Sentencia Social 1546/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 2455/2025 de 12 de marzo del 2026

PRIMERO - Planteamiento del recurso:

Marco Antonio interpone recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado Social 8 de Barcelona, núm. 12/2025, de 21-01-2025, expte. 751/2023, que desestimó la demanda interpuesta por la recurrente frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS), TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA MC MUTUAL y "Fusteria Evanisteria Torvi, S.L. "y declaró que el recurrente no estaba afecto de los grados de incapacidad permanente total o subsidiaria parcial, derivados de accidente laboral, para su profesión habitual de carpintero, que ejerce como autónomo, siendo socio y administrador único de la sociedad demandada. Solicita el reconocimiento del grado de parcial.

Se estructura el recurso en dos motivos, en el motivo primero, al amparo de lo dispuesto en el art. 193 b) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre ( LRJS), interesa la recurrente se de una nueva redacción a los ordinales quinto y séptimo, suprimiendo y adicionando el texto que destaca. En el motivo segundo, de conformidad con lo dispuesto en apartado c) del art. 193 LRJS, denuncia la parte recurrente la infracción de lo dispuesto en el art. 194, apartados y a) y 2 y del apartado 3, del actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, en la redacción dada al art. 194 por el apartado Uno de la Disposición transitoria vigésima sexta, aplicable a la espera del dictado de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del art 194 de la citada norma.

El recurso ha sido impugnado por Mutual Universal MUGENAT, oponiéndose a la supresión parcial del hecho probado quinto y a la adición parcial al hecho probado séptimo, negando que concurran las infracciones jurídicas denunciadas.

SEGUNDO.- Normativa y criterios de la doctrina jurisprudencial para la calificación de la incapacidad permanente parcial.

El art. 193.1 LGSS establece que la incapacidad permanente contributiva es la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, sin que obste a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de dicha persona, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El concepto legal de la incapacidad permanente viene definido por las siguientes notas configuradoras:

1) Alteración grave de la salud que se mantenga tras el alta médica que venga precedido de tratamiento médico, cuya no finalización impide, temporalmente, la valoración.

2) El carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales.

3) La condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones, esto es, incurables e irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de incapacidad permanente, sin que obste a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo

4) La gravedad de las secuelas, desde la perspectiva de su incidencia laboral, deben provocar una disminución o anulación de la capacidad laboral en función de la profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule de los reconocidos en el art. 194 LGSS.

Para la valoración del grado de incapacidad permanente interesado hay que atender a las circunstancias fácticas que concurran en cada caso y realizar la necesaria individualización de cada situación concreta, pues como recordó el Alto Tribunal " más que de incapacidades puede hablarse de incapacitados" (por todas, STS 30-1-89); sin que ello excluya que hayan podido establecerse criterios de carácter general para la valoración de determinadas enfermedades o lesiones, resultando imprescindible atender a las limitaciones funcionales que provocan, pues son éstas las que impedirán, total o parcialmente realizar las tareas que constituyen la profesión habitual.

Respecto al alcance de la cobertura de las contingencias profesionales en el RETA el art. 316 LGSS establece:

"1. La cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria y se llevará a cabo con la misma entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la incapacidad temporal y determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 308.

Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, se conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. Se entenderá, a idénticos efectos, por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se especifican en la lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.

Se entiende por profesión habitual en el RETA, conforme a lo dispuesto en el art. 36,2 del Decreto 2530/70, "la actividad inmediata y anterior desempeñada por el interesado y por la que estaba de alta en este Régimen al producirse la incapacidad permanente".

En la cobertura de la acción protectora, la incapacidad permanente parcial se define en el art. 4.2. del RD 1273/2003 como la que "...sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 50 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de aquella".

En materia de prestaciones de incapacidad permanente, el art. 318 c) LGSS dispone que resultará de aplicación al RETA:

"c) En materia de incapacidad permanente, lo dispuesto en los artículos 194, apartados 2 y 3; 195 excepto el apartado 2; 197, apartados 1, 2 y 3; y 200.

Asimismo, será de aplicación lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y el apartado 4 del artículo 196. A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos apartados se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran incapacidad".

La Jurisprudencia ha reiterado el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual de la persona afectada, de tal manera, que unas mismas lesiones y secuelas pueden ser constitutivas o no de invalidez permanente en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapaz. Se ha pronunciado asimismo sobre la determinación de la profesión habitual a los efectos de delimitar los contornos de la incapacidad permanente, estableciendo que se concretará en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o puede realizarse dentro de la movilidad funcional (por todas TS 26 de octubre de 2016, núm. 898/2016, recurso: 1267/2015 STS/4ª - STS de 10 octubre 2011 -rcud. 4611/2010 y resoluciones que citan). Respecto a la profesión habitual en el RETA a efectos de calificar el grado de incapacidad permanente, el Alto Tribunal ha establecido en la sentencia de 22 de noviembre de 2023, número 992/2023, recurso: 3804/2020, que es la desempeñada cuando se sufrieron las lesiones que producen las reducciones anatómicas o funcionales que merman la capacidad laboral ( STS, Social sección 1 del 22 de noviembre de 2023).

En cuanto a la calificación del grado de parcial en las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de enero y 30 de junio de l.987 se había establecido, que la disminución de rendimiento que la caracteriza deviene no solo atendiendo a lo que objetivamente puede rendir el trabajador afectado, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta, criterio que ha venido siguiendo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Sala -Sentencias entre otras muchas de 8 y 16 de octubre y 16 de diciembre de l.992, 25 de marzo, 5 de abril y 9 de diciembre de 1.993 , y 11 de febrero, 8, 9 y 14 de marzo y 20 y 30 de junio y 5 de julio de 1.994 y 30-10-2000.

Conforme a lo expuesto, la valoración del correspondiente grado de incapacidad permanente debe atender a las circunstancias fácticas que concurran en cada supuesto, siendo preciso individualizar cada situación concreta respecto a las enfermedades y limitaciones a valorar y su desarrollo en la persona afectada y la profesión habitual y sus requerimientos específicos, lo que hace difícil que pueda apreciarse una identidad sustancial, no siendo por ello efectiva, por no vinculante, la invocación de precedentes jurisprudenciales y/o doctrinales sobre las secuelas y limitaciones de la persona beneficiaria, a salvo del establecimiento de criterios de carácter general sobre patologías incapacitantes.

Atendiendo a los referidos criterios legales y a los extremos fácticos contenidos en la sentencia valorará la Sala la concurrencia de los motivos alegados por la recurrente.

TERCERO.- Motivos del recurso.

a) Revisión de los hechos declarados probados ( art. 193 b) LRJS ).

Solicita como primer motivo de suplicación la revisión de los hechos probados quinto, en el que consta la profesión habitual y la extinción del contrato por despido, y séptimo, en el que el magistrado a quo relaciona las secuelas que a su vez contempla en lo esencial el dictamen de la SGAM de 15-12-2022.

que apreció: "Herida 2º dedo mano izquierda, con afectación tendinosa intervenida quirúrgicamente: dedo en flexión de 30º con anquilosis de la IFP (dedo en flexión de 30º) y cicatriz retráctil y dolorosa. Dupuytren en el 3er. Dedo".

En relación al hecho quinto, el mismo es del tenor que se indica, pretendiendo la supresión del texto que tachamos a tal efecto:

"QUINTO.-La profesión habitual del actor es la de carpintero (hecho conforme). Prestó servicios para "Fustería y Ebanistería Torvi, S.L." hasta el 5 de octubre de 2019, fecha en la que fue objeto de un despido reconocido como improcedente (folios 173 a 176).

Basa la indicada supresión en los folios 123 y 24 del Informe de la Inspección de Trabajo, consistente en los datos informáticos que obran en la TGSS, en los que consta que está en alta en el RETA desde el 1-10-1996, como consecuencia de ser socio y Administrador único de la sociedad. Afirma que consta en alta ininterrumpida desde el 1-01-2012 hasta el 4-10-2023, con lo cual resulta imposible que hubiera sido despedido el 5-10-2019.

Como ha reiterado la jurisprudencia y la doctrina de esta Sala, la valoración de la prueba es facultad privativa del órgano judicial de instancia, "sin que pueda sustituirse su valoración por otra voluntaria y subjetiva confundiendo este recurso excepcional con una nueva instancia, por lo que en consecuencia, los hechos declarados probados, reflejo de dicha valoración deben prevalecer, mientras que por medio de un motivo de revisión fáctica, basada en documentos de los que resulte de un modo claro, directo y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o interpretaciones valorativas"; y ello es así porque "en nuestro sistema jurídico procesal y en relación con la prueba rige el principio de adquisición procesal según el cual las pruebas una vez practicadas no son de la parte, sino del Juez, quien tiene la facultad de valorarlas todas por igual o unas con preferencia a las otras siempre que se ponderen los distintos elementos que constituyen la actividad probatoria" ( sentencia del mismo Tribunal de 10 de noviembre de 1999 ). Del mismo modo la doctrina constitucional ( STC 44/1989, de 20 de febrero) tiene señalado, que por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del Órgano Judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina ( STC 175/85, de 15 de febrero ) que pueda realizar deducciones lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas, siendo el Juez o Tribunal de instancia soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que esta libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( STC 24/1990, de 15 de febrero ) lo que quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el órgano Judicial. Como recuerda la sentencia que se cita de 14 de julio de 2000 - " (...) al combinarse en nuestro ordenamiento civil y laboral los sistemas de prueba legal y de prueba libre (debe el Juzgador) actuar en todo momento con sometimiento a las reglas de derecho y de la razón, optando, cuando existe una colisión entre el contenido de los diversos elementos probatorios, por aquellos que le ofrezcan, en función de su eficacia, una mayor garantía de certidumbre y poder de convicción para acreditar cumplidamente los fundamentos de derecho ( STS de 29 de enero de 1985); sin que por lo tanto la libertad del órgano judicial en la valoración de la prueba suponga aceptar la más absoluta soberanía o admitir que el juez ha de seguir sus conjeturas, impresiones, sospechas o suposiciones" ( Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989 de 20 de febrero).

Dicho lo cual, en relación a la supresión parcial del hecho probado quinto, el juzgador remite a los folios 173 a 175, que acreditarían el despido que hace constar. Entendemos que ha incurrido en un error de transcripción que puede tener relevancia en el fallo, pues no resulta de las actuaciones que se hubiera producido ese despido y los folios que indica no forman parte de las mismas. Así se desprende de las mismas, compuestas por un tomo y 132 folios, así como del oficio de remisión de los autos por la Sección 8 del Tribunal de Instancia, lo que iría en contra asimismo de su condición de socio y administrador único de "Fustería y Evanistería Torvi, S.L". Así lo explica el propio magistrado de instancia en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico primero, en el que indica que "el actor estaba de alta en el RETA cuando sobrevino el accidente de trabajo, régimen al que estaba adscrito desde el año 1996, tal y como se desprende del Informe de la Inspección de Trabajo, del dictamen médico del ICAM y de su informe de vida laboral (folios 123, 124)", informe citado también por la parte recurrente, junto al informe que obra en el folio 68.

Debemos acoger por ello la supresión que la recurrente propone, quedando el redactado del hecho quinto tal como solicita, modificando el redactado inicial del ordinal.

Y en cuanto a la revisión del hecho probado séptimo, solicita se añada el texto que destaca en negrita, quedado redactado con el siguiente tenor:

SÉPTIMO.-"Anquilosis de las dos articulaciones interfalángicas asociadas al dedo índice, por herida en el segundo dedo de la mano izquierda, con afectación tendinosa. Cicatriz de 7 cm., retráctil en cara palmar del segundo dedo de la mano izquierda atrófico a nivel de la falange distal. Cicatriz retráctil a nivel de cara palmer del segundo dedo (posición funcional a 30º). Déficit sensitivo en cara radial y cubital del segundo dedo. Limitación a la abducción del segundo dedo, por tirantez a nivel de la cicatriz. Balance articular metacarpofalángico de 0/0/90º; interfalángico proximal de 0/30/60º e interfalángico distal 0/0/0" (Dictamen del ICAM de 15-12-2022). Por lo que presenta limitación para realizar las tareas finas, así como el puño completo, la presa y la pinza (lateral entre 1º y 2º dedos) Y también tareas de destreza y las de correcta bimanualidad con pesos, que podrá llevar a cabo con una mayor penosidad, y con una mayor peligrosidad cuando conlleve la utilización de herramientas cortantes, martillos, taladros, etc. Siendo el porcentaje de jornada que realiza trabajos con peligro del 54 por 100".

Fundamenta la revisión en la prueba pericial (folios 66 a 71), en el Informe pericial técnico (folios 80 a 87), ambos ratificados en el acto de juicio, y argumenta que resulta esencial para poner de relieve las limitaciones que presenta en la mano izquierda por las lesiones derivadas del accidente. Pretende que se haga constar que presenta limitaciones para la realización de tareas finas, puño completo, presa y pinza, tareas de destreza y correcta bimanualidad con pesos y la peligrosidad y penosidad que comporta cuando se utilicen herramientas, haciendo constar asimismo que el porcentaje de jornada que realiza trabajos con peligro es del 54%. Considera que ello comporta el reconocimiento del grado de parcial para su profesión habitual.

El magistrado de instancia, como indica en el fundamento jurídico segundo, en lo relativo a las secuelas, ha otorgado especial relevancia al dictamen de la SGAM, por objetivo, exhaustivo y congruente, deduciendo de las pruebas diagnósticas e informes médicos de la sanidad pública que identifica en los hechos sexto y séptimo de la sentencia, de los que deduce que presenta una limitación funcional en la mano izquierda (no dominante), consistente en anquilosis de las dos articulaciones interfalángicas asociadas al dedo índice. Y en relación con las limitaciones y la profesión, indica en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico primero que la profesión habitual de carpintero es pacífica y se remite a los requerimientos descritos en la pericial técnica de la parte actora, según la cual "la pérdida de rendimiento laboral es del 38% en comparación con un trabajador en condiciones normales". En consecuencia, siendo la perdida porcentual de rendimiento laboral la que debe ser valorada para el reconocimiento del grado de parcial, y habiendo realizado el magistrado de instancia la valoración de dicho informe, no puede acceder al relato fáctico la modificación que se propone, dado que dicho parámetro no cifra el porcentaje de limitación, por lo que no ha de alterar la valoración realizada en el mismo informe, que fue propuesto como prueba por la parte actora.

Tampoco procede la inclusión en el relato fáctico de las limitaciones que de forma general propone, dado que en el fundamento jurídico tercero, con valor fáctico, el juzgador reconoce que la profesión realizada requiere bimanualidad continuada para la asunción de trabajos finos y el manejo de útiles y herramientas, descritas en la pericial técnica, y que el actor acusa una significativa reducción de su capacidad de rendimiento en relación a la profesión de carpintero y que deberá acometer las operaciones de precisión o fuerza con la mano izquierda con mayor penosidad y dificultad.

b) Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia ( art. 193 c) LRJS ).

El recurrente atribuye al magistrado de instancia la infracción de lo dispuesto en el art. 194, apartados 1 a) y 2 y del apartado 3, del actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, en la redacción dada al art. 194 por el apartado Uno de la Disposición transitoria vigésima sexta, aplicable a la espera del dictado de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del art 194 de la citada norma, en relación con el art. 201 LGSS. Entre los grados de incapacidad permanente el apartado a) del art. 194 recoge el grado de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. El apartado 2 indica que "se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se determine.

El apartado 3 define a la incapacidad permanente parcial en los siguientes términos: " 3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma".

Alega la recurrente que el juzgador de instancia ha desestimado la demanda sobre la base de lo dispuesto en el art. 4.2 del RD 1273/2003 de 10 de octubre, que exige para la declaración de incapacidad permanente parcial una reducción del rendimiento de trabajo igual o superior al 50%. Cita doctrina de suplicación que atiende para la calificación de la incapacidad permanente parcial no sólo la pérdida de rendimiento sino también la mayor penosidad o peligrosidad, indicando con cita de doctrina del extinto Tribunal Central de Trabajo, que aún sin merma de rendimiento, permite el reconocimiento del grado de parcial. Sostiene que, aun cuando el magistrado reconoce que para ejercer la profesión de carpintero "deberá acometer las operaciones de precisión o fuerza con la mano izquierda con mayor penosidad o dificultad", reconocimiento que ha de conducir a la declaración del grado de parcial atendiendo a los requerimientos básicos de la profesión y al realizar durante su jornada un 54% de las actividades con peligrosidad.

Para el reconocimiento de la incapacidad permanente parcial debe partirse del trabajo que resultaba habitual y conforme con el rendimiento normal antes de haberse producido el accidente de trabajo, siendo necesario que el menoscabo funcional provocado por las secuelas del accidente, que la pérdida laboral alcance un mínimo, el 33% de la capacidad normal de la persona trabajadora cuando se trata de personas trabajadoras que están integradas en el Régimen General de la Seguridad Social, en tanto que si se trata de trabajadores autónomos, el menoscabo o disminución del rendimiento laboral para que tengan derecho a dicha prestación además de derivar de contingencia profesional, ha de ser no inferior al 50% conforme al artículo 4.2 del RD 1273/2003. Así lo reconoció el Tribunal Supremo en la STS de 18 de octubre de 2016, núm. 861/2016, rcud 2367/2015, doctrina seguida por la Sala, que estableció que el porcentaje de limitación que determina el reconocimiento de la Incapacidad Permanente Parcial (IPP) para trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la establece, con primacía aplicativa, el Real Decreto 1273/2003, dictado al amparo de la DA 34 LGSS, que había incorporado la Ley 53/2002, por lo que la delimitación del concepto de IPP que el Real Decreto 1273/2003 lleva a cabo encuentra cobertura en esa previsión y debe reputarse válida al determinar cuáles son los requisitos para acceder a ella. Hace referencia a que quienes vienen integrados en el RETA no están protegidos en caso de IPP derivada de contingencia común, por lo que la previsión del RD 1273/2003 posee el carácter de mejora o ampliación, concluye por ello que para los trabajadores afiliados al RETA se requiere una disminución del rendimiento normal no inferior al 50%, conforme al artículo 4.2 del RD 1273/2003 que prevalece sobre la exigida por el artículo 137.3 LGSS (no inferior al 33%).

Como hemos significado es socio titular de la empresa en la que presta servicios, y como tal está integrado en el RETA, condición que ha sido considerada por el magistrado a quo al determinar la reducción de su capacidad de trabajo y la aptitud para afrontar el núcleo esencial de su profesión, como también de unas posibilidades de selección, y delegación de tareas o de autoorganización, añadiéndose a las tareas físicas que ha de llevar a cabo las de gestión empresarial, y todas las funciones inherentes a la misma. Sus déficits funcionales se sitúan en el primer y segundo dedo de la mano izquierda; se traducen en una anquilosis de las dos articulaciones interfalángicas asociadas al dedo índice, estando también afectado el segundo dedo, donde presenta cicatriz retráctil en cara palmar y espacio interdigital de segundo y tercer dedo y atrofia a nivel de falange distal del segundo dedo, con déficit sensitivo en cara radial y cubital y limitación para la abducción del segundo dedo por tirantez de la cicatriz y déficits del balance articular en metacarpofalángico e interfalángico proximal.

Siendo esto así, el razonamiento de la sentencia es adecuado y exento de error o arbitrariedad, en tanto reconoce la entidad de las lesiones pero que las mismas no alcanzan el porcentaje de disminución de la capacidad laboral exigido legalmente, lo cual resulta especialmente dificultoso, más tratándose de un trabajador autónomo. Siendo el recurso de suplicación de carácter extraordinario donde la valoración de la prueba está extraordinariamente limitada para este Tribunal, entendemos que debemos confirmar la valoración que ha realizado el magistrado de instancia. No resultaría razonable que ante tal valoración esta sala emita otra distinta, considerando que comportan sus menoscabos funcionales una disminución del rendimiento laboral superior al 50% del ordinario en la profesión desempeñada, cuando se ha cifrado en la pericial técnica de la parte actora en el 38 por ciento y hemos resuelto que no cabe incrementarlo con los niveles de penosidad y peligrosidad que pueda comportar.

Debemos concluir por ello, que, pese a la entidad de las lesiones en los dos dedos de la mano izquierda, no rectora, no está afecto del grado de incapacidad permanente parcial que peticiona, pudiendo continuar desempeñando su profesión, con los ajustes en las tareas o instrumentos que, en su caso, precise su realización con las limitaciones descritas.

CUARTO.- Desestimación del recurso.

Por los razonamientos expuestos, a la vista del relato fáctico, con las modificaciones introducidas en el hecho probado quinto, no habiendo incurrido la sentencia en las infracciones denunciadas, debemos concluir que las secuelas que presenta la parte demandante no son acreedoras en el momento actual del grado de incapacidad permanente parcial que solicita para su prestación autónoma como carpintero, no reduciendo su funcionalidad en un porcentaje igual o superior al 50 por ciento. No obsta a lo indicado que pueda acreditarse la agravación de las lesiones y que las mismas puedan provocarle en un futuro la disminución del rendimiento en el porcentaje valorable para el reconocimiento del grado de incapacidad permanente parcial que solicita o el para desempeño del núcleo esencial de su profesión, lo cual no podemos tener por acreditado en el presente expediente. Ello ha de dar lugar a la íntegra desestimación del recurso y a confirmar la sentencia recurrida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

No procede condena en costas

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación,

PRIMERO - Planteamiento del recurso:

Marco Antonio interpone recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado Social 8 de Barcelona, núm. 12/2025, de 21-01-2025, expte. 751/2023, que desestimó la demanda interpuesta por la recurrente frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS), TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA MC MUTUAL y "Fusteria Evanisteria Torvi, S.L. "y declaró que el recurrente no estaba afecto de los grados de incapacidad permanente total o subsidiaria parcial, derivados de accidente laboral, para su profesión habitual de carpintero, que ejerce como autónomo, siendo socio y administrador único de la sociedad demandada. Solicita el reconocimiento del grado de parcial.

Se estructura el recurso en dos motivos, en el motivo primero, al amparo de lo dispuesto en el art. 193 b) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre ( LRJS), interesa la recurrente se de una nueva redacción a los ordinales quinto y séptimo, suprimiendo y adicionando el texto que destaca. En el motivo segundo, de conformidad con lo dispuesto en apartado c) del art. 193 LRJS, denuncia la parte recurrente la infracción de lo dispuesto en el art. 194, apartados y a) y 2 y del apartado 3, del actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, en la redacción dada al art. 194 por el apartado Uno de la Disposición transitoria vigésima sexta, aplicable a la espera del dictado de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del art 194 de la citada norma.

El recurso ha sido impugnado por Mutual Universal MUGENAT, oponiéndose a la supresión parcial del hecho probado quinto y a la adición parcial al hecho probado séptimo, negando que concurran las infracciones jurídicas denunciadas.

SEGUNDO.- Normativa y criterios de la doctrina jurisprudencial para la calificación de la incapacidad permanente parcial.

El art. 193.1 LGSS establece que la incapacidad permanente contributiva es la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, sin que obste a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de dicha persona, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El concepto legal de la incapacidad permanente viene definido por las siguientes notas configuradoras:

1) Alteración grave de la salud que se mantenga tras el alta médica que venga precedido de tratamiento médico, cuya no finalización impide, temporalmente, la valoración.

2) El carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales.

3) La condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones, esto es, incurables e irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de incapacidad permanente, sin que obste a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo

4) La gravedad de las secuelas, desde la perspectiva de su incidencia laboral, deben provocar una disminución o anulación de la capacidad laboral en función de la profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule de los reconocidos en el art. 194 LGSS.

Para la valoración del grado de incapacidad permanente interesado hay que atender a las circunstancias fácticas que concurran en cada caso y realizar la necesaria individualización de cada situación concreta, pues como recordó el Alto Tribunal " más que de incapacidades puede hablarse de incapacitados" (por todas, STS 30-1-89); sin que ello excluya que hayan podido establecerse criterios de carácter general para la valoración de determinadas enfermedades o lesiones, resultando imprescindible atender a las limitaciones funcionales que provocan, pues son éstas las que impedirán, total o parcialmente realizar las tareas que constituyen la profesión habitual.

Respecto al alcance de la cobertura de las contingencias profesionales en el RETA el art. 316 LGSS establece:

"1. La cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria y se llevará a cabo con la misma entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la incapacidad temporal y determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 308.

Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, se conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. Se entenderá, a idénticos efectos, por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se especifican en la lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.

Se entiende por profesión habitual en el RETA, conforme a lo dispuesto en el art. 36,2 del Decreto 2530/70, "la actividad inmediata y anterior desempeñada por el interesado y por la que estaba de alta en este Régimen al producirse la incapacidad permanente".

En la cobertura de la acción protectora, la incapacidad permanente parcial se define en el art. 4.2. del RD 1273/2003 como la que "...sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 50 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de aquella".

En materia de prestaciones de incapacidad permanente, el art. 318 c) LGSS dispone que resultará de aplicación al RETA:

"c) En materia de incapacidad permanente, lo dispuesto en los artículos 194, apartados 2 y 3; 195 excepto el apartado 2; 197, apartados 1, 2 y 3; y 200.

Asimismo, será de aplicación lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y el apartado 4 del artículo 196. A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos apartados se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran incapacidad".

La Jurisprudencia ha reiterado el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual de la persona afectada, de tal manera, que unas mismas lesiones y secuelas pueden ser constitutivas o no de invalidez permanente en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapaz. Se ha pronunciado asimismo sobre la determinación de la profesión habitual a los efectos de delimitar los contornos de la incapacidad permanente, estableciendo que se concretará en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o puede realizarse dentro de la movilidad funcional (por todas TS 26 de octubre de 2016, núm. 898/2016, recurso: 1267/2015 STS/4ª - STS de 10 octubre 2011 -rcud. 4611/2010 y resoluciones que citan). Respecto a la profesión habitual en el RETA a efectos de calificar el grado de incapacidad permanente, el Alto Tribunal ha establecido en la sentencia de 22 de noviembre de 2023, número 992/2023, recurso: 3804/2020, que es la desempeñada cuando se sufrieron las lesiones que producen las reducciones anatómicas o funcionales que merman la capacidad laboral ( STS, Social sección 1 del 22 de noviembre de 2023).

En cuanto a la calificación del grado de parcial en las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de enero y 30 de junio de l.987 se había establecido, que la disminución de rendimiento que la caracteriza deviene no solo atendiendo a lo que objetivamente puede rendir el trabajador afectado, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta, criterio que ha venido siguiendo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Sala -Sentencias entre otras muchas de 8 y 16 de octubre y 16 de diciembre de l.992, 25 de marzo, 5 de abril y 9 de diciembre de 1.993 , y 11 de febrero, 8, 9 y 14 de marzo y 20 y 30 de junio y 5 de julio de 1.994 y 30-10-2000.

Conforme a lo expuesto, la valoración del correspondiente grado de incapacidad permanente debe atender a las circunstancias fácticas que concurran en cada supuesto, siendo preciso individualizar cada situación concreta respecto a las enfermedades y limitaciones a valorar y su desarrollo en la persona afectada y la profesión habitual y sus requerimientos específicos, lo que hace difícil que pueda apreciarse una identidad sustancial, no siendo por ello efectiva, por no vinculante, la invocación de precedentes jurisprudenciales y/o doctrinales sobre las secuelas y limitaciones de la persona beneficiaria, a salvo del establecimiento de criterios de carácter general sobre patologías incapacitantes.

Atendiendo a los referidos criterios legales y a los extremos fácticos contenidos en la sentencia valorará la Sala la concurrencia de los motivos alegados por la recurrente.

TERCERO.- Motivos del recurso.

a) Revisión de los hechos declarados probados ( art. 193 b) LRJS ).

Solicita como primer motivo de suplicación la revisión de los hechos probados quinto, en el que consta la profesión habitual y la extinción del contrato por despido, y séptimo, en el que el magistrado a quo relaciona las secuelas que a su vez contempla en lo esencial el dictamen de la SGAM de 15-12-2022.

que apreció: "Herida 2º dedo mano izquierda, con afectación tendinosa intervenida quirúrgicamente: dedo en flexión de 30º con anquilosis de la IFP (dedo en flexión de 30º) y cicatriz retráctil y dolorosa. Dupuytren en el 3er. Dedo".

En relación al hecho quinto, el mismo es del tenor que se indica, pretendiendo la supresión del texto que tachamos a tal efecto:

"QUINTO.-La profesión habitual del actor es la de carpintero (hecho conforme). Prestó servicios para "Fustería y Ebanistería Torvi, S.L." hasta el 5 de octubre de 2019, fecha en la que fue objeto de un despido reconocido como improcedente (folios 173 a 176).

Basa la indicada supresión en los folios 123 y 24 del Informe de la Inspección de Trabajo, consistente en los datos informáticos que obran en la TGSS, en los que consta que está en alta en el RETA desde el 1-10-1996, como consecuencia de ser socio y Administrador único de la sociedad. Afirma que consta en alta ininterrumpida desde el 1-01-2012 hasta el 4-10-2023, con lo cual resulta imposible que hubiera sido despedido el 5-10-2019.

Como ha reiterado la jurisprudencia y la doctrina de esta Sala, la valoración de la prueba es facultad privativa del órgano judicial de instancia, "sin que pueda sustituirse su valoración por otra voluntaria y subjetiva confundiendo este recurso excepcional con una nueva instancia, por lo que en consecuencia, los hechos declarados probados, reflejo de dicha valoración deben prevalecer, mientras que por medio de un motivo de revisión fáctica, basada en documentos de los que resulte de un modo claro, directo y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o interpretaciones valorativas"; y ello es así porque "en nuestro sistema jurídico procesal y en relación con la prueba rige el principio de adquisición procesal según el cual las pruebas una vez practicadas no son de la parte, sino del Juez, quien tiene la facultad de valorarlas todas por igual o unas con preferencia a las otras siempre que se ponderen los distintos elementos que constituyen la actividad probatoria" ( sentencia del mismo Tribunal de 10 de noviembre de 1999 ). Del mismo modo la doctrina constitucional ( STC 44/1989, de 20 de febrero) tiene señalado, que por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del Órgano Judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina ( STC 175/85, de 15 de febrero ) que pueda realizar deducciones lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas, siendo el Juez o Tribunal de instancia soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que esta libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( STC 24/1990, de 15 de febrero ) lo que quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el órgano Judicial. Como recuerda la sentencia que se cita de 14 de julio de 2000 - " (...) al combinarse en nuestro ordenamiento civil y laboral los sistemas de prueba legal y de prueba libre (debe el Juzgador) actuar en todo momento con sometimiento a las reglas de derecho y de la razón, optando, cuando existe una colisión entre el contenido de los diversos elementos probatorios, por aquellos que le ofrezcan, en función de su eficacia, una mayor garantía de certidumbre y poder de convicción para acreditar cumplidamente los fundamentos de derecho ( STS de 29 de enero de 1985); sin que por lo tanto la libertad del órgano judicial en la valoración de la prueba suponga aceptar la más absoluta soberanía o admitir que el juez ha de seguir sus conjeturas, impresiones, sospechas o suposiciones" ( Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989 de 20 de febrero).

Dicho lo cual, en relación a la supresión parcial del hecho probado quinto, el juzgador remite a los folios 173 a 175, que acreditarían el despido que hace constar. Entendemos que ha incurrido en un error de transcripción que puede tener relevancia en el fallo, pues no resulta de las actuaciones que se hubiera producido ese despido y los folios que indica no forman parte de las mismas. Así se desprende de las mismas, compuestas por un tomo y 132 folios, así como del oficio de remisión de los autos por la Sección 8 del Tribunal de Instancia, lo que iría en contra asimismo de su condición de socio y administrador único de "Fustería y Evanistería Torvi, S.L". Así lo explica el propio magistrado de instancia en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico primero, en el que indica que "el actor estaba de alta en el RETA cuando sobrevino el accidente de trabajo, régimen al que estaba adscrito desde el año 1996, tal y como se desprende del Informe de la Inspección de Trabajo, del dictamen médico del ICAM y de su informe de vida laboral (folios 123, 124)", informe citado también por la parte recurrente, junto al informe que obra en el folio 68.

Debemos acoger por ello la supresión que la recurrente propone, quedando el redactado del hecho quinto tal como solicita, modificando el redactado inicial del ordinal.

Y en cuanto a la revisión del hecho probado séptimo, solicita se añada el texto que destaca en negrita, quedado redactado con el siguiente tenor:

SÉPTIMO.-"Anquilosis de las dos articulaciones interfalángicas asociadas al dedo índice, por herida en el segundo dedo de la mano izquierda, con afectación tendinosa. Cicatriz de 7 cm., retráctil en cara palmar del segundo dedo de la mano izquierda atrófico a nivel de la falange distal. Cicatriz retráctil a nivel de cara palmer del segundo dedo (posición funcional a 30º). Déficit sensitivo en cara radial y cubital del segundo dedo. Limitación a la abducción del segundo dedo, por tirantez a nivel de la cicatriz. Balance articular metacarpofalángico de 0/0/90º; interfalángico proximal de 0/30/60º e interfalángico distal 0/0/0" (Dictamen del ICAM de 15-12-2022). Por lo que presenta limitación para realizar las tareas finas, así como el puño completo, la presa y la pinza (lateral entre 1º y 2º dedos) Y también tareas de destreza y las de correcta bimanualidad con pesos, que podrá llevar a cabo con una mayor penosidad, y con una mayor peligrosidad cuando conlleve la utilización de herramientas cortantes, martillos, taladros, etc. Siendo el porcentaje de jornada que realiza trabajos con peligro del 54 por 100".

Fundamenta la revisión en la prueba pericial (folios 66 a 71), en el Informe pericial técnico (folios 80 a 87), ambos ratificados en el acto de juicio, y argumenta que resulta esencial para poner de relieve las limitaciones que presenta en la mano izquierda por las lesiones derivadas del accidente. Pretende que se haga constar que presenta limitaciones para la realización de tareas finas, puño completo, presa y pinza, tareas de destreza y correcta bimanualidad con pesos y la peligrosidad y penosidad que comporta cuando se utilicen herramientas, haciendo constar asimismo que el porcentaje de jornada que realiza trabajos con peligro es del 54%. Considera que ello comporta el reconocimiento del grado de parcial para su profesión habitual.

El magistrado de instancia, como indica en el fundamento jurídico segundo, en lo relativo a las secuelas, ha otorgado especial relevancia al dictamen de la SGAM, por objetivo, exhaustivo y congruente, deduciendo de las pruebas diagnósticas e informes médicos de la sanidad pública que identifica en los hechos sexto y séptimo de la sentencia, de los que deduce que presenta una limitación funcional en la mano izquierda (no dominante), consistente en anquilosis de las dos articulaciones interfalángicas asociadas al dedo índice. Y en relación con las limitaciones y la profesión, indica en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico primero que la profesión habitual de carpintero es pacífica y se remite a los requerimientos descritos en la pericial técnica de la parte actora, según la cual "la pérdida de rendimiento laboral es del 38% en comparación con un trabajador en condiciones normales". En consecuencia, siendo la perdida porcentual de rendimiento laboral la que debe ser valorada para el reconocimiento del grado de parcial, y habiendo realizado el magistrado de instancia la valoración de dicho informe, no puede acceder al relato fáctico la modificación que se propone, dado que dicho parámetro no cifra el porcentaje de limitación, por lo que no ha de alterar la valoración realizada en el mismo informe, que fue propuesto como prueba por la parte actora.

Tampoco procede la inclusión en el relato fáctico de las limitaciones que de forma general propone, dado que en el fundamento jurídico tercero, con valor fáctico, el juzgador reconoce que la profesión realizada requiere bimanualidad continuada para la asunción de trabajos finos y el manejo de útiles y herramientas, descritas en la pericial técnica, y que el actor acusa una significativa reducción de su capacidad de rendimiento en relación a la profesión de carpintero y que deberá acometer las operaciones de precisión o fuerza con la mano izquierda con mayor penosidad y dificultad.

b) Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia ( art. 193 c) LRJS ).

El recurrente atribuye al magistrado de instancia la infracción de lo dispuesto en el art. 194, apartados 1 a) y 2 y del apartado 3, del actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, en la redacción dada al art. 194 por el apartado Uno de la Disposición transitoria vigésima sexta, aplicable a la espera del dictado de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del art 194 de la citada norma, en relación con el art. 201 LGSS. Entre los grados de incapacidad permanente el apartado a) del art. 194 recoge el grado de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. El apartado 2 indica que "se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se determine.

El apartado 3 define a la incapacidad permanente parcial en los siguientes términos: " 3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma".

Alega la recurrente que el juzgador de instancia ha desestimado la demanda sobre la base de lo dispuesto en el art. 4.2 del RD 1273/2003 de 10 de octubre, que exige para la declaración de incapacidad permanente parcial una reducción del rendimiento de trabajo igual o superior al 50%. Cita doctrina de suplicación que atiende para la calificación de la incapacidad permanente parcial no sólo la pérdida de rendimiento sino también la mayor penosidad o peligrosidad, indicando con cita de doctrina del extinto Tribunal Central de Trabajo, que aún sin merma de rendimiento, permite el reconocimiento del grado de parcial. Sostiene que, aun cuando el magistrado reconoce que para ejercer la profesión de carpintero "deberá acometer las operaciones de precisión o fuerza con la mano izquierda con mayor penosidad o dificultad", reconocimiento que ha de conducir a la declaración del grado de parcial atendiendo a los requerimientos básicos de la profesión y al realizar durante su jornada un 54% de las actividades con peligrosidad.

Para el reconocimiento de la incapacidad permanente parcial debe partirse del trabajo que resultaba habitual y conforme con el rendimiento normal antes de haberse producido el accidente de trabajo, siendo necesario que el menoscabo funcional provocado por las secuelas del accidente, que la pérdida laboral alcance un mínimo, el 33% de la capacidad normal de la persona trabajadora cuando se trata de personas trabajadoras que están integradas en el Régimen General de la Seguridad Social, en tanto que si se trata de trabajadores autónomos, el menoscabo o disminución del rendimiento laboral para que tengan derecho a dicha prestación además de derivar de contingencia profesional, ha de ser no inferior al 50% conforme al artículo 4.2 del RD 1273/2003. Así lo reconoció el Tribunal Supremo en la STS de 18 de octubre de 2016, núm. 861/2016, rcud 2367/2015, doctrina seguida por la Sala, que estableció que el porcentaje de limitación que determina el reconocimiento de la Incapacidad Permanente Parcial (IPP) para trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la establece, con primacía aplicativa, el Real Decreto 1273/2003, dictado al amparo de la DA 34 LGSS, que había incorporado la Ley 53/2002, por lo que la delimitación del concepto de IPP que el Real Decreto 1273/2003 lleva a cabo encuentra cobertura en esa previsión y debe reputarse válida al determinar cuáles son los requisitos para acceder a ella. Hace referencia a que quienes vienen integrados en el RETA no están protegidos en caso de IPP derivada de contingencia común, por lo que la previsión del RD 1273/2003 posee el carácter de mejora o ampliación, concluye por ello que para los trabajadores afiliados al RETA se requiere una disminución del rendimiento normal no inferior al 50%, conforme al artículo 4.2 del RD 1273/2003 que prevalece sobre la exigida por el artículo 137.3 LGSS (no inferior al 33%).

Como hemos significado es socio titular de la empresa en la que presta servicios, y como tal está integrado en el RETA, condición que ha sido considerada por el magistrado a quo al determinar la reducción de su capacidad de trabajo y la aptitud para afrontar el núcleo esencial de su profesión, como también de unas posibilidades de selección, y delegación de tareas o de autoorganización, añadiéndose a las tareas físicas que ha de llevar a cabo las de gestión empresarial, y todas las funciones inherentes a la misma. Sus déficits funcionales se sitúan en el primer y segundo dedo de la mano izquierda; se traducen en una anquilosis de las dos articulaciones interfalángicas asociadas al dedo índice, estando también afectado el segundo dedo, donde presenta cicatriz retráctil en cara palmar y espacio interdigital de segundo y tercer dedo y atrofia a nivel de falange distal del segundo dedo, con déficit sensitivo en cara radial y cubital y limitación para la abducción del segundo dedo por tirantez de la cicatriz y déficits del balance articular en metacarpofalángico e interfalángico proximal.

Siendo esto así, el razonamiento de la sentencia es adecuado y exento de error o arbitrariedad, en tanto reconoce la entidad de las lesiones pero que las mismas no alcanzan el porcentaje de disminución de la capacidad laboral exigido legalmente, lo cual resulta especialmente dificultoso, más tratándose de un trabajador autónomo. Siendo el recurso de suplicación de carácter extraordinario donde la valoración de la prueba está extraordinariamente limitada para este Tribunal, entendemos que debemos confirmar la valoración que ha realizado el magistrado de instancia. No resultaría razonable que ante tal valoración esta sala emita otra distinta, considerando que comportan sus menoscabos funcionales una disminución del rendimiento laboral superior al 50% del ordinario en la profesión desempeñada, cuando se ha cifrado en la pericial técnica de la parte actora en el 38 por ciento y hemos resuelto que no cabe incrementarlo con los niveles de penosidad y peligrosidad que pueda comportar.

Debemos concluir por ello, que, pese a la entidad de las lesiones en los dos dedos de la mano izquierda, no rectora, no está afecto del grado de incapacidad permanente parcial que peticiona, pudiendo continuar desempeñando su profesión, con los ajustes en las tareas o instrumentos que, en su caso, precise su realización con las limitaciones descritas.

CUARTO.- Desestimación del recurso.

Por los razonamientos expuestos, a la vista del relato fáctico, con las modificaciones introducidas en el hecho probado quinto, no habiendo incurrido la sentencia en las infracciones denunciadas, debemos concluir que las secuelas que presenta la parte demandante no son acreedoras en el momento actual del grado de incapacidad permanente parcial que solicita para su prestación autónoma como carpintero, no reduciendo su funcionalidad en un porcentaje igual o superior al 50 por ciento. No obsta a lo indicado que pueda acreditarse la agravación de las lesiones y que las mismas puedan provocarle en un futuro la disminución del rendimiento en el porcentaje valorable para el reconocimiento del grado de incapacidad permanente parcial que solicita o el para desempeño del núcleo esencial de su profesión, lo cual no podemos tener por acreditado en el presente expediente. Ello ha de dar lugar a la íntegra desestimación del recurso y a confirmar la sentencia recurrida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

No procede condena en costas

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación,

PRIMERO - Planteamiento del recurso:

Marco Antonio interpone recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado Social 8 de Barcelona, núm. 12/2025, de 21-01-2025, expte. 751/2023, que desestimó la demanda interpuesta por la recurrente frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS), TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA MC MUTUAL y "Fusteria Evanisteria Torvi, S.L. "y declaró que el recurrente no estaba afecto de los grados de incapacidad permanente total o subsidiaria parcial, derivados de accidente laboral, para su profesión habitual de carpintero, que ejerce como autónomo, siendo socio y administrador único de la sociedad demandada. Solicita el reconocimiento del grado de parcial.

Se estructura el recurso en dos motivos, en el motivo primero, al amparo de lo dispuesto en el art. 193 b) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre ( LRJS), interesa la recurrente se de una nueva redacción a los ordinales quinto y séptimo, suprimiendo y adicionando el texto que destaca. En el motivo segundo, de conformidad con lo dispuesto en apartado c) del art. 193 LRJS, denuncia la parte recurrente la infracción de lo dispuesto en el art. 194, apartados y a) y 2 y del apartado 3, del actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, en la redacción dada al art. 194 por el apartado Uno de la Disposición transitoria vigésima sexta, aplicable a la espera del dictado de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del art 194 de la citada norma.

El recurso ha sido impugnado por Mutual Universal MUGENAT, oponiéndose a la supresión parcial del hecho probado quinto y a la adición parcial al hecho probado séptimo, negando que concurran las infracciones jurídicas denunciadas.

SEGUNDO.- Normativa y criterios de la doctrina jurisprudencial para la calificación de la incapacidad permanente parcial.

El art. 193.1 LGSS establece que la incapacidad permanente contributiva es la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, sin que obste a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de dicha persona, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El concepto legal de la incapacidad permanente viene definido por las siguientes notas configuradoras:

1) Alteración grave de la salud que se mantenga tras el alta médica que venga precedido de tratamiento médico, cuya no finalización impide, temporalmente, la valoración.

2) El carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales.

3) La condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones, esto es, incurables e irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de incapacidad permanente, sin que obste a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo

4) La gravedad de las secuelas, desde la perspectiva de su incidencia laboral, deben provocar una disminución o anulación de la capacidad laboral en función de la profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule de los reconocidos en el art. 194 LGSS.

Para la valoración del grado de incapacidad permanente interesado hay que atender a las circunstancias fácticas que concurran en cada caso y realizar la necesaria individualización de cada situación concreta, pues como recordó el Alto Tribunal " más que de incapacidades puede hablarse de incapacitados" (por todas, STS 30-1-89); sin que ello excluya que hayan podido establecerse criterios de carácter general para la valoración de determinadas enfermedades o lesiones, resultando imprescindible atender a las limitaciones funcionales que provocan, pues son éstas las que impedirán, total o parcialmente realizar las tareas que constituyen la profesión habitual.

Respecto al alcance de la cobertura de las contingencias profesionales en el RETA el art. 316 LGSS establece:

"1. La cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria y se llevará a cabo con la misma entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la incapacidad temporal y determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 308.

Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, se conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. Se entenderá, a idénticos efectos, por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se especifican en la lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.

Se entiende por profesión habitual en el RETA, conforme a lo dispuesto en el art. 36,2 del Decreto 2530/70, "la actividad inmediata y anterior desempeñada por el interesado y por la que estaba de alta en este Régimen al producirse la incapacidad permanente".

En la cobertura de la acción protectora, la incapacidad permanente parcial se define en el art. 4.2. del RD 1273/2003 como la que "...sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 50 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de aquella".

En materia de prestaciones de incapacidad permanente, el art. 318 c) LGSS dispone que resultará de aplicación al RETA:

"c) En materia de incapacidad permanente, lo dispuesto en los artículos 194, apartados 2 y 3; 195 excepto el apartado 2; 197, apartados 1, 2 y 3; y 200.

Asimismo, será de aplicación lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y el apartado 4 del artículo 196. A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos apartados se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran incapacidad".

La Jurisprudencia ha reiterado el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual de la persona afectada, de tal manera, que unas mismas lesiones y secuelas pueden ser constitutivas o no de invalidez permanente en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapaz. Se ha pronunciado asimismo sobre la determinación de la profesión habitual a los efectos de delimitar los contornos de la incapacidad permanente, estableciendo que se concretará en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o puede realizarse dentro de la movilidad funcional (por todas TS 26 de octubre de 2016, núm. 898/2016, recurso: 1267/2015 STS/4ª - STS de 10 octubre 2011 -rcud. 4611/2010 y resoluciones que citan). Respecto a la profesión habitual en el RETA a efectos de calificar el grado de incapacidad permanente, el Alto Tribunal ha establecido en la sentencia de 22 de noviembre de 2023, número 992/2023, recurso: 3804/2020, que es la desempeñada cuando se sufrieron las lesiones que producen las reducciones anatómicas o funcionales que merman la capacidad laboral ( STS, Social sección 1 del 22 de noviembre de 2023).

En cuanto a la calificación del grado de parcial en las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de enero y 30 de junio de l.987 se había establecido, que la disminución de rendimiento que la caracteriza deviene no solo atendiendo a lo que objetivamente puede rendir el trabajador afectado, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta, criterio que ha venido siguiendo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Sala -Sentencias entre otras muchas de 8 y 16 de octubre y 16 de diciembre de l.992, 25 de marzo, 5 de abril y 9 de diciembre de 1.993 , y 11 de febrero, 8, 9 y 14 de marzo y 20 y 30 de junio y 5 de julio de 1.994 y 30-10-2000.

Conforme a lo expuesto, la valoración del correspondiente grado de incapacidad permanente debe atender a las circunstancias fácticas que concurran en cada supuesto, siendo preciso individualizar cada situación concreta respecto a las enfermedades y limitaciones a valorar y su desarrollo en la persona afectada y la profesión habitual y sus requerimientos específicos, lo que hace difícil que pueda apreciarse una identidad sustancial, no siendo por ello efectiva, por no vinculante, la invocación de precedentes jurisprudenciales y/o doctrinales sobre las secuelas y limitaciones de la persona beneficiaria, a salvo del establecimiento de criterios de carácter general sobre patologías incapacitantes.

Atendiendo a los referidos criterios legales y a los extremos fácticos contenidos en la sentencia valorará la Sala la concurrencia de los motivos alegados por la recurrente.

TERCERO.- Motivos del recurso.

a) Revisión de los hechos declarados probados ( art. 193 b) LRJS ).

Solicita como primer motivo de suplicación la revisión de los hechos probados quinto, en el que consta la profesión habitual y la extinción del contrato por despido, y séptimo, en el que el magistrado a quo relaciona las secuelas que a su vez contempla en lo esencial el dictamen de la SGAM de 15-12-2022.

que apreció: "Herida 2º dedo mano izquierda, con afectación tendinosa intervenida quirúrgicamente: dedo en flexión de 30º con anquilosis de la IFP (dedo en flexión de 30º) y cicatriz retráctil y dolorosa. Dupuytren en el 3er. Dedo".

En relación al hecho quinto, el mismo es del tenor que se indica, pretendiendo la supresión del texto que tachamos a tal efecto:

"QUINTO.-La profesión habitual del actor es la de carpintero (hecho conforme). Prestó servicios para "Fustería y Ebanistería Torvi, S.L." hasta el 5 de octubre de 2019, fecha en la que fue objeto de un despido reconocido como improcedente (folios 173 a 176).

Basa la indicada supresión en los folios 123 y 24 del Informe de la Inspección de Trabajo, consistente en los datos informáticos que obran en la TGSS, en los que consta que está en alta en el RETA desde el 1-10-1996, como consecuencia de ser socio y Administrador único de la sociedad. Afirma que consta en alta ininterrumpida desde el 1-01-2012 hasta el 4-10-2023, con lo cual resulta imposible que hubiera sido despedido el 5-10-2019.

Como ha reiterado la jurisprudencia y la doctrina de esta Sala, la valoración de la prueba es facultad privativa del órgano judicial de instancia, "sin que pueda sustituirse su valoración por otra voluntaria y subjetiva confundiendo este recurso excepcional con una nueva instancia, por lo que en consecuencia, los hechos declarados probados, reflejo de dicha valoración deben prevalecer, mientras que por medio de un motivo de revisión fáctica, basada en documentos de los que resulte de un modo claro, directo y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o interpretaciones valorativas"; y ello es así porque "en nuestro sistema jurídico procesal y en relación con la prueba rige el principio de adquisición procesal según el cual las pruebas una vez practicadas no son de la parte, sino del Juez, quien tiene la facultad de valorarlas todas por igual o unas con preferencia a las otras siempre que se ponderen los distintos elementos que constituyen la actividad probatoria" ( sentencia del mismo Tribunal de 10 de noviembre de 1999 ). Del mismo modo la doctrina constitucional ( STC 44/1989, de 20 de febrero) tiene señalado, que por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del Órgano Judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina ( STC 175/85, de 15 de febrero ) que pueda realizar deducciones lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas, siendo el Juez o Tribunal de instancia soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que esta libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( STC 24/1990, de 15 de febrero ) lo que quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el órgano Judicial. Como recuerda la sentencia que se cita de 14 de julio de 2000 - " (...) al combinarse en nuestro ordenamiento civil y laboral los sistemas de prueba legal y de prueba libre (debe el Juzgador) actuar en todo momento con sometimiento a las reglas de derecho y de la razón, optando, cuando existe una colisión entre el contenido de los diversos elementos probatorios, por aquellos que le ofrezcan, en función de su eficacia, una mayor garantía de certidumbre y poder de convicción para acreditar cumplidamente los fundamentos de derecho ( STS de 29 de enero de 1985); sin que por lo tanto la libertad del órgano judicial en la valoración de la prueba suponga aceptar la más absoluta soberanía o admitir que el juez ha de seguir sus conjeturas, impresiones, sospechas o suposiciones" ( Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989 de 20 de febrero).

Dicho lo cual, en relación a la supresión parcial del hecho probado quinto, el juzgador remite a los folios 173 a 175, que acreditarían el despido que hace constar. Entendemos que ha incurrido en un error de transcripción que puede tener relevancia en el fallo, pues no resulta de las actuaciones que se hubiera producido ese despido y los folios que indica no forman parte de las mismas. Así se desprende de las mismas, compuestas por un tomo y 132 folios, así como del oficio de remisión de los autos por la Sección 8 del Tribunal de Instancia, lo que iría en contra asimismo de su condición de socio y administrador único de "Fustería y Evanistería Torvi, S.L". Así lo explica el propio magistrado de instancia en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico primero, en el que indica que "el actor estaba de alta en el RETA cuando sobrevino el accidente de trabajo, régimen al que estaba adscrito desde el año 1996, tal y como se desprende del Informe de la Inspección de Trabajo, del dictamen médico del ICAM y de su informe de vida laboral (folios 123, 124)", informe citado también por la parte recurrente, junto al informe que obra en el folio 68.

Debemos acoger por ello la supresión que la recurrente propone, quedando el redactado del hecho quinto tal como solicita, modificando el redactado inicial del ordinal.

Y en cuanto a la revisión del hecho probado séptimo, solicita se añada el texto que destaca en negrita, quedado redactado con el siguiente tenor:

SÉPTIMO.-"Anquilosis de las dos articulaciones interfalángicas asociadas al dedo índice, por herida en el segundo dedo de la mano izquierda, con afectación tendinosa. Cicatriz de 7 cm., retráctil en cara palmar del segundo dedo de la mano izquierda atrófico a nivel de la falange distal. Cicatriz retráctil a nivel de cara palmer del segundo dedo (posición funcional a 30º). Déficit sensitivo en cara radial y cubital del segundo dedo. Limitación a la abducción del segundo dedo, por tirantez a nivel de la cicatriz. Balance articular metacarpofalángico de 0/0/90º; interfalángico proximal de 0/30/60º e interfalángico distal 0/0/0" (Dictamen del ICAM de 15-12-2022). Por lo que presenta limitación para realizar las tareas finas, así como el puño completo, la presa y la pinza (lateral entre 1º y 2º dedos) Y también tareas de destreza y las de correcta bimanualidad con pesos, que podrá llevar a cabo con una mayor penosidad, y con una mayor peligrosidad cuando conlleve la utilización de herramientas cortantes, martillos, taladros, etc. Siendo el porcentaje de jornada que realiza trabajos con peligro del 54 por 100".

Fundamenta la revisión en la prueba pericial (folios 66 a 71), en el Informe pericial técnico (folios 80 a 87), ambos ratificados en el acto de juicio, y argumenta que resulta esencial para poner de relieve las limitaciones que presenta en la mano izquierda por las lesiones derivadas del accidente. Pretende que se haga constar que presenta limitaciones para la realización de tareas finas, puño completo, presa y pinza, tareas de destreza y correcta bimanualidad con pesos y la peligrosidad y penosidad que comporta cuando se utilicen herramientas, haciendo constar asimismo que el porcentaje de jornada que realiza trabajos con peligro es del 54%. Considera que ello comporta el reconocimiento del grado de parcial para su profesión habitual.

El magistrado de instancia, como indica en el fundamento jurídico segundo, en lo relativo a las secuelas, ha otorgado especial relevancia al dictamen de la SGAM, por objetivo, exhaustivo y congruente, deduciendo de las pruebas diagnósticas e informes médicos de la sanidad pública que identifica en los hechos sexto y séptimo de la sentencia, de los que deduce que presenta una limitación funcional en la mano izquierda (no dominante), consistente en anquilosis de las dos articulaciones interfalángicas asociadas al dedo índice. Y en relación con las limitaciones y la profesión, indica en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico primero que la profesión habitual de carpintero es pacífica y se remite a los requerimientos descritos en la pericial técnica de la parte actora, según la cual "la pérdida de rendimiento laboral es del 38% en comparación con un trabajador en condiciones normales". En consecuencia, siendo la perdida porcentual de rendimiento laboral la que debe ser valorada para el reconocimiento del grado de parcial, y habiendo realizado el magistrado de instancia la valoración de dicho informe, no puede acceder al relato fáctico la modificación que se propone, dado que dicho parámetro no cifra el porcentaje de limitación, por lo que no ha de alterar la valoración realizada en el mismo informe, que fue propuesto como prueba por la parte actora.

Tampoco procede la inclusión en el relato fáctico de las limitaciones que de forma general propone, dado que en el fundamento jurídico tercero, con valor fáctico, el juzgador reconoce que la profesión realizada requiere bimanualidad continuada para la asunción de trabajos finos y el manejo de útiles y herramientas, descritas en la pericial técnica, y que el actor acusa una significativa reducción de su capacidad de rendimiento en relación a la profesión de carpintero y que deberá acometer las operaciones de precisión o fuerza con la mano izquierda con mayor penosidad y dificultad.

b) Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia ( art. 193 c) LRJS ).

El recurrente atribuye al magistrado de instancia la infracción de lo dispuesto en el art. 194, apartados 1 a) y 2 y del apartado 3, del actual TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, en la redacción dada al art. 194 por el apartado Uno de la Disposición transitoria vigésima sexta, aplicable a la espera del dictado de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del art 194 de la citada norma, en relación con el art. 201 LGSS. Entre los grados de incapacidad permanente el apartado a) del art. 194 recoge el grado de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. El apartado 2 indica que "se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se determine.

El apartado 3 define a la incapacidad permanente parcial en los siguientes términos: " 3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma".

Alega la recurrente que el juzgador de instancia ha desestimado la demanda sobre la base de lo dispuesto en el art. 4.2 del RD 1273/2003 de 10 de octubre, que exige para la declaración de incapacidad permanente parcial una reducción del rendimiento de trabajo igual o superior al 50%. Cita doctrina de suplicación que atiende para la calificación de la incapacidad permanente parcial no sólo la pérdida de rendimiento sino también la mayor penosidad o peligrosidad, indicando con cita de doctrina del extinto Tribunal Central de Trabajo, que aún sin merma de rendimiento, permite el reconocimiento del grado de parcial. Sostiene que, aun cuando el magistrado reconoce que para ejercer la profesión de carpintero "deberá acometer las operaciones de precisión o fuerza con la mano izquierda con mayor penosidad o dificultad", reconocimiento que ha de conducir a la declaración del grado de parcial atendiendo a los requerimientos básicos de la profesión y al realizar durante su jornada un 54% de las actividades con peligrosidad.

Para el reconocimiento de la incapacidad permanente parcial debe partirse del trabajo que resultaba habitual y conforme con el rendimiento normal antes de haberse producido el accidente de trabajo, siendo necesario que el menoscabo funcional provocado por las secuelas del accidente, que la pérdida laboral alcance un mínimo, el 33% de la capacidad normal de la persona trabajadora cuando se trata de personas trabajadoras que están integradas en el Régimen General de la Seguridad Social, en tanto que si se trata de trabajadores autónomos, el menoscabo o disminución del rendimiento laboral para que tengan derecho a dicha prestación además de derivar de contingencia profesional, ha de ser no inferior al 50% conforme al artículo 4.2 del RD 1273/2003. Así lo reconoció el Tribunal Supremo en la STS de 18 de octubre de 2016, núm. 861/2016, rcud 2367/2015, doctrina seguida por la Sala, que estableció que el porcentaje de limitación que determina el reconocimiento de la Incapacidad Permanente Parcial (IPP) para trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la establece, con primacía aplicativa, el Real Decreto 1273/2003, dictado al amparo de la DA 34 LGSS, que había incorporado la Ley 53/2002, por lo que la delimitación del concepto de IPP que el Real Decreto 1273/2003 lleva a cabo encuentra cobertura en esa previsión y debe reputarse válida al determinar cuáles son los requisitos para acceder a ella. Hace referencia a que quienes vienen integrados en el RETA no están protegidos en caso de IPP derivada de contingencia común, por lo que la previsión del RD 1273/2003 posee el carácter de mejora o ampliación, concluye por ello que para los trabajadores afiliados al RETA se requiere una disminución del rendimiento normal no inferior al 50%, conforme al artículo 4.2 del RD 1273/2003 que prevalece sobre la exigida por el artículo 137.3 LGSS (no inferior al 33%).

Como hemos significado es socio titular de la empresa en la que presta servicios, y como tal está integrado en el RETA, condición que ha sido considerada por el magistrado a quo al determinar la reducción de su capacidad de trabajo y la aptitud para afrontar el núcleo esencial de su profesión, como también de unas posibilidades de selección, y delegación de tareas o de autoorganización, añadiéndose a las tareas físicas que ha de llevar a cabo las de gestión empresarial, y todas las funciones inherentes a la misma. Sus déficits funcionales se sitúan en el primer y segundo dedo de la mano izquierda; se traducen en una anquilosis de las dos articulaciones interfalángicas asociadas al dedo índice, estando también afectado el segundo dedo, donde presenta cicatriz retráctil en cara palmar y espacio interdigital de segundo y tercer dedo y atrofia a nivel de falange distal del segundo dedo, con déficit sensitivo en cara radial y cubital y limitación para la abducción del segundo dedo por tirantez de la cicatriz y déficits del balance articular en metacarpofalángico e interfalángico proximal.

Siendo esto así, el razonamiento de la sentencia es adecuado y exento de error o arbitrariedad, en tanto reconoce la entidad de las lesiones pero que las mismas no alcanzan el porcentaje de disminución de la capacidad laboral exigido legalmente, lo cual resulta especialmente dificultoso, más tratándose de un trabajador autónomo. Siendo el recurso de suplicación de carácter extraordinario donde la valoración de la prueba está extraordinariamente limitada para este Tribunal, entendemos que debemos confirmar la valoración que ha realizado el magistrado de instancia. No resultaría razonable que ante tal valoración esta sala emita otra distinta, considerando que comportan sus menoscabos funcionales una disminución del rendimiento laboral superior al 50% del ordinario en la profesión desempeñada, cuando se ha cifrado en la pericial técnica de la parte actora en el 38 por ciento y hemos resuelto que no cabe incrementarlo con los niveles de penosidad y peligrosidad que pueda comportar.

Debemos concluir por ello, que, pese a la entidad de las lesiones en los dos dedos de la mano izquierda, no rectora, no está afecto del grado de incapacidad permanente parcial que peticiona, pudiendo continuar desempeñando su profesión, con los ajustes en las tareas o instrumentos que, en su caso, precise su realización con las limitaciones descritas.

CUARTO.- Desestimación del recurso.

Por los razonamientos expuestos, a la vista del relato fáctico, con las modificaciones introducidas en el hecho probado quinto, no habiendo incurrido la sentencia en las infracciones denunciadas, debemos concluir que las secuelas que presenta la parte demandante no son acreedoras en el momento actual del grado de incapacidad permanente parcial que solicita para su prestación autónoma como carpintero, no reduciendo su funcionalidad en un porcentaje igual o superior al 50 por ciento. No obsta a lo indicado que pueda acreditarse la agravación de las lesiones y que las mismas puedan provocarle en un futuro la disminución del rendimiento en el porcentaje valorable para el reconocimiento del grado de incapacidad permanente parcial que solicita o el para desempeño del núcleo esencial de su profesión, lo cual no podemos tener por acreditado en el presente expediente. Ello ha de dar lugar a la íntegra desestimación del recurso y a confirmar la sentencia recurrida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

No procede condena en costas

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación,