Sentencia Social 331/2025 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 95/2025 de 14 de mayo del 2025

PRIMERO:La sentencia objeto de recurso desestima la demanda interpuesta por el actor, por apreciar la carencia sobrevenida de objeto respecto de la acción de reconocimiento del complemento por aportación demográfica (maternidad), al haber dado satisfacción extraprocesal la demandada a tal reclamación, y desestima la pretensión indemnizatoria, acumulada a la anterior, por dos motivos: no haberla interesado en la reclamación previa y porque la causa de denegación no fue el sexo del peticionario, sino la prescripción del derecho, que afecta a ambos sexos por igual.

Frente a dicha decisión se alza el demandante, interponiendo el presente recurso de suplicación, que ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO:Como cuestión previa, plantean el INSS. y la TGSS. que, dada la cuantía reclamada en el presente recurso, indemnización de 1.800 euros, procedería inadmitir el recurso de suplicación interpuesto, con cita del artículo 191.2.g) de la LRJS.

Para su desestimación hemos de remitirnos al fundamento de derecho tercero de la STS de 14 de febrero de 2024, Rec. 1855/2021, en el que se razona:

<< La competencia funcional y la recurribilidad de la sentencia del juzgado de lo social.

1. Debemos recordar, con carácter previo, que el acceso a suplicación de las sentencias de instancia "puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional", sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y "con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar" ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993), 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Entre las sentencias posteriores remitimos, por todas, a las SSTS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016); 17 de julio de 2018 (rcud 904/2018 y 1176/2017); 14 de marzo de 2019 (rcud 2970/2017); 29 de octubre de 2019 (rcud 2331/2017); 1 de julio de 2020 (rcud 3419/2017); 20 de octubre de 2020 (rcud 2554/2017); 1 de diciembre de 2020 (rcud 495/2018); 11 de noviembre de 2021 (rcud 2080/2019); 10 de junio de 2022 (rcud 4261/2018) y 15 de marzo de 2023 (rcud 1141/2020).

En los términos de la citada STS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016), reiterada por otras posteriores, es doctrina constante de la sala que la cuestión de la recurribilidad de la sentencia de instancia ha de examinarse de oficio por afectar al orden público procesal y a la propia competencia funcional, incluso "antes de llevar a cabo cualquier pronunciamiento sobre la contradicción o sobre el fondo del asunto".

2. Tenemos que resolver, en consecuencia, si la sentencia del juzgado de lo social es recurrible en suplicación.

La respuesta es positiva: la sentencia de instancia sí es recurrible en suplicación.

En primer lugar, porque el reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica tenía un régimen propio y diferenciado de la pensión a la que complementa, aproximándolo, así, más bien, a efectos del acceso a la suplicación, al artículo 191.3 c) LRJS, antes que al artículo 191.2 g), en relación con el artículo 192.3, LRJS. Aquel complemento guarda relación con los complementos y prestaciones examinados, por ejemplo, por la STS 137/2017, de 16 de febrero (rcud 2481/2015), que esta sentencia inserta, a esos efectos del acceso al recurso de suplicación, en el referido artículo 191.3 c) LRJS.

En segundo término y en todo caso, como advierte el razonado informe del Ministerio Fiscal, ya nuestra sentencia del pleno 163/2022, de 17 de febrero (rcud 3379/2021), afirmó expresamente "que le consta a esta sala Cuarta la notoria afectación general a gran número de beneficiarios (ex artículo 191.3 b) LRJS) " del complemento de maternidad por aportación demográfica de la redacción aplicable por razones temporales del artículo 60 LGSS>>.

A ello se suma que la indemnización debatida tiene como sustento la vulneración de derechos fundamentales, por lo que en todo caso se aplicaría el artículo 191.3.f) de la LRJS.

TERCERO:En los primeros motivos de recurso, acogidos al apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), solicita el recurrente la revisión del único hecho probado que contiene la sentencia recurrida. En concreto, solicita su revisión, razonando que, por error se hace constar "....habiendo sido tal solicitud inicialmente denegada por prescripción...."., cuando realmente dicho hecho probado debería expresar , y así se solicita, "....habiendo sido tal solicitud inicialmente denegada por silencio administrativo negativo....".

Y, a ello, hemos de acceder pues consta en autos que el 30-01-2023, el demandante solicitó ante el INSS, Dirección Provincial de Cáceres, complemento de maternidad de su pensión de jubilación, solicitud aportada como documento nº 2 de la demanda, sin que el INSS, Dirección Provincial de Cáceres, dictara resolución alguna frente a su solicitud, por ello transcurridos 90 días hábiles desde dicha solicitud interpuso, en tiempo y forma, en fecha 21-06-2023, frente a dicha desestimación presunta producida por silencio negativo, la preceptiva reclamación previa a la vía judicial, reclamación previa, acompañada como documento nº 3 de la demanda, que tampoco recibió respuesta del INSS, Dirección Provincial de Cáceres, habiendo transcurrido los 45 días hábiles en los que debía haber contestado expresamente a la reclamación previa, interponiendo el hoy recurrente demanda, en fecha 02-10-2023, frente a dicha resolución denegatoria, de la reclamación previa, por silencio administrativo negativo. Efectivamente, como aduce el recurrente y consta en autos, el INSS por resolución de fecha 22-03-2024, notificada al demandante, el 19-04-2024, por revisión de oficio, es cuando le reconoció el complemento de maternidad, con el abono de los importes correspondientes, pero la indemnización adicional de 1.800 euros igualmente solicitada, sobre la cual no se expresa nada en dicha resolución de fecha 22-03-2024, no obstante ser posterior a la presentación de la demanda.

CUARTO:Resuelto lo anterior, en primer lugar hemos de examinar el tercer motivo de recurso, que el recurrente ampara en el apartado a) del artículo 193 de la LRJS, aun cuando lo formula con carácter subsidiario a los dos anteriores. Aduce la parte recurrente que la representación letrada de las demandadas invocó en el mismo acto de juicio, al contestar a la demanda, entre otras alegaciones, que la indemnización adicional de los 1800 euros no se había interesado en la reclamación previa. Frente a ello sostiene la recurrente adujo que entendía que si se había solicitado, en la reclamación previa pues D. Epifanio hacía constar"...y con cuanto más proceda en derecho", así como que, en todo caso, si el Juzgador entendía no agotada la vía previa en cuanto a la reclamación de la indemnización adicional de los 1800 euros, se le concediera un plazo de 4 día para subsanarlo, como señala el art 140.2 de la LRJS, sin que el Juzgado manifestase nada al respecto.

Por ello, concluye que, al fundamentar el Juzgado de instancia, en uno de sus motivos, la desestimación de la demanda en no haber interesado la indemnización adicional en la reclamación previa, sin haber dado trámite para subsanación, ello constituye una infracción de normas o garantías del procedimiento causante de indefensión.

Al respecto de la cuestión planteada por el recurrente, en primer lugar, examinada la reclamación previa deducida ante la Entidad Gestora, no olvidando que al procedimiento del que trae causa el presente recurso se acumuló el número 292/2024, pese a la oposición formulada por las demandadas, en la misma se denuncia expresamente la vulneración de derechos fundamentales, en concreto el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, y se pide expresamente "con estimación de la presente reclamación previa se declare mi derecho a percibir el complemento por maternidad previsto en el artículo 60 LGSS, en el porcentaje o cuantía legal que corresponda, en este caso el 5%, de mi prestación por jubilación, y ello con efectos económicos, retroactivos, a partir de la fecha 04-03-2016, con abono por tanto también de los atrasos desde tal fecha; y con cuanto más proceda en derecho" y en la primera demanda se interesa la indemnización, aun cuanto no de cuantía concreta, que sí se hace en el procedimiento acumulado al que ya hemos hecho referencia. Y, como nos enseña la STS de 9 de abril de 2024, para un supuesto de vulneración del derecho a la libertad sindical:

