Sentencia Social 60/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 376/2024 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.- El trabajador, el cual fue cesado por la empresa empleadora con efectos de 08-02-23 por baja voluntaria, pretendía en la instancia que se declarara improcedente lo que entendía como un despido verbal acaecido en esa fecha, con todos los efectos legales inherentes. A dicho procedimiento de Despido, se acumuló por la parte actora acción de reclamación de Cantidad, en virtud de la cual el trabajador reclamaba a la empresa diferencias salariales que fueron recalculadas en el acto de la vista, horas extra y vacaciones.

La Sentencia de instancia estimó parcialmente la acción de reclamación de cantidad concediendo horas extra y vacaciones (no así diferencias salariales) pero desestimó la acción de despido entendiendo que la parte actora a quién correspondía la carga de la prueba, no acreditaba la existencia de un despido verbal acaecido el 08-02-23. Lo único que constaba en el certificado de empresa aportado por la mercantil era que el trabajador había cesado en su relación laboral con efectos desde ese día por baja voluntaria sin que además durante el interrogatorio de empresa practicado en el acto de la vista, la parte actora hubiera formulado preguntas sobre el particular.

Disconforme el trabajador, se alza en suplicación articulando un motivo de revisión fáctica y un motivo de censura jurídica que han sido impugnados de contrario por la empresa.

SEGUNDO.- En el ámbito de la revisión fáctica de la Sentencia recurrida articula la parte recurrente un motivo al amparo del art. 193 b) de la LRJS dirigido a la modificación del Hecho Probado Tercero sustituyendo su redacción original que reza:

"En fecha 8/2/23 el actor causó baja en la empresa demandada por baja voluntaria";

por la siguiente redacción alternativa con el tenor literal:

"En fecha 8/2/23 el actor fue despedido de manera verbal por la demandada".

Se funda la revisión fáctica en "la documental aportada al procedimiento"y en concreto se cita la comunicación de baja en la Seguridad Social del trabajador efectuada por la empresa el 09-02-23 a las 14:17 horas (doc. n.º 4 de la nota de prueba de la parte actora) así como la comunicación de cese al SEPE (doc. n.º 5 de la nota de prueba de la actora).

Se alega en apoyo de la revisión interesada que "... mi parte ha demostrado la existencia de la relación laboral, así como que la decisión extintiva ha sido fruto de un despido y no de una baja voluntaria... en concreto, debemos destacar lo siguiente:

- El despido se produce el día 8 de febrero de 2023 y al día siguiente, esto es, el día 9 de febrero de 2023, a las 14:17 horas ya se comunica su baja en la seguridad social...

- El mismo día se comunica igualmente el cese al SEPE...

- Considerando lo anterior y que el trabajador tenía horario de tarde (recogido como hecho probado en el apartado cuarto de la sentencia recaída), resulta indubitado que el Sr. Pedro Antonio trabajó el día 8 y el día siguiente, 9 de febrero, antes incluso de comenzar su jornada laboral, que empezaba a las 17,00 horas de la tarde, ya había sido dado de baja en la seguridad social por la empresa alegando una supuesta baja voluntaria.

- El trabajador no ha firmado dicha baja voluntaria y la empresa no ha acreditado por ningún medio la voluntad del trabajador de extinguir la relación laboral de manera voluntaria...".

La empresa impugna el motivo ex art. 197 de la LRJS.

Alega en síntesis que "... la misma(revisión fáctica pretendida) no hace sino insistir en que el actor no fue despedido verbalmente, cuando en realidad sí lo fue y es precisamente a la parte actora a quien incumbe la acreditación de tal extinción, algo que no ha quedado acreditado por la misma.

Pretende una modificación basada en los documentos del SEPE que no hacen sino insistir en que la baja fue voluntaria y, por tanto, no procede la modificación interesada...".

Como recuerda el Tribunal Supremo, ( STS Sala 4ª de 07-07-16 nº de recurso 174/2015 o más reciente STS Sala 4ª de 15-10-25 n.º de recurso 247/2022 entre otras), en una doctrina extrapolable al Recurso de Suplicación como "hermano menor" del Recurso de Casación Ordinaria, en tanto que ambos son recursos extraordinarios, para que el motivo de revisión fáctica prospere es necesario:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse). Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

2. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

3. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. Esto es, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas".Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente. Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador"pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso".Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones".

4. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial (esto último solo es predicable respecto de la Casación Ordinaria, no en cuanto a la Suplicación). La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental (y también pericial en Suplicación) obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba (testifical) se examine si ofrece un "índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos" en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

5. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

6. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo. Por tanto, no puede limitarse el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

7. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta al caso de autos procede desestimar el motivo en base a los siguientes argumentos:

Primero, es cierto que en la articulación del presente motivo de revisión fáctica la inicial referencia efectuada por la parte recurrente a "la documental aportada al procedimiento"la cual resulta insuficiente por sí sola para tener por correctamente formulado el motivo y por tanto entrar en su análisis, es subsanada durante su desarrollo argumental con remisión expresa a la comunicación de baja en la Seguridad Social del trabajador efectuada por la empresa el 09-02-23 a las 14:17 horas (doc. n.º 4 de la nota de prueba de la parte actora) así como la comunicación de cese al SEPE (doc. n.º 5 de la nota de prueba de la actora).

No obstante lo anterior, ambos documentos, carecen por sí solos de la suficiente eficacia probatoria material para fundar la revisión fáctica pretendida. Los mismos tienen una naturaleza meramente formal ya que incorporan expresiones prefijadas de antemano en formularios normalizados ("Dimisión/Baja Voluntaria" o "Baja Voluntaria del Trabajador") que son rellenadas unialteralmente por la empresa y comunicadas a los respectivos organismos destinatarios (TGSS o SEPE) a efectos meramente informativos o administrativos. Nada obsta a que en el seno de un procedimiento judicial como el presente puedan quedar desvirtuadas a efectos probatorios las declaraciones contenidas en este tipo de documentos, con otros medios de prueba documentales o personales efectivamente desplegados al respecto.

En definitiva, dichos documentos carecen de "literosuficiencia" para fundar por sí solos la revisión fáctica pretendida porque carecen de la claridad suficiente en su contexto material para poner de manifiesto con su simple lectura el hecho invocado por la parte recurrente. Antes al contrario, los hechos que integran su contenido son susceptibles de aclaración, exégesis, análisis o presunción con otros medios de prueba personales o documentales obrantes en las actuaciones.

En cualquier caso y de acudir al sentido literal de los mencionados documentos para fundar la revisión fáctica pretendida, lo que los mismos reflejan es que con efectos de 08-02-23 el actor cesó en la empresa por "dimisión" o "baja voluntaria", no por "despido".

Segundo, precisamente para neutralizar la literalidad de dichos documentos o para otorgar a los mismos el valor probatorio pretendido por la parte recurrente, la misma acude en el desarrollo del motivo de revisión fáctica a una serie de consideraciones (horario del trabajador los días 8 y 9 de febrero de 2023, hora y día en que la empresa comunicó a la TGSS la baja del trabajador con efectos de 08-02-23 o ausencia de firma de la baja voluntaria por el trabajador) que desbordan por completo el marco de la revisión fáctica en sede suplicacional, el cual como ya hemos dicho más arriba solo pueda fundarse exclusivamente en prueba documental y pericial obrante en las actuaciones.

En este sentido la parte recurrente encabeza el presente motivo haciendo referencia además de la infracción del art. 193 b) de la LRJS, a una "errónea interpretación de la prueba... en relación al art. 90 del mismo texto legal "lo cual, reiteramos, desborda por sí solo el ámbito de la revisión fáctica.

Lo expuesto es más que suficiente para la desestimación del presente motivo.

TERCERO.- Con soporte en el apartado c) del art. 193 de la LRJS denuncia a continuación la parte recurrente la infracción del art. 56 del ET.

