Sentencia Social 402/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 576/2024 de 12 de febrero del 2026

PRIMERO.-Según consta, la ahora recurrente presentó demanda de despido con vulneración de derechos fundamentales y reclamación de cantidad acumulada frente a AFANAS JEREZ COPAD solicitando el dictado de una sentencia por la que se declarase que su relación con la demandada era laboral común, y que se declarase nulo el despido discriminatorio por razón de edad del que decía haber sido objeto, y se condenase a la demandada a readmitirla con abono de los salarios de tramitación y a que le pagase una indemnización de 80.000 euros por daños morales y materiales; o, subsidiariamente, que se declarase la improcedencia del despido se condenase a la demandada a readmitirla con abono de los salarios de tramitación o a indemnizarla con 79.946,50 euros.

La sentencia del juzgado resuelve que la relación entre las partes era laboral especial de alta dirección, y que por ello no hubo despido alguno sino lícita facultad de desistimiento, si bien estima parcialmente la demanda al condenar a la demandada a pagar a la actora la indemnización aceptada por la demandada en concepto de preaviso omitido, en cuantía de 11.553 euros.

Frente a tal sentencia recurre ahora en suplicación la parte trabajadora articulando tres motivos: el primero, de nulidad de la sentencia por incongruencia extra petitumal amparo del apartado a) del art. 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , a cuyo efecto aporta documental al amparo del art. 233 (por mero error de transcripción cita el 231) de la LRJS; el segundo, de revisión fáctica con amparo procesal en el art. 193.b) LRJS, en el que solicita hasta diez concretas modificaciones fácticas; y el tercero, de censura jurídica por la vía del art. 193.c) LRJS, dividido en cinco submotivos, tendentes a sostener que su relación es laboral común, y no especial de alta dirección como entendió la sentencia, y que el despido es discriminatorio por razón de edad, procediendo el pago de la indemnización adicional.

Impugna el recurso la parte demandada, que se alinea con las tesis de la sentencia recurrida, la que pide confirmar.

SEGUNDO.-En el primer motivo se pide la nulidad de la sentencia y retroacción de actuaciones para que se dicte otra nueva, al haber incurrido el magistrado de instancia en incongruencia extra petitumal condenar al pago de la indemnización por falta de preaviso en el desistimiento, petición que dice no haberse formulado ni en demanda ni en el acto del juicio, a cuyo efecto aporta al amparo del art. 233 LRJS un conjunto documental formado por: a) la resolución del CEMAC de 14.11.2023 por la que se cita a las partes al acto conciliatorio a celebrar el 28.11.2023; b) las citaciones a ambas partes; y c) la papeleta de conciliación presentada en reclamación de cantidad "ad cautelam, para el improbable supuesto de(que) la demanda de despido... sea desestimada por sentencia judicial firme".

Sin necesidad de admitir siquiera la documental aportada por la citada vía, dado que es intrascendente para los fines del motivo, éste debe ser desestimado.Efectivamente, aunque los documentos aportados son de fecha posterior al juicio, no podemos obviar que es así porque la propia parte actora, que ahora recurre, decide interponer la papeleta de conciliación y tras el juicio, siendo así que no existió impedimento alguno para que la hubiera presentado antes del juicio, y para que hubiera aportado en éste la misma documental. Pero la razón fundamental de no aceptar su aportación es su evidente intrascendencia, pues si existió o no incongruencia extra petitano puede derivar de que se haya presentado después de celebrado el juicio una reclamación de cantidad por el mismo concepto que ya otorga la sentencia, sino que solo depende de cuáles fueran las pretensiones de la demanda y si se ampliaron o no al ratificarla o durante el transcurso del juicio.

Entrando ya a resolver el motivo, sin necesidad de tener en cuenta los documentos que se aportaron con el escrito de recurso, respondemos diciendo que si bien es cierto que en el suplico de la demanda no se hizo petición -ni siquiera subsidiaria- de pago del preaviso omitido en el desistimiento, sean cuales fueren las razones, atendibles o no, de la parte actora para ello; y tampoco consta que en el desarrollo del juicio se introdujera tal pretensión por la parte actora con aquiescencia y sin protesta de indefensión de la demandada; sin embargo se admite por ambas partes que fue ésta, la demandada, la que en fase de conclusiones admitió no haber observado el preaviso y que aceptaría la condena a su pago en la cuantía que indica, que es la que la sentencia acoge, a lo que la parte actora, que formuló después sus conclusiones, nada opuso tal y como se razona en el fundamento de derecho sexto de la sentencia recurrida. Es claro que la parte actora pudo defenderse de la pretensión de la demandada de que se incluyera la consecuencia de la condena al pago del preaviso omitido, lo que solo constituía una cuestión jurídica de fácil contestación en su turno de conclusiones. No consta que protestara ni solicitara del juzgador que no tuviera en cuenta tal pretensión de la demandada, y ello impide que pueda hacerlo ahora en vía de recurso. Razones por las cuales el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.-En cuanto a la integración de los hechos probados que se solicita al amparo del art. 193.b) LRJS, conviene comenzar recordando que como tenemos dicho reiteradamente, según una consolidada jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, que recogen y aplican las sentencias de 2 de marzo de 2016 (Rco. 221/2015), 13 de mayo de 2019 (Rec. 246/2018) y 4 de julio de 2019 (Rec. 89/2018), la viabilidad de la reforma fáctica en sede de recurso extraordinario está supeditada a que se cumplan entre otros los siguientes requisitos: 1.º) Ha de fundarse en un elemento probatorio obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de prueba documental o pericial, con exclusión de otros medios, y la eficacia propia de aquéllos; 2.º) La prueba designada ha de evidenciar el error denunciado de forma clara, directa y patente por su propia fuerza demostrativa directa sin necesidad de acudir a deducciones, conjeturas o suposiciones más o menos lógicas o a interpretaciones valorativas, no pudiéndose sustituir totalmente la valoración judicial por la de la parte; 3.º) El dato evidenciado por el documento alegado no puede entrar en contradicción con lo que resulte de otros elementos de prueba a los que el Juez de instancia haya otorgado razonadamente mayor valor pues en tal caso no se trata de un problema de error de hecho sino de discrepancia con la valoración de los medios de prueba, la cual corresponde al órgano "a quo"; 4.º) La modificación propuesta debe tener trascendencia para una eventual modificación del fallo de instancia, si bien no se puede descartar un motivo de revisión fáctica por el mero hecho de que resulte intrascendente para el órgano jurisdiccional de suplicación, ya que tal juicio de intrascendencia podría no ser compartido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a la hora de resolver en unificación de doctrina; de forma que solo debe ser rechazada la revisión cuando ésta sea banal, es decir, se refiera a hechos irrelevantes absolutamente ajenos a la cuestión litigiosa; 5.º) La modificación que se pretenda no debe comportar valoraciones jurídicas, pues las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

Dicho lo cual, resolvemos las pretensiones de modificación fáctica, que son las siguientes:

3.1En primer lugar se solicita la ampliacióndel hecho probado primero,para añadirle el siguiente texto:

«El Convenio Colectivo de aplicación en la empresa demandada es el Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (código de Convenio 99000985011981.(doc nº1, 1 bis y 1 ter de la demanda rectora).

La actora percibía una retribución de 3.833,51 euros brutos mensuales (2.787,74€ líquidos) incluido el prorrateo de las pagas extras, que incluye todos los conceptos retributivos según convenio para el grupo profesional II, y según el siguiente desglose:

Sustenta la adición en un conjunto documental formado por el convenio colectivo (doc. 1 y 1.bis y ter de la demanda), nóminas de la actora (doc. n.º 2 de la demanda), contrato de trabajo (doc. n.º 3 de la demanda), informe de vida laboral y bases de cotización (doc. n.º 64 del ramo de la demandada).

Se rechaza la adición, por innecesaria, pues los datos esenciales queridos introducir ya constan en los ordinales primero y cuarto de la sentencia. Lo único novedoso sería el desglose de conceptos, que resulta innecesario, pues existe también referencia en el relato fáctico a las nóminas, a las cuales se defiere el detalle de conceptos retributivos, que la sentencia acepta daban lugar a un salario diario de 126,03 euros, que es el cociendo de dividir entre 365 el importe bruto anualizado de sus nóminas.

Además, el primer párrafo del texto alternativo propuesto incurre en evidente predeterminación del fallo, al dar como hecho lo que no es más que una valoración o conclusión jurídica, como es la de determinar cuál sea el convenio colectivo aplicable, lo que sustenta en el texto del convenio colectivo oficialmente publicado, que es una norma y no documento hábil que pueda sustentar una revisión de hechos probados, según declara la jurisprudencia, pudiendo citarse al efecto la STS/IV 19 de enero de 2022 (rec. 82/2021 ),a cuyo tenor: «Reiterada doctrina jurisprudencial niega eficacia revisora casacional a los convenios colectivos publicados en un boletín oficial porque resulta aplicable el principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), por lo que no es cuestión de hecho el texto del convenio, el cual no debe incluirse en los hechos probados de la sentencia. El contenido de una norma publicada en el boletín oficial está exento de prueba por ser dato conocido por el órgano judicial, de modo que puede la sala razonar sobre él sin necesidad de incorporarlo al relato (por todas, sentencia del TS de 15 de junio de 2021, recurso 85/2019 y las citadas en ella).»

3.2En el segundo submotivo se interesa la adiciónde un nuevo hecho probado,sin numerar, con el siguiente contenido:

«En el sistema de clasificación profesional previsto en el art. 86 y siguientes del convenio colectivo y anexo I Se dispone la integración del personal en cuatro grupos profesionales siendo el primero de ellos el correspondiente al Personal directivo con el siguiente cometido funcional:

Gestiona procesos consistentes en organizar, dirigir y controlar las actividades y acciones propias del funcionamiento empresarial. Se le exige evidenciar un alto nivel de competencias en materia de liderazgo, desarrollo de otras personas, toma de decisiones, comprensión de la organización, e Integración y globalidad, además de en las competencias transversales comunes al sector. Se incluirán dentro de este grupo los puestos de trabajo del máximo nivel de gestión estratégica que conformen el equipo director dentro de cada empresa.»

Dice basarse en el convenio colectivo (doc. n.º 1 de la demanda), contrato de trabajo (doc. n.º 2 de la demanda) y memoria de actividades (doc. n.º 9 y 9 bis de la demanda), aunque solo el convenio sustenta la redacción pretendida.

No se accede a la adición, pues se apoya en documental inhábil a estos efectos, dado que las normas convencionales oficialmente publicadas no constituyen prueba documental: no son hecho, son derecho, rige el iura notiv curia.En este sentido, reiteramos la inhabilidad revisoria del convenio colectivo conforme a la precitada STS/IV 19 de enero de 2022 (rec. 82/2021), con doctrina referida a la casación ordinaria pero igualmente aplicable al recurso de suplicación, dada la común naturaleza extraordianria de ambos recursos (el de suplicación, cuasi-casacional).

3.3En el tercer submotivo se pide ampliarel hecho probado tercero,con la siguiente adición:

«Corresponde al presidente de la asociación la representación legal y oficial de la Asociación, la firma de todos los documentos de la misma, convocar la Junta Rectora y Generales, resolver por sí toda cuestión que por su importancia y urgencia sea necesario para el mejor cumplimiento de los fines de la asociación, viniendo obligado a dar cuenta a la Junta Rectora. Autorizar con su firma las actas, certificaciones y otros documentos. Ser ordenador de pagos y cobros y director de todos los servicios de la Asociación.»

Se apoya en los estatutos de la asociación demandada (doc. n.º 5 de la demanda), siendo el texto propuesto transcripción literal de su art. 29.

No se acepta la ampliación, por reiterativa e innecesaria, dado que ya el hecho probado tercero, en su apartado 3, letra a) transcribe las competencias estatutarias del presidente, en términos idénticos que los que ahora se quieren reiterar.

3.4Se solicita a continuación la adiciónde un nuevo párrafoal final del hecho probado décimo,del siguiente tenor:

«Junto con la actora en las reuniones de la junta rectora y de la asamblea interviene en su cualidad de jefe de administración D. Rodolfo.»

Se basa en los documentos números 43, 45, 46, 47, 48 y 49 del bloque 4.º del ramo de la demandada.

Se justifica diciendo que no es solo la actora la que se encuentra con voz pero sin voto en las reuniones de los órganos de la asociación, sino que junto a ella también asiste un compañero suyo, jefe de administración a la sazón, que participa al mismo nivel que la actora informando a la junta general y a la junta directiva.

No se acepta la adición, por cuanto los documentos invocados no son literosuficientes para extraer de los mismos de manera directa e inmediata, con eficacia radicalmente excluyente, lo que se pretende. Y es que de ellos se sigue que el jefe de administración no "interviene junto con la actora", sino que "asiste a determinadas reuniones en su calidad de jefe de administración", sin más; esto es, que coincide con ella en determinadas reuniones. Se trata en definitiva de una interpretación subjetiva de los hechos realizada por la recurrente.

3.5En el submotivo quinto se propone la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente contenido:

«Según se recoge en el Acta de la asamblea general de 27 de junio de 2018, además de la Junta Directiva/ Rectora prevista en los Estatutos de la asociación, existe un comité creado por este órgano, integrado por la Sra. gerente, el jefe de administración, la Sra. Julia junto con la Sra. Concepción.

La Junta directiva según se recoge en las actas de sus reuniones de fecha 5 de abril de 2019 y 4 de junio de ese mismo año, ha adoptado decisiones como la subida salarial según convenio, acciones disciplinarias u organizativas de empleados de decisiones en materias organizativas de personal, o patrimoniales quedando documentada su actuación y toma de decisiones sin constancia de intervención en las mismas de la trabajadora actora.

La Presidente, el vicepresidente y el jefe de administración son consultados con regularidad por la actora para ejecutar los cometidos funcionales propios de su puesto de trabajo, tales como acciones de orientación, renovaciones de contratos y convenios, aperturas de cuentas corrientes, selección de personal, abono de nóminas o compras mobiliario Siendo autorizada por la presidente.»

Se sustenta en el conjunto documental n.º 3 de la actora, consistente en multitud de correos electrónicos, y en actas de la junta directiva y de la asamblea (docs. 43, 45 y 46)

No podemos aceptar la adición, que se basa en prueba documental que ya ha sido tenida en cuenta y valorada expresamente por el juzgador de la instancia (ver FD QUINTO.5). Como es jurisprudencia consolidada, la valoración de las pruebas compete a la instancia, y no a las partes ni a los tribunales superiores en grado, debiendo por ello estarse a las conclusiones probatorias del magistrado de instancia, salvo apreciación absurda, arbitraria o irracional, lo que no es el caso. Lo pretendido en el motivo no es, por tanto, poner de manifiesto ningún error patente de apreciación judicial, sino hacer prevalecer las conclusiones de parte sobre las judiciales, lo que no está permitido en un recurso extraordinario y cuasicasacional como el de suplicación, propio y específico del proceso laboral.

3.6A continuación se interesa la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente texto:

«D. Concepción presidenta de la asociación, forma parte del comité, y es quien expone a la Junta Directiva el funcionamiento de los centros y las necesidades de adquisición de activos materiales o su renovación y sustitución así como la realización de reformas constructivas en los centros de trabajo siendo la junta directiva la que aprueba su ejecución y la adquisición de mobiliario.»

Se sustenta en el acta de la junta directiva de 30.09.2020 (doc. n.º 40 del ramo de la demandada.

Se rechaza por las mismas razones que la propuesta anterior.

3.7En el siguiente submotivo se pide igualmente la adiciónde un nuevo hecho probado,proponiendo como texto el mismo que ya consta en el hecho probado octavo de la sentencia, consistente en la reproducción de la carta de "desistimiento" que la presidenta de la asociación remite a la actora, por lo que siendo innecesario reiterarlo se rechaza la adición.

3.8En el octavo submotivo se solicita la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente contenido:

«Extinguido por la asociación demandada el contrato de D. Felicisima, con fecha 7 de octubre de 2022, con fecha 11 de noviembre de 2022, el jefe de administración D. Rodolfo mediante suscripción de una diligencia de anexo al contrato de trabajo, además de las funciones que tenía asumidas como jefe de administración, pasa a desarrollar en la asociación demandada las siguientes competencias:

Ejecución de planes operativos de la entidad para alcanzar los objetivos previamente establecidos por la Junta Rectora.

Coordinación de las distintas áreas supervisando los criterios establecidos en las mismas así como implementando junto con el equipo humano de dichas áreas la búsqueda de las mejoras tanto organizativa como metódica

Igualmente se le encomienda representar a la entidad ante las instituciones y organismos institucionales en el sector de servicios sociales al objeto de atraer proyectos y acuerdos de colaboración entre la entidad y las administraciones públicas.

Por la asunción de las nuevas competencias la entidad abonará al sr, Rodolfo un complemento bruto mensual de 507,44 € por 12 pagas al que se le aplicarán las revisiones salariales que recoja el convenio colectivo sectorial para años sucesivos (...)

Además, la entidad demandada otorgará al Sr. Rodolfo poderes notariales con las competencias que ejercerá a partir del 11 de noviembre de 2022.

Con la misma fecha, la coordinación del centro COPAD es asumida por la trabajadora de la asociación D. Patricia mediante la suscripción de un anexo al contrato de trabajo que es firmada en atribución de las facultades conferidas en esa misma fecha por D. Rodolfo en nombre de la asociación demandada y por la que la Sra. Patricia asume las funciones de coordinadora en el centro ocupacional COPAD abonándosele un complemento de puesto de 357 € brutos mensuales.»

Se apoya en los referidos anexos (docs. n.º 62 y 63 del ramo de la demandada).

Se rechaza la adición propuesta, que no refleja en su integridad lo que los documentos invocados refieren, y constituye una interpretación subjetiva de los mismos, discrepante con el relato de hechos alcanzado por el magistrado de instancia, quien ya ha tenido en cuenta y valorado tales documentos, e incluso la testifical del Sr. Rodolfo (FD QUINTO.7.2), a cuyas razonadas conclusiones debemos estar por ser a él, y no a las partes ni a los tribunales superiores en grado, a quien compete en exclusiva la labor de valorar las pruebas ex art. 97.2 LRJS.

3.9En el noveno submotivo se solicita la supresióndel hecho probado duodécimo,en la que se narra la situación económico-financiera de AFANAS.

Se basa la supresión en los documentos 56 a 59 del bloque 7 del ramo de la demandada, más el doc. n.º 60 (carta de desistimiento), más el doc. n.º 61 (acta de la junta rectora de 28.09.2022).

Se justifica en que la carta de desistimiento no contenía datos ni justificación económica para ello, lo que fue introducido por la demandada en el juicio y admitido por la sentencia recurrida, lo que evidencia que no hay desistimiento sino despido sin causa o con causa espuria.

No se admite la supresión fáctica pedida. Si lo que se pretende es de nuevo introducir una cuestión de incongruencia extra petitum,el cauce adecuado no es la revisión fáctica, sino el planteamiento de un motivo de infracción por la vía del apartado a) del art. 193 LRJS. Pero es que, además, nada se opuso en el juicio por la parte actora a tal cuestión introducida por la demandada como circunstancia que subyace en la decisión de desistimiento. Aunque tal causa de extinción de la relación laboral especial de alta dirección no exige exteriorización y acreditación de la causa, resultaba conveniente y necesario en este caso que la demandada, en trance de contestar a la demanda, expusiera tales causas (la necesidad de ahorro de costes debido a las pérdidas que se arrastraban) como medio de aportar una justificación objetiva y razonable a su decisión de desistir del contrato que contrarrestara la acusación de motivación discriminatoria formulada en la demanda.

En fin, los datos económicos que contiene el ordinal controvertido son ciertos, se derivan de la documental que primeramente se invoca, no han sido contradichos en forma alguna, y por ello no hay razón alguna para suprimirlos del relato.

3.10Finalmente, se solicita la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente texto:

«El once de agosto de 2022 la asesoría laboral de la empresa, siguiendo instrucciones de la Presidenta de la asociación demandada, remite por correo electrónico a la demandante propuesta para resolver la relación laboral de forma amistosa garantizándole hasta mayo de 2024, fecha en la que la trabajadora podía acceder a su jubilación, la diferencia económica que existiría entre el importe de prestaciones por desempleo que le abonaría el SEPE y el salario neto que tenia actualmente, proponiéndole, siempre que dicha extinción se llevara a cabo por acuerdo, una extinción de contrato por causas objetivas, con lo cual la indemnización a abonar por la empresa demandada estaría exenta de tributación fiscal para la trabajadora.

Entre el 9 de junio de 2022 a 9 de mayo de 2023 han causado baja en la empresa, además de la actora D, Leoncio y D. Matilde. Todos ellos mayores de 64 años.»

Se apoya en un amplio conjunto documental: docs. 62 y 63 del ramo de la demandada (anexos contractuales del Sr. Rodolfo y Sra. Patricia); más documental primera del ramo de la actora (correos electrónicos); doc. 68 del ramo de la demandada y 11 de la demanda (correo electrónico); y doc. 69 del ramo de la demandada (certificado de AFANAS).

Se rechaza la adición, que pretende efectuar una nueva valoración parcial y subjetiva, distinta a la efectuada por el magistrado de instancia, quien ya ha tenido en cuenta y valorado expresamente los correos electrónicos ahora invocados (a los que se remite dándolos por reproducidos en el ordinal probatorio decimoquinto) y el resto de la amplísima documental aportada por las partes.

Y, en fin, respecto del segundo párrafo del hecho que pretende adicionarse, no consta en el relato fáctico ni se deriva de la documental invocada cuál sea la causa de las bajas de estas personas.

CUARTO.-Por lo que hace a la censura jurídica, con amparo procesal en el art. 193.c) LRJS, el motivo tercero se subdivide en cinco apartados.

4.1Se denuncia en primer lugar la infracción de los artículos 1, 2, 3 y 8.2 del Estatuto de los Trabajadores ( ET) y de los arts. 1, 2, 3 y 4 [queremos entender que se refiere a los apartados Uno, Dos, Tres y Cuatro del art. 1] del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y jurisprudencia que los interpreta, en relación con los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), 96.1 LRJS y 24 de la Constitución de la Nación Española (CE).

En su desarrollo argumenta la recurrente -en resumen- que el juzgador a quoha incurrido en una valoración errónea e ilógica de la prueba documental, discrepando del razonamiento vertido en el fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida, sosteniendo que la relación entre las partes era laboral común, y no de alta dirección, y contra-argumentando para ello que «la actora y bajo una responsabilidad decisoria directa de los órganos titulares de la empresa, actuaba bajo las instrucciones directas del comité creado por la junta directiva/rectora, y del/la Presidente de la asociación al que el art. 29 de los Estatutos de la misma definen como el representante legal y oficial de la asociación y director de todos los servicios de la asociación.»

El motivo no puede prosperar por cuanto, atendido el inalterado relato fáctico, acierta la sentencia recurrida cuando califica la relación entre las partes como especial de alta dirección y no laboral común como se pretende por quien ahora recurre. Compartimos así los acertados argumentos vertidos en el fundamento de derecho quinto de dicha sentencia que merece la pena transcribir:

«1.- Si partimos de los hechos probados, podemos comenzar afirmando que la actora podía ejercitar y ejercitó poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. Si por tales entendemos aquéllos que implican "fundamentalmente, la capacidad de llevar a cabo actos y negocios jurídicos en nombre de tal empresa, y de realizar actos de disposición patrimonial, teniendo la facultad de obligar a ésta frente a terceros",podemos llegar a la conclusión clara de que en el presente caso, esto era efectivamente así. Basta con observar el contenido de los poderes que la empresa otorgó a favor de la actora a lo largo de su relación para comprobarlo. Expresamente se le confería poder general y amplio y tan bastante como en derecho se requiera a favor del Director-Gerente de esta Asociación.Y entre esos poderes se contenía la representación de la Asociación frente a terceros ejercitando, desistiendo, o transigiendo derechos, acciones y excepciones.También se encontraban concretas facultades de disposición patrimonial, así como la facultad de contratar y rescindir los contratos de trabajo y una amplia representación ante los Tribunales (teniendo ante estos también amplias facultades que podrían conllevar la asunción de importantes obligaciones por parte de la Asociación). Y como se desprende de la prueba aportada, y de los consecuentes hechos probados, la actora efectivamente ejercitó dichos poderes.

Como ha quedado apuntado en el fundamento tercero, y es ampliamente recogido en nuestra Jurisprudencia, "no obsta a la conclusión expresada "el hecho de que determinadas facultades le hubieran sido atribuidas mancomunadamente...",como también en nuestro caso sucede en relación con algunas de las facultades otorgadas.

2.- Además, esos poderes afectaban a "los "objetivos generales de la compañía", no pudiendo ser calificados como tales los que se refieran a facetas o sectores parciales de la actividad de éstas".

Como ha quedado señalado, el fin que fijan los estatutos de la Asociación es "el fomento de la asistencia, recuperación, enseñanza, integración escolar, laboral y social de las personas afectadas de minusvalía psíquica, así como la colaboración con cuantas entidades particulares y oficiales existan orientadas a la misma finalidad",y es fácil llegar a la conclusión de que las facultades de las que se invistió a la actora tendían a la consecución de ese fin general de la Asociación. Basta comprobar los acuerdos de colaboración alcanzados y firmados por la actora con diferentes entidades públicas y privadas. Basta atender al contenido de las actas de las asambleas ordinarias, para entender que era la actora, como Directora-Gerente, la que daba cuenta a la Asamblea de la memoria de actividades de la Asociación, actividades claramente relacionadas con la finalidad general de la Asociación (así se puede comprobar en el acta de 23 de junio de 2022).

3.- La actora ejercitó dichas facultades con plena autonomía y responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.Cabe señalar que ya resulta significativo que en el clausulado adicional del contrato de trabajo de la actora, se especifique que "Su cargo será el de DIRECTORA GERENTE de todos los Centros y Servicios de la Asociación"y que "Las funciones específicas a desarrollar, serán las propias del cargo para el que se contrata, y que le serán detalladas en el poder notarial que se le otorgará al efecto".Es decir, a pesar de la apariencia del contrato de trabajo firmado, del cual se podría desprender que la actora desempeñaría una actividad laboral común, lo cierto es que del clausulado especial se desprendía claramente que la intención de las partes era que la actora fuera directora-gerente, con las facultades que le eran propias y que de forma extensa se detallaron en el posterior poder que se otorgó (marzo de 2006, que se obvia en la demanda).

Hay que señalar que el poder de representación se le otorga en virtud de un acuerdo adoptado por la Asamblea General. Como se desprende de la propia escritura pública, es también la Asamblea la que autoriza a que se eleve a escritura pública y se otorgue el poder a favor de la Directora-gerente a través del Presidente de la Asociación, y así lo hizo. Es por lo tanto en virtud de un acuerdo del máximo órgano de gobierno de la Asociación que se le atribuyen a la actora las concretas funciones que desempeñó.

Cabe también recordar, que según la LO 1/2002, de 22 de marzo, que regula el Derecho de Asociación, en su artículo 11, "la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación",y la Junta Rectora, en nuestro caso, es el "órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación"que en toda asociación debe existir. Lo cual coincide con la configuración que los Estatutos realizan de sendos órganos. En este sentido, uno y otro, vendrían a ser la persona o los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que con sus criterios e instrucciones pueden limitar los poderes de la actora, a los que se refiere el artículo 1.dos del Real Decreto 1382/1985.

4.- Son muchos los elementos de prueba que apuntan hacia esa plena autonomía y responsabilidad de la actora en la toma de decisiones. Así cabe reseñar que la actora no aporta ninguna prueba de que las actuaciones realizadas por ella hubieran sido previamente autorizadas por órgano alguno de la asociación, o por persona intermedia. Las declaraciones de los testigos y de la Presidenta de la Asociación no apuntan en tal sentido. No consta la existencia de un protocolo o proceso formal para la toma de esas autorizaciones o para su constancia, lo cual parecería adecuado en orden a conferir de cierta seguridad jurídica al proceso de toma de decisiones en términos de transparencia ante los asociados, o por mera seguridad de cara a una posible exigencia de responsabilidades. Esta ausencia ya de por sí avala la conclusión de que la actora tomaba decisiones con plena autonomía y responsabilidad. Así, por ejemplo, en relación con la firma de convenios de colaboración (una parte muy importante de los fines de la Asociación), doña Felicisima, actual presidenta, señaló que en relación con estos todo lo hacía la gerente, y que no recordaba que en ninguno se pidiera autorización a la Junta o a ella misma.

5.- En este punto, los correos electrónicos aportados por la actora, si bien se circunscriben a su último periodo en la asociación, más que reforzar la tesis de la actora respecto a su supuesta dependencia en la toma de decisiones, apuntan más bien en el sentido contrario. De dichos correos, más que de un proceso de solicitud de autorización, se desprende que estamos ante un proceso de consulta o dación de cuenta en algunos asuntos concretos.

- Así, en cuanto al pago de nóminas, correo de 30 de mayo de 2022, don Rodolfo, Jefe de Administración, explicó que la firma era mancomunada, de la actora y de la presidenta (como por otro lado se especificaba en el poder), y que él obtenía la autorización de las dos, y que a la actora se la solicitaba de forma verbal.

- El hilo de correos que se inicia el 4 de abril de 2022, sobre la firma del convenio "EPES", es más que significativo en orden a acreditar la autonomía y responsabilidad de la actora en la toma de decisiones. Resulta curioso que la actora subraye para llamar la atención de este juzgador la frase (página 2) "si dais el visto bueno a la firma del Convenio",que evidentemente pudiera significar que la actora en la firma de convenios necesitaba de dicha autorización con carácter general. Pero la actora obvia oportunamente el contenido del párrafo siguiente, en el que se puede leer: "Habitualmente no suelo consultaros sobre los convenios que firmamos con centros de formación profesional, I.E.S. y Universidad. Sin embargo éste es una nueva modalidad y por tanto creo conveniente que tengáis conocimiento".Dicha afirmación es de la propia actora, es muy revelador para lo que aquí se discute, e indica que esa autorización que solicitaba era la excepción. Y fue la actora, la que motu proprio, decidió recabar la autorización, lo que nuevamente revela que lo podría haber firmado sin la misma, es decir, no tenía límites para la firma de dichos convenios. Refuerza por lo tanto la idea ya puesta de manifiesto por este juzgador de que los correos aportados son meras consultas, algo de por sí nada ilógico, pero que no suponían la petición de una necesaria autorización previa para poder actuar.

- El correo de 5 de octubre de 2022 viene a poner de manifiesto que la actora en todo caso, más que pedir autorización para ejecutar los actos que estime convenientes, consulta las indicaciones o directrices a seguir, en un asunto aprobado por la Junta General, lo cual como mucho revela que la actora se atenía a las instrucciones o criterios a los que se refiere el artículo 1.dos del Real Decreto 1382/1985.

- En el correo de 18 de febrero de 2022 se aprecia con claridad que se trata de una mera consulta o dación de cuentas, de hecho, uno de los "mails" va dirigido a don Rodolfo, del que no cabe duda que no autorizaba ninguna actuación de la directora-gerente, mucho menos la contratación de personal. Así se desprende de su declaración como testigo. Lo mismo cabe decir del correo de 5 de septiembre de 2022, en el que la Presidenta no autoriza nada a la actora, vemos que le aconseja que lo comente "con Leoncio, para ver qué piensa". De hecho la actora lo "adjunta para vuestra consideración",no para su previa autorización.

- El único correo en el que consta que la presidenta autorice una actuación, es el correo de 20 de septiembre de 2022, y es el presupuesto de unos toldos, que no la compra en sí. Lo mismo cabe decir de la compra de una freidora y de la instalación eléctrica, que por otro lado parecen enmarcarse en un proceso de consulta y formación de voluntad, que son aislados.

- En cuanto al presupuesto de la nave de más de 100.000 €, correo de 2/03/2022, parece razonable, atendiendo a la importancia de la suma y del exiguo presupuesto de la Asociación, que en una decisión así se recabe la opinión de los órganos superiores de la misma. En todo caso, dichos correos demuestran que se está ante un proceso de consulta y asesoramiento para la toma de decisión.

- Por último, en cuanto a los correos relativos a la convocatoria de la Junta Rectora y de la Asamblea General, parece lógico que las convocatorias respectivas (que seguramente estén fijadas en los estatutos), no dependa de la decisión de la directora gerente, que no forma parte de uno u otro órgano. Normalmente ese tipo de decisiones corresponden al Presidente del órgano, como es el caso.

En definitiva, la actora con dichos correos confunde el proceso de toma de decisiones en una empresa, que no suele ser un proceso aislado sino de consulta e información dentro del seno de la empresa (o con asesores externos), con la facultad de tomar la decisión definitiva respecto al asunto objeto de consulta. Precisamente si algo ha quedado claro de ese grupo documental es que la actora en un núcleo importante de la actividad de la Asociación, firma de convenios de colaboración, actuaba habitualmente sin autorización previa alguna.

6.- Ha sido objeto de atención especial el relativo a la contratación y despido de trabajadores de la asociación. A este respecto la declaración de la Presidenta de la asociación fue contundente, así como los contratos y cartas de despido aportadas por la demandada. Pero si atendemos al propio tenor literal del poder de representación, podemos llegar también a una conclusión clara. Se dice en dichos poderes, respecto de la facultad de extinguir los contratos de trabajo lo siguiente: "Rescindir contratos de trabajo, cuando fuera preciso, dando cuenta de ello a la Junta Directiva en la primera reunión que se celebre". Dicha expresión denota claramente que la directora-gerente podía adoptar la decisión de extinguir los contratos (entro ello también despedir, pero no solo despedir) con plena autonomía y responsabilidad, sin previa autorización, sencillamente, después de adoptar la decisión daría cuenta a la Junta Rectora.

7.- Por último, el artículo 2 del Real Decreto, 1382/1985, indica que el fundamento de "La relación laboral especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe".Es la propia actora la que en el hecho quinto de su demanda pone de relieve la "relación de confianza, desde la buena fe",que existía entre ella y la Junta Directiva y Presidenta, es decir, que existía con la empresa. Pero también se pone de manifiesto esa relación de confianza y de buena fe, cuando en la reunión de la Asamblea General de 27 de junio de 2018, es precisamente la actora la que pone de relieve la necesidad de que se proceda a realizar una Asamblea General Extraordinaria que le otorgue un nuevo poder de representación, por exigencias formales. Consta en el acta que se aprobó por unanimidad, y cabe deducir que el poder de 9 de julio de 2018 obedece a tal decisión.

En definitiva, las facultades que ostentaba la actora eran amplias, podía ejercerlas con autonomía y plena responsabilidad, no limitándose a cuestiones puramente administrativas, como son la representación de la sociedad, contratar o despedir a personal. Y los poderes conferidos se refieren a objetivos generales de la entidad -teniendo en cuenta las especiales características de la Asociación que nos ocupa- y las facultades otorgadas, además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, están referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos transcendentales de sus objetivos. Los poderes pueden considerarse como inherentes a la titularidad jurídica de la empresa sin que el hecho de que algunas facultades fueran mancomunadas, obste a dicha apreciación pues se trata de facultades atinentes al ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. No consta que haya tenido por encima a ningún otro cargo directivo, constando que su actividad solo estaba limitada por los órganos superiores de la Asociación, por lo que ha de concluirse que la relación laboral habida entre las partes era de alta dirección. Sin dejar de señalar que en la relación indicada no es determinante el criterio formal- modo en el que se formaliza la contratación- ya que el contrato de trabajo no es lo que las partes dicen que es éste, sino lo que realmente es, con independencia del nombre jurídico que las partes le hubieran querido dar, debiendo de estarse a su naturaleza y contenido (y a este respecto, poco o nulo valor jurídico ha de tener la información contenida en la web de la asociación aportado por la demandante).»

Como es de ver tras una lectura atenta de dicho fundamento jurídico, el magistrado de instancia ha valorado todo el caudal probatorio aportado, consistente en la documental, interrogatorio y testifical, valorándolo de modo racional, conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica; así, ha valorado que se firmara inicialmente entre las partes un contrato inicial de trabajo (Hecho Probado Cuarto), si bien también ha valorado otros hechos posteriores a ello que son también relevantes (otorgamiento de poderes, ejercicio efectivo de las facultades concedidas con autonomía y responsabilidad), concluyendo acertadamente que la relación que une a las partes es claramente una relación de alta dirección y no una relación laboral común.

Por todo lo hasta aquí razonado, la sentencia no incurrió en las infracciones jurídicas que se le imputan en el motivo, por lo que éste debe ser desestimado.

4.2En el segundo subapartado del motivo tercero se denuncia que la sentencia infringe el art. 1 ET, el art. 1.288 del Código Civil, y diversos preceptos del Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad(art. 86, Anexo I, apartado I, arts. 34 y 37).

En su desarrollo se vuelve a insistir en la crítica al fundamento de derecho quinto de la sentencia, centrándose en combatir el argumento judicial de que la actora podía ejercitar y ejercitó poderes inherentes a la titularidad de la empresa, para lo cual vuelve a verter su parcial y subjetiva valoración de las pruebas documentales aportadas para concluir que en realidad la actora, ahora recurrente, era uno de los puestos de dirección y coordinación a los que se refiere el art. 88 del convenio colectivo, que define sus cometidos funcionales, estando pues sometida a la normativa laboral común, a diferencia del alto directivo que está excluida del convenio, y que entre el órgano directivo y la trabajadora existían personas intermedias como el presidente de la asociación y el comité.

Rechazamos el submotivo por las mismas razones que el anterior.

4.3En el tercer submotivodel motivo tercerose denuncia la infracción por la sentencia de los arts. 6.3. 6.4 y 7 del Código Civil (C.c.). y de la doctrina jurisprudencial que desarrolla la vinculación del deber de buena fe con los actos propios y el fraude de ley; la indebida aplicación del art. 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección; y la infracción por inaplicación de los art. 51.1 y 52 del ET (Extinción del contrato por causas objetivas).

En su desarrollo se combate el fundamento de derecho cuarto de la sentencia cuando analiza el desistimiento efectuado por la demandada al amparo del art. 11 RD 1382/1985, y viene a contra-argumentar que se la vulnerado el principio general que prohíbe ir contra los actos propios, debiendo estar la demandada vinculada a sus actos precedentes, entre los que indica: la suscripción de un contrato de trabajo laboral común y bonificado, la aplicación durante la relación laboral del convenio colectivo, el abono del salario según convenio, la propuesta empresarial de extinguir la relación laboral mediante acuerdo de pago de una indemnización (inferior a la mínima legal y enmascarada bajo la forma de un despido objetivo), la pretendida justificación de la extinción en causas económicas sin que ello se hubiera aducido en la comunicación extintiva, y la falta de abono de la indemnización por preaviso del art. 11 del RD 1382/1982.

Y en el cuarto submotivodel mismo motivo tercerose viene a denunciar la infracción por la sentencia de los arts. 4.2.c) ET en relación con el art. 55.5 ET y el art. 14 CE, al que se remite el art. 11.2 RD 1382/1985. Se insiste en su desarrollo en que el despido es nulo por discriminatorio en razón de edad, combatiendo así los argumentos del fundamento de derecho quinto de la sentencia donde analiza tal cuestión y la rechaza.

Abordamos conjuntamente ambos submotivos respondiendo a ellos que los argumentos de la recurrente no pueden ser compartidos. Es doctrina jurisprudencial inveterada y muy reiterada que la calificación de los contratos no depende de cómo hayan sido denominados por las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto [ SSTS, entre otras muchas, 11-12-1989 y 29-12-1999]. La sentencia recurrida da cumplidos y acertados argumentos, con valoración racional de toda la prueba practicada, no solo documental sino también la testifical, para calificar la relación como especial de alta dirección. Nos remitimos una vez más al fundamento de derecho quinto y a lo razonado en el precedente apartado 4.1 de esta nuestra sentencia.

En particular, y sobre la pretendida discriminación por razón de edad, nos remitimos a los adecuados razonamientos del fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida, que compartimos plenamente, donde se dice lo siguiente:

«Lo cierto es que no se aporta el más mínimo indicio de que la extinción de su contrato de trabajo se produjera con ocasión de su edad. Únicamente se alega sin más su edad por la parte actora, pero no se aporta prueba alguna que, aun indiciariamente, apunte a que la extinción de la relación laboral fuera por tal causa. Ninguna prueba, tampoco indiciaria, se aporta respecto de muchas de las afirmaciones que se contienen en la demanda, como respecto de la supuesta presión que la empresa ejerció sobre ella para que aceptase un despido. La prueba aportada más bien viene a acreditar que no existe relación causal alguna entre la edad de la actora y el desistimiento:

1.- Los correos electrónicos aportados por sendas partes respecto la cuestión de la jubilación, acreditan nada más y nada menos que lo que la propia actora ya venía a reconocer en su demanda y que reconoció en sus conclusiones en el acto del juicio, que fue ella la que se interesó a través de la empresa, y por intermediación de ésta, para que la asesoría laboral de la Asociación, estudiase el posible acceso a su jubilación anticipada. Don Rodolfo aclaró que ya en el año 2018 la actora solicitó información sobre su jubilación anticipada, y que lo volvió a reiterar en el año 2021.

De los correos aportados se desprende claramente que estamos en presencia de una mera labor de información a requerimiento de la actora, y sobre su propia jubilación. Además, la comunicación era directa entre la actora y la asesoría laboral. No se puede deducir en forma alguna una actitud coactiva por parte de la empresa para que la actora procediera a su jubilación o para que aceptase una extinción fraudulenta del contrato.

Es en este contexto en el que se enmarca también el correo electrónico aportado de fecha 11 de agosto de 2022 (documento 11 de la demanda y documento 68 de la demandada) en el que la asesoría laboral, exponía la posibilidad de un despido objetivo con indemnización hasta la jubilación, cubriendo la empresa la diferencia entre la prestación por desempleo y el salario neto de la actora durante ese periodo. Se puede entender claramente de su literalidad que la propuesta que se le hace es en el marco de la consulta para acceder a la jubilación con una fórmula, la calificaré solamente de imaginativa, que suponía la extinción del contrato, y que en ese momento podría interesar a las dos partes del contrato, dado que a la empresa le interesaba amortizar puestos de trabajo. El hecho es que no consta que la actora presentase denuncia alguna ante la autoridad laboral por el supuesto clima de acoso al que se supone fue sometida. El hecho es, que la actora en su demanda afirma que buscó asesoramiento externo para comprobar que la oferta que se le ofrecía era tan buena como se le decía. Esto permite inferir que la oferta se efectuó en un marco de negociación consentido por ambas partes, en el que se buscaba una solución que satisficiera a ambas. Un proceso de negociación, nada extraño al mundo laboral y contractual, que acabó sin acuerdo. La actora buscó asesoramiento externo para comprobar que la oferta le interesaba, no buscó asesoramiento externo para actuar legalmente ante la supuesta situación de acoso que hoy sí describe en la demanda. Quizá es que esa situación coactiva realmente no existía.

La Presidenta, doña Concepción, reconoció en su interrogatorio que preguntó a la actora, a la incorporación de sus vacaciones, si le parecía bien la solución, la actora no la aceptó. La Presidenta manifestó que en ese momento supone que la Asamblea ante la negativa de la trabajadora a la opción planteada, optó por una solución que satisfacía a la empresa pero no a la trabajadora. Y objetivamente así era.

Pero lo anterior no significa que la empresa quisiera echar a la trabajadora por su edad, como se afirma en la demanda, ni que la empujase a ello. La actora se quería jubilar anticipadamente (desde 2018 mostró su interés), y la empresa tenía interés en amortizar puestos de trabajo. Resultan creíbles las afirmaciones que se contienen en la demanda, sobre que la Presidenta le decía a la actora que la solución que se ofrecía le interesaba mucho, así era. Algo que en el marco de la confianza y buena fe que existía, según afirmaba la demanda, es fácil de entender que se pudiera producir.

No resulta ilógico que la Presidenta pudiera querer beneficiar a una trabajadora, que era directora-gerente, con la que existía una especial relación de confianza y buena fe, desde hacía 17 años, con una opción que siendo muy reprochable en términos jurídicos, era personalmente beneficiosa para la actora. Actitud que, si la ponemos en el concreto contexto de la Asociación que nos ocupa, esto es, una entidad sin ánimo de lucro, en la que la Presidenta no tenía ningún interés personal (según manifestó no percibe remuneración alguna por su cargo), no resulta tan descabellada.

Lo apuntado aleja el móvil discriminatorio en el desistimiento, sobre todo porque la finalización del contrato era buscada por las dos partes, sencillamente no llegaron a un acuerdo.

2.- Se alegó por la demandante que la Asociación requería información a su asesoría laboral sobre los trabajadores que se iban a jubilar próximamente, para tratar de enmarcar dicha actuación en una especia de política contra las personas mayores. La respuesta la ofreció la Presidenta en su interrogatorio, y resulta racional y lógica en una empresa, sencillamente se enmarca en el plan estratégico de la asociación, en orden a conocer los puestos que han de ser renovados. Parece lógico, como he dicho, que una empresa por previsión, anticipe los puestos de trabajo que quedarán vacantes por la jubilación del trabajador. Tampoco parece ilógico que se les pueda ofrecer incluso una jubilación anticipada, la jubilación anticipada está regulada legalmente, y no supone por sí misma una actuación discriminatoria. Querer deducir de dicha actuación una política discriminatoria por parte de la empresa solamente sirve para poner de relieve la visión subjetiva de un hecho.

3.- En tercer lugar, por la demandada se manifestó en el juicio la causa de la decisión de desistir del contrato. Amortizar un puesto de trabajo para ahorrar costes a la asociación. Como ya he apuntado el desistimiento no exige la exteriorización y acreditación de una causa, pero como también he manifestado toda actuación humana suele responder a un motivo o causa. Cabe entender que la demandada puso de manifiesto en el juicio ese motivo o causa para alejar la sospecha de discriminación en su actuación que sobre ella proyectaba la actora. Cabe afirmar que resulta racional y lógico, a partir de la información económica aportada, y de la declaración de don Rodolfo, que efectivamente la amortización del puesto de trabajo de la actora (la cual tenía el sueldo más elevado de la Asociación), sirvió para reducir las pérdidas de la asociación. Resulta lógica la medida dado que si atendemos a las características de la empresa que nos ocupa y su objeto, así como a las fuentes de financiación de la misma, la reducción del coste laboral es una de las pocas opciones con las que cuenta para reducir las pérdidas. Don Rodolfo además señaló que no se ha contratado a un nuevo director-gerente, y que las funciones de la actora se han redistribuido entre los órganos o miembros de la Asociación, uno de ellos él mismo. Lo cual resulta coherente con el intento de contener el gasto salarial.

Don Rodolfo también declaró que se amortizaron otros tres puestos de trabajo además del de la actora, y que en esos tres casos ninguno de los tres trabajadores superaba la treintena. Lo cual permite descartar una política de discriminación por la edad en la empresa.

En definitiva la existencia y acreditación de esta causa permite romper cualquier posible nexo causal entre la edad de la actora, lo cual es un dato objetivo, con el hecho de la extinción de su contrato de trabajo.»

Razonamientos que por ser ajustados a derecho deben ser plenamente compartidos sin necesidad de añadir nada más, lo que basta para desestimar ambos submotivos.

4.4Por último, en el quinto submotivodel motivo tercero,se denuncia que, al no conceder la indemnización por vulneración de derechos fundamentales, la sentencia de instancia infringe los arts. 1.101 y 1.902 del Código civil, en relación con el art. 183 LRJS y la doctrina del Tribunal Supremo que desarrolla las bases para la cuantificación de los daños producidos por vulneración de derechos fundamentales.

Este submotivo depende, para su éxito, del previo éxito del anterior, que ya ha sido rechazado. Así, no estimándose vulnerado ningún derecho fundamental de la demandante, tampoco podría estimarse su reclamación de ser indemnizada por ello, como bien razona la sentencia recurrida. Razón por la que se desestima también este último submotivo y con él todo el recurso, procediendo confirmar la sentencia recurrida.

QUINTO.-No ha lugar a imposición de costas a la trabajadora recurrente, aun vencida en su recurso, por gozar legalmente a estos efectos del beneficio de justicia gratuita ( arts. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, y 235.1 LRJS) .

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere el Pueblo español, la Constitución de la Nación Española y las leyes,

PRIMERO.-Según consta, la ahora recurrente presentó demanda de despido con vulneración de derechos fundamentales y reclamación de cantidad acumulada frente a AFANAS JEREZ COPAD solicitando el dictado de una sentencia por la que se declarase que su relación con la demandada era laboral común, y que se declarase nulo el despido discriminatorio por razón de edad del que decía haber sido objeto, y se condenase a la demandada a readmitirla con abono de los salarios de tramitación y a que le pagase una indemnización de 80.000 euros por daños morales y materiales; o, subsidiariamente, que se declarase la improcedencia del despido se condenase a la demandada a readmitirla con abono de los salarios de tramitación o a indemnizarla con 79.946,50 euros.

La sentencia del juzgado resuelve que la relación entre las partes era laboral especial de alta dirección, y que por ello no hubo despido alguno sino lícita facultad de desistimiento, si bien estima parcialmente la demanda al condenar a la demandada a pagar a la actora la indemnización aceptada por la demandada en concepto de preaviso omitido, en cuantía de 11.553 euros.

Frente a tal sentencia recurre ahora en suplicación la parte trabajadora articulando tres motivos: el primero, de nulidad de la sentencia por incongruencia extra petitumal amparo del apartado a) del art. 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , a cuyo efecto aporta documental al amparo del art. 233 (por mero error de transcripción cita el 231) de la LRJS; el segundo, de revisión fáctica con amparo procesal en el art. 193.b) LRJS, en el que solicita hasta diez concretas modificaciones fácticas; y el tercero, de censura jurídica por la vía del art. 193.c) LRJS, dividido en cinco submotivos, tendentes a sostener que su relación es laboral común, y no especial de alta dirección como entendió la sentencia, y que el despido es discriminatorio por razón de edad, procediendo el pago de la indemnización adicional.

Impugna el recurso la parte demandada, que se alinea con las tesis de la sentencia recurrida, la que pide confirmar.

SEGUNDO.-En el primer motivo se pide la nulidad de la sentencia y retroacción de actuaciones para que se dicte otra nueva, al haber incurrido el magistrado de instancia en incongruencia extra petitumal condenar al pago de la indemnización por falta de preaviso en el desistimiento, petición que dice no haberse formulado ni en demanda ni en el acto del juicio, a cuyo efecto aporta al amparo del art. 233 LRJS un conjunto documental formado por: a) la resolución del CEMAC de 14.11.2023 por la que se cita a las partes al acto conciliatorio a celebrar el 28.11.2023; b) las citaciones a ambas partes; y c) la papeleta de conciliación presentada en reclamación de cantidad "ad cautelam, para el improbable supuesto de(que) la demanda de despido... sea desestimada por sentencia judicial firme".

Sin necesidad de admitir siquiera la documental aportada por la citada vía, dado que es intrascendente para los fines del motivo, éste debe ser desestimado.Efectivamente, aunque los documentos aportados son de fecha posterior al juicio, no podemos obviar que es así porque la propia parte actora, que ahora recurre, decide interponer la papeleta de conciliación y tras el juicio, siendo así que no existió impedimento alguno para que la hubiera presentado antes del juicio, y para que hubiera aportado en éste la misma documental. Pero la razón fundamental de no aceptar su aportación es su evidente intrascendencia, pues si existió o no incongruencia extra petitano puede derivar de que se haya presentado después de celebrado el juicio una reclamación de cantidad por el mismo concepto que ya otorga la sentencia, sino que solo depende de cuáles fueran las pretensiones de la demanda y si se ampliaron o no al ratificarla o durante el transcurso del juicio.

Entrando ya a resolver el motivo, sin necesidad de tener en cuenta los documentos que se aportaron con el escrito de recurso, respondemos diciendo que si bien es cierto que en el suplico de la demanda no se hizo petición -ni siquiera subsidiaria- de pago del preaviso omitido en el desistimiento, sean cuales fueren las razones, atendibles o no, de la parte actora para ello; y tampoco consta que en el desarrollo del juicio se introdujera tal pretensión por la parte actora con aquiescencia y sin protesta de indefensión de la demandada; sin embargo se admite por ambas partes que fue ésta, la demandada, la que en fase de conclusiones admitió no haber observado el preaviso y que aceptaría la condena a su pago en la cuantía que indica, que es la que la sentencia acoge, a lo que la parte actora, que formuló después sus conclusiones, nada opuso tal y como se razona en el fundamento de derecho sexto de la sentencia recurrida. Es claro que la parte actora pudo defenderse de la pretensión de la demandada de que se incluyera la consecuencia de la condena al pago del preaviso omitido, lo que solo constituía una cuestión jurídica de fácil contestación en su turno de conclusiones. No consta que protestara ni solicitara del juzgador que no tuviera en cuenta tal pretensión de la demandada, y ello impide que pueda hacerlo ahora en vía de recurso. Razones por las cuales el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.-En cuanto a la integración de los hechos probados que se solicita al amparo del art. 193.b) LRJS, conviene comenzar recordando que como tenemos dicho reiteradamente, según una consolidada jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, que recogen y aplican las sentencias de 2 de marzo de 2016 (Rco. 221/2015), 13 de mayo de 2019 (Rec. 246/2018) y 4 de julio de 2019 (Rec. 89/2018), la viabilidad de la reforma fáctica en sede de recurso extraordinario está supeditada a que se cumplan entre otros los siguientes requisitos: 1.º) Ha de fundarse en un elemento probatorio obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de prueba documental o pericial, con exclusión de otros medios, y la eficacia propia de aquéllos; 2.º) La prueba designada ha de evidenciar el error denunciado de forma clara, directa y patente por su propia fuerza demostrativa directa sin necesidad de acudir a deducciones, conjeturas o suposiciones más o menos lógicas o a interpretaciones valorativas, no pudiéndose sustituir totalmente la valoración judicial por la de la parte; 3.º) El dato evidenciado por el documento alegado no puede entrar en contradicción con lo que resulte de otros elementos de prueba a los que el Juez de instancia haya otorgado razonadamente mayor valor pues en tal caso no se trata de un problema de error de hecho sino de discrepancia con la valoración de los medios de prueba, la cual corresponde al órgano "a quo"; 4.º) La modificación propuesta debe tener trascendencia para una eventual modificación del fallo de instancia, si bien no se puede descartar un motivo de revisión fáctica por el mero hecho de que resulte intrascendente para el órgano jurisdiccional de suplicación, ya que tal juicio de intrascendencia podría no ser compartido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a la hora de resolver en unificación de doctrina; de forma que solo debe ser rechazada la revisión cuando ésta sea banal, es decir, se refiera a hechos irrelevantes absolutamente ajenos a la cuestión litigiosa; 5.º) La modificación que se pretenda no debe comportar valoraciones jurídicas, pues las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

Dicho lo cual, resolvemos las pretensiones de modificación fáctica, que son las siguientes:

3.1En primer lugar se solicita la ampliacióndel hecho probado primero,para añadirle el siguiente texto:

«El Convenio Colectivo de aplicación en la empresa demandada es el Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (código de Convenio 99000985011981.(doc nº1, 1 bis y 1 ter de la demanda rectora).

La actora percibía una retribución de 3.833,51 euros brutos mensuales (2.787,74€ líquidos) incluido el prorrateo de las pagas extras, que incluye todos los conceptos retributivos según convenio para el grupo profesional II, y según el siguiente desglose:

Sustenta la adición en un conjunto documental formado por el convenio colectivo (doc. 1 y 1.bis y ter de la demanda), nóminas de la actora (doc. n.º 2 de la demanda), contrato de trabajo (doc. n.º 3 de la demanda), informe de vida laboral y bases de cotización (doc. n.º 64 del ramo de la demandada).

Se rechaza la adición, por innecesaria, pues los datos esenciales queridos introducir ya constan en los ordinales primero y cuarto de la sentencia. Lo único novedoso sería el desglose de conceptos, que resulta innecesario, pues existe también referencia en el relato fáctico a las nóminas, a las cuales se defiere el detalle de conceptos retributivos, que la sentencia acepta daban lugar a un salario diario de 126,03 euros, que es el cociendo de dividir entre 365 el importe bruto anualizado de sus nóminas.

Además, el primer párrafo del texto alternativo propuesto incurre en evidente predeterminación del fallo, al dar como hecho lo que no es más que una valoración o conclusión jurídica, como es la de determinar cuál sea el convenio colectivo aplicable, lo que sustenta en el texto del convenio colectivo oficialmente publicado, que es una norma y no documento hábil que pueda sustentar una revisión de hechos probados, según declara la jurisprudencia, pudiendo citarse al efecto la STS/IV 19 de enero de 2022 (rec. 82/2021 ),a cuyo tenor: «Reiterada doctrina jurisprudencial niega eficacia revisora casacional a los convenios colectivos publicados en un boletín oficial porque resulta aplicable el principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), por lo que no es cuestión de hecho el texto del convenio, el cual no debe incluirse en los hechos probados de la sentencia. El contenido de una norma publicada en el boletín oficial está exento de prueba por ser dato conocido por el órgano judicial, de modo que puede la sala razonar sobre él sin necesidad de incorporarlo al relato (por todas, sentencia del TS de 15 de junio de 2021, recurso 85/2019 y las citadas en ella).»

3.2En el segundo submotivo se interesa la adiciónde un nuevo hecho probado,sin numerar, con el siguiente contenido:

«En el sistema de clasificación profesional previsto en el art. 86 y siguientes del convenio colectivo y anexo I Se dispone la integración del personal en cuatro grupos profesionales siendo el primero de ellos el correspondiente al Personal directivo con el siguiente cometido funcional:

Gestiona procesos consistentes en organizar, dirigir y controlar las actividades y acciones propias del funcionamiento empresarial. Se le exige evidenciar un alto nivel de competencias en materia de liderazgo, desarrollo de otras personas, toma de decisiones, comprensión de la organización, e Integración y globalidad, además de en las competencias transversales comunes al sector. Se incluirán dentro de este grupo los puestos de trabajo del máximo nivel de gestión estratégica que conformen el equipo director dentro de cada empresa.»

Dice basarse en el convenio colectivo (doc. n.º 1 de la demanda), contrato de trabajo (doc. n.º 2 de la demanda) y memoria de actividades (doc. n.º 9 y 9 bis de la demanda), aunque solo el convenio sustenta la redacción pretendida.

No se accede a la adición, pues se apoya en documental inhábil a estos efectos, dado que las normas convencionales oficialmente publicadas no constituyen prueba documental: no son hecho, son derecho, rige el iura notiv curia.En este sentido, reiteramos la inhabilidad revisoria del convenio colectivo conforme a la precitada STS/IV 19 de enero de 2022 (rec. 82/2021), con doctrina referida a la casación ordinaria pero igualmente aplicable al recurso de suplicación, dada la común naturaleza extraordianria de ambos recursos (el de suplicación, cuasi-casacional).

3.3En el tercer submotivo se pide ampliarel hecho probado tercero,con la siguiente adición:

«Corresponde al presidente de la asociación la representación legal y oficial de la Asociación, la firma de todos los documentos de la misma, convocar la Junta Rectora y Generales, resolver por sí toda cuestión que por su importancia y urgencia sea necesario para el mejor cumplimiento de los fines de la asociación, viniendo obligado a dar cuenta a la Junta Rectora. Autorizar con su firma las actas, certificaciones y otros documentos. Ser ordenador de pagos y cobros y director de todos los servicios de la Asociación.»

Se apoya en los estatutos de la asociación demandada (doc. n.º 5 de la demanda), siendo el texto propuesto transcripción literal de su art. 29.

No se acepta la ampliación, por reiterativa e innecesaria, dado que ya el hecho probado tercero, en su apartado 3, letra a) transcribe las competencias estatutarias del presidente, en términos idénticos que los que ahora se quieren reiterar.

3.4Se solicita a continuación la adiciónde un nuevo párrafoal final del hecho probado décimo,del siguiente tenor:

«Junto con la actora en las reuniones de la junta rectora y de la asamblea interviene en su cualidad de jefe de administración D. Rodolfo.»

Se basa en los documentos números 43, 45, 46, 47, 48 y 49 del bloque 4.º del ramo de la demandada.

Se justifica diciendo que no es solo la actora la que se encuentra con voz pero sin voto en las reuniones de los órganos de la asociación, sino que junto a ella también asiste un compañero suyo, jefe de administración a la sazón, que participa al mismo nivel que la actora informando a la junta general y a la junta directiva.

No se acepta la adición, por cuanto los documentos invocados no son literosuficientes para extraer de los mismos de manera directa e inmediata, con eficacia radicalmente excluyente, lo que se pretende. Y es que de ellos se sigue que el jefe de administración no "interviene junto con la actora", sino que "asiste a determinadas reuniones en su calidad de jefe de administración", sin más; esto es, que coincide con ella en determinadas reuniones. Se trata en definitiva de una interpretación subjetiva de los hechos realizada por la recurrente.

3.5En el submotivo quinto se propone la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente contenido:

«Según se recoge en el Acta de la asamblea general de 27 de junio de 2018, además de la Junta Directiva/ Rectora prevista en los Estatutos de la asociación, existe un comité creado por este órgano, integrado por la Sra. gerente, el jefe de administración, la Sra. Julia junto con la Sra. Concepción.

La Junta directiva según se recoge en las actas de sus reuniones de fecha 5 de abril de 2019 y 4 de junio de ese mismo año, ha adoptado decisiones como la subida salarial según convenio, acciones disciplinarias u organizativas de empleados de decisiones en materias organizativas de personal, o patrimoniales quedando documentada su actuación y toma de decisiones sin constancia de intervención en las mismas de la trabajadora actora.

La Presidente, el vicepresidente y el jefe de administración son consultados con regularidad por la actora para ejecutar los cometidos funcionales propios de su puesto de trabajo, tales como acciones de orientación, renovaciones de contratos y convenios, aperturas de cuentas corrientes, selección de personal, abono de nóminas o compras mobiliario Siendo autorizada por la presidente.»

Se sustenta en el conjunto documental n.º 3 de la actora, consistente en multitud de correos electrónicos, y en actas de la junta directiva y de la asamblea (docs. 43, 45 y 46)

No podemos aceptar la adición, que se basa en prueba documental que ya ha sido tenida en cuenta y valorada expresamente por el juzgador de la instancia (ver FD QUINTO.5). Como es jurisprudencia consolidada, la valoración de las pruebas compete a la instancia, y no a las partes ni a los tribunales superiores en grado, debiendo por ello estarse a las conclusiones probatorias del magistrado de instancia, salvo apreciación absurda, arbitraria o irracional, lo que no es el caso. Lo pretendido en el motivo no es, por tanto, poner de manifiesto ningún error patente de apreciación judicial, sino hacer prevalecer las conclusiones de parte sobre las judiciales, lo que no está permitido en un recurso extraordinario y cuasicasacional como el de suplicación, propio y específico del proceso laboral.

3.6A continuación se interesa la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente texto:

«D. Concepción presidenta de la asociación, forma parte del comité, y es quien expone a la Junta Directiva el funcionamiento de los centros y las necesidades de adquisición de activos materiales o su renovación y sustitución así como la realización de reformas constructivas en los centros de trabajo siendo la junta directiva la que aprueba su ejecución y la adquisición de mobiliario.»

Se sustenta en el acta de la junta directiva de 30.09.2020 (doc. n.º 40 del ramo de la demandada.

Se rechaza por las mismas razones que la propuesta anterior.

3.7En el siguiente submotivo se pide igualmente la adiciónde un nuevo hecho probado,proponiendo como texto el mismo que ya consta en el hecho probado octavo de la sentencia, consistente en la reproducción de la carta de "desistimiento" que la presidenta de la asociación remite a la actora, por lo que siendo innecesario reiterarlo se rechaza la adición.

3.8En el octavo submotivo se solicita la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente contenido:

«Extinguido por la asociación demandada el contrato de D. Felicisima, con fecha 7 de octubre de 2022, con fecha 11 de noviembre de 2022, el jefe de administración D. Rodolfo mediante suscripción de una diligencia de anexo al contrato de trabajo, además de las funciones que tenía asumidas como jefe de administración, pasa a desarrollar en la asociación demandada las siguientes competencias:

Ejecución de planes operativos de la entidad para alcanzar los objetivos previamente establecidos por la Junta Rectora.

Coordinación de las distintas áreas supervisando los criterios establecidos en las mismas así como implementando junto con el equipo humano de dichas áreas la búsqueda de las mejoras tanto organizativa como metódica

Igualmente se le encomienda representar a la entidad ante las instituciones y organismos institucionales en el sector de servicios sociales al objeto de atraer proyectos y acuerdos de colaboración entre la entidad y las administraciones públicas.

Por la asunción de las nuevas competencias la entidad abonará al sr, Rodolfo un complemento bruto mensual de 507,44 € por 12 pagas al que se le aplicarán las revisiones salariales que recoja el convenio colectivo sectorial para años sucesivos (...)

Además, la entidad demandada otorgará al Sr. Rodolfo poderes notariales con las competencias que ejercerá a partir del 11 de noviembre de 2022.

Con la misma fecha, la coordinación del centro COPAD es asumida por la trabajadora de la asociación D. Patricia mediante la suscripción de un anexo al contrato de trabajo que es firmada en atribución de las facultades conferidas en esa misma fecha por D. Rodolfo en nombre de la asociación demandada y por la que la Sra. Patricia asume las funciones de coordinadora en el centro ocupacional COPAD abonándosele un complemento de puesto de 357 € brutos mensuales.»

Se apoya en los referidos anexos (docs. n.º 62 y 63 del ramo de la demandada).

Se rechaza la adición propuesta, que no refleja en su integridad lo que los documentos invocados refieren, y constituye una interpretación subjetiva de los mismos, discrepante con el relato de hechos alcanzado por el magistrado de instancia, quien ya ha tenido en cuenta y valorado tales documentos, e incluso la testifical del Sr. Rodolfo (FD QUINTO.7.2), a cuyas razonadas conclusiones debemos estar por ser a él, y no a las partes ni a los tribunales superiores en grado, a quien compete en exclusiva la labor de valorar las pruebas ex art. 97.2 LRJS.

3.9En el noveno submotivo se solicita la supresióndel hecho probado duodécimo,en la que se narra la situación económico-financiera de AFANAS.

Se basa la supresión en los documentos 56 a 59 del bloque 7 del ramo de la demandada, más el doc. n.º 60 (carta de desistimiento), más el doc. n.º 61 (acta de la junta rectora de 28.09.2022).

Se justifica en que la carta de desistimiento no contenía datos ni justificación económica para ello, lo que fue introducido por la demandada en el juicio y admitido por la sentencia recurrida, lo que evidencia que no hay desistimiento sino despido sin causa o con causa espuria.

No se admite la supresión fáctica pedida. Si lo que se pretende es de nuevo introducir una cuestión de incongruencia extra petitum,el cauce adecuado no es la revisión fáctica, sino el planteamiento de un motivo de infracción por la vía del apartado a) del art. 193 LRJS. Pero es que, además, nada se opuso en el juicio por la parte actora a tal cuestión introducida por la demandada como circunstancia que subyace en la decisión de desistimiento. Aunque tal causa de extinción de la relación laboral especial de alta dirección no exige exteriorización y acreditación de la causa, resultaba conveniente y necesario en este caso que la demandada, en trance de contestar a la demanda, expusiera tales causas (la necesidad de ahorro de costes debido a las pérdidas que se arrastraban) como medio de aportar una justificación objetiva y razonable a su decisión de desistir del contrato que contrarrestara la acusación de motivación discriminatoria formulada en la demanda.

En fin, los datos económicos que contiene el ordinal controvertido son ciertos, se derivan de la documental que primeramente se invoca, no han sido contradichos en forma alguna, y por ello no hay razón alguna para suprimirlos del relato.

3.10Finalmente, se solicita la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente texto:

«El once de agosto de 2022 la asesoría laboral de la empresa, siguiendo instrucciones de la Presidenta de la asociación demandada, remite por correo electrónico a la demandante propuesta para resolver la relación laboral de forma amistosa garantizándole hasta mayo de 2024, fecha en la que la trabajadora podía acceder a su jubilación, la diferencia económica que existiría entre el importe de prestaciones por desempleo que le abonaría el SEPE y el salario neto que tenia actualmente, proponiéndole, siempre que dicha extinción se llevara a cabo por acuerdo, una extinción de contrato por causas objetivas, con lo cual la indemnización a abonar por la empresa demandada estaría exenta de tributación fiscal para la trabajadora.

Entre el 9 de junio de 2022 a 9 de mayo de 2023 han causado baja en la empresa, además de la actora D, Leoncio y D. Matilde. Todos ellos mayores de 64 años.»

Se apoya en un amplio conjunto documental: docs. 62 y 63 del ramo de la demandada (anexos contractuales del Sr. Rodolfo y Sra. Patricia); más documental primera del ramo de la actora (correos electrónicos); doc. 68 del ramo de la demandada y 11 de la demanda (correo electrónico); y doc. 69 del ramo de la demandada (certificado de AFANAS).

Se rechaza la adición, que pretende efectuar una nueva valoración parcial y subjetiva, distinta a la efectuada por el magistrado de instancia, quien ya ha tenido en cuenta y valorado expresamente los correos electrónicos ahora invocados (a los que se remite dándolos por reproducidos en el ordinal probatorio decimoquinto) y el resto de la amplísima documental aportada por las partes.

Y, en fin, respecto del segundo párrafo del hecho que pretende adicionarse, no consta en el relato fáctico ni se deriva de la documental invocada cuál sea la causa de las bajas de estas personas.

CUARTO.-Por lo que hace a la censura jurídica, con amparo procesal en el art. 193.c) LRJS, el motivo tercero se subdivide en cinco apartados.

4.1Se denuncia en primer lugar la infracción de los artículos 1, 2, 3 y 8.2 del Estatuto de los Trabajadores ( ET) y de los arts. 1, 2, 3 y 4 [queremos entender que se refiere a los apartados Uno, Dos, Tres y Cuatro del art. 1] del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y jurisprudencia que los interpreta, en relación con los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), 96.1 LRJS y 24 de la Constitución de la Nación Española (CE).

En su desarrollo argumenta la recurrente -en resumen- que el juzgador a quoha incurrido en una valoración errónea e ilógica de la prueba documental, discrepando del razonamiento vertido en el fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida, sosteniendo que la relación entre las partes era laboral común, y no de alta dirección, y contra-argumentando para ello que «la actora y bajo una responsabilidad decisoria directa de los órganos titulares de la empresa, actuaba bajo las instrucciones directas del comité creado por la junta directiva/rectora, y del/la Presidente de la asociación al que el art. 29 de los Estatutos de la misma definen como el representante legal y oficial de la asociación y director de todos los servicios de la asociación.»

El motivo no puede prosperar por cuanto, atendido el inalterado relato fáctico, acierta la sentencia recurrida cuando califica la relación entre las partes como especial de alta dirección y no laboral común como se pretende por quien ahora recurre. Compartimos así los acertados argumentos vertidos en el fundamento de derecho quinto de dicha sentencia que merece la pena transcribir:

«1.- Si partimos de los hechos probados, podemos comenzar afirmando que la actora podía ejercitar y ejercitó poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. Si por tales entendemos aquéllos que implican "fundamentalmente, la capacidad de llevar a cabo actos y negocios jurídicos en nombre de tal empresa, y de realizar actos de disposición patrimonial, teniendo la facultad de obligar a ésta frente a terceros",podemos llegar a la conclusión clara de que en el presente caso, esto era efectivamente así. Basta con observar el contenido de los poderes que la empresa otorgó a favor de la actora a lo largo de su relación para comprobarlo. Expresamente se le confería poder general y amplio y tan bastante como en derecho se requiera a favor del Director-Gerente de esta Asociación.Y entre esos poderes se contenía la representación de la Asociación frente a terceros ejercitando, desistiendo, o transigiendo derechos, acciones y excepciones.También se encontraban concretas facultades de disposición patrimonial, así como la facultad de contratar y rescindir los contratos de trabajo y una amplia representación ante los Tribunales (teniendo ante estos también amplias facultades que podrían conllevar la asunción de importantes obligaciones por parte de la Asociación). Y como se desprende de la prueba aportada, y de los consecuentes hechos probados, la actora efectivamente ejercitó dichos poderes.

