Sentencia Social 1867/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1415/2025 de 12 de junio del 2025

PRIMERO:Frente a la sentencia de instancia que desestimó las pretensiones del demandante de que le fuera reconocida la prestación de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio derivada de accidente de trabajo, se alza dicha parte en suplicación formulando un primer apartado del recurso al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS, al objeto de revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, solicitando en concreto las siguientes modificaciones:

1º) Adición al hecho probado quinto, del siguiente texto:

"Los tres informes de síntesis más arriba descritos coinciden en que el paciente

tiene tres tipos de patologías:

- Taquicardias polimórficas propias del Síndrome de Brugada.

- "se registra fácil inducibilidad para una TVMS (taquicardias monomóficas)

con morfología de BCRDHH y eje inferior que requiere de CVE por mala

tolerancia hemodinámica.

- Induciéndose esta vez una "TVMS con morfología de BCRIHH y eje

superior izquierdo y concordancia negativa en precordiales que sugiere un

origen inferoapical....esta taquicardia muy mal tolerada preciso de CVE para su

finalización

- Además, el paciente presenta severo trastorno de la conducción infrahisiaco HV73 ms con BCRIHH."

La adición interesada debe ser rechazada por su carácter valorativo, dado que con la misma no se pretenden introducir datos o circunstancias de carácter fáctico, sino como expresamente se expone por el recurrente, establecer una conclusión en base al propio contenido del hecho probado, lo que debe ser efectuado en su caso en sede de censura jurídica de la sentencia.

2º) Adición de un nuevo segundo párrafo en el hecho probado tercero de la sentencia de instancia, antes del actual segundo y del siguiente tenor literal:

"Aunque la eficacia del DAI es muy alta en interrumpir los episodios de arritmias Ventriculares sostenidas, no la garantiza completamente, y no es una terapia preventiva por lo que no garantiza que pueda repetirse. Su Patología (canolopatía por síndrome de Brugada) no tiene una terapia curativa a fecha de hoy, y los resultados de ablación de sustrato son limitados a largo plazo con la evidencia actual. Habida cuenta de la persistencia de taquicardia ventricular a pesar del tratamiento médico e intervencionista, llevados a cabo en este paciente, se recomienda evitar los desencadenantes de estas (que podrían tener un desenlace fatal), como el ejercicio físico la adrenérgia y la fiebre.."

La adición interesada debe ser rechazada, por cuanto se basa en un informe médico de 2023 posterior a la fecha de iniciación de un nuevo expediente administrativo de incapacidad permanente tras el que nos ocupa, la cual debe considerarse el límite temporal a efectos de valorar el estado de salud del actor en el presente procedimiento, tal y como se expone en la doctrina de esta Sala reseñada en la sentencia de instancia.

En efecto, como esta Sala viene manteniendo en sentencias de 2 de junio de 2020 (Rec. 3384/2018), 18 de junio de 2020 (Rec. 631/2020), 29 de septiembre de 2021 (Rec. 1836/2021) y de 21 de diciembre de 2022 (Rec. 1075/2021, si bien es cierto que la doctrina jurisprudencial [contenida en STS/IV de 7 de diciembre de 2004 (rcud. 4274/2003), y reiterada más recientemente en las SSTS/IV de 5 de marzo de 2013 (Rcud. 1453/2012), 2 de junio de 2016 (Rcud. 452/2015) y 6 de febrero de 2019 (Rcud. 46/2017)] "no ha considerado hechos nuevos ajenos al expediente las dolencias que sean agravación de otras anteriores, ni las lesiones o enfermedades que ya existían con anterioridad y se ponen de manifiesto después, ni siquiera las que existían durante la tramitación del expediente pero no fueron detectadas por los servicios médicos",debemos limitar la aplicación de la misma a los casos en que, impugnada judicialmente la resolución inicial, tales circunstancias se ponen de manifiesto en el acto del juicio sin que medie ningún otro acto o resolución del INSS reevaluando el estado del beneficiario, pues de lo contrario -como aquí ocurre- si ya existe nuevo procedimiento administrativo de valoración de la incapacidad permanente entre la resolución impugnada y el desarrollo del proceso judicial, deberá estarse a lo que en aquél se resuelva y a lo que la jurisdicción decida en caso de impugnación de la resolución de dicho grado.

