Sentencia Social 837/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 3361/2025 de 11 de marzo del 2026

PRIMERO.-La Sentencia nº 194/2025, de 19 de mayo de 2025, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Huelva en el procedimiento de Seguridad Social nº 438/2024, desestima la demanda formulada por DOÑA Petra contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a estos últimos de las pretensiones ejercitadas en su contra.

Frente a dicha resolución, se alza en Suplicación la representación procesal del demandante invocando dos motivos de recurso al amparo del art. 193 apartados B) y C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-Se formaliza un primer motivo de recurso por el cauce procedimental descrito, manifestando la parte recurrente su discrepancia con el relato fáctico.

Así resulta de la aplicación al supuesto que nos ocupa de la reiterada doctrina jurisprudencial en materia de revisión de hechos probados, contenida, entre otras, en la STS/4ª de 15 de marzo de 2023 (recurso 212/2022), considerando como requisitos al efecto los siguientes:

"La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental".

Partiendo de tales premisas, pretende la parte recurrente, en primer término, modificar el Hecho Probado segundo, proponiendo la siguiente redacción añadida:

"(..) Tras realización de nuevas pruebas médicas y estudios complementarios a la actora, en fecha 18/03/2024, se emitió, a su solicitud, informe pericial médico relativo a la valoración de su capacidad física para el trabajo, elaborado por el Dr. Fabio, en el que, tras su exploración y visto el resultado de tales informes, se objetiva que la actora padece las siguientes patologías:

1. Insuficiencia venosa bilateral con síndrome varicoso leve en ambas extremidades inferiores.

2. Oclusión de ambas arterias tibiales posteriores.

3. Artrosis postraumática en tobillo derecho.

4. Espondilodiscoartrosis lumbar con inestabilidad segmentaria, ocasionando estenosis de canal neural y radiculopatía S1 bilateral crónica con afectación leve de raíz motora y moderada de raíz sensitiva."

Asimismo, pretende eliminar la actual redacción del hecho tercero y sustituirla por la siguiente:

"La demandante padece las patologías y dolencias que se consignan en el informe pericial médico de fecha 18/03/2024, folios 50 a 81 de los autos, existiendo base anatómica patológica objetiva que justifica plenamente el cuadro clínico que sufre la actora, que se considera de curso crónico y no susceptible de curación mediante tratamiento alguno. Desde el punto de vista médico legal, se estima que la paciente carece del mínimo de capacidad física exigible para cumplir los requerimientos físicos indicados por el INSS en su guía de valoración profesional para la profesión de farmacéuticos ".

Para ello se basa en: " Se justifica tal revisión, adición del HECHO SEGUNDO, por lo que se refiere a la prueba documental, en los documentos del ramo de prueba de esta parte, folios números 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80 y 81 de los Autos, Los documentos 74 a 76, incorporados en el Anexo I del informe Pericial practicado a la actora por el Dr. Fabio, consisten en informes de Sociedad Andaluza de Tratamiento Integral del Dolor, que acreditan su seguimiento continuo, determinando el de fecha 04/03/2024 (F. 74), "Sin mejoría con RF (risolisis de radiofrecuencia) pulsada de raíces L4-L5-S1" persistiendo dolor en tobillo izquierdo y gonalgia derecha que se incrementan a la bipedestación. Los documentos 77 a 81 de los autos, incorporados en el Anexo II del informe pericial antes mencionado, consisten en informes de estudios complementarios practicados a la actora en fecha 26/12/2023 (F.77); 29/12/2023 (F.77 Vto.); 26/01/2024 (F 78 Vto.); 09/02/2024 (F. 80 Vto.) y 26/12/2023 (F.81)".

Partiendo de tales premisas no procede acceder a las modificaciones fácticas que se pretenden puesto que en la redacción de hechos probados alternativa se pretende llevar a efecto una nueva valoración de la prueba otorgando una mayor credibilidad e importancia a las exposiciones que realiza, con interpretación de forma particular por la propia recurrente, lo que supone pretender que se modifique la valoración de la prueba del juez de instancia por la de la parte y que sea la misma acogida por la Sala; solicitud que excede los términos del recurso de suplicación.

De este modo, la documental referida no acredita en modo alguno existencia de error por parte del juzgador. En todo caso el juzgador llega a sus conclusiones tal y como obra de la fundamentación jurídica del análisis de todo el acervo probatorio, pudiendo quedar desvirtuadas las conclusiones de un documento por su propio contenido o por el resto del material probatorio, de forma que los hechos vengan acreditados por otras pruebas.

En este caso, la juzgadora de instancia ha realizado un examen de todas las pruebas practicadas, las cuales ha valorado conforme a las reglas de la sana crítica, tal y como establece en su fundamento de derecho primero y en el resto de su fundamentación.

No se determina más allá de conjeturas o de una interesada valoración de la prueba, la existencia de error de la juzgadora al determinar los hechos probados con el carácter de suficiente para resolver la cuestión litigiosa. No siendo factible pretender que sea más aceptable debido a la valoración de la parte u otros documentos que existen en autos, discrepando de la valoración de la prueba que lleva a efecto la juzgadora de instancia, pues ello como hemos expuesto supone sustraer la competencia al juzgador de instancia y transformar el recurso de suplicación en un recurso de apelación.

En definitiva, la Sala de lo Social tiene una cognitiolimitada de los hechos en el recurso de suplicación, y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada, debiéndose circunscribirse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, salvo que afecten al orden público procesal, apreciando que pese a que la recurrente articula formalmente el recurso de suplicación con redacción alternativa de hechos, por el contrario al articular el mismo viene a llevar a efecto una valoración alternativa de la prueba practicada pero sin acreditar en modo alguno error factico por parte del juzgador que se derive de documental o pericial alguna; pretendiendo sustituir la valoración imparcial del juzgador de instancia por la propia del recurrente, obviamente vinculada a su postura procesal.

De este modo no acreditándose por parte de la juzgadora error de forma excluyente, contundente e incuestionable, más allá de la discrepancia de la parte recurrente con el resultado de la sentencia, no procede acceder a la estimación del motivo de recurso ante la suficiencia de hechos probados y la valoración de la documental aportada con el resto de materiales de convicción, valoración conjunta de la prueba que lleva a efecto la juzgadora de instancia y se refleja en la fundamentación a todos los efectos.

En consecuencia, el motivo se desestima.

TERCERO.-Al examen del derecho sustantivo destina la representación del demandante el último motivo de su recurso, al objeto de propiciar de esta Sala un estudio de la infracción que señala. En concreto, denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 136 y 137 de L.G.S., considerando que las lesiones que padece la actora deben ser comprendidas en el ámbito de la incapacidad permanente total. o, subsidiariamente, parcial.

El escrito de impugnación se centra en la vinculación de los hechos probados y en la argumentación del magistrado de instancia.

La Sala ha de partir de una consideración general referida al grado de incapacidad permanente total consistente en que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 193.1 y 194.4 de la Ley General de la Seguridad Social, éste en la redacción dada por la disposición transitoria sexta de ese mismo Texto Legal, la incapacidad permanente total se define en atención de un lado a las mermas funcionales de carácter previsiblemente definitivo que ocasionan al interesado las lesiones o enfermedades que padece y, de otro, a los requerimientos de su oficio habitual. De ahí, que el simple diagnóstico de una patología o los hallazgos clínicos detectados a través de las pruebas diagnósticas no sea determinante a la hora de evaluar su aptitud laboral, siendo el factor decisivo a tal fin la sintomatología de carácter permanente con la que cursa, su evolución y la reacción al tratamiento instaurado y, por ende, las limitaciones permanentes que las manifestaciones clínicas provocan, en el entendimiento de que como expresa un viejo aforismo cuya vigencia ha reconocido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo "no hay enfermedades sino enfermos" y que la valoración de la incapacidad laboral aparece marcada por su carácter casuístico e individualizado.

A tenor del artículo 193.1 LGSS es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Jurisprudencia y doctrina coinciden en las notas características que definen el concepto legal de la invalidez permanente, a saber:

1) Alteración grave de la salud, lo que hace referencia a que las diversas enfermedades deben ser intelectualmente integradas y valorarse la totalidad de ellas en su conjunto, de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente, con independencia de la contingencia, común o profesional, que las haya originado; exige también la norma un tratamiento médico previo y el alta en dicho tratamiento, cuya no finalización impide, temporalmente, la valoración.

2) El carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales ("susceptibles de determinación objetiva"), lo que implica la exigencia de que se pueda fijar un diagnóstico médico, de forma indudable de acuerdo con los criterios comúnmente aceptados de la ciencia médica, y huyendo de las meras especulaciones subjetivas, o de las vaguedades, inconcreciones o descripciones carentes de base científica.

3) La condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones, esto es, incurables, irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de invalidez permanente, ya que, al no ser la Medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente empírica, resulta difícil la absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de probabilidad. Por eso, el precepto que se comenta añade que «no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo

4) La gravedad de las reducciones, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de "que disminuyan o anulen" su capacidad laboral en función de la profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule; constituyéndose éste en el requisito central de la incapacidad permanente, pues resulta intrascendente una lesión -por grave que sea- que no incide en la capacidad laboral. A su vez, como luego se verá, según que el grado de afectación de la capacidad laboral sea mayor o menor, estaremos ante uno u otro grado de la misma.

En ese sentido, procede primeramente resaltar que la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha venido elaborando cuáles son los contornos de la protección invalidante de nuestro Sistema de la Seguridad Social, y en su consecuencia, cómo debe de realizarse la valoración de las dolencias del trabajador que, siendo objetivables, sean tenidas previsiblemente como definitivas, tal y como finalmente queden judicialmente acreditadas, que son las que conforman las que tienen que ser, a esos efectos, tenidas en cuenta. Doctrina ésta, que hasta el momento, cabe que se pueda resumir en los siguientes términos:

a) Que debe de acomodarse la decisión que en cada supuesto se deba de adoptar, a un necesario proceso de individualización, en atención a cuáles sean las concretas particularidades del caso a enjuiciar.

b) Que, dado el carácter marcadamente profesional de nuestro Sistema de protección social en relación con la invalidez, lo que interesa valorar es, cual sea la capacidad laboral residual que, las secuelas que han sido tenidas como definitivas, permiten al afectado. Y ello, bien sea para la que haya venido siendo su profesión habitual hasta el momento de acaecer la incidencia presuntamente invalidante, o bien, en general, para cualquier otra actividad u oficio. De donde derivará una u otra calificación de las mismas, de acuerdo con los distintos tipos invalidantes que vienen legalmente previstos.

c) Que esa valoración de teórica capacidad laboral, tiene que verificarse teniendo en cuenta que, la prestación de un trabajo o actividad, debe ser realizado en condiciones normales de habitualidad, a los efectos de que, con un esfuerzo normal, se pueda obtener el rendimiento que sea razonablemente exigible; sin que por lo tanto, sea preciso para ello la adición, por parte del sujeto afectado, de un sobreesfuerzo que deba ser tenido como especial, y además, prestando ese trabajo concreto, o desarrollada la actividad, tanto con la necesaria profesionalidad, como conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia, que son legalmente exigibles, y consecuentemente, con desempeño de un modo continuo y de acuerdo con la jornada laboral que sea la ordinaria en el sector de actividad o en la empresa concreta.

d) Así como, finalmente, el desempeño de la teórica actividad, no debe de implicar un incremento del riesgo físico, propio o ajeno, de compañeros de trabajo o de terceros.

Debe tenerse en cuenta que las circunstancias fácticas concurrentes en cada caso y la necesidad de individualizar cada situación concreta ante un hipotético reconocimiento de incapacidad permanente (distintas enfermedades, diverso desarrollo de las enfermedades supuestamente similares, edad del presunto incapaz, profesión habitual de cada uno con sus distintos matices) hacen que difícilmente pueden darse supuestos con identidad sustancial, y en consecuencia, en materia de calificación de la invalidez permanente la invocación de precedentes jurisprudenciales resulta inefectiva, pues no alcanza el grado de doctrina vinculante en cuanto que cada realidad objetiva reclama también una precisa decisión.

Para valorar el grado de incapacidad más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representan en orden al desarrollo de la actividad laboral, debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos, sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario. Entendiendo por profesión habitual, no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional. Siendo las tareas que han de analizarse en relación con las secuelas, las definidas para la categoría profesional en el correspondiente convenio colectivo, no las que conforman un puesto de trabajo en determinada empresa, si son diferentes a aquéllas.

CUARTO.-Partiendo del marco legal y jurisprudencial descrito ut Supra,hemos de resaltar los siguientes hechos probados inalterados que, en lo que aquí interesa, se sintetizan en los siguientes:

1º. La profesión habitual de la actora, nacido en 1963, es la de farmacéutica. estando Afiliada al Régimen General.

