Sentencia Social 276/2026 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 113/2026 de 13 de abril del 2026

PRIMERO.- Dª Martina recurre en suplicación la sentencia dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zaragoza Plaza nº 4 que estimando su demanda interpuesta frente a VERALIA SPAIN SA acuerda anular y dejar sin efecto la modificación sustancial de 19-5-2025 notificada a la actora el 21-5-2025 debiendo reponer a la actora en sus anteriores condiciones de trabajo.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La empresa demandada y el Ministerio Fiscal han impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

Las sentencias dictadas en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual con invocación de derechos fundamentales son recurribles en suplicación "para resolver sobre los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego en el proceso, entre ellos la posible indemnización asociada a su presunta vulneración, pero no así sobre las materias de legalidad ordinaria que no tienen acceso a suplicación ( STS 840/2022, de 19 de octubre (rcud. 1363/2019).

Por lo tanto la sentencia dictada en instancia es recurrible pero únicamente en las pretensiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales. La Sala de suplicación sólo puede conocer de las cuestiones de legalidad ordinaria planteadas en el recurso si están estrechamente vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales hasta el punto que resulte del todo imposible resolverlas separadamente.

SEGUNDO.- Recurre la trabajadora demandante, en primer lugar, con base en el motivo previsto en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en la sentencia de instancia.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

La trabajadora solicita en primer lugar la revisión del hecho probado primero para añadir el siguiente párrafo: "La actora tiene una hija menor de edad (nacida en 2015) y venía prestando habitualmente sus servicios en turno fijo de mañana (de 07:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes). Dicha acomodación horaria, mantenida de facto durante años para compatibilizar el trabajo con el cuidado de su hija en atención a la turnicidad de su cónyuge, era conocida y consentida por la empresa".

Desestimamos dicha revisión pues el relato fáctico ya recoge el horario de la trabajadora antes de la modificación así como el dato de que el marido de la actora tiene reconocida una reducción de jornada en los turnos de tarde del fin de semana. Además de los documentos que invoca en apoyo de su pretensión (90, 91 y 3) no se desprende que la actora tuviera concedida medida de conciliación por cuidado de su hija.

A continuación solicita la supresión del enunciado contenido en el segundo párrafo del Hecho Probado Quinto, concretamente la frase "recibiendo al denunciante en una declaración ampliatoria de los hechos denunciados",y también la sustitución de dicho inciso por el siguiente texto: "sin que conste que el denunciante fuera recibido en una declaración ampliatoria de los hechos denunciados, ni que dicha ampliación fuera objeto de traslado a la trabajadora o a la representación sindical que asistió al denunciante durante la tramitación del protocolo"

Desestimamos dicha revisión que se refiere al procedimiento que se siguió para adoptar la modificación sustancial, cuestión de legalidad ordinaria ajena a la vulneración de derechos fundamentales. Además el Magistrado de instancia ha valorado el documento 43 del expediente (acta de aclaración de los hechos denunciados) pretendiendo la recurrente dar su versión subjetiva de la valoración de dicha prueba hasta el punto de sugerir que el protocolo de investigación se amplió por la empresa de forma artificial para incluir más hechos que los denunciados.

También solicita la revisión del hecho probado quinto debiendo incluirse la siguiente redacción en el párrafo tercero de dicho Hecho, inmediatamente a continuación de la siguiente frase "La instructora recibió declaración al denunciante, a la denunciada y a las personas aludidas en dichas declaraciones, en total 10":

"En el curso de la investigación interna, la instructora entrevistó a Dña. Felicisima, responsable del departamento de Calidad.

De dicha entrevista resulta acreditado que la responsable manifestó que, aun reconociendo que la trabajadora "es puntual y trabaja bien", consideraba que "no podía volver al departamento" una vez finalizado el proceso".

Asimismo, la responsable indicó que los comentarios atribuidos a la trabajadora respecto del denunciante se producían en "momentos de café", en los que ella no estaba presente, y que existía malestar previo del denunciante respecto de la trabajadora antes del incidente del 7 de febrero de 2025."

Desestimamos dicha revisión que pretende ofrecer una nueva valoración de la entrevista que se mantuvo con la responsable del departamento de calidad, Dª Felicisima en la instrucción del expediente y que ha sido ya valorada en la instancia. Además no se trata de prueba documental sino de grabaciones y los medios de reproducción del sonido y la imagen no son medio hábil para la revisión del relato fáctico ( STS 325/2022, de 6 de abril). Tampoco existe documento alguno que pruebe esa situación de conciliación familiar.

TERCERO.- En el siguiente motivo del recurso se denuncia la normativa y jurisprudencia que se considera infringida de conformidad con el artículo 193 c) LRJS.

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

CUARTO.- La trabajadora entiende que la medida adoptada por la empresa vulnera los siguientes derechos fundamentales:

1. Vulneración del derecho a la intimidad ( art. 18.1 CE) por utilización de conversaciones mantenidas durante la pausa del café -fuera del tiempo y lugar de trabajo- como fundamento del procedimiento de acoso y de la MSCT.

Se alude por la recurrente a una transgresión del artículo 18.1 CE (derecho a la intimidad) y del artículo 4.2 e ) ET al fundamentar la empresa el expediente de acoso y la medida de movilidad funcional adoptada en conversaciones mantenidas por el denunciante con la trabajadora Sra. Martina durante la pausa de café.

La persona que graba Romeo, Técnico de Calidad, participa en la conversación grabada, cuya utilización, es plenamente lícita y no incurre en transgresión alguna, como ha argumentado el Tribunal Constitucional ya desde 1984 ( STC 114/1984, de 29 de noviembre)-.

Sobre esta cuestión nos hemos pronunciado en sentencia de esta Sala de 4 de julio de 2025 (recurso 480/2025), citada en la sentencia ahora recurrida:

"En relación a las grabaciones, la STC nº 114/1984, de 29 de noviembre ( RTC 1984, 114 ) , distingue la protección del derecho a la intimidad y del derecho al secreto de las comunicaciones reconocidos en el artículo 18 de la CE cuando la grabación se realiza por terceras personas ajenas a la conversación o cuando se efectúa por uno de los interlocutores, concluyendo que el derecho al "secreto de las comunicaciones ... salvo resolución judicial" no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución ; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, "a contrario", no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación. En este sentido, podría existir vulneración de la intimidad si se hubiera producido el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas o bien la utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción, pero nada de ello ocurre en el caso de autos. (vid. art.7 LO1/82 ), y ninguna de esas circunstancias consta que se haya producido en este caso. La conclusión es que la grabación de una conversación por uno de los que en la misma participan -sin otros añadidos- no vulnera el derecho al honor, a la intimidad o al secreto de las comunicaciones. Entre los partícipes de la comunicación no existe vulneración de secretos, y por tanto la aprehensión o grabación de la conversación no conculca el derecho que se invoca, ya que la conversación es libre y no existe ninguna manipulación entre los interlocutores, la comunicación es libre, así como la interceptación por uno de sus interlocutores porque entre ellos no existe secreto, y no se acredita que para su obtención y así para la grabación de la conversación se haya vulnerado algún derecho fundamental. Lo que supondría la ilicitud es la interceptación por un tercero ajeno sin su consentimiento. El registro de la conversación es lícito y no atenta al secreto de la comunicación.

Por lo expuesto el medio de prueba es válido".

El art. 18.1 CE regula entre otros el derecho a la intimidad y en el caso que nos ocupa, además de lo ya dicho sobre la licitud de la grabación, no se revelan datos relativos a la intimidad de la trabajadora.

Además tales grabaciones han sido valoradas en la instancia, concluyendo que se oye de fondo ruido de botellas y la empresa se dedica a la fabricación de botellas de vidrio, sin que exista constancia de que tales conversaciones tuvieran lugar únicamente en pausas de café.

Además el protocolo de acoso abierto a la actora no se basa solo en dichas grabaciones, sino en testificales que se recogen en el expediente.

2. Vulneración del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo vinculada a la conciliación ( arts. 14 y 39 CE; arts. 4.2 e), 17 y 41 ET; arts. 3, 6 y 8 LO 3/2007).

Entiende la actora que la sentencia recurrida infringe los arts. 14 y 39 CE, los arts. 4.2 e), 17 y 41 ET y la doctrina constitucional sobre conciliación y discriminación indirecta, al negar la existencia de vulneración de derechos fundamentales pese a que la medida empresarial -adscripción de la actora al quinto turno bajo la cobertura de una supuesta movilidad funcional/organizativa- comporta una afectación grave y objetivamente constatable de la vida familiar y del sistema de cuidados de una menor, en un contexto en el que la empresa conocía o debía conocer la situación familiar estable de la trabajadora y el impacto previsible de la medida.

No creemos que en este caso se haya vulnerado el derecho de la actora a la conciliación de la vida laboral y familiar, en primer lugar porque no consta que el horario del que disfrutaba desde 2014 fuera una concesión de la empresa en aras a dicha conciliación, sino el resultado de formar parte del Departamento de Calidad desde el año 2014 por superar un examen. Y además se da por probado que era el marido de la actora quien tenía la jornada reducida por cuidado de hijos.

No se ha probado que la actora hubiera realizado solicitud alguna a la empresa en materia de conciliación y por lo tanto no existen indicios de la supuesta discriminación del derecho a la conciliación en la adopción de la medida de movilidad funcional.

Por lo tanto no se han aportado indicios de que la medida adoptada tuviera ese móvil discriminatorio. Cosa distinta es que la medida de movilidad funcional tuviera una repercusión en su conciliación familiar y laboral.

3. Instrumentalidad del protocolo de acoso y desviación de poder como soporte de una MSCT/equivalente, con infracción de normas sustantivas ( arts. 14, 18 y 24 CE; arts. 4.2 e), 17 y 41 ET; art. 48 LO 3/2007; arts. 6.4 y 7.2 del Código Civil; arts. 181.2, 90.2 y 183 LRJS) .

Alega la trabajadora cuestiones que exceden de la cognición limitada de este recurso, sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales, como que el protocolo de acoso "se utilizó como un mecanismo instrumental para construir un soporte formal de una decisión adversa lo que evidencia una desviación de poder y un uso del procedimiento contrario a su finalidad legítima". Entiende que ello incide directamente en el derecho a la dignidad profesional y al respeto de la intimidad ( artículo 4.2 e ) ET y artículo 18 CE) así como en la prohibición de decisiones organizativas con móviles discriminatorios o represivos ( artículo 14 CE y artículo 17 ET) .

No se han aportado indicios de que se haya vulnerado el derecho de igualdad, ni término de comparación alguna: se siguió un protocolo de acoso por la empresa sin que exista indicio alguno de una posible instrumentalización del protocolo o abuso de derecho o fraude en el mismo.

4. Falta de motivación reforzada en la desestimación de la tutela de derechos fundamentales ( art. 24.1 CE) , con infracción de la doctrina constitucional sobre canon de control intensificado.

En cuanto a la eventual incongruencia de la resolución recurrida, debe recordarse que el deber de congruencia exigido por el art. 218.1 LEC impone la adecuación de la parte dispositiva de la sentencia con la pretensión deducida por el accionante y las defensas opuestas por el demandado en relación con dicha solicitud. De esta posible discordancia deriva la prohibición de conceder lo no pedido o cosa distinta de lo pedido total o parcialmente -por significar más de lo solicitado por el demandante y menos de lo admitido por el demandado ( STC 42/1988 , 84/1988 , 169/1988 , 88/1992 , 369/1993 , 172/1994 , 311/1994 , 111/1997 y 220/1997 ,citadas por la STS de 28 de marzo de 2010 ).La incongruencia de las resoluciones judiciales reviste dos modalidades: la omisiva o ex silentium,que se produce cuando las partes formulan pretensiones que requieren una respuesta autónoma a las peticiones en ellas suscitadas, pese a lo cual el fallo judicial ni les da respuesta expresa ni permite entenderlas tácitamente desestimadas; y la incongruencia extra petitum,que se produce cuando el órgano judicial incurre en un desajuste entre lo resuelto por él y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, dándoles algo mayor o distinto de lo planteado en el proceso ( STC 136/1998 y 29/1999 ).

El Tribunal Constitucional ha resumido la doctrina constitucional sobre la incongruencia, en la sentencia 9/1998, de 13 de enero: "Desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española, se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño o las respectivas pretensiones de las partes".

Y tal como dicen las Sentencias de 18 de noviembre de 1996, 29 de mayo de 1997, 28 de octubre de 1997, 5 de noviembre de 1997, 11 de febrero de 1998 y 10 de marzo de 1998: "es doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ("citra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no puede razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito. También puede apreciarse vicio de incongruencia en aquellas sentencias que prescinden de la causa de pedir y fallan conforme a otra distinta, al causar indudable indefensión, que no ampara el principio 'iura novit curia'".

Basta una lectura de la sentencia recurrida para ver que la misma motiva adecuada y detalladamente la desestimación de la pretensión de la actora sobre vulneración de derechos fundamentales, dando cuenta de cada una de las vulneraciones de derechos alegadas por la actora.

Por otro lado, como en cualquier procedimiento en el que se ventile la tutela de derechos fundamentales, no podemos perder de vista el artículo 181.2 LRJS, de acuerdo con el cual el actor deberá justificar la concurrencia de los indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental.

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2003, de 30 de enero, "(...) Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de marzo). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). Bajo esas circunstancias, el indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse ( SSTC 87/1998, de 21 de abril; 293/1993, de 18 de octubre; 140/1999, de 22 de julio; 29/2000, de 31 de enero; 207/2001, de 22 de octubre; 214/2001, de 29 de octubre; 14/20002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero; y 30/2002, de 11 de febrero). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental del trabajador".

En este sentido la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2013 (recurso 2327/2012 ) señala que se ha de acumular: "¿"prueba verosímil" o "principio de prueba" revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio , FJ 3 ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 2/2009, de 12/Enero , FJ 3. Y SSTS 14/04/11 ¿rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, "el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales" (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre, FJ 4 ; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4; y 74/2008, de 23/Junio , FJ 2); "en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria" (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, FJ6 EPV; 125/2008, de 20/Octubre; y 92/2009, de 20/Abril, FJ 7)...".

En similares términos, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio y 19 de febrero de 2014 ( recurso ordinario 11/2013 y suplicación para la unificación de doctrina 687/2013).

Y en este caso la actora no ha desplegado un panorama indiciario suficiente sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales en la adopción por la empresa de la medida de movilidad que nos ocupa.

Por lo expuesto procede la desestimación del recurso de suplicación.

PRIMERO.- Dª Martina recurre en suplicación la sentencia dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zaragoza Plaza nº 4 que estimando su demanda interpuesta frente a VERALIA SPAIN SA acuerda anular y dejar sin efecto la modificación sustancial de 19-5-2025 notificada a la actora el 21-5-2025 debiendo reponer a la actora en sus anteriores condiciones de trabajo.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La empresa demandada y el Ministerio Fiscal han impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

Las sentencias dictadas en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual con invocación de derechos fundamentales son recurribles en suplicación "para resolver sobre los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego en el proceso, entre ellos la posible indemnización asociada a su presunta vulneración, pero no así sobre las materias de legalidad ordinaria que no tienen acceso a suplicación ( STS 840/2022, de 19 de octubre (rcud. 1363/2019).

Por lo tanto la sentencia dictada en instancia es recurrible pero únicamente en las pretensiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales. La Sala de suplicación sólo puede conocer de las cuestiones de legalidad ordinaria planteadas en el recurso si están estrechamente vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales hasta el punto que resulte del todo imposible resolverlas separadamente.

SEGUNDO.- Recurre la trabajadora demandante, en primer lugar, con base en el motivo previsto en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en la sentencia de instancia.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

La trabajadora solicita en primer lugar la revisión del hecho probado primero para añadir el siguiente párrafo: "La actora tiene una hija menor de edad (nacida en 2015) y venía prestando habitualmente sus servicios en turno fijo de mañana (de 07:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes). Dicha acomodación horaria, mantenida de facto durante años para compatibilizar el trabajo con el cuidado de su hija en atención a la turnicidad de su cónyuge, era conocida y consentida por la empresa".

Desestimamos dicha revisión pues el relato fáctico ya recoge el horario de la trabajadora antes de la modificación así como el dato de que el marido de la actora tiene reconocida una reducción de jornada en los turnos de tarde del fin de semana. Además de los documentos que invoca en apoyo de su pretensión (90, 91 y 3) no se desprende que la actora tuviera concedida medida de conciliación por cuidado de su hija.

A continuación solicita la supresión del enunciado contenido en el segundo párrafo del Hecho Probado Quinto, concretamente la frase "recibiendo al denunciante en una declaración ampliatoria de los hechos denunciados",y también la sustitución de dicho inciso por el siguiente texto: "sin que conste que el denunciante fuera recibido en una declaración ampliatoria de los hechos denunciados, ni que dicha ampliación fuera objeto de traslado a la trabajadora o a la representación sindical que asistió al denunciante durante la tramitación del protocolo"

Desestimamos dicha revisión que se refiere al procedimiento que se siguió para adoptar la modificación sustancial, cuestión de legalidad ordinaria ajena a la vulneración de derechos fundamentales. Además el Magistrado de instancia ha valorado el documento 43 del expediente (acta de aclaración de los hechos denunciados) pretendiendo la recurrente dar su versión subjetiva de la valoración de dicha prueba hasta el punto de sugerir que el protocolo de investigación se amplió por la empresa de forma artificial para incluir más hechos que los denunciados.

También solicita la revisión del hecho probado quinto debiendo incluirse la siguiente redacción en el párrafo tercero de dicho Hecho, inmediatamente a continuación de la siguiente frase "La instructora recibió declaración al denunciante, a la denunciada y a las personas aludidas en dichas declaraciones, en total 10":

"En el curso de la investigación interna, la instructora entrevistó a Dña. Felicisima, responsable del departamento de Calidad.

De dicha entrevista resulta acreditado que la responsable manifestó que, aun reconociendo que la trabajadora "es puntual y trabaja bien", consideraba que "no podía volver al departamento" una vez finalizado el proceso".

Asimismo, la responsable indicó que los comentarios atribuidos a la trabajadora respecto del denunciante se producían en "momentos de café", en los que ella no estaba presente, y que existía malestar previo del denunciante respecto de la trabajadora antes del incidente del 7 de febrero de 2025."

Desestimamos dicha revisión que pretende ofrecer una nueva valoración de la entrevista que se mantuvo con la responsable del departamento de calidad, Dª Felicisima en la instrucción del expediente y que ha sido ya valorada en la instancia. Además no se trata de prueba documental sino de grabaciones y los medios de reproducción del sonido y la imagen no son medio hábil para la revisión del relato fáctico ( STS 325/2022, de 6 de abril). Tampoco existe documento alguno que pruebe esa situación de conciliación familiar.

TERCERO.- En el siguiente motivo del recurso se denuncia la normativa y jurisprudencia que se considera infringida de conformidad con el artículo 193 c) LRJS.

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

CUARTO.- La trabajadora entiende que la medida adoptada por la empresa vulnera los siguientes derechos fundamentales:

1. Vulneración del derecho a la intimidad ( art. 18.1 CE) por utilización de conversaciones mantenidas durante la pausa del café -fuera del tiempo y lugar de trabajo- como fundamento del procedimiento de acoso y de la MSCT.

Se alude por la recurrente a una transgresión del artículo 18.1 CE (derecho a la intimidad) y del artículo 4.2 e ) ET al fundamentar la empresa el expediente de acoso y la medida de movilidad funcional adoptada en conversaciones mantenidas por el denunciante con la trabajadora Sra. Martina durante la pausa de café.

La persona que graba Romeo, Técnico de Calidad, participa en la conversación grabada, cuya utilización, es plenamente lícita y no incurre en transgresión alguna, como ha argumentado el Tribunal Constitucional ya desde 1984 ( STC 114/1984, de 29 de noviembre)-.

Sobre esta cuestión nos hemos pronunciado en sentencia de esta Sala de 4 de julio de 2025 (recurso 480/2025), citada en la sentencia ahora recurrida:

"En relación a las grabaciones, la STC nº 114/1984, de 29 de noviembre ( RTC 1984, 114 ) , distingue la protección del derecho a la intimidad y del derecho al secreto de las comunicaciones reconocidos en el artículo 18 de la CE cuando la grabación se realiza por terceras personas ajenas a la conversación o cuando se efectúa por uno de los interlocutores, concluyendo que el derecho al "secreto de las comunicaciones ... salvo resolución judicial" no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución ; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, "a contrario", no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación. En este sentido, podría existir vulneración de la intimidad si se hubiera producido el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas o bien la utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción, pero nada de ello ocurre en el caso de autos. (vid. art.7 LO1/82 ), y ninguna de esas circunstancias consta que se haya producido en este caso. La conclusión es que la grabación de una conversación por uno de los que en la misma participan -sin otros añadidos- no vulnera el derecho al honor, a la intimidad o al secreto de las comunicaciones. Entre los partícipes de la comunicación no existe vulneración de secretos, y por tanto la aprehensión o grabación de la conversación no conculca el derecho que se invoca, ya que la conversación es libre y no existe ninguna manipulación entre los interlocutores, la comunicación es libre, así como la interceptación por uno de sus interlocutores porque entre ellos no existe secreto, y no se acredita que para su obtención y así para la grabación de la conversación se haya vulnerado algún derecho fundamental. Lo que supondría la ilicitud es la interceptación por un tercero ajeno sin su consentimiento. El registro de la conversación es lícito y no atenta al secreto de la comunicación.

Por lo expuesto el medio de prueba es válido".

El art. 18.1 CE regula entre otros el derecho a la intimidad y en el caso que nos ocupa, además de lo ya dicho sobre la licitud de la grabación, no se revelan datos relativos a la intimidad de la trabajadora.

Además tales grabaciones han sido valoradas en la instancia, concluyendo que se oye de fondo ruido de botellas y la empresa se dedica a la fabricación de botellas de vidrio, sin que exista constancia de que tales conversaciones tuvieran lugar únicamente en pausas de café.

Además el protocolo de acoso abierto a la actora no se basa solo en dichas grabaciones, sino en testificales que se recogen en el expediente.

2. Vulneración del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo vinculada a la conciliación ( arts. 14 y 39 CE; arts. 4.2 e), 17 y 41 ET; arts. 3, 6 y 8 LO 3/2007).

Entiende la actora que la sentencia recurrida infringe los arts. 14 y 39 CE, los arts. 4.2 e), 17 y 41 ET y la doctrina constitucional sobre conciliación y discriminación indirecta, al negar la existencia de vulneración de derechos fundamentales pese a que la medida empresarial -adscripción de la actora al quinto turno bajo la cobertura de una supuesta movilidad funcional/organizativa- comporta una afectación grave y objetivamente constatable de la vida familiar y del sistema de cuidados de una menor, en un contexto en el que la empresa conocía o debía conocer la situación familiar estable de la trabajadora y el impacto previsible de la medida.

No creemos que en este caso se haya vulnerado el derecho de la actora a la conciliación de la vida laboral y familiar, en primer lugar porque no consta que el horario del que disfrutaba desde 2014 fuera una concesión de la empresa en aras a dicha conciliación, sino el resultado de formar parte del Departamento de Calidad desde el año 2014 por superar un examen. Y además se da por probado que era el marido de la actora quien tenía la jornada reducida por cuidado de hijos.

No se ha probado que la actora hubiera realizado solicitud alguna a la empresa en materia de conciliación y por lo tanto no existen indicios de la supuesta discriminación del derecho a la conciliación en la adopción de la medida de movilidad funcional.

Por lo tanto no se han aportado indicios de que la medida adoptada tuviera ese móvil discriminatorio. Cosa distinta es que la medida de movilidad funcional tuviera una repercusión en su conciliación familiar y laboral.

3. Instrumentalidad del protocolo de acoso y desviación de poder como soporte de una MSCT/equivalente, con infracción de normas sustantivas ( arts. 14, 18 y 24 CE; arts. 4.2 e), 17 y 41 ET; art. 48 LO 3/2007; arts. 6.4 y 7.2 del Código Civil; arts. 181.2, 90.2 y 183 LRJS) .

Alega la trabajadora cuestiones que exceden de la cognición limitada de este recurso, sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales, como que el protocolo de acoso "se utilizó como un mecanismo instrumental para construir un soporte formal de una decisión adversa lo que evidencia una desviación de poder y un uso del procedimiento contrario a su finalidad legítima". Entiende que ello incide directamente en el derecho a la dignidad profesional y al respeto de la intimidad ( artículo 4.2 e ) ET y artículo 18 CE) así como en la prohibición de decisiones organizativas con móviles discriminatorios o represivos ( artículo 14 CE y artículo 17 ET) .

No se han aportado indicios de que se haya vulnerado el derecho de igualdad, ni término de comparación alguna: se siguió un protocolo de acoso por la empresa sin que exista indicio alguno de una posible instrumentalización del protocolo o abuso de derecho o fraude en el mismo.

4. Falta de motivación reforzada en la desestimación de la tutela de derechos fundamentales ( art. 24.1 CE) , con infracción de la doctrina constitucional sobre canon de control intensificado.

En cuanto a la eventual incongruencia de la resolución recurrida, debe recordarse que el deber de congruencia exigido por el art. 218.1 LEC impone la adecuación de la parte dispositiva de la sentencia con la pretensión deducida por el accionante y las defensas opuestas por el demandado en relación con dicha solicitud. De esta posible discordancia deriva la prohibición de conceder lo no pedido o cosa distinta de lo pedido total o parcialmente -por significar más de lo solicitado por el demandante y menos de lo admitido por el demandado ( STC 42/1988 , 84/1988 , 169/1988 , 88/1992 , 369/1993 , 172/1994 , 311/1994 , 111/1997 y 220/1997 ,citadas por la STS de 28 de marzo de 2010 ).La incongruencia de las resoluciones judiciales reviste dos modalidades: la omisiva o ex silentium,que se produce cuando las partes formulan pretensiones que requieren una respuesta autónoma a las peticiones en ellas suscitadas, pese a lo cual el fallo judicial ni les da respuesta expresa ni permite entenderlas tácitamente desestimadas; y la incongruencia extra petitum,que se produce cuando el órgano judicial incurre en un desajuste entre lo resuelto por él y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, dándoles algo mayor o distinto de lo planteado en el proceso ( STC 136/1998 y 29/1999 ).

El Tribunal Constitucional ha resumido la doctrina constitucional sobre la incongruencia, en la sentencia 9/1998, de 13 de enero: "Desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española, se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño o las respectivas pretensiones de las partes".

Y tal como dicen las Sentencias de 18 de noviembre de 1996, 29 de mayo de 1997, 28 de octubre de 1997, 5 de noviembre de 1997, 11 de febrero de 1998 y 10 de marzo de 1998: "es doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ("citra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no puede razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito. También puede apreciarse vicio de incongruencia en aquellas sentencias que prescinden de la causa de pedir y fallan conforme a otra distinta, al causar indudable indefensión, que no ampara el principio 'iura novit curia'".

Basta una lectura de la sentencia recurrida para ver que la misma motiva adecuada y detalladamente la desestimación de la pretensión de la actora sobre vulneración de derechos fundamentales, dando cuenta de cada una de las vulneraciones de derechos alegadas por la actora.

Por otro lado, como en cualquier procedimiento en el que se ventile la tutela de derechos fundamentales, no podemos perder de vista el artículo 181.2 LRJS, de acuerdo con el cual el actor deberá justificar la concurrencia de los indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental.

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2003, de 30 de enero, "(...) Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de marzo). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). Bajo esas circunstancias, el indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse ( SSTC 87/1998, de 21 de abril; 293/1993, de 18 de octubre; 140/1999, de 22 de julio; 29/2000, de 31 de enero; 207/2001, de 22 de octubre; 214/2001, de 29 de octubre; 14/20002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero; y 30/2002, de 11 de febrero). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental del trabajador".

En este sentido la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2013 (recurso 2327/2012 ) señala que se ha de acumular: "¿"prueba verosímil" o "principio de prueba" revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio , FJ 3 ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 2/2009, de 12/Enero , FJ 3. Y SSTS 14/04/11 ¿rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, "el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales" (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre, FJ 4 ; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4; y 74/2008, de 23/Junio , FJ 2); "en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria" (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, FJ6 EPV; 125/2008, de 20/Octubre; y 92/2009, de 20/Abril, FJ 7)...".

En similares términos, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio y 19 de febrero de 2014 ( recurso ordinario 11/2013 y suplicación para la unificación de doctrina 687/2013).

Y en este caso la actora no ha desplegado un panorama indiciario suficiente sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales en la adopción por la empresa de la medida de movilidad que nos ocupa.

Por lo expuesto procede la desestimación del recurso de suplicación.

PRIMERO.- Dª Martina recurre en suplicación la sentencia dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zaragoza Plaza nº 4 que estimando su demanda interpuesta frente a VERALIA SPAIN SA acuerda anular y dejar sin efecto la modificación sustancial de 19-5-2025 notificada a la actora el 21-5-2025 debiendo reponer a la actora en sus anteriores condiciones de trabajo.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La empresa demandada y el Ministerio Fiscal han impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

Las sentencias dictadas en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual con invocación de derechos fundamentales son recurribles en suplicación "para resolver sobre los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego en el proceso, entre ellos la posible indemnización asociada a su presunta vulneración, pero no así sobre las materias de legalidad ordinaria que no tienen acceso a suplicación ( STS 840/2022, de 19 de octubre (rcud. 1363/2019).

Por lo tanto la sentencia dictada en instancia es recurrible pero únicamente en las pretensiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales. La Sala de suplicación sólo puede conocer de las cuestiones de legalidad ordinaria planteadas en el recurso si están estrechamente vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales hasta el punto que resulte del todo imposible resolverlas separadamente.

SEGUNDO.- Recurre la trabajadora demandante, en primer lugar, con base en el motivo previsto en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en la sentencia de instancia.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

La trabajadora solicita en primer lugar la revisión del hecho probado primero para añadir el siguiente párrafo: "La actora tiene una hija menor de edad (nacida en 2015) y venía prestando habitualmente sus servicios en turno fijo de mañana (de 07:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes). Dicha acomodación horaria, mantenida de facto durante años para compatibilizar el trabajo con el cuidado de su hija en atención a la turnicidad de su cónyuge, era conocida y consentida por la empresa".

Desestimamos dicha revisión pues el relato fáctico ya recoge el horario de la trabajadora antes de la modificación así como el dato de que el marido de la actora tiene reconocida una reducción de jornada en los turnos de tarde del fin de semana. Además de los documentos que invoca en apoyo de su pretensión (90, 91 y 3) no se desprende que la actora tuviera concedida medida de conciliación por cuidado de su hija.

A continuación solicita la supresión del enunciado contenido en el segundo párrafo del Hecho Probado Quinto, concretamente la frase "recibiendo al denunciante en una declaración ampliatoria de los hechos denunciados",y también la sustitución de dicho inciso por el siguiente texto: "sin que conste que el denunciante fuera recibido en una declaración ampliatoria de los hechos denunciados, ni que dicha ampliación fuera objeto de traslado a la trabajadora o a la representación sindical que asistió al denunciante durante la tramitación del protocolo"

Desestimamos dicha revisión que se refiere al procedimiento que se siguió para adoptar la modificación sustancial, cuestión de legalidad ordinaria ajena a la vulneración de derechos fundamentales. Además el Magistrado de instancia ha valorado el documento 43 del expediente (acta de aclaración de los hechos denunciados) pretendiendo la recurrente dar su versión subjetiva de la valoración de dicha prueba hasta el punto de sugerir que el protocolo de investigación se amplió por la empresa de forma artificial para incluir más hechos que los denunciados.

También solicita la revisión del hecho probado quinto debiendo incluirse la siguiente redacción en el párrafo tercero de dicho Hecho, inmediatamente a continuación de la siguiente frase "La instructora recibió declaración al denunciante, a la denunciada y a las personas aludidas en dichas declaraciones, en total 10":

"En el curso de la investigación interna, la instructora entrevistó a Dña. Felicisima, responsable del departamento de Calidad.

De dicha entrevista resulta acreditado que la responsable manifestó que, aun reconociendo que la trabajadora "es puntual y trabaja bien", consideraba que "no podía volver al departamento" una vez finalizado el proceso".

Asimismo, la responsable indicó que los comentarios atribuidos a la trabajadora respecto del denunciante se producían en "momentos de café", en los que ella no estaba presente, y que existía malestar previo del denunciante respecto de la trabajadora antes del incidente del 7 de febrero de 2025."

Desestimamos dicha revisión que pretende ofrecer una nueva valoración de la entrevista que se mantuvo con la responsable del departamento de calidad, Dª Felicisima en la instrucción del expediente y que ha sido ya valorada en la instancia. Además no se trata de prueba documental sino de grabaciones y los medios de reproducción del sonido y la imagen no son medio hábil para la revisión del relato fáctico ( STS 325/2022, de 6 de abril). Tampoco existe documento alguno que pruebe esa situación de conciliación familiar.

TERCERO.- En el siguiente motivo del recurso se denuncia la normativa y jurisprudencia que se considera infringida de conformidad con el artículo 193 c) LRJS.

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

CUARTO.- La trabajadora entiende que la medida adoptada por la empresa vulnera los siguientes derechos fundamentales:

1. Vulneración del derecho a la intimidad ( art. 18.1 CE) por utilización de conversaciones mantenidas durante la pausa del café -fuera del tiempo y lugar de trabajo- como fundamento del procedimiento de acoso y de la MSCT.

Se alude por la recurrente a una transgresión del artículo 18.1 CE (derecho a la intimidad) y del artículo 4.2 e ) ET al fundamentar la empresa el expediente de acoso y la medida de movilidad funcional adoptada en conversaciones mantenidas por el denunciante con la trabajadora Sra. Martina durante la pausa de café.

La persona que graba Romeo, Técnico de Calidad, participa en la conversación grabada, cuya utilización, es plenamente lícita y no incurre en transgresión alguna, como ha argumentado el Tribunal Constitucional ya desde 1984 ( STC 114/1984, de 29 de noviembre)-.

Sobre esta cuestión nos hemos pronunciado en sentencia de esta Sala de 4 de julio de 2025 (recurso 480/2025), citada en la sentencia ahora recurrida:

"En relación a las grabaciones, la STC nº 114/1984, de 29 de noviembre ( RTC 1984, 114 ) , distingue la protección del derecho a la intimidad y del derecho al secreto de las comunicaciones reconocidos en el artículo 18 de la CE cuando la grabación se realiza por terceras personas ajenas a la conversación o cuando se efectúa por uno de los interlocutores, concluyendo que el derecho al "secreto de las comunicaciones ... salvo resolución judicial" no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución ; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, "a contrario", no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación. En este sentido, podría existir vulneración de la intimidad si se hubiera producido el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas o bien la utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción, pero nada de ello ocurre en el caso de autos. (vid. art.7 LO1/82 ), y ninguna de esas circunstancias consta que se haya producido en este caso. La conclusión es que la grabación de una conversación por uno de los que en la misma participan -sin otros añadidos- no vulnera el derecho al honor, a la intimidad o al secreto de las comunicaciones. Entre los partícipes de la comunicación no existe vulneración de secretos, y por tanto la aprehensión o grabación de la conversación no conculca el derecho que se invoca, ya que la conversación es libre y no existe ninguna manipulación entre los interlocutores, la comunicación es libre, así como la interceptación por uno de sus interlocutores porque entre ellos no existe secreto, y no se acredita que para su obtención y así para la grabación de la conversación se haya vulnerado algún derecho fundamental. Lo que supondría la ilicitud es la interceptación por un tercero ajeno sin su consentimiento. El registro de la conversación es lícito y no atenta al secreto de la comunicación.

Por lo expuesto el medio de prueba es válido".

El art. 18.1 CE regula entre otros el derecho a la intimidad y en el caso que nos ocupa, además de lo ya dicho sobre la licitud de la grabación, no se revelan datos relativos a la intimidad de la trabajadora.

Además tales grabaciones han sido valoradas en la instancia, concluyendo que se oye de fondo ruido de botellas y la empresa se dedica a la fabricación de botellas de vidrio, sin que exista constancia de que tales conversaciones tuvieran lugar únicamente en pausas de café.

Además el protocolo de acoso abierto a la actora no se basa solo en dichas grabaciones, sino en testificales que se recogen en el expediente.

2. Vulneración del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo vinculada a la conciliación ( arts. 14 y 39 CE; arts. 4.2 e), 17 y 41 ET; arts. 3, 6 y 8 LO 3/2007).

Entiende la actora que la sentencia recurrida infringe los arts. 14 y 39 CE, los arts. 4.2 e), 17 y 41 ET y la doctrina constitucional sobre conciliación y discriminación indirecta, al negar la existencia de vulneración de derechos fundamentales pese a que la medida empresarial -adscripción de la actora al quinto turno bajo la cobertura de una supuesta movilidad funcional/organizativa- comporta una afectación grave y objetivamente constatable de la vida familiar y del sistema de cuidados de una menor, en un contexto en el que la empresa conocía o debía conocer la situación familiar estable de la trabajadora y el impacto previsible de la medida.

No creemos que en este caso se haya vulnerado el derecho de la actora a la conciliación de la vida laboral y familiar, en primer lugar porque no consta que el horario del que disfrutaba desde 2014 fuera una concesión de la empresa en aras a dicha conciliación, sino el resultado de formar parte del Departamento de Calidad desde el año 2014 por superar un examen. Y además se da por probado que era el marido de la actora quien tenía la jornada reducida por cuidado de hijos.

No se ha probado que la actora hubiera realizado solicitud alguna a la empresa en materia de conciliación y por lo tanto no existen indicios de la supuesta discriminación del derecho a la conciliación en la adopción de la medida de movilidad funcional.

Por lo tanto no se han aportado indicios de que la medida adoptada tuviera ese móvil discriminatorio. Cosa distinta es que la medida de movilidad funcional tuviera una repercusión en su conciliación familiar y laboral.

3. Instrumentalidad del protocolo de acoso y desviación de poder como soporte de una MSCT/equivalente, con infracción de normas sustantivas ( arts. 14, 18 y 24 CE; arts. 4.2 e), 17 y 41 ET; art. 48 LO 3/2007; arts. 6.4 y 7.2 del Código Civil; arts. 181.2, 90.2 y 183 LRJS) .

Alega la trabajadora cuestiones que exceden de la cognición limitada de este recurso, sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales, como que el protocolo de acoso "se utilizó como un mecanismo instrumental para construir un soporte formal de una decisión adversa lo que evidencia una desviación de poder y un uso del procedimiento contrario a su finalidad legítima". Entiende que ello incide directamente en el derecho a la dignidad profesional y al respeto de la intimidad ( artículo 4.2 e ) ET y artículo 18 CE) así como en la prohibición de decisiones organizativas con móviles discriminatorios o represivos ( artículo 14 CE y artículo 17 ET) .

No se han aportado indicios de que se haya vulnerado el derecho de igualdad, ni término de comparación alguna: se siguió un protocolo de acoso por la empresa sin que exista indicio alguno de una posible instrumentalización del protocolo o abuso de derecho o fraude en el mismo.

4. Falta de motivación reforzada en la desestimación de la tutela de derechos fundamentales ( art. 24.1 CE) , con infracción de la doctrina constitucional sobre canon de control intensificado.

En cuanto a la eventual incongruencia de la resolución recurrida, debe recordarse que el deber de congruencia exigido por el art. 218.1 LEC impone la adecuación de la parte dispositiva de la sentencia con la pretensión deducida por el accionante y las defensas opuestas por el demandado en relación con dicha solicitud. De esta posible discordancia deriva la prohibición de conceder lo no pedido o cosa distinta de lo pedido total o parcialmente -por significar más de lo solicitado por el demandante y menos de lo admitido por el demandado ( STC 42/1988 , 84/1988 , 169/1988 , 88/1992 , 369/1993 , 172/1994 , 311/1994 , 111/1997 y 220/1997 ,citadas por la STS de 28 de marzo de 2010 ).La incongruencia de las resoluciones judiciales reviste dos modalidades: la omisiva o ex silentium,que se produce cuando las partes formulan pretensiones que requieren una respuesta autónoma a las peticiones en ellas suscitadas, pese a lo cual el fallo judicial ni les da respuesta expresa ni permite entenderlas tácitamente desestimadas; y la incongruencia extra petitum,que se produce cuando el órgano judicial incurre en un desajuste entre lo resuelto por él y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, dándoles algo mayor o distinto de lo planteado en el proceso ( STC 136/1998 y 29/1999 ).

El Tribunal Constitucional ha resumido la doctrina constitucional sobre la incongruencia, en la sentencia 9/1998, de 13 de enero: "Desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española, se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño o las respectivas pretensiones de las partes".

Y tal como dicen las Sentencias de 18 de noviembre de 1996, 29 de mayo de 1997, 28 de octubre de 1997, 5 de noviembre de 1997, 11 de febrero de 1998 y 10 de marzo de 1998: "es doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ("citra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no puede razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito. También puede apreciarse vicio de incongruencia en aquellas sentencias que prescinden de la causa de pedir y fallan conforme a otra distinta, al causar indudable indefensión, que no ampara el principio 'iura novit curia'".

Basta una lectura de la sentencia recurrida para ver que la misma motiva adecuada y detalladamente la desestimación de la pretensión de la actora sobre vulneración de derechos fundamentales, dando cuenta de cada una de las vulneraciones de derechos alegadas por la actora.

Por otro lado, como en cualquier procedimiento en el que se ventile la tutela de derechos fundamentales, no podemos perder de vista el artículo 181.2 LRJS, de acuerdo con el cual el actor deberá justificar la concurrencia de los indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental.

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2003, de 30 de enero, "(...) Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de marzo). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). Bajo esas circunstancias, el indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse ( SSTC 87/1998, de 21 de abril; 293/1993, de 18 de octubre; 140/1999, de 22 de julio; 29/2000, de 31 de enero; 207/2001, de 22 de octubre; 214/2001, de 29 de octubre; 14/20002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero; y 30/2002, de 11 de febrero). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental del trabajador".

En este sentido la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2013 (recurso 2327/2012 ) señala que se ha de acumular: "¿"prueba verosímil" o "principio de prueba" revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio , FJ 3 ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 2/2009, de 12/Enero , FJ 3. Y SSTS 14/04/11 ¿rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, "el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales" (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre, FJ 4 ; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4; y 74/2008, de 23/Junio , FJ 2); "en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria" (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, FJ6 EPV; 125/2008, de 20/Octubre; y 92/2009, de 20/Abril, FJ 7)...".

En similares términos, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio y 19 de febrero de 2014 ( recurso ordinario 11/2013 y suplicación para la unificación de doctrina 687/2013).

Y en este caso la actora no ha desplegado un panorama indiciario suficiente sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales en la adopción por la empresa de la medida de movilidad que nos ocupa.

Por lo expuesto procede la desestimación del recurso de suplicación.