"1.- De conformidad con lo que dijimos en nuestra STS 269/2024 de 9 de febrero (Rcud 2161/21) la doctrina de la Sala, en relación con la reparación de la vulneración de los derechos fundamentales, viene diciendo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 183 de la LRJS , los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental,y al ser especialmente difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la determinación de la indemnización la indemnización de daños morales abre la vía a la posibilidad de que sea el órgano judicial el que establezca prudencialmente su cuantía, sin que pueda exigirse al reclamante la aportación de bases más exactas y precisas para su determinación. La necesidad de identificar las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización se exceptúa en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada. Esta sala ha utilizado como criterio orientador la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (en adelante LISOS) , de conformidad con la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006, de 24 de julio), precisando que no estamos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, sino que nos ceñimos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental. De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más -en la línea pretendida por la ya referida LRJS- del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente [ SSTS 214/2022, de 9 de marzo (Rcud 2269/2019); 356/2022, de 20 de abril (Rcud 2391/2019), y STS 503/2023, de 11 de julio (Rec. 243/2021)]>>.

A saber, invocada la vulneración en la vía previa y en la demanda, la indemnización va indisolublemente unida a dicha vulneración, no conculcándose el artículo 72 de la LRJS. En consecuencia, las alegaciones que efectúa el recurrente han de ser estimadas, pues la sentencia aplica erróneamente el precepto procesal indicado pero, no procede declarar la nulidad de la resolución recurrida por existir hechos suficientes, conforme al artículo 202.2 de la LRJS, para resolver el fondo de la cuestión planteada en esta sede.

QUINTO:En el segundo motivo de su recurso, al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, invoca el recurrente la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, citando oportunamente sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sobre la cuestión que plantea el recurrente se ha pronunciado esta Sala en la sentencia número 93/2025 que, en el cuarto fundamento de derecho, razonaba:

[[CUARTO: Sentado lo anterior, ciertamente, como arguyen las impugnantes, esta Sala se ha venido pronunciando en relación a la cuestión planteada en el sentido que razona la sentencia recurrida que, en el segundo fundamento de derecho, argumenta que no procede reconocer la indemnización de daños y perjuicios interesada en la demanda origen de las presentes actuaciones porque la causa de la denegación del complemento de maternidad no fue el sexo del peticionario, sino la prescripción del derecho, lo cual afecta a ambos sexos por igual.

Pero tal criterio no puede ser mantenido por esta Sala a la vista del asumido por el Tribunal Supremo, que en sus razonamientos coincide con los que mantiene la parte recurrente. Por citar sentencia más reciente, la STS de 24 de noviembre de 2024, Rec. 3933/2023, el Alto Tribunal, ante un supuesto en el que la Entidad Gestora alegó, en la resolución desestimatoria de la reclamación previa interpuesta por el demandante, que "Así, el complemento por maternidad será de aplicación cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas que se causen a partir del 1 de enero de 2016, teniendo en cuenta que en todo caso que el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la LGSS (entre las que no se encuentra el complemento por maternidad) y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud", estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el beneficiario de pensión de jubilación, por considerar que tiene derecho al percibo de la indemnización de daños y perjuicios por aquél interesada.

Es por ello que hemos de remitirnos a las enseñanzas del Alto Tribunal, expuestas en la sentencia citada, para estimar el recurso de suplicación interpuesto, que razona, no haciendo distingos en relación a la causa de denegación del complemento examinado que pudiera haber invocado la Entidad Gestora, con cita de sentencias que invoca el ahora recurrente:

<

Sobre la cuestión suscitada, esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en la citada STS 977/2023, de 15 de noviembre (rcud 5547/2022). Conforme a la doctrina unificada, la situación actual de nuestro ordenamiento permite reconocer la indemnización solicitada.

Recordemos las razones allí expuestas.

1. La STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113/22) reitera que la reparación económica adecuada debe fijarse según las leyes nacionales sin perjuicio de que establezca algunas consideraciones que la Sala debe tener en cuenta, a saber: que dicha reparación ha de ser adecuada en el sentido de que ha de permitir compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables; y que permita garantizar que dicho perjuicio tenga una indemnización o reparación efectiva de forma disuasoria y proporcionada.

Teniendo en cuenta, en todo caso, que los gastos, incluidas las costas y los honorarios de abogado, en que haya incurrido el afiliado para hacer valer su derecho al complemento de pensión litigioso deben poder tenerse en cuenta en concepto de reparación pecuniaria, siempre que tales gastos hayan sido provocados por la aplicación al afiliado de los requisitos procedimentales discriminatorios que regulan la concesión del complemento.

Debe tenerse en cuenta también, que los perjuicios económicos directos han sido compensados en la medida en que el reconocimiento del derecho se hace, de conformidad con nuestra jurisprudencia, con efectos ex nunc, de suerte que el complemento se reconoce con efectos de la propia prestación a la que se adhiere. El daño a compensar, por tanto, es el que deriva de la denegación del derecho por parte del INSS cuando el mismo ha sido reconocido por el TJUE que ha considerado discriminatoria la regulación legal y contraria a la normativa comunitaria, lo que ha obligado a los solicitantes a tener que acudir a los tribunales para el reconocimiento de su derecho, de ahí que la referida sentencia del TJUE se detenga en precisar que los gastos unidos ineludiblemente a la necesidad de acudir a los tribunales deben ser contemplados.

Igualmente resulta conveniente recordar que no estamos en presencia de una prestación, sino de un complemento de la prestación previamente reconocida, complemento de cuantía sensiblemente inferior a la principal, por lo que el daño patrimonial en la demora del percibo al que se tiene derecho es cuantitativamente menor y sensiblemente distinta, por menos gravosa, de la que resultaría de la denegación de las derivadas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente a las que hacía referencia el artículo 60 LGSS en la versión vigente al tiempo de los hechos que aquí se examinan.

Por otro lado, el artículo 235 LRJS dispone que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita (reconocido al INSS como entidad gestora de la Seguridad Social), añadiendo que las mismas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria, sin que las mismas puedan superar la cantidad de mil ochocientos euros en casación.

2.- Teniendo en cuenta todo ello, la Sala entiende que la cantidad adecuada en orden a la compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio y contrario al derecho de la Unión de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres, debe ser fijada en la cantidad de 1.800 euros. Dicha cuantía se estima que es la que mejor se adecúa a la exigencia de reparación del daño sufrido en los términos que se derivan de la reiterada sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023 y de la normativa interna y doctrina jurisprudencial sobre la materia, debiendo, por tanto, ser aplicada por los órganos judiciales, en todos aquellos supuestos en los que exista controversia sobre la cuantía de la referida indemnización y, teniendo presente -como ocurre en el presente caso- la solicitud de la parte demandante de la aludida indemnización.

Conviene advertir, asimismo, que consideramos que esa cantidad permite una reparación integral del perjuicio sufrido. La eventual zozobra moral o las molestias materiales derivadas de ese acudimiento a los órganos de la jurisdicción social quedan englobadas en tal reparación a tanto alzado. Y lo mismo cabe advertir respecto de si se ha presentado la demanda con asistencia de profesionales (de Abogacía o colegiados como Graduados Sociales).

Seguimos, de conformidad con lo apuntado por la repetida STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113-22), las pautas habituales en nuestro ordenamiento, Como se sabe, esta Sala, no viene estableciendo el importe de la condena en costas a la vista de la mayor o menor profundidad de la actuación procesal desempeñada por la parte recurrida sino de su existencia o inexistencia (personación, impugnación).

Analógicamente, entendemos que esta compensación procede siempre que haya sido menester que el varón discriminado por una resolución del INSS posterior a la STJUE 19 diciembre 2019 haya precisado del acudimiento a la jurisdicción social para conseguir el abono del complemento en cuestión>>.

En definitiva, por los argumentos que exponemos por remisión a la doctrina del Alto Tribunal, cambiando el criterio sostenido por esta Sala, ha de estimarse el recurso interpuesto en el sentido de reconocer al demandante la indemnización solicitada de 1.800 euros por vulneración de sus derechos fundamentales, manteniendo el resto de pronunciamientos]].

La misma solución de aquella sentencia ha de darse al caso que nos ocupa, estimando el recurso en el sentido de reconocer al demandante la indemnización solicitada de 1.800 euros por vulneración de sus derechos fundamentales.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,