2º. Incoado expediente administrativo de invalidez permanente bajo el número NUM002, con fecha 27 de octubre de 2023 se emitió informe de valoración médica (); el 8 de noviembre de 2023 se emite por el EVI dictamen propuesta de no calificación de la trabajadora como incapacitada permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral, reconociéndosele el siguiente cuadro clínico residual:

"Dolor de espalda en paciente con discopatía lumbar",y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes: "Marcha autónoma competente. Limitación flexión lumbar activa. Clínica radicular referida en MII sin signos de radiculopatía aguda en EMG-ENG recientes";

3º.- En el informe de síntesis de 27 de octubre de 2023 se expresaba lo siguiente:

*Conclusión: refiere clínica lumbociática de larga evolución en paciente diagnosticada mediante RMN de Abombamientos discales L4-L5 y L5-S1, tratada de forma privada con radiofrecuencia (enero/21; agosto/21 y mayo/22), fisioterapia privada, refería infiltraciones epidurales privadas y tratamiento en Unidad del Dolor del SPS bloqueo caudal con Ropivacaina y triamcinolona en oct/22 y bloqueo ecoguidado en mayo/23. Sigue refiriendo clínica radicular intensa en MMII sin embargo ni en EMG solicitado por esta UMINSS ni en el posterior realizado en SPS se objetivan signos de radiculopatía aguda y en PESS no se observan signos neurofisiológicos sugerentes de neuropatía del femorocutáneo lateral derecho. Por otra parte, en RMN de cadera no se objetivan alteraciones que justifiquen la clínica alegada. La clínica afectiva tampoco impresiona de moderada. La considero limitada para sobrecargas muy importantes y mantenidas del raquis.

4. TRATAMIENTO EFECTUADO, EVOLUCIÓN Y POSIBILIDADES TERAPEUTICAS Ttº Unidad del dolor, radiofrecuencia privada. Actualmente. LEXATIN 1.5MG; TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG, LYRICA 150MG TRAMADOL CLORHIDRATO 150MG, PARACETAMOL 1G, DESVENLAFAXINA 50MG,

5. CONCLUSIONES (Limitaciones orgánicas y/o funcionales) Marcha autónoma competente. Limitación flexión lumbar activa. Clínica radicular r

Partiendo del citado relato fáctico, vinculante para esta Sala en el extraordinario recurso de suplicación, a la hora de valorar la incidencia que tal déficit determina en la aptitud laboral de la Sra. Petra debe tenerse en cuenta que su profesión es la de farmacéutica, cuya principal tarea consiste en preparar o dirigir la preparación de medicamentos siguiendo las prescripciones médicas fórmulas establecidas, controlar recetas, amén de expedir medicamentos y fármacos. En el desempeño de su quehacer profesional la demandante debe atender al público que acude a la farmacia en demanda de medicamentos, pues ha de dispensárselos y resolver posibles dudas de los pacientes sobre su uso, posología y contraindicaciones. La limitación que presenta lo sería, a lo sumo, para tareas que exijan esfuerzos moderados, bipedestación o deambulación prolongada o sobrecarga lumbar moderada y teniendo en cuenta lo que expone la guía de valoración profesional confeccionada por el INSS, que recoge que la profesión de la demandante exige unos requerimientos de grado 2 de bipedestación estática y dinámica y de grado 1 para la carga física y la sobrecarga biomecánica de la columna - datos fácticos en fundamentación jurídica-.

Por tanto, la profesión habitual de farmacéutica no exige la bipedestación o deambulación prolongada para realizar las tareas fundamentales o la mayor parte de ellas (consistentes, en esencia, en almacenar, mantener, componer y dispensar medicamentos y aconsejar sobre el uso apropiado y los efectos adversos de las drogas o medicamentos, siguiendo las prescripciones de médicos u otros profesionales de la salud, amén de contribuir en la investigación probando, preparando, prescribiendo y monitorizando terapias médicas afín de optimizar la salud de las personas), pudiendo la demandante alternar las posturas en sedestación y en bipedestación y deambulación de manera que la bipedestación estática y dinámica no sea prolongada y no exigiendo tampoco sobrecargas moderadas de columna lumbar, por lo que la sala comparte las conclusiones alcanzadas por la magistrada de instancia, debiendo desestimar el motivo principal.

En cuanto a la incapacidad permanente parcial interesada también con carácter subsidiario no procede tampoco, ya que esa alternancia postural le posibilita la realización de las tareas propias de su profesión. Bien es cierto que cualquier defecto producto de un accidente o enfermedad, impide llegar a una actividad y realización del trabajo al 100 por 100 en condiciones óptimas, pero la norma quiere que exista una disminución del rendimiento en más del 33%. Resulta innegable la dificultad concurrente para concluir si las secuelas constatadas provocan en la trabajadora una disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal para su profesión habitual.

Por estas razones, tanto la petición principal como la subsidiaria han de ser rechazadas.

QUINTO.-En materia de costas, de conformidad con lo prevenido en el art. 235.1, no procede efectuar condena alguna, dada la condición de beneficiario del sistema de Seguridad Social del recurrente y su inclusión como titular del derecho de asistencia jurídica gratuita - art. 2d) de la ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita-.

De conformidad con los arts. 229 y 230 de la LRJS, no procede efectuar pronunciamiento en materia de consignaciones y depósitos, dada la exención del recurrente de formalizar unas y otro.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO.-La Sentencia nº 194/2025, de 19 de mayo de 2025, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Huelva en el procedimiento de Seguridad Social nº 438/2024, desestima la demanda formulada por DOÑA Petra contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a estos últimos de las pretensiones ejercitadas en su contra.

Frente a dicha resolución, se alza en Suplicación la representación procesal del demandante invocando dos motivos de recurso al amparo del art. 193 apartados B) y C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-Se formaliza un primer motivo de recurso por el cauce procedimental descrito, manifestando la parte recurrente su discrepancia con el relato fáctico.

Así resulta de la aplicación al supuesto que nos ocupa de la reiterada doctrina jurisprudencial en materia de revisión de hechos probados, contenida, entre otras, en la STS/4ª de 15 de marzo de 2023 (recurso 212/2022), considerando como requisitos al efecto los siguientes:

"La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental".

Partiendo de tales premisas, pretende la parte recurrente, en primer término, modificar el Hecho Probado segundo, proponiendo la siguiente redacción añadida:

"(..) Tras realización de nuevas pruebas médicas y estudios complementarios a la actora, en fecha 18/03/2024, se emitió, a su solicitud, informe pericial médico relativo a la valoración de su capacidad física para el trabajo, elaborado por el Dr. Fabio, en el que, tras su exploración y visto el resultado de tales informes, se objetiva que la actora padece las siguientes patologías:

1. Insuficiencia venosa bilateral con síndrome varicoso leve en ambas extremidades inferiores.

2. Oclusión de ambas arterias tibiales posteriores.

3. Artrosis postraumática en tobillo derecho.

4. Espondilodiscoartrosis lumbar con inestabilidad segmentaria, ocasionando estenosis de canal neural y radiculopatía S1 bilateral crónica con afectación leve de raíz motora y moderada de raíz sensitiva."

Asimismo, pretende eliminar la actual redacción del hecho tercero y sustituirla por la siguiente:

"La demandante padece las patologías y dolencias que se consignan en el informe pericial médico de fecha 18/03/2024, folios 50 a 81 de los autos, existiendo base anatómica patológica objetiva que justifica plenamente el cuadro clínico que sufre la actora, que se considera de curso crónico y no susceptible de curación mediante tratamiento alguno. Desde el punto de vista médico legal, se estima que la paciente carece del mínimo de capacidad física exigible para cumplir los requerimientos físicos indicados por el INSS en su guía de valoración profesional para la profesión de farmacéuticos ".

