Sentencia Social 962/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 721/2025 de 15 de abril del 2025

PRIMERO.- La instancia ha dictado Sentencia que fue objeto de posterior Auto de aclaración en la que ha estimado la demanda interpuesta por Dña. Guadalupe frente a CONSORCIO HAURRESKOLAK, debo declarando nulo el despido de la demandante de fecha 30 de junio de 2024, condenando a la empresa demandada a que, en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente resolución, le readmita en su puesto de trabajo en idénticas condiciones a las que precedieron al despido, desde su fecha hasta el 23 de julio de 2024, debiendo abonar salarios de tramitación desde la fecha de aquel hasta la de 23 de julio de 2024, así como abonar en la cantidad de 7501€ en concepto de indemnización por vulneración de derechos fundamentales.

Por la demandada CONSORCIO HAURRESKOLAK se recurre en suplicación la sentencia con amparo en el artículo 193.a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, con el fin de "reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión".

Se pretende, mediante este motivo de suplicación, eliminar todos los posibles vicios del procedimiento operados por infracciones de las garantías mínimas del proceso laboral, siempre que se haya generado manifiesta indefensión.

En todo caso, ha de haberse infringido una norma procesal concreta, norma esencial, en el sentido de que, como ya se apuntó, su infracción ha debido generar real indefensión a la parte, y ha de haberse formulado en tiempo y forma la oportuna protesta, pidiendo la subsanación de la infracción.

Cabe señalar, además, que la admisión de este motivo ha de tener carácter excepcional, al ser también excepcional la medida que resulta del mismo, de declaración de nulidad de las actuaciones practicadas desde el momento en que aquella infracción se produjo.

En el presente caso alega la recurrente que la sentencia de instancia infringe lo dispuesto en los artículos 24 CE y 218.1 LEC. Argumenta la parte recurrente, en esencia, que la Sentencia recurrida incurre en incongruencia por exceso al reconocer una indemnización superior a la solicitada por la trabajadora en su demanda, pues pedía la suma de 6.500 euros por vulneración de derechos fundamentales, en tanto que la instancia concede la suma de 7.501 euros.

Alegaciones todas ellas que van a ser rechazadas.

En efecto, es cierto que la trabajadora demandante solicitó la indemnización de 6.500 euros por vulneración de derechos fundamentales, pero también lo es que en el IV de los Fundamentos de Derecho de su demanda invoca el artículo 183.1 LRJS y, particularmente, determinada doctrina judicial en aplicación del art. 40.1.c) LISOS, norma que expresamente consta como invocada y que, en la actualidad, tiene determinadas las cuantías de multa que la instancia refiere para el caso de infracciones muy graves.

En consecuencia, no se aprecia la incongruencia que se alega, a lo que ha de añadirse que la juzgadora hace un examen de la indemnización que procede, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183.1 LRJS.

SEGUNDO.- El artículo 193-c) de la LRJS recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, "examinar las infracciones de normas sustantivas o de la Jurisprudencia",debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen en autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y, naturalmente, los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 LRJS, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo contrariado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, cuyo objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

TERCERO.- Con amparo en el precitado artículo 193-c) LRJS, impugna la recurrente la Sentencia de instancia, alegando la infracción de lo dispuesto en los artículos 183 LRJS y 27 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación. Argumenta, en esencia, la empresa demandada que la cuantía indemnizatoria reconocida es excesiva y desproporcionada atendidas las concretas circunstancias concurrentes; que lo acontecido es la no prórroga de un contrato temporal en 23 días adicionales; que el TS ha razonado que el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias de cada caso; que no cabe pensar que lo acontecido hubiera provocado un gran daño moral en la demandante; que no consta cuándo fue dada de alta de su situación de IT.

A.- LOS HECHOS ENJUICIADOS.

Recordemos ahora, antes de entrar a analizar la denuncia de infracción jurídica desplegada por la demandada, los hechos enjuiciados, tal como nos los proporciona la instancia, en relato no combatido en el recurso.

Son los siguientes, en lo que son necesarios para resolver la cuestión suscitada: la trabajadora demandante ha prestado servicios para la demandada según los distintos llamamientos que se le realizan para contratación temporal, derivados de la lista de sustituciones prevista a tal efecto, que ordena la prioridad por puntuación asignada a las aspirantes a jornada completa, lo que ha hecho en el centro de trabajo Haurreskola San Juan Legazpi, con inicio de la prestación de servicios el 13 de septiembre de 2016, con categoría de Educadora y salario mensual bruto de 3.033,53 euros; en el curso escolar 2023/2024, la demandante suscribió contrato temporal por circunstancias de la producción del 2 de enero al 30 de junio de 2024; en fecha 17 de abril de 2024 sobre los contratos por circunstancias de la producción; la demandada procedió a prolongar la duración de todos los contratos por circunstancias de la producción que estaban suscritos en principio hasta el día 30 de junio de 2024, hasta el último día laborable de la empresa que, en el caso del centro de trabajo de la demandante, era el 23 de julio de 2024; la demandada no prorrogó el contrato de la demandante alegando que esta se encontraba en situación de baja médica por incapacidad temporal, extinguiendo el contrato de trabajo el 30 de junio de 2024, fecha en la que la trabajadora estaba en situación de baja médica por IT.

B.- LA DECISIÓN DE LA SALA.

Como se ha dicho más arriba, la instancia ha declarado que la extinción del contrato el 30 de junio de 2024 constituyó un despido nulo por no haberse prorrogado el contrato de la demandante por hallarse en situación de IT, a diferencia de lo que hizo con el resto de contratos por circunstancias de la producción. Calificación de nulidad de esta extinción que no se combate en el recurso y que obedeció a considerar que la misma era discriminatoria.

A ello anudó la juzgadora a quola condena de la demandada a abonar la indemnización de 7.501 euros por vulneración de derechos fundamentales, siguiendo las previsiones de la LISOS y, concretamente, el grado mínimo de multa previsto para infracciones muy graves en el artículo 40.1.c) de dicha norma.

La Sala va a estimar el recurso.

La STS de 20 de abril de 2022, Rcud. 2391/2019, invocada por la parte recurrente, razona a este respecto como sigue:

"(...) La doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste. En efecto, la tutela judicial establecida en el artículo 53.2 CE presenta en el ordenamiento laboral una dualidad de cauces procesales: por un lado, la tutela de la libertad sindical y otros derechos fundamentales a través del proceso laboral especial, que configura la modalidad procesal de los artículos 177 y ss. LRJS ; y, por otro, la tutela de los derechos fundamentales en el marco de otras modalidades procesales a que se remite el artículo 184 LRL. Ya con la vigencia de la LPL podía entenderse que la remisión inexcusable que efectuaba el artículo 182 LPL a la modalidad procesal correspondiente se había de realizar aplicando el conjunto de especialidades recogidas en el proceso de tutela de la libertad sindical a todas y cada una de las modalidades a que se refería dicho artículo 182. En definitiva, el artículo 184 LPL no sólo no produce el efecto de privar a los procesos que en el mismo se concretan, cuando a través de ellos se actúe una pretensión de tutela de derechos fundamentales, de las garantías que presiden la tramitación del proceso de tutela de los derechos fundamentales en el ámbito jurisdiccional laboral, sino que tiene, precisamente, la virtualidad de integrar tales especialidades en las modalidades procesales respectivas De esta forma, cuando la lesión al derecho fundamental se produce a través de una situación fáctica que determine que su tramitación procesal debe realizarse a través de cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 184 LRJS , el cauce adecuado será el de la modalidad correspondiente allí enumerada, aplicando a la misma el conjunto de principios y garantías que informan el proceso laboral de tutela de los derechos fundamentales.

Así, la STS de 12 de junio de 2001, Rcud. 3827/2000 , expresamente admitió que, en el proceso de despido, cuando se alega violación de derechos fundamentales o libertades públicas, junto a la solicitud de nulidad del despido, pudiese solicitarse, enjuiciarse y, eventualmente, concederse una indemnización adicional específica reparadora de daños morales o materiales cuya reparación ha de ser compatible con la obligación legal de readmisión y abono de salarios de tramitación. Pues bien, tras entrar en vigor la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta compatibilidad entre las consecuencias legales de un despido nulo y la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales complementaria se admitió expresamente por la ley ( arts. 27.2 -27.4 tras la reforma de la Ley 13/2009 - 180.1 y 182 de la LPL ) y, en la actualidad, se recoge en el artículo 26.2 de la LRJS . De su lectura combinada con el artículo 184 de la LRJS se deduce que, cuando deban seguirse las modalidades procesales enumeradas en el artículo 184, será posible acumular las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas -es decir, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales y libertades públicas y demás pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales derechos fundamentales y libertades públicas- con las propias de la modalidad procesal respectiva.

QUINTO.- 1.- Por otro lado, como recientemente han recordado nuestras SSTS de 22 de febrero de 2022, Rcud. 4322/2019 y de 9 de marzo de 2022, Rcud. 2269/2019 , la STS de 5 de octubre de 2017, Rcud. 2497/2015 contiene un resumen de la doctrina actual de la Sala en la materia, con cita de sentencias anteriores de la Sala en las que hemos dicho que los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y al ser especialmente difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la determinación de la indemnización. Reiterando esa doctrina, la indemnización de daños morales abre la vía a la posibilidad de que sea el órgano judicial el que establezca prudencialmente su cuantía, sin que pueda exigirse al reclamante la aportación de bases más exactas y precisas para su determinación, en tanto que en esta materia se produce la "inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, "diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues "los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados "no tienen directa o secuencialmente una traducción económica" [ SSTS/Iª 27/07/06 Ar. 6548; y SSTS/4ª 28/02/08 -rec. 110/01 -]" ( SSTS 21/09/09 -rcud 2738/08 -; y 11/06/12 -rcud 3336/11 )", de tal forma que "en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada".

2.- Igualmente, hemos afirmado que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de infracciones y sanciones del orden para las infracciones producidas en el caso, ha sido ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006, de 24 de julio ), a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala (SSTS de 15 de febrero de 2012, Rcud. 6701 ; de 8 de julio de 2014, Rec. 282/13 ; de 2 de febrero de 2015, Rec. 279/13 ; de 19 de diciembre de 2017, Rcud. 624/2016 y de 13 de diciembre de 2018 ; entre muchas otras). Con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, sino que nos ceñimos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental. De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más -en la línea pretendida por la ya referida LRJS- del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente.

3.- Sin embargo, en multitud de ocasiones el recurso a la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS no resulta, por si mismo, suficiente para cumplir con relativa precisión la doble función de resarcir el daño y de servir de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones del derecho fundamental. Ello es debido a que la horquilla de la cuantificación de las sanciones en la Lisos para un mismo tipo de falta (leve, grave, muy grave) resulta ser excesivamente amplía. Piénsese que, en estos momentos, la sanción por la comisión de una falta muy grave en materia laboral puede fijarse entre 7.501 euros y 225.018 euros, según el artículo 40 LISOS ; y, al tiempo de producirse los hechos la horquilla de dichas sanciones estaba entre 6.251 euros y 187.515 euros. Por ello, el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización.(...).

Ciertamente, el TS acude, para valorar la cuantía indemnizatoria por vulneración de derechos fundamentales, a, entre otros, aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia en el tiempo de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido.

En el caso ahora analizado, partimos de que la empresa recurrente no sugiere ninguna concreta cuantía indemnizatoria que consideraría proporcional y adecuada en el caso analizado. Ahora bien, invoca Sentencias de otros TSJ que han estado a otros criterios distintos del de la aplicación de la LISOS, modalizando la indemnización a las circunstancias concurrentes - indemnización equivalente al tiempo que restaba de contratación temporal, por ejemplo -.

Criterio que entendemos acertado y que responde tanto al principio de equidad como al principio de reparación y prevención. En efecto, el contrato de la demandante se extinguió el 30 de junio de 2024, en la fecha prevista para ello, si bien no fue prorrogado hasta finalizar el período laborable en la empresa, a diferencia de lo que ocurrió con otras personas trabajadoras en la misma situación. Diferencia de trato que vino motivada por el hecho de hallarse la trabajadora demandante en situación de IT en dicha fecha y considerar la empresa que no tenía sentido prorrogar su contrato al no poder prestar los servicios.

El daño causado en este supuesto puede ser reparado no solamente con las consecuencias legales derivadas de la declaración de nulidad de la extinción del contrato, como la instancia pone de manifiesto, sino también con la indemnización por daño moral. Un daño que ha de ser puesto en conexión con las circunstancias concurrentes, a falta de la existencia de otros determinantes concretos.

Daño que ha de modalizarse en razón al perjuicio sufrido por la trabajadora, cuyo contrato habría durado 27 días más si la empresa hubiera prorrogado el mismo como lo hizo con el resto.

En consecuencia, se aprecia que acudir a la LISOS en el presente caso sin tener en cuenta estas particulares circunstancias no resulta ajustado, por lo que entendemos que la indemnización que corresponde es la equivalente al salario de los 27 días de contrato de los que la demandante no disfrutó por la decisión empresarial analizada.

Lo que, atendiendo a su salario de 3.033,53 euros brutos/mes, arroja la suma de 2.730 euros, cifra a la que limitaremos la indemnización debida.

CUARTO.- No procede hacer declaración sobre costas, por haber vencido la parte recurrente ( artículo 235-1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social).