Como ha quedado apuntado en el fundamento tercero, y es ampliamente recogido en nuestra Jurisprudencia, "no obsta a la conclusión expresada "el hecho de que determinadas facultades le hubieran sido atribuidas mancomunadamente...",como también en nuestro caso sucede en relación con algunas de las facultades otorgadas.

2.- Además, esos poderes afectaban a "los "objetivos generales de la compañía", no pudiendo ser calificados como tales los que se refieran a facetas o sectores parciales de la actividad de éstas".

Como ha quedado señalado, el fin que fijan los estatutos de la Asociación es "el fomento de la asistencia, recuperación, enseñanza, integración escolar, laboral y social de las personas afectadas de minusvalía psíquica, así como la colaboración con cuantas entidades particulares y oficiales existan orientadas a la misma finalidad",y es fácil llegar a la conclusión de que las facultades de las que se invistió a la actora tendían a la consecución de ese fin general de la Asociación. Basta comprobar los acuerdos de colaboración alcanzados y firmados por la actora con diferentes entidades públicas y privadas. Basta atender al contenido de las actas de las asambleas ordinarias, para entender que era la actora, como Directora-Gerente, la que daba cuenta a la Asamblea de la memoria de actividades de la Asociación, actividades claramente relacionadas con la finalidad general de la Asociación (así se puede comprobar en el acta de 23 de junio de 2022).

3.- La actora ejercitó dichas facultades con plena autonomía y responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.Cabe señalar que ya resulta significativo que en el clausulado adicional del contrato de trabajo de la actora, se especifique que "Su cargo será el de DIRECTORA GERENTE de todos los Centros y Servicios de la Asociación"y que "Las funciones específicas a desarrollar, serán las propias del cargo para el que se contrata, y que le serán detalladas en el poder notarial que se le otorgará al efecto".Es decir, a pesar de la apariencia del contrato de trabajo firmado, del cual se podría desprender que la actora desempeñaría una actividad laboral común, lo cierto es que del clausulado especial se desprendía claramente que la intención de las partes era que la actora fuera directora-gerente, con las facultades que le eran propias y que de forma extensa se detallaron en el posterior poder que se otorgó (marzo de 2006, que se obvia en la demanda).

Hay que señalar que el poder de representación se le otorga en virtud de un acuerdo adoptado por la Asamblea General. Como se desprende de la propia escritura pública, es también la Asamblea la que autoriza a que se eleve a escritura pública y se otorgue el poder a favor de la Directora-gerente a través del Presidente de la Asociación, y así lo hizo. Es por lo tanto en virtud de un acuerdo del máximo órgano de gobierno de la Asociación que se le atribuyen a la actora las concretas funciones que desempeñó.

Cabe también recordar, que según la LO 1/2002, de 22 de marzo, que regula el Derecho de Asociación, en su artículo 11, "la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación",y la Junta Rectora, en nuestro caso, es el "órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación"que en toda asociación debe existir. Lo cual coincide con la configuración que los Estatutos realizan de sendos órganos. En este sentido, uno y otro, vendrían a ser la persona o los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que con sus criterios e instrucciones pueden limitar los poderes de la actora, a los que se refiere el artículo 1.dos del Real Decreto 1382/1985.

4.- Son muchos los elementos de prueba que apuntan hacia esa plena autonomía y responsabilidad de la actora en la toma de decisiones. Así cabe reseñar que la actora no aporta ninguna prueba de que las actuaciones realizadas por ella hubieran sido previamente autorizadas por órgano alguno de la asociación, o por persona intermedia. Las declaraciones de los testigos y de la Presidenta de la Asociación no apuntan en tal sentido. No consta la existencia de un protocolo o proceso formal para la toma de esas autorizaciones o para su constancia, lo cual parecería adecuado en orden a conferir de cierta seguridad jurídica al proceso de toma de decisiones en términos de transparencia ante los asociados, o por mera seguridad de cara a una posible exigencia de responsabilidades. Esta ausencia ya de por sí avala la conclusión de que la actora tomaba decisiones con plena autonomía y responsabilidad. Así, por ejemplo, en relación con la firma de convenios de colaboración (una parte muy importante de los fines de la Asociación), doña Felicisima, actual presidenta, señaló que en relación con estos todo lo hacía la gerente, y que no recordaba que en ninguno se pidiera autorización a la Junta o a ella misma.

5.- En este punto, los correos electrónicos aportados por la actora, si bien se circunscriben a su último periodo en la asociación, más que reforzar la tesis de la actora respecto a su supuesta dependencia en la toma de decisiones, apuntan más bien en el sentido contrario. De dichos correos, más que de un proceso de solicitud de autorización, se desprende que estamos ante un proceso de consulta o dación de cuenta en algunos asuntos concretos.

- Así, en cuanto al pago de nóminas, correo de 30 de mayo de 2022, don Rodolfo, Jefe de Administración, explicó que la firma era mancomunada, de la actora y de la presidenta (como por otro lado se especificaba en el poder), y que él obtenía la autorización de las dos, y que a la actora se la solicitaba de forma verbal.

- El hilo de correos que se inicia el 4 de abril de 2022, sobre la firma del convenio "EPES", es más que significativo en orden a acreditar la autonomía y responsabilidad de la actora en la toma de decisiones. Resulta curioso que la actora subraye para llamar la atención de este juzgador la frase (página 2) "si dais el visto bueno a la firma del Convenio",que evidentemente pudiera significar que la actora en la firma de convenios necesitaba de dicha autorización con carácter general. Pero la actora obvia oportunamente el contenido del párrafo siguiente, en el que se puede leer: "Habitualmente no suelo consultaros sobre los convenios que firmamos con centros de formación profesional, I.E.S. y Universidad. Sin embargo éste es una nueva modalidad y por tanto creo conveniente que tengáis conocimiento".Dicha afirmación es de la propia actora, es muy revelador para lo que aquí se discute, e indica que esa autorización que solicitaba era la excepción. Y fue la actora, la que motu proprio, decidió recabar la autorización, lo que nuevamente revela que lo podría haber firmado sin la misma, es decir, no tenía límites para la firma de dichos convenios. Refuerza por lo tanto la idea ya puesta de manifiesto por este juzgador de que los correos aportados son meras consultas, algo de por sí nada ilógico, pero que no suponían la petición de una necesaria autorización previa para poder actuar.

- El correo de 5 de octubre de 2022 viene a poner de manifiesto que la actora en todo caso, más que pedir autorización para ejecutar los actos que estime convenientes, consulta las indicaciones o directrices a seguir, en un asunto aprobado por la Junta General, lo cual como mucho revela que la actora se atenía a las instrucciones o criterios a los que se refiere el artículo 1.dos del Real Decreto 1382/1985.

- En el correo de 18 de febrero de 2022 se aprecia con claridad que se trata de una mera consulta o dación de cuentas, de hecho, uno de los "mails" va dirigido a don Rodolfo, del que no cabe duda que no autorizaba ninguna actuación de la directora-gerente, mucho menos la contratación de personal. Así se desprende de su declaración como testigo. Lo mismo cabe decir del correo de 5 de septiembre de 2022, en el que la Presidenta no autoriza nada a la actora, vemos que le aconseja que lo comente "con Leoncio, para ver qué piensa". De hecho la actora lo "adjunta para vuestra consideración",no para su previa autorización.

- El único correo en el que consta que la presidenta autorice una actuación, es el correo de 20 de septiembre de 2022, y es el presupuesto de unos toldos, que no la compra en sí. Lo mismo cabe decir de la compra de una freidora y de la instalación eléctrica, que por otro lado parecen enmarcarse en un proceso de consulta y formación de voluntad, que son aislados.

- En cuanto al presupuesto de la nave de más de 100.000 €, correo de 2/03/2022, parece razonable, atendiendo a la importancia de la suma y del exiguo presupuesto de la Asociación, que en una decisión así se recabe la opinión de los órganos superiores de la misma. En todo caso, dichos correos demuestran que se está ante un proceso de consulta y asesoramiento para la toma de decisión.

- Por último, en cuanto a los correos relativos a la convocatoria de la Junta Rectora y de la Asamblea General, parece lógico que las convocatorias respectivas (que seguramente estén fijadas en los estatutos), no dependa de la decisión de la directora gerente, que no forma parte de uno u otro órgano. Normalmente ese tipo de decisiones corresponden al Presidente del órgano, como es el caso.

En definitiva, la actora con dichos correos confunde el proceso de toma de decisiones en una empresa, que no suele ser un proceso aislado sino de consulta e información dentro del seno de la empresa (o con asesores externos), con la facultad de tomar la decisión definitiva respecto al asunto objeto de consulta. Precisamente si algo ha quedado claro de ese grupo documental es que la actora en un núcleo importante de la actividad de la Asociación, firma de convenios de colaboración, actuaba habitualmente sin autorización previa alguna.

6.- Ha sido objeto de atención especial el relativo a la contratación y despido de trabajadores de la asociación. A este respecto la declaración de la Presidenta de la asociación fue contundente, así como los contratos y cartas de despido aportadas por la demandada. Pero si atendemos al propio tenor literal del poder de representación, podemos llegar también a una conclusión clara. Se dice en dichos poderes, respecto de la facultad de extinguir los contratos de trabajo lo siguiente: "Rescindir contratos de trabajo, cuando fuera preciso, dando cuenta de ello a la Junta Directiva en la primera reunión que se celebre". Dicha expresión denota claramente que la directora-gerente podía adoptar la decisión de extinguir los contratos (entro ello también despedir, pero no solo despedir) con plena autonomía y responsabilidad, sin previa autorización, sencillamente, después de adoptar la decisión daría cuenta a la Junta Rectora.

7.- Por último, el artículo 2 del Real Decreto, 1382/1985, indica que el fundamento de "La relación laboral especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe".Es la propia actora la que en el hecho quinto de su demanda pone de relieve la "relación de confianza, desde la buena fe",que existía entre ella y la Junta Directiva y Presidenta, es decir, que existía con la empresa. Pero también se pone de manifiesto esa relación de confianza y de buena fe, cuando en la reunión de la Asamblea General de 27 de junio de 2018, es precisamente la actora la que pone de relieve la necesidad de que se proceda a realizar una Asamblea General Extraordinaria que le otorgue un nuevo poder de representación, por exigencias formales. Consta en el acta que se aprobó por unanimidad, y cabe deducir que el poder de 9 de julio de 2018 obedece a tal decisión.

En definitiva, las facultades que ostentaba la actora eran amplias, podía ejercerlas con autonomía y plena responsabilidad, no limitándose a cuestiones puramente administrativas, como son la representación de la sociedad, contratar o despedir a personal. Y los poderes conferidos se refieren a objetivos generales de la entidad -teniendo en cuenta las especiales características de la Asociación que nos ocupa- y las facultades otorgadas, además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, están referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos transcendentales de sus objetivos. Los poderes pueden considerarse como inherentes a la titularidad jurídica de la empresa sin que el hecho de que algunas facultades fueran mancomunadas, obste a dicha apreciación pues se trata de facultades atinentes al ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. No consta que haya tenido por encima a ningún otro cargo directivo, constando que su actividad solo estaba limitada por los órganos superiores de la Asociación, por lo que ha de concluirse que la relación laboral habida entre las partes era de alta dirección. Sin dejar de señalar que en la relación indicada no es determinante el criterio formal- modo en el que se formaliza la contratación- ya que el contrato de trabajo no es lo que las partes dicen que es éste, sino lo que realmente es, con independencia del nombre jurídico que las partes le hubieran querido dar, debiendo de estarse a su naturaleza y contenido (y a este respecto, poco o nulo valor jurídico ha de tener la información contenida en la web de la asociación aportado por la demandante).»

Como es de ver tras una lectura atenta de dicho fundamento jurídico, el magistrado de instancia ha valorado todo el caudal probatorio aportado, consistente en la documental, interrogatorio y testifical, valorándolo de modo racional, conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica; así, ha valorado que se firmara inicialmente entre las partes un contrato inicial de trabajo (Hecho Probado Cuarto), si bien también ha valorado otros hechos posteriores a ello que son también relevantes (otorgamiento de poderes, ejercicio efectivo de las facultades concedidas con autonomía y responsabilidad), concluyendo acertadamente que la relación que une a las partes es claramente una relación de alta dirección y no una relación laboral común.

Por todo lo hasta aquí razonado, la sentencia no incurrió en las infracciones jurídicas que se le imputan en el motivo, por lo que éste debe ser desestimado.

4.2En el segundo subapartado del motivo tercero se denuncia que la sentencia infringe el art. 1 ET, el art. 1.288 del Código Civil, y diversos preceptos del Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad(art. 86, Anexo I, apartado I, arts. 34 y 37).

En su desarrollo se vuelve a insistir en la crítica al fundamento de derecho quinto de la sentencia, centrándose en combatir el argumento judicial de que la actora podía ejercitar y ejercitó poderes inherentes a la titularidad de la empresa, para lo cual vuelve a verter su parcial y subjetiva valoración de las pruebas documentales aportadas para concluir que en realidad la actora, ahora recurrente, era uno de los puestos de dirección y coordinación a los que se refiere el art. 88 del convenio colectivo, que define sus cometidos funcionales, estando pues sometida a la normativa laboral común, a diferencia del alto directivo que está excluida del convenio, y que entre el órgano directivo y la trabajadora existían personas intermedias como el presidente de la asociación y el comité.

Rechazamos el submotivo por las mismas razones que el anterior.

4.3En el tercer submotivodel motivo tercerose denuncia la infracción por la sentencia de los arts. 6.3. 6.4 y 7 del Código Civil (C.c.). y de la doctrina jurisprudencial que desarrolla la vinculación del deber de buena fe con los actos propios y el fraude de ley; la indebida aplicación del art. 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección; y la infracción por inaplicación de los art. 51.1 y 52 del ET (Extinción del contrato por causas objetivas).

En su desarrollo se combate el fundamento de derecho cuarto de la sentencia cuando analiza el desistimiento efectuado por la demandada al amparo del art. 11 RD 1382/1985, y viene a contra-argumentar que se la vulnerado el principio general que prohíbe ir contra los actos propios, debiendo estar la demandada vinculada a sus actos precedentes, entre los que indica: la suscripción de un contrato de trabajo laboral común y bonificado, la aplicación durante la relación laboral del convenio colectivo, el abono del salario según convenio, la propuesta empresarial de extinguir la relación laboral mediante acuerdo de pago de una indemnización (inferior a la mínima legal y enmascarada bajo la forma de un despido objetivo), la pretendida justificación de la extinción en causas económicas sin que ello se hubiera aducido en la comunicación extintiva, y la falta de abono de la indemnización por preaviso del art. 11 del RD 1382/1982.

Y en el cuarto submotivodel mismo motivo tercerose viene a denunciar la infracción por la sentencia de los arts. 4.2.c) ET en relación con el art. 55.5 ET y el art. 14 CE, al que se remite el art. 11.2 RD 1382/1985. Se insiste en su desarrollo en que el despido es nulo por discriminatorio en razón de edad, combatiendo así los argumentos del fundamento de derecho quinto de la sentencia donde analiza tal cuestión y la rechaza.

Abordamos conjuntamente ambos submotivos respondiendo a ellos que los argumentos de la recurrente no pueden ser compartidos. Es doctrina jurisprudencial inveterada y muy reiterada que la calificación de los contratos no depende de cómo hayan sido denominados por las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto [ SSTS, entre otras muchas, 11-12-1989 y 29-12-1999]. La sentencia recurrida da cumplidos y acertados argumentos, con valoración racional de toda la prueba practicada, no solo documental sino también la testifical, para calificar la relación como especial de alta dirección. Nos remitimos una vez más al fundamento de derecho quinto y a lo razonado en el precedente apartado 4.1 de esta nuestra sentencia.

En particular, y sobre la pretendida discriminación por razón de edad, nos remitimos a los adecuados razonamientos del fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida, que compartimos plenamente, donde se dice lo siguiente:

«Lo cierto es que no se aporta el más mínimo indicio de que la extinción de su contrato de trabajo se produjera con ocasión de su edad. Únicamente se alega sin más su edad por la parte actora, pero no se aporta prueba alguna que, aun indiciariamente, apunte a que la extinción de la relación laboral fuera por tal causa. Ninguna prueba, tampoco indiciaria, se aporta respecto de muchas de las afirmaciones que se contienen en la demanda, como respecto de la supuesta presión que la empresa ejerció sobre ella para que aceptase un despido. La prueba aportada más bien viene a acreditar que no existe relación causal alguna entre la edad de la actora y el desistimiento:

1.- Los correos electrónicos aportados por sendas partes respecto la cuestión de la jubilación, acreditan nada más y nada menos que lo que la propia actora ya venía a reconocer en su demanda y que reconoció en sus conclusiones en el acto del juicio, que fue ella la que se interesó a través de la empresa, y por intermediación de ésta, para que la asesoría laboral de la Asociación, estudiase el posible acceso a su jubilación anticipada. Don Rodolfo aclaró que ya en el año 2018 la actora solicitó información sobre su jubilación anticipada, y que lo volvió a reiterar en el año 2021.

De los correos aportados se desprende claramente que estamos en presencia de una mera labor de información a requerimiento de la actora, y sobre su propia jubilación. Además, la comunicación era directa entre la actora y la asesoría laboral. No se puede deducir en forma alguna una actitud coactiva por parte de la empresa para que la actora procediera a su jubilación o para que aceptase una extinción fraudulenta del contrato.

Es en este contexto en el que se enmarca también el correo electrónico aportado de fecha 11 de agosto de 2022 (documento 11 de la demanda y documento 68 de la demandada) en el que la asesoría laboral, exponía la posibilidad de un despido objetivo con indemnización hasta la jubilación, cubriendo la empresa la diferencia entre la prestación por desempleo y el salario neto de la actora durante ese periodo. Se puede entender claramente de su literalidad que la propuesta que se le hace es en el marco de la consulta para acceder a la jubilación con una fórmula, la calificaré solamente de imaginativa, que suponía la extinción del contrato, y que en ese momento podría interesar a las dos partes del contrato, dado que a la empresa le interesaba amortizar puestos de trabajo. El hecho es que no consta que la actora presentase denuncia alguna ante la autoridad laboral por el supuesto clima de acoso al que se supone fue sometida. El hecho es, que la actora en su demanda afirma que buscó asesoramiento externo para comprobar que la oferta que se le ofrecía era tan buena como se le decía. Esto permite inferir que la oferta se efectuó en un marco de negociación consentido por ambas partes, en el que se buscaba una solución que satisficiera a ambas. Un proceso de negociación, nada extraño al mundo laboral y contractual, que acabó sin acuerdo. La actora buscó asesoramiento externo para comprobar que la oferta le interesaba, no buscó asesoramiento externo para actuar legalmente ante la supuesta situación de acoso que hoy sí describe en la demanda. Quizá es que esa situación coactiva realmente no existía.

La Presidenta, doña Concepción, reconoció en su interrogatorio que preguntó a la actora, a la incorporación de sus vacaciones, si le parecía bien la solución, la actora no la aceptó. La Presidenta manifestó que en ese momento supone que la Asamblea ante la negativa de la trabajadora a la opción planteada, optó por una solución que satisfacía a la empresa pero no a la trabajadora. Y objetivamente así era.

Pero lo anterior no significa que la empresa quisiera echar a la trabajadora por su edad, como se afirma en la demanda, ni que la empujase a ello. La actora se quería jubilar anticipadamente (desde 2018 mostró su interés), y la empresa tenía interés en amortizar puestos de trabajo. Resultan creíbles las afirmaciones que se contienen en la demanda, sobre que la Presidenta le decía a la actora que la solución que se ofrecía le interesaba mucho, así era. Algo que en el marco de la confianza y buena fe que existía, según afirmaba la demanda, es fácil de entender que se pudiera producir.

No resulta ilógico que la Presidenta pudiera querer beneficiar a una trabajadora, que era directora-gerente, con la que existía una especial relación de confianza y buena fe, desde hacía 17 años, con una opción que siendo muy reprochable en términos jurídicos, era personalmente beneficiosa para la actora. Actitud que, si la ponemos en el concreto contexto de la Asociación que nos ocupa, esto es, una entidad sin ánimo de lucro, en la que la Presidenta no tenía ningún interés personal (según manifestó no percibe remuneración alguna por su cargo), no resulta tan descabellada.

Lo apuntado aleja el móvil discriminatorio en el desistimiento, sobre todo porque la finalización del contrato era buscada por las dos partes, sencillamente no llegaron a un acuerdo.

2.- Se alegó por la demandante que la Asociación requería información a su asesoría laboral sobre los trabajadores que se iban a jubilar próximamente, para tratar de enmarcar dicha actuación en una especia de política contra las personas mayores. La respuesta la ofreció la Presidenta en su interrogatorio, y resulta racional y lógica en una empresa, sencillamente se enmarca en el plan estratégico de la asociación, en orden a conocer los puestos que han de ser renovados. Parece lógico, como he dicho, que una empresa por previsión, anticipe los puestos de trabajo que quedarán vacantes por la jubilación del trabajador. Tampoco parece ilógico que se les pueda ofrecer incluso una jubilación anticipada, la jubilación anticipada está regulada legalmente, y no supone por sí misma una actuación discriminatoria. Querer deducir de dicha actuación una política discriminatoria por parte de la empresa solamente sirve para poner de relieve la visión subjetiva de un hecho.

3.- En tercer lugar, por la demandada se manifestó en el juicio la causa de la decisión de desistir del contrato. Amortizar un puesto de trabajo para ahorrar costes a la asociación. Como ya he apuntado el desistimiento no exige la exteriorización y acreditación de una causa, pero como también he manifestado toda actuación humana suele responder a un motivo o causa. Cabe entender que la demandada puso de manifiesto en el juicio ese motivo o causa para alejar la sospecha de discriminación en su actuación que sobre ella proyectaba la actora. Cabe afirmar que resulta racional y lógico, a partir de la información económica aportada, y de la declaración de don Rodolfo, que efectivamente la amortización del puesto de trabajo de la actora (la cual tenía el sueldo más elevado de la Asociación), sirvió para reducir las pérdidas de la asociación. Resulta lógica la medida dado que si atendemos a las características de la empresa que nos ocupa y su objeto, así como a las fuentes de financiación de la misma, la reducción del coste laboral es una de las pocas opciones con las que cuenta para reducir las pérdidas. Don Rodolfo además señaló que no se ha contratado a un nuevo director-gerente, y que las funciones de la actora se han redistribuido entre los órganos o miembros de la Asociación, uno de ellos él mismo. Lo cual resulta coherente con el intento de contener el gasto salarial.

Don Rodolfo también declaró que se amortizaron otros tres puestos de trabajo además del de la actora, y que en esos tres casos ninguno de los tres trabajadores superaba la treintena. Lo cual permite descartar una política de discriminación por la edad en la empresa.

En definitiva la existencia y acreditación de esta causa permite romper cualquier posible nexo causal entre la edad de la actora, lo cual es un dato objetivo, con el hecho de la extinción de su contrato de trabajo.»

Razonamientos que por ser ajustados a derecho deben ser plenamente compartidos sin necesidad de añadir nada más, lo que basta para desestimar ambos submotivos.

4.4Por último, en el quinto submotivodel motivo tercero,se denuncia que, al no conceder la indemnización por vulneración de derechos fundamentales, la sentencia de instancia infringe los arts. 1.101 y 1.902 del Código civil, en relación con el art. 183 LRJS y la doctrina del Tribunal Supremo que desarrolla las bases para la cuantificación de los daños producidos por vulneración de derechos fundamentales.

Este submotivo depende, para su éxito, del previo éxito del anterior, que ya ha sido rechazado. Así, no estimándose vulnerado ningún derecho fundamental de la demandante, tampoco podría estimarse su reclamación de ser indemnizada por ello, como bien razona la sentencia recurrida. Razón por la que se desestima también este último submotivo y con él todo el recurso, procediendo confirmar la sentencia recurrida.

QUINTO.-No ha lugar a imposición de costas a la trabajadora recurrente, aun vencida en su recurso, por gozar legalmente a estos efectos del beneficio de justicia gratuita ( arts. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, y 235.1 LRJS) .

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere el Pueblo español, la Constitución de la Nación Española y las leyes,

PRIMERO.-Según consta, la ahora recurrente presentó demanda de despido con vulneración de derechos fundamentales y reclamación de cantidad acumulada frente a AFANAS JEREZ COPAD solicitando el dictado de una sentencia por la que se declarase que su relación con la demandada era laboral común, y que se declarase nulo el despido discriminatorio por razón de edad del que decía haber sido objeto, y se condenase a la demandada a readmitirla con abono de los salarios de tramitación y a que le pagase una indemnización de 80.000 euros por daños morales y materiales; o, subsidiariamente, que se declarase la improcedencia del despido se condenase a la demandada a readmitirla con abono de los salarios de tramitación o a indemnizarla con 79.946,50 euros.

La sentencia del juzgado resuelve que la relación entre las partes era laboral especial de alta dirección, y que por ello no hubo despido alguno sino lícita facultad de desistimiento, si bien estima parcialmente la demanda al condenar a la demandada a pagar a la actora la indemnización aceptada por la demandada en concepto de preaviso omitido, en cuantía de 11.553 euros.

Frente a tal sentencia recurre ahora en suplicación la parte trabajadora articulando tres motivos: el primero, de nulidad de la sentencia por incongruencia extra petitumal amparo del apartado a) del art. 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , a cuyo efecto aporta documental al amparo del art. 233 (por mero error de transcripción cita el 231) de la LRJS; el segundo, de revisión fáctica con amparo procesal en el art. 193.b) LRJS, en el que solicita hasta diez concretas modificaciones fácticas; y el tercero, de censura jurídica por la vía del art. 193.c) LRJS, dividido en cinco submotivos, tendentes a sostener que su relación es laboral común, y no especial de alta dirección como entendió la sentencia, y que el despido es discriminatorio por razón de edad, procediendo el pago de la indemnización adicional.

Impugna el recurso la parte demandada, que se alinea con las tesis de la sentencia recurrida, la que pide confirmar.

SEGUNDO.-En el primer motivo se pide la nulidad de la sentencia y retroacción de actuaciones para que se dicte otra nueva, al haber incurrido el magistrado de instancia en incongruencia extra petitumal condenar al pago de la indemnización por falta de preaviso en el desistimiento, petición que dice no haberse formulado ni en demanda ni en el acto del juicio, a cuyo efecto aporta al amparo del art. 233 LRJS un conjunto documental formado por: a) la resolución del CEMAC de 14.11.2023 por la que se cita a las partes al acto conciliatorio a celebrar el 28.11.2023; b) las citaciones a ambas partes; y c) la papeleta de conciliación presentada en reclamación de cantidad "ad cautelam, para el improbable supuesto de(que) la demanda de despido... sea desestimada por sentencia judicial firme".

Sin necesidad de admitir siquiera la documental aportada por la citada vía, dado que es intrascendente para los fines del motivo, éste debe ser desestimado.Efectivamente, aunque los documentos aportados son de fecha posterior al juicio, no podemos obviar que es así porque la propia parte actora, que ahora recurre, decide interponer la papeleta de conciliación y tras el juicio, siendo así que no existió impedimento alguno para que la hubiera presentado antes del juicio, y para que hubiera aportado en éste la misma documental. Pero la razón fundamental de no aceptar su aportación es su evidente intrascendencia, pues si existió o no incongruencia extra petitano puede derivar de que se haya presentado después de celebrado el juicio una reclamación de cantidad por el mismo concepto que ya otorga la sentencia, sino que solo depende de cuáles fueran las pretensiones de la demanda y si se ampliaron o no al ratificarla o durante el transcurso del juicio.

Entrando ya a resolver el motivo, sin necesidad de tener en cuenta los documentos que se aportaron con el escrito de recurso, respondemos diciendo que si bien es cierto que en el suplico de la demanda no se hizo petición -ni siquiera subsidiaria- de pago del preaviso omitido en el desistimiento, sean cuales fueren las razones, atendibles o no, de la parte actora para ello; y tampoco consta que en el desarrollo del juicio se introdujera tal pretensión por la parte actora con aquiescencia y sin protesta de indefensión de la demandada; sin embargo se admite por ambas partes que fue ésta, la demandada, la que en fase de conclusiones admitió no haber observado el preaviso y que aceptaría la condena a su pago en la cuantía que indica, que es la que la sentencia acoge, a lo que la parte actora, que formuló después sus conclusiones, nada opuso tal y como se razona en el fundamento de derecho sexto de la sentencia recurrida. Es claro que la parte actora pudo defenderse de la pretensión de la demandada de que se incluyera la consecuencia de la condena al pago del preaviso omitido, lo que solo constituía una cuestión jurídica de fácil contestación en su turno de conclusiones. No consta que protestara ni solicitara del juzgador que no tuviera en cuenta tal pretensión de la demandada, y ello impide que pueda hacerlo ahora en vía de recurso. Razones por las cuales el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.-En cuanto a la integración de los hechos probados que se solicita al amparo del art. 193.b) LRJS, conviene comenzar recordando que como tenemos dicho reiteradamente, según una consolidada jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, que recogen y aplican las sentencias de 2 de marzo de 2016 (Rco. 221/2015), 13 de mayo de 2019 (Rec. 246/2018) y 4 de julio de 2019 (Rec. 89/2018), la viabilidad de la reforma fáctica en sede de recurso extraordinario está supeditada a que se cumplan entre otros los siguientes requisitos: 1.º) Ha de fundarse en un elemento probatorio obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de prueba documental o pericial, con exclusión de otros medios, y la eficacia propia de aquéllos; 2.º) La prueba designada ha de evidenciar el error denunciado de forma clara, directa y patente por su propia fuerza demostrativa directa sin necesidad de acudir a deducciones, conjeturas o suposiciones más o menos lógicas o a interpretaciones valorativas, no pudiéndose sustituir totalmente la valoración judicial por la de la parte; 3.º) El dato evidenciado por el documento alegado no puede entrar en contradicción con lo que resulte de otros elementos de prueba a los que el Juez de instancia haya otorgado razonadamente mayor valor pues en tal caso no se trata de un problema de error de hecho sino de discrepancia con la valoración de los medios de prueba, la cual corresponde al órgano "a quo"; 4.º) La modificación propuesta debe tener trascendencia para una eventual modificación del fallo de instancia, si bien no se puede descartar un motivo de revisión fáctica por el mero hecho de que resulte intrascendente para el órgano jurisdiccional de suplicación, ya que tal juicio de intrascendencia podría no ser compartido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a la hora de resolver en unificación de doctrina; de forma que solo debe ser rechazada la revisión cuando ésta sea banal, es decir, se refiera a hechos irrelevantes absolutamente ajenos a la cuestión litigiosa; 5.º) La modificación que se pretenda no debe comportar valoraciones jurídicas, pues las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

Dicho lo cual, resolvemos las pretensiones de modificación fáctica, que son las siguientes:

3.1En primer lugar se solicita la ampliacióndel hecho probado primero,para añadirle el siguiente texto:

«El Convenio Colectivo de aplicación en la empresa demandada es el Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (código de Convenio 99000985011981.(doc nº1, 1 bis y 1 ter de la demanda rectora).

La actora percibía una retribución de 3.833,51 euros brutos mensuales (2.787,74€ líquidos) incluido el prorrateo de las pagas extras, que incluye todos los conceptos retributivos según convenio para el grupo profesional II, y según el siguiente desglose:

Sustenta la adición en un conjunto documental formado por el convenio colectivo (doc. 1 y 1.bis y ter de la demanda), nóminas de la actora (doc. n.º 2 de la demanda), contrato de trabajo (doc. n.º 3 de la demanda), informe de vida laboral y bases de cotización (doc. n.º 64 del ramo de la demandada).

Se rechaza la adición, por innecesaria, pues los datos esenciales queridos introducir ya constan en los ordinales primero y cuarto de la sentencia. Lo único novedoso sería el desglose de conceptos, que resulta innecesario, pues existe también referencia en el relato fáctico a las nóminas, a las cuales se defiere el detalle de conceptos retributivos, que la sentencia acepta daban lugar a un salario diario de 126,03 euros, que es el cociendo de dividir entre 365 el importe bruto anualizado de sus nóminas.

Además, el primer párrafo del texto alternativo propuesto incurre en evidente predeterminación del fallo, al dar como hecho lo que no es más que una valoración o conclusión jurídica, como es la de determinar cuál sea el convenio colectivo aplicable, lo que sustenta en el texto del convenio colectivo oficialmente publicado, que es una norma y no documento hábil que pueda sustentar una revisión de hechos probados, según declara la jurisprudencia, pudiendo citarse al efecto la STS/IV 19 de enero de 2022 (rec. 82/2021 ),a cuyo tenor: «Reiterada doctrina jurisprudencial niega eficacia revisora casacional a los convenios colectivos publicados en un boletín oficial porque resulta aplicable el principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), por lo que no es cuestión de hecho el texto del convenio, el cual no debe incluirse en los hechos probados de la sentencia. El contenido de una norma publicada en el boletín oficial está exento de prueba por ser dato conocido por el órgano judicial, de modo que puede la sala razonar sobre él sin necesidad de incorporarlo al relato (por todas, sentencia del TS de 15 de junio de 2021, recurso 85/2019 y las citadas en ella).»

3.2En el segundo submotivo se interesa la adiciónde un nuevo hecho probado,sin numerar, con el siguiente contenido:

«En el sistema de clasificación profesional previsto en el art. 86 y siguientes del convenio colectivo y anexo I Se dispone la integración del personal en cuatro grupos profesionales siendo el primero de ellos el correspondiente al Personal directivo con el siguiente cometido funcional:

Gestiona procesos consistentes en organizar, dirigir y controlar las actividades y acciones propias del funcionamiento empresarial. Se le exige evidenciar un alto nivel de competencias en materia de liderazgo, desarrollo de otras personas, toma de decisiones, comprensión de la organización, e Integración y globalidad, además de en las competencias transversales comunes al sector. Se incluirán dentro de este grupo los puestos de trabajo del máximo nivel de gestión estratégica que conformen el equipo director dentro de cada empresa.»

Dice basarse en el convenio colectivo (doc. n.º 1 de la demanda), contrato de trabajo (doc. n.º 2 de la demanda) y memoria de actividades (doc. n.º 9 y 9 bis de la demanda), aunque solo el convenio sustenta la redacción pretendida.

No se accede a la adición, pues se apoya en documental inhábil a estos efectos, dado que las normas convencionales oficialmente publicadas no constituyen prueba documental: no son hecho, son derecho, rige el iura notiv curia.En este sentido, reiteramos la inhabilidad revisoria del convenio colectivo conforme a la precitada STS/IV 19 de enero de 2022 (rec. 82/2021), con doctrina referida a la casación ordinaria pero igualmente aplicable al recurso de suplicación, dada la común naturaleza extraordianria de ambos recursos (el de suplicación, cuasi-casacional).

3.3En el tercer submotivo se pide ampliarel hecho probado tercero,con la siguiente adición:

«Corresponde al presidente de la asociación la representación legal y oficial de la Asociación, la firma de todos los documentos de la misma, convocar la Junta Rectora y Generales, resolver por sí toda cuestión que por su importancia y urgencia sea necesario para el mejor cumplimiento de los fines de la asociación, viniendo obligado a dar cuenta a la Junta Rectora. Autorizar con su firma las actas, certificaciones y otros documentos. Ser ordenador de pagos y cobros y director de todos los servicios de la Asociación.»

Se apoya en los estatutos de la asociación demandada (doc. n.º 5 de la demanda), siendo el texto propuesto transcripción literal de su art. 29.

No se acepta la ampliación, por reiterativa e innecesaria, dado que ya el hecho probado tercero, en su apartado 3, letra a) transcribe las competencias estatutarias del presidente, en términos idénticos que los que ahora se quieren reiterar.

3.4Se solicita a continuación la adiciónde un nuevo párrafoal final del hecho probado décimo,del siguiente tenor:

«Junto con la actora en las reuniones de la junta rectora y de la asamblea interviene en su cualidad de jefe de administración D. Rodolfo.»

Se basa en los documentos números 43, 45, 46, 47, 48 y 49 del bloque 4.º del ramo de la demandada.

Se justifica diciendo que no es solo la actora la que se encuentra con voz pero sin voto en las reuniones de los órganos de la asociación, sino que junto a ella también asiste un compañero suyo, jefe de administración a la sazón, que participa al mismo nivel que la actora informando a la junta general y a la junta directiva.

No se acepta la adición, por cuanto los documentos invocados no son literosuficientes para extraer de los mismos de manera directa e inmediata, con eficacia radicalmente excluyente, lo que se pretende. Y es que de ellos se sigue que el jefe de administración no "interviene junto con la actora", sino que "asiste a determinadas reuniones en su calidad de jefe de administración", sin más; esto es, que coincide con ella en determinadas reuniones. Se trata en definitiva de una interpretación subjetiva de los hechos realizada por la recurrente.

3.5En el submotivo quinto se propone la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente contenido:

«Según se recoge en el Acta de la asamblea general de 27 de junio de 2018, además de la Junta Directiva/ Rectora prevista en los Estatutos de la asociación, existe un comité creado por este órgano, integrado por la Sra. gerente, el jefe de administración, la Sra. Julia junto con la Sra. Concepción.

La Junta directiva según se recoge en las actas de sus reuniones de fecha 5 de abril de 2019 y 4 de junio de ese mismo año, ha adoptado decisiones como la subida salarial según convenio, acciones disciplinarias u organizativas de empleados de decisiones en materias organizativas de personal, o patrimoniales quedando documentada su actuación y toma de decisiones sin constancia de intervención en las mismas de la trabajadora actora.

La Presidente, el vicepresidente y el jefe de administración son consultados con regularidad por la actora para ejecutar los cometidos funcionales propios de su puesto de trabajo, tales como acciones de orientación, renovaciones de contratos y convenios, aperturas de cuentas corrientes, selección de personal, abono de nóminas o compras mobiliario Siendo autorizada por la presidente.»

Se sustenta en el conjunto documental n.º 3 de la actora, consistente en multitud de correos electrónicos, y en actas de la junta directiva y de la asamblea (docs. 43, 45 y 46)

No podemos aceptar la adición, que se basa en prueba documental que ya ha sido tenida en cuenta y valorada expresamente por el juzgador de la instancia (ver FD QUINTO.5). Como es jurisprudencia consolidada, la valoración de las pruebas compete a la instancia, y no a las partes ni a los tribunales superiores en grado, debiendo por ello estarse a las conclusiones probatorias del magistrado de instancia, salvo apreciación absurda, arbitraria o irracional, lo que no es el caso. Lo pretendido en el motivo no es, por tanto, poner de manifiesto ningún error patente de apreciación judicial, sino hacer prevalecer las conclusiones de parte sobre las judiciales, lo que no está permitido en un recurso extraordinario y cuasicasacional como el de suplicación, propio y específico del proceso laboral.

3.6A continuación se interesa la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente texto:

«D. Concepción presidenta de la asociación, forma parte del comité, y es quien expone a la Junta Directiva el funcionamiento de los centros y las necesidades de adquisición de activos materiales o su renovación y sustitución así como la realización de reformas constructivas en los centros de trabajo siendo la junta directiva la que aprueba su ejecución y la adquisición de mobiliario.»

Se sustenta en el acta de la junta directiva de 30.09.2020 (doc. n.º 40 del ramo de la demandada.

Se rechaza por las mismas razones que la propuesta anterior.

3.7En el siguiente submotivo se pide igualmente la adiciónde un nuevo hecho probado,proponiendo como texto el mismo que ya consta en el hecho probado octavo de la sentencia, consistente en la reproducción de la carta de "desistimiento" que la presidenta de la asociación remite a la actora, por lo que siendo innecesario reiterarlo se rechaza la adición.

3.8En el octavo submotivo se solicita la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente contenido:

«Extinguido por la asociación demandada el contrato de D. Felicisima, con fecha 7 de octubre de 2022, con fecha 11 de noviembre de 2022, el jefe de administración D. Rodolfo mediante suscripción de una diligencia de anexo al contrato de trabajo, además de las funciones que tenía asumidas como jefe de administración, pasa a desarrollar en la asociación demandada las siguientes competencias:

Ejecución de planes operativos de la entidad para alcanzar los objetivos previamente establecidos por la Junta Rectora.

Coordinación de las distintas áreas supervisando los criterios establecidos en las mismas así como implementando junto con el equipo humano de dichas áreas la búsqueda de las mejoras tanto organizativa como metódica

Igualmente se le encomienda representar a la entidad ante las instituciones y organismos institucionales en el sector de servicios sociales al objeto de atraer proyectos y acuerdos de colaboración entre la entidad y las administraciones públicas.

Por la asunción de las nuevas competencias la entidad abonará al sr, Rodolfo un complemento bruto mensual de 507,44 € por 12 pagas al que se le aplicarán las revisiones salariales que recoja el convenio colectivo sectorial para años sucesivos (...)

Además, la entidad demandada otorgará al Sr. Rodolfo poderes notariales con las competencias que ejercerá a partir del 11 de noviembre de 2022.

Con la misma fecha, la coordinación del centro COPAD es asumida por la trabajadora de la asociación D. Patricia mediante la suscripción de un anexo al contrato de trabajo que es firmada en atribución de las facultades conferidas en esa misma fecha por D. Rodolfo en nombre de la asociación demandada y por la que la Sra. Patricia asume las funciones de coordinadora en el centro ocupacional COPAD abonándosele un complemento de puesto de 357 € brutos mensuales.»

Se apoya en los referidos anexos (docs. n.º 62 y 63 del ramo de la demandada).

Se rechaza la adición propuesta, que no refleja en su integridad lo que los documentos invocados refieren, y constituye una interpretación subjetiva de los mismos, discrepante con el relato de hechos alcanzado por el magistrado de instancia, quien ya ha tenido en cuenta y valorado tales documentos, e incluso la testifical del Sr. Rodolfo (FD QUINTO.7.2), a cuyas razonadas conclusiones debemos estar por ser a él, y no a las partes ni a los tribunales superiores en grado, a quien compete en exclusiva la labor de valorar las pruebas ex art. 97.2 LRJS.

3.9En el noveno submotivo se solicita la supresióndel hecho probado duodécimo,en la que se narra la situación económico-financiera de AFANAS.

Se basa la supresión en los documentos 56 a 59 del bloque 7 del ramo de la demandada, más el doc. n.º 60 (carta de desistimiento), más el doc. n.º 61 (acta de la junta rectora de 28.09.2022).

Se justifica en que la carta de desistimiento no contenía datos ni justificación económica para ello, lo que fue introducido por la demandada en el juicio y admitido por la sentencia recurrida, lo que evidencia que no hay desistimiento sino despido sin causa o con causa espuria.

No se admite la supresión fáctica pedida. Si lo que se pretende es de nuevo introducir una cuestión de incongruencia extra petitum,el cauce adecuado no es la revisión fáctica, sino el planteamiento de un motivo de infracción por la vía del apartado a) del art. 193 LRJS. Pero es que, además, nada se opuso en el juicio por la parte actora a tal cuestión introducida por la demandada como circunstancia que subyace en la decisión de desistimiento. Aunque tal causa de extinción de la relación laboral especial de alta dirección no exige exteriorización y acreditación de la causa, resultaba conveniente y necesario en este caso que la demandada, en trance de contestar a la demanda, expusiera tales causas (la necesidad de ahorro de costes debido a las pérdidas que se arrastraban) como medio de aportar una justificación objetiva y razonable a su decisión de desistir del contrato que contrarrestara la acusación de motivación discriminatoria formulada en la demanda.

En fin, los datos económicos que contiene el ordinal controvertido son ciertos, se derivan de la documental que primeramente se invoca, no han sido contradichos en forma alguna, y por ello no hay razón alguna para suprimirlos del relato.

3.10Finalmente, se solicita la adiciónde un nuevo hecho probado,con el siguiente texto:

«El once de agosto de 2022 la asesoría laboral de la empresa, siguiendo instrucciones de la Presidenta de la asociación demandada, remite por correo electrónico a la demandante propuesta para resolver la relación laboral de forma amistosa garantizándole hasta mayo de 2024, fecha en la que la trabajadora podía acceder a su jubilación, la diferencia económica que existiría entre el importe de prestaciones por desempleo que le abonaría el SEPE y el salario neto que tenia actualmente, proponiéndole, siempre que dicha extinción se llevara a cabo por acuerdo, una extinción de contrato por causas objetivas, con lo cual la indemnización a abonar por la empresa demandada estaría exenta de tributación fiscal para la trabajadora.

Entre el 9 de junio de 2022 a 9 de mayo de 2023 han causado baja en la empresa, además de la actora D, Leoncio y D. Matilde. Todos ellos mayores de 64 años.»

Se apoya en un amplio conjunto documental: docs. 62 y 63 del ramo de la demandada (anexos contractuales del Sr. Rodolfo y Sra. Patricia); más documental primera del ramo de la actora (correos electrónicos); doc. 68 del ramo de la demandada y 11 de la demanda (correo electrónico); y doc. 69 del ramo de la demandada (certificado de AFANAS).

Se rechaza la adición, que pretende efectuar una nueva valoración parcial y subjetiva, distinta a la efectuada por el magistrado de instancia, quien ya ha tenido en cuenta y valorado expresamente los correos electrónicos ahora invocados (a los que se remite dándolos por reproducidos en el ordinal probatorio decimoquinto) y el resto de la amplísima documental aportada por las partes.

Y, en fin, respecto del segundo párrafo del hecho que pretende adicionarse, no consta en el relato fáctico ni se deriva de la documental invocada cuál sea la causa de las bajas de estas personas.

CUARTO.-Por lo que hace a la censura jurídica, con amparo procesal en el art. 193.c) LRJS, el motivo tercero se subdivide en cinco apartados.

4.1Se denuncia en primer lugar la infracción de los artículos 1, 2, 3 y 8.2 del Estatuto de los Trabajadores ( ET) y de los arts. 1, 2, 3 y 4 [queremos entender que se refiere a los apartados Uno, Dos, Tres y Cuatro del art. 1] del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y jurisprudencia que los interpreta, en relación con los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), 96.1 LRJS y 24 de la Constitución de la Nación Española (CE).

En su desarrollo argumenta la recurrente -en resumen- que el juzgador a quoha incurrido en una valoración errónea e ilógica de la prueba documental, discrepando del razonamiento vertido en el fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida, sosteniendo que la relación entre las partes era laboral común, y no de alta dirección, y contra-argumentando para ello que «la actora y bajo una responsabilidad decisoria directa de los órganos titulares de la empresa, actuaba bajo las instrucciones directas del comité creado por la junta directiva/rectora, y del/la Presidente de la asociación al que el art. 29 de los Estatutos de la misma definen como el representante legal y oficial de la asociación y director de todos los servicios de la asociación.»

El motivo no puede prosperar por cuanto, atendido el inalterado relato fáctico, acierta la sentencia recurrida cuando califica la relación entre las partes como especial de alta dirección y no laboral común como se pretende por quien ahora recurre. Compartimos así los acertados argumentos vertidos en el fundamento de derecho quinto de dicha sentencia que merece la pena transcribir:

«1.- Si partimos de los hechos probados, podemos comenzar afirmando que la actora podía ejercitar y ejercitó poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. Si por tales entendemos aquéllos que implican "fundamentalmente, la capacidad de llevar a cabo actos y negocios jurídicos en nombre de tal empresa, y de realizar actos de disposición patrimonial, teniendo la facultad de obligar a ésta frente a terceros",podemos llegar a la conclusión clara de que en el presente caso, esto era efectivamente así. Basta con observar el contenido de los poderes que la empresa otorgó a favor de la actora a lo largo de su relación para comprobarlo. Expresamente se le confería poder general y amplio y tan bastante como en derecho se requiera a favor del Director-Gerente de esta Asociación.Y entre esos poderes se contenía la representación de la Asociación frente a terceros ejercitando, desistiendo, o transigiendo derechos, acciones y excepciones.También se encontraban concretas facultades de disposición patrimonial, así como la facultad de contratar y rescindir los contratos de trabajo y una amplia representación ante los Tribunales (teniendo ante estos también amplias facultades que podrían conllevar la asunción de importantes obligaciones por parte de la Asociación). Y como se desprende de la prueba aportada, y de los consecuentes hechos probados, la actora efectivamente ejercitó dichos poderes.

Como ha quedado apuntado en el fundamento tercero, y es ampliamente recogido en nuestra Jurisprudencia, "no obsta a la conclusión expresada "el hecho de que determinadas facultades le hubieran sido atribuidas mancomunadamente...",como también en nuestro caso sucede en relación con algunas de las facultades otorgadas.

2.- Además, esos poderes afectaban a "los "objetivos generales de la compañía", no pudiendo ser calificados como tales los que se refieran a facetas o sectores parciales de la actividad de éstas".

Como ha quedado señalado, el fin que fijan los estatutos de la Asociación es "el fomento de la asistencia, recuperación, enseñanza, integración escolar, laboral y social de las personas afectadas de minusvalía psíquica, así como la colaboración con cuantas entidades particulares y oficiales existan orientadas a la misma finalidad",y es fácil llegar a la conclusión de que las facultades de las que se invistió a la actora tendían a la consecución de ese fin general de la Asociación. Basta comprobar los acuerdos de colaboración alcanzados y firmados por la actora con diferentes entidades públicas y privadas. Basta atender al contenido de las actas de las asambleas ordinarias, para entender que era la actora, como Directora-Gerente, la que daba cuenta a la Asamblea de la memoria de actividades de la Asociación, actividades claramente relacionadas con la finalidad general de la Asociación (así se puede comprobar en el acta de 23 de junio de 2022).

3.- La actora ejercitó dichas facultades con plena autonomía y responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.Cabe señalar que ya resulta significativo que en el clausulado adicional del contrato de trabajo de la actora, se especifique que "Su cargo será el de DIRECTORA GERENTE de todos los Centros y Servicios de la Asociación"y que "Las funciones específicas a desarrollar, serán las propias del cargo para el que se contrata, y que le serán detalladas en el poder notarial que se le otorgará al efecto".Es decir, a pesar de la apariencia del contrato de trabajo firmado, del cual se podría desprender que la actora desempeñaría una actividad laboral común, lo cierto es que del clausulado especial se desprendía claramente que la intención de las partes era que la actora fuera directora-gerente, con las facultades que le eran propias y que de forma extensa se detallaron en el posterior poder que se otorgó (marzo de 2006, que se obvia en la demanda).

Hay que señalar que el poder de representación se le otorga en virtud de un acuerdo adoptado por la Asamblea General. Como se desprende de la propia escritura pública, es también la Asamblea la que autoriza a que se eleve a escritura pública y se otorgue el poder a favor de la Directora-gerente a través del Presidente de la Asociación, y así lo hizo. Es por lo tanto en virtud de un acuerdo del máximo órgano de gobierno de la Asociación que se le atribuyen a la actora las concretas funciones que desempeñó.

Cabe también recordar, que según la LO 1/2002, de 22 de marzo, que regula el Derecho de Asociación, en su artículo 11, "la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación",y la Junta Rectora, en nuestro caso, es el "órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación"que en toda asociación debe existir. Lo cual coincide con la configuración que los Estatutos realizan de sendos órganos. En este sentido, uno y otro, vendrían a ser la persona o los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que con sus criterios e instrucciones pueden limitar los poderes de la actora, a los que se refiere el artículo 1.dos del Real Decreto 1382/1985.

4.- Son muchos los elementos de prueba que apuntan hacia esa plena autonomía y responsabilidad de la actora en la toma de decisiones. Así cabe reseñar que la actora no aporta ninguna prueba de que las actuaciones realizadas por ella hubieran sido previamente autorizadas por órgano alguno de la asociación, o por persona intermedia. Las declaraciones de los testigos y de la Presidenta de la Asociación no apuntan en tal sentido. No consta la existencia de un protocolo o proceso formal para la toma de esas autorizaciones o para su constancia, lo cual parecería adecuado en orden a conferir de cierta seguridad jurídica al proceso de toma de decisiones en términos de transparencia ante los asociados, o por mera seguridad de cara a una posible exigencia de responsabilidades. Esta ausencia ya de por sí avala la conclusión de que la actora tomaba decisiones con plena autonomía y responsabilidad. Así, por ejemplo, en relación con la firma de convenios de colaboración (una parte muy importante de los fines de la Asociación), doña Felicisima, actual presidenta, señaló que en relación con estos todo lo hacía la gerente, y que no recordaba que en ninguno se pidiera autorización a la Junta o a ella misma.

5.- En este punto, los correos electrónicos aportados por la actora, si bien se circunscriben a su último periodo en la asociación, más que reforzar la tesis de la actora respecto a su supuesta dependencia en la toma de decisiones, apuntan más bien en el sentido contrario. De dichos correos, más que de un proceso de solicitud de autorización, se desprende que estamos ante un proceso de consulta o dación de cuenta en algunos asuntos concretos.

- Así, en cuanto al pago de nóminas, correo de 30 de mayo de 2022, don Rodolfo, Jefe de Administración, explicó que la firma era mancomunada, de la actora y de la presidenta (como por otro lado se especificaba en el poder), y que él obtenía la autorización de las dos, y que a la actora se la solicitaba de forma verbal.

- El hilo de correos que se inicia el 4 de abril de 2022, sobre la firma del convenio "EPES", es más que significativo en orden a acreditar la autonomía y responsabilidad de la actora en la toma de decisiones. Resulta curioso que la actora subraye para llamar la atención de este juzgador la frase (página 2) "si dais el visto bueno a la firma del Convenio",que evidentemente pudiera significar que la actora en la firma de convenios necesitaba de dicha autorización con carácter general. Pero la actora obvia oportunamente el contenido del párrafo siguiente, en el que se puede leer: "Habitualmente no suelo consultaros sobre los convenios que firmamos con centros de formación profesional, I.E.S. y Universidad. Sin embargo éste es una nueva modalidad y por tanto creo conveniente que tengáis conocimiento".Dicha afirmación es de la propia actora, es muy revelador para lo que aquí se discute, e indica que esa autorización que solicitaba era la excepción. Y fue la actora, la que motu proprio, decidió recabar la autorización, lo que nuevamente revela que lo podría haber firmado sin la misma, es decir, no tenía límites para la firma de dichos convenios. Refuerza por lo tanto la idea ya puesta de manifiesto por este juzgador de que los correos aportados son meras consultas, algo de por sí nada ilógico, pero que no suponían la petición de una necesaria autorización previa para poder actuar.

- El correo de 5 de octubre de 2022 viene a poner de manifiesto que la actora en todo caso, más que pedir autorización para ejecutar los actos que estime convenientes, consulta las indicaciones o directrices a seguir, en un asunto aprobado por la Junta General, lo cual como mucho revela que la actora se atenía a las instrucciones o criterios a los que se refiere el artículo 1.dos del Real Decreto 1382/1985.

- En el correo de 18 de febrero de 2022 se aprecia con claridad que se trata de una mera consulta o dación de cuentas, de hecho, uno de los "mails" va dirigido a don Rodolfo, del que no cabe duda que no autorizaba ninguna actuación de la directora-gerente, mucho menos la contratación de personal. Así se desprende de su declaración como testigo. Lo mismo cabe decir del correo de 5 de septiembre de 2022, en el que la Presidenta no autoriza nada a la actora, vemos que le aconseja que lo comente "con Leoncio, para ver qué piensa". De hecho la actora lo "adjunta para vuestra consideración",no para su previa autorización.

- El único correo en el que consta que la presidenta autorice una actuación, es el correo de 20 de septiembre de 2022, y es el presupuesto de unos toldos, que no la compra en sí. Lo mismo cabe decir de la compra de una freidora y de la instalación eléctrica, que por otro lado parecen enmarcarse en un proceso de consulta y formación de voluntad, que son aislados.

- En cuanto al presupuesto de la nave de más de 100.000 €, correo de 2/03/2022, parece razonable, atendiendo a la importancia de la suma y del exiguo presupuesto de la Asociación, que en una decisión así se recabe la opinión de los órganos superiores de la misma. En todo caso, dichos correos demuestran que se está ante un proceso de consulta y asesoramiento para la toma de decisión.

- Por último, en cuanto a los correos relativos a la convocatoria de la Junta Rectora y de la Asamblea General, parece lógico que las convocatorias respectivas (que seguramente estén fijadas en los estatutos), no dependa de la decisión de la directora gerente, que no forma parte de uno u otro órgano. Normalmente ese tipo de decisiones corresponden al Presidente del órgano, como es el caso.

En definitiva, la actora con dichos correos confunde el proceso de toma de decisiones en una empresa, que no suele ser un proceso aislado sino de consulta e información dentro del seno de la empresa (o con asesores externos), con la facultad de tomar la decisión definitiva respecto al asunto objeto de consulta. Precisamente si algo ha quedado claro de ese grupo documental es que la actora en un núcleo importante de la actividad de la Asociación, firma de convenios de colaboración, actuaba habitualmente sin autorización previa alguna.

6.- Ha sido objeto de atención especial el relativo a la contratación y despido de trabajadores de la asociación. A este respecto la declaración de la Presidenta de la asociación fue contundente, así como los contratos y cartas de despido aportadas por la demandada. Pero si atendemos al propio tenor literal del poder de representación, podemos llegar también a una conclusión clara. Se dice en dichos poderes, respecto de la facultad de extinguir los contratos de trabajo lo siguiente: "Rescindir contratos de trabajo, cuando fuera preciso, dando cuenta de ello a la Junta Directiva en la primera reunión que se celebre". Dicha expresión denota claramente que la directora-gerente podía adoptar la decisión de extinguir los contratos (entro ello también despedir, pero no solo despedir) con plena autonomía y responsabilidad, sin previa autorización, sencillamente, después de adoptar la decisión daría cuenta a la Junta Rectora.

7.- Por último, el artículo 2 del Real Decreto, 1382/1985, indica que el fundamento de "La relación laboral especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe".Es la propia actora la que en el hecho quinto de su demanda pone de relieve la "relación de confianza, desde la buena fe",que existía entre ella y la Junta Directiva y Presidenta, es decir, que existía con la empresa. Pero también se pone de manifiesto esa relación de confianza y de buena fe, cuando en la reunión de la Asamblea General de 27 de junio de 2018, es precisamente la actora la que pone de relieve la necesidad de que se proceda a realizar una Asamblea General Extraordinaria que le otorgue un nuevo poder de representación, por exigencias formales. Consta en el acta que se aprobó por unanimidad, y cabe deducir que el poder de 9 de julio de 2018 obedece a tal decisión.

En definitiva, las facultades que ostentaba la actora eran amplias, podía ejercerlas con autonomía y plena responsabilidad, no limitándose a cuestiones puramente administrativas, como son la representación de la sociedad, contratar o despedir a personal. Y los poderes conferidos se refieren a objetivos generales de la entidad -teniendo en cuenta las especiales características de la Asociación que nos ocupa- y las facultades otorgadas, además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, están referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos transcendentales de sus objetivos. Los poderes pueden considerarse como inherentes a la titularidad jurídica de la empresa sin que el hecho de que algunas facultades fueran mancomunadas, obste a dicha apreciación pues se trata de facultades atinentes al ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. No consta que haya tenido por encima a ningún otro cargo directivo, constando que su actividad solo estaba limitada por los órganos superiores de la Asociación, por lo que ha de concluirse que la relación laboral habida entre las partes era de alta dirección. Sin dejar de señalar que en la relación indicada no es determinante el criterio formal- modo en el que se formaliza la contratación- ya que el contrato de trabajo no es lo que las partes dicen que es éste, sino lo que realmente es, con independencia del nombre jurídico que las partes le hubieran querido dar, debiendo de estarse a su naturaleza y contenido (y a este respecto, poco o nulo valor jurídico ha de tener la información contenida en la web de la asociación aportado por la demandante).»

Como es de ver tras una lectura atenta de dicho fundamento jurídico, el magistrado de instancia ha valorado todo el caudal probatorio aportado, consistente en la documental, interrogatorio y testifical, valorándolo de modo racional, conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica; así, ha valorado que se firmara inicialmente entre las partes un contrato inicial de trabajo (Hecho Probado Cuarto), si bien también ha valorado otros hechos posteriores a ello que son también relevantes (otorgamiento de poderes, ejercicio efectivo de las facultades concedidas con autonomía y responsabilidad), concluyendo acertadamente que la relación que une a las partes es claramente una relación de alta dirección y no una relación laboral común.

Por todo lo hasta aquí razonado, la sentencia no incurrió en las infracciones jurídicas que se le imputan en el motivo, por lo que éste debe ser desestimado.

4.2En el segundo subapartado del motivo tercero se denuncia que la sentencia infringe el art. 1 ET, el art. 1.288 del Código Civil, y diversos preceptos del Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad(art. 86, Anexo I, apartado I, arts. 34 y 37).

En su desarrollo se vuelve a insistir en la crítica al fundamento de derecho quinto de la sentencia, centrándose en combatir el argumento judicial de que la actora podía ejercitar y ejercitó poderes inherentes a la titularidad de la empresa, para lo cual vuelve a verter su parcial y subjetiva valoración de las pruebas documentales aportadas para concluir que en realidad la actora, ahora recurrente, era uno de los puestos de dirección y coordinación a los que se refiere el art. 88 del convenio colectivo, que define sus cometidos funcionales, estando pues sometida a la normativa laboral común, a diferencia del alto directivo que está excluida del convenio, y que entre el órgano directivo y la trabajadora existían personas intermedias como el presidente de la asociación y el comité.

Rechazamos el submotivo por las mismas razones que el anterior.

4.3En el tercer submotivodel motivo tercerose denuncia la infracción por la sentencia de los arts. 6.3. 6.4 y 7 del Código Civil (C.c.). y de la doctrina jurisprudencial que desarrolla la vinculación del deber de buena fe con los actos propios y el fraude de ley; la indebida aplicación del art. 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección; y la infracción por inaplicación de los art. 51.1 y 52 del ET (Extinción del contrato por causas objetivas).

En su desarrollo se combate el fundamento de derecho cuarto de la sentencia cuando analiza el desistimiento efectuado por la demandada al amparo del art. 11 RD 1382/1985, y viene a contra-argumentar que se la vulnerado el principio general que prohíbe ir contra los actos propios, debiendo estar la demandada vinculada a sus actos precedentes, entre los que indica: la suscripción de un contrato de trabajo laboral común y bonificado, la aplicación durante la relación laboral del convenio colectivo, el abono del salario según convenio, la propuesta empresarial de extinguir la relación laboral mediante acuerdo de pago de una indemnización (inferior a la mínima legal y enmascarada bajo la forma de un despido objetivo), la pretendida justificación de la extinción en causas económicas sin que ello se hubiera aducido en la comunicación extintiva, y la falta de abono de la indemnización por preaviso del art. 11 del RD 1382/1982.

Y en el cuarto submotivodel mismo motivo tercerose viene a denunciar la infracción por la sentencia de los arts. 4.2.c) ET en relación con el art. 55.5 ET y el art. 14 CE, al que se remite el art. 11.2 RD 1382/1985. Se insiste en su desarrollo en que el despido es nulo por discriminatorio en razón de edad, combatiendo así los argumentos del fundamento de derecho quinto de la sentencia donde analiza tal cuestión y la rechaza.

Abordamos conjuntamente ambos submotivos respondiendo a ellos que los argumentos de la recurrente no pueden ser compartidos. Es doctrina jurisprudencial inveterada y muy reiterada que la calificación de los contratos no depende de cómo hayan sido denominados por las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto [ SSTS, entre otras muchas, 11-12-1989 y 29-12-1999]. La sentencia recurrida da cumplidos y acertados argumentos, con valoración racional de toda la prueba practicada, no solo documental sino también la testifical, para calificar la relación como especial de alta dirección. Nos remitimos una vez más al fundamento de derecho quinto y a lo razonado en el precedente apartado 4.1 de esta nuestra sentencia.

En particular, y sobre la pretendida discriminación por razón de edad, nos remitimos a los adecuados razonamientos del fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida, que compartimos plenamente, donde se dice lo siguiente:

«Lo cierto es que no se aporta el más mínimo indicio de que la extinción de su contrato de trabajo se produjera con ocasión de su edad. Únicamente se alega sin más su edad por la parte actora, pero no se aporta prueba alguna que, aun indiciariamente, apunte a que la extinción de la relación laboral fuera por tal causa. Ninguna prueba, tampoco indiciaria, se aporta respecto de muchas de las afirmaciones que se contienen en la demanda, como respecto de la supuesta presión que la empresa ejerció sobre ella para que aceptase un despido. La prueba aportada más bien viene a acreditar que no existe relación causal alguna entre la edad de la actora y el desistimiento:

1.- Los correos electrónicos aportados por sendas partes respecto la cuestión de la jubilación, acreditan nada más y nada menos que lo que la propia actora ya venía a reconocer en su demanda y que reconoció en sus conclusiones en el acto del juicio, que fue ella la que se interesó a través de la empresa, y por intermediación de ésta, para que la asesoría laboral de la Asociación, estudiase el posible acceso a su jubilación anticipada. Don Rodolfo aclaró que ya en el año 2018 la actora solicitó información sobre su jubilación anticipada, y que lo volvió a reiterar en el año 2021.

De los correos aportados se desprende claramente que estamos en presencia de una mera labor de información a requerimiento de la actora, y sobre su propia jubilación. Además, la comunicación era directa entre la actora y la asesoría laboral. No se puede deducir en forma alguna una actitud coactiva por parte de la empresa para que la actora procediera a su jubilación o para que aceptase una extinción fraudulenta del contrato.

Es en este contexto en el que se enmarca también el correo electrónico aportado de fecha 11 de agosto de 2022 (documento 11 de la demanda y documento 68 de la demandada) en el que la asesoría laboral, exponía la posibilidad de un despido objetivo con indemnización hasta la jubilación, cubriendo la empresa la diferencia entre la prestación por desempleo y el salario neto de la actora durante ese periodo. Se puede entender claramente de su literalidad que la propuesta que se le hace es en el marco de la consulta para acceder a la jubilación con una fórmula, la calificaré solamente de imaginativa, que suponía la extinción del contrato, y que en ese momento podría interesar a las dos partes del contrato, dado que a la empresa le interesaba amortizar puestos de trabajo. El hecho es que no consta que la actora presentase denuncia alguna ante la autoridad laboral por el supuesto clima de acoso al que se supone fue sometida. El hecho es, que la actora en su demanda afirma que buscó asesoramiento externo para comprobar que la oferta que se le ofrecía era tan buena como se le decía. Esto permite inferir que la oferta se efectuó en un marco de negociación consentido por ambas partes, en el que se buscaba una solución que satisficiera a ambas. Un proceso de negociación, nada extraño al mundo laboral y contractual, que acabó sin acuerdo. La actora buscó asesoramiento externo para comprobar que la oferta le interesaba, no buscó asesoramiento externo para actuar legalmente ante la supuesta situación de acoso que hoy sí describe en la demanda. Quizá es que esa situación coactiva realmente no existía.

La Presidenta, doña Concepción, reconoció en su interrogatorio que preguntó a la actora, a la incorporación de sus vacaciones, si le parecía bien la solución, la actora no la aceptó. La Presidenta manifestó que en ese momento supone que la Asamblea ante la negativa de la trabajadora a la opción planteada, optó por una solución que satisfacía a la empresa pero no a la trabajadora. Y objetivamente así era.

Pero lo anterior no significa que la empresa quisiera echar a la trabajadora por su edad, como se afirma en la demanda, ni que la empujase a ello. La actora se quería jubilar anticipadamente (desde 2018 mostró su interés), y la empresa tenía interés en amortizar puestos de trabajo. Resultan creíbles las afirmaciones que se contienen en la demanda, sobre que la Presidenta le decía a la actora que la solución que se ofrecía le interesaba mucho, así era. Algo que en el marco de la confianza y buena fe que existía, según afirmaba la demanda, es fácil de entender que se pudiera producir.

No resulta ilógico que la Presidenta pudiera querer beneficiar a una trabajadora, que era directora-gerente, con la que existía una especial relación de confianza y buena fe, desde hacía 17 años, con una opción que siendo muy reprochable en términos jurídicos, era personalmente beneficiosa para la actora. Actitud que, si la ponemos en el concreto contexto de la Asociación que nos ocupa, esto es, una entidad sin ánimo de lucro, en la que la Presidenta no tenía ningún interés personal (según manifestó no percibe remuneración alguna por su cargo), no resulta tan descabellada.

Lo apuntado aleja el móvil discriminatorio en el desistimiento, sobre todo porque la finalización del contrato era buscada por las dos partes, sencillamente no llegaron a un acuerdo.

2.- Se alegó por la demandante que la Asociación requería información a su asesoría laboral sobre los trabajadores que se iban a jubilar próximamente, para tratar de enmarcar dicha actuación en una especia de política contra las personas mayores. La respuesta la ofreció la Presidenta en su interrogatorio, y resulta racional y lógica en una empresa, sencillamente se enmarca en el plan estratégico de la asociación, en orden a conocer los puestos que han de ser renovados. Parece lógico, como he dicho, que una empresa por previsión, anticipe los puestos de trabajo que quedarán vacantes por la jubilación del trabajador. Tampoco parece ilógico que se les pueda ofrecer incluso una jubilación anticipada, la jubilación anticipada está regulada legalmente, y no supone por sí misma una actuación discriminatoria. Querer deducir de dicha actuación una política discriminatoria por parte de la empresa solamente sirve para poner de relieve la visión subjetiva de un hecho.

3.- En tercer lugar, por la demandada se manifestó en el juicio la causa de la decisión de desistir del contrato. Amortizar un puesto de trabajo para ahorrar costes a la asociación. Como ya he apuntado el desistimiento no exige la exteriorización y acreditación de una causa, pero como también he manifestado toda actuación humana suele responder a un motivo o causa. Cabe entender que la demandada puso de manifiesto en el juicio ese motivo o causa para alejar la sospecha de discriminación en su actuación que sobre ella proyectaba la actora. Cabe afirmar que resulta racional y lógico, a partir de la información económica aportada, y de la declaración de don Rodolfo, que efectivamente la amortización del puesto de trabajo de la actora (la cual tenía el sueldo más elevado de la Asociación), sirvió para reducir las pérdidas de la asociación. Resulta lógica la medida dado que si atendemos a las características de la empresa que nos ocupa y su objeto, así como a las fuentes de financiación de la misma, la reducción del coste laboral es una de las pocas opciones con las que cuenta para reducir las pérdidas. Don Rodolfo además señaló que no se ha contratado a un nuevo director-gerente, y que las funciones de la actora se han redistribuido entre los órganos o miembros de la Asociación, uno de ellos él mismo. Lo cual resulta coherente con el intento de contener el gasto salarial.

Don Rodolfo también declaró que se amortizaron otros tres puestos de trabajo además del de la actora, y que en esos tres casos ninguno de los tres trabajadores superaba la treintena. Lo cual permite descartar una política de discriminación por la edad en la empresa.

En definitiva la existencia y acreditación de esta causa permite romper cualquier posible nexo causal entre la edad de la actora, lo cual es un dato objetivo, con el hecho de la extinción de su contrato de trabajo.»

Razonamientos que por ser ajustados a derecho deben ser plenamente compartidos sin necesidad de añadir nada más, lo que basta para desestimar ambos submotivos.

4.4Por último, en el quinto submotivodel motivo tercero,se denuncia que, al no conceder la indemnización por vulneración de derechos fundamentales, la sentencia de instancia infringe los arts. 1.101 y 1.902 del Código civil, en relación con el art. 183 LRJS y la doctrina del Tribunal Supremo que desarrolla las bases para la cuantificación de los daños producidos por vulneración de derechos fundamentales.

Este submotivo depende, para su éxito, del previo éxito del anterior, que ya ha sido rechazado. Así, no estimándose vulnerado ningún derecho fundamental de la demandante, tampoco podría estimarse su reclamación de ser indemnizada por ello, como bien razona la sentencia recurrida. Razón por la que se desestima también este último submotivo y con él todo el recurso, procediendo confirmar la sentencia recurrida.

QUINTO.-No ha lugar a imposición de costas a la trabajadora recurrente, aun vencida en su recurso, por gozar legalmente a estos efectos del beneficio de justicia gratuita ( arts. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, y 235.1 LRJS) .

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere el Pueblo español, la Constitución de la Nación Española y las leyes,