Sentencia Social 1382/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 502/2025 de 13 de mayo del 2025

PRIMERO.-Recuren en suplicación tanto la actora, como la empresa demandada la sentencia que ha estimado en parte la demanda de despido declarando que la relación que une a las partes es la de trabajadora económicamente dependiente (TRADE) debiendo la empresa abonar a la actora en concepto de indemnización por la resolución del contrato la cantidad de 20.174,28 €.

Los recursos, que se impugnan de contrario, solicitan:

- El recurso de la actora que se estime íntegramente la demanda declarando relación laboral la que mantiene las partes, y la improcedencia del despido que sitúa en el cese acordado el 31-10-2022 condenando a la empresa con sus legales consecuencias.

- El recurso de la empresa propone una cascada de pretensiones que debería contener la sentencia que se dicen expuestas de forma alternativa y subsidiaria como sigue: "

A) Que, habiendo suscrito un contrato mercantil, y acreditadas las circunstancias de este, proceda a estimar la excepción de incompetencia de jurisdicción social.

B) Que se revoque la sentencia parcial estimada, por acumulación indebida de acciones, y de otra parte por cuanto no se dan los requisitos para considerar la figura de la actora como TRADE.

Que conforme a lo solicitado en los apartados A) y B), suplica se declare la desestimación de la demanda y la libre absolución de la empresa HOBALI SA, con cuantos pronunciamientos y efectos que en Derecho procedan.

C) Subsidiariamente, se declare no ajustada a derecho la indemnización fijada por supuestos daños y perjuicios causados en la cuantía de 20.174,28€, siendo reducida esta al importe de 3.642,60€ correspondiente a los 65 días de falta de preaviso, con cuantos pronunciamientos y efectos que en Derecho procedan.

La sentencia recurrida fundamenta que no han quedado acreditados los indicios de dependencia, ajeneidad y retribución propios de la relación laboral; pero se dan los requisitos para entender que estamos ante la figura del TRADE, señalando la indemnización prevista en el art. 15.3 de la Ley 20/2007, atendiendo a los parámetros que relaciona.

SEGUNDO.-Por razones de método deberíamos comenzar analizando el recurso de la actora, que sigue manteniendo que hay relación laboral entre las partes, y es despido el cese del último contrato de arrendamiento de servicios suscrito con la empresa HOBALI SA para que tuviera efectos el 31 de mayo de 2022, oponiéndose así a la excepción de incompetencia de jurisdicción social que formuló la empresa; pero como se verá el recurso de la empresa en cinco motivos (numera dos veces el tercero) que formula por los apartados a), b) y c) con defectuosa técnica procesal defiende en primer lugar que se declare la falta de competencia de la jurisdicción social, y aunque no entra sobre si la actora pudiera tener la condición de TRADE, limitándose a discutir la cuantía de la indemnización, como la jurisdicción y la competencia es una cuestión sustraída al poder dispositivo de las partes y apreciable de oficio, fundamentalmente van a ser examinados ambos recursos conjuntamente.

Antes de nada conviene precisar que esta Sala ha decidido un supuesto semejante, aunque no idéntico, en la sentencia núm. 2883/2024 de 7 de noviembre, dictada en el recurso de suplicación 1947/2024, que es firme, en la que se decidía sobre la competencia del orden social dependiendo de que fuera o no relación laboral la que mantenía la empresa desde el 8.4.2002 con D. Cosme con el que la empresa había suscrito un contrato de prestación de servicios, en virtud del cual ambas partes acordaban que este se encargaría de la Dirección y Gestión de las zonas de fitness y aerobic con que cuenta en sus instalaciones el "Gran Hotel Bali", en la Planta 19, siendo que en este procedimiento se cuestiona si es laboral o no (o TRADE) la relación que mantiene la actora Dª Sandra con la empresa con la que había suscrito tres contratos sucesivos de prestación de servicios en 2002, 2009 y 2015, con semejantes cláusulas, para dedicarse a la gestión profesional de estética en el centro de Salud y Belleza que se encuentra en la planta 19 del Hotel y que la demandada denomina "Instituto Bali de Salud y Belleza", contrato que se ha rescindido por la empresa con la misma fecha 31-10-2022 con un semejante periodo de preaviso. En nuestro antecedente la sentencia allí recurrida declaraba que no era laboral esa relación y estima la incompetencia de la jurisdicción social, lo que fue confirmado en la Sala; en éste procedimiento que examinamos la sentencia recurrida acoge la pretensión subsidiaria de la demanda declarando que la relación es TRADE, lo que de ser así, atraería la competencia de la jurisdicción social para decidir el debate ( art. 11 de la Ley 20/2007)

Por tanto, como paso previo, hay que analizar si estamos ante una trabajadora autónoma económicamente dependiente (TRADE), anticipando desde ahora que a la cuestión hay que dar, contrariamente a lo decidido en la sentencia, una contestación negativa.