3º) Adición de un nuevo hecho probado sexto, del siguiente tenor literal:

"D. Lorenzo padece, sin lugar a duda, un Síndrome de Brugada con alto riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita. Cualquier tipo de trabajo, desde el de mayor complejidad y responsabilidad al más básico, puede provocar en D. Lorenzo el estrés suficiente para desencadenar una arritmia ventricular que puede provocar su Muerte Súbita a pesar de tener implantado un dispositivo avanzado de Desfibrilador-Marcapasos. Este dispositivo no puede evitar la aparición de la arritmia y, aunque es muy eficaz en la mayor parte de los casos para tratarla, no lo consigue siempre, por lo que el riesgo de Muerte Súbita sigue existiendo. Por todo lo expuesto, el perito, Dr. Leonardo considera que D. Lorenzo está incluido en el GRUPO FUNCIONAL 3 y está incapacitado de forma permanente para todo tipo de actividad laboral."

La adición interesada debe ser rechazada, por cuanto en relación con el informe médico que la sustenta de 21/3/2023, de nuevo debemos recordar que no es posible valorar el estado de salud del actor a dicha fecha en el presente procedimiento por los motivos ya expuestos, y sin que por otra parte, puede entenderse que dicho informe es de plena aplicación a la fecha del informe de síntesis, por cuanto valora la evolución de la patología del actor hasta enero de 2023, haciendo constar en particular la existencia de dos eventos arrítmicos por taquicardia ventricular monomórfica no sostenidas posteriores al citado informe.

Del mismo modo, la referencia que se propone al contenido del informe pericial debe rechazarse por valorativa, al considerar que el actor está incapacitado de forma permanente para todo tipo de actividad laboral, valoración que debe efectuarse su caso con ocasión de la censura jurídica de la sentencia.

4º) Adición del nuevo hecho probado séptimo, del siguiente tenor:

"Del informe pericial del Dr. Leonardo se deduce que el síndrome de Brugada es una enfermedad que padece 5 de cada 10.000 personas, es enfermedad de base genética, en su caso que causa muerte súbita por la aparición de arritmias ventriculares malignas, ocasionadas por un mal funcionamiento de los canales celulares que controlan la actividad eléctrica del corazón.

El síndrome de Brugada no tiene a fecha de hoy un tratamiento curativo, ni tratamiento farmacológico realmente efectivo que evite el riesgo de muerte súbita.

Por lo tanto, el único tratamiento "eficaz" es la implantación de un desfibrilador automático que detecte las taquicardias ventriculares polimórficas y la trate.

La dolencia de Lorenzo es más compleja que el síndrome de

Brugada, coinciden, además, varias patologías:

- Dos tipos de taquicardias monomórficas, de muy fácil inducción (esfuerzos ligeros, fiebre, adrenérgica) incluso en estado de reposo sin actividad laboral y estas taquicardias tienen mala tolerancia hemodinámica y por lo tanto Alto Riesgo de Fibrilación Ventricular y Muerte Súbita Eléctrico.

- Severo trastorno de la conducción infrahisiano HV 73ms con BCRIHH. Trastorno de la conducción intraventricular.

Esta triple patología, no existe en la literatura científica, (apenas se han descrito casos).

Las terapias de desfibrilador automático, si bien son eficaces en terminar los episodios arrítmicos, no protegen al 100% de la posibilidad muerte súbita, ni evitan la aparición de nuevos eventos arrítmicos. Cuando el desfibrilador, que es el caso que nos ocupa, ha de dar choques adicionales para revertir la taquicardia, el riesgo de muerte es ocho veces mayor, al riesgo de muerte cuando el desfibrilador es capaz de revertir la Taquicardia ventricular con un solo shock. EL DESFIBRILADOR tiene un máximo de 6 choques y si no revierte la taquicardia Ventricular, entiende que ha fallecido y deja de actuar.

Dichas terapias en forma de choque son dolorosas para el paciente y están asociadas a importantes trastornos psiquiátricos secundarios; hay una asociación entre choques del DAI y la mortalidad, mayor aún para choques apropiados. Recordemos que el paciente tuvo en Nov/20 dos choques del Desfibrilador y la TVMS repitió cuatro veces en los dos minutos siguientes al último choque.

La ablación del substrato arrítmico, siendo un procedimiento que disminuye la recurrencia de las arritmias ventriculares en el síndrome de Brugada, no es habitualmente curativa a largo plazo y en el caso de nuestro paciente, desde la ablación de marzo de 2021, no ha impedido la aparición de cuatro nuevos eventos arrítmicos, por Taquicardias Ventriculares monomórficas no sostenidas de forma espontánea, sin esfuerzo, adrenergia o fiebre. Esto significa que persiste el sustrato arrítmico que puede inducir Taquicardias Ventriculares mal toleradas hemodinamicamente y por lo tanto con alto riesgo de Fibrilación Ventricular y Muerte Súbita eléctrica a pesar del Desfibrilador implantado.

El paciente presenta síntomas como "sensación de muerte inminente", ansiedad anticipatoria y conductas de evitación, siendo diagnosticado de trastorno de estrés postraumático y contraindicando desde el punto de vista psiquiátrico cualquier actividad laboral.

En el amplio historial médico examinado, se le recomienda al paciente no tener estrés, situaciones adrenergia, esfuerzos físicos ligeros y fiebre, por el Riesgo de sufrir evento arrítmico que el Desfibrilador no pueda controlar, y provocar su MUERTE.

Por todo ello el perito, doctor Leonardo considera que el demandante DON Lorenzo, desde el punto de vista médico, tiene una triple patología, que provoca taquicardias ventriculares tanto monomórficas como polimórficas que se inducen con mucha facilidad( tiene eventos arrítmicos en reposo, sin actividad laboral, sin esfuerzo, sin adrenergia, sin fiebre), que tienen mala tolerancia hemodinámica, difíciles de revertir, con choques múltiples del Desfibrilador, tiene un riesgo elevado de Fibrilación Ventricular y Muerte Súbita. Si a este riesgo ya latente, le sumamos la adrenergia, estrés, esfuerzos físicos también ligeros, de cualquier actividad laboral, estamos añadiendo un importante riesgo de muerte al Paciente. En toda actividad laboral, existen relaciones con compañeros, jefes, clientes, etc. donde se genera adrenergia y sentimientos de indefensión o contrariedad que en este paciente provocan las temidas taquicardias Ventriculares Malignas.

Según los grupos diferenciados en la Valoración de los Trastornos del Ritmo y la Conducción Cardiacos, este paciente está incluido en el Grupo FUNCIONAL GRADO 3 de los "Criterios Orientativos para la Valoración" de los Trastornos del Ritmo y de la Conducción Cardiacos del Manual de Actuación para Médicos Inspectores del INSS", considero el perito que, dada la facilidad con la que se desencadenan los episodios arrítmicos, de forma espontánea, en reposo; y por otro, la naturaleza de las taquicardias Ventriculares, con mala tolerancia hemodinámica y alto riesgo de Muerte Súbita Eléctrica, el paciente Lorenzo, tiene limitación funcional para cualquier actividad laboral. "

La adición interesada debe ser rechazada, por cuanto en primer lugar la mayor parte del hecho probado cuya adición se pretende no incorpora datos o circunstancias de carácter fácticos relacionados con el estado de salud del actor, sino que informa desde el punto de vista médico de las características y de la gravedad de su patología, valoración que en todo caso debe ser realizada en sede de censura jurídica a fin de ponderar la procedencia del grado de incapacidad permanente solicitado.

En efecto, con carácter general se viene reiterando por esta Sala que no debe admitirse la incorporación a los hechos probados del contenido de informes médicos o periciales concretos sino de la valoración, fáctica que no jurídica, que de los mismos deba hacerse, es decir, lo que debe incorporarse a los hechos probados es el hecho material que resulta trascendente para la resolución del litigio, que tratándose de la determinación del grado de incapacidad consiste en expresar las patologías y limitaciones de ellas derivadas que se padecen, siendo las apreciaciones del juez de primer grado las que han de prevalecer respecto de las parciales e interesadas de los afectados por el procedimiento, salvo que quede evidenciado un error grosero a través de la prueba documental o pericial prácticadas, lo que no ocurre en el presente supuesto en el que por el juez a quo se recogen las lesiones y clínica que presentaba el demandante a la fecha de la calificación, de acuerdo con lo establecido en el informe médico de síntesis que, a su vez, era coherente con los informes emitidos por los facultativos que le venían estudiando en aquella fecha, siendo esa la situación a valorar al haberse recogido en los hechos probados cuarto y quinto que en febrero de 2022 fue iniciado un nuevo expediente de incapacidad permanente que concluyó sin el reconocimiento de grado, que fue seguido por otro posterior en el que con fecha 6/4/22 se reconoció al actor el grado de incapacidad permanente total, lo que como ya hemos dicho supone que las patologías del actor fueron revisadas con anterioridad al acto de juicio celebrado en el procedimiento que nos ocupa, circunstancia que impide tener en cuenta la evolución posterior que resulta, por tanto, irrelevante para la resolución de la controversia.

SEGUNDO:1. En el apartado B) se propone el examen del derecho aplicado en la sentencia, formulado dos motivos de recurso al amparo de lo establecido en el artículo 193. c) de la LRJS al objeto de examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, que serán estudiados de forma conjunta, y en los que el recurrente denuncia la infracción, por interpretación errónea, de lo dispuesto en los artículos 193 y 194 de la LGSS, al considerar en primer lugar que la patología del actor no tiene cura y que se habían agotado las posibilidades de tratamiento en septiembre de 2021, y en segundo lugar, que el actor está incluido en el grado funcional 3 de los Criterios Orientativos para la Valoración de los Trastornos del Ritmo y de la Conducción Cardiacos del Manual de Actuación para Médicos Inspectores del INSS, aplicable a pacientes con la existencia de trastornos del ritmo cardiaco o la conducción que presentan síntomas al realizar cualquier esfuerzo, por lo que el actor no puede realizar ningún esfuerzo psicofísico ante la existencia de un riesgo intrínseco de muerte, lo que le incapacita para realizar cualquier actividad laboral.

2. Al respecto, conforme establece el art. 194.5 de la ley General de Seguridad Social, RDLeg 8/2015 (en su redacción conforme a la Disposición Transitoria 26ª, en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las previsiones del nuevo texto del art. 194 precitado), se entenderá por incapacidad permanente absoluta la que impida al trabajador la realización de cualquier actividad laboral.

La configuración que de la incapacidad permanente absoluta efectúa la LGSS ha llevado a la jurisprudencia a interpretar que la declaración de la misma ha de efectuarse con un criterio restrictivo, de modo que sólo se pueda acceder a tal pretensión cuando se compruebe una situación patológica de grave alteración de salud que anule radicalmente cualquier posibilidad de actuación en el mundo laboral, atendiendo exclusivamente a las secuelas anatómico-funcionales y/o psíquicas, en su caso.

Ahora bien, ello no significa que el artículo 194.5 de la LGSS deba ser interpretado mediante un entendimiento literal y rígido sin más del tenor de sus palabras, lo que provocaría una evitación de su posibilidad de aplicación real, sino que, por el contrario, sin perder de vista la objetividad que el tenor literal comporta, el propio Tribunal Supremo ha señalado que teniendo en cuenta los antecedentes históricos, espíritu y finalidad del precepto, conforme a las reglas interpretativas establecidas por el artículo 3º del Código Civil, el grado de incapacidad permanente absoluta ha de ser reconocido no sólo al trabajador que carezca de toda posibilidad física de llevar a cabo cualquier quehacer laboral, sino también a aquel que, pese a conservar algunas aptitudes para actividades muy concretas, no tenga facultades reales de consumar con cierta eficacia y rentabilidad, exigibles en toda actividad laboral, las tareas que componen cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el mercado de trabajo.

Así pues, a los efectos del citado artículo han de valorarse, más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que generan, estas limitaciones en sí mismas, en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar sin posibilidad alguna de realizar una actividad laboral a quién las sufre, aunque sea la más simple de las actividades, y en el bien entendido de que no puede valorarse como capacidad residual aquella que únicamente permita la realización de actividades esporádicas o de carácter marginal.

3. Por tanto, definido el grado de incapacidad concretado expresamente por el actor en el acto del juicio en los términos expuestos, a partir del inalterado relato histórico, que recoge el conjunto de patologías conforme a la documentación médica obrante en autos, hemos de valorar su incidencia sobre su capacidad laboral en general, debiendo recordarse de nuevo que habida cuenta la existencia de expedientes administrativos de incapacidad permanente posteriores al que nos ocupa, habrá de valorarse el estado de salud del actor a la fecha del dictamen del EVI del expediente que dio lugar al presente procedimiento.

Por otra parte, la causa de la desestimación de la pretensión del actor en la resolución administrativa impugnada y en la sentencia de instancia fue el hecho de que no se encontraban agotadas las posibilidades terapéuticas de las dolencias diagnosticadas, y en relación con dicho requisito, en la sentencia de este TSJA, Sala de Sevilla, de 22-9-2016, nº 2387/2016, rec. 1483/2016, se recuerda la doctrina jurisprudencial reiterada seguida por esta Sala, entre otras, en sentencia nº 4.123/97 de 3 de noviembre de 1.997 (recurso nº 128/96), conforma a la cual: "Tres son, las notas características que definen el concepto legal de incapacidad permanente: 1º) Que las lesiones anatómicas y funcionales sean objetivables ("susceptibles de determinación objetiva"), es decir, que se puedan constatar médicamente de forma indudable, no basándose en la mera manifestación subjetiva del interesado; 2º) que sean "previsiblemente definitivas", esto es, incurables, e irreversibles, siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de incapacidad permanente, ya que, al no ser la medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente empírica, resulta difícil la absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de probabilidad; y 3º) que las reducciones sean graves desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto que disminuyan o anulen su capacidad laboral en una escala gradual que va desde un mínimo del 33% de disminución en su rendimiento para la profesión habitual -incapacidad permanente parcial-, la imposibilidad de realizar todas o las más fundamentales tareas de la misma -incapacidad permanente total-, hasta la abolición del rendimiento normal para cualquier profesión u oficio que el mercado laboral pudiera ofrecer -incapacidad permanente absoluta-".

Pues bien, del inalterado relato de hechos probados, se evidencia que a la fecha del dictamen del EVI de agosto de 2021, el actor padecía síndrome de Brugada en tratamiento de conducción intraventricular, siendo portador de DAI en prevención primaria desde hacía años y habiéndose practicado procedimiento de ablación de sustrato arritmógeno epicárdico el 16/3/21, fecha desde la que se encontraba en seguimiento por la Unidad de Cardiología del Hospital Virgen Macarena, habiendo tenido una sola taquicardia ventricular monomórfica sostenida sintomática el 3/6/21.

Por consiguiente, las dolencias que padecía el actor estaban en evolución y tratamiento en la fecha del hecho causante de la prestación que nos ocupa, dada la reciente intervención practicada y el seguimiento de la evolución posterior, que finalmente se consideró como no favorable, al haber sucedido hasta tres eventos arrítmicos posteriores, circunstancia que no puede ser valorada en el presente procedimiento como reiteradamente hemos afirmado, por lo que la causa de denegación de la prestación contenida en la sentencia impugnada al ser su calificación prematura no ha sido desvirtuada en el recurso.

Por tanto, las consideraciones efectuadas en relación con la documentación médica aportada de fecha posterior al informe de síntesis del expediente que nos ocupa, no pueden ser tenidas en cuenta por cuanto deben ser valoradas, en su caso, en los procedimientos judiciales que se sigan en impugnación de las resoluciones del INSS recaídas en los expedientes posteriores, sin que de la persistencia del mismo cuadro clínico residual alegada por el actor pueda deducirse el carácter permanente de las secuelas tenidas en cuenta en el presente procedimiento, por cuanto ello no contradice el hecho cierto de la falta de agotamiento de las posibilidades terapéuticas, con independencia de su resultado.

Por todo lo expuesto, el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de instancia debe ser desestimado, confirmándose en su integridad dicha resolución

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,