Sentencia Social 424/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 78/2024 de 12 de febrero del 2026

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en procedimiento de Seguridad Social ( incapacidad permanente) que desestimando la demanda sobre reconocimiento de derecho en materia de Seguridad Social relativa a incapacidad permanente interpuesta por Dª Luz contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MC MUTUAL y EMPRESAS DIRECCION000 y EXPLOTACIONES HOTELERAS SAN FRANCISCO, S.L., confirma las resoluciones impugnadas de 10/6/2021 y 30/8/2021, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas frente a ellas. Se alza en suplicación la parte actora que articula su recurso en base a un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica,al amparo respectivamente de los apartados b) y c) del art 193 LRJS. El recurso la sido impugnado por las partes demandadas MC MUTUAL y Dª. Amalia.

SEGUNDO.- La parte recurre con fundamento en el artículo 193.b) de la Ley de la Jurisdicción Social, interesa revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales practicadas.

I.-Se pretende la ADICION y MODIFICACION del Punto CUARTO de los Hechos Probados, se propone la siguiente redacción:

"CUARTO. - De la documental aportada por la actora en el acto de la vista se desprende que la demandante lleva en tratamiento por síndrome ansioso depresivo con Venlafaxina desde el año 2015 (documento 12), reactivándose y agudizándose a raíz de la situación clínica que le ha quedado como consecuencia de la lesión del tobillo derecho, la cual le está limitando mucho en su día a día y en la forma de presentarse a los problemas diarios, provocándole esto una sintomatología ansiosodepresiva.

El perito de la actora, concluye lo siguiente:

Las limitaciones orgánicas y funcionales que presenta no están del todo recogidas en este dictamen del EVI y es que la patología del tobillo le ha dejado un cuadro de dolor crónico en éste, con pérdida de movilidad e hinchazón que hace que esté limitado para actividades que requieran moverse, incluso para la sedestación, añadiéndose a esto que el dolor que presenta es muy llamativo y que precisa de tratamiento analgésico de forma crónica que no lo consigue controlar, estando este dolor relacionado por un lado por la propia fractura en sí, pero también su presencia está muy influida por la artrosis postraumática de tobillo que ha quedado como consecuencia de las fracturas articulares de tibia y peroné sufridas, provocando todo lo anterior que la enferma haya desarrollado un cuadro ansiosodepresivo que hace que tenga problemas a la hora de mantener la atención y la concentración, el apremio, la capacidad de iniciativa, el interés por lo que se está haciendo, etc., condicionando esto todas las actividades en las que se requiera un mínimo de responsabilidad y de interés por lo que se está haciendo.

En cuanto a las posibilidades terapéuticas nos encontramos con que a la enferma ya le han advertido que el fin de su lesión de tobillo, sobre todo la artrosis postraumática que allí presenta, es la realización de una artrodesis o fijación del tobillo, intentando con esto que disminuya o desaparezca el dolor allí presente pero a costa de perder toda la movilidad de este tobillo, siguiendo entre tanto con la medicación analgésica y la abstención de todos los esfuerzos con esa pierna derecha, mientras que para el síndrome ansiosodepresivo y dado que como hemos visto su presencia es reactiva a la patología del tobillo y como ésta no va a mejorar, tampoco lo va a hacer la sintomatología ansiosodepresiva, no queda otra cosa que seguir con el tratamiento con antidepresivos que viene haciendo.

PRIMERA. - Que Dª. Luz presenta según el dictamen propuesta del E.V.I. el siguiente cuadro clínico residual:

- Secuelas de fractura bimaleolar abierta de tobillo derecho,

Mientras que, según este perito, la patología que presenta es la siguiente:

- Secuelas de fractura bimaleolar abierta de tobillo derecho.

- Cistocele.

- Síndrome ansiosodepresivo.

SEGUNDA.- Que las limitaciones y sintomatología que presenta la enferma son las siguientes:

- Limitación para la bipedestación, sedestación y deambulación.

- Limitación para cargar peso, subir y bajar escaleras, andar por terrenos accidentados, etc.

- Dolor constante y diario en el tobillo que hará que cualquier actividad que implique mínimo esfuerzo se vea afectada.

- Cansancio y apatía diaria.

- Incapacidad para la concentración y atención, perdida de la capacidad de iniciativa, etc.

- Ánimo bajo, inapetencia por las cosas, desesperanza por el futuro, sentimientos de inutilidad, ansiedad por nuevos retos o enfrentamientos, insomnio pertinaz, etc. - Escaso interés por las actividades de la vida diaria, sensación de inutilidad, tristeza diaria, tendencia al llanto, ideas autolíticas habituales, desesperanza por el futuro, ansiedad en situaciones estresantes, etc.as que, según este perito, la patología que presenta la enferma es la siguiente:

TERCERA. - Que las posibilidades terapéuticas se reducen a las propias de estas patologías, con tendencia natural hacia el empeoramiento y con una respuesta mala al tratamiento.

CUARTA. - Que una vez comparadas las limitaciones que presenta con actividades laborales del tipo que sea, entendemos que Dª. Luz no pueda cumplir con ninguna tarea laboral por fácil que sea."

El art. 193, letra b) LRJS, señala que "El recurso de suplicación tendrá por objeto: Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas", para lo que el art. 196.3 impone que la redacción del escrito de interposición del recurso que solicite la revisión de los hechos probados debe hacerse "indicando la formulación alternativa que se pretende".

El proceso laboral es un procedimiento judicial de única instancia en el que la valoración de la prueba corresponde al órgano judicial ante el que se celebra el acto de juicio oral, por lo que los recursos que caben contra la sentencia de instancia, de suplicación o casación, son de carácter extraordinario. Solo pueden interponerse por motivos tasados, y con alcance muy limitado en lo que se refiere a la posible revisión del contenido de los hechos probados, que únicamente podrá modificarse con base a los específicos medios probatorios en cada caso admitidos, bajo el cumplimiento de los excepcionales e insoslayables requisitos que a tal efecto vienen impuestos en la normativa procesal.

Por adecuado trámite procesal y cita expresa en el apartado b) del artículo 193 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se solicita rectificación del contenido fáctico de la sentencia, proponiendo la modificación del hecho probado tercero para que recoja el contenido parcial de distintos informes médicos que obran y se identifican por la recurrente a lo que no ha de accederse, en primer lugar porque, no han de hacerse constar en los hechos probados de la sentencia el contenido de informes médicos o de otro tipo, sino el resultado de la valoración de toda la prueba de los que dichos informes forman parte, de otro lado como recuerdan, entre otras, las Sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 16 de junio o 28 de julio de 2015 "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa transcripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos"y que "si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia"( SSTS/IV 13- noviembre-2007 (RJ 2008, 999- rco 77/2006 , 14-mayo-2013 (RJ 2013, 6080)rco 285/2011 , 5-junio-2013 -rco 2/2012 , 18-junio-2013 (RJ 2013, 5738)-rco 99/2012 , 16-septiembre-2014(RJ 2014, 5213)-rco 251/2013 ).

Con lo que, pese a los extractos del Informe pericial de la actora que se consignan en el ordinal cuarto de la sentencia recurrida, lo cierto es que la misma hace una remisión al mismo en su integridad teniéndolo por reproducido con lo que esta Sala puede contar con el contenido completo del citado Informe, sin necesidad de recoger los extractos postulados por la recurrente. Por lo que el motivo fracasa.

II.- Se pretende la ADICION y MODIFICACION del Punto SEPTIMO de los Hechos Probados, que debe quedar:

"SÉPTIMO. - El detective privado contratado por la Mutua codemandada, cuyo informe se da por reproducido, manifiesta que durante los días en que se vigila a la demandante en el mes de julio de 2022 la misma se desplaza por extensos periodos de tiempo, sin mostrar signo alguno de dolencia y siendo capaz de cargar con diversos pesos mientras camina sin dificultad alguna; también se comprueba que conduce su vehículo con total normalidad.

Sin embargo, según dicho informe, el periodo de tiempo máximo en el que se desplazo fue de 1 hora y 44 minutos, sin verificar si padecía dolencia alguna, ni los pesos que soportaba, ni sus dificultades para caminar, pese a constatarse la utilización de muletas por la informada, conduciendo un vehículo por la localidad de residencia durante un breve periodo de tiempo."

Al igual que en el motivo anterior, el HP7º tiene por reproducido el informe del detective , reiterando el anterior argumento de que la Salapuede contar con el contenido completo del citado Informe, siendo que se trata además de documentos ya valorados por el Juzgador de Instancia, al que correspondía la valoración de la prueba , sin que se advierta error notorio.

III.- Se pretende la MODIFICACION y ADICION del Punto OCTAVO de los Hechos Probados, que debe quedar así:

"OCTAVO.- La demandante está contratada con jornada parcial de 15 horas semanales en horario variable de lunes a sábado según su contrato laboral; la trabajadora acudía siguiendo instrucciones de su empleadora a través de mensajería instantánea. Concretamente, en el Monasterio de San Francisco, donde se produce el accidente de trabajo, solía acudir a demanda de dicha empresa para reforzar a su propia plantilla de limpieza de forma habitual, acudiendo una media de 7 y 8 horas varios días a la semana, siendo la jornada de 8 horas el día del accidente. Además, acudía a realizar otros servicios fuera del Monasterio de San Francisco, siendo su jornada de trabajo real de 40 horas semanales.

Mediante Providencia de fecha 6 de septiembre de 2.023 se acordó requerir a la empresa demandada DIRECCION000 a fin de que para el acto del juicio aportara la documental interesada por la parte actora, consistente la aportación de los registros de jornada de entradas y salidas de la trabajadora demandante de los meses de junio y julio del año 2019. Dichos registros de jornada no fueron aportados" (documental de la actora, interrogatorio de legal representante de la empresa DIRECCION000 y testificales de Sr. Nicolas y Sra. Otilia).

No se accede a la revisión interesada, se trata de documentos ya valorados por el Juzgador de Instancia, al que correspondía la valoración de la prueba, sin que se advierta error notorio; pretende la parte sustituir la valoración de la prueba objetiva e imparcial del Juzgador a quo por la suya personal e interesada, además la revisión de hechos que se pretende se ha obtenido entre otras de la prueba testifical, que no es hábil a efectos revisorios .Sin perjuicio de tener por reproducido el contenido de la providencia de 6.09.2023 en lo relativo al requerimiento de aportación documental a la empresa codemandada de los registros de jornada de entradas y salidas de la trabajadora demandante de los meses de junio y julio del año 2019 y al margen de su valoración.

TERCERO.- En segundo lugar y dentro del apartado de la censura jurídica la recurrente al amparo del artículo 193.c) de la misma Ley de la Jurisdicción Social, denuncia:

I.- La APLICACIÓN INDEBIDA y VULNERACION de lo estipulado en el art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, y de los artículos 193 y ss., y la Disposición Transitoria Vigésima Sexta del RD Leg 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como la jurisprudencia que los interpreta.

Alega esencialmente la recurrente que muy al contrario de lo que se sostiene en la sentencia, se ha acreditado en el procedimiento que la jornada laboral de la trabajadora lo era a jornada completa, y en base a ella debe ser calculada la base reguladora de la prestación de incapacidad permanente, y dándose un caso de infracotización, peche con esa situación las empresas demandadas.

Por otro lado, señala que la carga de la prueba, basándonos en la obligación que otorga el ET a la empresa de realizar un registro diario de jornada, es de la empresa, al no haber aportado los registros de jornada al procedimiento, tal y como se acordó mediante providencia de fecha 6 de septiembre de 2.023,

No habiendo prosperado la revisión de los hechos probados relativos a la duración de la jornada, no puede considerarse que exista infracción alguna en relación a la normativa reguladora de la jornada laboral.

Concluye la magistrada de Instancia en el FD3º que "ni se ha acreditado una jornada completa en el Monasterio ni se ha demostrado que dicho refuerzo se sumara a una jornada fija de 15 horas semanales con un horario prefijado: habría momentos en que trabajara más y otros en que trabajara menos, lo que acredita el desempeño de horas complementarias o extraordinarias pero no una jornada completa constante.

En definitiva la sentencia declara una jornada trabajo a tiempo parcial de 15 horas semanales y una base reguladora de la prestación cálculada conforma al certificado de salarios emitido por la empresa DIRECCION000 y remitido por la Mutua al INSS, lo que a su vez es coherente con la documental consistente en contrato, nóminas, TC2 y certificado patronal de salarios.

Por otro lado y en cuanto a la carga de la prueba de la empresa respecto a los registros de jornadas de entradas y salidas de la trabajadora demandante, que alega la impugnante que no los pudo aportar esta parte por no encontrarlos, si bien no tenía obligación legal de conservarlos, al haber transcurrido el plazo legal de 4 años de conservación previsto en el artículo 10, apartado 2) del Real Decreto Ley 8/2018 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad en la jornada de trabajo, que modifica el artículo 34, añadiendo un nuevo apartado, el 9 al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. , en efecto en la fecha del requerimiento septiembre de 2023, habia transcurrido el plazo de los 4 años referido, pero con independencia de ello, la presunción de jornada completa se ha desvirtuado por la prueba practicada en contrario, en concreto documental, interrogatorio y testifical que valoradas en conjunto y con arreglo a la sana critica, llevan a la Juzgadora a no tener por acreditado la jornada a tiempo completo que se sostiene por la actora.

En atención a lo razonado procede la desestimación de este primer apartado del motivo de censura jurídica.

II.- Al amparo del artículo 193.c) de la Ley de la Jurisdicción Social, por APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 193 y ss., y la Disposición Transitoria Vigésima Sexta del RD Leg 8/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como la jurisprudencia que los interpreta.

Alega la recurrente en síntesis que es evidente, atendiendo a todo el conjunto probatorio, que la actora sufre limitación para todo tipo de tareas laborales. Las patologías que presenta le impiden desarrollar una profesión en condiciones de rentabilidad empresarial y, por consiguiente, con la necesaria continuidad, dedicación, rendimiento o eficacia y profesionalidad exigible a un trabajador fuera de todo heroísmo o espíritu de superación excepcional por su parte.

Según normativa, la incapacidad permanente, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado y se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado. La capacidad residual laboral, debe entenderse, conforme a reiterado criterio jurisprudencial, como la posibilidad real de poder desarrollar el trabajo en unas condiciones de habitualidad, con el rendimiento suficiente y esfuerzo normal, prestada la actividad con profesionalidad, continuidad, dedicación y eficacia exigibles, de modo continuo y durante toda una jornada laboral ordinaria, sin que implique un riesgo propio o ajeno.

Entiende que las patologías que aquejan la actora le impiden la realización de las actividades que ofrece el mercado de trabajo, estando aquejado de una incapacidad permanente absoluta, siendo nula su cotización en el mercado laboral, resultando abstracta y teórica la posibilidad de encontrar empleo y menos aun de desarrollarlo en condiciones físicas y anímicas adecuadas, teniendo además en cuenta la falta de preparación académica del mismo y su edad.

El artículo 193 LGSS de 2015, Ley 8/2015, de 30 de octubre define la incapacidad permanente como la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Y define en su art. 194,5 define la IPA de la siguiente forma: "Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio".

Partiendo de tal concepto, la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87). Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (SS. de 12/4/88, 20/3/89, 7/7/89, 4/12/89 o 22/9/89, entre otras), seguida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, la que sostiene que no habrá invalidez permanente absoluta en los casos en que puedan desempeñarse trabajos sedentarios o livianos, aunque sí la habrá cuando tales quehaceres livianos sólo se puedan realizar en un afán de superación y en condiciones de especial penosidad.

De otro lado en su art. 194.4, en la redacción dada por la Disposición Transitoria vigésimo sexta, hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el citado precepto, define la incapacidad permanente total para la profesión habitual, como " la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta".

Dado el carácter marcadamente profesional de nuestro Sistema de protección social en relación con la invalidez, lo que interesa valorar no son las dolencias o patologías en abstracto, sino cuál sea la capacidad laboral residual que tiene el trabajador, en relación con su trabajo habitual. Pudiendo en consecuencia, una misma patología, determinar el reconocimiento de una incapacidad permanente en un trabajador, y no en otro, con distinto trabajo.

CUARTO.- Ha de destacarse que inalterado el relato fáctico de los mismos, tal como se han redactado por el órgano de instancia, ha de partirse para resolver el motivo de recurso destinado a examinar el derecho que la sentencia aplica, dado el carácter extraordinario del recurso de Suplicación de contenido cuasi casacional, tal como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, ( Sentencias del Tribunal Constitucional 3/83, de 25 enero de 1983; 17/86 de 13 octubre de 1986; 274/1993, de 20 septiembre de 1993; 230/2000, de 2 de octubre de 2000; 237/2002 de 9 diciembre de 2002, entre otras muchas), que no constituyendo una segunda instancia, ajena siempre a esta especializada jurisdicción no permite partir, en general, de otros hechos que no sean los declarados probados.

Lo primero que se ha de indicar es que el Juzgador de Instancia no establece en los hechos probados, como es necesario, cuales son las patologías y limitaciones de la actora, según su criterio y tras la valoración de la prueba obrante en autos. Limitándose a recoger lo que dicen el informe médico de síntesis, el pericial de parte, el informe pericial de la Mutua y finalmente el del forense, pero sin concretar , como se ha dicho que patologías y limitaciones presenta a su juicio. En lugar inadecuado, sin embargo, esto es, en la fundamentación jurídica, se hace referencia a las patologías y limitaciones que ha tomado en consideración para resolver y a ella hemos de estar .

Consta acreditado que por resolución de 10/6/2021 se le reconoce incapacitada permanente total para su profesión habitual sobre la base de un cuadro residual de "secuelas de fractura bimaleolar abierta de tobillo derecho".Como limitaciones orgánicas y funcionales se citan las siguientes: "ligera claudicación en miembro inferior derecho, tobillo derecho engrosado con ligero aumento de temperatura - sin rubor- a cuyo nivel faltan últimos grados de flexoextensión; perímetro de pierna derecha 1 cm menor que la izquierda y cicatrices".

La periciales médicas practicadas a excepción de la pericial de parte coinciden en que la limitaciones funcionales derivadas de las secuelas que han dejado las lesiones sufridas en el accidente laboral afectan exclusivamente al tobillo derecho y se pueden concretar en : Dificultad para la deambulación independiente por lo que hace uso de apoyo externo (1 bastón) para desplazamientos en trayectos fuera de su domicilio. o Dificultad para caminar por terrenos irregulares y/o resbaladizos. o Dificultad para subir y bajar escaleras y rampas. o Imposibilidad para adoptar posición en cuclillas y de rodillas. o Dificultad para el transporte a pie de objetos pesados. o Imposibilidad para saltar, correr, empujar objetos con el pie derecho. En definitiva en cumplimentar requerimientos laborales de carga biomecánica relacionados con miembros inferiores (carga biomecánica tobillo/pie, sedestación, bipedestación estática/dinámica y marcha por terreno irregular).

Y coinciden en que la patología que recoge la documentación médica afecta parcialmente a la capacidad de la paciente para realizar las actividades de la vida cotidiana, principalmente relacionadas con la deambulación y mantenimiento postural. -No se acredita en la documentación otro tipo de patologías que afecten al resto de requerimientos de las actividades laborales (carga biomecánica en otras áreas, manejo de cargas, carga mental, dependencia, visión, audición, voz o sensibilidad).

Así en el FD 3º in fine la magistrada a quo concluye que la demandante, por tanto, tiene un trastorno depresivo compatible con la actividad laboral porque así lo ha sido durante los cuatro años previos al accidente y una secuela de fractura bimaleolar de tobillo que le impide exclusivamente cumplimentar requerimientos laborales relacionados con la carga biomecánica de miembros inferiores, sin que se acredite con la documental médica aportada la existencia de otro tipo de patologías que afecten al resto de requerimientos de las actividades laborales.

Conclusión que la Sala comparte, que no es arbitraria ni incoherente y que no se ha desvirtuado en el recurso, con las limitaciones descritas, por más que las enfermedades padecidas puedan tener relevancia y puedan ir evolucionando en sentido negativo, no puede afirmarse que, en la fecha del hecho causante, provocaran a la actora la abolición de su capacidad laboral para toda profesión u oficio como pretende, resultando, en cambio, de las mismas que tiene la capacidad laboral para el desempeño de tareas que no exijan estos requerimientos de carga a biomecánica relacionados con miembros inferiores (carga biomecánica tobillo/pie, sedestación, bipedestación estática/dinámica y marcha por terreno irregular), restándole capacidad residual para actividades livianas, sencillas , que permitan alternancia postural que no impliquen tales requerimientos, sin que pueda observarse la existencia de impedimento para el desplazamiento al centro de trabajo o la permanencia en el mismo durante toda la jornada laboral, por cuanto el uso de bastones o muletas no lo supone, tal y como ya fue entendido por el TSJ de Castilla y León (Burgos) en su sentencia de 14.2.2000, la actora tiene dificultad para deambulación independiente por eso hace uso de apoyo externo (bastón ) pero no imposibilidad.

Lo expuesto determina la desestimación de este segundo motivo del recurso y con ello la confirmación de la sentencia recurrida que no ha incurrido en las infracciones denunciadas

El recurrente disfruta del beneficio de justicia gratuita, ya que litiga ejercitando pretensión propia de beneficiario de la seguridad social ( art. 2 de la Ley 1/1996 de 10 de enero), lo que impide imponerle el pago de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto al efecto en el art. 235.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en procedimiento de Seguridad Social ( incapacidad permanente) que desestimando la demanda sobre reconocimiento de derecho en materia de Seguridad Social relativa a incapacidad permanente interpuesta por Dª Luz contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MC MUTUAL y EMPRESAS DIRECCION000 y EXPLOTACIONES HOTELERAS SAN FRANCISCO, S.L., confirma las resoluciones impugnadas de 10/6/2021 y 30/8/2021, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas frente a ellas. Se alza en suplicación la parte actora que articula su recurso en base a un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica,al amparo respectivamente de los apartados b) y c) del art 193 LRJS. El recurso la sido impugnado por las partes demandadas MC MUTUAL y Dª. Amalia.

SEGUNDO.- La parte recurre con fundamento en el artículo 193.b) de la Ley de la Jurisdicción Social, interesa revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales practicadas.

I.-Se pretende la ADICION y MODIFICACION del Punto CUARTO de los Hechos Probados, se propone la siguiente redacción:

"CUARTO. - De la documental aportada por la actora en el acto de la vista se desprende que la demandante lleva en tratamiento por síndrome ansioso depresivo con Venlafaxina desde el año 2015 (documento 12), reactivándose y agudizándose a raíz de la situación clínica que le ha quedado como consecuencia de la lesión del tobillo derecho, la cual le está limitando mucho en su día a día y en la forma de presentarse a los problemas diarios, provocándole esto una sintomatología ansiosodepresiva.

El perito de la actora, concluye lo siguiente:

Las limitaciones orgánicas y funcionales que presenta no están del todo recogidas en este dictamen del EVI y es que la patología del tobillo le ha dejado un cuadro de dolor crónico en éste, con pérdida de movilidad e hinchazón que hace que esté limitado para actividades que requieran moverse, incluso para la sedestación, añadiéndose a esto que el dolor que presenta es muy llamativo y que precisa de tratamiento analgésico de forma crónica que no lo consigue controlar, estando este dolor relacionado por un lado por la propia fractura en sí, pero también su presencia está muy influida por la artrosis postraumática de tobillo que ha quedado como consecuencia de las fracturas articulares de tibia y peroné sufridas, provocando todo lo anterior que la enferma haya desarrollado un cuadro ansiosodepresivo que hace que tenga problemas a la hora de mantener la atención y la concentración, el apremio, la capacidad de iniciativa, el interés por lo que se está haciendo, etc., condicionando esto todas las actividades en las que se requiera un mínimo de responsabilidad y de interés por lo que se está haciendo.

En cuanto a las posibilidades terapéuticas nos encontramos con que a la enferma ya le han advertido que el fin de su lesión de tobillo, sobre todo la artrosis postraumática que allí presenta, es la realización de una artrodesis o fijación del tobillo, intentando con esto que disminuya o desaparezca el dolor allí presente pero a costa de perder toda la movilidad de este tobillo, siguiendo entre tanto con la medicación analgésica y la abstención de todos los esfuerzos con esa pierna derecha, mientras que para el síndrome ansiosodepresivo y dado que como hemos visto su presencia es reactiva a la patología del tobillo y como ésta no va a mejorar, tampoco lo va a hacer la sintomatología ansiosodepresiva, no queda otra cosa que seguir con el tratamiento con antidepresivos que viene haciendo.

PRIMERA. - Que Dª. Luz presenta según el dictamen propuesta del E.V.I. el siguiente cuadro clínico residual:

- Secuelas de fractura bimaleolar abierta de tobillo derecho,

Mientras que, según este perito, la patología que presenta es la siguiente:

- Secuelas de fractura bimaleolar abierta de tobillo derecho.

- Cistocele.

- Síndrome ansiosodepresivo.

SEGUNDA.- Que las limitaciones y sintomatología que presenta la enferma son las siguientes:

- Limitación para la bipedestación, sedestación y deambulación.

- Limitación para cargar peso, subir y bajar escaleras, andar por terrenos accidentados, etc.

- Dolor constante y diario en el tobillo que hará que cualquier actividad que implique mínimo esfuerzo se vea afectada.

- Cansancio y apatía diaria.

- Incapacidad para la concentración y atención, perdida de la capacidad de iniciativa, etc.

- Ánimo bajo, inapetencia por las cosas, desesperanza por el futuro, sentimientos de inutilidad, ansiedad por nuevos retos o enfrentamientos, insomnio pertinaz, etc. - Escaso interés por las actividades de la vida diaria, sensación de inutilidad, tristeza diaria, tendencia al llanto, ideas autolíticas habituales, desesperanza por el futuro, ansiedad en situaciones estresantes, etc.as que, según este perito, la patología que presenta la enferma es la siguiente:

TERCERA. - Que las posibilidades terapéuticas se reducen a las propias de estas patologías, con tendencia natural hacia el empeoramiento y con una respuesta mala al tratamiento.

CUARTA. - Que una vez comparadas las limitaciones que presenta con actividades laborales del tipo que sea, entendemos que Dª. Luz no pueda cumplir con ninguna tarea laboral por fácil que sea."

El art. 193, letra b) LRJS, señala que "El recurso de suplicación tendrá por objeto: Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas", para lo que el art. 196.3 impone que la redacción del escrito de interposición del recurso que solicite la revisión de los hechos probados debe hacerse "indicando la formulación alternativa que se pretende".

El proceso laboral es un procedimiento judicial de única instancia en el que la valoración de la prueba corresponde al órgano judicial ante el que se celebra el acto de juicio oral, por lo que los recursos que caben contra la sentencia de instancia, de suplicación o casación, son de carácter extraordinario. Solo pueden interponerse por motivos tasados, y con alcance muy limitado en lo que se refiere a la posible revisión del contenido de los hechos probados, que únicamente podrá modificarse con base a los específicos medios probatorios en cada caso admitidos, bajo el cumplimiento de los excepcionales e insoslayables requisitos que a tal efecto vienen impuestos en la normativa procesal.

Por adecuado trámite procesal y cita expresa en el apartado b) del artículo 193 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se solicita rectificación del contenido fáctico de la sentencia, proponiendo la modificación del hecho probado tercero para que recoja el contenido parcial de distintos informes médicos que obran y se identifican por la recurrente a lo que no ha de accederse, en primer lugar porque, no han de hacerse constar en los hechos probados de la sentencia el contenido de informes médicos o de otro tipo, sino el resultado de la valoración de toda la prueba de los que dichos informes forman parte, de otro lado como recuerdan, entre otras, las Sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 16 de junio o 28 de julio de 2015 "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa transcripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos"y que "si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia"( SSTS/IV 13- noviembre-2007 (RJ 2008, 999- rco 77/2006 , 14-mayo-2013 (RJ 2013, 6080)rco 285/2011 , 5-junio-2013 -rco 2/2012 , 18-junio-2013 (RJ 2013, 5738)-rco 99/2012 , 16-septiembre-2014(RJ 2014, 5213)-rco 251/2013 ).

Con lo que, pese a los extractos del Informe pericial de la actora que se consignan en el ordinal cuarto de la sentencia recurrida, lo cierto es que la misma hace una remisión al mismo en su integridad teniéndolo por reproducido con lo que esta Sala puede contar con el contenido completo del citado Informe, sin necesidad de recoger los extractos postulados por la recurrente. Por lo que el motivo fracasa.

II.- Se pretende la ADICION y MODIFICACION del Punto SEPTIMO de los Hechos Probados, que debe quedar:

"SÉPTIMO. - El detective privado contratado por la Mutua codemandada, cuyo informe se da por reproducido, manifiesta que durante los días en que se vigila a la demandante en el mes de julio de 2022 la misma se desplaza por extensos periodos de tiempo, sin mostrar signo alguno de dolencia y siendo capaz de cargar con diversos pesos mientras camina sin dificultad alguna; también se comprueba que conduce su vehículo con total normalidad.

Sin embargo, según dicho informe, el periodo de tiempo máximo en el que se desplazo fue de 1 hora y 44 minutos, sin verificar si padecía dolencia alguna, ni los pesos que soportaba, ni sus dificultades para caminar, pese a constatarse la utilización de muletas por la informada, conduciendo un vehículo por la localidad de residencia durante un breve periodo de tiempo."

Al igual que en el motivo anterior, el HP7º tiene por reproducido el informe del detective , reiterando el anterior argumento de que la Salapuede contar con el contenido completo del citado Informe, siendo que se trata además de documentos ya valorados por el Juzgador de Instancia, al que correspondía la valoración de la prueba , sin que se advierta error notorio.

III.- Se pretende la MODIFICACION y ADICION del Punto OCTAVO de los Hechos Probados, que debe quedar así:

"OCTAVO.- La demandante está contratada con jornada parcial de 15 horas semanales en horario variable de lunes a sábado según su contrato laboral; la trabajadora acudía siguiendo instrucciones de su empleadora a través de mensajería instantánea. Concretamente, en el Monasterio de San Francisco, donde se produce el accidente de trabajo, solía acudir a demanda de dicha empresa para reforzar a su propia plantilla de limpieza de forma habitual, acudiendo una media de 7 y 8 horas varios días a la semana, siendo la jornada de 8 horas el día del accidente. Además, acudía a realizar otros servicios fuera del Monasterio de San Francisco, siendo su jornada de trabajo real de 40 horas semanales.

Mediante Providencia de fecha 6 de septiembre de 2.023 se acordó requerir a la empresa demandada DIRECCION000 a fin de que para el acto del juicio aportara la documental interesada por la parte actora, consistente la aportación de los registros de jornada de entradas y salidas de la trabajadora demandante de los meses de junio y julio del año 2019. Dichos registros de jornada no fueron aportados" (documental de la actora, interrogatorio de legal representante de la empresa DIRECCION000 y testificales de Sr. Nicolas y Sra. Otilia).

No se accede a la revisión interesada, se trata de documentos ya valorados por el Juzgador de Instancia, al que correspondía la valoración de la prueba, sin que se advierta error notorio; pretende la parte sustituir la valoración de la prueba objetiva e imparcial del Juzgador a quo por la suya personal e interesada, además la revisión de hechos que se pretende se ha obtenido entre otras de la prueba testifical, que no es hábil a efectos revisorios .Sin perjuicio de tener por reproducido el contenido de la providencia de 6.09.2023 en lo relativo al requerimiento de aportación documental a la empresa codemandada de los registros de jornada de entradas y salidas de la trabajadora demandante de los meses de junio y julio del año 2019 y al margen de su valoración.

TERCERO.- En segundo lugar y dentro del apartado de la censura jurídica la recurrente al amparo del artículo 193.c) de la misma Ley de la Jurisdicción Social, denuncia:

I.- La APLICACIÓN INDEBIDA y VULNERACION de lo estipulado en el art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, y de los artículos 193 y ss., y la Disposición Transitoria Vigésima Sexta del RD Leg 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como la jurisprudencia que los interpreta.