Para ello se basa en: " Se justifica tal revisión, adición del HECHO SEGUNDO, por lo que se refiere a la prueba documental, en los documentos del ramo de prueba de esta parte, folios números 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80 y 81 de los Autos, Los documentos 74 a 76, incorporados en el Anexo I del informe Pericial practicado a la actora por el Dr. Fabio, consisten en informes de Sociedad Andaluza de Tratamiento Integral del Dolor, que acreditan su seguimiento continuo, determinando el de fecha 04/03/2024 (F. 74), "Sin mejoría con RF (risolisis de radiofrecuencia) pulsada de raíces L4-L5-S1" persistiendo dolor en tobillo izquierdo y gonalgia derecha que se incrementan a la bipedestación. Los documentos 77 a 81 de los autos, incorporados en el Anexo II del informe pericial antes mencionado, consisten en informes de estudios complementarios practicados a la actora en fecha 26/12/2023 (F.77); 29/12/2023 (F.77 Vto.); 26/01/2024 (F 78 Vto.); 09/02/2024 (F. 80 Vto.) y 26/12/2023 (F.81)".

Partiendo de tales premisas no procede acceder a las modificaciones fácticas que se pretenden puesto que en la redacción de hechos probados alternativa se pretende llevar a efecto una nueva valoración de la prueba otorgando una mayor credibilidad e importancia a las exposiciones que realiza, con interpretación de forma particular por la propia recurrente, lo que supone pretender que se modifique la valoración de la prueba del juez de instancia por la de la parte y que sea la misma acogida por la Sala; solicitud que excede los términos del recurso de suplicación.

De este modo, la documental referida no acredita en modo alguno existencia de error por parte del juzgador. En todo caso el juzgador llega a sus conclusiones tal y como obra de la fundamentación jurídica del análisis de todo el acervo probatorio, pudiendo quedar desvirtuadas las conclusiones de un documento por su propio contenido o por el resto del material probatorio, de forma que los hechos vengan acreditados por otras pruebas.

En este caso, la juzgadora de instancia ha realizado un examen de todas las pruebas practicadas, las cuales ha valorado conforme a las reglas de la sana crítica, tal y como establece en su fundamento de derecho primero y en el resto de su fundamentación.

No se determina más allá de conjeturas o de una interesada valoración de la prueba, la existencia de error de la juzgadora al determinar los hechos probados con el carácter de suficiente para resolver la cuestión litigiosa. No siendo factible pretender que sea más aceptable debido a la valoración de la parte u otros documentos que existen en autos, discrepando de la valoración de la prueba que lleva a efecto la juzgadora de instancia, pues ello como hemos expuesto supone sustraer la competencia al juzgador de instancia y transformar el recurso de suplicación en un recurso de apelación.

En definitiva, la Sala de lo Social tiene una cognitiolimitada de los hechos en el recurso de suplicación, y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada, debiéndose circunscribirse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, salvo que afecten al orden público procesal, apreciando que pese a que la recurrente articula formalmente el recurso de suplicación con redacción alternativa de hechos, por el contrario al articular el mismo viene a llevar a efecto una valoración alternativa de la prueba practicada pero sin acreditar en modo alguno error factico por parte del juzgador que se derive de documental o pericial alguna; pretendiendo sustituir la valoración imparcial del juzgador de instancia por la propia del recurrente, obviamente vinculada a su postura procesal.

De este modo no acreditándose por parte de la juzgadora error de forma excluyente, contundente e incuestionable, más allá de la discrepancia de la parte recurrente con el resultado de la sentencia, no procede acceder a la estimación del motivo de recurso ante la suficiencia de hechos probados y la valoración de la documental aportada con el resto de materiales de convicción, valoración conjunta de la prueba que lleva a efecto la juzgadora de instancia y se refleja en la fundamentación a todos los efectos.

En consecuencia, el motivo se desestima.

TERCERO.-Al examen del derecho sustantivo destina la representación del demandante el último motivo de su recurso, al objeto de propiciar de esta Sala un estudio de la infracción que señala. En concreto, denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 136 y 137 de L.G.S., considerando que las lesiones que padece la actora deben ser comprendidas en el ámbito de la incapacidad permanente total. o, subsidiariamente, parcial.

El escrito de impugnación se centra en la vinculación de los hechos probados y en la argumentación del magistrado de instancia.

La Sala ha de partir de una consideración general referida al grado de incapacidad permanente total consistente en que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 193.1 y 194.4 de la Ley General de la Seguridad Social, éste en la redacción dada por la disposición transitoria sexta de ese mismo Texto Legal, la incapacidad permanente total se define en atención de un lado a las mermas funcionales de carácter previsiblemente definitivo que ocasionan al interesado las lesiones o enfermedades que padece y, de otro, a los requerimientos de su oficio habitual. De ahí, que el simple diagnóstico de una patología o los hallazgos clínicos detectados a través de las pruebas diagnósticas no sea determinante a la hora de evaluar su aptitud laboral, siendo el factor decisivo a tal fin la sintomatología de carácter permanente con la que cursa, su evolución y la reacción al tratamiento instaurado y, por ende, las limitaciones permanentes que las manifestaciones clínicas provocan, en el entendimiento de que como expresa un viejo aforismo cuya vigencia ha reconocido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo "no hay enfermedades sino enfermos" y que la valoración de la incapacidad laboral aparece marcada por su carácter casuístico e individualizado.

A tenor del artículo 193.1 LGSS es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Jurisprudencia y doctrina coinciden en las notas características que definen el concepto legal de la invalidez permanente, a saber:

1) Alteración grave de la salud, lo que hace referencia a que las diversas enfermedades deben ser intelectualmente integradas y valorarse la totalidad de ellas en su conjunto, de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente, con independencia de la contingencia, común o profesional, que las haya originado; exige también la norma un tratamiento médico previo y el alta en dicho tratamiento, cuya no finalización impide, temporalmente, la valoración.

2) El carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales ("susceptibles de determinación objetiva"), lo que implica la exigencia de que se pueda fijar un diagnóstico médico, de forma indudable de acuerdo con los criterios comúnmente aceptados de la ciencia médica, y huyendo de las meras especulaciones subjetivas, o de las vaguedades, inconcreciones o descripciones carentes de base científica.

3) La condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones, esto es, incurables, irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de invalidez permanente, ya que, al no ser la Medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente empírica, resulta difícil la absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de probabilidad. Por eso, el precepto que se comenta añade que «no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo

4) La gravedad de las reducciones, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de "que disminuyan o anulen" su capacidad laboral en función de la profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule; constituyéndose éste en el requisito central de la incapacidad permanente, pues resulta intrascendente una lesión -por grave que sea- que no incide en la capacidad laboral. A su vez, como luego se verá, según que el grado de afectación de la capacidad laboral sea mayor o menor, estaremos ante uno u otro grado de la misma.

En ese sentido, procede primeramente resaltar que la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha venido elaborando cuáles son los contornos de la protección invalidante de nuestro Sistema de la Seguridad Social, y en su consecuencia, cómo debe de realizarse la valoración de las dolencias del trabajador que, siendo objetivables, sean tenidas previsiblemente como definitivas, tal y como finalmente queden judicialmente acreditadas, que son las que conforman las que tienen que ser, a esos efectos, tenidas en cuenta. Doctrina ésta, que hasta el momento, cabe que se pueda resumir en los siguientes términos:

a) Que debe de acomodarse la decisión que en cada supuesto se deba de adoptar, a un necesario proceso de individualización, en atención a cuáles sean las concretas particularidades del caso a enjuiciar.

b) Que, dado el carácter marcadamente profesional de nuestro Sistema de protección social en relación con la invalidez, lo que interesa valorar es, cual sea la capacidad laboral residual que, las secuelas que han sido tenidas como definitivas, permiten al afectado. Y ello, bien sea para la que haya venido siendo su profesión habitual hasta el momento de acaecer la incidencia presuntamente invalidante, o bien, en general, para cualquier otra actividad u oficio. De donde derivará una u otra calificación de las mismas, de acuerdo con los distintos tipos invalidantes que vienen legalmente previstos.

c) Que esa valoración de teórica capacidad laboral, tiene que verificarse teniendo en cuenta que, la prestación de un trabajo o actividad, debe ser realizado en condiciones normales de habitualidad, a los efectos de que, con un esfuerzo normal, se pueda obtener el rendimiento que sea razonablemente exigible; sin que por lo tanto, sea preciso para ello la adición, por parte del sujeto afectado, de un sobreesfuerzo que deba ser tenido como especial, y además, prestando ese trabajo concreto, o desarrollada la actividad, tanto con la necesaria profesionalidad, como conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia, que son legalmente exigibles, y consecuentemente, con desempeño de un modo continuo y de acuerdo con la jornada laboral que sea la ordinaria en el sector de actividad o en la empresa concreta.

d) Así como, finalmente, el desempeño de la teórica actividad, no debe de implicar un incremento del riesgo físico, propio o ajeno, de compañeros de trabajo o de terceros.

Debe tenerse en cuenta que las circunstancias fácticas concurrentes en cada caso y la necesidad de individualizar cada situación concreta ante un hipotético reconocimiento de incapacidad permanente (distintas enfermedades, diverso desarrollo de las enfermedades supuestamente similares, edad del presunto incapaz, profesión habitual de cada uno con sus distintos matices) hacen que difícilmente pueden darse supuestos con identidad sustancial, y en consecuencia, en materia de calificación de la invalidez permanente la invocación de precedentes jurisprudenciales resulta inefectiva, pues no alcanza el grado de doctrina vinculante en cuanto que cada realidad objetiva reclama también una precisa decisión.

Para valorar el grado de incapacidad más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representan en orden al desarrollo de la actividad laboral, debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos, sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario. Entendiendo por profesión habitual, no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional. Siendo las tareas que han de analizarse en relación con las secuelas, las definidas para la categoría profesional en el correspondiente convenio colectivo, no las que conforman un puesto de trabajo en determinada empresa, si son diferentes a aquéllas.

CUARTO.-Partiendo del marco legal y jurisprudencial descrito ut Supra,hemos de resaltar los siguientes hechos probados inalterados que, en lo que aquí interesa, se sintetizan en los siguientes:

1º. La profesión habitual de la actora, nacido en 1963, es la de farmacéutica. estando Afiliada al Régimen General.

2º. Incoado expediente administrativo de invalidez permanente bajo el número NUM002, con fecha 27 de octubre de 2023 se emitió informe de valoración médica (); el 8 de noviembre de 2023 se emite por el EVI dictamen propuesta de no calificación de la trabajadora como incapacitada permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral, reconociéndosele el siguiente cuadro clínico residual:

"Dolor de espalda en paciente con discopatía lumbar",y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes: "Marcha autónoma competente. Limitación flexión lumbar activa. Clínica radicular referida en MII sin signos de radiculopatía aguda en EMG-ENG recientes";

3º.- En el informe de síntesis de 27 de octubre de 2023 se expresaba lo siguiente:

*Conclusión: refiere clínica lumbociática de larga evolución en paciente diagnosticada mediante RMN de Abombamientos discales L4-L5 y L5-S1, tratada de forma privada con radiofrecuencia (enero/21; agosto/21 y mayo/22), fisioterapia privada, refería infiltraciones epidurales privadas y tratamiento en Unidad del Dolor del SPS bloqueo caudal con Ropivacaina y triamcinolona en oct/22 y bloqueo ecoguidado en mayo/23. Sigue refiriendo clínica radicular intensa en MMII sin embargo ni en EMG solicitado por esta UMINSS ni en el posterior realizado en SPS se objetivan signos de radiculopatía aguda y en PESS no se observan signos neurofisiológicos sugerentes de neuropatía del femorocutáneo lateral derecho. Por otra parte, en RMN de cadera no se objetivan alteraciones que justifiquen la clínica alegada. La clínica afectiva tampoco impresiona de moderada. La considero limitada para sobrecargas muy importantes y mantenidas del raquis.

4. TRATAMIENTO EFECTUADO, EVOLUCIÓN Y POSIBILIDADES TERAPEUTICAS Ttº Unidad del dolor, radiofrecuencia privada. Actualmente. LEXATIN 1.5MG; TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG, LYRICA 150MG TRAMADOL CLORHIDRATO 150MG, PARACETAMOL 1G, DESVENLAFAXINA 50MG,

5. CONCLUSIONES (Limitaciones orgánicas y/o funcionales) Marcha autónoma competente. Limitación flexión lumbar activa. Clínica radicular r

Partiendo del citado relato fáctico, vinculante para esta Sala en el extraordinario recurso de suplicación, a la hora de valorar la incidencia que tal déficit determina en la aptitud laboral de la Sra. Petra debe tenerse en cuenta que su profesión es la de farmacéutica, cuya principal tarea consiste en preparar o dirigir la preparación de medicamentos siguiendo las prescripciones médicas fórmulas establecidas, controlar recetas, amén de expedir medicamentos y fármacos. En el desempeño de su quehacer profesional la demandante debe atender al público que acude a la farmacia en demanda de medicamentos, pues ha de dispensárselos y resolver posibles dudas de los pacientes sobre su uso, posología y contraindicaciones. La limitación que presenta lo sería, a lo sumo, para tareas que exijan esfuerzos moderados, bipedestación o deambulación prolongada o sobrecarga lumbar moderada y teniendo en cuenta lo que expone la guía de valoración profesional confeccionada por el INSS, que recoge que la profesión de la demandante exige unos requerimientos de grado 2 de bipedestación estática y dinámica y de grado 1 para la carga física y la sobrecarga biomecánica de la columna - datos fácticos en fundamentación jurídica-.

Por tanto, la profesión habitual de farmacéutica no exige la bipedestación o deambulación prolongada para realizar las tareas fundamentales o la mayor parte de ellas (consistentes, en esencia, en almacenar, mantener, componer y dispensar medicamentos y aconsejar sobre el uso apropiado y los efectos adversos de las drogas o medicamentos, siguiendo las prescripciones de médicos u otros profesionales de la salud, amén de contribuir en la investigación probando, preparando, prescribiendo y monitorizando terapias médicas afín de optimizar la salud de las personas), pudiendo la demandante alternar las posturas en sedestación y en bipedestación y deambulación de manera que la bipedestación estática y dinámica no sea prolongada y no exigiendo tampoco sobrecargas moderadas de columna lumbar, por lo que la sala comparte las conclusiones alcanzadas por la magistrada de instancia, debiendo desestimar el motivo principal.

En cuanto a la incapacidad permanente parcial interesada también con carácter subsidiario no procede tampoco, ya que esa alternancia postural le posibilita la realización de las tareas propias de su profesión. Bien es cierto que cualquier defecto producto de un accidente o enfermedad, impide llegar a una actividad y realización del trabajo al 100 por 100 en condiciones óptimas, pero la norma quiere que exista una disminución del rendimiento en más del 33%. Resulta innegable la dificultad concurrente para concluir si las secuelas constatadas provocan en la trabajadora una disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal para su profesión habitual.

Por estas razones, tanto la petición principal como la subsidiaria han de ser rechazadas.

QUINTO.-En materia de costas, de conformidad con lo prevenido en el art. 235.1, no procede efectuar condena alguna, dada la condición de beneficiario del sistema de Seguridad Social del recurrente y su inclusión como titular del derecho de asistencia jurídica gratuita - art. 2d) de la ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita-.

De conformidad con los arts. 229 y 230 de la LRJS, no procede efectuar pronunciamiento en materia de consignaciones y depósitos, dada la exención del recurrente de formalizar unas y otro.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO.-La Sentencia nº 194/2025, de 19 de mayo de 2025, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Huelva en el procedimiento de Seguridad Social nº 438/2024, desestima la demanda formulada por DOÑA Petra contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo a estos últimos de las pretensiones ejercitadas en su contra.

Frente a dicha resolución, se alza en Suplicación la representación procesal del demandante invocando dos motivos de recurso al amparo del art. 193 apartados B) y C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-Se formaliza un primer motivo de recurso por el cauce procedimental descrito, manifestando la parte recurrente su discrepancia con el relato fáctico.

Así resulta de la aplicación al supuesto que nos ocupa de la reiterada doctrina jurisprudencial en materia de revisión de hechos probados, contenida, entre otras, en la STS/4ª de 15 de marzo de 2023 (recurso 212/2022), considerando como requisitos al efecto los siguientes:

"La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental".

Partiendo de tales premisas, pretende la parte recurrente, en primer término, modificar el Hecho Probado segundo, proponiendo la siguiente redacción añadida:

"(..) Tras realización de nuevas pruebas médicas y estudios complementarios a la actora, en fecha 18/03/2024, se emitió, a su solicitud, informe pericial médico relativo a la valoración de su capacidad física para el trabajo, elaborado por el Dr. Fabio, en el que, tras su exploración y visto el resultado de tales informes, se objetiva que la actora padece las siguientes patologías:

1. Insuficiencia venosa bilateral con síndrome varicoso leve en ambas extremidades inferiores.

2. Oclusión de ambas arterias tibiales posteriores.

3. Artrosis postraumática en tobillo derecho.

4. Espondilodiscoartrosis lumbar con inestabilidad segmentaria, ocasionando estenosis de canal neural y radiculopatía S1 bilateral crónica con afectación leve de raíz motora y moderada de raíz sensitiva."

Asimismo, pretende eliminar la actual redacción del hecho tercero y sustituirla por la siguiente:

"La demandante padece las patologías y dolencias que se consignan en el informe pericial médico de fecha 18/03/2024, folios 50 a 81 de los autos, existiendo base anatómica patológica objetiva que justifica plenamente el cuadro clínico que sufre la actora, que se considera de curso crónico y no susceptible de curación mediante tratamiento alguno. Desde el punto de vista médico legal, se estima que la paciente carece del mínimo de capacidad física exigible para cumplir los requerimientos físicos indicados por el INSS en su guía de valoración profesional para la profesión de farmacéuticos ".

Para ello se basa en: " Se justifica tal revisión, adición del HECHO SEGUNDO, por lo que se refiere a la prueba documental, en los documentos del ramo de prueba de esta parte, folios números 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80 y 81 de los Autos, Los documentos 74 a 76, incorporados en el Anexo I del informe Pericial practicado a la actora por el Dr. Fabio, consisten en informes de Sociedad Andaluza de Tratamiento Integral del Dolor, que acreditan su seguimiento continuo, determinando el de fecha 04/03/2024 (F. 74), "Sin mejoría con RF (risolisis de radiofrecuencia) pulsada de raíces L4-L5-S1" persistiendo dolor en tobillo izquierdo y gonalgia derecha que se incrementan a la bipedestación. Los documentos 77 a 81 de los autos, incorporados en el Anexo II del informe pericial antes mencionado, consisten en informes de estudios complementarios practicados a la actora en fecha 26/12/2023 (F.77); 29/12/2023 (F.77 Vto.); 26/01/2024 (F 78 Vto.); 09/02/2024 (F. 80 Vto.) y 26/12/2023 (F.81)".

Partiendo de tales premisas no procede acceder a las modificaciones fácticas que se pretenden puesto que en la redacción de hechos probados alternativa se pretende llevar a efecto una nueva valoración de la prueba otorgando una mayor credibilidad e importancia a las exposiciones que realiza, con interpretación de forma particular por la propia recurrente, lo que supone pretender que se modifique la valoración de la prueba del juez de instancia por la de la parte y que sea la misma acogida por la Sala; solicitud que excede los términos del recurso de suplicación.

De este modo, la documental referida no acredita en modo alguno existencia de error por parte del juzgador. En todo caso el juzgador llega a sus conclusiones tal y como obra de la fundamentación jurídica del análisis de todo el acervo probatorio, pudiendo quedar desvirtuadas las conclusiones de un documento por su propio contenido o por el resto del material probatorio, de forma que los hechos vengan acreditados por otras pruebas.

En este caso, la juzgadora de instancia ha realizado un examen de todas las pruebas practicadas, las cuales ha valorado conforme a las reglas de la sana crítica, tal y como establece en su fundamento de derecho primero y en el resto de su fundamentación.

No se determina más allá de conjeturas o de una interesada valoración de la prueba, la existencia de error de la juzgadora al determinar los hechos probados con el carácter de suficiente para resolver la cuestión litigiosa. No siendo factible pretender que sea más aceptable debido a la valoración de la parte u otros documentos que existen en autos, discrepando de la valoración de la prueba que lleva a efecto la juzgadora de instancia, pues ello como hemos expuesto supone sustraer la competencia al juzgador de instancia y transformar el recurso de suplicación en un recurso de apelación.

En definitiva, la Sala de lo Social tiene una cognitiolimitada de los hechos en el recurso de suplicación, y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada, debiéndose circunscribirse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, salvo que afecten al orden público procesal, apreciando que pese a que la recurrente articula formalmente el recurso de suplicación con redacción alternativa de hechos, por el contrario al articular el mismo viene a llevar a efecto una valoración alternativa de la prueba practicada pero sin acreditar en modo alguno error factico por parte del juzgador que se derive de documental o pericial alguna; pretendiendo sustituir la valoración imparcial del juzgador de instancia por la propia del recurrente, obviamente vinculada a su postura procesal.

De este modo no acreditándose por parte de la juzgadora error de forma excluyente, contundente e incuestionable, más allá de la discrepancia de la parte recurrente con el resultado de la sentencia, no procede acceder a la estimación del motivo de recurso ante la suficiencia de hechos probados y la valoración de la documental aportada con el resto de materiales de convicción, valoración conjunta de la prueba que lleva a efecto la juzgadora de instancia y se refleja en la fundamentación a todos los efectos.

En consecuencia, el motivo se desestima.

TERCERO.-Al examen del derecho sustantivo destina la representación del demandante el último motivo de su recurso, al objeto de propiciar de esta Sala un estudio de la infracción que señala. En concreto, denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 136 y 137 de L.G.S., considerando que las lesiones que padece la actora deben ser comprendidas en el ámbito de la incapacidad permanente total. o, subsidiariamente, parcial.

El escrito de impugnación se centra en la vinculación de los hechos probados y en la argumentación del magistrado de instancia.

La Sala ha de partir de una consideración general referida al grado de incapacidad permanente total consistente en que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 193.1 y 194.4 de la Ley General de la Seguridad Social, éste en la redacción dada por la disposición transitoria sexta de ese mismo Texto Legal, la incapacidad permanente total se define en atención de un lado a las mermas funcionales de carácter previsiblemente definitivo que ocasionan al interesado las lesiones o enfermedades que padece y, de otro, a los requerimientos de su oficio habitual. De ahí, que el simple diagnóstico de una patología o los hallazgos clínicos detectados a través de las pruebas diagnósticas no sea determinante a la hora de evaluar su aptitud laboral, siendo el factor decisivo a tal fin la sintomatología de carácter permanente con la que cursa, su evolución y la reacción al tratamiento instaurado y, por ende, las limitaciones permanentes que las manifestaciones clínicas provocan, en el entendimiento de que como expresa un viejo aforismo cuya vigencia ha reconocido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo "no hay enfermedades sino enfermos" y que la valoración de la incapacidad laboral aparece marcada por su carácter casuístico e individualizado.

A tenor del artículo 193.1 LGSS es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Jurisprudencia y doctrina coinciden en las notas características que definen el concepto legal de la invalidez permanente, a saber:

1) Alteración grave de la salud, lo que hace referencia a que las diversas enfermedades deben ser intelectualmente integradas y valorarse la totalidad de ellas en su conjunto, de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente, con independencia de la contingencia, común o profesional, que las haya originado; exige también la norma un tratamiento médico previo y el alta en dicho tratamiento, cuya no finalización impide, temporalmente, la valoración.

2) El carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales ("susceptibles de determinación objetiva"), lo que implica la exigencia de que se pueda fijar un diagnóstico médico, de forma indudable de acuerdo con los criterios comúnmente aceptados de la ciencia médica, y huyendo de las meras especulaciones subjetivas, o de las vaguedades, inconcreciones o descripciones carentes de base científica.

3) La condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones, esto es, incurables, irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de invalidez permanente, ya que, al no ser la Medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente empírica, resulta difícil la absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de probabilidad. Por eso, el precepto que se comenta añade que «no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo

4) La gravedad de las reducciones, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de "que disminuyan o anulen" su capacidad laboral en función de la profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule; constituyéndose éste en el requisito central de la incapacidad permanente, pues resulta intrascendente una lesión -por grave que sea- que no incide en la capacidad laboral. A su vez, como luego se verá, según que el grado de afectación de la capacidad laboral sea mayor o menor, estaremos ante uno u otro grado de la misma.

En ese sentido, procede primeramente resaltar que la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha venido elaborando cuáles son los contornos de la protección invalidante de nuestro Sistema de la Seguridad Social, y en su consecuencia, cómo debe de realizarse la valoración de las dolencias del trabajador que, siendo objetivables, sean tenidas previsiblemente como definitivas, tal y como finalmente queden judicialmente acreditadas, que son las que conforman las que tienen que ser, a esos efectos, tenidas en cuenta. Doctrina ésta, que hasta el momento, cabe que se pueda resumir en los siguientes términos:

a) Que debe de acomodarse la decisión que en cada supuesto se deba de adoptar, a un necesario proceso de individualización, en atención a cuáles sean las concretas particularidades del caso a enjuiciar.

b) Que, dado el carácter marcadamente profesional de nuestro Sistema de protección social en relación con la invalidez, lo que interesa valorar es, cual sea la capacidad laboral residual que, las secuelas que han sido tenidas como definitivas, permiten al afectado. Y ello, bien sea para la que haya venido siendo su profesión habitual hasta el momento de acaecer la incidencia presuntamente invalidante, o bien, en general, para cualquier otra actividad u oficio. De donde derivará una u otra calificación de las mismas, de acuerdo con los distintos tipos invalidantes que vienen legalmente previstos.

c) Que esa valoración de teórica capacidad laboral, tiene que verificarse teniendo en cuenta que, la prestación de un trabajo o actividad, debe ser realizado en condiciones normales de habitualidad, a los efectos de que, con un esfuerzo normal, se pueda obtener el rendimiento que sea razonablemente exigible; sin que por lo tanto, sea preciso para ello la adición, por parte del sujeto afectado, de un sobreesfuerzo que deba ser tenido como especial, y además, prestando ese trabajo concreto, o desarrollada la actividad, tanto con la necesaria profesionalidad, como conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia, que son legalmente exigibles, y consecuentemente, con desempeño de un modo continuo y de acuerdo con la jornada laboral que sea la ordinaria en el sector de actividad o en la empresa concreta.

d) Así como, finalmente, el desempeño de la teórica actividad, no debe de implicar un incremento del riesgo físico, propio o ajeno, de compañeros de trabajo o de terceros.

Debe tenerse en cuenta que las circunstancias fácticas concurrentes en cada caso y la necesidad de individualizar cada situación concreta ante un hipotético reconocimiento de incapacidad permanente (distintas enfermedades, diverso desarrollo de las enfermedades supuestamente similares, edad del presunto incapaz, profesión habitual de cada uno con sus distintos matices) hacen que difícilmente pueden darse supuestos con identidad sustancial, y en consecuencia, en materia de calificación de la invalidez permanente la invocación de precedentes jurisprudenciales resulta inefectiva, pues no alcanza el grado de doctrina vinculante en cuanto que cada realidad objetiva reclama también una precisa decisión.

Para valorar el grado de incapacidad más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representan en orden al desarrollo de la actividad laboral, debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos, sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario. Entendiendo por profesión habitual, no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional. Siendo las tareas que han de analizarse en relación con las secuelas, las definidas para la categoría profesional en el correspondiente convenio colectivo, no las que conforman un puesto de trabajo en determinada empresa, si son diferentes a aquéllas.

CUARTO.-Partiendo del marco legal y jurisprudencial descrito ut Supra,hemos de resaltar los siguientes hechos probados inalterados que, en lo que aquí interesa, se sintetizan en los siguientes:

1º. La profesión habitual de la actora, nacido en 1963, es la de farmacéutica. estando Afiliada al Régimen General.

2º. Incoado expediente administrativo de invalidez permanente bajo el número NUM002, con fecha 27 de octubre de 2023 se emitió informe de valoración médica (); el 8 de noviembre de 2023 se emite por el EVI dictamen propuesta de no calificación de la trabajadora como incapacitada permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral, reconociéndosele el siguiente cuadro clínico residual:

"Dolor de espalda en paciente con discopatía lumbar",y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes: "Marcha autónoma competente. Limitación flexión lumbar activa. Clínica radicular referida en MII sin signos de radiculopatía aguda en EMG-ENG recientes";

3º.- En el informe de síntesis de 27 de octubre de 2023 se expresaba lo siguiente:

*Conclusión: refiere clínica lumbociática de larga evolución en paciente diagnosticada mediante RMN de Abombamientos discales L4-L5 y L5-S1, tratada de forma privada con radiofrecuencia (enero/21; agosto/21 y mayo/22), fisioterapia privada, refería infiltraciones epidurales privadas y tratamiento en Unidad del Dolor del SPS bloqueo caudal con Ropivacaina y triamcinolona en oct/22 y bloqueo ecoguidado en mayo/23. Sigue refiriendo clínica radicular intensa en MMII sin embargo ni en EMG solicitado por esta UMINSS ni en el posterior realizado en SPS se objetivan signos de radiculopatía aguda y en PESS no se observan signos neurofisiológicos sugerentes de neuropatía del femorocutáneo lateral derecho. Por otra parte, en RMN de cadera no se objetivan alteraciones que justifiquen la clínica alegada. La clínica afectiva tampoco impresiona de moderada. La considero limitada para sobrecargas muy importantes y mantenidas del raquis.

4. TRATAMIENTO EFECTUADO, EVOLUCIÓN Y POSIBILIDADES TERAPEUTICAS Ttº Unidad del dolor, radiofrecuencia privada. Actualmente. LEXATIN 1.5MG; TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG, LYRICA 150MG TRAMADOL CLORHIDRATO 150MG, PARACETAMOL 1G, DESVENLAFAXINA 50MG,

5. CONCLUSIONES (Limitaciones orgánicas y/o funcionales) Marcha autónoma competente. Limitación flexión lumbar activa. Clínica radicular r

Partiendo del citado relato fáctico, vinculante para esta Sala en el extraordinario recurso de suplicación, a la hora de valorar la incidencia que tal déficit determina en la aptitud laboral de la Sra. Petra debe tenerse en cuenta que su profesión es la de farmacéutica, cuya principal tarea consiste en preparar o dirigir la preparación de medicamentos siguiendo las prescripciones médicas fórmulas establecidas, controlar recetas, amén de expedir medicamentos y fármacos. En el desempeño de su quehacer profesional la demandante debe atender al público que acude a la farmacia en demanda de medicamentos, pues ha de dispensárselos y resolver posibles dudas de los pacientes sobre su uso, posología y contraindicaciones. La limitación que presenta lo sería, a lo sumo, para tareas que exijan esfuerzos moderados, bipedestación o deambulación prolongada o sobrecarga lumbar moderada y teniendo en cuenta lo que expone la guía de valoración profesional confeccionada por el INSS, que recoge que la profesión de la demandante exige unos requerimientos de grado 2 de bipedestación estática y dinámica y de grado 1 para la carga física y la sobrecarga biomecánica de la columna - datos fácticos en fundamentación jurídica-.

Por tanto, la profesión habitual de farmacéutica no exige la bipedestación o deambulación prolongada para realizar las tareas fundamentales o la mayor parte de ellas (consistentes, en esencia, en almacenar, mantener, componer y dispensar medicamentos y aconsejar sobre el uso apropiado y los efectos adversos de las drogas o medicamentos, siguiendo las prescripciones de médicos u otros profesionales de la salud, amén de contribuir en la investigación probando, preparando, prescribiendo y monitorizando terapias médicas afín de optimizar la salud de las personas), pudiendo la demandante alternar las posturas en sedestación y en bipedestación y deambulación de manera que la bipedestación estática y dinámica no sea prolongada y no exigiendo tampoco sobrecargas moderadas de columna lumbar, por lo que la sala comparte las conclusiones alcanzadas por la magistrada de instancia, debiendo desestimar el motivo principal.

En cuanto a la incapacidad permanente parcial interesada también con carácter subsidiario no procede tampoco, ya que esa alternancia postural le posibilita la realización de las tareas propias de su profesión. Bien es cierto que cualquier defecto producto de un accidente o enfermedad, impide llegar a una actividad y realización del trabajo al 100 por 100 en condiciones óptimas, pero la norma quiere que exista una disminución del rendimiento en más del 33%. Resulta innegable la dificultad concurrente para concluir si las secuelas constatadas provocan en la trabajadora una disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal para su profesión habitual.

Por estas razones, tanto la petición principal como la subsidiaria han de ser rechazadas.

QUINTO.-En materia de costas, de conformidad con lo prevenido en el art. 235.1, no procede efectuar condena alguna, dada la condición de beneficiario del sistema de Seguridad Social del recurrente y su inclusión como titular del derecho de asistencia jurídica gratuita - art. 2d) de la ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita-.

De conformidad con los arts. 229 y 230 de la LRJS, no procede efectuar pronunciamiento en materia de consignaciones y depósitos, dada la exención del recurrente de formalizar unas y otro.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación,