Sentencia Social 916/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 662/2024 de 12 de junio del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia estima la demanda promovida por DÑA. Amparo, representante legal del menor Ricardo, frente a la CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD DEL GOBIERNO DE CANARIAS sobre GRADO DE

DISCAPACIDAD, y declara que el menor se encuentra afecto de una discapacidad del 45% desde la fecha de su solicitud, condenando al Organismo demandado a estar y pasar por dicha declaración.

La juez de instancia, con sustento en el informe pericial médico privado, estimó la demanda al entender que concurrían los requisitos de la Clase III establecidos en el caso de enfermedad mental, Capítulo 16, Anexo I RD 1971/99, de 23 de diciembre, para poder apreciar el carácter moderado (del 25 al 59%) que reclamaba la parte actora por el DIRECCION002 que presenta el menor.

La CAC, en base al dictamen del EVO, incardinó la patología en la Clase II. Se opuso a otorgarle la Clase III al entender que se no cumplían los requisitos previstos en los apartados a) y b).

Tramos a colación para una mejor comprensión del tema litigioso los criterios específicos de valoración de la Clase III reflejados en el Capítulo 16:

"Clase III: discapacidad moderada (25-59%) (a+b+c)

a) Restricción moderada en las actividades de la vida cotidiana (la cual incluye los contactos sociales) y en la capacidad para desempeñar un trabajo remunerado en el mercado laboral.

La medicación y/o el tratamiento son necesarios de forma habitual. Si a pesar de ello persiste la sintomatología clínicamente evidente:

- que interfiere notablemente en las actividades del paciente: tendencia al extremo superior del intervalo.

- que no interfiere notablemente en las actividades del paciente: tendencia al extremo inferior del intervalo.

y

b) Las dificultades y síntomas pueden agudizarse en períodos de crisis o descompensación. Fuera de los períodos de crisis:

- El individuo sólo puede realizar tareas ocupaciones con supervisión mínima en centros ocupacionales (tendencia al extremo superior del intervalo)

- La persona es capaz de desarrollar una actividad laboral normalizada en un puesto de trabajo adaptado o en un centro especial de empleo (tendencia al extremo inferior del intervalo).

y

c) Presenta algunos síntomas que exceden los criterios diagnósticos requeridos, situándose la repercusión funcional de los mismos entre leve y grave".

La juez hace el siguiente razonamiento, partiendo del relato de hechos probados, para concluir que el menor cumple todos los requisitos para ser incardinado en la Clase III:

"En relación al parámetro a) valorado de forma diversa por el EVO y por el perito de parte, es relativo a la capacidad para llevar una vida autónoma. En relación a los criterios específicos de la Clase II, que dicha "capacidad esté conservada o levemente disminuida, de acuerdo a lo esperable para la persona e su edad y condición, excepto en periodos recortados de crisis o descompensación", y la clase III "restricción moderada en las actividades de la vida cotidiana (la cual incluye los contactos social)...". El EVO en su informe explicativo establece que ha ido adquiriendo los hitos evolutivos con dificultad y con cierto retraso aunque en esos momentos no existe desfase notable. Sin embargo el perito privado, conforme a los diversos informes aportados, entiende que sí tiene restricción moderada en la vida diaria pues se apoya en su hermano, no tiene contacto social con otros, torpeza en la relación con el entorno, tiene alteraciones del lenguaje verbal y no verbal, no es adaptable, precisa de rutinas rígidas, no mantiene contacto visual, no es capaz de unirse al juego, tiene problemas de alimentación y no tiene contacto social. Quien suscribe, en virtud de los diversos informes aportados, consta que no tiene contacto social y que sí tiene dichas restricciones, aun moderadas, por lo que sí se cumpliría con el primer parámetro de la clase III.