Valla por delante que en la modificación de hechos probados que el recurso de la actora propone en el primer motivo de recurso, por el apartado b) del art. 193 de la LRJS, con la técnica de introducir datos y matizaciones en los hechos segundo, cuarto, sexto y décimo segundo, no se contiene ninguno que determine que la actora haya comunicado a la empresa su condición de TRADE.

La STS de 12 de marzo de 2025 rcud 703/2022 analiza los requisitos que deben concurrir para considerar que la relación es TRADE en un supuesto en el que como aquí sucede el contrato suscrito es anterior a la entrada en vigor de la Ley 20/2007, terminando por decidir que no concurre la contradicción en los supuestos contrastados, porque la comunicación de TRADE se realiza antes o después del cese. Vamos a reflejar aquí la doctrina contenida en la sentencia de la que se ha hecho mérito que recoge la interpretación que la jurisprudencia ha dado a los preceptos que definen la figura del TRADE y sus requisitos: " Los arts. 11 y 12 de la LETA , en su redacción original, tenían el siguiente contenido:

«Art. 11. 1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales [...]».

«Art. 12.1. El contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste y su cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. Dicho registro no tendrá carácter público».

4.La doctrina jurisprudencial interpretó los arts. 11 y 12 de la LETA , en su redacción original, en el siguiente sentido:

A) La sentencia del TS de 11 de julio de 2011, recurso 3956/2010 argumentó:

a) La calificación material del TRADE es prioritaria respecto de las exigencias formales. Se debe descartar el carácter constitutivo de la forma escrita del contrato de TRADE, aunque el art. 12.1 de la LETA establece que el contrato del trabajador autónomo dependiente «deberá formalizarse por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente».

b) La razón es porque en nuestro ordenamiento rige el principio espiritualista ( art. 1278 del Código Civil ). Las sentencias de la Sala Civil del TS de 19 de febrero de 2004 y 14 de noviembre de 1996 precisan que la forma ad solemnitatem (para solemnidad) solo debe apreciarse cuando la ley la imponga de manera categórica, bien sea directamente o cuando ese carácter se desprenda de la función que la exigencia formal cumple en el correspondiente tipo contractual.

c) El art. 12.1 de la LETA se limita a establecer la forma escrita y el registro en una fórmula similar a la del art. 1280 del Código Civil . Por ello, no se aprecia ese carácter solemne de la forma.

d) El art. 12.2 de la LETA dispone que «el trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente en el contrato su condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate, así como las variaciones que se produjeran al respecto».

No es una exigencia formal sino que se relaciona con el necesario conocimiento por el empresario de uno de los presupuestos del contrato: la situación de dependencia económica. Esa situación normalmente sólo será conocida por el trabajador autónomo, pues es él quien tiene la información sobre los clientes para los que presta servicios y sobre los ingresos que percibe de ellos.

Sin el conocimiento de ese dato, el cliente que concierta un contrato puede estar asumiendo un contrato de TRADE cuando en realidad su intención es la de establecer un contrato civil o mercantil de régimen común con un trabajador autónomo ordinario.

Por ello, la comunicación de la situación de dependencia económica es un requisito para la existencia del consentimiento sobre el vínculo contractual que se establece.

e) La aplicación del régimen legal es obligatoria cuando se dan las condiciones necesarias para ello. Pero la suscripción del contrato no lo es. El trabajador autónomo y su cliente tienen que conocer la naturaleza del contrato que suscriben y el cliente tiene que saber que está contratando un servicio que se presta en una situación de dependencia económica.

f) El trabajador tiene la obligación de informar de esta circunstancia o la carga de probar, en su caso, que el cliente la conocía al contratar. Si conociendo esta circunstancia se contrata, el régimen legal será aplicable, aunque trate de excluirse por las partes o a través de las cláusulas del acuerdo pactado. La ley lo que pretende es garantizar el conocimiento del cliente sobre las condiciones en las que contrata.

g) En el supuesto enjuiciado, el contrato se había suscrito antes de la entrada en vigor de la LETA y no consta que en ningún momento después de esa fecha se comunicara al cliente la situación de dependencia económica del trabajador, ni se acreditó que la empresa conociera esta circunstancia. Por ello, el vínculo entre el actor y la empresa cliente no podría ser calificado como un vínculo propio del TRADE.

B) La sentencia del TS 12 de julio de 2011, recurso 3258/2010 , sostuvo que, en principio, la LETA no se podía aplicar a los contratos celebrados antes de su vigencia. La LETA previó en sus disposiciones transitorias segunda y tercera la adaptación de los contratos celebrados antes y que continuasen activos. Esta Sala explicó que la publicación de la LETA no supuso que el contrato existente entre las partes litigantes perdiera su naturaleza civil o mercantil, ni que el actor adquiriese la de TRADE.

A continuación, este Tribunal argumentó que, aunque puede aceptarse que el art. 12.1 de la LETA no establece la necesidad de forma escrita como requisito ad solemnitatem, debe rechazarse que no tenga carácter constitutivo del contrato la comunicación por el trabajador a quien le contrata, de su condición de dependencia económica de quien lo emplea. La razón es porque, si la condición de TRADE se tiene solo con respecto a la persona (física o jurídica) de la que se depende económicamente por percibir de ella, al menos, el 75% de los ingresos de la actividad autónoma desarrollada, esa condición sólo se tiene con respecto a una persona pues sólo es posible facturar el 75% de la actividad a un cliente. Ese dato y las demás condiciones exigidas por el art. 11.2 de la LETA solo las conoce el trabajador autónomo. Por ello, si no comunicara esa circunstancia a quien lo contrata, la naturaleza del contrato quedaría a su arbitrio, lo que vulneraría el art. 1256 del Código Civil («La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes») y el contrato sería nulo por un vicio del consentimiento prestado por el «cliente», al ignorar la naturaleza del contrato suscrito ( art. 1266 del Código Civil ).

Para evitar esa nulidad, la Ley impone que el trabajador notifique a quien le contrata su condición de dependiente, como requisito constitutivo del contrato, lo que no impide que por otros medios pueda el trabajador acreditar la existencia de ese elemento constitutivo y su conocimiento por el cliente que lo contrató.

C) Esa doctrina jurisprudencial se reiteró posteriormente en las sentencias del TS de 12 de julio de 2011 (rcud 3706/2010 ); 24 de noviembre de 2011 (rcud 1007/2011 ); 28 de noviembre de 2011 (rcud 857/2011 ); y 12 de junio de 2012 (rcud 2060/2011 ), entre otras.

TERCERO.- 1.La Ley 36/2011, de 10 de octubre, introdujo un artículo nuevo en la LETA con el siguiente contenido:

«Art. 11.bis. El trabajador autónomo que reúna las condiciones establecidas en el art. anterior podrá solicitar a su cliente la formalización de un contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente a través de una comunicación fehaciente. En el caso de que el cliente se niegue a la formalización del contrato o cuando transcurrido un mes desde la comunicación no se haya formalizado dicho contrato, el trabajador autónomo podrá solicitar el reconocimiento de la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente ante los órganos jurisdiccionales del orden social. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del art. 12 de la presente Ley.

En el caso de que el órgano jurisdiccional del orden social reconozca la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente al entenderse cumplidas las condiciones recogidas en el art. 11 apartados 1 y 2, el trabajador solo podrá ser considerado como tal desde el momento en que se hubiere recibido por el cliente la comunicación mencionada en el párrafo anterior. El reconocimiento judicial de la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente no tendrá ningún efecto sobre la relación contractual entre las partes anterior al momento de dicha comunicación.»

2.Ese precepto pretende facilitar que los TRADE puedan formalizar sus contratos con sus clientes. Si estos se niegan, se puede solicitar dicho reconocimiento ante los tribunales.

El citado art. 11.bis de la LETA no deja sin efecto la doctrina jurisprudencial que rechazaba el carácter constitutivo de la forma escrita del contrato de TRADE y solamente exigía la comunicación de la situación de dependencia económica, como requisito constitutivo del contrato, aunque el trabajador podía acreditar con cualquier medio de prueba la concurrencia de ese elemento constitutivo y su conocimiento por el cliente que lo había contratado...."

En los hechos probados de la sentencia recurrida no hay dato, elemento o comunicación de la actora a la empresa de su condición de TRADE, ni se intenta introducir en la sentencia por la vía oportuna, tampoco se ha instado el reconocimiento judicial de TRADE ante la jurisdicción social.

Sin embargo, la sentencia recurrida en su análisis califica de TRADE la relación por los datos objetivos que concurren, sin comunicación alguna de la actora de su condición de dependencia por la superación del 75% de sus ingresos, argumentando que: "....no cabe entender que .... se dan los requisitos de dependencia, ajenidad y retribución para poder considerar que la actora era empleada por cuenta ajena de la demanda. Ahora bien, sí se dan los requisitos para entender que estamos ante la figura del TRADE, conforme al art 1 y 11 de Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo , ya que el hotel era el único cliente de la actora, según resulta, pues si la misma prestaba sus servicios habitual, física y espacialmente en la planta 19 del Hotel, de forma personal, difícilmente podría prestar servicios para otro cliente, siendo por tanto la facturación al hotel superior al 75% de su facturación (el 100%). Asimismo las personas que colaboraron con la actora en el spa era contratadas por el hotel, aunque luego se descontaba su importe de la facturación. Como se ha expuesto, la actora desarrollaba su actividad con criterios organizativos propios y percibía una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla. La actora suscribió seguro de responsabilidad civil con la aseguradora Santa Lucía, para asegurar los riesgos en el Beauty Center Gran Hotel Bali planta 19, en fecha 22.11.14. Por todo ello se dan los requisitos para considerar que al actora era Trade."

Como hemos señalado y constan en los preceptos de aplicación, para que estemos ante un TRADE, aunque no es exigible la forma escrita, si es preciso que el empleador (persona física o jurídica), conozca que está contratando con un TRADE por la comunicación aceptada, o por la decisión judicial que en otro caso se declare en los supuestos transitorios, por lo que en el caso es equivocada la sentencia que considera TRADE la relación que mantienen las partes.

En definitiva, tendrá competencia objetiva el Orden Social de la Jurisdicción en aquellos supuestos en que al trabajador económicamente dependiente le sea de aplicación la LETA, es decir, no únicamente cuando de forma sustantiva llene esos requisitos, sino que será necesario también que aquél haya comunicado dicha situación a su cliente. En caso contrario tendrá la consideración de trabajador autónomo ordinario, siendo competente el Orden Civil, por quedar sujeta la relación contractual a la normativa civil o mercantil, normalmente a través de un arrendamiento de obra o de servicios.

TERCERO.-Despejada en sentido negativo que la actora pudiera ser considerada TRADE, la competencia de la jurisdicción social solo podría derivarse de que la actora fuera trabajadora por cuenta ajena.

Para contestar a las cuestiones suscitadas en el recurso de la actora, solo diremos que en los que se refiere al primer motivo del recurso que dedica a la revisión de los hechos probados, se van a desestimar de plano todas las modificaciones/ ampliaciones propuestas para el hecho segundo, porque en este hecho probado se relata el contenido de los tres contratos de prestación se servicios sucesivos de 2002, 2009 y 2015, de modo que las ampliaciones tienen que ver con las partes de esos contratos que más pudieran beneficiar a la actora y a su pretensión, cuando la Sala puede acudir al contenido completo de los mismos, no solo por estar expresamente mencionados en la sentencia, sino porque en el análisis de su competencia objetiva, cuestión que afecta al orden público procesal, el examen de la misma, tal como tiene reiterado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, debe realizarse por el Tribunal con libertad, sin necesidad de sujetarse a los presupuestos y estructura formal de los recursos, sin someterse a los límites de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia y con examen del contenido total de los autos, para decidir, fundadamente y con sujeción a derecho, sobre una cuestión sustraída al poder dispositivo de las partes (sentencias, entre otras, de 17 de mayo 17 de Mayo del 1990 [ ROJ: STS 3794/1990], de 11 de Junio del 1990 [ ROJ: STS 4463/1990], de 15 de marzo del 1991 [ ROJ: STS 1546/1991] y d de 11 de Junio del 1990 [ ROJ: STS 4463/1990] 20 de Junio del 2001 [ ROJ: STS 5274/2001], seguidas por esta Sala en sentencias de 15 de septiembre del 2011 [ ROJ: STSJ AND 18229/2011], de 7 de Junio del 2012 [ ROJ: STSJ AND 15143/2012] y de 13 de Junio del 2013 [ ROJ: STSJ AND 8261/2013], entre otras muchas).

Las añadidos propuestos para el hecho cuarto tampoco merecen ser acogidos, porque se trata de datos irrelevantes que nada añaden o contradicen las afirmaciones que en el mismo se reflejan en la sentencia derivadas de la valoración conjunta de documental y testifical, esta última no revisable en suplicación.

Tampoco son trascendentes, ni sirven para cambiar el fallo en el sentido solicitado, que se amplíe el hecho sexto con datos que aparecen en la vida laboral de la trabajadora, durante, antes y después del periodo de vigencia de los contratos de prestación de servicios, por lo que se desestima esta revisión del hecho sexto tal y como se propone con el texto que figura literal en el recurso.

Por último, la matización que se solicita para el hecho décimo segundo tampoco conduciría a estimar la pretensión de la recurrente y se rechaza (consideraciones a cerca de si el servicio figura en el organigrama de la empresa y la contratación por el Hotel de una trabajadora que se encuentra adscrita al Salón de Belleza según la versión de la demandante).

CUARTO.-El segundo motivo del recurso de la actora se formula por el apartado c) del art. 193 de la LRJS, para denuncia la infracción de los arts 1 y 8.1 del ET y la jurisprudencia que los interpreta mencionando la STS 25/9/2020. Razona el recurso que a su juicio es evidente que HOBALI, S.A. ha querido contratar una especie de responsable/encargada para su INSTITUTO BALI DE SALUD Y BELLEZA en lugar de contratar a una encargada, intentando disfrazar esa contratación con un contrato de prestación de servicios, añadiendo que el propio contrato reúne las características propias de un contrato de trabajo, a pesar de que se añaden cláusulas (que muchas de ellas no atienden a la realidad) con las que se intenta dar la apariencia de un contrato del ámbito civil/mercantil (sin lograrlo, a criterio de esta parte). Con ello lo que ha conseguido la demandada es tener realmente a una trabajadora por cuenta ajena que se ocupe del "salón de belleza" con la plena dedicación de una empresaria, sin serlo (sic).

A continuación el recurso va analizando cada uno de los requisitos que definen el contrato laboral (dependencia, ajeneidad y retribución, facultad sancionadora, formalidades como autónoma, convenio colectivo y antigüedad), haciendo afirmaciones que contradicen las que constan en los hechos probados de la sentencia recurrida.

Pues bien, atendiendo no tanto al contenido de los contratos de prestación de servicios, sino al contenido de la efectiva prestación según relata el hecho cuarto, con otros datos que figuran en los hechos octavo, décimo y décimo tercero, que completan la efectiva y real prestación de servicios que venia realizando la actora como profesional con la titulación, permisos y equipos profesionales y colaboradores necesarios, y con las decisiones ya plasmadas en la sentencia de esta Sala que decide un caso muy parecido por no decir prácticamente idéntico que tenía que ver con el autónomo que gestionaba otro servicio del Hotel (contratado para gestionar el gimnasio), la Sala considera (visto el expediente judicial) que no concurren las notas que definen el contrato laboral. Basta para ello con considerar que las cláusulas pactadas responden a la realidad de la prestación de servicios, que la actora no estaba sujeta a horarios como no sea el propio el Hotel, ni a ninguna otra dirección u organización por parte del Hotel, sino a su propia organización, sin retribución fija emitiendo facturas en la cuantía de un porcentaje sobre lo facturado, y determinándose en el contrato los deberes y obligaciones de mantenimiento del local, compra de productos, etc en línea con una relación civil entre las partes sin dependencia alguna. Además hay que tener en cuenta sobre lo ya argumentado en nuestro antecedente, que la actora no estuvo incluida en los ERES que se tramitaron en el Hotel, y tampoco prestó servicios durannte los periodos en que este cerró como consecuencia de la pandemia del COVID lo que prueba la asunción de riesgo del negocio que tenía concertado, y que lleva mas de 10 años manteniendo con el Hotel una prestación de servicios documentada a su satisfacción mediante contratos civiles sin reclamación alguna.

En consecuencia procede confirmar la sentencia que no ve relación laboral entre las partes desestimando íntegramente el recurso de la actora.

QUINTO.-Como consecuencia de todo ello la pretensión principal del recurso de la empresa deberá ser acogida. En el primer motivo, formulado por el apartado a) solicita se declare la incompetencia de jurisdicción del orden social al infringir la sentencia el art. 5 LRJS, los art. 62 y ss y 225 de la LEC, al no reunir la demandante los requisitos del art. 1.1 E.T. (sic). Por las razones ya expuestas, apreciables de oficio se va a declarar la incompetencia de la jurisdicción social para conocer del debate, desestimando la demanda de despido que es un modalidad procesal propia de la jurisdicción laboral, sin necesidad de entrar a conocer del resto de los motivos que están relacionados con la indemnización acordada en la sentencia, que se considera excesiva, por la extinción del contrato, al haber sido rechazada la relación TRADE que la hubiera sustentado.

SEXTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 LRJS, en relación con el artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede la imposición de costas a la trabajadora demandante al gozar del beneficio de justicia gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 204.1 de la LRJS, se acuerda la pérdida de las consignaciones o, en su caso, el mantenimiento de los aseguramientos prestados hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva la realización de los mismos, así como la pérdida de la cantidad objeto del depósito constituido para recurrir.

Asimismo y de acuerdo con lo ordenado en el artículo 235.1 de la misma norma, procede la imposición de costas a la parte vencida en el recurso.