Sentencia Social 224/2026 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 386/2025 de 12 de marzo del 2026

PRIMERO: Fallo de la Sentencia de Instancia. Recurso de Suplicación: Sus motivos. Impugnación del Recurso.

Por el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, se dictó Sentencia el día 13/01/2025, en el Proceso 431/2024, sobre impugnación de actos de la Administración, acordando desestimación de la demanda en la que se pretendía que se revocara la resolución administrativa que imponía las sanciones recurridas; de forma subsidiaria, se solicita la estimación de la prescripción de las sanciones impuestas y, también subsidiariamente, que se minore la gravedad de las infracciones impuestas de muy grave a grave en grado mínimo y como leve en su grado mínimo.

Frente a dicho pronunciamiento, se interpone Recurso de Suplicación por la parte actora en el proceso de referencia, basándolo en los siguientes motivos:

A) Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

B) Con sede procesal en el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

SEGUNDO: Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitándose la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

Con carácter previo al análisis de las revisiones fácticas interesadas, debemos decir que en Sentencia de 16/10/2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene establecido que " el recurso de suplicación es un recurso extraordinario y, como tal, la facultad del órgano de suplicación de revisar las pruebas aparece seriamente limitada, procediendo la revisión de hechos únicamente en los supuestos que taxativamente establece el artículo 193.b) de la LRJS , es decir, "a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". El Tribunal "ad quem" no puede hacer una valoración de la prueba practicada en el juicio, por lo que solo la evidencia de un documento o informe pericial, sin otras consideraciones colaterales, permitirá a la Sala la modificación fáctica".

Al amparo de este motivo, no es posible una nueva valoración de toda la prueba practicada, según ha establecido el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en Sentencias de 18/11/2015 y 21/03/2017, y tampoco es posible introducir por los litigantes hechos nuevos que no se debatieron en la instancia, según estableció esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su Sentencia de 23/04/2007.

De esta manera, el error que se atribuya a la Sentencia de Instancia ha de reunir las siguientes características:

A) Ha de ser evidente y resultar del análisis de los medios considerados hábiles a tal fin, como son la prueba documental, la prueba pericial, la revisión expresamente admitida por el impugnante del recurso y, así mismo, la revisión por infracción de normas sobre valoración de la prueba. Sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

B) Debe ser trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

C) El recurrente debe ofrecer una redacción alternativa al hecho probado que pretende modificar, señalándolo expresamente, adicionando o suprimiendo su tenor literal, debiendo ser la redacción propuesta clara, precisa y congruente, citando pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. En ningún caso en la redacción alternativa se pueden introducir normas jurídicas o preceptos de Convenios Colectivos, así como tampoco conceptos, expresiones o juicios de valor que impliquen una predeterminación del fallo.

Dicho esto, y analizando ya el caso concreto, por la recurrente se solicita la modificación de los hechos probados en los siguientes términos:

1. Hecho probado Séptimo.

La redacción propuesta es la siguiente: "En fecha 10 de julio de 2018, D. Roque, en su condición de administrador de la mercantil WORKPROTEC INGENIERIA S.L, formulo declaración jurada por escrito con el siguiente tenor: "que KONERY EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L dio instrucciones precisas para que la instalación de medidas de seguridad se iniciara a partir de las 16:00 horas del día 6 de noviembre de 2017. Que los trabajadores D. Saturnino, D. Fermín y D. Enrique acudieron el día 6 de noviembre de 2017 por la mañana a fin de realizar tareas de preparación y acopio de material para el inicio de los trabajos contratados". La citada Declaración Jurada obra en poder de la Administración demandada desde abril de 2018 (fecha en que le fue aportada por la parte actora) sin que haya discutido la autenticidad de la misma en los más de cinco años transcurridos desde ese momento hasta la resolución del recurso de alzada frente a la que se interpuso la demanda ni haya aportado prueba alguna de que las manifestaciones que contiene no sean veraces".

Cita a efectos de la revisión el folio 124 del expediente administrativo.

Visto ello, la Sala va a rechazar la modificación propuesta pues lo que se pretende añadir a partir de "La citada Declaración Jurada....",es puramente valorativa y por lo tanto inaceptable. Además, el hecho probado de que se trata hace referencia a la declaración jurada a la que se refiere el recurrente, por lo que es evidente que ha sido valorada por la Juzgadora de instancia.

2. Hecho probado Octavo.

La redacción que se propone tiene el siguiente contenido: "Consta Plan de Seguridad y Salud elaborado por KONERY EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L que consta de 54 páginas y Documento de Procedimiento de Trabajo Seguro elaborado por WORKPROTEC. Que en el plan de Seguridad y Salud elaborado por los técnicos de "PREVAE" para KONERY EFICIENCIA ENERGÉTICA SL se individualiza la obra, se desglosan sus distintas fases, detallándose los riesgos existentes, las medidas preventivas a adoptar, los elementos que deben ser señalizados y las herramientas que se van a utilizar en cada caso recogiéndose los siguientes riesgos genéricos:

- Riesgo de caída de personas al mismo nivel

- Exposición a condiciones meteorológicas adversas

- Exposición a iluminación deficiente

- Exposición a ruido

- Golpes o cortes por objetos o herramientas

- Pérdida de seguridad en operación o instalación por controles o mantenimiento diferente

- Pérdida de seguridad en operaciones por medios insuficientes o deficientes

- Pérdida de seguridad en operación por señalización diferente

- Pérdida de seguridad por formación o información deficiente

- Atrapamiento por desplome o derrumbamiento

- Sobreesfuerzos

- Contactos eléctricos

- Exposición a factores atmosféricos.

Que en el punto 1.6.1.2. del citado Plan de Seguridad y Salud- tras indicar los equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares que se utilizan- se recogen, además de los generales, los siguientes riesgos específicos de la instalación solar fotovoltaica:

- Caída de personas a distinto nivel

- Choques contra objetos móviles

- Atrapamiento por o entre objetos

- Caída de objetos desprendidos

- Caída de objetos en manipulación

- Contactos eléctricos

- Choques contra objetos inmóviles

- Contacto con sustancias nocivas

- Exposición a ambientes pulverulentos

- Choques contra objetos móviles

- Exposición a temperaturas ambientales extremas

- Contactos térmicos y quemaduras.

Que en el Procedimiento de Trabajo Seguro de WORKPROTEC se reflejan las medidas a adoptar para prevenir los riesgos que pudieran acaecer y en los planos que constan en el anexo al mismo se señalan claramente las zonas que son de tránsito y las que no son transitables".

Cita como documentos revisores los folios 5 a 59 de su ramo de prueba.

La revisión que se pretende es innecesaria pues tal como especifica en el ordinal que se quiere modificar el Plan de Seguridad y Salud y el Documento de trabajo Seguro se han tenido en cuenta en su totalidad a efectos probatorios, dándolos por reproducidos, lo que significa que han sido examinados y valorados por la Magistrada de instancia.

La Sala considera que en el presente caso se ha hecho una valoración conjunta de la prueba sin vulneración de las reglas de la sana crítica.

Como dijimos en nuestra sentencia de 15/10/2024, Recurso 288/2024, " No se ha producido una vulneración de las reglas de la sana crítica. La jurisprudencia civil (TS, Civil núm. 141/2021 de 15 marzo de 2021 ECLI: ECLI:ES:TS:2021:807 , con remisión a otra sentencia de esa misma Sala (núm. 468/20019, de 17 de septiembre) nos ilustra sobre este particular cuando establece que:

- «La valoración probatoria se concibe como la actividad intelectual que ha de realizar el Juez a los efectos de determinar, con respecto a las afirmaciones fácticas realizadas por las partes, si éstas se han visto corroboradas por las pruebas propuestas y practicadas en el proceso, sometiendo a las mismas a un examen fundado en máximas de experiencia obtenidas por el propio Juez o establecidas en la ley, así como a través de los más elementales postulados de la lógica y la razón - sana crítica-, proceso que, además, ha de exteriorizar en la motivación de la sentencia, que zanja el conflicto judicializado sometido a su consideración». Y recuerda que:

- "La expresión reglas de la sana crítica fue utilizada, por primera vez, en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, en su artículo 317, a los efectos de valorar la prueba testifical. Dicha fórmula legal, se reprodujo en la LEC de 1881, ampliándola a la prueba pericial (art. 632 ), así como al cotejo de letras ( art. 609), y, de nuevo, se emplea en la LEC 1/2000 entre otros en los preceptos reseñados en el recurso interpuesto y además en el art. 382.3. Igualmente tal expresión normativa fue acogida en diversos códigos procesales de la comunidad hispanoamericana".

-"Las reglas de la sana crítica no son normas que se encuentren codificadas, sino que están conformadas por las más elementales directrices de la lógica humana. Comprenden las máximas o principios derivados de la experiencia, obtenidos de las circunstancias y situaciones vividas a través de la observación de hechos, conductas y acontecimientos. Implican un sistema de valoración racional y razonable de la actividad probatoria desplegada en el proceso, que permite efectuar un juicio prudente, objetivo y motivado, de corroboración de las afirmaciones fácticas efectuadas por las partes mediante el examen de las pruebas propuestas y practicadas, todo ello con la finalidad de huir de los riesgos derivados del acogimiento de meras hipótesis intuitivas o conclusiones valorativas absurdas, y prevenir, de esta forma, decisiones arbitrarias.

La sana crítica se concibe pues como un sistema integrado por las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, entendida la primera de ellas como sistema que permite verificar la corrección de los razonamientos humanos, con sometimiento a las pautas por las que debe discurrir el pensamiento condigno al ejercicio de la función jurisdiccional. La valoración probatoria llevada a efecto por medio de tales reglas exige que no conduzca al absurdo como límite infranqueable de la lógica jurídica. En definitiva, lo que se pretende es la consagración de una concepción racionalista de la valoración de la prueba, que permita dictar una sentencia motivada que adopte una decisión justificada conforme a los postulados de la razón."

En consecuencia, el relato de hechos de la sentencia recurrida queda inalterado pues la Sala, de forma reiterada, viene diciendo que las características del Orden Social de la Jurisdicción exigen al Juez de Instancia la construcción de un relato de hechos probados suficiente, no solo para la Sentencia que debe dictar, sino también para el órgano de Suplicación a la hora de resolver el Recurso. Ahora bien, la construcción judicial fáctica no tiene por qué ser extenuante en el sentido de que el Juez de Instancia tenga que recoger en su crónica todos y cada uno de los documentos y demás medios probatorios aportados por los litigantes y si, únicamente, aquellos que considere de trascendencia para resolver el debate.

También venimos reiterando que no es sustituible el imparcial criterio alcanzado por el Magistrado de instancia, por el más subjetivo de parte en legítima defensa de sus intereses (S.T. Sala de lo Social del T.SJ. de Murcia de 10/11/2020. Rec. 101/2019).

En el presente caso, en cumplimiento de lo anterior y con amparo en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Magistrada de Instancia ha dado por probados aquellos hechos que consideró esenciales para dictar Sentencia, la cual es producto de un examen racional, comparativo y crítico de todo el conjunto probatorio que se puso a su disposición.

Por todo ello, desestimamos este primer motivo del recurso.

TERCERO: Motivo del Recurso por Infracción de las normas jurídicas o de la Jurisprudencia al amparo del artículo 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social.

Antes de analizar el caso concreto, debemos decir que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos:

A)Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B)Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C)Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

D)Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

Partiendo de ello, la parte recurrente entiende que la sentencia de instancia incurre en infracción de los artículos 13.8. b, 12.23 a y 39.3 c de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social; así mismo, el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997 y los artículos 15 del Real Decreto 928/1998 y 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, así como la jurisprudencia sobre la presunción de veracidad de las Actas de la Inspección de Trabajo

Criterio del Juzgado de lo Social.

Desestimó la demanda, afirmando, en primer lugar, que no existía la prescripción invocada por la empresa demandante en función de las fechas consignadas en los hechos probados. Por lo que se refiere al fondo del asunto, consideró probados los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, afirmando que las infracciones apreciadas en el Acta de Infracción eran ajustadas a derecho.

Decisión de la Sala.

Sobre la prescripción invocada.

Aunque la parte recurrente sostiene la prescripción de la sanción impuesta con carácter subsidiario, la Sala, tal como hizo la Magistrada de instancia, comenzará examinando esta cuestión.

Comenzamos diciendo que en el recurso, más allá de la petición de que se estime el mismo con revocación de la sentencia recurrida y se estime la demanda rectora de las actuaciones, no se contiene referencia alguna a la norma en la que se ampara la prescripción ni tampoco hay un razonamiento específico sobre la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Desde luego, no pude tenerse como tal la mera referencia a lo que fue el suplico de la demanda pues el recurrente no nos ofrece fecha alguna ni cálculo acreditativo de la existencia de la prescripción.

Para el caso de que no se entendiera así, debemos ratificar lo que se dice en el Fundamento Tercero de la sentencia de instancia, donde se desestima la existencia de la prescripción.

En efecto, del relato histórico se desprende que el Acta de Infracción es de fecha 26/3/2018, la propuesta de resolución es de 5/7/2018, la resolución confirmatoria de la sanción es de 18/7/2018 y el recurso de alzada, interpuesto el 27/8/2018 fue desestimado por resolución de 3/1/2024.

Pues bien, en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo se decía que "Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren".

En virtud del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, "Con efectos desde el 4 de junio de 2020, quedan derogadas las disposiciones adicionales segunda y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".

Dicho ello , consideramos que no estamos ante un supuesto de prescripción de acciones o derechos pues a lo que se refiere el artículo 7.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social(" Las sanciones impuestas prescribirán a los cinco años, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción")es la prescripción de la sanción una vez que adquiera firmeza la resolución por lo que se impone la sanción , firmeza que en el presente caso no existe por lo que las sanciones no han podido prescribir.

Fondo del asunto.

Del Hecho Probado Sexto así como del Fundamento Jurídico Cuarto se desprende con claridad que la Magistrada de instancia dio por acreditada la realidad de los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, considerando que no había quedado desvirtuada su presunción de certeza.

En esta materia la Sala ha razonado en los siguientes términos en sentencia de 5/11/2024, Recurso 618/2024:

"Jurisprudencia sobre el valor probatorio de la Actas de Infracción y otros informes de la ITSS.

Siguiendo a la STS, Social 17 de marzo de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:1756 ), "con carácter previo hemos de recordar que la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes (...), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS 20 de octubre de 2015 rec. 181/14).

"Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho «son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril, FJ 8 ; 14/1997, de 28/Enero, FJ 7 ; y 35/2006, de 13/Febrero , FJ 6 ]» ( STC 82/2009, de 23/Marzo , FJ 4 )."

Pues bien, sobre la base del inalterado relato de hechos probados, la Sala va a desestimar el recurso ratificando las consideraciones jurídicas que se contiene en la sentencia recurrida.

Por lo que se refiere a la falta del recurso preventivo en el lugar en el que se iban a ejecutar los trabajos, aunque la empresa demandante sustentó su posición en la declaración jurada del contratista principal, la Juzgadora, que es a la única a la que le corresponde la valoración de la prueba, entendió que ese medio probatorio era insuficiente pues existieron otros medios probatorios como las declaraciones testificales de los otros trabajadores también presentes , cuyo testimonio no se solicitó para su presencia en el acto del juicio, de manera que la presencia del trabajador accidentado en el lugar de trabajo y el día que se iba a realizar la obra no tenía una razón acreditada para que la empresa actora estuviera exenta de la responsabilidad derivada del artículo 13.8 b) del Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social.

Con relación a la segunda de las infracciones, la juzgadora entendió que se había vulnerado el artículo 12.23 a) de la LISOS, que a su vez se remite al Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras de construcción.

En efecto, este precepto sanciona el incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y el contenido establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular el carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

La decisión judicial que dio por probada la segunda infracción se basó en el Informe del Inspector Técnico de Seguridad y Salud Laboral, resultando que examinado el Plan de Seguridad y Salud, el mismo carecía de las concreciones necesarias al no relacionarse los riesgos descritos y las medidas preventivas en el mismo con la concreta actividad que se iba a realizar.

Así pues, la tipificación de las infracciones fue ajustada a derecho, de manera que debe mantenerse la misma sin que proceda ni su eliminación ni la minoración de su gravedad, lo que implica la desestimación de la demanda y la confirmación de la sentencia de instancia.

CUARTO:De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se imponen las costas del recurso a la empresa recurrente en cuantía de 800 euros por los honorarios del Letrado de la parte recurrida e impugnante del recurso.

PRIMERO: Fallo de la Sentencia de Instancia. Recurso de Suplicación: Sus motivos. Impugnación del Recurso.

Por el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, se dictó Sentencia el día 13/01/2025, en el Proceso 431/2024, sobre impugnación de actos de la Administración, acordando desestimación de la demanda en la que se pretendía que se revocara la resolución administrativa que imponía las sanciones recurridas; de forma subsidiaria, se solicita la estimación de la prescripción de las sanciones impuestas y, también subsidiariamente, que se minore la gravedad de las infracciones impuestas de muy grave a grave en grado mínimo y como leve en su grado mínimo.

Frente a dicho pronunciamiento, se interpone Recurso de Suplicación por la parte actora en el proceso de referencia, basándolo en los siguientes motivos:

A) Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

B) Con sede procesal en el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

SEGUNDO: Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitándose la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

Con carácter previo al análisis de las revisiones fácticas interesadas, debemos decir que en Sentencia de 16/10/2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene establecido que " el recurso de suplicación es un recurso extraordinario y, como tal, la facultad del órgano de suplicación de revisar las pruebas aparece seriamente limitada, procediendo la revisión de hechos únicamente en los supuestos que taxativamente establece el artículo 193.b) de la LRJS , es decir, "a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". El Tribunal "ad quem" no puede hacer una valoración de la prueba practicada en el juicio, por lo que solo la evidencia de un documento o informe pericial, sin otras consideraciones colaterales, permitirá a la Sala la modificación fáctica".

Al amparo de este motivo, no es posible una nueva valoración de toda la prueba practicada, según ha establecido el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en Sentencias de 18/11/2015 y 21/03/2017, y tampoco es posible introducir por los litigantes hechos nuevos que no se debatieron en la instancia, según estableció esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su Sentencia de 23/04/2007.

De esta manera, el error que se atribuya a la Sentencia de Instancia ha de reunir las siguientes características:

A) Ha de ser evidente y resultar del análisis de los medios considerados hábiles a tal fin, como son la prueba documental, la prueba pericial, la revisión expresamente admitida por el impugnante del recurso y, así mismo, la revisión por infracción de normas sobre valoración de la prueba. Sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

B) Debe ser trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

C) El recurrente debe ofrecer una redacción alternativa al hecho probado que pretende modificar, señalándolo expresamente, adicionando o suprimiendo su tenor literal, debiendo ser la redacción propuesta clara, precisa y congruente, citando pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. En ningún caso en la redacción alternativa se pueden introducir normas jurídicas o preceptos de Convenios Colectivos, así como tampoco conceptos, expresiones o juicios de valor que impliquen una predeterminación del fallo.

Dicho esto, y analizando ya el caso concreto, por la recurrente se solicita la modificación de los hechos probados en los siguientes términos:

1. Hecho probado Séptimo.

La redacción propuesta es la siguiente: "En fecha 10 de julio de 2018, D. Roque, en su condición de administrador de la mercantil WORKPROTEC INGENIERIA S.L, formulo declaración jurada por escrito con el siguiente tenor: "que KONERY EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L dio instrucciones precisas para que la instalación de medidas de seguridad se iniciara a partir de las 16:00 horas del día 6 de noviembre de 2017. Que los trabajadores D. Saturnino, D. Fermín y D. Enrique acudieron el día 6 de noviembre de 2017 por la mañana a fin de realizar tareas de preparación y acopio de material para el inicio de los trabajos contratados". La citada Declaración Jurada obra en poder de la Administración demandada desde abril de 2018 (fecha en que le fue aportada por la parte actora) sin que haya discutido la autenticidad de la misma en los más de cinco años transcurridos desde ese momento hasta la resolución del recurso de alzada frente a la que se interpuso la demanda ni haya aportado prueba alguna de que las manifestaciones que contiene no sean veraces".

Cita a efectos de la revisión el folio 124 del expediente administrativo.

Visto ello, la Sala va a rechazar la modificación propuesta pues lo que se pretende añadir a partir de "La citada Declaración Jurada....",es puramente valorativa y por lo tanto inaceptable. Además, el hecho probado de que se trata hace referencia a la declaración jurada a la que se refiere el recurrente, por lo que es evidente que ha sido valorada por la Juzgadora de instancia.

2. Hecho probado Octavo.

La redacción que se propone tiene el siguiente contenido: "Consta Plan de Seguridad y Salud elaborado por KONERY EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L que consta de 54 páginas y Documento de Procedimiento de Trabajo Seguro elaborado por WORKPROTEC. Que en el plan de Seguridad y Salud elaborado por los técnicos de "PREVAE" para KONERY EFICIENCIA ENERGÉTICA SL se individualiza la obra, se desglosan sus distintas fases, detallándose los riesgos existentes, las medidas preventivas a adoptar, los elementos que deben ser señalizados y las herramientas que se van a utilizar en cada caso recogiéndose los siguientes riesgos genéricos:

- Riesgo de caída de personas al mismo nivel

- Exposición a condiciones meteorológicas adversas

- Exposición a iluminación deficiente

- Exposición a ruido

- Golpes o cortes por objetos o herramientas

- Pérdida de seguridad en operación o instalación por controles o mantenimiento diferente

- Pérdida de seguridad en operaciones por medios insuficientes o deficientes

- Pérdida de seguridad en operación por señalización diferente

- Pérdida de seguridad por formación o información deficiente

- Atrapamiento por desplome o derrumbamiento

- Sobreesfuerzos

- Contactos eléctricos

- Exposición a factores atmosféricos.

Que en el punto 1.6.1.2. del citado Plan de Seguridad y Salud- tras indicar los equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares que se utilizan- se recogen, además de los generales, los siguientes riesgos específicos de la instalación solar fotovoltaica:

- Caída de personas a distinto nivel

- Choques contra objetos móviles

- Atrapamiento por o entre objetos

- Caída de objetos desprendidos

- Caída de objetos en manipulación

- Contactos eléctricos

- Choques contra objetos inmóviles

- Contacto con sustancias nocivas

- Exposición a ambientes pulverulentos

- Choques contra objetos móviles

- Exposición a temperaturas ambientales extremas

- Contactos térmicos y quemaduras.

Que en el Procedimiento de Trabajo Seguro de WORKPROTEC se reflejan las medidas a adoptar para prevenir los riesgos que pudieran acaecer y en los planos que constan en el anexo al mismo se señalan claramente las zonas que son de tránsito y las que no son transitables".

Cita como documentos revisores los folios 5 a 59 de su ramo de prueba.

La revisión que se pretende es innecesaria pues tal como especifica en el ordinal que se quiere modificar el Plan de Seguridad y Salud y el Documento de trabajo Seguro se han tenido en cuenta en su totalidad a efectos probatorios, dándolos por reproducidos, lo que significa que han sido examinados y valorados por la Magistrada de instancia.

La Sala considera que en el presente caso se ha hecho una valoración conjunta de la prueba sin vulneración de las reglas de la sana crítica.

Como dijimos en nuestra sentencia de 15/10/2024, Recurso 288/2024, " No se ha producido una vulneración de las reglas de la sana crítica. La jurisprudencia civil (TS, Civil núm. 141/2021 de 15 marzo de 2021 ECLI: ECLI:ES:TS:2021:807 , con remisión a otra sentencia de esa misma Sala (núm. 468/20019, de 17 de septiembre) nos ilustra sobre este particular cuando establece que:

- «La valoración probatoria se concibe como la actividad intelectual que ha de realizar el Juez a los efectos de determinar, con respecto a las afirmaciones fácticas realizadas por las partes, si éstas se han visto corroboradas por las pruebas propuestas y practicadas en el proceso, sometiendo a las mismas a un examen fundado en máximas de experiencia obtenidas por el propio Juez o establecidas en la ley, así como a través de los más elementales postulados de la lógica y la razón - sana crítica-, proceso que, además, ha de exteriorizar en la motivación de la sentencia, que zanja el conflicto judicializado sometido a su consideración». Y recuerda que:

- "La expresión reglas de la sana crítica fue utilizada, por primera vez, en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, en su artículo 317, a los efectos de valorar la prueba testifical. Dicha fórmula legal, se reprodujo en la LEC de 1881, ampliándola a la prueba pericial (art. 632 ), así como al cotejo de letras ( art. 609), y, de nuevo, se emplea en la LEC 1/2000 entre otros en los preceptos reseñados en el recurso interpuesto y además en el art. 382.3. Igualmente tal expresión normativa fue acogida en diversos códigos procesales de la comunidad hispanoamericana".

-"Las reglas de la sana crítica no son normas que se encuentren codificadas, sino que están conformadas por las más elementales directrices de la lógica humana. Comprenden las máximas o principios derivados de la experiencia, obtenidos de las circunstancias y situaciones vividas a través de la observación de hechos, conductas y acontecimientos. Implican un sistema de valoración racional y razonable de la actividad probatoria desplegada en el proceso, que permite efectuar un juicio prudente, objetivo y motivado, de corroboración de las afirmaciones fácticas efectuadas por las partes mediante el examen de las pruebas propuestas y practicadas, todo ello con la finalidad de huir de los riesgos derivados del acogimiento de meras hipótesis intuitivas o conclusiones valorativas absurdas, y prevenir, de esta forma, decisiones arbitrarias.

La sana crítica se concibe pues como un sistema integrado por las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, entendida la primera de ellas como sistema que permite verificar la corrección de los razonamientos humanos, con sometimiento a las pautas por las que debe discurrir el pensamiento condigno al ejercicio de la función jurisdiccional. La valoración probatoria llevada a efecto por medio de tales reglas exige que no conduzca al absurdo como límite infranqueable de la lógica jurídica. En definitiva, lo que se pretende es la consagración de una concepción racionalista de la valoración de la prueba, que permita dictar una sentencia motivada que adopte una decisión justificada conforme a los postulados de la razón."

En consecuencia, el relato de hechos de la sentencia recurrida queda inalterado pues la Sala, de forma reiterada, viene diciendo que las características del Orden Social de la Jurisdicción exigen al Juez de Instancia la construcción de un relato de hechos probados suficiente, no solo para la Sentencia que debe dictar, sino también para el órgano de Suplicación a la hora de resolver el Recurso. Ahora bien, la construcción judicial fáctica no tiene por qué ser extenuante en el sentido de que el Juez de Instancia tenga que recoger en su crónica todos y cada uno de los documentos y demás medios probatorios aportados por los litigantes y si, únicamente, aquellos que considere de trascendencia para resolver el debate.

También venimos reiterando que no es sustituible el imparcial criterio alcanzado por el Magistrado de instancia, por el más subjetivo de parte en legítima defensa de sus intereses (S.T. Sala de lo Social del T.SJ. de Murcia de 10/11/2020. Rec. 101/2019).

En el presente caso, en cumplimiento de lo anterior y con amparo en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Magistrada de Instancia ha dado por probados aquellos hechos que consideró esenciales para dictar Sentencia, la cual es producto de un examen racional, comparativo y crítico de todo el conjunto probatorio que se puso a su disposición.

Por todo ello, desestimamos este primer motivo del recurso.

TERCERO: Motivo del Recurso por Infracción de las normas jurídicas o de la Jurisprudencia al amparo del artículo 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social.

Antes de analizar el caso concreto, debemos decir que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos:

A)Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B)Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C)Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

D)Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

Partiendo de ello, la parte recurrente entiende que la sentencia de instancia incurre en infracción de los artículos 13.8. b, 12.23 a y 39.3 c de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social; así mismo, el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997 y los artículos 15 del Real Decreto 928/1998 y 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, así como la jurisprudencia sobre la presunción de veracidad de las Actas de la Inspección de Trabajo

Criterio del Juzgado de lo Social.

Desestimó la demanda, afirmando, en primer lugar, que no existía la prescripción invocada por la empresa demandante en función de las fechas consignadas en los hechos probados. Por lo que se refiere al fondo del asunto, consideró probados los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, afirmando que las infracciones apreciadas en el Acta de Infracción eran ajustadas a derecho.

Decisión de la Sala.

Sobre la prescripción invocada.

Aunque la parte recurrente sostiene la prescripción de la sanción impuesta con carácter subsidiario, la Sala, tal como hizo la Magistrada de instancia, comenzará examinando esta cuestión.

Comenzamos diciendo que en el recurso, más allá de la petición de que se estime el mismo con revocación de la sentencia recurrida y se estime la demanda rectora de las actuaciones, no se contiene referencia alguna a la norma en la que se ampara la prescripción ni tampoco hay un razonamiento específico sobre la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Desde luego, no pude tenerse como tal la mera referencia a lo que fue el suplico de la demanda pues el recurrente no nos ofrece fecha alguna ni cálculo acreditativo de la existencia de la prescripción.

Para el caso de que no se entendiera así, debemos ratificar lo que se dice en el Fundamento Tercero de la sentencia de instancia, donde se desestima la existencia de la prescripción.

En efecto, del relato histórico se desprende que el Acta de Infracción es de fecha 26/3/2018, la propuesta de resolución es de 5/7/2018, la resolución confirmatoria de la sanción es de 18/7/2018 y el recurso de alzada, interpuesto el 27/8/2018 fue desestimado por resolución de 3/1/2024.

Pues bien, en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo se decía que "Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren".

En virtud del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, "Con efectos desde el 4 de junio de 2020, quedan derogadas las disposiciones adicionales segunda y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".

Dicho ello , consideramos que no estamos ante un supuesto de prescripción de acciones o derechos pues a lo que se refiere el artículo 7.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social(" Las sanciones impuestas prescribirán a los cinco años, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción")es la prescripción de la sanción una vez que adquiera firmeza la resolución por lo que se impone la sanción , firmeza que en el presente caso no existe por lo que las sanciones no han podido prescribir.

Fondo del asunto.

Del Hecho Probado Sexto así como del Fundamento Jurídico Cuarto se desprende con claridad que la Magistrada de instancia dio por acreditada la realidad de los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, considerando que no había quedado desvirtuada su presunción de certeza.

En esta materia la Sala ha razonado en los siguientes términos en sentencia de 5/11/2024, Recurso 618/2024:

"Jurisprudencia sobre el valor probatorio de la Actas de Infracción y otros informes de la ITSS.

Siguiendo a la STS, Social 17 de marzo de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:1756 ), "con carácter previo hemos de recordar que la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes (...), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS 20 de octubre de 2015 rec. 181/14).

"Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho «son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril, FJ 8 ; 14/1997, de 28/Enero, FJ 7 ; y 35/2006, de 13/Febrero , FJ 6 ]» ( STC 82/2009, de 23/Marzo , FJ 4 )."

Pues bien, sobre la base del inalterado relato de hechos probados, la Sala va a desestimar el recurso ratificando las consideraciones jurídicas que se contiene en la sentencia recurrida.

Por lo que se refiere a la falta del recurso preventivo en el lugar en el que se iban a ejecutar los trabajos, aunque la empresa demandante sustentó su posición en la declaración jurada del contratista principal, la Juzgadora, que es a la única a la que le corresponde la valoración de la prueba, entendió que ese medio probatorio era insuficiente pues existieron otros medios probatorios como las declaraciones testificales de los otros trabajadores también presentes , cuyo testimonio no se solicitó para su presencia en el acto del juicio, de manera que la presencia del trabajador accidentado en el lugar de trabajo y el día que se iba a realizar la obra no tenía una razón acreditada para que la empresa actora estuviera exenta de la responsabilidad derivada del artículo 13.8 b) del Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social.

Con relación a la segunda de las infracciones, la juzgadora entendió que se había vulnerado el artículo 12.23 a) de la LISOS, que a su vez se remite al Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras de construcción.

En efecto, este precepto sanciona el incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y el contenido establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular el carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

La decisión judicial que dio por probada la segunda infracción se basó en el Informe del Inspector Técnico de Seguridad y Salud Laboral, resultando que examinado el Plan de Seguridad y Salud, el mismo carecía de las concreciones necesarias al no relacionarse los riesgos descritos y las medidas preventivas en el mismo con la concreta actividad que se iba a realizar.

Así pues, la tipificación de las infracciones fue ajustada a derecho, de manera que debe mantenerse la misma sin que proceda ni su eliminación ni la minoración de su gravedad, lo que implica la desestimación de la demanda y la confirmación de la sentencia de instancia.

CUARTO:De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se imponen las costas del recurso a la empresa recurrente en cuantía de 800 euros por los honorarios del Letrado de la parte recurrida e impugnante del recurso.

PRIMERO: Fallo de la Sentencia de Instancia. Recurso de Suplicación: Sus motivos. Impugnación del Recurso.

Por el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, se dictó Sentencia el día 13/01/2025, en el Proceso 431/2024, sobre impugnación de actos de la Administración, acordando desestimación de la demanda en la que se pretendía que se revocara la resolución administrativa que imponía las sanciones recurridas; de forma subsidiaria, se solicita la estimación de la prescripción de las sanciones impuestas y, también subsidiariamente, que se minore la gravedad de las infracciones impuestas de muy grave a grave en grado mínimo y como leve en su grado mínimo.

Frente a dicho pronunciamiento, se interpone Recurso de Suplicación por la parte actora en el proceso de referencia, basándolo en los siguientes motivos:

A) Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

B) Con sede procesal en el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

SEGUNDO: Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitándose la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

Con carácter previo al análisis de las revisiones fácticas interesadas, debemos decir que en Sentencia de 16/10/2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene establecido que " el recurso de suplicación es un recurso extraordinario y, como tal, la facultad del órgano de suplicación de revisar las pruebas aparece seriamente limitada, procediendo la revisión de hechos únicamente en los supuestos que taxativamente establece el artículo 193.b) de la LRJS , es decir, "a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". El Tribunal "ad quem" no puede hacer una valoración de la prueba practicada en el juicio, por lo que solo la evidencia de un documento o informe pericial, sin otras consideraciones colaterales, permitirá a la Sala la modificación fáctica".

Al amparo de este motivo, no es posible una nueva valoración de toda la prueba practicada, según ha establecido el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en Sentencias de 18/11/2015 y 21/03/2017, y tampoco es posible introducir por los litigantes hechos nuevos que no se debatieron en la instancia, según estableció esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su Sentencia de 23/04/2007.

De esta manera, el error que se atribuya a la Sentencia de Instancia ha de reunir las siguientes características:

A) Ha de ser evidente y resultar del análisis de los medios considerados hábiles a tal fin, como son la prueba documental, la prueba pericial, la revisión expresamente admitida por el impugnante del recurso y, así mismo, la revisión por infracción de normas sobre valoración de la prueba. Sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

B) Debe ser trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

C) El recurrente debe ofrecer una redacción alternativa al hecho probado que pretende modificar, señalándolo expresamente, adicionando o suprimiendo su tenor literal, debiendo ser la redacción propuesta clara, precisa y congruente, citando pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. En ningún caso en la redacción alternativa se pueden introducir normas jurídicas o preceptos de Convenios Colectivos, así como tampoco conceptos, expresiones o juicios de valor que impliquen una predeterminación del fallo.

Dicho esto, y analizando ya el caso concreto, por la recurrente se solicita la modificación de los hechos probados en los siguientes términos:

1. Hecho probado Séptimo.

La redacción propuesta es la siguiente: "En fecha 10 de julio de 2018, D. Roque, en su condición de administrador de la mercantil WORKPROTEC INGENIERIA S.L, formulo declaración jurada por escrito con el siguiente tenor: "que KONERY EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L dio instrucciones precisas para que la instalación de medidas de seguridad se iniciara a partir de las 16:00 horas del día 6 de noviembre de 2017. Que los trabajadores D. Saturnino, D. Fermín y D. Enrique acudieron el día 6 de noviembre de 2017 por la mañana a fin de realizar tareas de preparación y acopio de material para el inicio de los trabajos contratados". La citada Declaración Jurada obra en poder de la Administración demandada desde abril de 2018 (fecha en que le fue aportada por la parte actora) sin que haya discutido la autenticidad de la misma en los más de cinco años transcurridos desde ese momento hasta la resolución del recurso de alzada frente a la que se interpuso la demanda ni haya aportado prueba alguna de que las manifestaciones que contiene no sean veraces".

Cita a efectos de la revisión el folio 124 del expediente administrativo.

Visto ello, la Sala va a rechazar la modificación propuesta pues lo que se pretende añadir a partir de "La citada Declaración Jurada....",es puramente valorativa y por lo tanto inaceptable. Además, el hecho probado de que se trata hace referencia a la declaración jurada a la que se refiere el recurrente, por lo que es evidente que ha sido valorada por la Juzgadora de instancia.

2. Hecho probado Octavo.

La redacción que se propone tiene el siguiente contenido: "Consta Plan de Seguridad y Salud elaborado por KONERY EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L que consta de 54 páginas y Documento de Procedimiento de Trabajo Seguro elaborado por WORKPROTEC. Que en el plan de Seguridad y Salud elaborado por los técnicos de "PREVAE" para KONERY EFICIENCIA ENERGÉTICA SL se individualiza la obra, se desglosan sus distintas fases, detallándose los riesgos existentes, las medidas preventivas a adoptar, los elementos que deben ser señalizados y las herramientas que se van a utilizar en cada caso recogiéndose los siguientes riesgos genéricos:

- Riesgo de caída de personas al mismo nivel

- Exposición a condiciones meteorológicas adversas

- Exposición a iluminación deficiente

- Exposición a ruido

- Golpes o cortes por objetos o herramientas

- Pérdida de seguridad en operación o instalación por controles o mantenimiento diferente

- Pérdida de seguridad en operaciones por medios insuficientes o deficientes

- Pérdida de seguridad en operación por señalización diferente

- Pérdida de seguridad por formación o información deficiente

- Atrapamiento por desplome o derrumbamiento

- Sobreesfuerzos

- Contactos eléctricos

- Exposición a factores atmosféricos.

Que en el punto 1.6.1.2. del citado Plan de Seguridad y Salud- tras indicar los equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares que se utilizan- se recogen, además de los generales, los siguientes riesgos específicos de la instalación solar fotovoltaica:

- Caída de personas a distinto nivel

- Choques contra objetos móviles

- Atrapamiento por o entre objetos

- Caída de objetos desprendidos

- Caída de objetos en manipulación

- Contactos eléctricos

- Choques contra objetos inmóviles

- Contacto con sustancias nocivas

- Exposición a ambientes pulverulentos

- Choques contra objetos móviles

- Exposición a temperaturas ambientales extremas

- Contactos térmicos y quemaduras.

Que en el Procedimiento de Trabajo Seguro de WORKPROTEC se reflejan las medidas a adoptar para prevenir los riesgos que pudieran acaecer y en los planos que constan en el anexo al mismo se señalan claramente las zonas que son de tránsito y las que no son transitables".

Cita como documentos revisores los folios 5 a 59 de su ramo de prueba.

La revisión que se pretende es innecesaria pues tal como especifica en el ordinal que se quiere modificar el Plan de Seguridad y Salud y el Documento de trabajo Seguro se han tenido en cuenta en su totalidad a efectos probatorios, dándolos por reproducidos, lo que significa que han sido examinados y valorados por la Magistrada de instancia.

La Sala considera que en el presente caso se ha hecho una valoración conjunta de la prueba sin vulneración de las reglas de la sana crítica.

Como dijimos en nuestra sentencia de 15/10/2024, Recurso 288/2024, " No se ha producido una vulneración de las reglas de la sana crítica. La jurisprudencia civil (TS, Civil núm. 141/2021 de 15 marzo de 2021 ECLI: ECLI:ES:TS:2021:807 , con remisión a otra sentencia de esa misma Sala (núm. 468/20019, de 17 de septiembre) nos ilustra sobre este particular cuando establece que:

- «La valoración probatoria se concibe como la actividad intelectual que ha de realizar el Juez a los efectos de determinar, con respecto a las afirmaciones fácticas realizadas por las partes, si éstas se han visto corroboradas por las pruebas propuestas y practicadas en el proceso, sometiendo a las mismas a un examen fundado en máximas de experiencia obtenidas por el propio Juez o establecidas en la ley, así como a través de los más elementales postulados de la lógica y la razón - sana crítica-, proceso que, además, ha de exteriorizar en la motivación de la sentencia, que zanja el conflicto judicializado sometido a su consideración». Y recuerda que:

- "La expresión reglas de la sana crítica fue utilizada, por primera vez, en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, en su artículo 317, a los efectos de valorar la prueba testifical. Dicha fórmula legal, se reprodujo en la LEC de 1881, ampliándola a la prueba pericial (art. 632 ), así como al cotejo de letras ( art. 609), y, de nuevo, se emplea en la LEC 1/2000 entre otros en los preceptos reseñados en el recurso interpuesto y además en el art. 382.3. Igualmente tal expresión normativa fue acogida en diversos códigos procesales de la comunidad hispanoamericana".

-"Las reglas de la sana crítica no son normas que se encuentren codificadas, sino que están conformadas por las más elementales directrices de la lógica humana. Comprenden las máximas o principios derivados de la experiencia, obtenidos de las circunstancias y situaciones vividas a través de la observación de hechos, conductas y acontecimientos. Implican un sistema de valoración racional y razonable de la actividad probatoria desplegada en el proceso, que permite efectuar un juicio prudente, objetivo y motivado, de corroboración de las afirmaciones fácticas efectuadas por las partes mediante el examen de las pruebas propuestas y practicadas, todo ello con la finalidad de huir de los riesgos derivados del acogimiento de meras hipótesis intuitivas o conclusiones valorativas absurdas, y prevenir, de esta forma, decisiones arbitrarias.

La sana crítica se concibe pues como un sistema integrado por las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, entendida la primera de ellas como sistema que permite verificar la corrección de los razonamientos humanos, con sometimiento a las pautas por las que debe discurrir el pensamiento condigno al ejercicio de la función jurisdiccional. La valoración probatoria llevada a efecto por medio de tales reglas exige que no conduzca al absurdo como límite infranqueable de la lógica jurídica. En definitiva, lo que se pretende es la consagración de una concepción racionalista de la valoración de la prueba, que permita dictar una sentencia motivada que adopte una decisión justificada conforme a los postulados de la razón."

En consecuencia, el relato de hechos de la sentencia recurrida queda inalterado pues la Sala, de forma reiterada, viene diciendo que las características del Orden Social de la Jurisdicción exigen al Juez de Instancia la construcción de un relato de hechos probados suficiente, no solo para la Sentencia que debe dictar, sino también para el órgano de Suplicación a la hora de resolver el Recurso. Ahora bien, la construcción judicial fáctica no tiene por qué ser extenuante en el sentido de que el Juez de Instancia tenga que recoger en su crónica todos y cada uno de los documentos y demás medios probatorios aportados por los litigantes y si, únicamente, aquellos que considere de trascendencia para resolver el debate.

También venimos reiterando que no es sustituible el imparcial criterio alcanzado por el Magistrado de instancia, por el más subjetivo de parte en legítima defensa de sus intereses (S.T. Sala de lo Social del T.SJ. de Murcia de 10/11/2020. Rec. 101/2019).

En el presente caso, en cumplimiento de lo anterior y con amparo en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Magistrada de Instancia ha dado por probados aquellos hechos que consideró esenciales para dictar Sentencia, la cual es producto de un examen racional, comparativo y crítico de todo el conjunto probatorio que se puso a su disposición.

Por todo ello, desestimamos este primer motivo del recurso.

TERCERO: Motivo del Recurso por Infracción de las normas jurídicas o de la Jurisprudencia al amparo del artículo 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social.

Antes de analizar el caso concreto, debemos decir que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos:

A)Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B)Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C)Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

D)Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

Partiendo de ello, la parte recurrente entiende que la sentencia de instancia incurre en infracción de los artículos 13.8. b, 12.23 a y 39.3 c de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social; así mismo, el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997 y los artículos 15 del Real Decreto 928/1998 y 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, así como la jurisprudencia sobre la presunción de veracidad de las Actas de la Inspección de Trabajo

Criterio del Juzgado de lo Social.

Desestimó la demanda, afirmando, en primer lugar, que no existía la prescripción invocada por la empresa demandante en función de las fechas consignadas en los hechos probados. Por lo que se refiere al fondo del asunto, consideró probados los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, afirmando que las infracciones apreciadas en el Acta de Infracción eran ajustadas a derecho.

Decisión de la Sala.

Sobre la prescripción invocada.

Aunque la parte recurrente sostiene la prescripción de la sanción impuesta con carácter subsidiario, la Sala, tal como hizo la Magistrada de instancia, comenzará examinando esta cuestión.

Comenzamos diciendo que en el recurso, más allá de la petición de que se estime el mismo con revocación de la sentencia recurrida y se estime la demanda rectora de las actuaciones, no se contiene referencia alguna a la norma en la que se ampara la prescripción ni tampoco hay un razonamiento específico sobre la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica. Desde luego, no pude tenerse como tal la mera referencia a lo que fue el suplico de la demanda pues el recurrente no nos ofrece fecha alguna ni cálculo acreditativo de la existencia de la prescripción.

Para el caso de que no se entendiera así, debemos ratificar lo que se dice en el Fundamento Tercero de la sentencia de instancia, donde se desestima la existencia de la prescripción.

En efecto, del relato histórico se desprende que el Acta de Infracción es de fecha 26/3/2018, la propuesta de resolución es de 5/7/2018, la resolución confirmatoria de la sanción es de 18/7/2018 y el recurso de alzada, interpuesto el 27/8/2018 fue desestimado por resolución de 3/1/2024.

Pues bien, en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo se decía que "Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren".

En virtud del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, "Con efectos desde el 4 de junio de 2020, quedan derogadas las disposiciones adicionales segunda y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".

Dicho ello , consideramos que no estamos ante un supuesto de prescripción de acciones o derechos pues a lo que se refiere el artículo 7.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social(" Las sanciones impuestas prescribirán a los cinco años, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción")es la prescripción de la sanción una vez que adquiera firmeza la resolución por lo que se impone la sanción , firmeza que en el presente caso no existe por lo que las sanciones no han podido prescribir.

Fondo del asunto.

Del Hecho Probado Sexto así como del Fundamento Jurídico Cuarto se desprende con claridad que la Magistrada de instancia dio por acreditada la realidad de los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, considerando que no había quedado desvirtuada su presunción de certeza.

En esta materia la Sala ha razonado en los siguientes términos en sentencia de 5/11/2024, Recurso 618/2024:

"Jurisprudencia sobre el valor probatorio de la Actas de Infracción y otros informes de la ITSS.

Siguiendo a la STS, Social 17 de marzo de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:1756 ), "con carácter previo hemos de recordar que la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes (...), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS 20 de octubre de 2015 rec. 181/14).

"Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho «son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril, FJ 8 ; 14/1997, de 28/Enero, FJ 7 ; y 35/2006, de 13/Febrero , FJ 6 ]» ( STC 82/2009, de 23/Marzo , FJ 4 )."

Pues bien, sobre la base del inalterado relato de hechos probados, la Sala va a desestimar el recurso ratificando las consideraciones jurídicas que se contiene en la sentencia recurrida.

Por lo que se refiere a la falta del recurso preventivo en el lugar en el que se iban a ejecutar los trabajos, aunque la empresa demandante sustentó su posición en la declaración jurada del contratista principal, la Juzgadora, que es a la única a la que le corresponde la valoración de la prueba, entendió que ese medio probatorio era insuficiente pues existieron otros medios probatorios como las declaraciones testificales de los otros trabajadores también presentes , cuyo testimonio no se solicitó para su presencia en el acto del juicio, de manera que la presencia del trabajador accidentado en el lugar de trabajo y el día que se iba a realizar la obra no tenía una razón acreditada para que la empresa actora estuviera exenta de la responsabilidad derivada del artículo 13.8 b) del Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social.

Con relación a la segunda de las infracciones, la juzgadora entendió que se había vulnerado el artículo 12.23 a) de la LISOS, que a su vez se remite al Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras de construcción.

En efecto, este precepto sanciona el incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y el contenido establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular el carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

La decisión judicial que dio por probada la segunda infracción se basó en el Informe del Inspector Técnico de Seguridad y Salud Laboral, resultando que examinado el Plan de Seguridad y Salud, el mismo carecía de las concreciones necesarias al no relacionarse los riesgos descritos y las medidas preventivas en el mismo con la concreta actividad que se iba a realizar.

Así pues, la tipificación de las infracciones fue ajustada a derecho, de manera que debe mantenerse la misma sin que proceda ni su eliminación ni la minoración de su gravedad, lo que implica la desestimación de la demanda y la confirmación de la sentencia de instancia.

CUARTO:De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se imponen las costas del recurso a la empresa recurrente en cuantía de 800 euros por los honorarios del Letrado de la parte recurrida e impugnante del recurso.