grado 2 implican que la bipedestación estática se mantiene durante el 20-40% de la jornada, y la bipedestación dinámica otro 20-40% del tiempo de trabajo lo que en conjunto resulta en requerimientos de bipedestación estática y dinámica durante el 40-80% de la jornada laboral, es decir durante la mayor parte del tiempo de trabajo.

Las limitaciones que han quedado probadas documental y pericialmente se encuadrarían en el grado 2 de la Guía de Valoración de Médicos del INSS que, establece que los requerimientos físicos del puesto de trabajo son de moderada intensidad o exigencia (grado 2) de carga biomecánica sobre tobillo/pie, bipedestación estática, bipedestación dinámica y marcha por terreno irregular, reconociendo la existencia de posibles riesgos relacionados con trabajo en altura y trabajo subterráneo, en relación con el aparato locomotor, incluiría genéricamente los casos cuyas clínicas sean de "síntomas habituales, frecuentes o con exacerbaciones compensadas parcialmente por el tratamiento, ocasionalmente pueden dificultar el descanso nocturno", con "tratamiento médico, rehabilitador o quirúrgico (de focos de fractura, osteotomías, prótesis, menisectomías, plastias ligamentosas...)". En la exploración física se encuadran, entre otros, los que tienen "leve cojera" o un "déficit de movilidad articular conservando más del 50% del arco de movimiento y un balance muscular aceptable (4/5)" o "dismetrías corregibles ortopédicamente". Y que presentan pruebas complementarias alteradas, entre otros, por "secuelas de traumatismo previo" y "secuelas postquirúrgicas". Según el Manual, en este grado funcional 2, podría existir limitación para elevados requerimientos de deambulación, bipedestación, subir y bajar escaleras, cargar pesos, trabajar en cuclillas, etc.

Por tanto, puestas en relación a las limitaciones grado 2/4 y los requerimientos grado 2/4, se concluye que el cuadro clínico del demandante produce limitaciones orgánicas y funcionales que afectan al desempeño de su actividad laboral como instalador de líneas de telecomunicaciones que se desarrolla, durante prácticamente la totalidad de la jornada laboral, en bipedestación, con frecuencia en cuclillas o agachado, y, realizando trabajos en altura para la instalación del cableado por techos o paredes, para lo que es necesario utilizar elementos como escaleras o andamios, existiendo por ello un incremento del riesgo de que alcance el grado suficiente como para ser calificada como incapacidad permanente total y subsidiariamente parcial".

La modificación interesada debe ser rechazada por su carácter valorativo, siendo así que únicamente pueden acceder al relato de hechos probados datos o circunstancias de carácter objetivo que deriven de las concretas pruebas documentales o periciales que se indiquen, sin que puedan realizarse conjeturas o deducciones derivadas de su contenido, lo que debe ser efectuado, en su caso, en sede de censura jurídica de la sentencia.

Por otra parte, en el texto propuesto se efectúa una comparación de los limitaciones funcionales del trabajador con los requerimientos de su profesión, valorados conforme a las Guía de Valoración de Médicos del INSS, por lo que la propuesta modificación se sustenta fundamentalmente en prueba no hábil, al tratarse dicha Guía de un documento con pautas y criterios orientativos para los profesionales médicos de la entidad gestora en relación a las exigencias físicas y psíquicas de cada profesión, que ha sido debidamente publicado y que por tanto es susceptible de ser consultado por la Sala y tenido en cuenta para valorar las características de la profesión concernida sin necesidad de su inclusión en los hechos probados, no tratándose, por tanto, de una prueba documental o pericial de la que deducir datos o circunstancias propios del trabajador.

4º) Adición del hecho probado 26º, con base en el informe pericial, con la siguiente redacción:

"Según Informe Médico Pericial, de 20 de mayo de 2024, las secuelas permanentes que presenta el trabajador, consistentes en pie plano postraumático y artrodesis subastragalina con bloqueo en la inversión-eversión del pie derecho, originan dolor mecánico en el pie y tobillo derecho, claudicación progresiva en la marcha y la bipedestación, e impedimento para caminar deprisa, correr, saltar o agacharse en cuclillas, así como sensación de inseguridad e intolerancia para la marcha por terreno irregular.

Éste cuadro clínico produce limitaciones orgánicas y funcionales que afectan al desempeño de su actividad laboral como instalador de líneas de telecomunicaciones que se desarrolla, durante prácticamente la totalidad de la jornada laboral, en bipedestación, con frecuencia en cuclillas o agachado y, realizando trabajos en altura para la aplicación del cableado por techos o paredes, para lo que es necesario utilizar elementos como escaleras o andamios, existiendo por ello un incremento del riesgo de caída.

Como consecuencia de la fractura conminuta de calcáreo derecho sufrida en el accidente de trabajo el día 10/2/2021, el trabajador presenta secuelas permanentes consistentes en pie plano postraumático y artrodesis subastragalina con bloqueo en la inversión -eversión del pie, que explican el cuadro clínico referido por el trabajador con dolor mecánico en pie y tobillo derecho con claudicación progresiva en la marcha y la bipedestación, e impedimento para caminar deprisa, correr, saltar o agacharse en cuclillas, sensación de inseguridad e intolerancia para por terreno irregular.

Este cuadro clínico origina limitaciones orgánicas que lo incapacitan de forma definitiva para realizar actividades y tareas que impliquen sobrecargas mecánicas y posturales de moderada intensidad sobre el tobillo y el pie derecho, incluyendo los movimientos repetidos y forzados, las posturas forzadas y mantenidas del tobillo-pie, la bipedestación y deambulación mantenidas, la marcha por terreno irregular y/o subir o bajar escaleras.

Esta secuelas limitaciones producen también un incremento significativo en el riesgo de sufrir accidentes por caída, especialmente en relación con la deambulación por terreno irregular o superficies inestables y reducidas".

La adición interesada debe ser rechazada,por cuanto la revisión de los hechos probados sólo puede alcanzar éxito si va respaldada en documentos o pericias obrantes en autos que por su manifiesta eficacia probatoria evidencien el error del Juzgador, sin que el recurrente pueda apartarse de dicha formalidad y limitarse a exponer su personal criterio valorativo de la prueba, pues la simple discrepancia no tiene eficacia para la revisión, que iría, además, contra lo dispuesto en el artículo 97.2 de la propia LRJS, que faculta al Juez a elegir de entre aquellos medios de prueba los que considere mas atinados objetivamente o de superior valor científico, operación que resulta inamovible en este momento procesal, salvo evidente error fundado en las pruebas antes citadas y sin que ello suponga aceptar una absoluta soberanía en la apreciación probatoria ni la libertad de seguir sus impresiones o conjeturas, pues el artículo 24.2 de la Constitución exige en este punto ( S. del TC nº 44/89, de 28 de febrero) una deducción lógica partiendo de datos fijados con certeza y obtenidos de modo racional.

A mayor abundamiento, como entre otras, tiene declarado por STSJ Andalucía -sede Málaga- con fecha 29 de marzo del 2012 (Rec. 641/2012), "si ante la existencia de dictámenes médicos contradictorios, el Magistrado de instancia a quien corresponde valorar la prueba practicada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral (entiéndase Ley de la Jurisdicción Social), llegó a una determinada conclusión sobre los padecimientos que sufre el trabajador, la misma ha de prevalecer sobre la interpretación subjetiva de cualquiera de las partes, máxime si tenemos en cuenta la reiterada doctrina jurisprudencial según la cual ante la disparidad de diagnósticos, ha de aceptarse normalmente el que ha servido de base a la resolución que se recurre, debiendo resaltarse que el órgano de instancia podía optar por el dictamen que estime conveniente y le ofrezca mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida", lo que no consta que ocurra en los presentes autos, por cuanto la juzgadora de instancia apoya su descripción fáctica en el dictamen del EVI y en el informe de síntesis obrantes en el expediente, documentos públicos revestidos de objetividad e imparcialidad que no pueden ser contradichos, salvo error manifiesto no acreditado, por la pericial propuesta a instancia de parte.

En concreto, por el juez a quo se ha detallado de forma exhaustiva tanto la evolución posterior al accidente de la lesión padecida por el actor, como la que tuvo lugar después de la intervención quirúrgica practicada, haciéndose constar los hechos probados 17º, 19º y 20º, las secuelas restantes y las limitaciones funcionales derivadas de las mismas, añadiéndose en los ordinales 24º y 25º el resultado de los informes médicos posteriores de los servicios de Traumatología y Reumatología, sin que de los mismos se evidencie la existencia de otras limitaciones no tenidas en cuenta en la valoración efectuada por el juez a quo en relación con las exigencias del puesto de trabajo del actor.

5º) Modificación del fundamento de derecho cuarto de valoración de la incapacidad, párrafo penúltimo, en relación con las limitaciones orgánicas y funcionales, proponiendo el siguiente texto alternativo:

"Por tanto, puestas en relación las limitaciones grado 2/4 y los requerimientos grado 2/4, se concluye que el demandante, teniendo en cuenta las tareas desarrolladas, los requerimientos físicos y las condiciones del puesto de trabajo, las secuelas permanentes y las limitaciones orgánicas y funcionales que presenta el trabajador como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de trabajo, desde un punto de vista médico-legal, incompatibles con las funciones, tareas, y requerimientos físicos del puesto de trabajo de técnico instalador de telecomunicaciones y, por tanto, lo incapacitan de forma permanente para realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual".

La modificación interesada debe ser rechazada, por cuanto va referida al contenido de un fundamento jurídico en el que se realiza la aplicación del derecho en función de los hechos probados, sin que el párrafo indicado pueda considerarse con valor fáctico, por lo que no procede acceder a la modificación de los razonamientos jurídicos utilizados por el juez a quo en apoyo de su decisión, los cuales, en su caso, pueden ser cuestionados en sede de censura jurídica de la sentencia.

TERCERO:1. Al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, se postula por el recurrente la revisión del fundamento de derecho tercero de normativa, artículo 194.3 de la LGSS y jurisprudencia aplicables, por incongruencia omisiva, al no haber sido contemplada la normativa ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre incapacidad permanente parcial, petición que se solicitaba con carácter subsidiario en la demanda. Sin embargo en el citado fundamento de derecho tercero tan sólo se hace referencia a la normativa jurisprudencia aplicable para apreciación de incapacidad permanente total, sin hacer mención alguna a la incapacidad permanente.

2. El presente motivo de recurso debió de formularse al amparo del apartado a) del artículo 193 de la LRJS, por infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, en concreto por vulneración de las normas reguladoras de la sentencia en base a la incongruencia omisiva alegada, infracción respecto de la que el Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE. Y a tal efecto, indica que " la congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido»( SSTC 124/2000, de 16 de mayo [RTC 2000, 124], F. 3; 114/2003, de 16 de junio [RTC 2003, 114], F. 3; o 174/2004, de 18 de octubre [RTC 2004, 174], F. 3; entre muchas otras)."

En el presente caso, no obstante, no se ha producido la incongruencia omisiva imputada a la sentencia de instancia, por cuanto en la misma se resuelve tanto la pretensión principal como la subsidiaria de la demanda, y así, en el fundamento jurídico cuarto, expresamente se concluye que "... Puestas en relación las limitaciones -grado 2/4-y los requerimientos -grado 2/4-, se concluye que el demandante conserva capacidad residual para las fundamentales de su profesión habitual, sin que se acredite tampoco una disminución del rendimiento que alcance el grado suficiente como para ser calificada como incapacidad permanente parcial",por lo que ha existido un pronunciamiento expreso en relación con las pretensiones de la demanda, que se complementa en el ordinal tercero con la normativa que se estima de aplicación, en concreto el artículo 193 de la LGSS que define la incapacidad permanente en general.

Por todo ello, el motivo del recurso que nos ocupa debe ser desestimado.

CUARTO:1. Por último, el recurrente formula en el apartado séptimo de su escrito de impugnación de la sentencia un último motivo de recurso al amparo de nuevo del apartado b) del artículo 193 de la LGSS, afirmando que los motivos de revisión fáctica se han efectuado cumpliendo con el criterio jurisprudencial constante reflejado en las sentencias que reseña, sin que se articule de forma expresa un motivo de censura jurídica de la sentencia.

A este respecto, como tiene reiterado el Tribunal Constitucional ( STC 294/1993), el órgano judicial debe realizar una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas reguladoras del recurso, y no debe rechazar el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente exponga, de manera suficiente, los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser tenidos por correctos, suministrando datos suficientes para conocer la argumentación de la parte.

En consecuencia, si bien la Sala no puede construir el recurso a la parte, lo que conllevaría un quebranto del principio de igualdad que debe mediar entre las partes, debemos entender que en el presente caso concurre un error material subsanable en la redacción del motivo de recurso que nos ocupa, por cuanto al margen de aportar la fundamentación jurídica y jurisprudencial en apoyo de la revisión fáctica solicitada, realiza a continuación la impugnación de la valoración jurídica de la sentencia, designando el artículo 194 de la LGSS en apoyo de su pretensión principal y subsidiaria, por lo que dicho motivo, en aras de la aplicación del principio de la tutela judicial efectiva, va a ser considerado como de censura jurídica de la sentencia al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la LRJS.

2. Conforme establece el art. 194.4 de la ley General de Seguridad Social (en su redacción provisional en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 26ª de la citada ley, en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las previsiones del nuevo texto del art. 194 precitado), se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

De acuerdo con dicho artículo la invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87).

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88).

En cuanto a la pretensión subsidiaria, conforme establece el art. 194.3 de la ley General de Seguridad Social (de nuevo en su redacción provisional), se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

3. Por tanto, definidos los grados de incapacidad solicitados en los términos expuestos, a partir del inalterado relato histórico, que recoge la evolución de las patologías del actor conforme a la documentación médica obrante en autos, hemos de valorar la incidencia de las lesiones reconocidas sobre su profesión de instalador de telecomunicaciones, recogidas en el hecho probado segundo por referencia al informe médico de síntesis y consistentes en secuelas de fractura articular conminuta de calcáneo derecho + esguince de tobillo (AT febrero 21), artrosis subastragalina postraumática intervenida en junio de 2022 y artrosis mediotarsiana de pie derecho, con secuelas de dolor-limitación pie derecho: balance articular del tobillo derecho limitado a rangos últimos, cicatriz 6 cms en región lateral tobillo derecho, e hipotrofia región gemelar MID (2 cms) vs MII.

Así, tras la producción de la fractura de tobillo derecho del actor se realizó el correspondiente tratamiento ortopédico y rehabilitador, lográndose la recuperación de la movilidad y el balance artícular completos, según consta en el hecho probado décimo. No obstante, ante la persistencia del edema óseo junto con la deformidad de calcáneo, en junio de 2022 se realizó intervención quirúrgica de artrodesis subastragalina con injerto de cresta, y tras el correspondiente postoperatorio y tratamiento rehabilitador, se obtuvo, según se indica en el hecho probado decimoséptimo, buen patrón de marcha, restándole como secuelas una limitación de movilidad articular: dorsi-flexión 0-30º, flexión plantar 0-45º y subastragalina bloqueada, lo que constituye una disminución de la movilidad global de la articulación tibioperonea astragalina de menos del 50%.

Asimismo, en informe de Traumatología 11/1/2023 se hizo constar que se realizó estudio de la pisada, observándose pie insuficiente y prescribiéndose plantilla ortopédica a medida "para replantearse que la movilidad tanto extensión como flexión del pie sea no dolorosa" (hecho probado 24º).

Partiendo de tales secuelas, no se evidencia que el recurrente esté impedido para realizar las más fundamentales tareas de la que es su profesión de instalador de telecomunicaciones, ni siquiera de forma parcial en los términos expuestos, por cuanto dicha ocupación conlleva una carga física específica de tobillo/pie de grado moderado (2/4) según la Guía de Valoración Profesional del INSS, habiéndose constatado una funcionalidad sin alteraciones importantes en dicha articulación, con buen patrón de marcha y movilidad solo limitada a últimos grados por la existencia de dolor, el cual no consta que sea refractario a la correspondiente analgesia y al uso de la plantilla prescrita con tal finalidad, por lo que en suma, el actor podrá realizar, con carácter general y salvo periodos de reagudización tributarios de IT, las principales tareas que conlleva dicha profesión dentro de normales parámetros de continuidad, seguridad y eficacia.

Por todo lo expuesto, debe concluirse que el demandante, en el estado evolutivo actual de su patología, no está en grado alguno de invalidez, y al ser ésta la solución de instancia, con desestimación del recurso, la sentencia ha de ser confirmada.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española y las leyes,