Para sostener dicho motivo el trabajador recurrente se remite sin más a la STSJ Sala de lo Social Secc 1ª del TSJ de Castilla y León con sede en Valladolid de 25-11-15 cuyo Fundamento Jurídico Segundo transcribe (haciendo suya por tanto la argumentación contenida en el mismo) y en el que se viene a plasmar básicamente que en la colisión "despido tácito" improcedente ex art. 56 del ET con la "dimisión/baja voluntaria" del art. 49.1 d) del ET "... si al actor se le encomienda la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, en lo que sean, desde luego, negados por la contraparte, a la demandada se le atribuye la carga de probar todos los hechos que constituyen su contraderecho, incumbiéndole, en resumen, la prueba de los denominados hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la pretensión en su contra deducida, y de afirmar que no existe despido, sino dimisión del trabajador o baja voluntaria corresponde a la misma la carga de la prueba de tal hecho que impide que prospere la acción por despido deducida; esto es, si la demandada niega el despido por la concurrencia de la baja voluntaria, está afirmando la extinción de la relación laboral como presupuesto de esa baja y la concurrencia de una causa de extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador... que es a la empresa a quién incumbe acreditar, siendo que su falta de prueba, afirmada la extinción de la relación laboral, incumbe a la demandada, que afirma su existencia... este caso, aunque la empresa... al tramitar la baja del actor en Tesorería hiciera constar como causa de la misma "dimisión-baja voluntaria"..., ni el trabajador admite haberla solicitado en ningún momento ni consta documento alguno firmado por él en tal sentido y ni siquiera liquidación y finiquito en que se refleje su cese en la empresa por tal causa. Así las cosas, siendo la baja en seguridad social claro exponente de la voluntad de extinguir la relación laboral por parte del empleador que, por contra, no ha acreditado fuera debido a una decisión dimisionaria del trabajador... quien por demás acciono por despido pocas fechas después..., habrá de entenderse concurrente el mismo y calificarse de improcedente ante la absoluta falta de forma del mismo, ex art 55.1 ET , ello con los efectos legales ( art. 56 ET )...".

En base a ello, interesa la parte recurrente en definitiva que por la Sala se dicte Sentencia por la que "revocando la recaída, declare la improcedencia del despido del Sr. Pedro Antonio con todos los efectos inherentes a dicha declaración".

La empresa ha impugnado el motivo ex art. 197 de la LRJS interesando la confirmación de la Sentencia de instancia.

Esgrime en síntesis al respecto que "... la normativa aplicada por el Juzgador a quo entendemos que es la ajustada a Derecho y en modo alguno ha existido infracción de la misma y lo único cierto y verdad es que, a tenor de lo dispuesto en el art. 217 de la Ley de enjuiciamiento civil , la carga de probar la veracidad de los hechos corresponde a la Empresa...".

Con carácter previo a entrar en el fondo del presente motivo de censura jurídica hemos de poner de manifiesto que el correcto planteamiento de un motivo suplicacional de esta naturaleza exige ex art. 196.2 de la LRJS, además de indicar el concreto precepto o preceptos que se consideran infringidos, "razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia..."(véase entre otras la STS Sala 4ª de 12-12-17 n.º de recurso 2351/2016).

En el presente caso, entendemos cumplido este requisito por la parte recurrente al transcribir (y por tanto hacer suya) la argumentación contenida en el Fundamento Jurídico Segundo de la STSJ Sala de lo Social Secc 1ª del TSJ de Castilla y León con sede en Valladolid de 25-11-15 antes citada.

Entrando pues en el análisis del presente motivo de censura jurídica procedemos a exponer el marco normativo y jurisprudencial que entendemos aplicable para su resolución.

El art. 49.1 k) del ET señala que "El contrato de trabajo se extinguirá: Por despido del trabajador".

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado en Sentencias de 21 de febrero de 1991 y 30 de marzo de 1995, dictadas en recursos de casación para la unificación de doctrina, que el despido es la decisión unilateral del empresario que extingue la relación laboral, viva y vigente hasta entonces, que le unía al trabajador despedido Y la expresión «despido» no debe entenderse exclusivamente referida al que tenga origen disciplinario, ya que su significado también comprende cualquier otro cese unilateralmente impuesto por el empresario al trabajador, aun fundado en causa ajena a su incumplimiento contractual grave y culpable. ( STS 2-3-1994). En definitiva, si el despido consiste en la voluntad unilateral del empleador en dar por terminada la relación de trabajo que le une con el productor, tal voluntad puede ser manifestada de forma expresa, y en su caso debidamente formalizada por escrito o solo expuesta verbalmente, o bien tácita, esto es, por actos del patrono de los que se puede deducir de manera directa e indubitada la decisión de extinguir la relación laboral.

Es cierto que el Tribunal Supremo ha mantenido, por ejemplo en sentencias de 27 de octubre de 1987 y 14 de septiembre de 1988, que al actor le incumbe la carga de probar el hecho del despido, como resulta del principio general establecido entonces en el art. 1214 CCy ahora en el 217 de la LEC, pero también lo es que el despido, como sucede con la dimisión del trabajador, puede derivar de una declaración expresa en tal sentido por parte del empresario o de actos que revelen su voluntad de dar por finalizado el contrato de trabajo, determinando lo que se llama un "despido tácito".

Por otro lado, señala el art. 49.1 d) del ET que "El contrato de trabajo se extinguirá: Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar".

Como dijimos en STSJ Sala de lo Social de Andalucía (sede Sevilla) de 20-11-19 (n.º de recurso 2825/2018) "... esta Sala en sentencia de 3.10.2018, Rec 2978/2017 , dispone: "La dimisión o voluntad unilateral del trabajador, de extinguir el vínculo contractual que le une a su empresario, puede manifestarse de forma expresa o de manera tácita. Es decir, mediante signos escritos u orales dirigidos al empresario, pues se trata de una decisión recepticia; o mediante un comportamiento del cual cabe deducir esa intención extintiva. Pues bien, también la jurisprudencia, en este caso la social, se ha ocupado de introducir parejas cautelas. Así, se ha declarado que "la dimisión del trabajador no es preciso que se ajuste a una declaración de voluntad formal, basta que la conducta seguida por el mismo manifieste de modo indiscutido su opción por la ruptura o extinción de la relación laboral" ( STS 1 octubre 1990 [RJ 1990, 7512]). También se ha dicho que la dimisión exige como necesaria una voluntad del trabajador "clara, concreta, consciente, firme y terminante, reveladora de su propósito; puede ser expresa o tácita; pero en este caso ha de manifestarse por hechos concluyentes, es decir, que no dejen margen alguno para la duda razonable sobre su intención y alcance" ( STS 10 diciembre 1990 [ RJ 1990, 9762]). En particular, cuando el comportamiento alegado por el empresario es lo que suele llamarse un abandono del trabajo, esta Sala ha distinguido el aspecto extintivo del sancionador por incumplimiento: para que exista la causa extintiva en examen es preciso que "se produzca una actuación del trabajador que, de manera expresa o tácita, pero siempre clara y terminante, demuestre su deliberado propósito de dar por terminado el contrato, lo que requiere una manifestación de voluntad en este sentido o una conducta que de modo concluyente revele el elemento intencional decisivo de romper la relación laboral"; en esta línea...

... en cualquier caso, para valorar el propósito del trabajador "hay que precisar de forma inequívoca las motivaciones e impulsos que le animan toda vez que la voluntad de realizar un acto culposo laboral es diferente de la necesaria para extinguir la relación laboral" ( STS 3 junio 1988 [ RJ 1988, 5212]). La principal enseñanza que de tales pronunciamientos cabe extraer es la siguiente. La dimisión del trabajador, como todo acto negocial, en este caso con finalidad de extinguir otro negocio más amplio, y de carácter sucesivo o prologado, que es el propio contrato de trabajo, requiere una voluntad incontestable en tal sentido; la cual puede manifestarse al exterior, para que la conozca el empresario, de manera expresa: signos escritos o verbales que directamente explicitan la intención del interesado; o de manera tácita: comportamiento de otra clase, del cual cabe deducir clara y terminantemente que el empleado quiere terminar su vinculación laboral...".

Descendiendo al caso de autos y con el inalterado relato de Hechos Probados de la Sentencia de instancia (Hecho Probado Tercero) solo consta que el trabajador cesó en su relación laboral con la empresa con efectos de 08-02-23 "por baja voluntaria", pero como ya hemos dicho en el Fundamento Jurídico anterior al analizar el motivo de revisión fáctica, dicha causa de cese contenida tanto en la baja en la Seguridad Social como en el certificado de empresa, tiene un carácter meramente formal y por tanto puede ser desvirtuada por otros medios de prueba.

Partiendo de la base de ese cese laboral con efectos de 08-02-23 y aunque el trabajador efectivamente tiene la carga de la prueba a la hora de acreditar la existencia de un despido verbal; desde el momento de la presentación de las respectivas papeletas de conciliación (24-02-23 y 14-03-23) y luego con la demanda judicial rectora de autos, el mismo sostiene en todo momento la realidad de dicho despido.

Es la empresa la que con su contestación ex art. 85.2 LRJS afirma para negar dicho despido (y por tanto introduce en el objeto de debate ex art. 412 de la LEC) , la existencia de una dimisión o baja voluntaria por parte del trabajador que debe ser acreditada por la mercantil.

Como ya hemos dicho más arriba, no basta para acreditar esa dimisión o baja voluntaria del trabajador, ni el certificado de empresa ni la baja del mismo ante la TGSS ya que ambos documentos tienen naturaleza meramente formal y por tanto las declaraciones en ellos contenidos pueden sostenerse o refutarse con otros medios probatorios.

La Sentencia de instancia (Fundamento Jurídico Tercero) se basa para alcanzar su ratio decidendi en cuanto a la acción de despido en que la parte actora a la que correspondía la carga de la prueba, no acredita la existencia de dicho despido en sí "destacando que ni tan siquiera hace preguntas sobre el particular en prueba de interrogatorio de parte".

Sin embargo obvia que para combatir la realidad de ese despido la empresa introduce una supuesta dimisión o baja voluntaria del trabajador que es negada en todo momento por el mismo y que no queda acreditada materialmente ni en el certificado de empresa ni en la baja en la Seguridad Social.

No podemos extraer pues del inalterado relato fáctico de la Sentencia de instancia ningún comportamiento del trabajador expreso o tácito suficientemente revelador de una voluntad clara y terminante por su parte de extinguir unilateralmente con efectos de 08-02-23 el vínculo laboral que le unía hasta entonces con el empresario empleador.

Solo nos queda la extinción laboral en sí la cual en todo caso (fuera por voluntad del trabajador o fuera por despido) es efectuada activamente por la empresa con efectos de 08-02-23 y comunicada por la mercantil tanto a la TGSS como al SEPE.

Atendiendo ex art. 1282 del CC a los actos coetáneos y posteriores de ambas partes respecto a dicha extinción operada con efectos de 08-02-23, únicamente podemos sacar en claro que el trabajador ha afirmado en todo momento (tanto en conciliación previa como en sede judicial) la existencia de un despido verbal (el cual resulta incompatible con una dimisión o baja voluntaria expresa o tácita por su parte) y que para negarlo la empresa ha sostenido precisamente dicha dimisión o baja voluntaria (la cual no ha quedado debidamente acreditada desde un punto de vista material).

Si bien no queda reflejada la realidad de dicho despido verbal en el relato fáctico de la Sentencia recurrida, la extinción en sí operada activamente por la empresa con efectos de 08-02-23 constatada en dicho cuerpo de hechos unida a la falta de acreditación por su parte de una dimisión o baja voluntaria expresa o tácita del trabajador, sí nos permite afirmar la existencia de un despido tácito en dicha fecha el cual no queda desvirtuado con la consignación por parte de la mercantil en el certificado de la empresa o en la baja en la Seguridad Social de las expresiones "Dimisión/Baja Voluntaria" o "Baja Voluntaria del Trabajador".

Dicho despido incumple las elementales exigencias de forma consignadas en los arts. 53.1 y 55.1 del ET y por tanto debe ser declarado improcedente ex art. 108.1 de la LRJS en relación con el art. 55.4 del ET con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración contenidos en el art. 56.1 del mismo texto legal.

Todo ello implica que el presente motivo de censura jurídica debe ser estimado y en consecuencia, con estimación del presente Recurso de Suplicación, debemos revocar parcialmente la Sentencia de instancia en el sentido de declarar improcedente el despido del trabajador D. Pedro Antonio operado por la empresa RECREATIVOS MUÑOZ SL con fecha de efectos de 08-02-23, condenando a la mercantil a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta Sentencia, opte, mediante escrito o simple comparecencia ante la secretaría de esta Sala donde por primera vez se declara la improcedencia, entre:

la readmisión de la parte demandante más el abono de los salarios de tramitación desde la fecha de efectos del despido a la fecha de notificación de esta Sentencia o hasta que la parte actora encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a esta Sentencia y se probase por la parte demandada lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación;

o el abono de una indemnización de 33 días de salario por año trabajado prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, teniéndose por extinguida la relación laboral a la fecha del despido sin abono de salarios de tramitación.

En cuanto al cálculo de dicha indemnización, partiendo de una antigüedad de 17-07-19 y un salario día regulador de 51,47 euros fijados en la instancia y no combatidos en Suplicación, con un despido tácito de fecha de efectos 08-02-23, la misma asciende a 6.086,33 euros netos.

CUARTO.- En materia de costas, establece el artículo 235.1 LRJS que la Sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social, comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Siendo estimado el Recurso de Suplicación y gozando la parte recurrente del beneficio de asistencia jurídica gratuita, no procede imposición de costas.

QUINTO.- En materia de depósitos y consignaciones y conforme a los arts. 229 y 230 de la LRJS en relación con el art. 203 del mismo texto legal, siendo la parte recurrente beneficiaria de asistencia jurídica gratuita, ningún pronunciamiento cabe efectuar al respecto en la parte dispositiva de la presente resolución.

SEXTO.- A tenor de lo previsto en el art. 218 de la LRJS frente a esta sentencia cabe recurso de casación en unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

Vistos los artículos y preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación