Sentencia Social 82/2026 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 2060/2025 de 13 de enero del 2026

que pronuncia el Magistrado JOSE FELIX LAJO GONZALEZ

Al amparo del artículo 260 LOPJ, y con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mi Tribunal, discrepo de la sentencia dictada en el recurso 2060/2025, y emito el siguiente voto particular.

Partiendo del mismo relato fáctico que asume la sentencia mayoritaria, a mi juicio, el recurso de la empresa debería ser estimado solo en parte en parte, y el despido debería ser declarado improcedente,por los fundamentos de derechosiguientes:

A.- Primer objeto de mi discrepancia.

Coincido con la mayoría de mis Sala en que el despido no constituye ninguna vulneración de la garantía de indemnidad, puesto que la decisión empresarial está conectada con las ausencias del trabajador a su puesto de trabajo. Ahora bien, la conducta del empleado, a mi juicio, no es susceptible de ser sancionada con el despido, (máximo sanción empresarial), por los motivos que expongo a continuación. La empresa ha acreditado que su decisión extintiva está totalmente desconectada de las reclamaciones y las demandas planteadas por el trabajador, y que se debe a las acreditadas ausencias a su puesto de trabajo, con independencia de la calificación última que la decisión empresarial merece, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, que no debe ser la nulidad decretada en la sentencia recurrida, ni la procedencia del despido que sostiene la mayoría de mi Sala.

B.- Improcedencia de la decisión extintiva.

Las ausencias al puesto de trabajo del actor, atendiendo a las circunstancias concurrentes, no reúnen las notas de gravedad y culpabilidad necesarias para justificar la máxima sanción del orden laboral, (el despido). Como exige nuestra jurisprudencia, se ha de hacer un examen completo y de conjunto de todas las circunstancias concurrentes, para analizar la conducta del trabajador y concluir si ha existido una indisciplina o desobediencia, o ausencias injustificadas merecedoras del despido, (calificaciones ambas que sostiene la empresa recurrente). Como expresa la jurisprudencia "Los incumplimientos contractuales previstos como causas del despido disciplinario en el art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 exigen como presupuesto inexcusable que reúnan las notas de gravedad y culpabilidad según dispone el núm. 1 de dicho precepto; ...... siendo doctrina reiterada de la Sala sobre el particular que los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con especial conocimiento del factor humano (Sentencias de 16 de octubre de 1987, 16 EDJ 1988/2241 y 21 de marzo de 1988 EDJ 1988/2376 y 20 de febrero de 1991 EDJ 1991/1821 , entre otras muchas)".

En nuestro caso, considero que la conducta del trabajador no ha sido adecuadamente ponderada por la empresa, ni permite sustentar el despido con base en el artículo 54.2 a) y b) ET. Hay que tener presente tanto la conducta del trabajador como la naturaleza de la orden o decisión empresarial. Como afirma nuestra jurisprudencia:

"...una actitud de rebeldía abierta y enfrentada contra las órdenes recibidas del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas, mediante un incumplimiento consciente y querido, de las obligaciones que el contrato de trabajo entraña para el sujeto trabajador, debiéndose dar la desobediencia, por tanto, frente a las órdenes del superior, que tenga competencia para ello, y han de ser claras y concretas, dentro del ámbito de la empresa y en el área de sus facultades; el trabajador en estos casos ha de cumplir la orden y ello sin perjuicio de su posibilidad de oponerse ante la autoridad laboral, pudiendo, únicamente, negarse a cumplirlas, sin incurrir en desobediencia, cuando el empresario actúe con manifiesta arbitrariedad y abuso de derecho o atente contra la dignidad del trabajador, T.S. 28-11-89 EDJ 1989/10643 , 28- 12-89 EDJ 1989/11866 , 10-4-90 EDJ 1990/4036 , o si la orden es claramente antijurídica, T.S. 15-3-91, o existe peligro grave e inminente, no cabiendo apreciaciones subjetivas por lo que el trabajador debe probar su existencia, TSJ Madrid, 19-2-98, debiendo ser la falta grave, al ser el incumplimiento trascendente y carecer de justificación".

En el caso que examinamos, la decisión empresarial de alterar el calendario vacacional del actor, cambiándolo unilateralmente apenas un mes antes de las fechas previstas, no se ajusta a derecho, al no respetar los dos meses de antelación que exige el artículo 38.3 ET. Es decir, la decisión empresarial no tiene amparo legal, ni constituye una legítima manifestación del poder de dirección empresarial, - artículo 20 ET-. Siendo, así, la decisión final del trabajador de mantener los días que tenía previstos como vacaciones no constituye una desobediencia grave ni las ausencias injustificadas merecedoras del despido. La decisión empresarial que está en la base de la conducta del trabajador no respeta la legalidad vigente, de manera que la actuación de este último carece de la gravedad y culpabilidad precisas, al estar conectada con una previa decisión empresarial que no respeta a la normativa laboral. Estas circunstancias deben ser tomadas en consideración para llevar a cabo una justa y ponderada valoración de las ausencias del trabajador a su puesto de trabajo en el mes de agosto de 2024. El trabajador debió accionar contra el cambio del calendario vacacional, pero la conducta empresarial no es inocua, y, en cierta medida, desencadena los hechos ulteriores, que no pueden sancionarse con el despido.

Resulta necesario citar la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de mayo de 1989 EDJ 1989/5494 , que sienta como doctrina, que nuestro ordenamiento jurídico recoge un conjunto de reglas de interpretación de las normas jurídicas que propende a una aplicación más ajustada de las mismas a las circunstancias de cada caso, reglas que deben calificarse como jurídicas y no simples ocurrencias hermenéuticas a disposición del intérprete, y entre las que destaca la de equidad, cuya ponderación es siempre obligada, conforme a lo dispuesto en el art.3.2 del Código Civil EDL 1889/1, en la aplicación de toda norma; y ello por cuanto la trasgresión grave y culpable como causa bastante para el despido, según el art. 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 si bien, como es sabido, no exige la concurrencia de un dato específico ni la constatación cuantitativa de un perjuicio económico, si precisa necesariamente de la realización de un juicio de valor que tienda a objetivar la realidad de la falta y aplicar a su resultado las normas de equidad ya aludidas; en algunas ocasiones, sigue diciendo el alto Tribunal, la norma establecerá criterios, y aún definidores de la naturaleza de la falta, que deja escaso margen al juzgador para calificarla y en otros, deberá acudir a reglas y criterios de proporcionalidad y aún a los morales y socialmente imperantes.

En este caso, atendida la actuación previa por parte de la empresa, y la conexión del caso con el derecho al descanso y a la conciliación familiar, la sanción de despido por las ausencias en el mes de agosto de 2024 no resulta equitativa ni proporcionada. Por ello el despido debió ser declarado improcedente, no nulo, y sin condena de las costas del proceso, - art.66.3 LRJS-.

Por todo lo expuesto, el recurso debería ser estimado en parte, y revocada la sentencia recurrida, declarando el despido improcedente,sin imposición de costas a la empresa recurrente; - artículo 235 LRJS-. El montante indemnizatorio, atendiendo a los datos del incontrovertido hecho probado 1º ascendería a 9.057'70 euros.

Deberíamos, por todo lo expuesto, emitir el FALLOsiguiente:

"ESTIMAMOS en parteel recurso de suplicación interpuesto por la representación de INTEGRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL S.L. y PREMIATSU S.L., (UTE INVICU-PREMIATSU), revocamos la sentencia de fecha 26 de junio de 2.025, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Vitoria, en autos 773/2024 y, estimando en parte la demanda, declaramos el despido improcedente,condenando solidariamente a las codemandadas a que en el plazo de cinco días opten en la readmisión de don Ovidio, con abono de los salarios de trámite, o el abono de una indemnización a su favor de 9.057'70 euros; sin imposición de costas."

Por este mi voto particular, lo firmo, en la ciudad de Bilbao, a 13 de enero de 2026.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letradodirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábilessiguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar,al prepararel recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

Igualmente y en todo caso, salvo los supuestos exceptuados, el recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de prepararel recurso, la consignación de un depósitode 600 euros.

Los ingresosa que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del BANCO SANTANDER, o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del BANCO SANTANDER, se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699000066206025.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 4699000066206025.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.