Sentencia Social 291/2026 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 111/2026 de 13 de abril del 2026

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada por la Plaza 2, sección Social del Tribunal de Instancia de Zaragoza, de fecha 29.09.2025, que desestimó las demandas formuladas por las mercantiles Auxiliar Metalgráfica Aragonesa S.L. y Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L., en impugnación de la resolución del INSS que acordó imponer a ambas, de forma solidaria, el recargo en cuantía del 35 %, de las prestaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido por el trabajador D. Florian, se alzan ambas demandantes en suplicación interesando la revocación del recargo impuesto y, subsidiariamente, que se reduzca al porcentaje mínimo del 30 %. Ambas recurrentes denuncian infracciones de las normas sustantivas y jurisprudencia que las interpreta, y, además, la mercantil Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. interesa la revisión de los hechos probados de la sentencia.

Tanto el INSS como la codemandada Dña. Miriam, viuda del trabajador fallecido, impugnan los recursos formulados interesando su desestimación.

RECURSO GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS S.L..-

SEGUNDO.- MOTIVOS DE REVISIÓN FÁCTICA

Al amparo del apartado b) del art. 193 de la LRJS, interesa la recurrente Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. una nueva redacción al hecho probado cuartoy ello para que, en el penúltimo párrafo del mismo, se sustituya el enunciado: "En consecuencia, si el trabajador siniestrado se dirigió al evaporativo 2.1 para hacer alguna comprobación relacionada con el correcto funcionamiento del evaporativo 2.3 necesariamente tuvo que soltar el anclaje de la línea de vida para saltar dicho soporte, al utilizar arnés de un solo elemento de anclaje y no disponer de carro de traslación que le permitiese pasar los soportes sin necesidad de desconectarlo.",por el siguiente texto:

«En consecuencia, si el trabajador siniestrado se dirigió al evaporativo 2.1 para hacer alguna comprobación relacionada con el correcto funcionamiento del evaporativo 2.3, la presencia del poste obligaba al trabajador a desanclar y anclar en un mismo acto para pasarlo, en ningún caso obligaba al trabajador a deambular por la cubierta sin sujeción ya que la acción no necesitaba desplazamiento alguno."

Nada más acceder por la escala a la cubierta de la nave 1, ya se encuentra una línea de vida para anclarse a ella y además está señalizado el uso obligatorio de arnés y dispositivo anticaídas.»

Insta asimismo la recurrente revisión del hecho probado quinto,al objeto de que el se sustituya el párrafo "No utilizó el equipo de protección anticaída, aunque el trabajador llevaba arnés de seguridad con una cuerda, cuando subió a cubierta, o no se sujetó a la línea de vida, como parece inferirse por las imágenes grabadas, o se soltó en algún momento y no estaba sujeto en el momento de pisar el lucernario"por el siguiente texto:

«De las grabaciones de las cámaras ubicadas en la cubierta de AUXIMARA, entregadas por esta empresa a la Autoridad Laboral, analizadas en el Informe Técnico del ISSLA - Documento 86 EJE- y en el Informe de Investigación del accidente de trabajo por MAS PREVENCIÓN - Documento15 EJE-, y de las fotografías del cuerpo yacente del SR. Florian en el momento de su caída que constan en ambos informes, se verifica que el accidentado en ningún momento utilizó el EPI, nunca se ancló a la línea de vida.»

Por último, interesa la recurrente, al amparo del mismo apartado b) del art. 193, la adición de un nuevo hecho probado duodécimodel tenor literal siguiente:

«El accidente laboral fue investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de la Almunia de Doña Godina, bajo las diligencias previas nº 380/2021, dictándose auto de sobreseimiento provisional y archivo, de 12 de enero de 2023 , en cuya fundamentación jurídica se dispone:

ÚNICO.- De todo lo actuado se desprende que el 22 de junio de 2021, el trabajador de la empresa Gestión de Mantenimiento y Procesos SL, D. Florian, se encontraba prestando sus servicios profesionales en la empresa Auxiliar Metalgráfica Aragonesa SL (AUXIMARA) de la localidad de Epila.

Tanto a él como a su compañero, D. Emilio, se les había encargado labores de reparación de un equipo evaporativo instalado sobre la cubierta de las naves de la empresa AUXIMARA. El accidente se produjo al caer el trabajador desde la citada cubierta al suelo de la nave produciéndose desgraciadamente el fallecimiento del mismo.

Pues bien, en el momento que el trabajador tuvo el accidente, si bien portaba el preceptivo arnés de seguridad, no se encontraba anclado a la línea de vida existente, siendo éste el principal y único motivo del siniestro: la comisión de una grave imprudencia por parte del trabajador defenestrado.

El trabajador contaba con la necesaria formación relativa a la realización de trabajos en altura, así como de prevención de riesgos laborales. Asimismo, la empresa Gestión de Mantenimiento y Procesos SL le había proporcionado útiles que garantizaban el desempeño de su actividad con las medidas de seguridad necesarias (arnés) y Auxiliar Metalgráfica Aragonesa SL (AUXIMARA) contaba con los instrumentos necesarios para el uso de dichas medidas de seguridad (línea de vida).

Por todo ello, y con independencia de la responsabilidad administrativa que pueda derivarse derivada de una inadecuada valoración de los riesgos del puesto de trabajo y/o de una falta de señalamiento adecuado y/o de una falta de vigilancia, no existen indicios suficientes que permitan incardinar el supuesto de hecho en uno de aquellos de los que deriva responsabilidad criminal, por lo que procede declarar el sobreseimiento provisional de la causa ya que las diligencias practicadas no permiten acreditar debidamente indicios de la presunta comisión del ilícito que se investiga.»

El de suplicación es un recurso de naturaleza extraordinaria, cuasi casacional, en el que el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada en autos. El párrafo b) del art. 193 exige el cumplimiento de exigencias concretas para su viabilidad, exigiendo la jurisprudencia el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04 y 23/12/10, rec. 4.380/09).

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, rec. 216/2010).

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación de la juzgadora, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c) Siendo el procedimiento laboral un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye, en toda su amplitud, únicamente al juzgador de instancia, quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente es viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal "ad quem" pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al juzgador de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el artículo 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo.

e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo, es decir, con influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

TERCERO.- Pues bien, sobre la base de las premisas expuestas, deberemos examinar las solicitudes de variación de hechos probados que realiza la empresa Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. recurrente.

Y comenzando por la nueva redacción que se propone del hecho probado cuarto de la sentencia, debe ser desestimada toda vez que en dicho hecho probado la sentencia no establece que el trabajador tuviera que deambular por la cubierta sin sujeción. Y tampoco se admite la modificación por la que se pretende adicionar que está señalizado el uso obligatorio de arnés y dispositivo anticaídas nada más acceder a la cubierta de la nave, pues este extremo no es objeto de discusión, partiendo la redacción de la sentencia, tanto en sus hechos probados como en su fundamentación de la existencia de tal obligación sin que se atribuya a las empresas deficiencia alguna en la señalización in situ de la misma.

En cuanto a la redacción que se propone para el hecho probado quinto de la sentencia, debe ser asimismo desestimada. La redacción propuesta, que se concluye con la afirmación de que "el accidentado en ningún momento utilizó el EPI, nunca se ancló a la línea de vida"no resulta, en absoluto, de los documentos en los que se ampara la modificación propuesta, pues ni el Informe del ISSLA ni el informe de MAS Prevención, concluyen con tal categórica, concluyente y terminante afirmación, que tampoco puede obtenerse de las fotografías del trabajador en el suelo de la nave tras el accidente. Como acertadamente explica la impugnante del recurso, Dña. Miriam, el mosquetón que el trabajador lleva anclado a la espalda, es uno de los extremos de la cuerda o anclaje que ha de fijarse a la línea de vida (en uno de sus extremos) y al cuerpo del trabajador (en el otro extremo).

Finalmente, y por lo que respecta a la solicitud de adición de un nuevo hecho probado 12º, que recoja el tenor literal de la fundamentación jurídica del auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado e 1ª instancia e Instrucción nº 1 de La Almunia de Doña Godina, también se desestima toda vez que en el hecho probado séptimo de la sentencia ya se da por reproducido, en su integridad, el contenido de dicho auto.

CUARTO.- MOTIVOS DE INFRACCIÓN JURÍDICA

Con correcto amparo en el apartado c) del art. 193 LRJS, denuncia la recurrente Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. infracción de las normas sustantivas y jurisprudenciales del art. 164 Ley General de la Seguridad Social y 29.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, alegando la inexistencia de infracciones generadoras del recargo de prestaciones. Alega la recurrente que en su conducta no se produjo ninguna infracción, y que ya el auto de sobreseimiento en el proceso penal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de la Almunia de Doña Godina deja constancia de ello. Señala la recurrente que no es cierto que no se evaluara el riesgo de caída en altura en la cubierta de AUXIMARA, ni que no se hubieran establecido las medidas preventiva a adoptar, negando asimismo que existiera para ella obligación de designar recurso preventivo en la reparación realizada, sin perjuicio de que ambos trabajadores desplazados a las instalaciones de AUXIMARA tenían formación suficiente para ejercer como recursos preventivos, y que, a tal fin, fue designado el compañero del trabajador accidentado, D. Emilio, quien llevó a cabo su función vigilando que el trabajador accidentado se colocara los EPI's necesarios.

En este punto, ha de advertirse en primer término que, la conclusión que puede alcanzarse en el ámbito penal no resulta necesariamente extrapolable al ámbito laboral, al regirse por distintos principios. Y es que, acerca de la relación de una sentencia penal absolutoria dictada sobre el mismo accidente y la posterior del orden social sobre sanción o recargo de prestaciones, como ya recordaba esta Sala en S. de 21.07.2025, rsu 543/2025, "dice la STS de 8-4-2025, r. 101/24 : "La valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado [...] el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido.

Este sentido de independencia de uno y otro orden jurisdiccional, en orden a la valoración de la prueba -con los límites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la sentencia penal sobre la civil- ha sido proclamado en doctrina constante de este Tribunal Supremo [...], en cuanto - sentencias del Tribunal Constitucional 24/1983 de 23-febrero , 36/1985 de 8-marzo y 62/1984 de 2 mayo - sostienen que 'la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta'.

Esta valoración diferente de los hechos podría encontrar explicación y justificación, alternativa o cumulativamente, en la distinta actividad probatoria desplegada en uno y otro orden jurisdiccional, o en el distinto grado de convicción judicial que exige la condena en el orden penal, en el que hay que atenerse a principios, como la presunción de inocencia y el "in dubio pro reo", que no son de aplicación en la calificación de las conductas de incumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales".

Por lo demás, cabe añadir que la doctrina jurisprudencial ha reiterado que un auto de sobreseimiento provisional no equivale a una sentencia penal absolutoria ( sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1997-recurso 1377/1996, 8 de junio de 1998 -recurso 1813/1995-, y 31 de enero de 2006 - recurso 44/2004-, entre otras).

De acuerdo con ello, no abe sostener la inexistencia de infracción alguna en materia preventiva, en la conducta empresarial de la recurrente sobre la base de lo que razona el auto de sobreseimiento provisional del juzgado e 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de La Almunia de Doña Godina.

Las omisiones/infracciones en materia preventiva que la sentencia impugnada atribuye a la recurrente GMP como determinantes en la producción del accidente a consecuencia del cual se produjo el fallecimiento del trabajador Sr. Florian, son dos: la no realización de la evaluación del riesgo de caída de altura que originaban los trabajos a ejecutar; y la falta de asignación de la presencia de recurso preventivo.

Y en orden a tales infracciones en materia preventiva, cabe señalar en primer término y por lo que se refiere a la deficiencia en la evaluación de riesgos laborales, que la sentencia impugnada declara como hecho probado, ciertamente, que la recurrente GMP evaluó los riesgos de caída en altura de la cubierta de AUXIMARA en el año 2011, cuando realizaron los trabajos de automatización de sistemas evaporativos de la cubierta. Siendo esto así, también declara probado que la entidad recurrente procedió a ejecutar los específicos trabajos de reparación de los evaporativos de dicha cubierta, en el mes de junio de 2021 (diez años después), sin realizar previamente una evaluación específica del riesgo de caída de altura que aquellos ocasionaban, y sin adoptar medida técnica alguna de protección colectiva frente a dicho riesgo. Expone la sentencia recurrida que la evaluación de riesgos de la empresa GMP elaborada por el servicio MAS Prevención de fecha 29/04/2021 , la que tenía elaborada inmediatamente anterior al accidente del trabajador Sr. Florian, y, por tanto, vigente a fecha del mismo, no contemplaba el riesgo de trabajos en altura ("los trabajos en altura no se realizan"), omisión que no considera-y esta Sala coincide en ello- se trate de un defecto meramente formal, subsanado con posterioridad al accidente mortal. Sin haber evaluado los riesgos de caída por trabajos en altura, la empresa asigna a realizar los trabajos a Emilio y a Florian, portando éste un arnés anticaídas de un solo cabo, esto es, un solo tramo de cuerda o cinta que no permitía pasar de una posición de riesgo a otra, siendo necesario el arnés de doble cabo cuanto el trabajador, durante la ejecución de los trabajos debe pasar de un anclaje a otro, siendo una medida preventiva clave en trabajo de altura, y más cuando se requiere movilidad entre puntos de anclaje. La falta de evaluación del riesgo de caída por trabajos en altura resulta incuestionable.