Por lo que respecta al parámetro b) es nuevamente valorado de forma diversa por el EVO y por el perito de parte, es relativo a repercusión del trastorno en su vida educativa. En relación a los criterios específicos de la Clase II, que dicha "puede mantener actividad laboral (referida a educativa por la edad) normalizada y productiva excepto en los periodos de importante aumento del estrés psicosocial o descompensación, durante los que puede ser necesario un tiempo de reposo laboral junto a una intervención terapéutica adecuada", y la clase III "las dificultades y síntomas puede agudizarse en periodos de crisis o descompensación. Fuera de los periodos de crisis: - la persona es capaz de desarrollar una actividad laboral(educativa) normalizada en un puesto de trabajo adaptado o en un centro especial de empleo (tendencia al extremo inferior del apartado)...". El EVO en su informe explicativo establece que para la valoración de la discapacidad no se tiene en cuenta la necesidad de apoyo sino los resultados obtenidos, habiendo aquel obtenido buenos resultados académicos, teniendo su patología repercusión académica leve. Pero lo cierto es que, conforme a la pericial privada, consta desde 2021 Informe Psicopedagógico con Propuesta Educativa por parte del Colegio del menor, en el que se indica que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) por DIRECCION002 ( DIRECCION001), con propuesta de escolarización en Centro ordinario, esto es, un puesto educativo normalizado pero adaptado, por lo que entiende quien suscribe que procede entender que el grado discapacidad de la patología del menor es del 40%."

La CAC formaliza recurso de suplicación frente a la anterior sentencia, articulando un motivo de censura jurídica, el cual ha sido impugnado de contrario en los términos que obran en las actuaciones.

SEGUNDO.-Al amparo del motivo de censura jurídica la parte recurrente muestra su disconformidad con la sentencia de instancia al entender infringido el RD 1971/1999, de 23 de diciembre, por una incorrecta valoración de la prueba efectuada por la juez de instancia cuando asume en su totalidad la valoración realizada por el perito privado.

Y para llegar a tal conclusión el recurrente se remite a los distintos informes médicos que obran en el expediente administrativo a los que se refiere de forma individualizada, cuya valoración ha sido omitida por la juez de instancia, así como al propio informe del EVO.

Considera después de transcribir parte del fundamento segundo de la sentencia de instancia que la misma no razona porque el EVO ha apreciado indebidamente las patologías del menor, lo que "supone un déficit de motivación incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva".

A continuación, hace una crítica de la valoración efectuada por el perito, que considera arbitraria, que conlleva una indebida aplicación de las normas del R.D. 1971/1999, de 23 de diciembre.

Así, "en el Informe del perito privado se realiza una inadecuada aplicación del R.D. 1971/1999, de 23 de diciembre, al determinar en la página 17 del mencionado Informe, el grado de discapacidad entendiendo que padece un DIRECCION002, sin déficit intelectual asociado. Esta última apreciación es de especial relevancia, como continuaremos detallando.

Ni en la totalidad de Informes que obran en el expediente administrativo, ni de los valorados, en su caso, por el perito privado, consta que el menor tenga una restricción moderada de sus actividades de la vida cotidiana y en la capacidad para desempeñar su vida académica; No consta que tenga medicación pautada y/o tratamiento, ni que no sea capaz de realizar tareas en su esfera académica, fuera de períodos de crisis. No tiene adaptación curricular alguna o desfase respecto de sus coetáneos. Todos estos requisitos son necesarios para concluir que el menor tiene una discapacidad moderada, tal y como detalla el Capítulo 16 del Real Decreto, "criterios específicos..."

El recurrente mantiene que el menor no cumple el requisito establecido en la letra a) "pues el menor no presenta una restricción moderada en las actividades de la vida cotidiana ni en su capacidad para poder tener una esfera académica, sin que conste que tiene una medicación o tratamiento pautado, cuya administración sea necesaria de forma habitual y que interfiera el mismo o no en las actividades de menor".

Para ello se apoya en una serie de informes obrantes en el expediente administrativo, que adelantamos no figuran en el relato de hechos probados, de los que se desprende que el menor presenta un TEA en intensidad leve, sin déficit intelectual ni deterioro del lenguaje; no tiene tratamiento psicofarmacológico para tratar su salud mental; no tiene desfase curricular, en el colegio esta integrado; no manifiesta ni agresividad (física o verbal), conductas discruptivas o negativismo; y tiene académicamente nivel medio alto en todas las áreas.

Tampoco el requisito establecido en la letra b) concurre:

"En el caso que nos atañe al ser menor, se traslada la realización de tareas al área escolar y se entiende por supervisión la dada en un centro con especialidad para la superación de obstáculos, para mejorar la integración del menor, para que así la tendencia sea encuadrarlo en el extremo superior del intervalo, como determina el perito privado.

...

No estamos hablando de un menor con discapacidad intelectual, sino de un menor con un diagnóstico de DIRECCION001, que no tiene una deficiencia intelectual, sino necesidades de apoyo.

No se ha propuesto su escolarización en Centro Especial, sino en Centro Ordinario; Y dentro de un Centro Ordinario, en un Aula Ordinaria, recibiendo apoyo.

No se ha propuesto la escolarización dentro de Centro Ordinario, en Aula Enclave, pues el menor es capaz de seguir el desarrollo de las clases, como el resto de sus compañeros, obteniendo incluso buenos resultados académicos en prácticamente todas las áreas, teniendo una capacidad media/alta. La única medida que se propuso por el Centro fue apoyo, para atender las necesidades especiales que presenta ( DIRECCION001), proporcionándole un refuerzo desde el Centro".

La conclusión a la que lega es que "el EVO sí que apreció debidamente los documentos aportados por Doña Amparo para valorar la discapacidad de su hijo menor, quedando acreditado que el perito privado ha interpretado de forma incorrecta los documentos clínicos que obran en autos, incurriendo en una aplicación ilógica y arbitraria de las normas contenidas en el R.D. 1971/199, de 23 de diciembre, para determinar el grado de discapacidad y así ha llevado a la Juzgadora de instancia a una valoración errónea de la prueba practicada".

Resolución del motivo El motivo se desestima

Partiendo de que la sentencia contiene motivación suficiente y razonada de la valoración de los distintos medios de prueba y de las razones que le han llevado a la juez de instancia a dar prioridad a la pericial privada sobre el informe del EVO, en contra de lo que sostiene el recurrente, y salvando, en aras a garantizar la tutela judicial efectiva, que la crítica la hace el recurrente al informe pericial y no a la propia sentencia, hemos de decir que en nuestro sistema jurídico procesal, en relación con la prueba, rige el principio de adquisición procesal, según el cual, las pruebas una vez practicadas no son de la parte, sino del Juez, quien tiene la facultad de valorarlas todas por igual o unas con preferencia a las otras, siempre que se ponderen los distintos elementos que constituyen la actividad probatoria, ( STS 31/05/90, 145/85; ATC 518/85), pudiendo quebrantarse el principio de igualdad de armas en el momento de la valoración de la prueba, bien por una defectuosa utilización de las reglas rectoras de la carga de la prueba ( STC 140/1994), ya por prescindir de la contemplación racional de la prueba de una de las partes ( STC 63/1993), pero no cuanto por el órgano judicial de instancia se toman en consideración todos los medios ofrecidos a su consideración por ambas partes y se fundamenta adecuadamente la convicción ( STS 10/11/99).

Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos,no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al art. 348 LEC por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.

En base a ello el motivo no prospera pues lo que se intenta de manera absolutamente estéril es suplantar el motivado y razonado criterio judicial que ha llevado a la Magistrada a quo a dar preferencia al informe pericial de parte por la valoración interesada de la propia parte recurrente, exponiendo una serie de argumentos absolutamente subjetivos para tratar de rebatir la motivación de la convicción judicial, que no es arbitraria ni infundada, apartándose en ocasiones del relato de hechos probados, haciendo referencia a informes médicos que no obran en el mismo.

La conclusión alcanzada por la juez de instancia en cuanto a que el menor reúne todos los requisitos para ser incardinado en la Clase III del Capítulo 16 se comparte por la Sala.

Siguiendo el ordinal quinto del relato de hechos probados constatamos que desde el mes de noviembre de 2020, en que se detectan los primeros síntomas del DIRECCION002, diagnóstico confirmado posteriormente, el menor ha estado todo el tiempo en seguimiento por distintos profesionales sanitarios, por el Centro Educativo en donde cursa sus estudios y en tratamiento psicoterapéutico con carácter habitual, los cuales han emitido los informes que figuran en el referido ordinal.

En ellos, junto al informe pericial privado, se constatan, entre otros, los siguientes datos de interés:

- "Si bien el menor se muestra trabajador, atento y respetuoso con las normas, se observan determinadas conductas en la comunicación y el lenguaje, así como en la relación social que hacen recomendable un seguimiento y evolución del alumno".

- "Se objetivan, igualmente; problemas en las habilidades para la interacción social; de comunicación; atención y advirtiéndose problemas de psicomotricidad (recortar, colorear, etc...)".

- "En evolución del paciente, se indica que ha empeorado en su desarrollo y relación con los demás niños".

- "presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) por DIRECCION002 ( DIRECCION001), con propuesta de escolarización en Centro ordinario".

- "en ocasiones, no quiere trabajar ni sacar el material educativo; que se halla ausente (distraído); que de pronto comienza a correr por la clase; desplazarse a cuadrupedia; a gritar de forma descontrolada; mover las mesas (escondiéndose bajo ellas) y a esconderse en el baño".

- "necesidad de seguir mejorando las habilidades cognitivas, emocionales, sociales y funciones ejecutivas del menor".

- "el menor, evidencia algunas alteraciones en el procesamiento sensorial respecto a cómo modula, discrimina e interpreta la información del entorno a través de los diversos sentidos; procesamiento táctil; visual y de movimiento, lo cual compromete el correcto funcionamiento para la modulación del comportamiento. Lo que supone que el perfil más marcado que presenta el niño sea el de evitación".

- "dificultad para mantener contacto ocular; rigidez cognitiva; dificultad para regular las emociones con episodios de descontrol de impulsos; problemas para socializar; tendencia a la literalidad con escasa capacidad para comprender los dobles sentidos; alimentación selectiva y problemas de sueño etc.."

- "sufre descompensaciones con ansiedad en la que aparecen tics motores simples faciales (pestañeos, rascarse los ojos, emitir sonidos guturales) que también ocurren incluso en momentos en los que no se aprecia euforia. El juicio diagnóstico: DIRECCION004".

- "el menor se apoya en su hermano, no tiene contacto social con otros, torpeza en la relación con el entorno, tiene alteraciones del lenguaje verbal y no verbal, no es adaptable, precisa de rutinas rígidas, no mantiene contacto visual, no es capaz de unirse al juego, tiene problemas de alimentación".

- "tiene adaptación curricular debido a sus necesidades especiales. Así, desde 2021 consta Informe Psicopedagógico con Propuesta Educativa por parte del Colegio del menor, en el que se indica que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) por DIRECCION002 ( DIRECCION001), con propuesta de escolarización en Centro ordinario".

Y conforme a dicho relato de hechos probados la valoración que ha efectuado la juez de instancia, incardinando las secuelas y valoración de las mismas en la Clase III, es correcta, adaptando por razones obvias los requisitos exigidos al hecho de que es un menor y no puede desarrollar actividad remunerada en el mercado laboral.

Respecto al apartado a) se constata restricción moderada en las actividades de la vida cotidiana (la cual incluye los contactos sociales) y la necesidad de tratamiento de forma habitual, sin que el referido apartado exija, como sostiene el recurrente, que el tratamiento haya de ser farmacológico ("La medicación y/o el tratamiento").

Como sostiene con acierto la juez de instancia "si tiene restricción moderada en la vida diaria pues se apoya en su hermano, no tiene contacto social con otros, torpeza en la relación con el entorno, tiene alteraciones del lenguaje verbal y no verbal, no es adaptable, precisa de rutinas rígidas, no mantiene contacto visual, no es capaz de unirse al juego, tiene problemas de alimentación y no tiene contacto social".

Por lo que se refiere al parámetro b), coincidimos nuevamente con la juez de instancia, en que lo relevante, no es como sostiene el EVO, los buenos resultados académicos, sino el hecho acreditado que "consta desde 2021 Informe Psicopedagógico con Propuesta Educativa por parte del Colegio del menor, en el que se indica que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) por DIRECCION002 ( DIRECCION001), con propuesta de escolarización en Centro ordinario, esto es, un puesto educativo normalizado pero adaptado".

Por todo ello procede la desestimación del recurso de suplicación interpuesto, confirmando en su integridad la sentencia de instancia.

TERCERO.-En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS la desestimación del recurso lleva aparejada la condena en costas a la parte recurrente, que no goza del beneficio de justicia gratuita, cifrando el importe de los honorarios del letrado de la parte impugnante en la cantidad de 800 euros.