Alega esencialmente la recurrente que muy al contrario de lo que se sostiene en la sentencia, se ha acreditado en el procedimiento que la jornada laboral de la trabajadora lo era a jornada completa, y en base a ella debe ser calculada la base reguladora de la prestación de incapacidad permanente, y dándose un caso de infracotización, peche con esa situación las empresas demandadas.

Por otro lado, señala que la carga de la prueba, basándonos en la obligación que otorga el ET a la empresa de realizar un registro diario de jornada, es de la empresa, al no haber aportado los registros de jornada al procedimiento, tal y como se acordó mediante providencia de fecha 6 de septiembre de 2.023,

No habiendo prosperado la revisión de los hechos probados relativos a la duración de la jornada, no puede considerarse que exista infracción alguna en relación a la normativa reguladora de la jornada laboral.

Concluye la magistrada de Instancia en el FD3º que "ni se ha acreditado una jornada completa en el Monasterio ni se ha demostrado que dicho refuerzo se sumara a una jornada fija de 15 horas semanales con un horario prefijado: habría momentos en que trabajara más y otros en que trabajara menos, lo que acredita el desempeño de horas complementarias o extraordinarias pero no una jornada completa constante.

En definitiva la sentencia declara una jornada trabajo a tiempo parcial de 15 horas semanales y una base reguladora de la prestación cálculada conforma al certificado de salarios emitido por la empresa DIRECCION000 y remitido por la Mutua al INSS, lo que a su vez es coherente con la documental consistente en contrato, nóminas, TC2 y certificado patronal de salarios.

Por otro lado y en cuanto a la carga de la prueba de la empresa respecto a los registros de jornadas de entradas y salidas de la trabajadora demandante, que alega la impugnante que no los pudo aportar esta parte por no encontrarlos, si bien no tenía obligación legal de conservarlos, al haber transcurrido el plazo legal de 4 años de conservación previsto en el artículo 10, apartado 2) del Real Decreto Ley 8/2018 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad en la jornada de trabajo, que modifica el artículo 34, añadiendo un nuevo apartado, el 9 al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. , en efecto en la fecha del requerimiento septiembre de 2023, habia transcurrido el plazo de los 4 años referido, pero con independencia de ello, la presunción de jornada completa se ha desvirtuado por la prueba practicada en contrario, en concreto documental, interrogatorio y testifical que valoradas en conjunto y con arreglo a la sana critica, llevan a la Juzgadora a no tener por acreditado la jornada a tiempo completo que se sostiene por la actora.

En atención a lo razonado procede la desestimación de este primer apartado del motivo de censura jurídica.

II.- Al amparo del artículo 193.c) de la Ley de la Jurisdicción Social, por APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 193 y ss., y la Disposición Transitoria Vigésima Sexta del RD Leg 8/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como la jurisprudencia que los interpreta.

Alega la recurrente en síntesis que es evidente, atendiendo a todo el conjunto probatorio, que la actora sufre limitación para todo tipo de tareas laborales. Las patologías que presenta le impiden desarrollar una profesión en condiciones de rentabilidad empresarial y, por consiguiente, con la necesaria continuidad, dedicación, rendimiento o eficacia y profesionalidad exigible a un trabajador fuera de todo heroísmo o espíritu de superación excepcional por su parte.

Según normativa, la incapacidad permanente, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado y se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado. La capacidad residual laboral, debe entenderse, conforme a reiterado criterio jurisprudencial, como la posibilidad real de poder desarrollar el trabajo en unas condiciones de habitualidad, con el rendimiento suficiente y esfuerzo normal, prestada la actividad con profesionalidad, continuidad, dedicación y eficacia exigibles, de modo continuo y durante toda una jornada laboral ordinaria, sin que implique un riesgo propio o ajeno.

Entiende que las patologías que aquejan la actora le impiden la realización de las actividades que ofrece el mercado de trabajo, estando aquejado de una incapacidad permanente absoluta, siendo nula su cotización en el mercado laboral, resultando abstracta y teórica la posibilidad de encontrar empleo y menos aun de desarrollarlo en condiciones físicas y anímicas adecuadas, teniendo además en cuenta la falta de preparación académica del mismo y su edad.

El artículo 193 LGSS de 2015, Ley 8/2015, de 30 de octubre define la incapacidad permanente como la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Y define en su art. 194,5 define la IPA de la siguiente forma: "Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio".

Partiendo de tal concepto, la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87). Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (SS. de 12/4/88, 20/3/89, 7/7/89, 4/12/89 o 22/9/89, entre otras), seguida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, la que sostiene que no habrá invalidez permanente absoluta en los casos en que puedan desempeñarse trabajos sedentarios o livianos, aunque sí la habrá cuando tales quehaceres livianos sólo se puedan realizar en un afán de superación y en condiciones de especial penosidad.

De otro lado en su art. 194.4, en la redacción dada por la Disposición Transitoria vigésimo sexta, hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el citado precepto, define la incapacidad permanente total para la profesión habitual, como " la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta".

Dado el carácter marcadamente profesional de nuestro Sistema de protección social en relación con la invalidez, lo que interesa valorar no son las dolencias o patologías en abstracto, sino cuál sea la capacidad laboral residual que tiene el trabajador, en relación con su trabajo habitual. Pudiendo en consecuencia, una misma patología, determinar el reconocimiento de una incapacidad permanente en un trabajador, y no en otro, con distinto trabajo.

CUARTO.- Ha de destacarse que inalterado el relato fáctico de los mismos, tal como se han redactado por el órgano de instancia, ha de partirse para resolver el motivo de recurso destinado a examinar el derecho que la sentencia aplica, dado el carácter extraordinario del recurso de Suplicación de contenido cuasi casacional, tal como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, ( Sentencias del Tribunal Constitucional 3/83, de 25 enero de 1983; 17/86 de 13 octubre de 1986; 274/1993, de 20 septiembre de 1993; 230/2000, de 2 de octubre de 2000; 237/2002 de 9 diciembre de 2002, entre otras muchas), que no constituyendo una segunda instancia, ajena siempre a esta especializada jurisdicción no permite partir, en general, de otros hechos que no sean los declarados probados.

Lo primero que se ha de indicar es que el Juzgador de Instancia no establece en los hechos probados, como es necesario, cuales son las patologías y limitaciones de la actora, según su criterio y tras la valoración de la prueba obrante en autos. Limitándose a recoger lo que dicen el informe médico de síntesis, el pericial de parte, el informe pericial de la Mutua y finalmente el del forense, pero sin concretar , como se ha dicho que patologías y limitaciones presenta a su juicio. En lugar inadecuado, sin embargo, esto es, en la fundamentación jurídica, se hace referencia a las patologías y limitaciones que ha tomado en consideración para resolver y a ella hemos de estar .

Consta acreditado que por resolución de 10/6/2021 se le reconoce incapacitada permanente total para su profesión habitual sobre la base de un cuadro residual de "secuelas de fractura bimaleolar abierta de tobillo derecho".Como limitaciones orgánicas y funcionales se citan las siguientes: "ligera claudicación en miembro inferior derecho, tobillo derecho engrosado con ligero aumento de temperatura - sin rubor- a cuyo nivel faltan últimos grados de flexoextensión; perímetro de pierna derecha 1 cm menor que la izquierda y cicatrices".

La periciales médicas practicadas a excepción de la pericial de parte coinciden en que la limitaciones funcionales derivadas de las secuelas que han dejado las lesiones sufridas en el accidente laboral afectan exclusivamente al tobillo derecho y se pueden concretar en : Dificultad para la deambulación independiente por lo que hace uso de apoyo externo (1 bastón) para desplazamientos en trayectos fuera de su domicilio. o Dificultad para caminar por terrenos irregulares y/o resbaladizos. o Dificultad para subir y bajar escaleras y rampas. o Imposibilidad para adoptar posición en cuclillas y de rodillas. o Dificultad para el transporte a pie de objetos pesados. o Imposibilidad para saltar, correr, empujar objetos con el pie derecho. En definitiva en cumplimentar requerimientos laborales de carga biomecánica relacionados con miembros inferiores (carga biomecánica tobillo/pie, sedestación, bipedestación estática/dinámica y marcha por terreno irregular).

Y coinciden en que la patología que recoge la documentación médica afecta parcialmente a la capacidad de la paciente para realizar las actividades de la vida cotidiana, principalmente relacionadas con la deambulación y mantenimiento postural. -No se acredita en la documentación otro tipo de patologías que afecten al resto de requerimientos de las actividades laborales (carga biomecánica en otras áreas, manejo de cargas, carga mental, dependencia, visión, audición, voz o sensibilidad).

Así en el FD 3º in fine la magistrada a quo concluye que la demandante, por tanto, tiene un trastorno depresivo compatible con la actividad laboral porque así lo ha sido durante los cuatro años previos al accidente y una secuela de fractura bimaleolar de tobillo que le impide exclusivamente cumplimentar requerimientos laborales relacionados con la carga biomecánica de miembros inferiores, sin que se acredite con la documental médica aportada la existencia de otro tipo de patologías que afecten al resto de requerimientos de las actividades laborales.

Conclusión que la Sala comparte, que no es arbitraria ni incoherente y que no se ha desvirtuado en el recurso, con las limitaciones descritas, por más que las enfermedades padecidas puedan tener relevancia y puedan ir evolucionando en sentido negativo, no puede afirmarse que, en la fecha del hecho causante, provocaran a la actora la abolición de su capacidad laboral para toda profesión u oficio como pretende, resultando, en cambio, de las mismas que tiene la capacidad laboral para el desempeño de tareas que no exijan estos requerimientos de carga a biomecánica relacionados con miembros inferiores (carga biomecánica tobillo/pie, sedestación, bipedestación estática/dinámica y marcha por terreno irregular), restándole capacidad residual para actividades livianas, sencillas , que permitan alternancia postural que no impliquen tales requerimientos, sin que pueda observarse la existencia de impedimento para el desplazamiento al centro de trabajo o la permanencia en el mismo durante toda la jornada laboral, por cuanto el uso de bastones o muletas no lo supone, tal y como ya fue entendido por el TSJ de Castilla y León (Burgos) en su sentencia de 14.2.2000, la actora tiene dificultad para deambulación independiente por eso hace uso de apoyo externo (bastón ) pero no imposibilidad.

Lo expuesto determina la desestimación de este segundo motivo del recurso y con ello la confirmación de la sentencia recurrida que no ha incurrido en las infracciones denunciadas

El recurrente disfruta del beneficio de justicia gratuita, ya que litiga ejercitando pretensión propia de beneficiario de la seguridad social ( art. 2 de la Ley 1/1996 de 10 de enero), lo que impide imponerle el pago de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto al efecto en el art. 235.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en procedimiento de Seguridad Social ( incapacidad permanente) que desestimando la demanda sobre reconocimiento de derecho en materia de Seguridad Social relativa a incapacidad permanente interpuesta por Dª Luz contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MC MUTUAL y EMPRESAS DIRECCION000 y EXPLOTACIONES HOTELERAS SAN FRANCISCO, S.L., confirma las resoluciones impugnadas de 10/6/2021 y 30/8/2021, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas frente a ellas. Se alza en suplicación la parte actora que articula su recurso en base a un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica,al amparo respectivamente de los apartados b) y c) del art 193 LRJS. El recurso la sido impugnado por las partes demandadas MC MUTUAL y Dª. Amalia.

SEGUNDO.- La parte recurre con fundamento en el artículo 193.b) de la Ley de la Jurisdicción Social, interesa revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales practicadas.

I.-Se pretende la ADICION y MODIFICACION del Punto CUARTO de los Hechos Probados, se propone la siguiente redacción:

"CUARTO. - De la documental aportada por la actora en el acto de la vista se desprende que la demandante lleva en tratamiento por síndrome ansioso depresivo con Venlafaxina desde el año 2015 (documento 12), reactivándose y agudizándose a raíz de la situación clínica que le ha quedado como consecuencia de la lesión del tobillo derecho, la cual le está limitando mucho en su día a día y en la forma de presentarse a los problemas diarios, provocándole esto una sintomatología ansiosodepresiva.

El perito de la actora, concluye lo siguiente:

Las limitaciones orgánicas y funcionales que presenta no están del todo recogidas en este dictamen del EVI y es que la patología del tobillo le ha dejado un cuadro de dolor crónico en éste, con pérdida de movilidad e hinchazón que hace que esté limitado para actividades que requieran moverse, incluso para la sedestación, añadiéndose a esto que el dolor que presenta es muy llamativo y que precisa de tratamiento analgésico de forma crónica que no lo consigue controlar, estando este dolor relacionado por un lado por la propia fractura en sí, pero también su presencia está muy influida por la artrosis postraumática de tobillo que ha quedado como consecuencia de las fracturas articulares de tibia y peroné sufridas, provocando todo lo anterior que la enferma haya desarrollado un cuadro ansiosodepresivo que hace que tenga problemas a la hora de mantener la atención y la concentración, el apremio, la capacidad de iniciativa, el interés por lo que se está haciendo, etc., condicionando esto todas las actividades en las que se requiera un mínimo de responsabilidad y de interés por lo que se está haciendo.

En cuanto a las posibilidades terapéuticas nos encontramos con que a la enferma ya le han advertido que el fin de su lesión de tobillo, sobre todo la artrosis postraumática que allí presenta, es la realización de una artrodesis o fijación del tobillo, intentando con esto que disminuya o desaparezca el dolor allí presente pero a costa de perder toda la movilidad de este tobillo, siguiendo entre tanto con la medicación analgésica y la abstención de todos los esfuerzos con esa pierna derecha, mientras que para el síndrome ansiosodepresivo y dado que como hemos visto su presencia es reactiva a la patología del tobillo y como ésta no va a mejorar, tampoco lo va a hacer la sintomatología ansiosodepresiva, no queda otra cosa que seguir con el tratamiento con antidepresivos que viene haciendo.

PRIMERA. - Que Dª. Luz presenta según el dictamen propuesta del E.V.I. el siguiente cuadro clínico residual:

- Secuelas de fractura bimaleolar abierta de tobillo derecho,

Mientras que, según este perito, la patología que presenta es la siguiente:

- Secuelas de fractura bimaleolar abierta de tobillo derecho.

- Cistocele.

- Síndrome ansiosodepresivo.

SEGUNDA.- Que las limitaciones y sintomatología que presenta la enferma son las siguientes:

- Limitación para la bipedestación, sedestación y deambulación.

- Limitación para cargar peso, subir y bajar escaleras, andar por terrenos accidentados, etc.

- Dolor constante y diario en el tobillo que hará que cualquier actividad que implique mínimo esfuerzo se vea afectada.

- Cansancio y apatía diaria.

- Incapacidad para la concentración y atención, perdida de la capacidad de iniciativa, etc.

- Ánimo bajo, inapetencia por las cosas, desesperanza por el futuro, sentimientos de inutilidad, ansiedad por nuevos retos o enfrentamientos, insomnio pertinaz, etc. - Escaso interés por las actividades de la vida diaria, sensación de inutilidad, tristeza diaria, tendencia al llanto, ideas autolíticas habituales, desesperanza por el futuro, ansiedad en situaciones estresantes, etc.as que, según este perito, la patología que presenta la enferma es la siguiente:

TERCERA. - Que las posibilidades terapéuticas se reducen a las propias de estas patologías, con tendencia natural hacia el empeoramiento y con una respuesta mala al tratamiento.

CUARTA. - Que una vez comparadas las limitaciones que presenta con actividades laborales del tipo que sea, entendemos que Dª. Luz no pueda cumplir con ninguna tarea laboral por fácil que sea."

El art. 193, letra b) LRJS, señala que "El recurso de suplicación tendrá por objeto: Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas", para lo que el art. 196.3 impone que la redacción del escrito de interposición del recurso que solicite la revisión de los hechos probados debe hacerse "indicando la formulación alternativa que se pretende".

El proceso laboral es un procedimiento judicial de única instancia en el que la valoración de la prueba corresponde al órgano judicial ante el que se celebra el acto de juicio oral, por lo que los recursos que caben contra la sentencia de instancia, de suplicación o casación, son de carácter extraordinario. Solo pueden interponerse por motivos tasados, y con alcance muy limitado en lo que se refiere a la posible revisión del contenido de los hechos probados, que únicamente podrá modificarse con base a los específicos medios probatorios en cada caso admitidos, bajo el cumplimiento de los excepcionales e insoslayables requisitos que a tal efecto vienen impuestos en la normativa procesal.

Por adecuado trámite procesal y cita expresa en el apartado b) del artículo 193 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se solicita rectificación del contenido fáctico de la sentencia, proponiendo la modificación del hecho probado tercero para que recoja el contenido parcial de distintos informes médicos que obran y se identifican por la recurrente a lo que no ha de accederse, en primer lugar porque, no han de hacerse constar en los hechos probados de la sentencia el contenido de informes médicos o de otro tipo, sino el resultado de la valoración de toda la prueba de los que dichos informes forman parte, de otro lado como recuerdan, entre otras, las Sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 16 de junio o 28 de julio de 2015 "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa transcripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos"y que "si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia"( SSTS/IV 13- noviembre-2007 (RJ 2008, 999- rco 77/2006 , 14-mayo-2013 (RJ 2013, 6080)rco 285/2011 , 5-junio-2013 -rco 2/2012 , 18-junio-2013 (RJ 2013, 5738)-rco 99/2012 , 16-septiembre-2014(RJ 2014, 5213)-rco 251/2013 ).

Con lo que, pese a los extractos del Informe pericial de la actora que se consignan en el ordinal cuarto de la sentencia recurrida, lo cierto es que la misma hace una remisión al mismo en su integridad teniéndolo por reproducido con lo que esta Sala puede contar con el contenido completo del citado Informe, sin necesidad de recoger los extractos postulados por la recurrente. Por lo que el motivo fracasa.

II.- Se pretende la ADICION y MODIFICACION del Punto SEPTIMO de los Hechos Probados, que debe quedar:

"SÉPTIMO. - El detective privado contratado por la Mutua codemandada, cuyo informe se da por reproducido, manifiesta que durante los días en que se vigila a la demandante en el mes de julio de 2022 la misma se desplaza por extensos periodos de tiempo, sin mostrar signo alguno de dolencia y siendo capaz de cargar con diversos pesos mientras camina sin dificultad alguna; también se comprueba que conduce su vehículo con total normalidad.

Sin embargo, según dicho informe, el periodo de tiempo máximo en el que se desplazo fue de 1 hora y 44 minutos, sin verificar si padecía dolencia alguna, ni los pesos que soportaba, ni sus dificultades para caminar, pese a constatarse la utilización de muletas por la informada, conduciendo un vehículo por la localidad de residencia durante un breve periodo de tiempo."

Al igual que en el motivo anterior, el HP7º tiene por reproducido el informe del detective , reiterando el anterior argumento de que la Salapuede contar con el contenido completo del citado Informe, siendo que se trata además de documentos ya valorados por el Juzgador de Instancia, al que correspondía la valoración de la prueba , sin que se advierta error notorio.

III.- Se pretende la MODIFICACION y ADICION del Punto OCTAVO de los Hechos Probados, que debe quedar así:

"OCTAVO.- La demandante está contratada con jornada parcial de 15 horas semanales en horario variable de lunes a sábado según su contrato laboral; la trabajadora acudía siguiendo instrucciones de su empleadora a través de mensajería instantánea. Concretamente, en el Monasterio de San Francisco, donde se produce el accidente de trabajo, solía acudir a demanda de dicha empresa para reforzar a su propia plantilla de limpieza de forma habitual, acudiendo una media de 7 y 8 horas varios días a la semana, siendo la jornada de 8 horas el día del accidente. Además, acudía a realizar otros servicios fuera del Monasterio de San Francisco, siendo su jornada de trabajo real de 40 horas semanales.

Mediante Providencia de fecha 6 de septiembre de 2.023 se acordó requerir a la empresa demandada DIRECCION000 a fin de que para el acto del juicio aportara la documental interesada por la parte actora, consistente la aportación de los registros de jornada de entradas y salidas de la trabajadora demandante de los meses de junio y julio del año 2019. Dichos registros de jornada no fueron aportados" (documental de la actora, interrogatorio de legal representante de la empresa DIRECCION000 y testificales de Sr. Nicolas y Sra. Otilia).

No se accede a la revisión interesada, se trata de documentos ya valorados por el Juzgador de Instancia, al que correspondía la valoración de la prueba, sin que se advierta error notorio; pretende la parte sustituir la valoración de la prueba objetiva e imparcial del Juzgador a quo por la suya personal e interesada, además la revisión de hechos que se pretende se ha obtenido entre otras de la prueba testifical, que no es hábil a efectos revisorios .Sin perjuicio de tener por reproducido el contenido de la providencia de 6.09.2023 en lo relativo al requerimiento de aportación documental a la empresa codemandada de los registros de jornada de entradas y salidas de la trabajadora demandante de los meses de junio y julio del año 2019 y al margen de su valoración.

TERCERO.- En segundo lugar y dentro del apartado de la censura jurídica la recurrente al amparo del artículo 193.c) de la misma Ley de la Jurisdicción Social, denuncia:

I.- La APLICACIÓN INDEBIDA y VULNERACION de lo estipulado en el art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, y de los artículos 193 y ss., y la Disposición Transitoria Vigésima Sexta del RD Leg 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como la jurisprudencia que los interpreta.

Alega esencialmente la recurrente que muy al contrario de lo que se sostiene en la sentencia, se ha acreditado en el procedimiento que la jornada laboral de la trabajadora lo era a jornada completa, y en base a ella debe ser calculada la base reguladora de la prestación de incapacidad permanente, y dándose un caso de infracotización, peche con esa situación las empresas demandadas.

Por otro lado, señala que la carga de la prueba, basándonos en la obligación que otorga el ET a la empresa de realizar un registro diario de jornada, es de la empresa, al no haber aportado los registros de jornada al procedimiento, tal y como se acordó mediante providencia de fecha 6 de septiembre de 2.023,

No habiendo prosperado la revisión de los hechos probados relativos a la duración de la jornada, no puede considerarse que exista infracción alguna en relación a la normativa reguladora de la jornada laboral.

Concluye la magistrada de Instancia en el FD3º que "ni se ha acreditado una jornada completa en el Monasterio ni se ha demostrado que dicho refuerzo se sumara a una jornada fija de 15 horas semanales con un horario prefijado: habría momentos en que trabajara más y otros en que trabajara menos, lo que acredita el desempeño de horas complementarias o extraordinarias pero no una jornada completa constante.

En definitiva la sentencia declara una jornada trabajo a tiempo parcial de 15 horas semanales y una base reguladora de la prestación cálculada conforma al certificado de salarios emitido por la empresa DIRECCION000 y remitido por la Mutua al INSS, lo que a su vez es coherente con la documental consistente en contrato, nóminas, TC2 y certificado patronal de salarios.

Por otro lado y en cuanto a la carga de la prueba de la empresa respecto a los registros de jornadas de entradas y salidas de la trabajadora demandante, que alega la impugnante que no los pudo aportar esta parte por no encontrarlos, si bien no tenía obligación legal de conservarlos, al haber transcurrido el plazo legal de 4 años de conservación previsto en el artículo 10, apartado 2) del Real Decreto Ley 8/2018 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad en la jornada de trabajo, que modifica el artículo 34, añadiendo un nuevo apartado, el 9 al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. , en efecto en la fecha del requerimiento septiembre de 2023, habia transcurrido el plazo de los 4 años referido, pero con independencia de ello, la presunción de jornada completa se ha desvirtuado por la prueba practicada en contrario, en concreto documental, interrogatorio y testifical que valoradas en conjunto y con arreglo a la sana critica, llevan a la Juzgadora a no tener por acreditado la jornada a tiempo completo que se sostiene por la actora.

En atención a lo razonado procede la desestimación de este primer apartado del motivo de censura jurídica.

II.- Al amparo del artículo 193.c) de la Ley de la Jurisdicción Social, por APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 193 y ss., y la Disposición Transitoria Vigésima Sexta del RD Leg 8/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como la jurisprudencia que los interpreta.

Alega la recurrente en síntesis que es evidente, atendiendo a todo el conjunto probatorio, que la actora sufre limitación para todo tipo de tareas laborales. Las patologías que presenta le impiden desarrollar una profesión en condiciones de rentabilidad empresarial y, por consiguiente, con la necesaria continuidad, dedicación, rendimiento o eficacia y profesionalidad exigible a un trabajador fuera de todo heroísmo o espíritu de superación excepcional por su parte.

Según normativa, la incapacidad permanente, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado y se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado. La capacidad residual laboral, debe entenderse, conforme a reiterado criterio jurisprudencial, como la posibilidad real de poder desarrollar el trabajo en unas condiciones de habitualidad, con el rendimiento suficiente y esfuerzo normal, prestada la actividad con profesionalidad, continuidad, dedicación y eficacia exigibles, de modo continuo y durante toda una jornada laboral ordinaria, sin que implique un riesgo propio o ajeno.

Entiende que las patologías que aquejan la actora le impiden la realización de las actividades que ofrece el mercado de trabajo, estando aquejado de una incapacidad permanente absoluta, siendo nula su cotización en el mercado laboral, resultando abstracta y teórica la posibilidad de encontrar empleo y menos aun de desarrollarlo en condiciones físicas y anímicas adecuadas, teniendo además en cuenta la falta de preparación académica del mismo y su edad.

El artículo 193 LGSS de 2015, Ley 8/2015, de 30 de octubre define la incapacidad permanente como la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Y define en su art. 194,5 define la IPA de la siguiente forma: "Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio".

Partiendo de tal concepto, la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87). Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (SS. de 12/4/88, 20/3/89, 7/7/89, 4/12/89 o 22/9/89, entre otras), seguida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, la que sostiene que no habrá invalidez permanente absoluta en los casos en que puedan desempeñarse trabajos sedentarios o livianos, aunque sí la habrá cuando tales quehaceres livianos sólo se puedan realizar en un afán de superación y en condiciones de especial penosidad.

De otro lado en su art. 194.4, en la redacción dada por la Disposición Transitoria vigésimo sexta, hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el citado precepto, define la incapacidad permanente total para la profesión habitual, como " la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta".

Dado el carácter marcadamente profesional de nuestro Sistema de protección social en relación con la invalidez, lo que interesa valorar no son las dolencias o patologías en abstracto, sino cuál sea la capacidad laboral residual que tiene el trabajador, en relación con su trabajo habitual. Pudiendo en consecuencia, una misma patología, determinar el reconocimiento de una incapacidad permanente en un trabajador, y no en otro, con distinto trabajo.

CUARTO.- Ha de destacarse que inalterado el relato fáctico de los mismos, tal como se han redactado por el órgano de instancia, ha de partirse para resolver el motivo de recurso destinado a examinar el derecho que la sentencia aplica, dado el carácter extraordinario del recurso de Suplicación de contenido cuasi casacional, tal como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, ( Sentencias del Tribunal Constitucional 3/83, de 25 enero de 1983; 17/86 de 13 octubre de 1986; 274/1993, de 20 septiembre de 1993; 230/2000, de 2 de octubre de 2000; 237/2002 de 9 diciembre de 2002, entre otras muchas), que no constituyendo una segunda instancia, ajena siempre a esta especializada jurisdicción no permite partir, en general, de otros hechos que no sean los declarados probados.

Lo primero que se ha de indicar es que el Juzgador de Instancia no establece en los hechos probados, como es necesario, cuales son las patologías y limitaciones de la actora, según su criterio y tras la valoración de la prueba obrante en autos. Limitándose a recoger lo que dicen el informe médico de síntesis, el pericial de parte, el informe pericial de la Mutua y finalmente el del forense, pero sin concretar , como se ha dicho que patologías y limitaciones presenta a su juicio. En lugar inadecuado, sin embargo, esto es, en la fundamentación jurídica, se hace referencia a las patologías y limitaciones que ha tomado en consideración para resolver y a ella hemos de estar .

Consta acreditado que por resolución de 10/6/2021 se le reconoce incapacitada permanente total para su profesión habitual sobre la base de un cuadro residual de "secuelas de fractura bimaleolar abierta de tobillo derecho".Como limitaciones orgánicas y funcionales se citan las siguientes: "ligera claudicación en miembro inferior derecho, tobillo derecho engrosado con ligero aumento de temperatura - sin rubor- a cuyo nivel faltan últimos grados de flexoextensión; perímetro de pierna derecha 1 cm menor que la izquierda y cicatrices".

La periciales médicas practicadas a excepción de la pericial de parte coinciden en que la limitaciones funcionales derivadas de las secuelas que han dejado las lesiones sufridas en el accidente laboral afectan exclusivamente al tobillo derecho y se pueden concretar en : Dificultad para la deambulación independiente por lo que hace uso de apoyo externo (1 bastón) para desplazamientos en trayectos fuera de su domicilio. o Dificultad para caminar por terrenos irregulares y/o resbaladizos. o Dificultad para subir y bajar escaleras y rampas. o Imposibilidad para adoptar posición en cuclillas y de rodillas. o Dificultad para el transporte a pie de objetos pesados. o Imposibilidad para saltar, correr, empujar objetos con el pie derecho. En definitiva en cumplimentar requerimientos laborales de carga biomecánica relacionados con miembros inferiores (carga biomecánica tobillo/pie, sedestación, bipedestación estática/dinámica y marcha por terreno irregular).

Y coinciden en que la patología que recoge la documentación médica afecta parcialmente a la capacidad de la paciente para realizar las actividades de la vida cotidiana, principalmente relacionadas con la deambulación y mantenimiento postural. -No se acredita en la documentación otro tipo de patologías que afecten al resto de requerimientos de las actividades laborales (carga biomecánica en otras áreas, manejo de cargas, carga mental, dependencia, visión, audición, voz o sensibilidad).

Así en el FD 3º in fine la magistrada a quo concluye que la demandante, por tanto, tiene un trastorno depresivo compatible con la actividad laboral porque así lo ha sido durante los cuatro años previos al accidente y una secuela de fractura bimaleolar de tobillo que le impide exclusivamente cumplimentar requerimientos laborales relacionados con la carga biomecánica de miembros inferiores, sin que se acredite con la documental médica aportada la existencia de otro tipo de patologías que afecten al resto de requerimientos de las actividades laborales.

Conclusión que la Sala comparte, que no es arbitraria ni incoherente y que no se ha desvirtuado en el recurso, con las limitaciones descritas, por más que las enfermedades padecidas puedan tener relevancia y puedan ir evolucionando en sentido negativo, no puede afirmarse que, en la fecha del hecho causante, provocaran a la actora la abolición de su capacidad laboral para toda profesión u oficio como pretende, resultando, en cambio, de las mismas que tiene la capacidad laboral para el desempeño de tareas que no exijan estos requerimientos de carga a biomecánica relacionados con miembros inferiores (carga biomecánica tobillo/pie, sedestación, bipedestación estática/dinámica y marcha por terreno irregular), restándole capacidad residual para actividades livianas, sencillas , que permitan alternancia postural que no impliquen tales requerimientos, sin que pueda observarse la existencia de impedimento para el desplazamiento al centro de trabajo o la permanencia en el mismo durante toda la jornada laboral, por cuanto el uso de bastones o muletas no lo supone, tal y como ya fue entendido por el TSJ de Castilla y León (Burgos) en su sentencia de 14.2.2000, la actora tiene dificultad para deambulación independiente por eso hace uso de apoyo externo (bastón ) pero no imposibilidad.

Lo expuesto determina la desestimación de este segundo motivo del recurso y con ello la confirmación de la sentencia recurrida que no ha incurrido en las infracciones denunciadas

El recurrente disfruta del beneficio de justicia gratuita, ya que litiga ejercitando pretensión propia de beneficiario de la seguridad social ( art. 2 de la Ley 1/1996 de 10 de enero), lo que impide imponerle el pago de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto al efecto en el art. 235.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,