En relación con la designación de recurso preventivo para los trabajos que se iban a llevar a cabo en la cubierta de las instalaciones de AUXIMARA, cuya falta imputa la sentencia impugnada a la recurrente GMP, argumentando que el nombramiento meramente formal de uno o de ambos trabajadores como recurso preventivo no es la designación que exige la norma ( art. 32 bis LPRL y 22 bis del RD 604/2006, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención) alega la recurrente que ambos trabajadores tenía formación para ejercer como recurso preventivo y que se asignó a D. Emilio para ejercer dicha función tal como queda establecido en el hecho probado segundo de la sentencia. Añade que es cierto que no se realizó asignación formal de recurso preventivo para el día 22 de junio de 2021 en la cubierta de AUXIMARA, porque sería irracional que la empresa tuviera que realizar diariamente una designación para cada avería que va a reparar, y que no está previsto en ninguna norma. Termina añadiendo que ni siquiera concurren los requisitos legales para exigirle la presencia de recurso preventivo, pues los trabajos realizados no podían ser calificados como peligrosos o con riesgos especiales, ni tenían riesgo grave de caída. Apoya esta aseveración en el criterio técnico 83/2010.

Pues bien, comenzando por esta última afirmación, ha de advertirse que el Criterio Técnico 83/2010 expresamente considera trabajos con riesgos especiales de altura respecto de los que se puede exigir la presencia de dicho recurso, los que se realizan a más de 6 metros de altura o menor pero en los que la protección no puede ser asegurada totalmente sino mediante la utilización de un equipo de protección individual frente al referido riesgo, que es, precisamente el supuesto que nos ocupa, sin que pueda compartirse, en absoluto, la afirmación que contiene el recurso sobre que la actividad desarrollada anulaba el riesgo de caída con el mero uso del arnés y de las líneas de vida. Por lo demás, y en cuanto al incumplimiento de la obligación de designar recurso preventivo, esta Sala no puede sino remitirse a lo que consta como probado en la sentencia (HP 2º, párrafos 4º a 6º), que permanece incólume, que "La empresa GESTION DE MANTENIMIENTO Y PROCESOS S.L, para el concreto trabajo a realizar en AUXIMARA, no designó recurso preventivo que estuviese presente para vigilar que se adoptaban las medidas preventivas necesarias para eliminar o controlar el riesgo de caída libre por parte del trabajador que debía acceder, desplazarse y permanecer para realizar los trabajos en la cubierta de nave de AUXIMARA, de 6 metros de altura, no transitable por la existencia de lucernarios formados por placas de material frágil o de poca resistencia (policarbonato). Dichos lucernarios no están cubiertos por rejas o emparrillado metálico que impidan pisarlos o que impidan la caída a través suyo, en caso de rotura.

La forma habitual de actuar de la empresa GMP es realizar una "designación general" de recurso preventivo a los mismos trabajadores a los que encomiendan un determinado trabajo...

En fecha 13/11/18 la empresa GMP y el trabajador D. Emilio suscriben un documento en el que se "designa" a dicho trabajador como "RECURSO PREVENTIVO, en el que se dice: "Su misión consistirá en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia". Ante tales hechos, se comparte con la juzgadora de instancia la conclusión que se contiene en el fundamento de derecho quinto: GMP no designó ningún recurso preventivo para los trabajos a realizar en el centro de trabajo de AUXIMARA, designación que no se cumple con un nombramiento meramente formal. Este nombramiento formal sobre el trabajador D. Emilio, que realizaba su tarea en las instalaciones de AUXIMARA en el interior de la nave, es completamente ineficaz, pues no le permitía cumplir con ese vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas relacionadas con los riesgos que se deriven del trabajo, en qué consisten las funciones del recurso preventivo, ni le permite hacer las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. Y es que aunque el recurso preventivo puede desarrollar de forma simultánea una actividad productiva distinta, ello solo es posible si la labor de vigilancia no se menoscaba.

QUINTO.- Denuncia asimismo la recurrente GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS, al amparo del apartado c) del art. 193 LRJS, infracción del art. 164 LGSS y de la jurisprudencia relativa a la ausencia de relación de causalidad entre las presuntas infracciones cometidas por GMP y el accidente acontecido. Refiere la recurrente en este apartado que las dos presuntas infracciones que le imputa la sentencia no fueron la causa del accidente de trabajo, el cual aconteció por la imprudencia temeraria del trabajador accidentado, según explica en el motivo siguiente de su escrito de recurso, en el que, con igual amparo en el art. 193 c) de la LRJS, denuncia infracción del art. 164 LGSS y de la jurisprudencia relativa a la ruptura de la relación de causalidad por el comportamiento del trabajador.

En relación a la valoración de la conducta del trabajador accidentado, esta Sala en sentencia de 21.07.2025, rsu 543/2025 recuerda que "...la imprudencia temeraria del accidentado libera a su patrono de responsabilidad, conforme a los artículos 115-4 y 123-1 de la LGSS (hoy art. 156-4 y 164-1 del vigente Texto Refundido de esa ley), en relación con el 15-4 de la LPRL " ( STS de 28-2-2019, r. 508/17 ).

Pero bien entendido que "la infracción de normas de seguridad no se contrarresta por la imprudencia del trabajador" (por todas, SSTS 12-7-2007, R. 938/06 , 22-7-2010, R. 1241/09 , y de 25-10-2016 ).

En la Sentencia de esta Sala de 4-3-2025, r. 81/25 hemos recogido el criterio jurisprudencial: "En relación con la imprudencia temeraria del trabajador, la STS de 20-1-2010, r. 1239/09 , explica: "Lo que se ha producido es una concurrencia de culpas (...) la culpa de la víctima no rompe el nexo causal que proviene del agente externo, en este caso los incumplimientos de la empresa, salvo cuando el daño se ha producido de forma exclusiva por una actuación culposa imputable a la víctima(...) el exceso de confianza del trabajador, que en no pocas ocasiones contribuye a los daños sufridos por los empleados en el ámbito laboral, no borra ni elimina la culpa o negligencia de la empresa y sus encargados cuando faltan al deber objetivo de cuidado consistente que el trabajo se desarrolle en condiciones que no propicien esos resultados lesivos (...) la imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo no tiene", cuando no opera como causa exclusiva del accidente, "entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo; siendo de resaltar que incluso la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever la distracción o imprudencia no temerarias que pudiera cometer el trabajador" (...). La imprudencia temeraria, a la luz de lo dispuesto en el artículo 115 de la LGSS , art. 156 del RD Leg. 8/2015, de 30 de octubre , se diferencia de la imprudencia profesional de manera palmaria en el precepto; esta última especie de imprudencia, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo, es consecuencia del ejercicio habitual del trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira por la repetición de unos mismos actos, en tanto que la imprudencia temeraria presupone una conducta en la que su autor asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas; en otras palabras, puede concebirse como el patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible, definida en la sentencia de la Sala 4ª del TS de 16/7/1985 como aquella conducta del trabajador en que excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente."

La STS de 4-7-2023, r. 3749/20 , reitera este criterio, y añade: "El supuesto litigioso sí que encaja en el concepto de imprudencia temeraria, en su significado jurídico-doctrinal, dado que no se observó en la conducta la más elemental cautela o prudencia que resultaba exigible. Por el contrario, la falta total de cuidado del trabajador accidentado y la gravedad de su conducta adquirieron una intensidad claramente relevante. Sin dejar de observar el deslinde y proyección del concepto de imprudencia en el ámbito penal y en sede laboral, así como la necesaria protección que opera en este último, la calificación de la imprudencia ha de ser de temeraria cuando el trabajador ha omitido la más elemental diligencia, prudencia y cautela, asumiendo un riesgo evidente e innecesario de puesta en peligro de su vida, que llega a materializarse en un accidente..."

Finalmente, reitera la STS de 5-6-2024 (r. 793/21 ): "para que proceda la imposición del recargo de prestaciones es necesario que haya mediado relación causal entre la infracción apreciada y el accidente sufrido, de manera tal que el suceso dañoso haya sido determinado por el incumplimiento empresarial".

SEXTO.- Señala la sentencia impugnada en la cuestión examinada (fundamento jurídico quinto, pág. 26-27) que "Asumiendo que, en el preciso instante en el que el trabajador pisa la placa del lucernario y ésta se rompe, cayendo el trabajador desde una altura de unos 6 metros e impactando contra el suelo (el pasillo de tránsito de la nave de AUXIMARA), para que concurra la imprudencia temeraria del trabajador es preciso que éste observe una conducta que asuma riesgos manifiestos innecesarios y especialmente graves, ajenos a la conducta usual de las gentes.

En el presente supuesto el trabajador al subir a la cubierta llevaba puesto el arnés de un solo cabo, y no existe certeza de que no lo anclara a la línea de vida mientras examinaba el evaporito 2.2 y seguía las indicaciones que le daba su compañero, Sr. Emilio, por el teléfono móvil. El Sr. Emilio en su segunda declaración ante el inspector (página 7 del Acta de Infracción) dijo que llevaban "25 minutos comprobando componentes del evaporativo 2.2" y, en el curso de dicha comprobación, detectaron que podía haber un mal funcionamiento del evaporativo 2.3 dado que el limitador saltaba en exceso de consumo, y que comunicó dicha incidencia a su compañero por el teléfono móvil, desconociendo si el Sr. Florian intentó dirigirse al evaporativo 2.3 para hacer alguna comprobación visual o algún tipo de manipulación en dicho equipo; para lo cual debía de desenganchar el arnés, tal y como se recoge en el Acta de Inspección de Trabajo, dado que no se le había facilitado carro de traslación. En el momento de la caída el trabajador no estaba enganchado a la línea de vida y no es descartable que, en el preciso instante en el que se desengancha, con finalidad de examinar el evaporativo 2.3, se produjese su caída tras pisar el lucernario. En el momento de la caída mortal el trabajador llevaba puesto el arnés, de una cuerda de anclaje.

La conducta del trabajador no puede ser calificada como imprudencia temeraria, sino de mera imprudencia. La Administración la ha calificado de imprudencia profesional, calificación que se estima correcta".

La Sala comparte esas mismas conclusiones acerca del comportamiento del trabajador, quien pudo incurrir en imprudencia profesional, consecuencia del ejercicio habitual del trabajo, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo.

SÉPTIMO.- El último motivo del recurso de la entidad Gestión y Mantenimiento de procesos, denuncia, al amparo del art. 193 c) de la LRJS, infracción en la aplicación del Art. 164 LGSS y de la jurisprudencia que lo desarrolla, en relación con la graduación del porcentaje de recargo aplicable, interesando que, atendiendo a la manifiesta imprudencia del trabajador, se reduzca éste al 30%. Se indica en el recurso que la sentencia impugnada ha obviado esta petición resolviendo sin motivación alguna sobre la improcedencia de la minoración reclamada. Pues bien, la sentencia dedica su fundamento jurídico sexto para abordar la pretensión referida, concluyendo que el recargo en la cuantía impuesta (del 35%) dentro del porcentaje mínimo previsto en la norma "es proporcionado a la gravedad de las infracciones cometidas por las empresas infractoras y el resultado dañoso causado, siendo éste el fallecimiento; habiéndose ponderado la concurrencia de culpa del trabajador. El porcentaje fijado se estima correcto y adecuado a las circunstancias del caso, y está correctamente motivado".

Esta Sala, en la sentencia antes mencionada de 21.07.2025, rsu 543/2025, recordaba que "sobre la cuantía o porcentaje del recargo, dice STS 4-12-2024, r. 3939/21 : "la decisión del juez de instancia sobre la cuantía porcentual de recargo en cuestión, en cuanto predeterminada por un criterio legal -la "gravedad de la falta"-, puede ser reconsiderada en suplicación para comprobar si excede o no del margen de apreciación que le es consustancial; y lo mismo cabría decir, y por la misma razón, de las propias resoluciones en la materia de las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, revisables en derecho por el cauce del recurso de casación para la unificación de doctrina. el fundamento de la posición que ahora se adopta estriba en que la apreciación en un caso concreto de la "gravedad de la falta" o infracción de medida de seguridad está guiada por conceptos normativos -peligrosidad de las actividades, número de trabajadores afectados, actitud o conducta general de la empresa en materia de prevención, instrucciones impartidas por el empresario en orden a la observancia de las medidas reglamentarias, etc.-, que han sido establecidos en la legislación preventiva, y cuya aplicación a un supuesto concreto constituye un acto de calificación jurídica, subsiguiente y separable de la fijación o determinación de los hechos del caso." ( SSTS de 19 de enero de 1996 Rec. 536/95 y de 1 de febrero de 2006, Rcud. 4183/04 ).

