Sentencia Social 762/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 386/2025 de 15 de octubre del 2025

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- El actor, policía nacional, presenta demanda de tutela de derechos fundamentales alegando que ha sido objeto de un acoso laboral por parte de otros tres funcionarios, uno de ellos su inspectora jefe entre otras cosas porque un día le pidió al actor que presentara justificante de asistencia a un juicio o justificante médico, trataba al actor a gritos, le había exigido que cambiara de destino porque había bajado su rendimiento, y llevaba a cabo un control excesivo de su trabajo; al segundo demandado lo acusaba de haberle dado una orden que el actor no quiso acatar porque la consideraba contraria al correcto desempeño policial; y el tercero fue el instructor del protocolo por acoso que se abrió a instancias del actor y que, según la demanda, no dio suficiente credibilidad al testigo que el actor propuso en ese protocolo, con lo cual el actor lo hace cómplice de la situación de acoso. En la demanda apenas se mencionaba, y de forma muy genérica, la normativa de prevención de riesgos laborales. La sentencia de instancia desestima totalmente la demanda, no considerando acreditado que fuera práctica habitual o consentida dejar de presentar justificantes de asistencia a dependencias judiciales o al médico, ni tampoco que la inspectora de la que dependía el actor usara lenguaje soez o malsonante para referirse a él; considera probado, en cambio, que el demandante suele cuestionar las órdenes de los superiores y que sus compañeros se han quejado de que deja sin hacer parte de su trabajo, obligándoles a ellos a terminarlo, y que en una reunión en noviembre de 2023 la inspectora le dijo al actor que había bajado su rendimiento y que quería que dejara el puesto, a lo que el actor contestó que no quería estar donde no se le quería y que en el próximo concurso pediría otro destino; también considera probado que hubo discrepancias entre el actor y uno de los codemandados respecto a la redacción de un atestado levantado por un delito contra la propiedad. Valorando en conjunto la prueba, concluye el juzgador que en este caso solo puede hablarse de conflicto laboral simple, sin haberse producido situaciones inaceptables que se pudieran considerar vulneradoras de los derechos fundamentales del actor, y, como el procedimiento elegido por el demandante fue el de tutela de derechos fundamentales, cuyo objeto de limita a determinar si se han vulnerado o no tales derechos, se abstiene de pronunciarse sobre otras cuestiones que considera de mera legalidad ordinaria. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea cuatro revisiones de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y cinco motivos para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado conjuntamente por todas las demandadas, las cuales se oponen al mismo, piden que se desestime, y que se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar los motivos de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- El recurso comienza, en realidad, con un alegato sobre la aplicación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, destacando el actor que conforme a ese convenio basta una sola conducta para hablar de violencia o acoso en el trabajo. Soslaya en cambio que el artículo 1 de ese convenio exige en todo caso que los comportamientos o prácticas sean "inaceptables" (lo cual no puede valorarse únicamente conforme a la percepción subjetiva de la alegada víctima). Tampoco tiene en cuenta que en realidad el convenio regula de forma conjunta la "violencia" y el "acoso", considerándolas igual de reprensibles, pero sin implicar que sean figuras idénticas, y por ello ese convenio no enerva en absoluto las consideracione doctrinales que consideran que el acoso laboral, en sentido propio, implica cierta reiteración de las conductas frente a lo que ocurre cob la violencia puntual (el acoso normalmente es una forma de hostigamiento más sutil), y además implica cierta intencionalidad para causar un daño a la víctima o por lo menos aceptar el mismo como resultado posible. Se trata, en cualquier caso, de un alegato estéril, pues no va anudado a ninguna censura jurídica en debida forma.

SEXTO.- La primera revisión de los hechos probados interesada afecta al ordinal 2º del relato fáctico, que el actor, en base a la declaración que el delegado sindical prestó en el protocolo de acoso en enero de 2024, y que el actor aportó como documento 16 con su demanda, pretende que se amplíe añadiendo lo siguiente: "Se toma declaración a Joaquín el día 31 de enero de 2024 (Folios 133 y siguientes + 631 y siguientes), quien manifiesta lo siguiente:

. El 8 de septiembre de 2023, se mantiene una reunión sindical con el Jefe Provincial, donde varios sindicatos refieren las quejas de funcionarios sobre las formas de la Inspectora Jefa Marí Juana. CEP, JUPOL y SUP confirman las quejas por las malas formas.

. El 11 de septiembre de 2023, se personan en sede sindical los Policías Abel y Hipolito para referir cómo han presenciado que la Inspectora Jefa Marí Juana

ha despachado un trato vejatorio al Subinspector Arsenio, llegando a llamarle "subnormal y tonto". Dicha queja se eleva en la reunión de 4 de octubre.

. El día 17 de noviembre de 2023, el Policía Abel se persona en dependencias sindicales para referir que, a raíz de la queja sindical, le han cambiado un cambio del Grupo de Judicial a la ODAC por orden de la Inspectora Jefa Marí Juana.

. El día 24 de noviembre de 2023, mantienen una reunión el Jefe Provincial (el Sr. Fabio), el Policía Abel y él (el Sr. Joaquín), en la que el Jefe Provincial, con respecto al cambio de puesto de trabajo, afirma que la Inspectora Jefa no es competente para acordarlo y que hay que respetar los puestos de trabajo que presentan singularidades.

Se toma declaración a Mateo ese mismo día en calidad exclusiva de testigo (Folios 134 y siguientes Folio 633 y siguientes)".

SÉPTIMO.- No puede estimarse la modificación, porque el documento en el que se basa la propuesta no tiene suficiente fehaciencia como para evidenciar un error patente del juzgador en la valoración global de la prueba, ya que se trata de una mera testifical documentada, que no por el hecho de aparecer por escrito deja de ser prueba inhábil a efectos del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y más aún cuando el delegado sindical también depuso como testigo en el juicio de instancia, y al juzgador parece que le mereció una pobre opinión la credibilidad de dicho testigo.

OCTAVO.- En segundo lugar, el actor interesa una nueva ampliación del hecho probado 2º, esta vez partiendo del documento 22 acompañado a la demanda, citando en concreto sus folios 159 a 172 (que es el informe final emitido por el instructor del protocolo de acoso), nuevamente quejándose el actor de que el instructor no dio al único testigo propuesto por el actor toda la credibilidad que el demandante consideraba que merecía el mismo. La modificación en concreto consistiría en sustituir el párrafo 13º del hecho probado 2º por lel siguiente: "Se dicta por el Instructor Informe el día 20 de febrero de 2024 sobre las Diligencias Indagatorias concluyendo "no se dan conductas objetivas individualizadas ni en conjunto con fines de hostigamiento y no queda reflejada un elemento subjetivo de la presunta parte actora donde se manifieste la intención de hostigar, aislar o represaliar al trabajador. No existe la creación de un ambiente hostil, hasta hacerlo insoportable para el trabajador. Existe un conflicto laboral entre ambos trabajadores donde el trasfondo es la intención de reconducir la falta de implicación laboral del Policía Abel y el desacuerdo de este último, pero no se puede definir la situación como un acoso laboral. (Folio 664). El informe incluye la valoración de cada uno de los testimonios, salvo el de Joaquín, ya sea individualmente o en conjunto, la prueba documental aportada, así como los audios. Se da íntegramente por reproducido el informe, en aras a la brevedad no se trascribe, destacando sólo las siguientes partes: Se valora la testifical del actor en el fundamento jurídico segundo y tercero, se toma en consideración las alegaciones de la demandada, (fundamento jurídico segundo, el testimonio de Araceli, se valora las conversaciones de WhatsApp, se valora el testimonio de Hipolito, los testimonios de Mateo y Arsenio en relación a lo sucedido el día 16 de noviembre de 2023 (Informe)".

NOVENO.- El motivo no puede prosperar, pues se ampara en exactamente el mismo documento usado por el juzgador, y la adición que se pretende incluir por el recurrente no evidencia, en absoluto, un error patente del juzgador en la valoración del documento, ni error de clase alguna en la forma en la que el juzgador ha resumido el contenido del informe final del instructor.

DÉCIMO.- La tercera revisión de los hechos probados se ampara por el actor en la ya mencionada declaración del delegado sindical en el protocolo de acoso, más unas notas de prensa que se acompañaron a la demanda como documento 11, y una acta de reunión de 4 de octubre de 2023 entre representantes de la Comisaría Provincial y representantes sindicales, documento 12 de la demanda. En base a ellos, el actor solicita que se modifique el hecho probado 10º para que pase a decir lo siguiente: "La trabajadora Marí Juana sí suele emplear en su vocabulario lenguaje soez, insultos o palabras mal sonantes formas inadecuadas para referirse a sus subordinados y a los ciudadanos, también utiliza como algo habitual un tono alto o grita a los mismos".

UNDÉCIMO.- El juzgador ha considerado acreditado lo que se recoge en el hecho probado 10º a partir de prueba testifical de personas que, al contrario de lo que ocurre con el delegado sindical, sí que trababan con la codemandada Dª. Marí Juana y tenían conocimiento directo, y no meramente referencial, de los hechos. Siendo esos los elementos de convicción empleados por el juzgador, es evidente que ni una testifical de referencia documentada, ni unas notas de prensa recogiendo meras manifestaciones o quejas de sujetos no identificados, ni unas manifestaciones en una acta de reunión, pueden, de ninguna manera, evidenciar un error patente de valoración de la prueba, lo que aboca a la desestimación del motivo.

DUODÉCIMO.- Finalmente, el actor pretende que se amplíe el hecho probado 18º en base al mismo auto de transformación a procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife el 24 de junio de 2024, obrante a los folios 552 a 553 de los autos, proponiendo el siguiente texto: "Se ha instruido causa ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se ha dictado Auto de Transformación de Diligencias Previas a Procedimiento Abreviado, calificándole por el Juzgado Instructor los hechos como "hurto y robo con violencia o intimidación". En relación al día 5 de agosto de 2023, se dice que "sobre las 20.40 horas, (.) los investigados Victorino acuden a la Estación de Servicio Disa XXXX sita en la carretera XXXX y, puestos de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento injusto, Laureano permanece en el vehículo, mientras Laureano accede al interior de la gasolinera y se apoderó de 9 boletos de la Once, valorados en 93,90 euros, introduciéndoselos en su bolsillo y abandonando la estación, mientras Laureano distraía a la dependiente, la Sra. Laureano, por lo que sólo se percata de su sustracción una vez visionadas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Una vez Laureano abandona el lugar, Laureano golpea el mostrador rompiendo el datáfono, llevándose 2 cervezas y un paquete de papas, intentando la dependienta evitar que sustrajera más efectos, por lo que forcejea con la misma con un paquete que también se quería llevar, desistiendo finalmente y abandonando el lugar (.)".

En relación al día 6 de agosto de 2023 se dice "que los investigados Victorino, intentaron acceder al Estación de Servicio Disa XXXX, sin conseguirlo, pues los empleados bloquearon las puertas de acceso, abandonando el lugar pero regresando sobre las 17:30 horas, volviendo nuevamente los empleados Victorino, a bloquear y cerrar la puerta de crista de la estación, comenzando los investigados a insultarlos e intimidarlos diciéndoles, "abran la puerta o tendrán problemas", "hedienda, hija de puta, te mato", colocándose el dedo por el cuello como si lo rajara, cogiendo un cartel e intimidándolos con romper la cristalera, pero finalmente abandonan el lugar, llamando los empleadora al CNP" (Folio 553, Auto de PA)".

DECIMOTERCERO.- La revisión se ampara en el mismo documento empleado por el juzgador, sin que de la relectura del mismo se aprecie ninguna clase de error patente en la valoración del mismo, y sin que tampoco pueda considerarse que el texto de los hechos del auto del juzgado de instrucción evidencie que lo ocurrido el 5 de agosto de 2023 no pueda de ninguna manera calificarse como robo con violencia o intimidación, en la medida en que, estuviera o no captado por las cámaras de vigilancia (y lo más probable es que estuviera captado), se habla de un forcejeo con la dependienta.

DECIMOCUARTO.- En el primer motivo de censura jurídica el demandante denuncia infracción del artículo 15 de la Constitución, alegando que el instructor del protocolo de acoso, el codemandado D. Bernardino, debió haberse declarado cómplice y copartícipe del acoso laboral, por no haber actuado de modo diligente en el esclarecimiento del hostigamiento denunciado por el actor, "adoptando una postura indolente en lo relativo a los factores que posibilitaban su acreditación", manifestado, según el recurrente, en que no analizó de ninguna manera la declaración testifical prestada en el protocolo por el delegado sindical. La mayor parte del motivo se dedica a revisar lo que ese testigo declaró en el protocolo y a censurar la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez de instancia.

DECIMOQUINTO.- El motivo está construido fatalmente a espaldas de los hechos que se han declarado probados, y ello determina su completa inviabilidad. En primer lugar, de los extensos hechos probados de la sentencia de instancia lo único que se acreditan son discrepancias en la forma de realizar el trabajo y hasta algún conflicto laboral, que en ningún caso presentaría en la forma en que se desenvolvió notas que permitan calificarlo objetivamente como conductas inaceptables. Por tanto, no deduciéndose de los hechos probados nada calificable como acoso, mal podría D. Bernardino ser cómplice o cooperador del mismo. La supuesta complicidad, además, se basa exclusivamente en la disconformidad del actor en la forma en la que el instructor valoró la única prueba testifical que el actor presentó al expediente. Testigo que no había presenciado los hechos, y cuyas manifestaciones, presumiblemente basadas en referencias del propio actor (pues no trabajaba directamente con él), no se compadecían con lo que dijeron los otro ocho testigos que depusieron en ese expediente, que sí trabajaban directamente y en contacto tanto con el actor como con la supuesta acosadora. Como se ha señalado, el juzgador de instancia tampoco ha considerado que ese testigo le merezca especial credibilidad, con lo cual difícilmente se puede considerar lesiva del derecho a la integridad física o moral del demandante que el instructor tampoco se molestara en especificar que lo manifestado de manera coherente por ocho testigos presenciales tenía en principio más valor que lo que decía un testigo de referencia de credibilidad cuestionable según se deduce de la sentencia de instancia. Y que el demandante pretenda que esa actuación del instructor (que consta en el hecho probado 2º que ni era competente para resolver el protocolo, ni fue quien acordó su archivo, archivo que no consta que el demandante recurriera, adoptando en cambio una conducta claramente obstaculizadora en lo que a recibir las notificaciones se refiere) forma parte de una situación de acoso laboral, en realidad a lo que apunta, más que a la existencia de un supuesto acoso que no se ha probado, es a que el actor tiende a interpretar cualquier actuación de las demandadas que no le sea íntegramente favorable como un ataque personal; pero eso, desde luego, no supone ningún tipo de acoso, y las causas de ese tipo de pensamiento probablemente ni siquiera guarden relación con el desempeño del trabajo sino con factores orgánicos previos.

DECIMOSEXTO.- En el segundo motivo, el demandante vuelve a denunciar infracción del artículo 15 de la Constitución, porque considera que el codemandado D. Mateo también se debió haber considerado que acosó al demandante, en relación con la redacción del atestado por los delitos contra la propiedad que se recogen en el hecho probado 18º, insistiendo el demandante que D. Mateo ordenó al actor que recogiera en el atestado que los autores de los hechos habían actuado con intimidación, a lo que el actor se negó, usando un tono coactivo, lo que provocó que el actor sintiera un profundo desasosiego.

DECIMOSÉPTIMO.- El motivo se ampara en una interpretación torcida de lo que consta en el hecho probado 18º, unidas a alegaciones que no tienen amparo en los hechos probados. De lo que consta en el hecho probado 18º solo se deduce la existencia de una discrepancia entre el actor y el instructor del atestado sobre la forma de redactar el mismo, al entender el instructor que sí que se podía hablar de violencia e intimidación por la forma en la que se desarrollaron los hechos, y negarse el actor a hacerla constar, pese a que, de las conversaciones, se deduce que de las grabaciones sí que se apreciaba la existencia de actos que podían interpretarse como violencia (como golpear un datáfono), y que, además, se había tomado declaración a los empleados de la gasolinera, que referían por lo que parece haberse sentido intimidados y, por lo visto, también hablaron de la existencia de un forcejeo y de actos amenazadores como que les hicieron gestos simulando que les iban a cortar el cuello (lo cual luego se hizo constar en los hechos del auto transformando las diligencias previas a procedimiento abreviado). Lo que se transcribe de las conversaciones no denotan objetivamente ningún tipo de coacción o amenaza por parte del instructor, y ni siquiera que se estuviera intentando obligar al demandante a reflejar en el atestado hechos inciertos. Que el demandante lo haya interpretado (meses después, además) de otra manera es completamente insuficiente para considerar ese conflicto sobre la forma de realizar el trabajo como una situación de acoso o violencia laboral, de manera que de ninguna manera habría conculcado la sentencia de instancia el derecho fundamental que invoca el motivo, que ha de ser desestimado.

DECIMOCTAVO.- En el tercer motivo planteado por la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social nuevamente se invoca infracción del artículo 15 de la Constitución, esta vez conjuntamente con el 24 de la misma norma, pues el demandante considera probado que la codemandada Dª. Marí Juana llevó a cabo una conducta de hostigamiento, humillaciones y descalificaciones contra el actor que atentaron a su integridad moral, como decir a otra trabajadora estando presente al actor que se quedaba más tranquila estando esa otra trabajadora de tarde, que el actor considera desconsideración y ninguneo hacia el mismo; o que otro trabajador le dijo al demandante cuando intentó acudir a presentar un justificante médico que "estaba tensando la cuerda"; o que la conducta de Dª. Marí Juana es despótica e irreverente hacia sus subordinados, y que tras presentar el actor una queja contra ella la demandada se dedicó a arrancar carteles de sindicatos diciendo que era para que no la denunciaran; o amenazando al actor con relegarlo a la oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano.

DECIMONOVENO.- Como los otros dos motivos anteriores han puesto de relieve, el demandante presenta una clara tendencia a interpretar como un ataque a su persona cualquier actuación de las demandadas que el mismo considere no favorable a sus intereses; y que todos los demandados están confabulados (término que se llega a usar en el recurso) para perjudicarle. Es conforme a ese tipo de ideación, que bien podría calificarse de tipo paranoide, como reinterpreta el demandante los hechos probados, añadiendo a esa más bien patológica interpretación alegaciones que en absoluto han quedado acreditadas. De una lectura global de los hechos probados lo que se deduce es que la codemandada Dª. Marí Juana estaba claramente insatisfecha con el desempeño del trabajo del actor, insatisfacción que no parece que fuera injustificada, pues se ha declarado probado que compañeros de trabajo del actor se habían quejado de que tenían que completar el trabajo que el actor dejaba sin concluir, y que el demandante además solía cuestionar las órdenes que recibía (hecho probado 8º). No se ha acreditado en cambio que la codemandada se dirigiera, al actor o a cualquier otro subordinado, de manera insultante, ofensiva, o a voz en grito (hecho probado 10º), y que al actor se le exigiera presentar justificantes de asistencia a dependencias judiciales, o de haber acudido al médico (hechos probados 3º y 4º) no equivalen a un control exhorbitante del trabajo del actor, sino que se trata de una exigencia básica y justificada. Lo que se recoge en el hecho probado 17º permite concluir que a la codemandada le mereciera más confianza otra trabajadora que el actor, pero ni la forma en que eso se expresó, ni las circunstancias, permiten considerar objetivamente un "menos mal, ya me voy más tranquila, entonces" como una violencia verbal contra el demandante. Y cuando finalmente la demandada le comunicó al actor, en noviembre de 2023, que había bajado su rendimiento (cosa que se ha declarado probado que era cierto) y quería que dejara el puesto, no consta que se emplearan malos modos, o términos objetivamente intimidatorios o amenazantes (hecho probado 13º), mientras que el cambio de puesto del actor a la oficina de denuncia y atención al ciudadano no consta que fuera, como se alega en el recurso, una manifiesta degradación profesional, y por su parte el requerimiento de entrega del arma reglamentaria estaba más que justificado desde el momento en que el actor había iniciado una incapacidad temporal el 17 de noviembre (hecho probado 5º). Finalmente, lo relativo a los carteles sindicales que se recoge en el hecho probado 12º podría considerarse como mucho una conducta antisindical de la codemandada, pero, objetivamente, no está claro que estuviera dirigida contra el actor o que siquiera guardara relación con la reunión del 6 de octubre de 2023 (hecho probado 11º). Hubo, en definitiva, un conflicto laboral entre el actor y la demandada, pero no se constan actos por parte de la demandada que se puedan objetivamente calificar de inaceptables y que revelen claramente violencia o acoso contra el actor. Habiéndolo entendido de la misma manera la sentencia de instancia, procede desestimar el motivo.

VIGÉSIMO.- En el cuarto motivo planteado por el 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el actor denuncia infracción de los artículos 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y artículos 3 y 5 del Real Decreto 2/2006, alegando que del hecho probado 15º no se desprende que el plan de prevención de riesgos laborales de la demandada contemple expresamente como riesgo psicosocial el acoso, con lo cual el actor considera que el Cuerpo Nacional de Policía ha incurrido en una omisión en el deber de diligencia exigible para prevenir la exposición del actor a la situación de acoso padecida, tanto al materializarse el hostigamiento como después del mismo.

VIGÉSIMO PRIMERO.- El motivo está abocado al fracaso por varias razones. En primer lugar, porque, como ya se ha expuesto en los precedentes fundamentos, en este caso no ha existido ningún acoso laboral. En segundo, porque se trata de una cuestión nueva, no planteada en instancia, ya que en la demanda nada se decía sobre insuficiencia de la actividad preventiva de la empresa en materia de prevención de riesgos psicosociales, siendo en esa demanda la invocación de la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo absolutamente genérica y rituaria, presumiblemente con la única finalidad de atraer la competencia a la jurisdicción social, pues en lo que se centraba la demanda, tanto en la exposición de hechos como en su fundamentación jurídica, era en el alegado acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales del actor, y poco, o nada, se argumentaba sobre las medidas preventivas que tendría que haber adoptado la empleadora. Y en tercer lugar, porque el procedimiento elegido por el demandante para plantear sus pretensiones, y que ha sido aceptado sin protesta alguna por las demandadas, ha sido el especial de tutela de derechos fundamentales. Procedimiento que es sumario, pues el único objeto de examen posible en el mismo está limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad ( artículo 178.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), lo que hace que, como en un caso como el presente, cuando se declara que no se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales objeto de la demanda, no proceda hacer pronunciamiento alguno sobre cualesquiera otros posibles incumplimientos de mera legalidad ordinaria y que ninguna relación guardan con el objeto de tutela, como sería esa alegada deficiencia de la actividad preventiva de la empleadora demandada, introducida de forma sorpresiva en el recurso y que, por lo demás las recurridas, sin pedir la revisión de los hechos probados, niegan que exista.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- En el último motivo del recurso se denuncia infracción del artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y jurisprudencia contenida en la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2022, reclamando el actor la indemnización por daño moral derivada de la vulneración de derechos fundamentales que se pedía en la demanda.

VIGÉSIMO TERCERO.- El motivo, desde el momento en que se ha declarado que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del actor, carece de toda viabilidad, pues la indemnización que se contempla en la norma y jurisprudencia que se invocan por el recurrente solamente procede para el caso de haberse declarado vulnerados los derechos fundamentales, cosa que no se ha producido. Esto conduce a la desestimación del motivo y, con él, del recurso en su integridad.

VIGÉSIMO CUARTO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal ( artículo 21.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- El actor, policía nacional, presenta demanda de tutela de derechos fundamentales alegando que ha sido objeto de un acoso laboral por parte de otros tres funcionarios, uno de ellos su inspectora jefe entre otras cosas porque un día le pidió al actor que presentara justificante de asistencia a un juicio o justificante médico, trataba al actor a gritos, le había exigido que cambiara de destino porque había bajado su rendimiento, y llevaba a cabo un control excesivo de su trabajo; al segundo demandado lo acusaba de haberle dado una orden que el actor no quiso acatar porque la consideraba contraria al correcto desempeño policial; y el tercero fue el instructor del protocolo por acoso que se abrió a instancias del actor y que, según la demanda, no dio suficiente credibilidad al testigo que el actor propuso en ese protocolo, con lo cual el actor lo hace cómplice de la situación de acoso. En la demanda apenas se mencionaba, y de forma muy genérica, la normativa de prevención de riesgos laborales. La sentencia de instancia desestima totalmente la demanda, no considerando acreditado que fuera práctica habitual o consentida dejar de presentar justificantes de asistencia a dependencias judiciales o al médico, ni tampoco que la inspectora de la que dependía el actor usara lenguaje soez o malsonante para referirse a él; considera probado, en cambio, que el demandante suele cuestionar las órdenes de los superiores y que sus compañeros se han quejado de que deja sin hacer parte de su trabajo, obligándoles a ellos a terminarlo, y que en una reunión en noviembre de 2023 la inspectora le dijo al actor que había bajado su rendimiento y que quería que dejara el puesto, a lo que el actor contestó que no quería estar donde no se le quería y que en el próximo concurso pediría otro destino; también considera probado que hubo discrepancias entre el actor y uno de los codemandados respecto a la redacción de un atestado levantado por un delito contra la propiedad. Valorando en conjunto la prueba, concluye el juzgador que en este caso solo puede hablarse de conflicto laboral simple, sin haberse producido situaciones inaceptables que se pudieran considerar vulneradoras de los derechos fundamentales del actor, y, como el procedimiento elegido por el demandante fue el de tutela de derechos fundamentales, cuyo objeto de limita a determinar si se han vulnerado o no tales derechos, se abstiene de pronunciarse sobre otras cuestiones que considera de mera legalidad ordinaria. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea cuatro revisiones de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y cinco motivos para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado conjuntamente por todas las demandadas, las cuales se oponen al mismo, piden que se desestime, y que se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar los motivos de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- El recurso comienza, en realidad, con un alegato sobre la aplicación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, destacando el actor que conforme a ese convenio basta una sola conducta para hablar de violencia o acoso en el trabajo. Soslaya en cambio que el artículo 1 de ese convenio exige en todo caso que los comportamientos o prácticas sean "inaceptables" (lo cual no puede valorarse únicamente conforme a la percepción subjetiva de la alegada víctima). Tampoco tiene en cuenta que en realidad el convenio regula de forma conjunta la "violencia" y el "acoso", considerándolas igual de reprensibles, pero sin implicar que sean figuras idénticas, y por ello ese convenio no enerva en absoluto las consideracione doctrinales que consideran que el acoso laboral, en sentido propio, implica cierta reiteración de las conductas frente a lo que ocurre cob la violencia puntual (el acoso normalmente es una forma de hostigamiento más sutil), y además implica cierta intencionalidad para causar un daño a la víctima o por lo menos aceptar el mismo como resultado posible. Se trata, en cualquier caso, de un alegato estéril, pues no va anudado a ninguna censura jurídica en debida forma.

SEXTO.- La primera revisión de los hechos probados interesada afecta al ordinal 2º del relato fáctico, que el actor, en base a la declaración que el delegado sindical prestó en el protocolo de acoso en enero de 2024, y que el actor aportó como documento 16 con su demanda, pretende que se amplíe añadiendo lo siguiente: "Se toma declaración a Joaquín el día 31 de enero de 2024 (Folios 133 y siguientes + 631 y siguientes), quien manifiesta lo siguiente:

. El 8 de septiembre de 2023, se mantiene una reunión sindical con el Jefe Provincial, donde varios sindicatos refieren las quejas de funcionarios sobre las formas de la Inspectora Jefa Marí Juana. CEP, JUPOL y SUP confirman las quejas por las malas formas.

. El 11 de septiembre de 2023, se personan en sede sindical los Policías Abel y Hipolito para referir cómo han presenciado que la Inspectora Jefa Marí Juana

ha despachado un trato vejatorio al Subinspector Arsenio, llegando a llamarle "subnormal y tonto". Dicha queja se eleva en la reunión de 4 de octubre.

. El día 17 de noviembre de 2023, el Policía Abel se persona en dependencias sindicales para referir que, a raíz de la queja sindical, le han cambiado un cambio del Grupo de Judicial a la ODAC por orden de la Inspectora Jefa Marí Juana.

. El día 24 de noviembre de 2023, mantienen una reunión el Jefe Provincial (el Sr. Fabio), el Policía Abel y él (el Sr. Joaquín), en la que el Jefe Provincial, con respecto al cambio de puesto de trabajo, afirma que la Inspectora Jefa no es competente para acordarlo y que hay que respetar los puestos de trabajo que presentan singularidades.

Se toma declaración a Mateo ese mismo día en calidad exclusiva de testigo (Folios 134 y siguientes Folio 633 y siguientes)".

SÉPTIMO.- No puede estimarse la modificación, porque el documento en el que se basa la propuesta no tiene suficiente fehaciencia como para evidenciar un error patente del juzgador en la valoración global de la prueba, ya que se trata de una mera testifical documentada, que no por el hecho de aparecer por escrito deja de ser prueba inhábil a efectos del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y más aún cuando el delegado sindical también depuso como testigo en el juicio de instancia, y al juzgador parece que le mereció una pobre opinión la credibilidad de dicho testigo.

OCTAVO.- En segundo lugar, el actor interesa una nueva ampliación del hecho probado 2º, esta vez partiendo del documento 22 acompañado a la demanda, citando en concreto sus folios 159 a 172 (que es el informe final emitido por el instructor del protocolo de acoso), nuevamente quejándose el actor de que el instructor no dio al único testigo propuesto por el actor toda la credibilidad que el demandante consideraba que merecía el mismo. La modificación en concreto consistiría en sustituir el párrafo 13º del hecho probado 2º por lel siguiente: "Se dicta por el Instructor Informe el día 20 de febrero de 2024 sobre las Diligencias Indagatorias concluyendo "no se dan conductas objetivas individualizadas ni en conjunto con fines de hostigamiento y no queda reflejada un elemento subjetivo de la presunta parte actora donde se manifieste la intención de hostigar, aislar o represaliar al trabajador. No existe la creación de un ambiente hostil, hasta hacerlo insoportable para el trabajador. Existe un conflicto laboral entre ambos trabajadores donde el trasfondo es la intención de reconducir la falta de implicación laboral del Policía Abel y el desacuerdo de este último, pero no se puede definir la situación como un acoso laboral. (Folio 664). El informe incluye la valoración de cada uno de los testimonios, salvo el de Joaquín, ya sea individualmente o en conjunto, la prueba documental aportada, así como los audios. Se da íntegramente por reproducido el informe, en aras a la brevedad no se trascribe, destacando sólo las siguientes partes: Se valora la testifical del actor en el fundamento jurídico segundo y tercero, se toma en consideración las alegaciones de la demandada, (fundamento jurídico segundo, el testimonio de Araceli, se valora las conversaciones de WhatsApp, se valora el testimonio de Hipolito, los testimonios de Mateo y Arsenio en relación a lo sucedido el día 16 de noviembre de 2023 (Informe)".

NOVENO.- El motivo no puede prosperar, pues se ampara en exactamente el mismo documento usado por el juzgador, y la adición que se pretende incluir por el recurrente no evidencia, en absoluto, un error patente del juzgador en la valoración del documento, ni error de clase alguna en la forma en la que el juzgador ha resumido el contenido del informe final del instructor.

DÉCIMO.- La tercera revisión de los hechos probados se ampara por el actor en la ya mencionada declaración del delegado sindical en el protocolo de acoso, más unas notas de prensa que se acompañaron a la demanda como documento 11, y una acta de reunión de 4 de octubre de 2023 entre representantes de la Comisaría Provincial y representantes sindicales, documento 12 de la demanda. En base a ellos, el actor solicita que se modifique el hecho probado 10º para que pase a decir lo siguiente: "La trabajadora Marí Juana sí suele emplear en su vocabulario lenguaje soez, insultos o palabras mal sonantes formas inadecuadas para referirse a sus subordinados y a los ciudadanos, también utiliza como algo habitual un tono alto o grita a los mismos".

UNDÉCIMO.- El juzgador ha considerado acreditado lo que se recoge en el hecho probado 10º a partir de prueba testifical de personas que, al contrario de lo que ocurre con el delegado sindical, sí que trababan con la codemandada Dª. Marí Juana y tenían conocimiento directo, y no meramente referencial, de los hechos. Siendo esos los elementos de convicción empleados por el juzgador, es evidente que ni una testifical de referencia documentada, ni unas notas de prensa recogiendo meras manifestaciones o quejas de sujetos no identificados, ni unas manifestaciones en una acta de reunión, pueden, de ninguna manera, evidenciar un error patente de valoración de la prueba, lo que aboca a la desestimación del motivo.

DUODÉCIMO.- Finalmente, el actor pretende que se amplíe el hecho probado 18º en base al mismo auto de transformación a procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife el 24 de junio de 2024, obrante a los folios 552 a 553 de los autos, proponiendo el siguiente texto: "Se ha instruido causa ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se ha dictado Auto de Transformación de Diligencias Previas a Procedimiento Abreviado, calificándole por el Juzgado Instructor los hechos como "hurto y robo con violencia o intimidación". En relación al día 5 de agosto de 2023, se dice que "sobre las 20.40 horas, (.) los investigados Victorino acuden a la Estación de Servicio Disa XXXX sita en la carretera XXXX y, puestos de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento injusto, Laureano permanece en el vehículo, mientras Laureano accede al interior de la gasolinera y se apoderó de 9 boletos de la Once, valorados en 93,90 euros, introduciéndoselos en su bolsillo y abandonando la estación, mientras Laureano distraía a la dependiente, la Sra. Laureano, por lo que sólo se percata de su sustracción una vez visionadas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Una vez Laureano abandona el lugar, Laureano golpea el mostrador rompiendo el datáfono, llevándose 2 cervezas y un paquete de papas, intentando la dependienta evitar que sustrajera más efectos, por lo que forcejea con la misma con un paquete que también se quería llevar, desistiendo finalmente y abandonando el lugar (.)".

En relación al día 6 de agosto de 2023 se dice "que los investigados Victorino, intentaron acceder al Estación de Servicio Disa XXXX, sin conseguirlo, pues los empleados bloquearon las puertas de acceso, abandonando el lugar pero regresando sobre las 17:30 horas, volviendo nuevamente los empleados Victorino, a bloquear y cerrar la puerta de crista de la estación, comenzando los investigados a insultarlos e intimidarlos diciéndoles, "abran la puerta o tendrán problemas", "hedienda, hija de puta, te mato", colocándose el dedo por el cuello como si lo rajara, cogiendo un cartel e intimidándolos con romper la cristalera, pero finalmente abandonan el lugar, llamando los empleadora al CNP" (Folio 553, Auto de PA)".

DECIMOTERCERO.- La revisión se ampara en el mismo documento empleado por el juzgador, sin que de la relectura del mismo se aprecie ninguna clase de error patente en la valoración del mismo, y sin que tampoco pueda considerarse que el texto de los hechos del auto del juzgado de instrucción evidencie que lo ocurrido el 5 de agosto de 2023 no pueda de ninguna manera calificarse como robo con violencia o intimidación, en la medida en que, estuviera o no captado por las cámaras de vigilancia (y lo más probable es que estuviera captado), se habla de un forcejeo con la dependienta.

DECIMOCUARTO.- En el primer motivo de censura jurídica el demandante denuncia infracción del artículo 15 de la Constitución, alegando que el instructor del protocolo de acoso, el codemandado D. Bernardino, debió haberse declarado cómplice y copartícipe del acoso laboral, por no haber actuado de modo diligente en el esclarecimiento del hostigamiento denunciado por el actor, "adoptando una postura indolente en lo relativo a los factores que posibilitaban su acreditación", manifestado, según el recurrente, en que no analizó de ninguna manera la declaración testifical prestada en el protocolo por el delegado sindical. La mayor parte del motivo se dedica a revisar lo que ese testigo declaró en el protocolo y a censurar la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez de instancia.

DECIMOQUINTO.- El motivo está construido fatalmente a espaldas de los hechos que se han declarado probados, y ello determina su completa inviabilidad. En primer lugar, de los extensos hechos probados de la sentencia de instancia lo único que se acreditan son discrepancias en la forma de realizar el trabajo y hasta algún conflicto laboral, que en ningún caso presentaría en la forma en que se desenvolvió notas que permitan calificarlo objetivamente como conductas inaceptables. Por tanto, no deduciéndose de los hechos probados nada calificable como acoso, mal podría D. Bernardino ser cómplice o cooperador del mismo. La supuesta complicidad, además, se basa exclusivamente en la disconformidad del actor en la forma en la que el instructor valoró la única prueba testifical que el actor presentó al expediente. Testigo que no había presenciado los hechos, y cuyas manifestaciones, presumiblemente basadas en referencias del propio actor (pues no trabajaba directamente con él), no se compadecían con lo que dijeron los otro ocho testigos que depusieron en ese expediente, que sí trabajaban directamente y en contacto tanto con el actor como con la supuesta acosadora. Como se ha señalado, el juzgador de instancia tampoco ha considerado que ese testigo le merezca especial credibilidad, con lo cual difícilmente se puede considerar lesiva del derecho a la integridad física o moral del demandante que el instructor tampoco se molestara en especificar que lo manifestado de manera coherente por ocho testigos presenciales tenía en principio más valor que lo que decía un testigo de referencia de credibilidad cuestionable según se deduce de la sentencia de instancia. Y que el demandante pretenda que esa actuación del instructor (que consta en el hecho probado 2º que ni era competente para resolver el protocolo, ni fue quien acordó su archivo, archivo que no consta que el demandante recurriera, adoptando en cambio una conducta claramente obstaculizadora en lo que a recibir las notificaciones se refiere) forma parte de una situación de acoso laboral, en realidad a lo que apunta, más que a la existencia de un supuesto acoso que no se ha probado, es a que el actor tiende a interpretar cualquier actuación de las demandadas que no le sea íntegramente favorable como un ataque personal; pero eso, desde luego, no supone ningún tipo de acoso, y las causas de ese tipo de pensamiento probablemente ni siquiera guarden relación con el desempeño del trabajo sino con factores orgánicos previos.

DECIMOSEXTO.- En el segundo motivo, el demandante vuelve a denunciar infracción del artículo 15 de la Constitución, porque considera que el codemandado D. Mateo también se debió haber considerado que acosó al demandante, en relación con la redacción del atestado por los delitos contra la propiedad que se recogen en el hecho probado 18º, insistiendo el demandante que D. Mateo ordenó al actor que recogiera en el atestado que los autores de los hechos habían actuado con intimidación, a lo que el actor se negó, usando un tono coactivo, lo que provocó que el actor sintiera un profundo desasosiego.

DECIMOSÉPTIMO.- El motivo se ampara en una interpretación torcida de lo que consta en el hecho probado 18º, unidas a alegaciones que no tienen amparo en los hechos probados. De lo que consta en el hecho probado 18º solo se deduce la existencia de una discrepancia entre el actor y el instructor del atestado sobre la forma de redactar el mismo, al entender el instructor que sí que se podía hablar de violencia e intimidación por la forma en la que se desarrollaron los hechos, y negarse el actor a hacerla constar, pese a que, de las conversaciones, se deduce que de las grabaciones sí que se apreciaba la existencia de actos que podían interpretarse como violencia (como golpear un datáfono), y que, además, se había tomado declaración a los empleados de la gasolinera, que referían por lo que parece haberse sentido intimidados y, por lo visto, también hablaron de la existencia de un forcejeo y de actos amenazadores como que les hicieron gestos simulando que les iban a cortar el cuello (lo cual luego se hizo constar en los hechos del auto transformando las diligencias previas a procedimiento abreviado). Lo que se transcribe de las conversaciones no denotan objetivamente ningún tipo de coacción o amenaza por parte del instructor, y ni siquiera que se estuviera intentando obligar al demandante a reflejar en el atestado hechos inciertos. Que el demandante lo haya interpretado (meses después, además) de otra manera es completamente insuficiente para considerar ese conflicto sobre la forma de realizar el trabajo como una situación de acoso o violencia laboral, de manera que de ninguna manera habría conculcado la sentencia de instancia el derecho fundamental que invoca el motivo, que ha de ser desestimado.

DECIMOCTAVO.- En el tercer motivo planteado por la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social nuevamente se invoca infracción del artículo 15 de la Constitución, esta vez conjuntamente con el 24 de la misma norma, pues el demandante considera probado que la codemandada Dª. Marí Juana llevó a cabo una conducta de hostigamiento, humillaciones y descalificaciones contra el actor que atentaron a su integridad moral, como decir a otra trabajadora estando presente al actor que se quedaba más tranquila estando esa otra trabajadora de tarde, que el actor considera desconsideración y ninguneo hacia el mismo; o que otro trabajador le dijo al demandante cuando intentó acudir a presentar un justificante médico que "estaba tensando la cuerda"; o que la conducta de Dª. Marí Juana es despótica e irreverente hacia sus subordinados, y que tras presentar el actor una queja contra ella la demandada se dedicó a arrancar carteles de sindicatos diciendo que era para que no la denunciaran; o amenazando al actor con relegarlo a la oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano.

DECIMONOVENO.- Como los otros dos motivos anteriores han puesto de relieve, el demandante presenta una clara tendencia a interpretar como un ataque a su persona cualquier actuación de las demandadas que el mismo considere no favorable a sus intereses; y que todos los demandados están confabulados (término que se llega a usar en el recurso) para perjudicarle. Es conforme a ese tipo de ideación, que bien podría calificarse de tipo paranoide, como reinterpreta el demandante los hechos probados, añadiendo a esa más bien patológica interpretación alegaciones que en absoluto han quedado acreditadas. De una lectura global de los hechos probados lo que se deduce es que la codemandada Dª. Marí Juana estaba claramente insatisfecha con el desempeño del trabajo del actor, insatisfacción que no parece que fuera injustificada, pues se ha declarado probado que compañeros de trabajo del actor se habían quejado de que tenían que completar el trabajo que el actor dejaba sin concluir, y que el demandante además solía cuestionar las órdenes que recibía (hecho probado 8º). No se ha acreditado en cambio que la codemandada se dirigiera, al actor o a cualquier otro subordinado, de manera insultante, ofensiva, o a voz en grito (hecho probado 10º), y que al actor se le exigiera presentar justificantes de asistencia a dependencias judiciales, o de haber acudido al médico (hechos probados 3º y 4º) no equivalen a un control exhorbitante del trabajo del actor, sino que se trata de una exigencia básica y justificada. Lo que se recoge en el hecho probado 17º permite concluir que a la codemandada le mereciera más confianza otra trabajadora que el actor, pero ni la forma en que eso se expresó, ni las circunstancias, permiten considerar objetivamente un "menos mal, ya me voy más tranquila, entonces" como una violencia verbal contra el demandante. Y cuando finalmente la demandada le comunicó al actor, en noviembre de 2023, que había bajado su rendimiento (cosa que se ha declarado probado que era cierto) y quería que dejara el puesto, no consta que se emplearan malos modos, o términos objetivamente intimidatorios o amenazantes (hecho probado 13º), mientras que el cambio de puesto del actor a la oficina de denuncia y atención al ciudadano no consta que fuera, como se alega en el recurso, una manifiesta degradación profesional, y por su parte el requerimiento de entrega del arma reglamentaria estaba más que justificado desde el momento en que el actor había iniciado una incapacidad temporal el 17 de noviembre (hecho probado 5º). Finalmente, lo relativo a los carteles sindicales que se recoge en el hecho probado 12º podría considerarse como mucho una conducta antisindical de la codemandada, pero, objetivamente, no está claro que estuviera dirigida contra el actor o que siquiera guardara relación con la reunión del 6 de octubre de 2023 (hecho probado 11º). Hubo, en definitiva, un conflicto laboral entre el actor y la demandada, pero no se constan actos por parte de la demandada que se puedan objetivamente calificar de inaceptables y que revelen claramente violencia o acoso contra el actor. Habiéndolo entendido de la misma manera la sentencia de instancia, procede desestimar el motivo.

VIGÉSIMO.- En el cuarto motivo planteado por el 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el actor denuncia infracción de los artículos 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y artículos 3 y 5 del Real Decreto 2/2006, alegando que del hecho probado 15º no se desprende que el plan de prevención de riesgos laborales de la demandada contemple expresamente como riesgo psicosocial el acoso, con lo cual el actor considera que el Cuerpo Nacional de Policía ha incurrido en una omisión en el deber de diligencia exigible para prevenir la exposición del actor a la situación de acoso padecida, tanto al materializarse el hostigamiento como después del mismo.

VIGÉSIMO PRIMERO.- El motivo está abocado al fracaso por varias razones. En primer lugar, porque, como ya se ha expuesto en los precedentes fundamentos, en este caso no ha existido ningún acoso laboral. En segundo, porque se trata de una cuestión nueva, no planteada en instancia, ya que en la demanda nada se decía sobre insuficiencia de la actividad preventiva de la empresa en materia de prevención de riesgos psicosociales, siendo en esa demanda la invocación de la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo absolutamente genérica y rituaria, presumiblemente con la única finalidad de atraer la competencia a la jurisdicción social, pues en lo que se centraba la demanda, tanto en la exposición de hechos como en su fundamentación jurídica, era en el alegado acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales del actor, y poco, o nada, se argumentaba sobre las medidas preventivas que tendría que haber adoptado la empleadora. Y en tercer lugar, porque el procedimiento elegido por el demandante para plantear sus pretensiones, y que ha sido aceptado sin protesta alguna por las demandadas, ha sido el especial de tutela de derechos fundamentales. Procedimiento que es sumario, pues el único objeto de examen posible en el mismo está limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad ( artículo 178.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), lo que hace que, como en un caso como el presente, cuando se declara que no se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales objeto de la demanda, no proceda hacer pronunciamiento alguno sobre cualesquiera otros posibles incumplimientos de mera legalidad ordinaria y que ninguna relación guardan con el objeto de tutela, como sería esa alegada deficiencia de la actividad preventiva de la empleadora demandada, introducida de forma sorpresiva en el recurso y que, por lo demás las recurridas, sin pedir la revisión de los hechos probados, niegan que exista.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- En el último motivo del recurso se denuncia infracción del artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y jurisprudencia contenida en la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2022, reclamando el actor la indemnización por daño moral derivada de la vulneración de derechos fundamentales que se pedía en la demanda.

VIGÉSIMO TERCERO.- El motivo, desde el momento en que se ha declarado que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del actor, carece de toda viabilidad, pues la indemnización que se contempla en la norma y jurisprudencia que se invocan por el recurrente solamente procede para el caso de haberse declarado vulnerados los derechos fundamentales, cosa que no se ha producido. Esto conduce a la desestimación del motivo y, con él, del recurso en su integridad.

VIGÉSIMO CUARTO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal ( artículo 21.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- El actor, policía nacional, presenta demanda de tutela de derechos fundamentales alegando que ha sido objeto de un acoso laboral por parte de otros tres funcionarios, uno de ellos su inspectora jefe entre otras cosas porque un día le pidió al actor que presentara justificante de asistencia a un juicio o justificante médico, trataba al actor a gritos, le había exigido que cambiara de destino porque había bajado su rendimiento, y llevaba a cabo un control excesivo de su trabajo; al segundo demandado lo acusaba de haberle dado una orden que el actor no quiso acatar porque la consideraba contraria al correcto desempeño policial; y el tercero fue el instructor del protocolo por acoso que se abrió a instancias del actor y que, según la demanda, no dio suficiente credibilidad al testigo que el actor propuso en ese protocolo, con lo cual el actor lo hace cómplice de la situación de acoso. En la demanda apenas se mencionaba, y de forma muy genérica, la normativa de prevención de riesgos laborales. La sentencia de instancia desestima totalmente la demanda, no considerando acreditado que fuera práctica habitual o consentida dejar de presentar justificantes de asistencia a dependencias judiciales o al médico, ni tampoco que la inspectora de la que dependía el actor usara lenguaje soez o malsonante para referirse a él; considera probado, en cambio, que el demandante suele cuestionar las órdenes de los superiores y que sus compañeros se han quejado de que deja sin hacer parte de su trabajo, obligándoles a ellos a terminarlo, y que en una reunión en noviembre de 2023 la inspectora le dijo al actor que había bajado su rendimiento y que quería que dejara el puesto, a lo que el actor contestó que no quería estar donde no se le quería y que en el próximo concurso pediría otro destino; también considera probado que hubo discrepancias entre el actor y uno de los codemandados respecto a la redacción de un atestado levantado por un delito contra la propiedad. Valorando en conjunto la prueba, concluye el juzgador que en este caso solo puede hablarse de conflicto laboral simple, sin haberse producido situaciones inaceptables que se pudieran considerar vulneradoras de los derechos fundamentales del actor, y, como el procedimiento elegido por el demandante fue el de tutela de derechos fundamentales, cuyo objeto de limita a determinar si se han vulnerado o no tales derechos, se abstiene de pronunciarse sobre otras cuestiones que considera de mera legalidad ordinaria. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea cuatro revisiones de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y cinco motivos para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado conjuntamente por todas las demandadas, las cuales se oponen al mismo, piden que se desestime, y que se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar los motivos de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- El recurso comienza, en realidad, con un alegato sobre la aplicación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, destacando el actor que conforme a ese convenio basta una sola conducta para hablar de violencia o acoso en el trabajo. Soslaya en cambio que el artículo 1 de ese convenio exige en todo caso que los comportamientos o prácticas sean "inaceptables" (lo cual no puede valorarse únicamente conforme a la percepción subjetiva de la alegada víctima). Tampoco tiene en cuenta que en realidad el convenio regula de forma conjunta la "violencia" y el "acoso", considerándolas igual de reprensibles, pero sin implicar que sean figuras idénticas, y por ello ese convenio no enerva en absoluto las consideracione doctrinales que consideran que el acoso laboral, en sentido propio, implica cierta reiteración de las conductas frente a lo que ocurre cob la violencia puntual (el acoso normalmente es una forma de hostigamiento más sutil), y además implica cierta intencionalidad para causar un daño a la víctima o por lo menos aceptar el mismo como resultado posible. Se trata, en cualquier caso, de un alegato estéril, pues no va anudado a ninguna censura jurídica en debida forma.

SEXTO.- La primera revisión de los hechos probados interesada afecta al ordinal 2º del relato fáctico, que el actor, en base a la declaración que el delegado sindical prestó en el protocolo de acoso en enero de 2024, y que el actor aportó como documento 16 con su demanda, pretende que se amplíe añadiendo lo siguiente: "Se toma declaración a Joaquín el día 31 de enero de 2024 (Folios 133 y siguientes + 631 y siguientes), quien manifiesta lo siguiente:

. El 8 de septiembre de 2023, se mantiene una reunión sindical con el Jefe Provincial, donde varios sindicatos refieren las quejas de funcionarios sobre las formas de la Inspectora Jefa Marí Juana. CEP, JUPOL y SUP confirman las quejas por las malas formas.

. El 11 de septiembre de 2023, se personan en sede sindical los Policías Abel y Hipolito para referir cómo han presenciado que la Inspectora Jefa Marí Juana

ha despachado un trato vejatorio al Subinspector Arsenio, llegando a llamarle "subnormal y tonto". Dicha queja se eleva en la reunión de 4 de octubre.

. El día 17 de noviembre de 2023, el Policía Abel se persona en dependencias sindicales para referir que, a raíz de la queja sindical, le han cambiado un cambio del Grupo de Judicial a la ODAC por orden de la Inspectora Jefa Marí Juana.

. El día 24 de noviembre de 2023, mantienen una reunión el Jefe Provincial (el Sr. Fabio), el Policía Abel y él (el Sr. Joaquín), en la que el Jefe Provincial, con respecto al cambio de puesto de trabajo, afirma que la Inspectora Jefa no es competente para acordarlo y que hay que respetar los puestos de trabajo que presentan singularidades.

Se toma declaración a Mateo ese mismo día en calidad exclusiva de testigo (Folios 134 y siguientes Folio 633 y siguientes)".

SÉPTIMO.- No puede estimarse la modificación, porque el documento en el que se basa la propuesta no tiene suficiente fehaciencia como para evidenciar un error patente del juzgador en la valoración global de la prueba, ya que se trata de una mera testifical documentada, que no por el hecho de aparecer por escrito deja de ser prueba inhábil a efectos del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y más aún cuando el delegado sindical también depuso como testigo en el juicio de instancia, y al juzgador parece que le mereció una pobre opinión la credibilidad de dicho testigo.

OCTAVO.- En segundo lugar, el actor interesa una nueva ampliación del hecho probado 2º, esta vez partiendo del documento 22 acompañado a la demanda, citando en concreto sus folios 159 a 172 (que es el informe final emitido por el instructor del protocolo de acoso), nuevamente quejándose el actor de que el instructor no dio al único testigo propuesto por el actor toda la credibilidad que el demandante consideraba que merecía el mismo. La modificación en concreto consistiría en sustituir el párrafo 13º del hecho probado 2º por lel siguiente: "Se dicta por el Instructor Informe el día 20 de febrero de 2024 sobre las Diligencias Indagatorias concluyendo "no se dan conductas objetivas individualizadas ni en conjunto con fines de hostigamiento y no queda reflejada un elemento subjetivo de la presunta parte actora donde se manifieste la intención de hostigar, aislar o represaliar al trabajador. No existe la creación de un ambiente hostil, hasta hacerlo insoportable para el trabajador. Existe un conflicto laboral entre ambos trabajadores donde el trasfondo es la intención de reconducir la falta de implicación laboral del Policía Abel y el desacuerdo de este último, pero no se puede definir la situación como un acoso laboral. (Folio 664). El informe incluye la valoración de cada uno de los testimonios, salvo el de Joaquín, ya sea individualmente o en conjunto, la prueba documental aportada, así como los audios. Se da íntegramente por reproducido el informe, en aras a la brevedad no se trascribe, destacando sólo las siguientes partes: Se valora la testifical del actor en el fundamento jurídico segundo y tercero, se toma en consideración las alegaciones de la demandada, (fundamento jurídico segundo, el testimonio de Araceli, se valora las conversaciones de WhatsApp, se valora el testimonio de Hipolito, los testimonios de Mateo y Arsenio en relación a lo sucedido el día 16 de noviembre de 2023 (Informe)".

NOVENO.- El motivo no puede prosperar, pues se ampara en exactamente el mismo documento usado por el juzgador, y la adición que se pretende incluir por el recurrente no evidencia, en absoluto, un error patente del juzgador en la valoración del documento, ni error de clase alguna en la forma en la que el juzgador ha resumido el contenido del informe final del instructor.

DÉCIMO.- La tercera revisión de los hechos probados se ampara por el actor en la ya mencionada declaración del delegado sindical en el protocolo de acoso, más unas notas de prensa que se acompañaron a la demanda como documento 11, y una acta de reunión de 4 de octubre de 2023 entre representantes de la Comisaría Provincial y representantes sindicales, documento 12 de la demanda. En base a ellos, el actor solicita que se modifique el hecho probado 10º para que pase a decir lo siguiente: "La trabajadora Marí Juana sí suele emplear en su vocabulario lenguaje soez, insultos o palabras mal sonantes formas inadecuadas para referirse a sus subordinados y a los ciudadanos, también utiliza como algo habitual un tono alto o grita a los mismos".

UNDÉCIMO.- El juzgador ha considerado acreditado lo que se recoge en el hecho probado 10º a partir de prueba testifical de personas que, al contrario de lo que ocurre con el delegado sindical, sí que trababan con la codemandada Dª. Marí Juana y tenían conocimiento directo, y no meramente referencial, de los hechos. Siendo esos los elementos de convicción empleados por el juzgador, es evidente que ni una testifical de referencia documentada, ni unas notas de prensa recogiendo meras manifestaciones o quejas de sujetos no identificados, ni unas manifestaciones en una acta de reunión, pueden, de ninguna manera, evidenciar un error patente de valoración de la prueba, lo que aboca a la desestimación del motivo.

DUODÉCIMO.- Finalmente, el actor pretende que se amplíe el hecho probado 18º en base al mismo auto de transformación a procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife el 24 de junio de 2024, obrante a los folios 552 a 553 de los autos, proponiendo el siguiente texto: "Se ha instruido causa ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se ha dictado Auto de Transformación de Diligencias Previas a Procedimiento Abreviado, calificándole por el Juzgado Instructor los hechos como "hurto y robo con violencia o intimidación". En relación al día 5 de agosto de 2023, se dice que "sobre las 20.40 horas, (.) los investigados Victorino acuden a la Estación de Servicio Disa XXXX sita en la carretera XXXX y, puestos de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento injusto, Laureano permanece en el vehículo, mientras Laureano accede al interior de la gasolinera y se apoderó de 9 boletos de la Once, valorados en 93,90 euros, introduciéndoselos en su bolsillo y abandonando la estación, mientras Laureano distraía a la dependiente, la Sra. Laureano, por lo que sólo se percata de su sustracción una vez visionadas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Una vez Laureano abandona el lugar, Laureano golpea el mostrador rompiendo el datáfono, llevándose 2 cervezas y un paquete de papas, intentando la dependienta evitar que sustrajera más efectos, por lo que forcejea con la misma con un paquete que también se quería llevar, desistiendo finalmente y abandonando el lugar (.)".

En relación al día 6 de agosto de 2023 se dice "que los investigados Victorino, intentaron acceder al Estación de Servicio Disa XXXX, sin conseguirlo, pues los empleados bloquearon las puertas de acceso, abandonando el lugar pero regresando sobre las 17:30 horas, volviendo nuevamente los empleados Victorino, a bloquear y cerrar la puerta de crista de la estación, comenzando los investigados a insultarlos e intimidarlos diciéndoles, "abran la puerta o tendrán problemas", "hedienda, hija de puta, te mato", colocándose el dedo por el cuello como si lo rajara, cogiendo un cartel e intimidándolos con romper la cristalera, pero finalmente abandonan el lugar, llamando los empleadora al CNP" (Folio 553, Auto de PA)".

DECIMOTERCERO.- La revisión se ampara en el mismo documento empleado por el juzgador, sin que de la relectura del mismo se aprecie ninguna clase de error patente en la valoración del mismo, y sin que tampoco pueda considerarse que el texto de los hechos del auto del juzgado de instrucción evidencie que lo ocurrido el 5 de agosto de 2023 no pueda de ninguna manera calificarse como robo con violencia o intimidación, en la medida en que, estuviera o no captado por las cámaras de vigilancia (y lo más probable es que estuviera captado), se habla de un forcejeo con la dependienta.

DECIMOCUARTO.- En el primer motivo de censura jurídica el demandante denuncia infracción del artículo 15 de la Constitución, alegando que el instructor del protocolo de acoso, el codemandado D. Bernardino, debió haberse declarado cómplice y copartícipe del acoso laboral, por no haber actuado de modo diligente en el esclarecimiento del hostigamiento denunciado por el actor, "adoptando una postura indolente en lo relativo a los factores que posibilitaban su acreditación", manifestado, según el recurrente, en que no analizó de ninguna manera la declaración testifical prestada en el protocolo por el delegado sindical. La mayor parte del motivo se dedica a revisar lo que ese testigo declaró en el protocolo y a censurar la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez de instancia.

DECIMOQUINTO.- El motivo está construido fatalmente a espaldas de los hechos que se han declarado probados, y ello determina su completa inviabilidad. En primer lugar, de los extensos hechos probados de la sentencia de instancia lo único que se acreditan son discrepancias en la forma de realizar el trabajo y hasta algún conflicto laboral, que en ningún caso presentaría en la forma en que se desenvolvió notas que permitan calificarlo objetivamente como conductas inaceptables. Por tanto, no deduciéndose de los hechos probados nada calificable como acoso, mal podría D. Bernardino ser cómplice o cooperador del mismo. La supuesta complicidad, además, se basa exclusivamente en la disconformidad del actor en la forma en la que el instructor valoró la única prueba testifical que el actor presentó al expediente. Testigo que no había presenciado los hechos, y cuyas manifestaciones, presumiblemente basadas en referencias del propio actor (pues no trabajaba directamente con él), no se compadecían con lo que dijeron los otro ocho testigos que depusieron en ese expediente, que sí trabajaban directamente y en contacto tanto con el actor como con la supuesta acosadora. Como se ha señalado, el juzgador de instancia tampoco ha considerado que ese testigo le merezca especial credibilidad, con lo cual difícilmente se puede considerar lesiva del derecho a la integridad física o moral del demandante que el instructor tampoco se molestara en especificar que lo manifestado de manera coherente por ocho testigos presenciales tenía en principio más valor que lo que decía un testigo de referencia de credibilidad cuestionable según se deduce de la sentencia de instancia. Y que el demandante pretenda que esa actuación del instructor (que consta en el hecho probado 2º que ni era competente para resolver el protocolo, ni fue quien acordó su archivo, archivo que no consta que el demandante recurriera, adoptando en cambio una conducta claramente obstaculizadora en lo que a recibir las notificaciones se refiere) forma parte de una situación de acoso laboral, en realidad a lo que apunta, más que a la existencia de un supuesto acoso que no se ha probado, es a que el actor tiende a interpretar cualquier actuación de las demandadas que no le sea íntegramente favorable como un ataque personal; pero eso, desde luego, no supone ningún tipo de acoso, y las causas de ese tipo de pensamiento probablemente ni siquiera guarden relación con el desempeño del trabajo sino con factores orgánicos previos.

DECIMOSEXTO.- En el segundo motivo, el demandante vuelve a denunciar infracción del artículo 15 de la Constitución, porque considera que el codemandado D. Mateo también se debió haber considerado que acosó al demandante, en relación con la redacción del atestado por los delitos contra la propiedad que se recogen en el hecho probado 18º, insistiendo el demandante que D. Mateo ordenó al actor que recogiera en el atestado que los autores de los hechos habían actuado con intimidación, a lo que el actor se negó, usando un tono coactivo, lo que provocó que el actor sintiera un profundo desasosiego.

DECIMOSÉPTIMO.- El motivo se ampara en una interpretación torcida de lo que consta en el hecho probado 18º, unidas a alegaciones que no tienen amparo en los hechos probados. De lo que consta en el hecho probado 18º solo se deduce la existencia de una discrepancia entre el actor y el instructor del atestado sobre la forma de redactar el mismo, al entender el instructor que sí que se podía hablar de violencia e intimidación por la forma en la que se desarrollaron los hechos, y negarse el actor a hacerla constar, pese a que, de las conversaciones, se deduce que de las grabaciones sí que se apreciaba la existencia de actos que podían interpretarse como violencia (como golpear un datáfono), y que, además, se había tomado declaración a los empleados de la gasolinera, que referían por lo que parece haberse sentido intimidados y, por lo visto, también hablaron de la existencia de un forcejeo y de actos amenazadores como que les hicieron gestos simulando que les iban a cortar el cuello (lo cual luego se hizo constar en los hechos del auto transformando las diligencias previas a procedimiento abreviado). Lo que se transcribe de las conversaciones no denotan objetivamente ningún tipo de coacción o amenaza por parte del instructor, y ni siquiera que se estuviera intentando obligar al demandante a reflejar en el atestado hechos inciertos. Que el demandante lo haya interpretado (meses después, además) de otra manera es completamente insuficiente para considerar ese conflicto sobre la forma de realizar el trabajo como una situación de acoso o violencia laboral, de manera que de ninguna manera habría conculcado la sentencia de instancia el derecho fundamental que invoca el motivo, que ha de ser desestimado.

DECIMOCTAVO.- En el tercer motivo planteado por la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social nuevamente se invoca infracción del artículo 15 de la Constitución, esta vez conjuntamente con el 24 de la misma norma, pues el demandante considera probado que la codemandada Dª. Marí Juana llevó a cabo una conducta de hostigamiento, humillaciones y descalificaciones contra el actor que atentaron a su integridad moral, como decir a otra trabajadora estando presente al actor que se quedaba más tranquila estando esa otra trabajadora de tarde, que el actor considera desconsideración y ninguneo hacia el mismo; o que otro trabajador le dijo al demandante cuando intentó acudir a presentar un justificante médico que "estaba tensando la cuerda"; o que la conducta de Dª. Marí Juana es despótica e irreverente hacia sus subordinados, y que tras presentar el actor una queja contra ella la demandada se dedicó a arrancar carteles de sindicatos diciendo que era para que no la denunciaran; o amenazando al actor con relegarlo a la oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano.

DECIMONOVENO.- Como los otros dos motivos anteriores han puesto de relieve, el demandante presenta una clara tendencia a interpretar como un ataque a su persona cualquier actuación de las demandadas que el mismo considere no favorable a sus intereses; y que todos los demandados están confabulados (término que se llega a usar en el recurso) para perjudicarle. Es conforme a ese tipo de ideación, que bien podría calificarse de tipo paranoide, como reinterpreta el demandante los hechos probados, añadiendo a esa más bien patológica interpretación alegaciones que en absoluto han quedado acreditadas. De una lectura global de los hechos probados lo que se deduce es que la codemandada Dª. Marí Juana estaba claramente insatisfecha con el desempeño del trabajo del actor, insatisfacción que no parece que fuera injustificada, pues se ha declarado probado que compañeros de trabajo del actor se habían quejado de que tenían que completar el trabajo que el actor dejaba sin concluir, y que el demandante además solía cuestionar las órdenes que recibía (hecho probado 8º). No se ha acreditado en cambio que la codemandada se dirigiera, al actor o a cualquier otro subordinado, de manera insultante, ofensiva, o a voz en grito (hecho probado 10º), y que al actor se le exigiera presentar justificantes de asistencia a dependencias judiciales, o de haber acudido al médico (hechos probados 3º y 4º) no equivalen a un control exhorbitante del trabajo del actor, sino que se trata de una exigencia básica y justificada. Lo que se recoge en el hecho probado 17º permite concluir que a la codemandada le mereciera más confianza otra trabajadora que el actor, pero ni la forma en que eso se expresó, ni las circunstancias, permiten considerar objetivamente un "menos mal, ya me voy más tranquila, entonces" como una violencia verbal contra el demandante. Y cuando finalmente la demandada le comunicó al actor, en noviembre de 2023, que había bajado su rendimiento (cosa que se ha declarado probado que era cierto) y quería que dejara el puesto, no consta que se emplearan malos modos, o términos objetivamente intimidatorios o amenazantes (hecho probado 13º), mientras que el cambio de puesto del actor a la oficina de denuncia y atención al ciudadano no consta que fuera, como se alega en el recurso, una manifiesta degradación profesional, y por su parte el requerimiento de entrega del arma reglamentaria estaba más que justificado desde el momento en que el actor había iniciado una incapacidad temporal el 17 de noviembre (hecho probado 5º). Finalmente, lo relativo a los carteles sindicales que se recoge en el hecho probado 12º podría considerarse como mucho una conducta antisindical de la codemandada, pero, objetivamente, no está claro que estuviera dirigida contra el actor o que siquiera guardara relación con la reunión del 6 de octubre de 2023 (hecho probado 11º). Hubo, en definitiva, un conflicto laboral entre el actor y la demandada, pero no se constan actos por parte de la demandada que se puedan objetivamente calificar de inaceptables y que revelen claramente violencia o acoso contra el actor. Habiéndolo entendido de la misma manera la sentencia de instancia, procede desestimar el motivo.

VIGÉSIMO.- En el cuarto motivo planteado por el 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el actor denuncia infracción de los artículos 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y artículos 3 y 5 del Real Decreto 2/2006, alegando que del hecho probado 15º no se desprende que el plan de prevención de riesgos laborales de la demandada contemple expresamente como riesgo psicosocial el acoso, con lo cual el actor considera que el Cuerpo Nacional de Policía ha incurrido en una omisión en el deber de diligencia exigible para prevenir la exposición del actor a la situación de acoso padecida, tanto al materializarse el hostigamiento como después del mismo.

VIGÉSIMO PRIMERO.- El motivo está abocado al fracaso por varias razones. En primer lugar, porque, como ya se ha expuesto en los precedentes fundamentos, en este caso no ha existido ningún acoso laboral. En segundo, porque se trata de una cuestión nueva, no planteada en instancia, ya que en la demanda nada se decía sobre insuficiencia de la actividad preventiva de la empresa en materia de prevención de riesgos psicosociales, siendo en esa demanda la invocación de la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo absolutamente genérica y rituaria, presumiblemente con la única finalidad de atraer la competencia a la jurisdicción social, pues en lo que se centraba la demanda, tanto en la exposición de hechos como en su fundamentación jurídica, era en el alegado acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales del actor, y poco, o nada, se argumentaba sobre las medidas preventivas que tendría que haber adoptado la empleadora. Y en tercer lugar, porque el procedimiento elegido por el demandante para plantear sus pretensiones, y que ha sido aceptado sin protesta alguna por las demandadas, ha sido el especial de tutela de derechos fundamentales. Procedimiento que es sumario, pues el único objeto de examen posible en el mismo está limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad ( artículo 178.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), lo que hace que, como en un caso como el presente, cuando se declara que no se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales objeto de la demanda, no proceda hacer pronunciamiento alguno sobre cualesquiera otros posibles incumplimientos de mera legalidad ordinaria y que ninguna relación guardan con el objeto de tutela, como sería esa alegada deficiencia de la actividad preventiva de la empleadora demandada, introducida de forma sorpresiva en el recurso y que, por lo demás las recurridas, sin pedir la revisión de los hechos probados, niegan que exista.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- En el último motivo del recurso se denuncia infracción del artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y jurisprudencia contenida en la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2022, reclamando el actor la indemnización por daño moral derivada de la vulneración de derechos fundamentales que se pedía en la demanda.

VIGÉSIMO TERCERO.- El motivo, desde el momento en que se ha declarado que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del actor, carece de toda viabilidad, pues la indemnización que se contempla en la norma y jurisprudencia que se invocan por el recurrente solamente procede para el caso de haberse declarado vulnerados los derechos fundamentales, cosa que no se ha producido. Esto conduce a la desestimación del motivo y, con él, del recurso en su integridad.

VIGÉSIMO CUARTO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal ( artículo 21.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.