El precepto -en referencia al artículo 164 LGSS que establece el recargo de prestaciones- no contiene criterios precisos de atribución, pero sí indica una directriz general para la concreción del referido recargo que es la "gravedad de la falta". Esta configuración normativa supone reconocer un amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la citada cuantía porcentual, pero implica también que la decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con esta directriz legal ( STS 4 de marzo de 2014, Rec. 788/13 )".

Y el supuesto que nos ocupa, al igual que el que examinó el recurso señalado, el recargo no se ha impuesto en su cuantía máxima, precisamente considerando la influencia que en el resultado tuvo la imprudencia del trabajador, profesional no temeraria, y la coexistencia con la actuación y corresponsabilidad de la empresa de la que dependía el accidentado, sin que se justifiquen circunstancias suficientes para reducir al mínimo el porcentaje de recargo declarado (35%).

Por todo ello, el motivo se desestima, e, inexistentes las infracciones legales denunciadas por GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROCESOS S.L., el recurso interpuesto por ésta debe ser desestimado.

RECURSO DE AUXILIAR METALGRÁFICA ARAGONESA S.L.

OCTAVO.- El primer motivo del recurso que formula la recurrente Auxiliar Metalográfica Aragonesa S.L., AUXIMARA, con correcto amparo procesal en el art. 193-c) de la LRJS, denuncia la infracción por aplicación indebida del art. 24.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales.

Sostiene la recurrente que, atendiendo a la circunstancia de que los trabajos contratados con GMP (reparación del evaporito de la cubierta de la nave) no constituyen propia actividad de AUXIMARA (dedicada a la fabricación de tarros de conserva) la obligación exigible es la que establece el art. 24.2 de la LPRL y no la que impone el apartado 3 del mismo artículo. Y, conforme a ello, alega en el recurso que cumplió con las obligaciones en materia de coordinación que le eran exigibles, facilitando toda la información de los riesgos que pueden darse, además de que GMP tenía conocimiento total de la cubierta y de los medios necesarios para salvaguardar la seguridad de sus empleados. Argumenta en el recurso que no le era exigible ofrecer a la contratista el carro de traslación, pues sus funciones no incluyen el ofrecimiento a los trabajadores de la contrata de los medios de seguridad, y tampoco existía para ella obligación de designar recurso preventivo, concluyendo que no existe déficit en la actividad de coordinación de AUXIMARA.

A este respecto, debemos tener en cuenta la STS de septiembre de 2018 -Rcud. 144/2017 -, que trata la cuestión de la posible responsabilidad de la empresa principal cuando se impone el recargo de prestaciones a consecuencia del accidente padecido por una persona trabajadora de una contratista que realiza determinadas tareas para una empresa principal. Esta sentencia razona que cabe extender al empresario principal la responsabilidad, aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad siempre que haya incumplimientos determinantes del accidente. Concretamente, el TS argumenta que la empresa principal puede ser responsable solidariamente del recargo de prestaciones del art. 164 LGSS junto con la empresa auxiliar, aunque no se trate de contrata de la propia actividad de la empresa, pues lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad. Señala el TS que la circunstancia de que las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se imponga el recargo de prestaciones, siendo igualmente errónea la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables.

En el supuesto de autos el trabajador accidentado era empleado de la empresa a la que AUXIMARA contrató para realizar trabajos que correspondían a una actividad distinta a la que le era propia. La sentencia de instancia relaciona los incumplimientos en que ha incurrido la referida empresa principal, en el fundamento de derecho quinto, páginas 24 a 26. Declara la juzgadora de instancia que AUXIMARA se limitó a un cumplimiento meramente formalde su obligación de coordinación de actividades empresariales en materia preventiva con la empresa GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROCESOS, S.L solicitando a ésta que le remitiera su evaluación de riesgos, pero una vez recibida ésta no comprobó si esa evaluación de riesgos tenía en cuenta los riesgos generados por los trabajos que se iban a realizar en su centro de trabajo y las medidas preventivas para su eliminación o control, y si lo hizo, no dio instrucciones a la empresa contratista para que analizara dichos riesgos y los incluyera en su evaluación. No verificó la documentaciónfacilitada por GMP en cumplimiento del artículo 4.2 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. No verificó que la evaluación de riesgos remitida por GMP contemplase los riesgos de los trabajos en cubierta. Y singularmente, afirma la sentencia que la citada empresa principal no advirtió que la evaluación de riesgosenviada no tenía en cuenta la realización de trabajos en cubiertas y el riesgo de caída de alturasasociado a estos trabajos, y que no establecía las correspondientes medidas preventivas.También se indica que la cubierta de AUXIMARA era no transitable, debido a la existencia de lucernarios formados por material plástico,frágil y de poca resistencia, que ocupan casi una quinta parte de su superficie, y no están cubiertos por rejas o emparrillado metálicoque impidan pisarlos o que impidan la caída a través suyo en caso de rotura. Aun contando la instalación con un sistema de líneas de vida en la cubierta, el uso efectivo del arnés de seguridad no evita la rotura de las placas de material plástico de los lucernarios en caso de que éstas sean pisadas accidentalmente, pero sí evita la caída libre del trabajador hasta el suelo de la nave al quedar retenido por la cuerda de anclaje del arnés. Siendo el uso de un equipo de protección individual anticaídas (arnés de seguridad) el único medio de protección adoptado por la empresa GMP para la realización de los trabajos de reparación de evaporativos, sólo el uso efectivo de dicho equipo de protección individual mediante su conexión o sujeción a las líneas de vida que ya se encontraban instaladas sobre la cubierta garantizaba realmente una protección eficaz frente al riesgo de caída durante el tránsito o permanencia sobre la cubierta. Y en tal situación, la sentencia razona que era exigible a la empresa principal titular de la instalación, la designación de recurso preventivo, atendiendo al Criterio técnico 83/2010, sobre presencia de recurso en las empresas. Se añaden como incumplimientos de AUXIMARA la deficiente señalización de los lucernarios, así como la falta de instalación de medidas colectiva (red metálica lucernario) que hubieran evitado la caída del trabajador incluso aunque no se hubiera enganchado a la línea de vida o hubiera tenido que desengancharse para la ejecución del trabajo. Pues bien, aun pudiendo discutirse la obligación para la empresa principal de designar recurso preventivo para la ejecución de los trabajos contratados a GMP, que son ajenos a la propia actividad de aquella, es lo cierto que se evidencian en su actuación, según se ha expuesto, toda una serie comportamientos que constituyen incumplimientos en materia preventiva, relevantes en el accidente con resultado mortal que se produjo en sus instalaciones

Se concluye con todo ello que, efectivamente, la recurrente infringió lo dispuesto en el art. 24.1 y 2 de la LRJS, a cuyo tenor:

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

Y con ello, se concluye que asimismo AUXIMARA es empresario responsable del recargo del art. 164. LGSS.

NOVENO.- En los motivos tercero y cuarto del recurso, Auxiliar Metalgráfica Aragonesa denuncia infracción por aplicación indebida del art. 164.2 LGSS, que requiere la relación directa y unívoca entre un incumplimiento de las normas de seguridad y la producción del accidente, con fundamento en que éste se produce por la negligencia temeraria de trabajador que no pertrecha el arnés con doble cabo, no ancla el arnés a la línea de vida, cuando tiene formación e información del riesgo de caída, y a su disposición, los medios materiales de seguridad para hacerlo; y asimismo, infracción por aplicación indebida del art. 164.1 LGSS que permite la atemperar el recargo en función de las circunstancias, y destacadamente la inferencia de la negligencia del trabajador.

Pues bien, en este punto, debemos remitirnos a lo expuesto en los anteriores fundamentos (quinto, sexto y séptimo,) en relación con las infracciones que, en igual sentido, se contienen en el recurso de Gestión de Mantenimiento y Procesos, y que deben resolverse del mismo modo, en sentido desestimatorio.

DÉCIMO.- En definitiva, inexistentes las infracciones legales denunciadas en ambos recursos, procede su desestimación y la confirmación de la sentencia impugnada. Doctrina plenamente aplicable al caso que nos ocupa, razón por la cual hemos de desestimar también este recurso y confirmar la Sentencia de la instancia.

UNDÉCIMO.- Al no gozar las empresas recurrentes del beneficio de justicia gratuita, ha de disponerse la pérdida de la consignación y del depósito que constituyeron para recurrir, y condenarles a abonar a los letrados de las partes impugnantes de sus recursos la cantidad de 800 € en concepto de honorarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204.1 y 4, y 235.1 de la LRJS.

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente,

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada por la Plaza 2, sección Social del Tribunal de Instancia de Zaragoza, de fecha 29.09.2025, que desestimó las demandas formuladas por las mercantiles Auxiliar Metalgráfica Aragonesa S.L. y Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L., en impugnación de la resolución del INSS que acordó imponer a ambas, de forma solidaria, el recargo en cuantía del 35 %, de las prestaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido por el trabajador D. Florian, se alzan ambas demandantes en suplicación interesando la revocación del recargo impuesto y, subsidiariamente, que se reduzca al porcentaje mínimo del 30 %. Ambas recurrentes denuncian infracciones de las normas sustantivas y jurisprudencia que las interpreta, y, además, la mercantil Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. interesa la revisión de los hechos probados de la sentencia.

Tanto el INSS como la codemandada Dña. Miriam, viuda del trabajador fallecido, impugnan los recursos formulados interesando su desestimación.

RECURSO GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS S.L..-

SEGUNDO.- MOTIVOS DE REVISIÓN FÁCTICA

Al amparo del apartado b) del art. 193 de la LRJS, interesa la recurrente Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. una nueva redacción al hecho probado cuartoy ello para que, en el penúltimo párrafo del mismo, se sustituya el enunciado: "En consecuencia, si el trabajador siniestrado se dirigió al evaporativo 2.1 para hacer alguna comprobación relacionada con el correcto funcionamiento del evaporativo 2.3 necesariamente tuvo que soltar el anclaje de la línea de vida para saltar dicho soporte, al utilizar arnés de un solo elemento de anclaje y no disponer de carro de traslación que le permitiese pasar los soportes sin necesidad de desconectarlo.",por el siguiente texto:

«En consecuencia, si el trabajador siniestrado se dirigió al evaporativo 2.1 para hacer alguna comprobación relacionada con el correcto funcionamiento del evaporativo 2.3, la presencia del poste obligaba al trabajador a desanclar y anclar en un mismo acto para pasarlo, en ningún caso obligaba al trabajador a deambular por la cubierta sin sujeción ya que la acción no necesitaba desplazamiento alguno."

Nada más acceder por la escala a la cubierta de la nave 1, ya se encuentra una línea de vida para anclarse a ella y además está señalizado el uso obligatorio de arnés y dispositivo anticaídas.»

Insta asimismo la recurrente revisión del hecho probado quinto,al objeto de que el se sustituya el párrafo "No utilizó el equipo de protección anticaída, aunque el trabajador llevaba arnés de seguridad con una cuerda, cuando subió a cubierta, o no se sujetó a la línea de vida, como parece inferirse por las imágenes grabadas, o se soltó en algún momento y no estaba sujeto en el momento de pisar el lucernario"por el siguiente texto:

«De las grabaciones de las cámaras ubicadas en la cubierta de AUXIMARA, entregadas por esta empresa a la Autoridad Laboral, analizadas en el Informe Técnico del ISSLA - Documento 86 EJE- y en el Informe de Investigación del accidente de trabajo por MAS PREVENCIÓN - Documento15 EJE-, y de las fotografías del cuerpo yacente del SR. Florian en el momento de su caída que constan en ambos informes, se verifica que el accidentado en ningún momento utilizó el EPI, nunca se ancló a la línea de vida.»

Por último, interesa la recurrente, al amparo del mismo apartado b) del art. 193, la adición de un nuevo hecho probado duodécimodel tenor literal siguiente:

«El accidente laboral fue investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de la Almunia de Doña Godina, bajo las diligencias previas nº 380/2021, dictándose auto de sobreseimiento provisional y archivo, de 12 de enero de 2023 , en cuya fundamentación jurídica se dispone:

ÚNICO.- De todo lo actuado se desprende que el 22 de junio de 2021, el trabajador de la empresa Gestión de Mantenimiento y Procesos SL, D. Florian, se encontraba prestando sus servicios profesionales en la empresa Auxiliar Metalgráfica Aragonesa SL (AUXIMARA) de la localidad de Epila.

Tanto a él como a su compañero, D. Emilio, se les había encargado labores de reparación de un equipo evaporativo instalado sobre la cubierta de las naves de la empresa AUXIMARA. El accidente se produjo al caer el trabajador desde la citada cubierta al suelo de la nave produciéndose desgraciadamente el fallecimiento del mismo.

Pues bien, en el momento que el trabajador tuvo el accidente, si bien portaba el preceptivo arnés de seguridad, no se encontraba anclado a la línea de vida existente, siendo éste el principal y único motivo del siniestro: la comisión de una grave imprudencia por parte del trabajador defenestrado.

El trabajador contaba con la necesaria formación relativa a la realización de trabajos en altura, así como de prevención de riesgos laborales. Asimismo, la empresa Gestión de Mantenimiento y Procesos SL le había proporcionado útiles que garantizaban el desempeño de su actividad con las medidas de seguridad necesarias (arnés) y Auxiliar Metalgráfica Aragonesa SL (AUXIMARA) contaba con los instrumentos necesarios para el uso de dichas medidas de seguridad (línea de vida).

Por todo ello, y con independencia de la responsabilidad administrativa que pueda derivarse derivada de una inadecuada valoración de los riesgos del puesto de trabajo y/o de una falta de señalamiento adecuado y/o de una falta de vigilancia, no existen indicios suficientes que permitan incardinar el supuesto de hecho en uno de aquellos de los que deriva responsabilidad criminal, por lo que procede declarar el sobreseimiento provisional de la causa ya que las diligencias practicadas no permiten acreditar debidamente indicios de la presunta comisión del ilícito que se investiga.»

El de suplicación es un recurso de naturaleza extraordinaria, cuasi casacional, en el que el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada en autos. El párrafo b) del art. 193 exige el cumplimiento de exigencias concretas para su viabilidad, exigiendo la jurisprudencia el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04 y 23/12/10, rec. 4.380/09).

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, rec. 216/2010).

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación de la juzgadora, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c) Siendo el procedimiento laboral un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye, en toda su amplitud, únicamente al juzgador de instancia, quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente es viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal "ad quem" pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al juzgador de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el artículo 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo.

e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo, es decir, con influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

TERCERO.- Pues bien, sobre la base de las premisas expuestas, deberemos examinar las solicitudes de variación de hechos probados que realiza la empresa Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. recurrente.

Y comenzando por la nueva redacción que se propone del hecho probado cuarto de la sentencia, debe ser desestimada toda vez que en dicho hecho probado la sentencia no establece que el trabajador tuviera que deambular por la cubierta sin sujeción. Y tampoco se admite la modificación por la que se pretende adicionar que está señalizado el uso obligatorio de arnés y dispositivo anticaídas nada más acceder a la cubierta de la nave, pues este extremo no es objeto de discusión, partiendo la redacción de la sentencia, tanto en sus hechos probados como en su fundamentación de la existencia de tal obligación sin que se atribuya a las empresas deficiencia alguna en la señalización in situ de la misma.

En cuanto a la redacción que se propone para el hecho probado quinto de la sentencia, debe ser asimismo desestimada. La redacción propuesta, que se concluye con la afirmación de que "el accidentado en ningún momento utilizó el EPI, nunca se ancló a la línea de vida"no resulta, en absoluto, de los documentos en los que se ampara la modificación propuesta, pues ni el Informe del ISSLA ni el informe de MAS Prevención, concluyen con tal categórica, concluyente y terminante afirmación, que tampoco puede obtenerse de las fotografías del trabajador en el suelo de la nave tras el accidente. Como acertadamente explica la impugnante del recurso, Dña. Miriam, el mosquetón que el trabajador lleva anclado a la espalda, es uno de los extremos de la cuerda o anclaje que ha de fijarse a la línea de vida (en uno de sus extremos) y al cuerpo del trabajador (en el otro extremo).

Finalmente, y por lo que respecta a la solicitud de adición de un nuevo hecho probado 12º, que recoja el tenor literal de la fundamentación jurídica del auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado e 1ª instancia e Instrucción nº 1 de La Almunia de Doña Godina, también se desestima toda vez que en el hecho probado séptimo de la sentencia ya se da por reproducido, en su integridad, el contenido de dicho auto.

CUARTO.- MOTIVOS DE INFRACCIÓN JURÍDICA

Con correcto amparo en el apartado c) del art. 193 LRJS, denuncia la recurrente Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. infracción de las normas sustantivas y jurisprudenciales del art. 164 Ley General de la Seguridad Social y 29.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, alegando la inexistencia de infracciones generadoras del recargo de prestaciones. Alega la recurrente que en su conducta no se produjo ninguna infracción, y que ya el auto de sobreseimiento en el proceso penal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de la Almunia de Doña Godina deja constancia de ello. Señala la recurrente que no es cierto que no se evaluara el riesgo de caída en altura en la cubierta de AUXIMARA, ni que no se hubieran establecido las medidas preventiva a adoptar, negando asimismo que existiera para ella obligación de designar recurso preventivo en la reparación realizada, sin perjuicio de que ambos trabajadores desplazados a las instalaciones de AUXIMARA tenían formación suficiente para ejercer como recursos preventivos, y que, a tal fin, fue designado el compañero del trabajador accidentado, D. Emilio, quien llevó a cabo su función vigilando que el trabajador accidentado se colocara los EPI's necesarios.

En este punto, ha de advertirse en primer término que, la conclusión que puede alcanzarse en el ámbito penal no resulta necesariamente extrapolable al ámbito laboral, al regirse por distintos principios. Y es que, acerca de la relación de una sentencia penal absolutoria dictada sobre el mismo accidente y la posterior del orden social sobre sanción o recargo de prestaciones, como ya recordaba esta Sala en S. de 21.07.2025, rsu 543/2025, "dice la STS de 8-4-2025, r. 101/24 : "La valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado [...] el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido.

Este sentido de independencia de uno y otro orden jurisdiccional, en orden a la valoración de la prueba -con los límites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la sentencia penal sobre la civil- ha sido proclamado en doctrina constante de este Tribunal Supremo [...], en cuanto - sentencias del Tribunal Constitucional 24/1983 de 23-febrero , 36/1985 de 8-marzo y 62/1984 de 2 mayo - sostienen que 'la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta'.

Esta valoración diferente de los hechos podría encontrar explicación y justificación, alternativa o cumulativamente, en la distinta actividad probatoria desplegada en uno y otro orden jurisdiccional, o en el distinto grado de convicción judicial que exige la condena en el orden penal, en el que hay que atenerse a principios, como la presunción de inocencia y el "in dubio pro reo", que no son de aplicación en la calificación de las conductas de incumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales".

Por lo demás, cabe añadir que la doctrina jurisprudencial ha reiterado que un auto de sobreseimiento provisional no equivale a una sentencia penal absolutoria ( sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1997-recurso 1377/1996, 8 de junio de 1998 -recurso 1813/1995-, y 31 de enero de 2006 - recurso 44/2004-, entre otras).

De acuerdo con ello, no abe sostener la inexistencia de infracción alguna en materia preventiva, en la conducta empresarial de la recurrente sobre la base de lo que razona el auto de sobreseimiento provisional del juzgado e 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de La Almunia de Doña Godina.

Las omisiones/infracciones en materia preventiva que la sentencia impugnada atribuye a la recurrente GMP como determinantes en la producción del accidente a consecuencia del cual se produjo el fallecimiento del trabajador Sr. Florian, son dos: la no realización de la evaluación del riesgo de caída de altura que originaban los trabajos a ejecutar; y la falta de asignación de la presencia de recurso preventivo.

Y en orden a tales infracciones en materia preventiva, cabe señalar en primer término y por lo que se refiere a la deficiencia en la evaluación de riesgos laborales, que la sentencia impugnada declara como hecho probado, ciertamente, que la recurrente GMP evaluó los riesgos de caída en altura de la cubierta de AUXIMARA en el año 2011, cuando realizaron los trabajos de automatización de sistemas evaporativos de la cubierta. Siendo esto así, también declara probado que la entidad recurrente procedió a ejecutar los específicos trabajos de reparación de los evaporativos de dicha cubierta, en el mes de junio de 2021 (diez años después), sin realizar previamente una evaluación específica del riesgo de caída de altura que aquellos ocasionaban, y sin adoptar medida técnica alguna de protección colectiva frente a dicho riesgo. Expone la sentencia recurrida que la evaluación de riesgos de la empresa GMP elaborada por el servicio MAS Prevención de fecha 29/04/2021 , la que tenía elaborada inmediatamente anterior al accidente del trabajador Sr. Florian, y, por tanto, vigente a fecha del mismo, no contemplaba el riesgo de trabajos en altura ("los trabajos en altura no se realizan"), omisión que no considera-y esta Sala coincide en ello- se trate de un defecto meramente formal, subsanado con posterioridad al accidente mortal. Sin haber evaluado los riesgos de caída por trabajos en altura, la empresa asigna a realizar los trabajos a Emilio y a Florian, portando éste un arnés anticaídas de un solo cabo, esto es, un solo tramo de cuerda o cinta que no permitía pasar de una posición de riesgo a otra, siendo necesario el arnés de doble cabo cuanto el trabajador, durante la ejecución de los trabajos debe pasar de un anclaje a otro, siendo una medida preventiva clave en trabajo de altura, y más cuando se requiere movilidad entre puntos de anclaje. La falta de evaluación del riesgo de caída por trabajos en altura resulta incuestionable.

En relación con la designación de recurso preventivo para los trabajos que se iban a llevar a cabo en la cubierta de las instalaciones de AUXIMARA, cuya falta imputa la sentencia impugnada a la recurrente GMP, argumentando que el nombramiento meramente formal de uno o de ambos trabajadores como recurso preventivo no es la designación que exige la norma ( art. 32 bis LPRL y 22 bis del RD 604/2006, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención) alega la recurrente que ambos trabajadores tenía formación para ejercer como recurso preventivo y que se asignó a D. Emilio para ejercer dicha función tal como queda establecido en el hecho probado segundo de la sentencia. Añade que es cierto que no se realizó asignación formal de recurso preventivo para el día 22 de junio de 2021 en la cubierta de AUXIMARA, porque sería irracional que la empresa tuviera que realizar diariamente una designación para cada avería que va a reparar, y que no está previsto en ninguna norma. Termina añadiendo que ni siquiera concurren los requisitos legales para exigirle la presencia de recurso preventivo, pues los trabajos realizados no podían ser calificados como peligrosos o con riesgos especiales, ni tenían riesgo grave de caída. Apoya esta aseveración en el criterio técnico 83/2010.

Pues bien, comenzando por esta última afirmación, ha de advertirse que el Criterio Técnico 83/2010 expresamente considera trabajos con riesgos especiales de altura respecto de los que se puede exigir la presencia de dicho recurso, los que se realizan a más de 6 metros de altura o menor pero en los que la protección no puede ser asegurada totalmente sino mediante la utilización de un equipo de protección individual frente al referido riesgo, que es, precisamente el supuesto que nos ocupa, sin que pueda compartirse, en absoluto, la afirmación que contiene el recurso sobre que la actividad desarrollada anulaba el riesgo de caída con el mero uso del arnés y de las líneas de vida. Por lo demás, y en cuanto al incumplimiento de la obligación de designar recurso preventivo, esta Sala no puede sino remitirse a lo que consta como probado en la sentencia (HP 2º, párrafos 4º a 6º), que permanece incólume, que "La empresa GESTION DE MANTENIMIENTO Y PROCESOS S.L, para el concreto trabajo a realizar en AUXIMARA, no designó recurso preventivo que estuviese presente para vigilar que se adoptaban las medidas preventivas necesarias para eliminar o controlar el riesgo de caída libre por parte del trabajador que debía acceder, desplazarse y permanecer para realizar los trabajos en la cubierta de nave de AUXIMARA, de 6 metros de altura, no transitable por la existencia de lucernarios formados por placas de material frágil o de poca resistencia (policarbonato). Dichos lucernarios no están cubiertos por rejas o emparrillado metálico que impidan pisarlos o que impidan la caída a través suyo, en caso de rotura.

La forma habitual de actuar de la empresa GMP es realizar una "designación general" de recurso preventivo a los mismos trabajadores a los que encomiendan un determinado trabajo...

En fecha 13/11/18 la empresa GMP y el trabajador D. Emilio suscriben un documento en el que se "designa" a dicho trabajador como "RECURSO PREVENTIVO, en el que se dice: "Su misión consistirá en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia". Ante tales hechos, se comparte con la juzgadora de instancia la conclusión que se contiene en el fundamento de derecho quinto: GMP no designó ningún recurso preventivo para los trabajos a realizar en el centro de trabajo de AUXIMARA, designación que no se cumple con un nombramiento meramente formal. Este nombramiento formal sobre el trabajador D. Emilio, que realizaba su tarea en las instalaciones de AUXIMARA en el interior de la nave, es completamente ineficaz, pues no le permitía cumplir con ese vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas relacionadas con los riesgos que se deriven del trabajo, en qué consisten las funciones del recurso preventivo, ni le permite hacer las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. Y es que aunque el recurso preventivo puede desarrollar de forma simultánea una actividad productiva distinta, ello solo es posible si la labor de vigilancia no se menoscaba.

QUINTO.- Denuncia asimismo la recurrente GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS, al amparo del apartado c) del art. 193 LRJS, infracción del art. 164 LGSS y de la jurisprudencia relativa a la ausencia de relación de causalidad entre las presuntas infracciones cometidas por GMP y el accidente acontecido. Refiere la recurrente en este apartado que las dos presuntas infracciones que le imputa la sentencia no fueron la causa del accidente de trabajo, el cual aconteció por la imprudencia temeraria del trabajador accidentado, según explica en el motivo siguiente de su escrito de recurso, en el que, con igual amparo en el art. 193 c) de la LRJS, denuncia infracción del art. 164 LGSS y de la jurisprudencia relativa a la ruptura de la relación de causalidad por el comportamiento del trabajador.

En relación a la valoración de la conducta del trabajador accidentado, esta Sala en sentencia de 21.07.2025, rsu 543/2025 recuerda que "...la imprudencia temeraria del accidentado libera a su patrono de responsabilidad, conforme a los artículos 115-4 y 123-1 de la LGSS (hoy art. 156-4 y 164-1 del vigente Texto Refundido de esa ley), en relación con el 15-4 de la LPRL " ( STS de 28-2-2019, r. 508/17 ).

Pero bien entendido que "la infracción de normas de seguridad no se contrarresta por la imprudencia del trabajador" (por todas, SSTS 12-7-2007, R. 938/06 , 22-7-2010, R. 1241/09 , y de 25-10-2016 ).

En la Sentencia de esta Sala de 4-3-2025, r. 81/25 hemos recogido el criterio jurisprudencial: "En relación con la imprudencia temeraria del trabajador, la STS de 20-1-2010, r. 1239/09 , explica: "Lo que se ha producido es una concurrencia de culpas (...) la culpa de la víctima no rompe el nexo causal que proviene del agente externo, en este caso los incumplimientos de la empresa, salvo cuando el daño se ha producido de forma exclusiva por una actuación culposa imputable a la víctima(...) el exceso de confianza del trabajador, que en no pocas ocasiones contribuye a los daños sufridos por los empleados en el ámbito laboral, no borra ni elimina la culpa o negligencia de la empresa y sus encargados cuando faltan al deber objetivo de cuidado consistente que el trabajo se desarrolle en condiciones que no propicien esos resultados lesivos (...) la imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo no tiene", cuando no opera como causa exclusiva del accidente, "entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo; siendo de resaltar que incluso la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever la distracción o imprudencia no temerarias que pudiera cometer el trabajador" (...). La imprudencia temeraria, a la luz de lo dispuesto en el artículo 115 de la LGSS , art. 156 del RD Leg. 8/2015, de 30 de octubre , se diferencia de la imprudencia profesional de manera palmaria en el precepto; esta última especie de imprudencia, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo, es consecuencia del ejercicio habitual del trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira por la repetición de unos mismos actos, en tanto que la imprudencia temeraria presupone una conducta en la que su autor asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas; en otras palabras, puede concebirse como el patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible, definida en la sentencia de la Sala 4ª del TS de 16/7/1985 como aquella conducta del trabajador en que excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente."

La STS de 4-7-2023, r. 3749/20 , reitera este criterio, y añade: "El supuesto litigioso sí que encaja en el concepto de imprudencia temeraria, en su significado jurídico-doctrinal, dado que no se observó en la conducta la más elemental cautela o prudencia que resultaba exigible. Por el contrario, la falta total de cuidado del trabajador accidentado y la gravedad de su conducta adquirieron una intensidad claramente relevante. Sin dejar de observar el deslinde y proyección del concepto de imprudencia en el ámbito penal y en sede laboral, así como la necesaria protección que opera en este último, la calificación de la imprudencia ha de ser de temeraria cuando el trabajador ha omitido la más elemental diligencia, prudencia y cautela, asumiendo un riesgo evidente e innecesario de puesta en peligro de su vida, que llega a materializarse en un accidente..."

Finalmente, reitera la STS de 5-6-2024 (r. 793/21 ): "para que proceda la imposición del recargo de prestaciones es necesario que haya mediado relación causal entre la infracción apreciada y el accidente sufrido, de manera tal que el suceso dañoso haya sido determinado por el incumplimiento empresarial".

SEXTO.- Señala la sentencia impugnada en la cuestión examinada (fundamento jurídico quinto, pág. 26-27) que "Asumiendo que, en el preciso instante en el que el trabajador pisa la placa del lucernario y ésta se rompe, cayendo el trabajador desde una altura de unos 6 metros e impactando contra el suelo (el pasillo de tránsito de la nave de AUXIMARA), para que concurra la imprudencia temeraria del trabajador es preciso que éste observe una conducta que asuma riesgos manifiestos innecesarios y especialmente graves, ajenos a la conducta usual de las gentes.

En el presente supuesto el trabajador al subir a la cubierta llevaba puesto el arnés de un solo cabo, y no existe certeza de que no lo anclara a la línea de vida mientras examinaba el evaporito 2.2 y seguía las indicaciones que le daba su compañero, Sr. Emilio, por el teléfono móvil. El Sr. Emilio en su segunda declaración ante el inspector (página 7 del Acta de Infracción) dijo que llevaban "25 minutos comprobando componentes del evaporativo 2.2" y, en el curso de dicha comprobación, detectaron que podía haber un mal funcionamiento del evaporativo 2.3 dado que el limitador saltaba en exceso de consumo, y que comunicó dicha incidencia a su compañero por el teléfono móvil, desconociendo si el Sr. Florian intentó dirigirse al evaporativo 2.3 para hacer alguna comprobación visual o algún tipo de manipulación en dicho equipo; para lo cual debía de desenganchar el arnés, tal y como se recoge en el Acta de Inspección de Trabajo, dado que no se le había facilitado carro de traslación. En el momento de la caída el trabajador no estaba enganchado a la línea de vida y no es descartable que, en el preciso instante en el que se desengancha, con finalidad de examinar el evaporativo 2.3, se produjese su caída tras pisar el lucernario. En el momento de la caída mortal el trabajador llevaba puesto el arnés, de una cuerda de anclaje.

La conducta del trabajador no puede ser calificada como imprudencia temeraria, sino de mera imprudencia. La Administración la ha calificado de imprudencia profesional, calificación que se estima correcta".

La Sala comparte esas mismas conclusiones acerca del comportamiento del trabajador, quien pudo incurrir en imprudencia profesional, consecuencia del ejercicio habitual del trabajo, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo.

SÉPTIMO.- El último motivo del recurso de la entidad Gestión y Mantenimiento de procesos, denuncia, al amparo del art. 193 c) de la LRJS, infracción en la aplicación del Art. 164 LGSS y de la jurisprudencia que lo desarrolla, en relación con la graduación del porcentaje de recargo aplicable, interesando que, atendiendo a la manifiesta imprudencia del trabajador, se reduzca éste al 30%. Se indica en el recurso que la sentencia impugnada ha obviado esta petición resolviendo sin motivación alguna sobre la improcedencia de la minoración reclamada. Pues bien, la sentencia dedica su fundamento jurídico sexto para abordar la pretensión referida, concluyendo que el recargo en la cuantía impuesta (del 35%) dentro del porcentaje mínimo previsto en la norma "es proporcionado a la gravedad de las infracciones cometidas por las empresas infractoras y el resultado dañoso causado, siendo éste el fallecimiento; habiéndose ponderado la concurrencia de culpa del trabajador. El porcentaje fijado se estima correcto y adecuado a las circunstancias del caso, y está correctamente motivado".

Esta Sala, en la sentencia antes mencionada de 21.07.2025, rsu 543/2025, recordaba que "sobre la cuantía o porcentaje del recargo, dice STS 4-12-2024, r. 3939/21 : "la decisión del juez de instancia sobre la cuantía porcentual de recargo en cuestión, en cuanto predeterminada por un criterio legal -la "gravedad de la falta"-, puede ser reconsiderada en suplicación para comprobar si excede o no del margen de apreciación que le es consustancial; y lo mismo cabría decir, y por la misma razón, de las propias resoluciones en la materia de las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, revisables en derecho por el cauce del recurso de casación para la unificación de doctrina. el fundamento de la posición que ahora se adopta estriba en que la apreciación en un caso concreto de la "gravedad de la falta" o infracción de medida de seguridad está guiada por conceptos normativos -peligrosidad de las actividades, número de trabajadores afectados, actitud o conducta general de la empresa en materia de prevención, instrucciones impartidas por el empresario en orden a la observancia de las medidas reglamentarias, etc.-, que han sido establecidos en la legislación preventiva, y cuya aplicación a un supuesto concreto constituye un acto de calificación jurídica, subsiguiente y separable de la fijación o determinación de los hechos del caso." ( SSTS de 19 de enero de 1996 Rec. 536/95 y de 1 de febrero de 2006, Rcud. 4183/04 ).

El precepto -en referencia al artículo 164 LGSS que establece el recargo de prestaciones- no contiene criterios precisos de atribución, pero sí indica una directriz general para la concreción del referido recargo que es la "gravedad de la falta". Esta configuración normativa supone reconocer un amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la citada cuantía porcentual, pero implica también que la decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con esta directriz legal ( STS 4 de marzo de 2014, Rec. 788/13 )".

Y el supuesto que nos ocupa, al igual que el que examinó el recurso señalado, el recargo no se ha impuesto en su cuantía máxima, precisamente considerando la influencia que en el resultado tuvo la imprudencia del trabajador, profesional no temeraria, y la coexistencia con la actuación y corresponsabilidad de la empresa de la que dependía el accidentado, sin que se justifiquen circunstancias suficientes para reducir al mínimo el porcentaje de recargo declarado (35%).

Por todo ello, el motivo se desestima, e, inexistentes las infracciones legales denunciadas por GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROCESOS S.L., el recurso interpuesto por ésta debe ser desestimado.

RECURSO DE AUXILIAR METALGRÁFICA ARAGONESA S.L.

OCTAVO.- El primer motivo del recurso que formula la recurrente Auxiliar Metalográfica Aragonesa S.L., AUXIMARA, con correcto amparo procesal en el art. 193-c) de la LRJS, denuncia la infracción por aplicación indebida del art. 24.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales.

Sostiene la recurrente que, atendiendo a la circunstancia de que los trabajos contratados con GMP (reparación del evaporito de la cubierta de la nave) no constituyen propia actividad de AUXIMARA (dedicada a la fabricación de tarros de conserva) la obligación exigible es la que establece el art. 24.2 de la LPRL y no la que impone el apartado 3 del mismo artículo. Y, conforme a ello, alega en el recurso que cumplió con las obligaciones en materia de coordinación que le eran exigibles, facilitando toda la información de los riesgos que pueden darse, además de que GMP tenía conocimiento total de la cubierta y de los medios necesarios para salvaguardar la seguridad de sus empleados. Argumenta en el recurso que no le era exigible ofrecer a la contratista el carro de traslación, pues sus funciones no incluyen el ofrecimiento a los trabajadores de la contrata de los medios de seguridad, y tampoco existía para ella obligación de designar recurso preventivo, concluyendo que no existe déficit en la actividad de coordinación de AUXIMARA.

A este respecto, debemos tener en cuenta la STS de septiembre de 2018 -Rcud. 144/2017 -, que trata la cuestión de la posible responsabilidad de la empresa principal cuando se impone el recargo de prestaciones a consecuencia del accidente padecido por una persona trabajadora de una contratista que realiza determinadas tareas para una empresa principal. Esta sentencia razona que cabe extender al empresario principal la responsabilidad, aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad siempre que haya incumplimientos determinantes del accidente. Concretamente, el TS argumenta que la empresa principal puede ser responsable solidariamente del recargo de prestaciones del art. 164 LGSS junto con la empresa auxiliar, aunque no se trate de contrata de la propia actividad de la empresa, pues lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad. Señala el TS que la circunstancia de que las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se imponga el recargo de prestaciones, siendo igualmente errónea la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables.

En el supuesto de autos el trabajador accidentado era empleado de la empresa a la que AUXIMARA contrató para realizar trabajos que correspondían a una actividad distinta a la que le era propia. La sentencia de instancia relaciona los incumplimientos en que ha incurrido la referida empresa principal, en el fundamento de derecho quinto, páginas 24 a 26. Declara la juzgadora de instancia que AUXIMARA se limitó a un cumplimiento meramente formalde su obligación de coordinación de actividades empresariales en materia preventiva con la empresa GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROCESOS, S.L solicitando a ésta que le remitiera su evaluación de riesgos, pero una vez recibida ésta no comprobó si esa evaluación de riesgos tenía en cuenta los riesgos generados por los trabajos que se iban a realizar en su centro de trabajo y las medidas preventivas para su eliminación o control, y si lo hizo, no dio instrucciones a la empresa contratista para que analizara dichos riesgos y los incluyera en su evaluación. No verificó la documentaciónfacilitada por GMP en cumplimiento del artículo 4.2 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. No verificó que la evaluación de riesgos remitida por GMP contemplase los riesgos de los trabajos en cubierta. Y singularmente, afirma la sentencia que la citada empresa principal no advirtió que la evaluación de riesgosenviada no tenía en cuenta la realización de trabajos en cubiertas y el riesgo de caída de alturasasociado a estos trabajos, y que no establecía las correspondientes medidas preventivas.También se indica que la cubierta de AUXIMARA era no transitable, debido a la existencia de lucernarios formados por material plástico,frágil y de poca resistencia, que ocupan casi una quinta parte de su superficie, y no están cubiertos por rejas o emparrillado metálicoque impidan pisarlos o que impidan la caída a través suyo en caso de rotura. Aun contando la instalación con un sistema de líneas de vida en la cubierta, el uso efectivo del arnés de seguridad no evita la rotura de las placas de material plástico de los lucernarios en caso de que éstas sean pisadas accidentalmente, pero sí evita la caída libre del trabajador hasta el suelo de la nave al quedar retenido por la cuerda de anclaje del arnés. Siendo el uso de un equipo de protección individual anticaídas (arnés de seguridad) el único medio de protección adoptado por la empresa GMP para la realización de los trabajos de reparación de evaporativos, sólo el uso efectivo de dicho equipo de protección individual mediante su conexión o sujeción a las líneas de vida que ya se encontraban instaladas sobre la cubierta garantizaba realmente una protección eficaz frente al riesgo de caída durante el tránsito o permanencia sobre la cubierta. Y en tal situación, la sentencia razona que era exigible a la empresa principal titular de la instalación, la designación de recurso preventivo, atendiendo al Criterio técnico 83/2010, sobre presencia de recurso en las empresas. Se añaden como incumplimientos de AUXIMARA la deficiente señalización de los lucernarios, así como la falta de instalación de medidas colectiva (red metálica lucernario) que hubieran evitado la caída del trabajador incluso aunque no se hubiera enganchado a la línea de vida o hubiera tenido que desengancharse para la ejecución del trabajo. Pues bien, aun pudiendo discutirse la obligación para la empresa principal de designar recurso preventivo para la ejecución de los trabajos contratados a GMP, que son ajenos a la propia actividad de aquella, es lo cierto que se evidencian en su actuación, según se ha expuesto, toda una serie comportamientos que constituyen incumplimientos en materia preventiva, relevantes en el accidente con resultado mortal que se produjo en sus instalaciones

Se concluye con todo ello que, efectivamente, la recurrente infringió lo dispuesto en el art. 24.1 y 2 de la LRJS, a cuyo tenor:

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

Y con ello, se concluye que asimismo AUXIMARA es empresario responsable del recargo del art. 164. LGSS.

NOVENO.- En los motivos tercero y cuarto del recurso, Auxiliar Metalgráfica Aragonesa denuncia infracción por aplicación indebida del art. 164.2 LGSS, que requiere la relación directa y unívoca entre un incumplimiento de las normas de seguridad y la producción del accidente, con fundamento en que éste se produce por la negligencia temeraria de trabajador que no pertrecha el arnés con doble cabo, no ancla el arnés a la línea de vida, cuando tiene formación e información del riesgo de caída, y a su disposición, los medios materiales de seguridad para hacerlo; y asimismo, infracción por aplicación indebida del art. 164.1 LGSS que permite la atemperar el recargo en función de las circunstancias, y destacadamente la inferencia de la negligencia del trabajador.

Pues bien, en este punto, debemos remitirnos a lo expuesto en los anteriores fundamentos (quinto, sexto y séptimo,) en relación con las infracciones que, en igual sentido, se contienen en el recurso de Gestión de Mantenimiento y Procesos, y que deben resolverse del mismo modo, en sentido desestimatorio.

DÉCIMO.- En definitiva, inexistentes las infracciones legales denunciadas en ambos recursos, procede su desestimación y la confirmación de la sentencia impugnada. Doctrina plenamente aplicable al caso que nos ocupa, razón por la cual hemos de desestimar también este recurso y confirmar la Sentencia de la instancia.

UNDÉCIMO.- Al no gozar las empresas recurrentes del beneficio de justicia gratuita, ha de disponerse la pérdida de la consignación y del depósito que constituyeron para recurrir, y condenarles a abonar a los letrados de las partes impugnantes de sus recursos la cantidad de 800 € en concepto de honorarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204.1 y 4, y 235.1 de la LRJS.

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente,

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada por la Plaza 2, sección Social del Tribunal de Instancia de Zaragoza, de fecha 29.09.2025, que desestimó las demandas formuladas por las mercantiles Auxiliar Metalgráfica Aragonesa S.L. y Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L., en impugnación de la resolución del INSS que acordó imponer a ambas, de forma solidaria, el recargo en cuantía del 35 %, de las prestaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido por el trabajador D. Florian, se alzan ambas demandantes en suplicación interesando la revocación del recargo impuesto y, subsidiariamente, que se reduzca al porcentaje mínimo del 30 %. Ambas recurrentes denuncian infracciones de las normas sustantivas y jurisprudencia que las interpreta, y, además, la mercantil Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. interesa la revisión de los hechos probados de la sentencia.

Tanto el INSS como la codemandada Dña. Miriam, viuda del trabajador fallecido, impugnan los recursos formulados interesando su desestimación.

RECURSO GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS S.L..-

SEGUNDO.- MOTIVOS DE REVISIÓN FÁCTICA

Al amparo del apartado b) del art. 193 de la LRJS, interesa la recurrente Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. una nueva redacción al hecho probado cuartoy ello para que, en el penúltimo párrafo del mismo, se sustituya el enunciado: "En consecuencia, si el trabajador siniestrado se dirigió al evaporativo 2.1 para hacer alguna comprobación relacionada con el correcto funcionamiento del evaporativo 2.3 necesariamente tuvo que soltar el anclaje de la línea de vida para saltar dicho soporte, al utilizar arnés de un solo elemento de anclaje y no disponer de carro de traslación que le permitiese pasar los soportes sin necesidad de desconectarlo.",por el siguiente texto:

«En consecuencia, si el trabajador siniestrado se dirigió al evaporativo 2.1 para hacer alguna comprobación relacionada con el correcto funcionamiento del evaporativo 2.3, la presencia del poste obligaba al trabajador a desanclar y anclar en un mismo acto para pasarlo, en ningún caso obligaba al trabajador a deambular por la cubierta sin sujeción ya que la acción no necesitaba desplazamiento alguno."

Nada más acceder por la escala a la cubierta de la nave 1, ya se encuentra una línea de vida para anclarse a ella y además está señalizado el uso obligatorio de arnés y dispositivo anticaídas.»

Insta asimismo la recurrente revisión del hecho probado quinto,al objeto de que el se sustituya el párrafo "No utilizó el equipo de protección anticaída, aunque el trabajador llevaba arnés de seguridad con una cuerda, cuando subió a cubierta, o no se sujetó a la línea de vida, como parece inferirse por las imágenes grabadas, o se soltó en algún momento y no estaba sujeto en el momento de pisar el lucernario"por el siguiente texto:

«De las grabaciones de las cámaras ubicadas en la cubierta de AUXIMARA, entregadas por esta empresa a la Autoridad Laboral, analizadas en el Informe Técnico del ISSLA - Documento 86 EJE- y en el Informe de Investigación del accidente de trabajo por MAS PREVENCIÓN - Documento15 EJE-, y de las fotografías del cuerpo yacente del SR. Florian en el momento de su caída que constan en ambos informes, se verifica que el accidentado en ningún momento utilizó el EPI, nunca se ancló a la línea de vida.»

Por último, interesa la recurrente, al amparo del mismo apartado b) del art. 193, la adición de un nuevo hecho probado duodécimodel tenor literal siguiente:

«El accidente laboral fue investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de la Almunia de Doña Godina, bajo las diligencias previas nº 380/2021, dictándose auto de sobreseimiento provisional y archivo, de 12 de enero de 2023 , en cuya fundamentación jurídica se dispone:

ÚNICO.- De todo lo actuado se desprende que el 22 de junio de 2021, el trabajador de la empresa Gestión de Mantenimiento y Procesos SL, D. Florian, se encontraba prestando sus servicios profesionales en la empresa Auxiliar Metalgráfica Aragonesa SL (AUXIMARA) de la localidad de Epila.

Tanto a él como a su compañero, D. Emilio, se les había encargado labores de reparación de un equipo evaporativo instalado sobre la cubierta de las naves de la empresa AUXIMARA. El accidente se produjo al caer el trabajador desde la citada cubierta al suelo de la nave produciéndose desgraciadamente el fallecimiento del mismo.

Pues bien, en el momento que el trabajador tuvo el accidente, si bien portaba el preceptivo arnés de seguridad, no se encontraba anclado a la línea de vida existente, siendo éste el principal y único motivo del siniestro: la comisión de una grave imprudencia por parte del trabajador defenestrado.

El trabajador contaba con la necesaria formación relativa a la realización de trabajos en altura, así como de prevención de riesgos laborales. Asimismo, la empresa Gestión de Mantenimiento y Procesos SL le había proporcionado útiles que garantizaban el desempeño de su actividad con las medidas de seguridad necesarias (arnés) y Auxiliar Metalgráfica Aragonesa SL (AUXIMARA) contaba con los instrumentos necesarios para el uso de dichas medidas de seguridad (línea de vida).

Por todo ello, y con independencia de la responsabilidad administrativa que pueda derivarse derivada de una inadecuada valoración de los riesgos del puesto de trabajo y/o de una falta de señalamiento adecuado y/o de una falta de vigilancia, no existen indicios suficientes que permitan incardinar el supuesto de hecho en uno de aquellos de los que deriva responsabilidad criminal, por lo que procede declarar el sobreseimiento provisional de la causa ya que las diligencias practicadas no permiten acreditar debidamente indicios de la presunta comisión del ilícito que se investiga.»

El de suplicación es un recurso de naturaleza extraordinaria, cuasi casacional, en el que el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada en autos. El párrafo b) del art. 193 exige el cumplimiento de exigencias concretas para su viabilidad, exigiendo la jurisprudencia el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04 y 23/12/10, rec. 4.380/09).

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, rec. 216/2010).

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación de la juzgadora, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c) Siendo el procedimiento laboral un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye, en toda su amplitud, únicamente al juzgador de instancia, quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente es viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal "ad quem" pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al juzgador de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el artículo 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo.

e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo, es decir, con influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

TERCERO.- Pues bien, sobre la base de las premisas expuestas, deberemos examinar las solicitudes de variación de hechos probados que realiza la empresa Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. recurrente.

Y comenzando por la nueva redacción que se propone del hecho probado cuarto de la sentencia, debe ser desestimada toda vez que en dicho hecho probado la sentencia no establece que el trabajador tuviera que deambular por la cubierta sin sujeción. Y tampoco se admite la modificación por la que se pretende adicionar que está señalizado el uso obligatorio de arnés y dispositivo anticaídas nada más acceder a la cubierta de la nave, pues este extremo no es objeto de discusión, partiendo la redacción de la sentencia, tanto en sus hechos probados como en su fundamentación de la existencia de tal obligación sin que se atribuya a las empresas deficiencia alguna en la señalización in situ de la misma.

En cuanto a la redacción que se propone para el hecho probado quinto de la sentencia, debe ser asimismo desestimada. La redacción propuesta, que se concluye con la afirmación de que "el accidentado en ningún momento utilizó el EPI, nunca se ancló a la línea de vida"no resulta, en absoluto, de los documentos en los que se ampara la modificación propuesta, pues ni el Informe del ISSLA ni el informe de MAS Prevención, concluyen con tal categórica, concluyente y terminante afirmación, que tampoco puede obtenerse de las fotografías del trabajador en el suelo de la nave tras el accidente. Como acertadamente explica la impugnante del recurso, Dña. Miriam, el mosquetón que el trabajador lleva anclado a la espalda, es uno de los extremos de la cuerda o anclaje que ha de fijarse a la línea de vida (en uno de sus extremos) y al cuerpo del trabajador (en el otro extremo).

Finalmente, y por lo que respecta a la solicitud de adición de un nuevo hecho probado 12º, que recoja el tenor literal de la fundamentación jurídica del auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado e 1ª instancia e Instrucción nº 1 de La Almunia de Doña Godina, también se desestima toda vez que en el hecho probado séptimo de la sentencia ya se da por reproducido, en su integridad, el contenido de dicho auto.

CUARTO.- MOTIVOS DE INFRACCIÓN JURÍDICA

Con correcto amparo en el apartado c) del art. 193 LRJS, denuncia la recurrente Gestión y Mantenimiento de Procesos S.L. infracción de las normas sustantivas y jurisprudenciales del art. 164 Ley General de la Seguridad Social y 29.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, alegando la inexistencia de infracciones generadoras del recargo de prestaciones. Alega la recurrente que en su conducta no se produjo ninguna infracción, y que ya el auto de sobreseimiento en el proceso penal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de la Almunia de Doña Godina deja constancia de ello. Señala la recurrente que no es cierto que no se evaluara el riesgo de caída en altura en la cubierta de AUXIMARA, ni que no se hubieran establecido las medidas preventiva a adoptar, negando asimismo que existiera para ella obligación de designar recurso preventivo en la reparación realizada, sin perjuicio de que ambos trabajadores desplazados a las instalaciones de AUXIMARA tenían formación suficiente para ejercer como recursos preventivos, y que, a tal fin, fue designado el compañero del trabajador accidentado, D. Emilio, quien llevó a cabo su función vigilando que el trabajador accidentado se colocara los EPI's necesarios.

En este punto, ha de advertirse en primer término que, la conclusión que puede alcanzarse en el ámbito penal no resulta necesariamente extrapolable al ámbito laboral, al regirse por distintos principios. Y es que, acerca de la relación de una sentencia penal absolutoria dictada sobre el mismo accidente y la posterior del orden social sobre sanción o recargo de prestaciones, como ya recordaba esta Sala en S. de 21.07.2025, rsu 543/2025, "dice la STS de 8-4-2025, r. 101/24 : "La valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado [...] el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido.

Este sentido de independencia de uno y otro orden jurisdiccional, en orden a la valoración de la prueba -con los límites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la sentencia penal sobre la civil- ha sido proclamado en doctrina constante de este Tribunal Supremo [...], en cuanto - sentencias del Tribunal Constitucional 24/1983 de 23-febrero , 36/1985 de 8-marzo y 62/1984 de 2 mayo - sostienen que 'la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta'.

Esta valoración diferente de los hechos podría encontrar explicación y justificación, alternativa o cumulativamente, en la distinta actividad probatoria desplegada en uno y otro orden jurisdiccional, o en el distinto grado de convicción judicial que exige la condena en el orden penal, en el que hay que atenerse a principios, como la presunción de inocencia y el "in dubio pro reo", que no son de aplicación en la calificación de las conductas de incumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales".

Por lo demás, cabe añadir que la doctrina jurisprudencial ha reiterado que un auto de sobreseimiento provisional no equivale a una sentencia penal absolutoria ( sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1997-recurso 1377/1996, 8 de junio de 1998 -recurso 1813/1995-, y 31 de enero de 2006 - recurso 44/2004-, entre otras).

De acuerdo con ello, no abe sostener la inexistencia de infracción alguna en materia preventiva, en la conducta empresarial de la recurrente sobre la base de lo que razona el auto de sobreseimiento provisional del juzgado e 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de La Almunia de Doña Godina.

Las omisiones/infracciones en materia preventiva que la sentencia impugnada atribuye a la recurrente GMP como determinantes en la producción del accidente a consecuencia del cual se produjo el fallecimiento del trabajador Sr. Florian, son dos: la no realización de la evaluación del riesgo de caída de altura que originaban los trabajos a ejecutar; y la falta de asignación de la presencia de recurso preventivo.

Y en orden a tales infracciones en materia preventiva, cabe señalar en primer término y por lo que se refiere a la deficiencia en la evaluación de riesgos laborales, que la sentencia impugnada declara como hecho probado, ciertamente, que la recurrente GMP evaluó los riesgos de caída en altura de la cubierta de AUXIMARA en el año 2011, cuando realizaron los trabajos de automatización de sistemas evaporativos de la cubierta. Siendo esto así, también declara probado que la entidad recurrente procedió a ejecutar los específicos trabajos de reparación de los evaporativos de dicha cubierta, en el mes de junio de 2021 (diez años después), sin realizar previamente una evaluación específica del riesgo de caída de altura que aquellos ocasionaban, y sin adoptar medida técnica alguna de protección colectiva frente a dicho riesgo. Expone la sentencia recurrida que la evaluación de riesgos de la empresa GMP elaborada por el servicio MAS Prevención de fecha 29/04/2021 , la que tenía elaborada inmediatamente anterior al accidente del trabajador Sr. Florian, y, por tanto, vigente a fecha del mismo, no contemplaba el riesgo de trabajos en altura ("los trabajos en altura no se realizan"), omisión que no considera-y esta Sala coincide en ello- se trate de un defecto meramente formal, subsanado con posterioridad al accidente mortal. Sin haber evaluado los riesgos de caída por trabajos en altura, la empresa asigna a realizar los trabajos a Emilio y a Florian, portando éste un arnés anticaídas de un solo cabo, esto es, un solo tramo de cuerda o cinta que no permitía pasar de una posición de riesgo a otra, siendo necesario el arnés de doble cabo cuanto el trabajador, durante la ejecución de los trabajos debe pasar de un anclaje a otro, siendo una medida preventiva clave en trabajo de altura, y más cuando se requiere movilidad entre puntos de anclaje. La falta de evaluación del riesgo de caída por trabajos en altura resulta incuestionable.

En relación con la designación de recurso preventivo para los trabajos que se iban a llevar a cabo en la cubierta de las instalaciones de AUXIMARA, cuya falta imputa la sentencia impugnada a la recurrente GMP, argumentando que el nombramiento meramente formal de uno o de ambos trabajadores como recurso preventivo no es la designación que exige la norma ( art. 32 bis LPRL y 22 bis del RD 604/2006, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención) alega la recurrente que ambos trabajadores tenía formación para ejercer como recurso preventivo y que se asignó a D. Emilio para ejercer dicha función tal como queda establecido en el hecho probado segundo de la sentencia. Añade que es cierto que no se realizó asignación formal de recurso preventivo para el día 22 de junio de 2021 en la cubierta de AUXIMARA, porque sería irracional que la empresa tuviera que realizar diariamente una designación para cada avería que va a reparar, y que no está previsto en ninguna norma. Termina añadiendo que ni siquiera concurren los requisitos legales para exigirle la presencia de recurso preventivo, pues los trabajos realizados no podían ser calificados como peligrosos o con riesgos especiales, ni tenían riesgo grave de caída. Apoya esta aseveración en el criterio técnico 83/2010.

Pues bien, comenzando por esta última afirmación, ha de advertirse que el Criterio Técnico 83/2010 expresamente considera trabajos con riesgos especiales de altura respecto de los que se puede exigir la presencia de dicho recurso, los que se realizan a más de 6 metros de altura o menor pero en los que la protección no puede ser asegurada totalmente sino mediante la utilización de un equipo de protección individual frente al referido riesgo, que es, precisamente el supuesto que nos ocupa, sin que pueda compartirse, en absoluto, la afirmación que contiene el recurso sobre que la actividad desarrollada anulaba el riesgo de caída con el mero uso del arnés y de las líneas de vida. Por lo demás, y en cuanto al incumplimiento de la obligación de designar recurso preventivo, esta Sala no puede sino remitirse a lo que consta como probado en la sentencia (HP 2º, párrafos 4º a 6º), que permanece incólume, que "La empresa GESTION DE MANTENIMIENTO Y PROCESOS S.L, para el concreto trabajo a realizar en AUXIMARA, no designó recurso preventivo que estuviese presente para vigilar que se adoptaban las medidas preventivas necesarias para eliminar o controlar el riesgo de caída libre por parte del trabajador que debía acceder, desplazarse y permanecer para realizar los trabajos en la cubierta de nave de AUXIMARA, de 6 metros de altura, no transitable por la existencia de lucernarios formados por placas de material frágil o de poca resistencia (policarbonato). Dichos lucernarios no están cubiertos por rejas o emparrillado metálico que impidan pisarlos o que impidan la caída a través suyo, en caso de rotura.

La forma habitual de actuar de la empresa GMP es realizar una "designación general" de recurso preventivo a los mismos trabajadores a los que encomiendan un determinado trabajo...

En fecha 13/11/18 la empresa GMP y el trabajador D. Emilio suscriben un documento en el que se "designa" a dicho trabajador como "RECURSO PREVENTIVO, en el que se dice: "Su misión consistirá en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia". Ante tales hechos, se comparte con la juzgadora de instancia la conclusión que se contiene en el fundamento de derecho quinto: GMP no designó ningún recurso preventivo para los trabajos a realizar en el centro de trabajo de AUXIMARA, designación que no se cumple con un nombramiento meramente formal. Este nombramiento formal sobre el trabajador D. Emilio, que realizaba su tarea en las instalaciones de AUXIMARA en el interior de la nave, es completamente ineficaz, pues no le permitía cumplir con ese vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas relacionadas con los riesgos que se deriven del trabajo, en qué consisten las funciones del recurso preventivo, ni le permite hacer las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. Y es que aunque el recurso preventivo puede desarrollar de forma simultánea una actividad productiva distinta, ello solo es posible si la labor de vigilancia no se menoscaba.

QUINTO.- Denuncia asimismo la recurrente GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS, al amparo del apartado c) del art. 193 LRJS, infracción del art. 164 LGSS y de la jurisprudencia relativa a la ausencia de relación de causalidad entre las presuntas infracciones cometidas por GMP y el accidente acontecido. Refiere la recurrente en este apartado que las dos presuntas infracciones que le imputa la sentencia no fueron la causa del accidente de trabajo, el cual aconteció por la imprudencia temeraria del trabajador accidentado, según explica en el motivo siguiente de su escrito de recurso, en el que, con igual amparo en el art. 193 c) de la LRJS, denuncia infracción del art. 164 LGSS y de la jurisprudencia relativa a la ruptura de la relación de causalidad por el comportamiento del trabajador.

En relación a la valoración de la conducta del trabajador accidentado, esta Sala en sentencia de 21.07.2025, rsu 543/2025 recuerda que "...la imprudencia temeraria del accidentado libera a su patrono de responsabilidad, conforme a los artículos 115-4 y 123-1 de la LGSS (hoy art. 156-4 y 164-1 del vigente Texto Refundido de esa ley), en relación con el 15-4 de la LPRL " ( STS de 28-2-2019, r. 508/17 ).

Pero bien entendido que "la infracción de normas de seguridad no se contrarresta por la imprudencia del trabajador" (por todas, SSTS 12-7-2007, R. 938/06 , 22-7-2010, R. 1241/09 , y de 25-10-2016 ).

En la Sentencia de esta Sala de 4-3-2025, r. 81/25 hemos recogido el criterio jurisprudencial: "En relación con la imprudencia temeraria del trabajador, la STS de 20-1-2010, r. 1239/09 , explica: "Lo que se ha producido es una concurrencia de culpas (...) la culpa de la víctima no rompe el nexo causal que proviene del agente externo, en este caso los incumplimientos de la empresa, salvo cuando el daño se ha producido de forma exclusiva por una actuación culposa imputable a la víctima(...) el exceso de confianza del trabajador, que en no pocas ocasiones contribuye a los daños sufridos por los empleados en el ámbito laboral, no borra ni elimina la culpa o negligencia de la empresa y sus encargados cuando faltan al deber objetivo de cuidado consistente que el trabajo se desarrolle en condiciones que no propicien esos resultados lesivos (...) la imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo no tiene", cuando no opera como causa exclusiva del accidente, "entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo; siendo de resaltar que incluso la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever la distracción o imprudencia no temerarias que pudiera cometer el trabajador" (...). La imprudencia temeraria, a la luz de lo dispuesto en el artículo 115 de la LGSS , art. 156 del RD Leg. 8/2015, de 30 de octubre , se diferencia de la imprudencia profesional de manera palmaria en el precepto; esta última especie de imprudencia, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo, es consecuencia del ejercicio habitual del trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira por la repetición de unos mismos actos, en tanto que la imprudencia temeraria presupone una conducta en la que su autor asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas; en otras palabras, puede concebirse como el patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible, definida en la sentencia de la Sala 4ª del TS de 16/7/1985 como aquella conducta del trabajador en que excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente."

La STS de 4-7-2023, r. 3749/20 , reitera este criterio, y añade: "El supuesto litigioso sí que encaja en el concepto de imprudencia temeraria, en su significado jurídico-doctrinal, dado que no se observó en la conducta la más elemental cautela o prudencia que resultaba exigible. Por el contrario, la falta total de cuidado del trabajador accidentado y la gravedad de su conducta adquirieron una intensidad claramente relevante. Sin dejar de observar el deslinde y proyección del concepto de imprudencia en el ámbito penal y en sede laboral, así como la necesaria protección que opera en este último, la calificación de la imprudencia ha de ser de temeraria cuando el trabajador ha omitido la más elemental diligencia, prudencia y cautela, asumiendo un riesgo evidente e innecesario de puesta en peligro de su vida, que llega a materializarse en un accidente..."

Finalmente, reitera la STS de 5-6-2024 (r. 793/21 ): "para que proceda la imposición del recargo de prestaciones es necesario que haya mediado relación causal entre la infracción apreciada y el accidente sufrido, de manera tal que el suceso dañoso haya sido determinado por el incumplimiento empresarial".

SEXTO.- Señala la sentencia impugnada en la cuestión examinada (fundamento jurídico quinto, pág. 26-27) que "Asumiendo que, en el preciso instante en el que el trabajador pisa la placa del lucernario y ésta se rompe, cayendo el trabajador desde una altura de unos 6 metros e impactando contra el suelo (el pasillo de tránsito de la nave de AUXIMARA), para que concurra la imprudencia temeraria del trabajador es preciso que éste observe una conducta que asuma riesgos manifiestos innecesarios y especialmente graves, ajenos a la conducta usual de las gentes.

En el presente supuesto el trabajador al subir a la cubierta llevaba puesto el arnés de un solo cabo, y no existe certeza de que no lo anclara a la línea de vida mientras examinaba el evaporito 2.2 y seguía las indicaciones que le daba su compañero, Sr. Emilio, por el teléfono móvil. El Sr. Emilio en su segunda declaración ante el inspector (página 7 del Acta de Infracción) dijo que llevaban "25 minutos comprobando componentes del evaporativo 2.2" y, en el curso de dicha comprobación, detectaron que podía haber un mal funcionamiento del evaporativo 2.3 dado que el limitador saltaba en exceso de consumo, y que comunicó dicha incidencia a su compañero por el teléfono móvil, desconociendo si el Sr. Florian intentó dirigirse al evaporativo 2.3 para hacer alguna comprobación visual o algún tipo de manipulación en dicho equipo; para lo cual debía de desenganchar el arnés, tal y como se recoge en el Acta de Inspección de Trabajo, dado que no se le había facilitado carro de traslación. En el momento de la caída el trabajador no estaba enganchado a la línea de vida y no es descartable que, en el preciso instante en el que se desengancha, con finalidad de examinar el evaporativo 2.3, se produjese su caída tras pisar el lucernario. En el momento de la caída mortal el trabajador llevaba puesto el arnés, de una cuerda de anclaje.

La conducta del trabajador no puede ser calificada como imprudencia temeraria, sino de mera imprudencia. La Administración la ha calificado de imprudencia profesional, calificación que se estima correcta".

La Sala comparte esas mismas conclusiones acerca del comportamiento del trabajador, quien pudo incurrir en imprudencia profesional, consecuencia del ejercicio habitual del trabajo, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo.

SÉPTIMO.- El último motivo del recurso de la entidad Gestión y Mantenimiento de procesos, denuncia, al amparo del art. 193 c) de la LRJS, infracción en la aplicación del Art. 164 LGSS y de la jurisprudencia que lo desarrolla, en relación con la graduación del porcentaje de recargo aplicable, interesando que, atendiendo a la manifiesta imprudencia del trabajador, se reduzca éste al 30%. Se indica en el recurso que la sentencia impugnada ha obviado esta petición resolviendo sin motivación alguna sobre la improcedencia de la minoración reclamada. Pues bien, la sentencia dedica su fundamento jurídico sexto para abordar la pretensión referida, concluyendo que el recargo en la cuantía impuesta (del 35%) dentro del porcentaje mínimo previsto en la norma "es proporcionado a la gravedad de las infracciones cometidas por las empresas infractoras y el resultado dañoso causado, siendo éste el fallecimiento; habiéndose ponderado la concurrencia de culpa del trabajador. El porcentaje fijado se estima correcto y adecuado a las circunstancias del caso, y está correctamente motivado".

Esta Sala, en la sentencia antes mencionada de 21.07.2025, rsu 543/2025, recordaba que "sobre la cuantía o porcentaje del recargo, dice STS 4-12-2024, r. 3939/21 : "la decisión del juez de instancia sobre la cuantía porcentual de recargo en cuestión, en cuanto predeterminada por un criterio legal -la "gravedad de la falta"-, puede ser reconsiderada en suplicación para comprobar si excede o no del margen de apreciación que le es consustancial; y lo mismo cabría decir, y por la misma razón, de las propias resoluciones en la materia de las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, revisables en derecho por el cauce del recurso de casación para la unificación de doctrina. el fundamento de la posición que ahora se adopta estriba en que la apreciación en un caso concreto de la "gravedad de la falta" o infracción de medida de seguridad está guiada por conceptos normativos -peligrosidad de las actividades, número de trabajadores afectados, actitud o conducta general de la empresa en materia de prevención, instrucciones impartidas por el empresario en orden a la observancia de las medidas reglamentarias, etc.-, que han sido establecidos en la legislación preventiva, y cuya aplicación a un supuesto concreto constituye un acto de calificación jurídica, subsiguiente y separable de la fijación o determinación de los hechos del caso." ( SSTS de 19 de enero de 1996 Rec. 536/95 y de 1 de febrero de 2006, Rcud. 4183/04 ).

El precepto -en referencia al artículo 164 LGSS que establece el recargo de prestaciones- no contiene criterios precisos de atribución, pero sí indica una directriz general para la concreción del referido recargo que es la "gravedad de la falta". Esta configuración normativa supone reconocer un amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la citada cuantía porcentual, pero implica también que la decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con esta directriz legal ( STS 4 de marzo de 2014, Rec. 788/13 )".

Y el supuesto que nos ocupa, al igual que el que examinó el recurso señalado, el recargo no se ha impuesto en su cuantía máxima, precisamente considerando la influencia que en el resultado tuvo la imprudencia del trabajador, profesional no temeraria, y la coexistencia con la actuación y corresponsabilidad de la empresa de la que dependía el accidentado, sin que se justifiquen circunstancias suficientes para reducir al mínimo el porcentaje de recargo declarado (35%).

Por todo ello, el motivo se desestima, e, inexistentes las infracciones legales denunciadas por GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROCESOS S.L., el recurso interpuesto por ésta debe ser desestimado.

RECURSO DE AUXILIAR METALGRÁFICA ARAGONESA S.L.

OCTAVO.- El primer motivo del recurso que formula la recurrente Auxiliar Metalográfica Aragonesa S.L., AUXIMARA, con correcto amparo procesal en el art. 193-c) de la LRJS, denuncia la infracción por aplicación indebida del art. 24.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales.

Sostiene la recurrente que, atendiendo a la circunstancia de que los trabajos contratados con GMP (reparación del evaporito de la cubierta de la nave) no constituyen propia actividad de AUXIMARA (dedicada a la fabricación de tarros de conserva) la obligación exigible es la que establece el art. 24.2 de la LPRL y no la que impone el apartado 3 del mismo artículo. Y, conforme a ello, alega en el recurso que cumplió con las obligaciones en materia de coordinación que le eran exigibles, facilitando toda la información de los riesgos que pueden darse, además de que GMP tenía conocimiento total de la cubierta y de los medios necesarios para salvaguardar la seguridad de sus empleados. Argumenta en el recurso que no le era exigible ofrecer a la contratista el carro de traslación, pues sus funciones no incluyen el ofrecimiento a los trabajadores de la contrata de los medios de seguridad, y tampoco existía para ella obligación de designar recurso preventivo, concluyendo que no existe déficit en la actividad de coordinación de AUXIMARA.

A este respecto, debemos tener en cuenta la STS de septiembre de 2018 -Rcud. 144/2017 -, que trata la cuestión de la posible responsabilidad de la empresa principal cuando se impone el recargo de prestaciones a consecuencia del accidente padecido por una persona trabajadora de una contratista que realiza determinadas tareas para una empresa principal. Esta sentencia razona que cabe extender al empresario principal la responsabilidad, aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad siempre que haya incumplimientos determinantes del accidente. Concretamente, el TS argumenta que la empresa principal puede ser responsable solidariamente del recargo de prestaciones del art. 164 LGSS junto con la empresa auxiliar, aunque no se trate de contrata de la propia actividad de la empresa, pues lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad. Señala el TS que la circunstancia de que las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se imponga el recargo de prestaciones, siendo igualmente errónea la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables.

En el supuesto de autos el trabajador accidentado era empleado de la empresa a la que AUXIMARA contrató para realizar trabajos que correspondían a una actividad distinta a la que le era propia. La sentencia de instancia relaciona los incumplimientos en que ha incurrido la referida empresa principal, en el fundamento de derecho quinto, páginas 24 a 26. Declara la juzgadora de instancia que AUXIMARA se limitó a un cumplimiento meramente formalde su obligación de coordinación de actividades empresariales en materia preventiva con la empresa GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROCESOS, S.L solicitando a ésta que le remitiera su evaluación de riesgos, pero una vez recibida ésta no comprobó si esa evaluación de riesgos tenía en cuenta los riesgos generados por los trabajos que se iban a realizar en su centro de trabajo y las medidas preventivas para su eliminación o control, y si lo hizo, no dio instrucciones a la empresa contratista para que analizara dichos riesgos y los incluyera en su evaluación. No verificó la documentaciónfacilitada por GMP en cumplimiento del artículo 4.2 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. No verificó que la evaluación de riesgos remitida por GMP contemplase los riesgos de los trabajos en cubierta. Y singularmente, afirma la sentencia que la citada empresa principal no advirtió que la evaluación de riesgosenviada no tenía en cuenta la realización de trabajos en cubiertas y el riesgo de caída de alturasasociado a estos trabajos, y que no establecía las correspondientes medidas preventivas.También se indica que la cubierta de AUXIMARA era no transitable, debido a la existencia de lucernarios formados por material plástico,frágil y de poca resistencia, que ocupan casi una quinta parte de su superficie, y no están cubiertos por rejas o emparrillado metálicoque impidan pisarlos o que impidan la caída a través suyo en caso de rotura. Aun contando la instalación con un sistema de líneas de vida en la cubierta, el uso efectivo del arnés de seguridad no evita la rotura de las placas de material plástico de los lucernarios en caso de que éstas sean pisadas accidentalmente, pero sí evita la caída libre del trabajador hasta el suelo de la nave al quedar retenido por la cuerda de anclaje del arnés. Siendo el uso de un equipo de protección individual anticaídas (arnés de seguridad) el único medio de protección adoptado por la empresa GMP para la realización de los trabajos de reparación de evaporativos, sólo el uso efectivo de dicho equipo de protección individual mediante su conexión o sujeción a las líneas de vida que ya se encontraban instaladas sobre la cubierta garantizaba realmente una protección eficaz frente al riesgo de caída durante el tránsito o permanencia sobre la cubierta. Y en tal situación, la sentencia razona que era exigible a la empresa principal titular de la instalación, la designación de recurso preventivo, atendiendo al Criterio técnico 83/2010, sobre presencia de recurso en las empresas. Se añaden como incumplimientos de AUXIMARA la deficiente señalización de los lucernarios, así como la falta de instalación de medidas colectiva (red metálica lucernario) que hubieran evitado la caída del trabajador incluso aunque no se hubiera enganchado a la línea de vida o hubiera tenido que desengancharse para la ejecución del trabajo. Pues bien, aun pudiendo discutirse la obligación para la empresa principal de designar recurso preventivo para la ejecución de los trabajos contratados a GMP, que son ajenos a la propia actividad de aquella, es lo cierto que se evidencian en su actuación, según se ha expuesto, toda una serie comportamientos que constituyen incumplimientos en materia preventiva, relevantes en el accidente con resultado mortal que se produjo en sus instalaciones

Se concluye con todo ello que, efectivamente, la recurrente infringió lo dispuesto en el art. 24.1 y 2 de la LRJS, a cuyo tenor:

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

Y con ello, se concluye que asimismo AUXIMARA es empresario responsable del recargo del art. 164. LGSS.

NOVENO.- En los motivos tercero y cuarto del recurso, Auxiliar Metalgráfica Aragonesa denuncia infracción por aplicación indebida del art. 164.2 LGSS, que requiere la relación directa y unívoca entre un incumplimiento de las normas de seguridad y la producción del accidente, con fundamento en que éste se produce por la negligencia temeraria de trabajador que no pertrecha el arnés con doble cabo, no ancla el arnés a la línea de vida, cuando tiene formación e información del riesgo de caída, y a su disposición, los medios materiales de seguridad para hacerlo; y asimismo, infracción por aplicación indebida del art. 164.1 LGSS que permite la atemperar el recargo en función de las circunstancias, y destacadamente la inferencia de la negligencia del trabajador.

Pues bien, en este punto, debemos remitirnos a lo expuesto en los anteriores fundamentos (quinto, sexto y séptimo,) en relación con las infracciones que, en igual sentido, se contienen en el recurso de Gestión de Mantenimiento y Procesos, y que deben resolverse del mismo modo, en sentido desestimatorio.

DÉCIMO.- En definitiva, inexistentes las infracciones legales denunciadas en ambos recursos, procede su desestimación y la confirmación de la sentencia impugnada. Doctrina plenamente aplicable al caso que nos ocupa, razón por la cual hemos de desestimar también este recurso y confirmar la Sentencia de la instancia.

UNDÉCIMO.- Al no gozar las empresas recurrentes del beneficio de justicia gratuita, ha de disponerse la pérdida de la consignación y del depósito que constituyeron para recurrir, y condenarles a abonar a los letrados de las partes impugnantes de sus recursos la cantidad de 800 € en concepto de honorarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204.1 y 4, y 235.1 de la LRJS.

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente,