Sentencia Social 1181/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1433/2024 de 15 de abril del 2026

PRIMERO:La Sentencia nº 225/2022, de 19 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba en el procedimiento de Oficio nº 662/2020, estimó la demanda formulada por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la empresa GLOVO APP 23 S.L. y contra los 222 trabajadores relacionados en el encabezamiento de la demanda, y declaró que la relación existente entre los trabajadores y la mercantil codemandada es de naturaleza laboral.

Frente a dicha resolución se alza en Suplicación la representación procesal de la mercantil demandada invocando tres motivos de recurso, con distinta argumentación, al amparo del art. 193 apartados A), B) y C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO:1. El primer motivo de recurso, formalizado al amparo procesal del apartado A) del artículo 193 de la LRJS, interesa la declaración de nulidad de la sentencia de instancia y su reposición al momento anterior a su dictado por infracción de los arts. 97.2 de la LRJS, 218 de la LEC y 24.1 y 2 de la Constitución Española, al entender que la sentencia incurre en incongruencia en la motivación de la valoración de la prueba, por cuanto que se tiene en cuenta un resumen de los cuestionarios que se incluye como hecho probado aún cuando no conta en las actuaciones dicha prueba, y ello deriva en indefensión formal y material pues se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a la obtención de una resolución fundada sobre el fondo del asunto con motivación, derecho de defensa y proceso con todas las garantías, produciéndose un quebrantamiento que afecta al orden público del proceso.

2. Al respecto de dicha alegación, tiene declarado el Tribunal Constitucional, en una reiterada y consolidada doctrina, que "el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 CE ) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación del proceso ( STC 218/2004, de 29 de noviembre , F. 2, por todas)".Y que "la congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido» ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo [RTC 2000, 124], F. 3 ; 114/2003, de 16 de junio [RTC 2003, 114], F. 3 ; o 174/2004, de 18 de octubre [RTC 2004, 174], F. 3; entre muchas otras)."

El propio Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina, en la que se sintetiza los supuestos, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE. Y a tal efecto, indica que, "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum -. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi."

Por otra parte, en lo concerniente a la alegada falta de motivación de la resolución recurrida, debe de señalarse previamente que, de acuerdo con una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, de la que son exponente las Sentencias 24/1990, de 15 de febrero, 35/2002, de 11 de febrero y 213/2003, de 1 de diciembre, la exigencia de motivación es un deber del Órgano Judicial y un derecho de los interesados, que cumple con la finalidad de manifestar, en términos de Derecho, las razones que justifican la decisión judicial y hacer posible su control jurisdiccional de la resolución por medio del sistema de recursos previsto en el ordenamiento; sin embargo, el mencionado derecho no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que puedan tener de la cuestión que se decide, ni exige del Juez o Tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, ya que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada, criterio de racionabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.

3. La aplicación de la expuesta doctrina al caso que nos ocupa conduce a la desestimación del motivo de nulidad de la sentencia, por cuanto contrariamente a lo expuesto en el recurso, no existe incongruencia en la valoración de la prueba, ya que se ha motivado adecuadamente en la resolución impugnada la redacción de los hechos probados en base al conjunto de las pruebas practicadas, y si bien en el hecho probado décimo se hizo constar, junto con el resumen de las respuestas dadas por los trabajadores al cuestionario efectuado por el Inspector actuante, que tales cuestionarios no habían sido aportados a las actuaciones, ello no conforma la incongruencia alegada, por cuanto el prolijo relato de hechos probados se ha obtenido no solo de la valoración de dicha prueba, sino tal y como expresamente se recoge en el fundamento jurídico primero de la sentencia, mediante la valoración de los medios de prueba que se indican en relación con cada uno de tales hechos.

Por otra parte, en relación con la solicitud efectuada por la empresa demandada en el acto del juicio para que fueran aportadas a las actuaciones como diligencia final las respuestas dadas por cada trabajador al cuestionario realizado por la ITSS, fue rechazada por el juez a quo por las razones expuestas en el indicado fundamento de derecho, y a este respecto, debe remarcarse que la solicitud de prueba en cuestión lo fue en calidad de diligencia final, solicitud cuya procedencia queda a la discrecionalidad del juez de instancia de considerarla necesaria, en los términos previstos en el artículo 88 de la LRJS. Es decir, su práctica no se configura como deber del juez sino como una posibilidad y, además, puede acordarla no cuando sean necesaria por razones procesales objetivas, sino cuando él la estime necesaria por razones de valoración probatoria de hechos relevantes para dictar sentencia. Ello hace que, en cuanto facultad exclusiva judicial, no tenga por qué adoptarla nunca a instancia de parte, existiendo sobre este carácter facultativo y discrecional una constante y reiterada conformidad jurisprudencial manifestada en reiteradas sentencias ( SSTS de 12-12-90; 8-3-91; 20-9-88; 4-6-13), en todas las cuales se rechazó el recurso por quebrantamiento de forma basado en que la parte había solicitado diligencias para mejor proveer no practicadas por el Magistrado, habiendo reiterado esta tesis al considerar no contrario a las exigencias de la tutela judicial efectiva que el juez dicte sentencia sin acordar la práctica para mejor proveer de pruebas propuestas por las partes (TCo 140/1996).

En definitiva, procede rechazar que la prueba que le fue denegada al recurrente le produjera la indefensión que alega, por cuanto la denuncia efectuada en el presente motivo de recurso encubre una discrepancia de la parte sobre la valoración probatoria y jurídica efectuada por el juez a quo, lo que no se puede convertir en una lesión de un derecho constitucional, tal y como se recoge en la doctrina contenida, entre otras, en las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fechas 12-05-2008 y 5-11-2008.

En suma, el motivo del recurso que nos ocupa debe ser desestimado, y con ello, la pretensión de nulidad de actuaciones articulada por la empresa demandada.

TERCERO.-1. El siguiente motivo de recurso, formulado al amparo procesal de lo previsto en el art. 193 C) de la LRJS, al objeto de examinar las infracciones de normas sustantivas y de jurisprudencia, denuncia la infracción o interpretación errónea del art. 80 de la LRJS (por remisión del art 149.1 del mismo cuerpo legal) y doctrina jurisprudencial, entre otras, STS 26.11.2012 (RJ 2013/1076), alegando en concreto defecto grave en el modo de proponer la demanda, al considerar que ni en la demanda ni en el acta de infracción origen de las actuaciones, se ofrecen circunstancias concretas de cada uno de los trabajadores afectados, limitándose la TGSS a un planteamiento global, sin recoger las circunstancias individualizadas y personales, en que cada afectado desarrolla su prestación de servicios, por lo que el juzgador debió acordar la suspensión de las actuaciones por plazo de cuatro días para aclarar la demanda, pues de lo contrario, si se admite un juicio de generalidad y, por lo tanto, la afectación por igual de un colectivo homogéneo cuando en realidad es heterogéneo, no solo estaríamos transformando el procedimiento en uno de conflicto colectivo en el que no se analizan los hechos concretos de cada individuo sino las circunstancias comunes, sino que ni siquiera estaríamos en presencia de dicho conflicto general habida cuenta de las distintas formas de prestación de servicio que quedaron probadas durante el pleito y que serán objeto de revisión de los hechos probados.

2. Respecto al motivo que nos ocupa, si bien es cierto que en la demanda no se hace más que una referencia genérica a los trabajadores, no lo es menos que se acompaña a la misma, remitiéndose a su contenido, la extensa Acta de infracción levantada en su momento, en la que de forma minuciosa y pormenorizada se hace un relato de los hechos constatados por la Inspección, que sirven de base a su decisión, y en la parte final de la misma, a las circunstancias concretas de cada uno de los trabajadores, concretando las fechas en que suscribieron los contratos cada uno de ellos con la empresa, actas de la ITSS (infracción y liquidación) de las que se dio traslado a la empresa, que las impugnó, teniendo pues pleno conocimiento del objeto y fundamentos de esta demanda y pudiendo comparecer en juicio para hacer uso de sus derechos formulando las alegaciones pertinentes y proponiendo las pruebas oportunas en defensa de sus intereses, lo que excluye cualquier resultado material que permita acoger tal motivo por la falta de individualización en la demanda de oficio de los extremos recogidos en el acta de infracción, que en la fundamentación jurídica se tienen presentes por el magistrado al razonar sobre la pretensión que la demanda contiene, lo que conduce a la desestimación de este motivo.

CUARTO:1. Con el mismo amparo procesal en la censura jurídica de la sentencia, denuncia la parte recurrente la infracción o interpretación errónea del art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de trabajo y Seguridad Social en relación con lo dispuesto en el art. 150 de la LRJS y jurisprudencia citada ( STS 8 de mayo de 2000 y sentencias de Tribunales Superiores de Justicia), al entender que desde el mismo momento en que las actas tienen presunción de certeza, a los hechos de la demanda se les otorga presunción de veracidad de manera que el artículo 150.2 d) de la LRJS, recogiendo dichos principios impone de forma expresa a la parte demandada "toda la carga de la prueba" para destruir las presunciones. Ahora bien, es a la parte actora a quien corresponde fijar, en los términos que dice el artículo 80 de la LRJS los términos del debate y las circunstancias fácticas que amparan su pretensión, sin que pueda acudir, como ha hecho, a una demanda generalista ni a un relato de hechos no objetivo. Señala la parte recurrente que no puede predicarse respecto de los hechos alegados por la demandante ni presunción de certeza del acta ni de veracidad de los hechos contenidos en el escrito de demanda, debiendo acreditarse de contrario que la relación que une a los repartidores codemandados con la recurrente es la del artículo 1.1 ET por concurrir las notas de dependencia y ajenidad.

2. Debe tenerse en cuenta, en primer término, que la denuncia de infracción de jurisprudencia efectuada al amparo del art. 193 c) de la LRJS, se interpreta en el sentido del art. 1.6 del Código Civil: la establecida por el Tribunal Supremo - sin perjuicio de la establecida por el Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea-. Por tanto, el recurso de suplicación que pretenda fundamentarse en infracción de jurisprudencia no puede limitarse a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, ya que las mismas no integran la definición propia de jurisprudencia. No obstante, si se alega la infracción de normativa y de genuina jurisprudencia - como es el caso- nada impide la mención de otras sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional.

Continuando con el marco legal aplicable, la doctrina asumida por la jurisdicción social relativa a la presunción de veracidad de las actas de Inspección, tal y como ha venido a reconocer la STS 8- 9-20 (rec. 25/20), señala:

"... la doctrina consolidada de esta Sala,, que, en palabras de la STS 17-3-2016 (RC 18/2015 , reiterada en STS de 12-7-2017, RC 278/2016 (RJ 2017, 4147) ) expresa lo que sigue: Con carácter previo hemos de recordar que la presunción "iuris tantum" de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes [ DA Cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14/Noviembre (RCL 1997 , 2721) ; y art. 53.2, párrafo segundo, del RD-Legislativo 5/2000, de 4/Agosto (RCL 2000, 1804) ( STS 22/05/12 -rco 76/11 (RJ 2012, 8530) -), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los "hechos" constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15 (RJ 2015, 6253) -rco 181/14-, asunto "GEA 21 SA", que se refiere -concretamente- a la voluntad negociadora durante el periodo de consultas).

Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho "son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril (RTC 1990, 76) , FJ 8 ; 14/1997, de 28/Enero (RTC 1997, 14) , FJ 7 ; y 35/2006, de 13/Febrero (RTC 2006, 35) , FJ 6]" ( STC 82/2009, de 23/Marzo (RTC 2009, 82) , FJ 4). En palabras de esta Sala, "... la actuación de la Inspección de Trabajo tiene un carácter informativo que conduce a la ulterior valoración por parte de quien juzga en instancia, como un medio probatorio más sin que quepa atribuirle efecto vinculante alguno y sin que pueda excluirse el análisis de los demás medios de prueba y, en suma, la necesaria convicción de quien juzga tras la valoración de todos ellos" ( STS SG 18/03/14 -rco 114/13 - FJ 4.3, asunto "DOPEC, SL). Y como elemental consecuencia de ello, también hemos entendido desde siempre que las actas e informes de la Inspección de Trabajo no son "documento" a los efectos revisorios (así, SSTS 09/02/96 -rco 2429/94 (RJ 1996 , 1007) -; 27/02/01 -rco 141/00 (RJ 2001, 2819 ) -; y 11/12/03 -rco 63/03 (RJ 2004, 2577) -), pues aunque proceden de un funcionario especialmente cualificado en la materia sobre la que informa, de todas formas la material incorporación de sus apreciaciones fácticas carecen de la fehaciencia exigible para modificar la apreciación judicial de los hechos (sobre el requisito, SSTS 12/11/15 -rco 182/14 (RJ 2015, 5841) -, asunto "Schindler "; 30/11/15 (RJ 2015, 6177) -rco 142/14-, asunto "Caixabank, SA "; y SG 24/11/15 (RJ 2015, 6391) -rco 86/15 -, asunto "Gestur, SA") y no dejan de ser - aunque objetivas y competentes- manifestaciones documentadas inhábiles para modificar el relato fáctico ( SSTS 20/02/90 (RJ 1990 , 1247) 28/09/98 -rco 5149/97 -; 02/02/00 (RJ 2000, 1438) -rco 245/99 -; 14/03/05 (RJ 2005 , 2993) - rev. 57/03 -; y 17/07/12 (RJ 2012, 9602) -rco 36/11 -).

Tal doctrina no viene a ser sino la asunción por la jurisdicción social de la doctrina que estableció en su momento la jurisdicción contenciosa en el ámbito sancionatorio al referir en STS 23-4-01 y 28-2-12 que a los hechos, reflejados en las actas de inspección, debe atribuírseles la presunción iuris tantum de veracidad, ya que según el artículo 53.2 del RDL 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el artículo 52 , tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados y el mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.

De este modo:

A) La presunción de certeza alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta , como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 (RJ 1990 , 3138) , 16-5-1996 ( RJ 1996 , 3420) , 16-4-1996 ( RJ 1996 , 3421) , 16-4-1996 , 19-4-1996 , 10-5-1996 (RJ 1996 , 4117) , 24-9-1996 (RJ 1996 , 6790) , A) 25-10-1996 , , 21-3-1997 , 25-11-1997 , 19-9-1997 (RJ 1997 , 6789) , 11-7-1997 , 25-11-1997 , 2- 12-1997 (RJ 1997 , 8860) , 9-12-1997 (RJ 1997 , 8864]) , 6-3-1998 (RJ 1998, 2310 ) y 6-10- 1998 (RJ 1998, 7692) , entre otras muchas).

Dicho de otro modo, la presunción de certeza "debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia" ( STS de 27-5-1997 (RJ 1997 , 8334), 26-7-1995 ( RJ 1995, 6231), 23- 2-88 (RJ 1988, 1450), y en igual sentido STS de 17-6-1987 (RJ 1987, 4207). Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección ( STS de 17-5-1996 (RJ 1996, 4480).

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 ( RJ 1996, 6790), 22-10-1996 (RJ 1996, 7961), 29 (RJ 1996, 8705 ) y 30-11-1996 ); 21-3-1997 , 6-5-1997 (RJ 1997, 4393 ) y 2-12-1997 (RJ 1997, 8860 ) y 6-10-1998 (RJ 1998, 7692), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público ( Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 (RJ 1989, 3140). Es decir, este valor descansa en que toda actuación inspectora se presume objetividad mientras no se demuestre lo contrario, y es por ello, que para su destrucción solo se admite cualquier tipo de prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 (RJ 1991, 5056 ) y 7 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7041)".

Cierto es que la presunción de certeza de que gozan las actas de la Inspección solo alcanza a los hechos pero no a las conclusiones y valoraciones jurídicas que en la misma se contengan, pero en el acta objeto de controversia se hacen constar unos hechos y se especifican una serie de pruebas que han servido de base para su fijación, sin que pueda hablarse de una indefensión que se haya podido ocasionar a la empresa, pues ha podido impugnarla, primero en vía administrativa y luego en la judicial y ha podido practicar en los presentes autos las pruebas que ha considerado pertinentes para desvirtuar los hechos consignados en la propia acta".

De este modo en la pugna entre presunción de certeza de las actas y presunción de inocencia aplicable al derecho administrativo sancionador cabe referir presunción de certeza es plenamente compatible con el principio constitucional de presunción de inocencia, siempre y cuando se atienda a los siguientes elementos de interpretación de la regla: a) los funcionarios de la Inspección de Trabajo han de actuar presumiendo la inocencia del sujeto responsable, por tanto en su labor de indagación fáctica a la búsqueda de la verdad material b) la presunción tan sólo alcanza a los hechos declarados probados y debidamente constatados por el Inspector de trabajo, sin posibilidad de efectuar deducciones extensivas de los hechos en el pasado no comprobados directamente por el propio funcionario ;c)los hechos no pueden ser simples apreciaciones globales, sino tan solo a aquellos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o las que derivan de documentos o declaraciones incorporadas al acta d) la presunción en ningún caso alcanza a las valoraciones en Derecho efectuadas por el funcionario, conforme a la cual procede a formular la correspondiente acta de infracción y propuesta de sanción; e) la presunción de certeza de las actas no supone que se invierta la carga de la prueba, sino la necesidad de actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración; f) ello tampoco puede reducir el derecho a la práctica de pruebas propuestas por el sujeto responsable ni a la debida valoración de las mismas como elemento central de su derecho a la defensa; como se llega a afirmar, la veracidad no es absoluta ni indiscutible, pues de lo contrario no sería constitucionalmente admisible; eso sí, dejando también sentado que no es suficiente con que el acusado se limite a efectuar alegaciones de contrario, sin aportar elementos precisos para desvirtuar la realidad reflejada en el acta ( STS 14-12-99 , 8-5-00 , 19-7-99 , 14-12-99 y STC 77/1983 ).

Con aplicación de la citada sentencia del TS, debemos concluir que las actas constituyen prueba de cargo dejando la posibilidad de practicar prueba en contrario y, si la misma tiene lugar se desvirtúa tal presunción, pero no se excluye su aplicación en supuestos como el presente, sin perjuicio del derecho del recurrente a practicar prueba en sentido contrario, con lo que la sentencia no incurre en la infracción legal denunciada en este motivo, por lo que procede su desestimación.

QUINTO:1. Se formaliza el siguiente motivo de recurso por el cauce procedimental descrito en el apartado b) del art. 193 de la LRJS, interesando la supresión del hecho declarado probado décimo, por cuanto no existe documento o pericia alguna que acredite el funcionamiento descrito, de modo que tales afirmaciones se contienen en el acta de liquidación, pero lo que no cabe es ahora pasarlas a la categoría de hecho declarado probado cuando "tales cuestionarios no han sido aportados a las actuaciones" ni el Inspector a comparecido en sede judicial a ratificar el acta de liquidación.

2. La revisión interesada debe ser rechazada, por cuanto como se expone en la sentencia del TSJ C. Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2537/2010 de 17 septiembre, no cabe la alegación de prueba negativa, o, lo que es lo mismo, no puede fundamentarse la revisión bajo la simple alegación de inexistencia de prueba demostrativa del contenido de hechos declarados probados, siempre que exista un mínimo de actividad probatoria ( STS 27/3/1990 RJ 1990, 2359). La alegación de que no existen pruebas en autos que sirvan de soporte a las afirmaciones expresadas por el juez «a quo» no puede tener efectividad alguna en un recurso de suplicación, pues el mismo forma su convicción sobre los hechos acaecidos en base a las amplias facultades que a tal respecto le otorga el art. 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y el resultado a que llega sólo puede ser combatido mediante pruebas documentales o periciales obrantes en autos como se desprende de lo instituido en el art. 193 y 196 de la LRJS, y no por meras alegaciones de una inexistencia de prueba fehaciente, lo que en el presente caso no ha tenido lugar, por cuanto como ya hemos indicado, el juez a quo ha tenido en cuenta para la redacción de los hechos probados de la sentencia los medios de prueba que concreta en el fundamento jurídico primero de su sentencia, y en particular, respecto del hecho probado décimo, se remite al contenido del acta de liquidación de cuotas y posterior informe-propuesta de la ITSS, en el que consta el resumen de las contestaciones efectuadas por los trabajadores al cuestionario realizado por el Inspector, y que constituyen por tanto, hechos constatados por el funcionario actuante y consignados en el acta con referencia expresa al medio de prueba mediante el que fueron obtenidos, por lo que están revestidos, conforme se ha razonado en el fundamento anterior, de presunción de veracidad, que no obstante, puede ser contradicha por prueba en contrario, lo que no ha tenido lugar en el presente caso, en el que la parte se limita a alegar la inexistencia de prueba bastante.

Por todo ello, el primer motivo de revisión fáctica de la sentencia debe ser desestimado.

SEXTO:1. Con idéntico amparo procesal del apartado b) del artículo 193 de la LRJS, pretende la mercantil adicionar un nuevo hecho probado undécimo, para el supuesto de que no se atendiera a los anteriores motivos, proponiendo la siguiente redacción:

"Con carácter previo la Inspección de Trabajo de Barcelona emitió Informe de fecha 4 de noviembre de 2016, con ocasión de la orden de servicio NUM000, en la que se revisa la actividad de los repartidores en Barcelona, Valencia y Madrid que se da por reproducido".

Para ello se basa en el doc. Nº 7 del ramo de prueba de la empresa consistente en informe emitido por la ITSS de Barcelona.

2. En materia de revisión de hechos probados, la jurisprudencia es concluyente en sentido de considerar requisitos imprescindibles los siguientes: 1) Que se señale con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considere equivocado, contrario a lo acreditado o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) Que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración fáctica tildada de errónea, bien sustituyendo a algunos de sus puntos, bien complementándolos; 3) Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría.

El motivo debe fracasar por su intrascendencia, pues lo que ahora se analiza no es sino la relación de la recurrente con los trabajadores de Córdoba, por lo que, precisamente por aquella singularidad y heterogeneidad a que se refería la recurrente en el motivo segundo de su recurso, las relaciones entre Glovo y los trabajadores que presten servicios en otras ciudades no tienen que coincidir necesariamente con las que ahora se enjuician.

SÉPTIMO:Al amparo de lo previsto en el apartado C) del art. 193 de la LRJS, formaliza la parte recurrente el siguiente motivo de su recurso, en el que denuncia infracción o interpretación errónea de los arts. 1.1 , 8.1 y disposición adicional primera del RD Ley 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los arts. 1 y capítulo III de la Ley 20/2007, de 11 de julio, que regula el Estatuto del Trabajador Autónomo, Directiva 2003/88/CE , relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y Auto de 22 de abril de 2020 dictado por la Sala Octava del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al considerar que ha quedado acreditado que unilateralmente, los repartidores deciden cuando trabajan y cuando no y como lo hacen ante la ausencia de organización de su actividad por parte de Glovo, que no se trata de medidas ficticias, ya que ha quedado acreditado en contra de lo afirmado por la Inspección, que los repartidores que más facturan son los que más hacen uso de la flexibilidad, dejan de ir a las horas previamente reservadas o reasignan más pedidos, y que, en cuanto al modo de prestar el trabajo, se dan las circunstancias fijadas por el auto del TJUE de 22 de abril de 2020.

Por tanto, entiende la recurrente que el hecho de que Glovo ofrezca a los profesionales independientes los servicios, circunstancia inherente al funcionamiento de la aplicación, y de que tanto ella como los usuarios emitan algunas instrucciones sobre el servicio, no empecen a la conclusión de que se trata de trabajadores por cuenta propia, pues, como ha señalado la doctrina judicial ante casos similares, "las elementales e imprescindibles instrucciones que la empresa le diera al demandante para cumplir los servicios no es exclusivo del contrato de trabajo, sino que es una realidad compartida con los contratos mercantiles, en los que la parte que paga el servicio impone algunas condiciones para que el mismo se ejecute a su satisfacción" ( STSJ País Vasco de24 de Julio de 2001, Rec. 1465/2001). Asimismo, ha de tenerse en cuanta la inexistencia de sometimiento a una jornada ni a un horario regular que, como viene señalando la jurisprudencia, constituyen vigorosos indicios de autonomía en la prestación de trabajo ( STS 13 de noviembre de 2001 (RJ/ 2002/836); STS de 22 de enero de 2001 y STS 23 de octubre del 2003 (RJ/2003/9075).

2. En cuanto a la naturaleza de la relación que vinculaba a los repartidores con la empresa demandada, determinando si se trata de una relación laboral en los términos del artículo 1.1 del E.T, es una cuestión que ha sido en gran medida resuelta por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en el recurso de casación para unificación de doctrina de fecha 25 de septiembre de 2020 (Rec. 4746/2019), que analiza no sólo la legislación española, sino también las normas del TFUE y la Directiva 2003/88/CE sobre determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo.

Y conforme concluye dicha sentencia:

"En definitiva, GLOVO no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. No se limita a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y auténticos trabajadores autónomos, sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo. Se trata de una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando el precio y condiciones de pago del servicio, así como las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma, como lo demuestra el hecho de que Glovo establece todos los aspectos relativos a la forma y precio del servicio de recogida y entrega de dichos productos. Es decir, tanto la forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo. La empresa ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo.

Glovo ha establecido medios de control que operan sobre la actividad y no solo sobre el resultado mediante la gestión algorítmica del servicio, las valoraciones de los repartidores y la geolocalización constante. El repartidor ni organiza por sí solo la actividad productiva, ni negocia precios o condiciones con los titulares de los establecimientos a los que sirve, ni recibe de los clientes finales su retribución.

El actor no tenía una verdadera capacidad para organizar su prestación de trabajo, careciendo de autonomía para ello. Estaba sujeto a las directrices organizativas fijadas por la empresa. Ello revela un ejercicio del poder empresarial en relación con el modo de prestación del servicio y un control de su ejecución en tiempo real que evidencia la concurrencia del requisito de dependencia propio de la relación laboral.

Para prestar estos servicios Glovo se sirve de un programa informático que asigna los servicios en función de la valoración de cada repartidor, lo que condiciona decisivamente la teórica libertad de elección de horarios y de rechazar pedidos. Además Glovo disfruta de un poder para sancionar a sus repartidores por una pluralidad de conductas diferentes, que es una manifestación del poder directivo del empleador. A través de la plataforma digital, Glovo lleva a cabo un control en tiempo real de la prestación del servicio, sin que el repartidor pueda realizar su tarea desvinculado de dicha plataforma. Debido a ello, el repartidor goza de una autonomía muy limitada que únicamente alcanza a cuestiones secundarias: qué medio de transporte utiliza y qué ruta sigue al realizar el reparto, por lo que este Tribunal debe concluir que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo entre el actor y la empresa demandada previstas en el art. 1.1 del ET , estimando el primer motivo del recurso de casación unificadora ".

Asimismo en relación a la empresa "GLOVO", aquí demandada, se pronunció también este TSJA, Sala de Málaga, en la sentencia de 18/11/2024, (rec. 813/2024), en la que se señalaba "Sobre tales presupuestos fácticos, es de plena aplicación la doctrina del Tribunal Supremo contenida en su sentencia 25 de septiembre de 2020 ( ROJ: STS 2924/2020, Recurso: 4746/2019) en donde, para evitar reiteraciones innecesarias al haber sido ya transcrita en lo esencial por el Juzgador, el Pleno de la Sala IV proclama en cuanto a la calificación de la relación, tras una profusa labor argumental, que no concurren las condiciones exigidas por el art. 11.2 de la LETA para que los repartidores tengan la condición de TRADE y sí, por el contrario, las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. La empresa presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, estando sujetos a las directrices organizativas fijadas por la empresa. La forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo , que ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo.

Las notas descritas en el anterior razonamiento jurídico conducen de fijo a concluir que el Glovo no es sino la auténtica y real empleadora, al controlar de manera efectiva, mediante el proceso algoritmizado de la aplicación que facilita a los repartidor, todo el proceso de recadería, descrito de manera detallada y minuciosa en el Acta elaborada por la Inspección de Trabajo y que ha servido al Juzgador para formar su convicción, cuyo relato de hechos probados no ha sido objeto de debate en la presente suplicación".

En este caso, los hechos recogidos en el acta de liquidación, asumidos en su sentencia por el juez de instancia, detallan la forma y condiciones de prestación de servicios por parte de los repartidores, coincidentes en todos sus extremos con las recogidas por la citada sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020, con lo que la conclusión no puede ser sino la misma, la laboralidad de la relación.

Por otra parte, como se expone en la sentencia del TSJ de Castilla-León (Valladolid) de 19/2/24 (rec. 2597/22), "Es cierto, en fin, que el TJUE dictó auto el día 22 de abril de 2020, asunto C 692/19 , que se cita y se dice infringido, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Watford relativa a la calificación jurídica de la relación de un transportista con una empresa de transporte de paquetería. En dicho auto el TJUE dispone que la Directiva 2003/88/CE , relativa a determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que excluye de ser considerado "trabajador" a los efectos de dicha directiva, a una persona contratada por su posible empleador en virtud de un acuerdo de servicios que estipula que es un empresario independiente, si esa persona dispone de facultades:

- de utilizar subcontratistas o sustitutos para realizar el servicio que se ha comprometido a proporcionar;

- aceptar o no aceptar las diversas tareas ofrecidas por su supuesto empleador, o establecer unilateralmente el número máximo de esas tareas;

- proporcionar sus servicios a cualquier tercero, incluidos los competidores directos del empleador putativo: y

-fijar sus propias horas de "trabajo" dentro de ciertos parámetros y adaptar su tiempo a su conveniencia personal en lugar de únicamente los intereses del supuesto empleador.

Pero, el TJUE establece dos salvedades:

1) Que la independencia de esa persona no parezca ficticia.

2) Que no sea posible establecer la existencia de una relación de subordinación entre esa persona y su supuesto empleador.

Y en ese caso, la independencia de los trabajadores si parece ficticia y es posible establecer la existencia de una relación de subordinación".

Por lo expuesto, el motivo de censura jurídica de la sentencia que nos ocupa debe ser rechazado.

OCTAVO:1. Por último, denuncia la recurrente en el siguiente motivo infracción o interpretación errónea del art. 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, alegando que la previsión legal de la figura del TRADE obliga a hacer un esfuerzo de graduación en la apreciación de las notas calificadoras del contrato de trabajo, de suerte que el tradicional análisis binario -o estamos ante un trabajo por cuenta propia o ante un trabajo por cuenta ajena- cede el paso a un análisis ternario, más rico y complejo, que reconoce un espacio propio para la figura del trabajador autónomamente dependiente, porque, en efecto, tal ha sido la voluntad del trabajador al preverlo y dotarlo de un régimen jurídico singular.

En suma, la recurrente entiende que el requisito del riesgo y ventura de la actividad propia del trabajador autónomo queda desdibujada en su trascendencia cuando los frutos del trabajo se reparten entre el cliente a favor de quien se ejecuta la actividad y el profesional que la lleva a cabo, máxime cuando, como establece la norma, la contraprestación percibida no es por la actividad misma sino por su resultado.

2. Según el artículo 11 reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo, TRADE es el autónomo que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que depende económicamente por percibir de él, al menos el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

Como se recuerda en la sentencia del TSJ de Valladolid antes reseñada, "Es cierto, como se expone en el motivo, que es una figura que no ha arraigado. En ningún momento desde 2007 ha llegado a representar un porcentaje importante del colectivo de autónomos. Pese a que se trata de trabajadores autónomos, existe cierto rasgo de liberalización, como el aforamiento de las reclamaciones ante el orden jurisdiccional social o la existencia de despido y también una peculiar negociación colectiva (acuerdos de interés profesional: AIP).

También es cierto que este tipo de profesionales que prestan sus servicios para las plataformas gozan de una gran libertad y que la subordinación tiende a minorarse en virtud de las nuevas tecnologías, y, sobre todo, prestan servicios en aquellos momentos que tenga por conveniente. El propio recurso afirma que los repartidores han hecho uso de las herramientas de flexibilidad, no han acudido a franjas horarias previamente reservadas, han desistido de pedidos previamente aceptados, no hacen uso del algoritmo mediante el sistema manual. Rasgos que han invitado a pensar en una categoría intermedia entre trabajo autónomo y el trabajo subordinado, el llamado "trabajo coordinado".

Sin embargo, el TRADE, no lo podemos olvidar, es, en nuestro ordenamiento, un subtipo de trabajador autónomo conforme a la definición dada por el legislador español aunque después cumpla ciertas singularidades en su régimen jurídico".

Y en el caso que se analiza en dicha sentencia, al igual que en el presente supuesto, aun considerando determinadas singularidades, se trata, sin embargo, de trabajadores por cuenta ajena.

En efecto, como se desprende igualmente del contenido de los hechos probados de la sentencia de instancia, se sirve (GLOVO) de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma pues es la empresa GLOVO quien establece todos los aspectos relativos a la forma y precio del servicio de recogida y entrega de los pedidos.

En este sentido, la tan aludida STS de 25 de septiembre de 2020 , ya expresaba que este tipo de trabajadores autónomos exigen los rasgos de los que los trabajadores de GLOVO carecen. pues:

1) No llevan a cabo su actividad con sus propios criterios organizativos sino con sujeción estricta a los establecidos por Glovo.

2) Únicamente cuentan con una moto y un móvil, Se trata de medios accesorios o complementarios. La infraestructura esencial para el ejercicio de esta actividad es el programa informático desarrollado por GLOVO que pone en contacto a los comercios con los clientes finales. La citada plataforma constituye un elemento esencial para la prestación de servicio. De forma que, según dicha sentencia, el actor carecía de una infraestructura propia significativa que le permitiera operar por su cuenta.

Por tanto, no se acredita la concurrencia de la mayoría de las condiciones a las que hace referencia el artículo 11.2 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, tales como "disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente" [párrafo c)], dado el contraste referido en ente los avanzados instrumentos tecnológicos de los que es titular la demandada (plataforma digital y aplicaciones informáticas), y los medios tan poco significativos que aporta el actor (teléfono móvil y motocicleta). Tampoco concurre el requisito de "desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente" [párrafo d)], capacidad de auto-organización que se demuestra prácticamente inexistente, sin que sea preciso insistir en lo ya argumentado para llegar a tal conclusión. Asimismo, tampoco asume el riesgo y ventura de su actividad [párrafo e)].

Tratándose, en suma, como se concluye igualmente en la sentencia del TSJ de Valladolid, de un supuesto de falsos autónomos. Como pone de manifiesto el antecedente 8 de la Directiva 2.019/1.152/UE : "(..) Los trabajadores que realmente sean por cuenta propia no deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva ya que no cumplen estos criterios. El abuso de la condición de trabajador por cuenta propia conforme lo define la legislación nacional, ya sea a escala nacional o en situaciones transfronterizas, es una forma de trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el trabajo no declarado. El falso trabajo por cuenta propia se produce cuando una persona es declarada como trabajador por cuenta propia aun cuando se cumplen las condiciones propias de una relación laboral, con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas o fiscales. Estos trabajadores deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva (...)",por lo que el motivo que nos ocupa tampoco puede ser acogido, y en consecuencia, el recurso debe ser desestimado.

NOVENO:En materia de costas, de conformidad con lo establecido en los artículos 235.1 y 204.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , procede la condena en costas a la entidad recurrente, que comprenden el pago de la minuta de honorarios del letrado o graduado social de la parte impugnante, los cuales se fijan en 600 euros más IVA.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la misma Ley debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO:La Sentencia nº 225/2022, de 19 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba en el procedimiento de Oficio nº 662/2020, estimó la demanda formulada por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la empresa GLOVO APP 23 S.L. y contra los 222 trabajadores relacionados en el encabezamiento de la demanda, y declaró que la relación existente entre los trabajadores y la mercantil codemandada es de naturaleza laboral.

Frente a dicha resolución se alza en Suplicación la representación procesal de la mercantil demandada invocando tres motivos de recurso, con distinta argumentación, al amparo del art. 193 apartados A), B) y C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO:1. El primer motivo de recurso, formalizado al amparo procesal del apartado A) del artículo 193 de la LRJS, interesa la declaración de nulidad de la sentencia de instancia y su reposición al momento anterior a su dictado por infracción de los arts. 97.2 de la LRJS, 218 de la LEC y 24.1 y 2 de la Constitución Española, al entender que la sentencia incurre en incongruencia en la motivación de la valoración de la prueba, por cuanto que se tiene en cuenta un resumen de los cuestionarios que se incluye como hecho probado aún cuando no conta en las actuaciones dicha prueba, y ello deriva en indefensión formal y material pues se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a la obtención de una resolución fundada sobre el fondo del asunto con motivación, derecho de defensa y proceso con todas las garantías, produciéndose un quebrantamiento que afecta al orden público del proceso.

2. Al respecto de dicha alegación, tiene declarado el Tribunal Constitucional, en una reiterada y consolidada doctrina, que "el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 CE ) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación del proceso ( STC 218/2004, de 29 de noviembre , F. 2, por todas)".Y que "la congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido» ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo [RTC 2000, 124], F. 3 ; 114/2003, de 16 de junio [RTC 2003, 114], F. 3 ; o 174/2004, de 18 de octubre [RTC 2004, 174], F. 3; entre muchas otras)."

El propio Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina, en la que se sintetiza los supuestos, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE. Y a tal efecto, indica que, "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum -. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi."

Por otra parte, en lo concerniente a la alegada falta de motivación de la resolución recurrida, debe de señalarse previamente que, de acuerdo con una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, de la que son exponente las Sentencias 24/1990, de 15 de febrero, 35/2002, de 11 de febrero y 213/2003, de 1 de diciembre, la exigencia de motivación es un deber del Órgano Judicial y un derecho de los interesados, que cumple con la finalidad de manifestar, en términos de Derecho, las razones que justifican la decisión judicial y hacer posible su control jurisdiccional de la resolución por medio del sistema de recursos previsto en el ordenamiento; sin embargo, el mencionado derecho no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que puedan tener de la cuestión que se decide, ni exige del Juez o Tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, ya que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada, criterio de racionabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.

3. La aplicación de la expuesta doctrina al caso que nos ocupa conduce a la desestimación del motivo de nulidad de la sentencia, por cuanto contrariamente a lo expuesto en el recurso, no existe incongruencia en la valoración de la prueba, ya que se ha motivado adecuadamente en la resolución impugnada la redacción de los hechos probados en base al conjunto de las pruebas practicadas, y si bien en el hecho probado décimo se hizo constar, junto con el resumen de las respuestas dadas por los trabajadores al cuestionario efectuado por el Inspector actuante, que tales cuestionarios no habían sido aportados a las actuaciones, ello no conforma la incongruencia alegada, por cuanto el prolijo relato de hechos probados se ha obtenido no solo de la valoración de dicha prueba, sino tal y como expresamente se recoge en el fundamento jurídico primero de la sentencia, mediante la valoración de los medios de prueba que se indican en relación con cada uno de tales hechos.

Por otra parte, en relación con la solicitud efectuada por la empresa demandada en el acto del juicio para que fueran aportadas a las actuaciones como diligencia final las respuestas dadas por cada trabajador al cuestionario realizado por la ITSS, fue rechazada por el juez a quo por las razones expuestas en el indicado fundamento de derecho, y a este respecto, debe remarcarse que la solicitud de prueba en cuestión lo fue en calidad de diligencia final, solicitud cuya procedencia queda a la discrecionalidad del juez de instancia de considerarla necesaria, en los términos previstos en el artículo 88 de la LRJS. Es decir, su práctica no se configura como deber del juez sino como una posibilidad y, además, puede acordarla no cuando sean necesaria por razones procesales objetivas, sino cuando él la estime necesaria por razones de valoración probatoria de hechos relevantes para dictar sentencia. Ello hace que, en cuanto facultad exclusiva judicial, no tenga por qué adoptarla nunca a instancia de parte, existiendo sobre este carácter facultativo y discrecional una constante y reiterada conformidad jurisprudencial manifestada en reiteradas sentencias ( SSTS de 12-12-90; 8-3-91; 20-9-88; 4-6-13), en todas las cuales se rechazó el recurso por quebrantamiento de forma basado en que la parte había solicitado diligencias para mejor proveer no practicadas por el Magistrado, habiendo reiterado esta tesis al considerar no contrario a las exigencias de la tutela judicial efectiva que el juez dicte sentencia sin acordar la práctica para mejor proveer de pruebas propuestas por las partes (TCo 140/1996).

En definitiva, procede rechazar que la prueba que le fue denegada al recurrente le produjera la indefensión que alega, por cuanto la denuncia efectuada en el presente motivo de recurso encubre una discrepancia de la parte sobre la valoración probatoria y jurídica efectuada por el juez a quo, lo que no se puede convertir en una lesión de un derecho constitucional, tal y como se recoge en la doctrina contenida, entre otras, en las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fechas 12-05-2008 y 5-11-2008.

En suma, el motivo del recurso que nos ocupa debe ser desestimado, y con ello, la pretensión de nulidad de actuaciones articulada por la empresa demandada.

TERCERO.-1. El siguiente motivo de recurso, formulado al amparo procesal de lo previsto en el art. 193 C) de la LRJS, al objeto de examinar las infracciones de normas sustantivas y de jurisprudencia, denuncia la infracción o interpretación errónea del art. 80 de la LRJS (por remisión del art 149.1 del mismo cuerpo legal) y doctrina jurisprudencial, entre otras, STS 26.11.2012 (RJ 2013/1076), alegando en concreto defecto grave en el modo de proponer la demanda, al considerar que ni en la demanda ni en el acta de infracción origen de las actuaciones, se ofrecen circunstancias concretas de cada uno de los trabajadores afectados, limitándose la TGSS a un planteamiento global, sin recoger las circunstancias individualizadas y personales, en que cada afectado desarrolla su prestación de servicios, por lo que el juzgador debió acordar la suspensión de las actuaciones por plazo de cuatro días para aclarar la demanda, pues de lo contrario, si se admite un juicio de generalidad y, por lo tanto, la afectación por igual de un colectivo homogéneo cuando en realidad es heterogéneo, no solo estaríamos transformando el procedimiento en uno de conflicto colectivo en el que no se analizan los hechos concretos de cada individuo sino las circunstancias comunes, sino que ni siquiera estaríamos en presencia de dicho conflicto general habida cuenta de las distintas formas de prestación de servicio que quedaron probadas durante el pleito y que serán objeto de revisión de los hechos probados.

2. Respecto al motivo que nos ocupa, si bien es cierto que en la demanda no se hace más que una referencia genérica a los trabajadores, no lo es menos que se acompaña a la misma, remitiéndose a su contenido, la extensa Acta de infracción levantada en su momento, en la que de forma minuciosa y pormenorizada se hace un relato de los hechos constatados por la Inspección, que sirven de base a su decisión, y en la parte final de la misma, a las circunstancias concretas de cada uno de los trabajadores, concretando las fechas en que suscribieron los contratos cada uno de ellos con la empresa, actas de la ITSS (infracción y liquidación) de las que se dio traslado a la empresa, que las impugnó, teniendo pues pleno conocimiento del objeto y fundamentos de esta demanda y pudiendo comparecer en juicio para hacer uso de sus derechos formulando las alegaciones pertinentes y proponiendo las pruebas oportunas en defensa de sus intereses, lo que excluye cualquier resultado material que permita acoger tal motivo por la falta de individualización en la demanda de oficio de los extremos recogidos en el acta de infracción, que en la fundamentación jurídica se tienen presentes por el magistrado al razonar sobre la pretensión que la demanda contiene, lo que conduce a la desestimación de este motivo.

CUARTO:1. Con el mismo amparo procesal en la censura jurídica de la sentencia, denuncia la parte recurrente la infracción o interpretación errónea del art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de trabajo y Seguridad Social en relación con lo dispuesto en el art. 150 de la LRJS y jurisprudencia citada ( STS 8 de mayo de 2000 y sentencias de Tribunales Superiores de Justicia), al entender que desde el mismo momento en que las actas tienen presunción de certeza, a los hechos de la demanda se les otorga presunción de veracidad de manera que el artículo 150.2 d) de la LRJS, recogiendo dichos principios impone de forma expresa a la parte demandada "toda la carga de la prueba" para destruir las presunciones. Ahora bien, es a la parte actora a quien corresponde fijar, en los términos que dice el artículo 80 de la LRJS los términos del debate y las circunstancias fácticas que amparan su pretensión, sin que pueda acudir, como ha hecho, a una demanda generalista ni a un relato de hechos no objetivo. Señala la parte recurrente que no puede predicarse respecto de los hechos alegados por la demandante ni presunción de certeza del acta ni de veracidad de los hechos contenidos en el escrito de demanda, debiendo acreditarse de contrario que la relación que une a los repartidores codemandados con la recurrente es la del artículo 1.1 ET por concurrir las notas de dependencia y ajenidad.

2. Debe tenerse en cuenta, en primer término, que la denuncia de infracción de jurisprudencia efectuada al amparo del art. 193 c) de la LRJS, se interpreta en el sentido del art. 1.6 del Código Civil: la establecida por el Tribunal Supremo - sin perjuicio de la establecida por el Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea-. Por tanto, el recurso de suplicación que pretenda fundamentarse en infracción de jurisprudencia no puede limitarse a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, ya que las mismas no integran la definición propia de jurisprudencia. No obstante, si se alega la infracción de normativa y de genuina jurisprudencia - como es el caso- nada impide la mención de otras sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional.

Continuando con el marco legal aplicable, la doctrina asumida por la jurisdicción social relativa a la presunción de veracidad de las actas de Inspección, tal y como ha venido a reconocer la STS 8- 9-20 (rec. 25/20), señala:

"... la doctrina consolidada de esta Sala,, que, en palabras de la STS 17-3-2016 (RC 18/2015 , reiterada en STS de 12-7-2017, RC 278/2016 (RJ 2017, 4147) ) expresa lo que sigue: Con carácter previo hemos de recordar que la presunción "iuris tantum" de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes [ DA Cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14/Noviembre (RCL 1997 , 2721) ; y art. 53.2, párrafo segundo, del RD-Legislativo 5/2000, de 4/Agosto (RCL 2000, 1804) ( STS 22/05/12 -rco 76/11 (RJ 2012, 8530) -), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los "hechos" constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15 (RJ 2015, 6253) -rco 181/14-, asunto "GEA 21 SA", que se refiere -concretamente- a la voluntad negociadora durante el periodo de consultas).

Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho "son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril (RTC 1990, 76) , FJ 8 ; 14/1997, de 28/Enero (RTC 1997, 14) , FJ 7 ; y 35/2006, de 13/Febrero (RTC 2006, 35) , FJ 6]" ( STC 82/2009, de 23/Marzo (RTC 2009, 82) , FJ 4). En palabras de esta Sala, "... la actuación de la Inspección de Trabajo tiene un carácter informativo que conduce a la ulterior valoración por parte de quien juzga en instancia, como un medio probatorio más sin que quepa atribuirle efecto vinculante alguno y sin que pueda excluirse el análisis de los demás medios de prueba y, en suma, la necesaria convicción de quien juzga tras la valoración de todos ellos" ( STS SG 18/03/14 -rco 114/13 - FJ 4.3, asunto "DOPEC, SL). Y como elemental consecuencia de ello, también hemos entendido desde siempre que las actas e informes de la Inspección de Trabajo no son "documento" a los efectos revisorios (así, SSTS 09/02/96 -rco 2429/94 (RJ 1996 , 1007) -; 27/02/01 -rco 141/00 (RJ 2001, 2819 ) -; y 11/12/03 -rco 63/03 (RJ 2004, 2577) -), pues aunque proceden de un funcionario especialmente cualificado en la materia sobre la que informa, de todas formas la material incorporación de sus apreciaciones fácticas carecen de la fehaciencia exigible para modificar la apreciación judicial de los hechos (sobre el requisito, SSTS 12/11/15 -rco 182/14 (RJ 2015, 5841) -, asunto "Schindler "; 30/11/15 (RJ 2015, 6177) -rco 142/14-, asunto "Caixabank, SA "; y SG 24/11/15 (RJ 2015, 6391) -rco 86/15 -, asunto "Gestur, SA") y no dejan de ser - aunque objetivas y competentes- manifestaciones documentadas inhábiles para modificar el relato fáctico ( SSTS 20/02/90 (RJ 1990 , 1247) 28/09/98 -rco 5149/97 -; 02/02/00 (RJ 2000, 1438) -rco 245/99 -; 14/03/05 (RJ 2005 , 2993) - rev. 57/03 -; y 17/07/12 (RJ 2012, 9602) -rco 36/11 -).

Tal doctrina no viene a ser sino la asunción por la jurisdicción social de la doctrina que estableció en su momento la jurisdicción contenciosa en el ámbito sancionatorio al referir en STS 23-4-01 y 28-2-12 que a los hechos, reflejados en las actas de inspección, debe atribuírseles la presunción iuris tantum de veracidad, ya que según el artículo 53.2 del RDL 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el artículo 52 , tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados y el mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.

De este modo:

A) La presunción de certeza alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta , como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 (RJ 1990 , 3138) , 16-5-1996 ( RJ 1996 , 3420) , 16-4-1996 ( RJ 1996 , 3421) , 16-4-1996 , 19-4-1996 , 10-5-1996 (RJ 1996 , 4117) , 24-9-1996 (RJ 1996 , 6790) , A) 25-10-1996 , , 21-3-1997 , 25-11-1997 , 19-9-1997 (RJ 1997 , 6789) , 11-7-1997 , 25-11-1997 , 2- 12-1997 (RJ 1997 , 8860) , 9-12-1997 (RJ 1997 , 8864]) , 6-3-1998 (RJ 1998, 2310 ) y 6-10- 1998 (RJ 1998, 7692) , entre otras muchas).

Dicho de otro modo, la presunción de certeza "debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia" ( STS de 27-5-1997 (RJ 1997 , 8334), 26-7-1995 ( RJ 1995, 6231), 23- 2-88 (RJ 1988, 1450), y en igual sentido STS de 17-6-1987 (RJ 1987, 4207). Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección ( STS de 17-5-1996 (RJ 1996, 4480).

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 ( RJ 1996, 6790), 22-10-1996 (RJ 1996, 7961), 29 (RJ 1996, 8705 ) y 30-11-1996 ); 21-3-1997 , 6-5-1997 (RJ 1997, 4393 ) y 2-12-1997 (RJ 1997, 8860 ) y 6-10-1998 (RJ 1998, 7692), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público ( Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 (RJ 1989, 3140). Es decir, este valor descansa en que toda actuación inspectora se presume objetividad mientras no se demuestre lo contrario, y es por ello, que para su destrucción solo se admite cualquier tipo de prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 (RJ 1991, 5056 ) y 7 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7041)".

Cierto es que la presunción de certeza de que gozan las actas de la Inspección solo alcanza a los hechos pero no a las conclusiones y valoraciones jurídicas que en la misma se contengan, pero en el acta objeto de controversia se hacen constar unos hechos y se especifican una serie de pruebas que han servido de base para su fijación, sin que pueda hablarse de una indefensión que se haya podido ocasionar a la empresa, pues ha podido impugnarla, primero en vía administrativa y luego en la judicial y ha podido practicar en los presentes autos las pruebas que ha considerado pertinentes para desvirtuar los hechos consignados en la propia acta".

De este modo en la pugna entre presunción de certeza de las actas y presunción de inocencia aplicable al derecho administrativo sancionador cabe referir presunción de certeza es plenamente compatible con el principio constitucional de presunción de inocencia, siempre y cuando se atienda a los siguientes elementos de interpretación de la regla: a) los funcionarios de la Inspección de Trabajo han de actuar presumiendo la inocencia del sujeto responsable, por tanto en su labor de indagación fáctica a la búsqueda de la verdad material b) la presunción tan sólo alcanza a los hechos declarados probados y debidamente constatados por el Inspector de trabajo, sin posibilidad de efectuar deducciones extensivas de los hechos en el pasado no comprobados directamente por el propio funcionario ;c)los hechos no pueden ser simples apreciaciones globales, sino tan solo a aquellos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o las que derivan de documentos o declaraciones incorporadas al acta d) la presunción en ningún caso alcanza a las valoraciones en Derecho efectuadas por el funcionario, conforme a la cual procede a formular la correspondiente acta de infracción y propuesta de sanción; e) la presunción de certeza de las actas no supone que se invierta la carga de la prueba, sino la necesidad de actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración; f) ello tampoco puede reducir el derecho a la práctica de pruebas propuestas por el sujeto responsable ni a la debida valoración de las mismas como elemento central de su derecho a la defensa; como se llega a afirmar, la veracidad no es absoluta ni indiscutible, pues de lo contrario no sería constitucionalmente admisible; eso sí, dejando también sentado que no es suficiente con que el acusado se limite a efectuar alegaciones de contrario, sin aportar elementos precisos para desvirtuar la realidad reflejada en el acta ( STS 14-12-99 , 8-5-00 , 19-7-99 , 14-12-99 y STC 77/1983 ).

Con aplicación de la citada sentencia del TS, debemos concluir que las actas constituyen prueba de cargo dejando la posibilidad de practicar prueba en contrario y, si la misma tiene lugar se desvirtúa tal presunción, pero no se excluye su aplicación en supuestos como el presente, sin perjuicio del derecho del recurrente a practicar prueba en sentido contrario, con lo que la sentencia no incurre en la infracción legal denunciada en este motivo, por lo que procede su desestimación.

QUINTO:1. Se formaliza el siguiente motivo de recurso por el cauce procedimental descrito en el apartado b) del art. 193 de la LRJS, interesando la supresión del hecho declarado probado décimo, por cuanto no existe documento o pericia alguna que acredite el funcionamiento descrito, de modo que tales afirmaciones se contienen en el acta de liquidación, pero lo que no cabe es ahora pasarlas a la categoría de hecho declarado probado cuando "tales cuestionarios no han sido aportados a las actuaciones" ni el Inspector a comparecido en sede judicial a ratificar el acta de liquidación.

2. La revisión interesada debe ser rechazada, por cuanto como se expone en la sentencia del TSJ C. Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2537/2010 de 17 septiembre, no cabe la alegación de prueba negativa, o, lo que es lo mismo, no puede fundamentarse la revisión bajo la simple alegación de inexistencia de prueba demostrativa del contenido de hechos declarados probados, siempre que exista un mínimo de actividad probatoria ( STS 27/3/1990 RJ 1990, 2359). La alegación de que no existen pruebas en autos que sirvan de soporte a las afirmaciones expresadas por el juez «a quo» no puede tener efectividad alguna en un recurso de suplicación, pues el mismo forma su convicción sobre los hechos acaecidos en base a las amplias facultades que a tal respecto le otorga el art. 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y el resultado a que llega sólo puede ser combatido mediante pruebas documentales o periciales obrantes en autos como se desprende de lo instituido en el art. 193 y 196 de la LRJS, y no por meras alegaciones de una inexistencia de prueba fehaciente, lo que en el presente caso no ha tenido lugar, por cuanto como ya hemos indicado, el juez a quo ha tenido en cuenta para la redacción de los hechos probados de la sentencia los medios de prueba que concreta en el fundamento jurídico primero de su sentencia, y en particular, respecto del hecho probado décimo, se remite al contenido del acta de liquidación de cuotas y posterior informe-propuesta de la ITSS, en el que consta el resumen de las contestaciones efectuadas por los trabajadores al cuestionario realizado por el Inspector, y que constituyen por tanto, hechos constatados por el funcionario actuante y consignados en el acta con referencia expresa al medio de prueba mediante el que fueron obtenidos, por lo que están revestidos, conforme se ha razonado en el fundamento anterior, de presunción de veracidad, que no obstante, puede ser contradicha por prueba en contrario, lo que no ha tenido lugar en el presente caso, en el que la parte se limita a alegar la inexistencia de prueba bastante.

Por todo ello, el primer motivo de revisión fáctica de la sentencia debe ser desestimado.

SEXTO:1. Con idéntico amparo procesal del apartado b) del artículo 193 de la LRJS, pretende la mercantil adicionar un nuevo hecho probado undécimo, para el supuesto de que no se atendiera a los anteriores motivos, proponiendo la siguiente redacción:

"Con carácter previo la Inspección de Trabajo de Barcelona emitió Informe de fecha 4 de noviembre de 2016, con ocasión de la orden de servicio NUM000, en la que se revisa la actividad de los repartidores en Barcelona, Valencia y Madrid que se da por reproducido".

Para ello se basa en el doc. Nº 7 del ramo de prueba de la empresa consistente en informe emitido por la ITSS de Barcelona.

2. En materia de revisión de hechos probados, la jurisprudencia es concluyente en sentido de considerar requisitos imprescindibles los siguientes: 1) Que se señale con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considere equivocado, contrario a lo acreditado o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) Que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración fáctica tildada de errónea, bien sustituyendo a algunos de sus puntos, bien complementándolos; 3) Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría.

El motivo debe fracasar por su intrascendencia, pues lo que ahora se analiza no es sino la relación de la recurrente con los trabajadores de Córdoba, por lo que, precisamente por aquella singularidad y heterogeneidad a que se refería la recurrente en el motivo segundo de su recurso, las relaciones entre Glovo y los trabajadores que presten servicios en otras ciudades no tienen que coincidir necesariamente con las que ahora se enjuician.

SÉPTIMO:Al amparo de lo previsto en el apartado C) del art. 193 de la LRJS, formaliza la parte recurrente el siguiente motivo de su recurso, en el que denuncia infracción o interpretación errónea de los arts. 1.1 , 8.1 y disposición adicional primera del RD Ley 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los arts. 1 y capítulo III de la Ley 20/2007, de 11 de julio, que regula el Estatuto del Trabajador Autónomo, Directiva 2003/88/CE , relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y Auto de 22 de abril de 2020 dictado por la Sala Octava del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al considerar que ha quedado acreditado que unilateralmente, los repartidores deciden cuando trabajan y cuando no y como lo hacen ante la ausencia de organización de su actividad por parte de Glovo, que no se trata de medidas ficticias, ya que ha quedado acreditado en contra de lo afirmado por la Inspección, que los repartidores que más facturan son los que más hacen uso de la flexibilidad, dejan de ir a las horas previamente reservadas o reasignan más pedidos, y que, en cuanto al modo de prestar el trabajo, se dan las circunstancias fijadas por el auto del TJUE de 22 de abril de 2020.

Por tanto, entiende la recurrente que el hecho de que Glovo ofrezca a los profesionales independientes los servicios, circunstancia inherente al funcionamiento de la aplicación, y de que tanto ella como los usuarios emitan algunas instrucciones sobre el servicio, no empecen a la conclusión de que se trata de trabajadores por cuenta propia, pues, como ha señalado la doctrina judicial ante casos similares, "las elementales e imprescindibles instrucciones que la empresa le diera al demandante para cumplir los servicios no es exclusivo del contrato de trabajo, sino que es una realidad compartida con los contratos mercantiles, en los que la parte que paga el servicio impone algunas condiciones para que el mismo se ejecute a su satisfacción" ( STSJ País Vasco de24 de Julio de 2001, Rec. 1465/2001). Asimismo, ha de tenerse en cuanta la inexistencia de sometimiento a una jornada ni a un horario regular que, como viene señalando la jurisprudencia, constituyen vigorosos indicios de autonomía en la prestación de trabajo ( STS 13 de noviembre de 2001 (RJ/ 2002/836); STS de 22 de enero de 2001 y STS 23 de octubre del 2003 (RJ/2003/9075).

2. En cuanto a la naturaleza de la relación que vinculaba a los repartidores con la empresa demandada, determinando si se trata de una relación laboral en los términos del artículo 1.1 del E.T, es una cuestión que ha sido en gran medida resuelta por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en el recurso de casación para unificación de doctrina de fecha 25 de septiembre de 2020 (Rec. 4746/2019), que analiza no sólo la legislación española, sino también las normas del TFUE y la Directiva 2003/88/CE sobre determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo.

Y conforme concluye dicha sentencia:

"En definitiva, GLOVO no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. No se limita a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y auténticos trabajadores autónomos, sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo. Se trata de una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando el precio y condiciones de pago del servicio, así como las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma, como lo demuestra el hecho de que Glovo establece todos los aspectos relativos a la forma y precio del servicio de recogida y entrega de dichos productos. Es decir, tanto la forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo. La empresa ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo.

Glovo ha establecido medios de control que operan sobre la actividad y no solo sobre el resultado mediante la gestión algorítmica del servicio, las valoraciones de los repartidores y la geolocalización constante. El repartidor ni organiza por sí solo la actividad productiva, ni negocia precios o condiciones con los titulares de los establecimientos a los que sirve, ni recibe de los clientes finales su retribución.

El actor no tenía una verdadera capacidad para organizar su prestación de trabajo, careciendo de autonomía para ello. Estaba sujeto a las directrices organizativas fijadas por la empresa. Ello revela un ejercicio del poder empresarial en relación con el modo de prestación del servicio y un control de su ejecución en tiempo real que evidencia la concurrencia del requisito de dependencia propio de la relación laboral.

Para prestar estos servicios Glovo se sirve de un programa informático que asigna los servicios en función de la valoración de cada repartidor, lo que condiciona decisivamente la teórica libertad de elección de horarios y de rechazar pedidos. Además Glovo disfruta de un poder para sancionar a sus repartidores por una pluralidad de conductas diferentes, que es una manifestación del poder directivo del empleador. A través de la plataforma digital, Glovo lleva a cabo un control en tiempo real de la prestación del servicio, sin que el repartidor pueda realizar su tarea desvinculado de dicha plataforma. Debido a ello, el repartidor goza de una autonomía muy limitada que únicamente alcanza a cuestiones secundarias: qué medio de transporte utiliza y qué ruta sigue al realizar el reparto, por lo que este Tribunal debe concluir que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo entre el actor y la empresa demandada previstas en el art. 1.1 del ET , estimando el primer motivo del recurso de casación unificadora ".

Asimismo en relación a la empresa "GLOVO", aquí demandada, se pronunció también este TSJA, Sala de Málaga, en la sentencia de 18/11/2024, (rec. 813/2024), en la que se señalaba "Sobre tales presupuestos fácticos, es de plena aplicación la doctrina del Tribunal Supremo contenida en su sentencia 25 de septiembre de 2020 ( ROJ: STS 2924/2020, Recurso: 4746/2019) en donde, para evitar reiteraciones innecesarias al haber sido ya transcrita en lo esencial por el Juzgador, el Pleno de la Sala IV proclama en cuanto a la calificación de la relación, tras una profusa labor argumental, que no concurren las condiciones exigidas por el art. 11.2 de la LETA para que los repartidores tengan la condición de TRADE y sí, por el contrario, las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. La empresa presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, estando sujetos a las directrices organizativas fijadas por la empresa. La forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo , que ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo.

Las notas descritas en el anterior razonamiento jurídico conducen de fijo a concluir que el Glovo no es sino la auténtica y real empleadora, al controlar de manera efectiva, mediante el proceso algoritmizado de la aplicación que facilita a los repartidor, todo el proceso de recadería, descrito de manera detallada y minuciosa en el Acta elaborada por la Inspección de Trabajo y que ha servido al Juzgador para formar su convicción, cuyo relato de hechos probados no ha sido objeto de debate en la presente suplicación".

En este caso, los hechos recogidos en el acta de liquidación, asumidos en su sentencia por el juez de instancia, detallan la forma y condiciones de prestación de servicios por parte de los repartidores, coincidentes en todos sus extremos con las recogidas por la citada sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020, con lo que la conclusión no puede ser sino la misma, la laboralidad de la relación.

Por otra parte, como se expone en la sentencia del TSJ de Castilla-León (Valladolid) de 19/2/24 (rec. 2597/22), "Es cierto, en fin, que el TJUE dictó auto el día 22 de abril de 2020, asunto C 692/19 , que se cita y se dice infringido, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Watford relativa a la calificación jurídica de la relación de un transportista con una empresa de transporte de paquetería. En dicho auto el TJUE dispone que la Directiva 2003/88/CE , relativa a determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que excluye de ser considerado "trabajador" a los efectos de dicha directiva, a una persona contratada por su posible empleador en virtud de un acuerdo de servicios que estipula que es un empresario independiente, si esa persona dispone de facultades:

- de utilizar subcontratistas o sustitutos para realizar el servicio que se ha comprometido a proporcionar;

- aceptar o no aceptar las diversas tareas ofrecidas por su supuesto empleador, o establecer unilateralmente el número máximo de esas tareas;

- proporcionar sus servicios a cualquier tercero, incluidos los competidores directos del empleador putativo: y

-fijar sus propias horas de "trabajo" dentro de ciertos parámetros y adaptar su tiempo a su conveniencia personal en lugar de únicamente los intereses del supuesto empleador.

Pero, el TJUE establece dos salvedades:

1) Que la independencia de esa persona no parezca ficticia.

2) Que no sea posible establecer la existencia de una relación de subordinación entre esa persona y su supuesto empleador.

Y en ese caso, la independencia de los trabajadores si parece ficticia y es posible establecer la existencia de una relación de subordinación".

Por lo expuesto, el motivo de censura jurídica de la sentencia que nos ocupa debe ser rechazado.

OCTAVO:1. Por último, denuncia la recurrente en el siguiente motivo infracción o interpretación errónea del art. 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, alegando que la previsión legal de la figura del TRADE obliga a hacer un esfuerzo de graduación en la apreciación de las notas calificadoras del contrato de trabajo, de suerte que el tradicional análisis binario -o estamos ante un trabajo por cuenta propia o ante un trabajo por cuenta ajena- cede el paso a un análisis ternario, más rico y complejo, que reconoce un espacio propio para la figura del trabajador autónomamente dependiente, porque, en efecto, tal ha sido la voluntad del trabajador al preverlo y dotarlo de un régimen jurídico singular.

En suma, la recurrente entiende que el requisito del riesgo y ventura de la actividad propia del trabajador autónomo queda desdibujada en su trascendencia cuando los frutos del trabajo se reparten entre el cliente a favor de quien se ejecuta la actividad y el profesional que la lleva a cabo, máxime cuando, como establece la norma, la contraprestación percibida no es por la actividad misma sino por su resultado.

2. Según el artículo 11 reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo, TRADE es el autónomo que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que depende económicamente por percibir de él, al menos el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

Como se recuerda en la sentencia del TSJ de Valladolid antes reseñada, "Es cierto, como se expone en el motivo, que es una figura que no ha arraigado. En ningún momento desde 2007 ha llegado a representar un porcentaje importante del colectivo de autónomos. Pese a que se trata de trabajadores autónomos, existe cierto rasgo de liberalización, como el aforamiento de las reclamaciones ante el orden jurisdiccional social o la existencia de despido y también una peculiar negociación colectiva (acuerdos de interés profesional: AIP).

También es cierto que este tipo de profesionales que prestan sus servicios para las plataformas gozan de una gran libertad y que la subordinación tiende a minorarse en virtud de las nuevas tecnologías, y, sobre todo, prestan servicios en aquellos momentos que tenga por conveniente. El propio recurso afirma que los repartidores han hecho uso de las herramientas de flexibilidad, no han acudido a franjas horarias previamente reservadas, han desistido de pedidos previamente aceptados, no hacen uso del algoritmo mediante el sistema manual. Rasgos que han invitado a pensar en una categoría intermedia entre trabajo autónomo y el trabajo subordinado, el llamado "trabajo coordinado".

Sin embargo, el TRADE, no lo podemos olvidar, es, en nuestro ordenamiento, un subtipo de trabajador autónomo conforme a la definición dada por el legislador español aunque después cumpla ciertas singularidades en su régimen jurídico".

Y en el caso que se analiza en dicha sentencia, al igual que en el presente supuesto, aun considerando determinadas singularidades, se trata, sin embargo, de trabajadores por cuenta ajena.

En efecto, como se desprende igualmente del contenido de los hechos probados de la sentencia de instancia, se sirve (GLOVO) de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma pues es la empresa GLOVO quien establece todos los aspectos relativos a la forma y precio del servicio de recogida y entrega de los pedidos.

En este sentido, la tan aludida STS de 25 de septiembre de 2020 , ya expresaba que este tipo de trabajadores autónomos exigen los rasgos de los que los trabajadores de GLOVO carecen. pues:

1) No llevan a cabo su actividad con sus propios criterios organizativos sino con sujeción estricta a los establecidos por Glovo.

2) Únicamente cuentan con una moto y un móvil, Se trata de medios accesorios o complementarios. La infraestructura esencial para el ejercicio de esta actividad es el programa informático desarrollado por GLOVO que pone en contacto a los comercios con los clientes finales. La citada plataforma constituye un elemento esencial para la prestación de servicio. De forma que, según dicha sentencia, el actor carecía de una infraestructura propia significativa que le permitiera operar por su cuenta.

Por tanto, no se acredita la concurrencia de la mayoría de las condiciones a las que hace referencia el artículo 11.2 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, tales como "disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente" [párrafo c)], dado el contraste referido en ente los avanzados instrumentos tecnológicos de los que es titular la demandada (plataforma digital y aplicaciones informáticas), y los medios tan poco significativos que aporta el actor (teléfono móvil y motocicleta). Tampoco concurre el requisito de "desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente" [párrafo d)], capacidad de auto-organización que se demuestra prácticamente inexistente, sin que sea preciso insistir en lo ya argumentado para llegar a tal conclusión. Asimismo, tampoco asume el riesgo y ventura de su actividad [párrafo e)].

Tratándose, en suma, como se concluye igualmente en la sentencia del TSJ de Valladolid, de un supuesto de falsos autónomos. Como pone de manifiesto el antecedente 8 de la Directiva 2.019/1.152/UE : "(..) Los trabajadores que realmente sean por cuenta propia no deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva ya que no cumplen estos criterios. El abuso de la condición de trabajador por cuenta propia conforme lo define la legislación nacional, ya sea a escala nacional o en situaciones transfronterizas, es una forma de trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el trabajo no declarado. El falso trabajo por cuenta propia se produce cuando una persona es declarada como trabajador por cuenta propia aun cuando se cumplen las condiciones propias de una relación laboral, con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas o fiscales. Estos trabajadores deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva (...)",por lo que el motivo que nos ocupa tampoco puede ser acogido, y en consecuencia, el recurso debe ser desestimado.

NOVENO:En materia de costas, de conformidad con lo establecido en los artículos 235.1 y 204.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , procede la condena en costas a la entidad recurrente, que comprenden el pago de la minuta de honorarios del letrado o graduado social de la parte impugnante, los cuales se fijan en 600 euros más IVA.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la misma Ley debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO:La Sentencia nº 225/2022, de 19 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba en el procedimiento de Oficio nº 662/2020, estimó la demanda formulada por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la empresa GLOVO APP 23 S.L. y contra los 222 trabajadores relacionados en el encabezamiento de la demanda, y declaró que la relación existente entre los trabajadores y la mercantil codemandada es de naturaleza laboral.

Frente a dicha resolución se alza en Suplicación la representación procesal de la mercantil demandada invocando tres motivos de recurso, con distinta argumentación, al amparo del art. 193 apartados A), B) y C) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO:1. El primer motivo de recurso, formalizado al amparo procesal del apartado A) del artículo 193 de la LRJS, interesa la declaración de nulidad de la sentencia de instancia y su reposición al momento anterior a su dictado por infracción de los arts. 97.2 de la LRJS, 218 de la LEC y 24.1 y 2 de la Constitución Española, al entender que la sentencia incurre en incongruencia en la motivación de la valoración de la prueba, por cuanto que se tiene en cuenta un resumen de los cuestionarios que se incluye como hecho probado aún cuando no conta en las actuaciones dicha prueba, y ello deriva en indefensión formal y material pues se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a la obtención de una resolución fundada sobre el fondo del asunto con motivación, derecho de defensa y proceso con todas las garantías, produciéndose un quebrantamiento que afecta al orden público del proceso.

2. Al respecto de dicha alegación, tiene declarado el Tribunal Constitucional, en una reiterada y consolidada doctrina, que "el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 CE ) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación del proceso ( STC 218/2004, de 29 de noviembre , F. 2, por todas)".Y que "la congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido» ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo [RTC 2000, 124], F. 3 ; 114/2003, de 16 de junio [RTC 2003, 114], F. 3 ; o 174/2004, de 18 de octubre [RTC 2004, 174], F. 3; entre muchas otras)."

El propio Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina, en la que se sintetiza los supuestos, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE. Y a tal efecto, indica que, "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum -. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi."

Por otra parte, en lo concerniente a la alegada falta de motivación de la resolución recurrida, debe de señalarse previamente que, de acuerdo con una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, de la que son exponente las Sentencias 24/1990, de 15 de febrero, 35/2002, de 11 de febrero y 213/2003, de 1 de diciembre, la exigencia de motivación es un deber del Órgano Judicial y un derecho de los interesados, que cumple con la finalidad de manifestar, en términos de Derecho, las razones que justifican la decisión judicial y hacer posible su control jurisdiccional de la resolución por medio del sistema de recursos previsto en el ordenamiento; sin embargo, el mencionado derecho no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que puedan tener de la cuestión que se decide, ni exige del Juez o Tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, ya que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada, criterio de racionabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.

3. La aplicación de la expuesta doctrina al caso que nos ocupa conduce a la desestimación del motivo de nulidad de la sentencia, por cuanto contrariamente a lo expuesto en el recurso, no existe incongruencia en la valoración de la prueba, ya que se ha motivado adecuadamente en la resolución impugnada la redacción de los hechos probados en base al conjunto de las pruebas practicadas, y si bien en el hecho probado décimo se hizo constar, junto con el resumen de las respuestas dadas por los trabajadores al cuestionario efectuado por el Inspector actuante, que tales cuestionarios no habían sido aportados a las actuaciones, ello no conforma la incongruencia alegada, por cuanto el prolijo relato de hechos probados se ha obtenido no solo de la valoración de dicha prueba, sino tal y como expresamente se recoge en el fundamento jurídico primero de la sentencia, mediante la valoración de los medios de prueba que se indican en relación con cada uno de tales hechos.

Por otra parte, en relación con la solicitud efectuada por la empresa demandada en el acto del juicio para que fueran aportadas a las actuaciones como diligencia final las respuestas dadas por cada trabajador al cuestionario realizado por la ITSS, fue rechazada por el juez a quo por las razones expuestas en el indicado fundamento de derecho, y a este respecto, debe remarcarse que la solicitud de prueba en cuestión lo fue en calidad de diligencia final, solicitud cuya procedencia queda a la discrecionalidad del juez de instancia de considerarla necesaria, en los términos previstos en el artículo 88 de la LRJS. Es decir, su práctica no se configura como deber del juez sino como una posibilidad y, además, puede acordarla no cuando sean necesaria por razones procesales objetivas, sino cuando él la estime necesaria por razones de valoración probatoria de hechos relevantes para dictar sentencia. Ello hace que, en cuanto facultad exclusiva judicial, no tenga por qué adoptarla nunca a instancia de parte, existiendo sobre este carácter facultativo y discrecional una constante y reiterada conformidad jurisprudencial manifestada en reiteradas sentencias ( SSTS de 12-12-90; 8-3-91; 20-9-88; 4-6-13), en todas las cuales se rechazó el recurso por quebrantamiento de forma basado en que la parte había solicitado diligencias para mejor proveer no practicadas por el Magistrado, habiendo reiterado esta tesis al considerar no contrario a las exigencias de la tutela judicial efectiva que el juez dicte sentencia sin acordar la práctica para mejor proveer de pruebas propuestas por las partes (TCo 140/1996).

En definitiva, procede rechazar que la prueba que le fue denegada al recurrente le produjera la indefensión que alega, por cuanto la denuncia efectuada en el presente motivo de recurso encubre una discrepancia de la parte sobre la valoración probatoria y jurídica efectuada por el juez a quo, lo que no se puede convertir en una lesión de un derecho constitucional, tal y como se recoge en la doctrina contenida, entre otras, en las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fechas 12-05-2008 y 5-11-2008.

En suma, el motivo del recurso que nos ocupa debe ser desestimado, y con ello, la pretensión de nulidad de actuaciones articulada por la empresa demandada.

TERCERO.-1. El siguiente motivo de recurso, formulado al amparo procesal de lo previsto en el art. 193 C) de la LRJS, al objeto de examinar las infracciones de normas sustantivas y de jurisprudencia, denuncia la infracción o interpretación errónea del art. 80 de la LRJS (por remisión del art 149.1 del mismo cuerpo legal) y doctrina jurisprudencial, entre otras, STS 26.11.2012 (RJ 2013/1076), alegando en concreto defecto grave en el modo de proponer la demanda, al considerar que ni en la demanda ni en el acta de infracción origen de las actuaciones, se ofrecen circunstancias concretas de cada uno de los trabajadores afectados, limitándose la TGSS a un planteamiento global, sin recoger las circunstancias individualizadas y personales, en que cada afectado desarrolla su prestación de servicios, por lo que el juzgador debió acordar la suspensión de las actuaciones por plazo de cuatro días para aclarar la demanda, pues de lo contrario, si se admite un juicio de generalidad y, por lo tanto, la afectación por igual de un colectivo homogéneo cuando en realidad es heterogéneo, no solo estaríamos transformando el procedimiento en uno de conflicto colectivo en el que no se analizan los hechos concretos de cada individuo sino las circunstancias comunes, sino que ni siquiera estaríamos en presencia de dicho conflicto general habida cuenta de las distintas formas de prestación de servicio que quedaron probadas durante el pleito y que serán objeto de revisión de los hechos probados.

2. Respecto al motivo que nos ocupa, si bien es cierto que en la demanda no se hace más que una referencia genérica a los trabajadores, no lo es menos que se acompaña a la misma, remitiéndose a su contenido, la extensa Acta de infracción levantada en su momento, en la que de forma minuciosa y pormenorizada se hace un relato de los hechos constatados por la Inspección, que sirven de base a su decisión, y en la parte final de la misma, a las circunstancias concretas de cada uno de los trabajadores, concretando las fechas en que suscribieron los contratos cada uno de ellos con la empresa, actas de la ITSS (infracción y liquidación) de las que se dio traslado a la empresa, que las impugnó, teniendo pues pleno conocimiento del objeto y fundamentos de esta demanda y pudiendo comparecer en juicio para hacer uso de sus derechos formulando las alegaciones pertinentes y proponiendo las pruebas oportunas en defensa de sus intereses, lo que excluye cualquier resultado material que permita acoger tal motivo por la falta de individualización en la demanda de oficio de los extremos recogidos en el acta de infracción, que en la fundamentación jurídica se tienen presentes por el magistrado al razonar sobre la pretensión que la demanda contiene, lo que conduce a la desestimación de este motivo.

CUARTO:1. Con el mismo amparo procesal en la censura jurídica de la sentencia, denuncia la parte recurrente la infracción o interpretación errónea del art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de trabajo y Seguridad Social en relación con lo dispuesto en el art. 150 de la LRJS y jurisprudencia citada ( STS 8 de mayo de 2000 y sentencias de Tribunales Superiores de Justicia), al entender que desde el mismo momento en que las actas tienen presunción de certeza, a los hechos de la demanda se les otorga presunción de veracidad de manera que el artículo 150.2 d) de la LRJS, recogiendo dichos principios impone de forma expresa a la parte demandada "toda la carga de la prueba" para destruir las presunciones. Ahora bien, es a la parte actora a quien corresponde fijar, en los términos que dice el artículo 80 de la LRJS los términos del debate y las circunstancias fácticas que amparan su pretensión, sin que pueda acudir, como ha hecho, a una demanda generalista ni a un relato de hechos no objetivo. Señala la parte recurrente que no puede predicarse respecto de los hechos alegados por la demandante ni presunción de certeza del acta ni de veracidad de los hechos contenidos en el escrito de demanda, debiendo acreditarse de contrario que la relación que une a los repartidores codemandados con la recurrente es la del artículo 1.1 ET por concurrir las notas de dependencia y ajenidad.

2. Debe tenerse en cuenta, en primer término, que la denuncia de infracción de jurisprudencia efectuada al amparo del art. 193 c) de la LRJS, se interpreta en el sentido del art. 1.6 del Código Civil: la establecida por el Tribunal Supremo - sin perjuicio de la establecida por el Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea-. Por tanto, el recurso de suplicación que pretenda fundamentarse en infracción de jurisprudencia no puede limitarse a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, ya que las mismas no integran la definición propia de jurisprudencia. No obstante, si se alega la infracción de normativa y de genuina jurisprudencia - como es el caso- nada impide la mención de otras sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional.

Continuando con el marco legal aplicable, la doctrina asumida por la jurisdicción social relativa a la presunción de veracidad de las actas de Inspección, tal y como ha venido a reconocer la STS 8- 9-20 (rec. 25/20), señala:

"... la doctrina consolidada de esta Sala,, que, en palabras de la STS 17-3-2016 (RC 18/2015 , reiterada en STS de 12-7-2017, RC 278/2016 (RJ 2017, 4147) ) expresa lo que sigue: Con carácter previo hemos de recordar que la presunción "iuris tantum" de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes [ DA Cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14/Noviembre (RCL 1997 , 2721) ; y art. 53.2, párrafo segundo, del RD-Legislativo 5/2000, de 4/Agosto (RCL 2000, 1804) ( STS 22/05/12 -rco 76/11 (RJ 2012, 8530) -), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los "hechos" constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15 (RJ 2015, 6253) -rco 181/14-, asunto "GEA 21 SA", que se refiere -concretamente- a la voluntad negociadora durante el periodo de consultas).

Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho "son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril (RTC 1990, 76) , FJ 8 ; 14/1997, de 28/Enero (RTC 1997, 14) , FJ 7 ; y 35/2006, de 13/Febrero (RTC 2006, 35) , FJ 6]" ( STC 82/2009, de 23/Marzo (RTC 2009, 82) , FJ 4). En palabras de esta Sala, "... la actuación de la Inspección de Trabajo tiene un carácter informativo que conduce a la ulterior valoración por parte de quien juzga en instancia, como un medio probatorio más sin que quepa atribuirle efecto vinculante alguno y sin que pueda excluirse el análisis de los demás medios de prueba y, en suma, la necesaria convicción de quien juzga tras la valoración de todos ellos" ( STS SG 18/03/14 -rco 114/13 - FJ 4.3, asunto "DOPEC, SL). Y como elemental consecuencia de ello, también hemos entendido desde siempre que las actas e informes de la Inspección de Trabajo no son "documento" a los efectos revisorios (así, SSTS 09/02/96 -rco 2429/94 (RJ 1996 , 1007) -; 27/02/01 -rco 141/00 (RJ 2001, 2819 ) -; y 11/12/03 -rco 63/03 (RJ 2004, 2577) -), pues aunque proceden de un funcionario especialmente cualificado en la materia sobre la que informa, de todas formas la material incorporación de sus apreciaciones fácticas carecen de la fehaciencia exigible para modificar la apreciación judicial de los hechos (sobre el requisito, SSTS 12/11/15 -rco 182/14 (RJ 2015, 5841) -, asunto "Schindler "; 30/11/15 (RJ 2015, 6177) -rco 142/14-, asunto "Caixabank, SA "; y SG 24/11/15 (RJ 2015, 6391) -rco 86/15 -, asunto "Gestur, SA") y no dejan de ser - aunque objetivas y competentes- manifestaciones documentadas inhábiles para modificar el relato fáctico ( SSTS 20/02/90 (RJ 1990 , 1247) 28/09/98 -rco 5149/97 -; 02/02/00 (RJ 2000, 1438) -rco 245/99 -; 14/03/05 (RJ 2005 , 2993) - rev. 57/03 -; y 17/07/12 (RJ 2012, 9602) -rco 36/11 -).

Tal doctrina no viene a ser sino la asunción por la jurisdicción social de la doctrina que estableció en su momento la jurisdicción contenciosa en el ámbito sancionatorio al referir en STS 23-4-01 y 28-2-12 que a los hechos, reflejados en las actas de inspección, debe atribuírseles la presunción iuris tantum de veracidad, ya que según el artículo 53.2 del RDL 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el artículo 52 , tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados y el mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.

De este modo:

A) La presunción de certeza alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta , como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 (RJ 1990 , 3138) , 16-5-1996 ( RJ 1996 , 3420) , 16-4-1996 ( RJ 1996 , 3421) , 16-4-1996 , 19-4-1996 , 10-5-1996 (RJ 1996 , 4117) , 24-9-1996 (RJ 1996 , 6790) , A) 25-10-1996 , , 21-3-1997 , 25-11-1997 , 19-9-1997 (RJ 1997 , 6789) , 11-7-1997 , 25-11-1997 , 2- 12-1997 (RJ 1997 , 8860) , 9-12-1997 (RJ 1997 , 8864]) , 6-3-1998 (RJ 1998, 2310 ) y 6-10- 1998 (RJ 1998, 7692) , entre otras muchas).

Dicho de otro modo, la presunción de certeza "debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia" ( STS de 27-5-1997 (RJ 1997 , 8334), 26-7-1995 ( RJ 1995, 6231), 23- 2-88 (RJ 1988, 1450), y en igual sentido STS de 17-6-1987 (RJ 1987, 4207). Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección ( STS de 17-5-1996 (RJ 1996, 4480).

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 ( RJ 1996, 6790), 22-10-1996 (RJ 1996, 7961), 29 (RJ 1996, 8705 ) y 30-11-1996 ); 21-3-1997 , 6-5-1997 (RJ 1997, 4393 ) y 2-12-1997 (RJ 1997, 8860 ) y 6-10-1998 (RJ 1998, 7692), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público ( Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 (RJ 1989, 3140). Es decir, este valor descansa en que toda actuación inspectora se presume objetividad mientras no se demuestre lo contrario, y es por ello, que para su destrucción solo se admite cualquier tipo de prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 (RJ 1991, 5056 ) y 7 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7041)".

Cierto es que la presunción de certeza de que gozan las actas de la Inspección solo alcanza a los hechos pero no a las conclusiones y valoraciones jurídicas que en la misma se contengan, pero en el acta objeto de controversia se hacen constar unos hechos y se especifican una serie de pruebas que han servido de base para su fijación, sin que pueda hablarse de una indefensión que se haya podido ocasionar a la empresa, pues ha podido impugnarla, primero en vía administrativa y luego en la judicial y ha podido practicar en los presentes autos las pruebas que ha considerado pertinentes para desvirtuar los hechos consignados en la propia acta".

De este modo en la pugna entre presunción de certeza de las actas y presunción de inocencia aplicable al derecho administrativo sancionador cabe referir presunción de certeza es plenamente compatible con el principio constitucional de presunción de inocencia, siempre y cuando se atienda a los siguientes elementos de interpretación de la regla: a) los funcionarios de la Inspección de Trabajo han de actuar presumiendo la inocencia del sujeto responsable, por tanto en su labor de indagación fáctica a la búsqueda de la verdad material b) la presunción tan sólo alcanza a los hechos declarados probados y debidamente constatados por el Inspector de trabajo, sin posibilidad de efectuar deducciones extensivas de los hechos en el pasado no comprobados directamente por el propio funcionario ;c)los hechos no pueden ser simples apreciaciones globales, sino tan solo a aquellos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o las que derivan de documentos o declaraciones incorporadas al acta d) la presunción en ningún caso alcanza a las valoraciones en Derecho efectuadas por el funcionario, conforme a la cual procede a formular la correspondiente acta de infracción y propuesta de sanción; e) la presunción de certeza de las actas no supone que se invierta la carga de la prueba, sino la necesidad de actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración; f) ello tampoco puede reducir el derecho a la práctica de pruebas propuestas por el sujeto responsable ni a la debida valoración de las mismas como elemento central de su derecho a la defensa; como se llega a afirmar, la veracidad no es absoluta ni indiscutible, pues de lo contrario no sería constitucionalmente admisible; eso sí, dejando también sentado que no es suficiente con que el acusado se limite a efectuar alegaciones de contrario, sin aportar elementos precisos para desvirtuar la realidad reflejada en el acta ( STS 14-12-99 , 8-5-00 , 19-7-99 , 14-12-99 y STC 77/1983 ).

Con aplicación de la citada sentencia del TS, debemos concluir que las actas constituyen prueba de cargo dejando la posibilidad de practicar prueba en contrario y, si la misma tiene lugar se desvirtúa tal presunción, pero no se excluye su aplicación en supuestos como el presente, sin perjuicio del derecho del recurrente a practicar prueba en sentido contrario, con lo que la sentencia no incurre en la infracción legal denunciada en este motivo, por lo que procede su desestimación.

QUINTO:1. Se formaliza el siguiente motivo de recurso por el cauce procedimental descrito en el apartado b) del art. 193 de la LRJS, interesando la supresión del hecho declarado probado décimo, por cuanto no existe documento o pericia alguna que acredite el funcionamiento descrito, de modo que tales afirmaciones se contienen en el acta de liquidación, pero lo que no cabe es ahora pasarlas a la categoría de hecho declarado probado cuando "tales cuestionarios no han sido aportados a las actuaciones" ni el Inspector a comparecido en sede judicial a ratificar el acta de liquidación.

2. La revisión interesada debe ser rechazada, por cuanto como se expone en la sentencia del TSJ C. Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2537/2010 de 17 septiembre, no cabe la alegación de prueba negativa, o, lo que es lo mismo, no puede fundamentarse la revisión bajo la simple alegación de inexistencia de prueba demostrativa del contenido de hechos declarados probados, siempre que exista un mínimo de actividad probatoria ( STS 27/3/1990 RJ 1990, 2359). La alegación de que no existen pruebas en autos que sirvan de soporte a las afirmaciones expresadas por el juez «a quo» no puede tener efectividad alguna en un recurso de suplicación, pues el mismo forma su convicción sobre los hechos acaecidos en base a las amplias facultades que a tal respecto le otorga el art. 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y el resultado a que llega sólo puede ser combatido mediante pruebas documentales o periciales obrantes en autos como se desprende de lo instituido en el art. 193 y 196 de la LRJS, y no por meras alegaciones de una inexistencia de prueba fehaciente, lo que en el presente caso no ha tenido lugar, por cuanto como ya hemos indicado, el juez a quo ha tenido en cuenta para la redacción de los hechos probados de la sentencia los medios de prueba que concreta en el fundamento jurídico primero de su sentencia, y en particular, respecto del hecho probado décimo, se remite al contenido del acta de liquidación de cuotas y posterior informe-propuesta de la ITSS, en el que consta el resumen de las contestaciones efectuadas por los trabajadores al cuestionario realizado por el Inspector, y que constituyen por tanto, hechos constatados por el funcionario actuante y consignados en el acta con referencia expresa al medio de prueba mediante el que fueron obtenidos, por lo que están revestidos, conforme se ha razonado en el fundamento anterior, de presunción de veracidad, que no obstante, puede ser contradicha por prueba en contrario, lo que no ha tenido lugar en el presente caso, en el que la parte se limita a alegar la inexistencia de prueba bastante.

Por todo ello, el primer motivo de revisión fáctica de la sentencia debe ser desestimado.

SEXTO:1. Con idéntico amparo procesal del apartado b) del artículo 193 de la LRJS, pretende la mercantil adicionar un nuevo hecho probado undécimo, para el supuesto de que no se atendiera a los anteriores motivos, proponiendo la siguiente redacción:

"Con carácter previo la Inspección de Trabajo de Barcelona emitió Informe de fecha 4 de noviembre de 2016, con ocasión de la orden de servicio NUM000, en la que se revisa la actividad de los repartidores en Barcelona, Valencia y Madrid que se da por reproducido".

Para ello se basa en el doc. Nº 7 del ramo de prueba de la empresa consistente en informe emitido por la ITSS de Barcelona.

2. En materia de revisión de hechos probados, la jurisprudencia es concluyente en sentido de considerar requisitos imprescindibles los siguientes: 1) Que se señale con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considere equivocado, contrario a lo acreditado o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) Que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración fáctica tildada de errónea, bien sustituyendo a algunos de sus puntos, bien complementándolos; 3) Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría.

El motivo debe fracasar por su intrascendencia, pues lo que ahora se analiza no es sino la relación de la recurrente con los trabajadores de Córdoba, por lo que, precisamente por aquella singularidad y heterogeneidad a que se refería la recurrente en el motivo segundo de su recurso, las relaciones entre Glovo y los trabajadores que presten servicios en otras ciudades no tienen que coincidir necesariamente con las que ahora se enjuician.

SÉPTIMO:Al amparo de lo previsto en el apartado C) del art. 193 de la LRJS, formaliza la parte recurrente el siguiente motivo de su recurso, en el que denuncia infracción o interpretación errónea de los arts. 1.1 , 8.1 y disposición adicional primera del RD Ley 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los arts. 1 y capítulo III de la Ley 20/2007, de 11 de julio, que regula el Estatuto del Trabajador Autónomo, Directiva 2003/88/CE , relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y Auto de 22 de abril de 2020 dictado por la Sala Octava del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al considerar que ha quedado acreditado que unilateralmente, los repartidores deciden cuando trabajan y cuando no y como lo hacen ante la ausencia de organización de su actividad por parte de Glovo, que no se trata de medidas ficticias, ya que ha quedado acreditado en contra de lo afirmado por la Inspección, que los repartidores que más facturan son los que más hacen uso de la flexibilidad, dejan de ir a las horas previamente reservadas o reasignan más pedidos, y que, en cuanto al modo de prestar el trabajo, se dan las circunstancias fijadas por el auto del TJUE de 22 de abril de 2020.

Por tanto, entiende la recurrente que el hecho de que Glovo ofrezca a los profesionales independientes los servicios, circunstancia inherente al funcionamiento de la aplicación, y de que tanto ella como los usuarios emitan algunas instrucciones sobre el servicio, no empecen a la conclusión de que se trata de trabajadores por cuenta propia, pues, como ha señalado la doctrina judicial ante casos similares, "las elementales e imprescindibles instrucciones que la empresa le diera al demandante para cumplir los servicios no es exclusivo del contrato de trabajo, sino que es una realidad compartida con los contratos mercantiles, en los que la parte que paga el servicio impone algunas condiciones para que el mismo se ejecute a su satisfacción" ( STSJ País Vasco de24 de Julio de 2001, Rec. 1465/2001). Asimismo, ha de tenerse en cuanta la inexistencia de sometimiento a una jornada ni a un horario regular que, como viene señalando la jurisprudencia, constituyen vigorosos indicios de autonomía en la prestación de trabajo ( STS 13 de noviembre de 2001 (RJ/ 2002/836); STS de 22 de enero de 2001 y STS 23 de octubre del 2003 (RJ/2003/9075).

2. En cuanto a la naturaleza de la relación que vinculaba a los repartidores con la empresa demandada, determinando si se trata de una relación laboral en los términos del artículo 1.1 del E.T, es una cuestión que ha sido en gran medida resuelta por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en el recurso de casación para unificación de doctrina de fecha 25 de septiembre de 2020 (Rec. 4746/2019), que analiza no sólo la legislación española, sino también las normas del TFUE y la Directiva 2003/88/CE sobre determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo.

Y conforme concluye dicha sentencia:

"En definitiva, GLOVO no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. No se limita a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y auténticos trabajadores autónomos, sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo. Se trata de una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando el precio y condiciones de pago del servicio, así como las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma, como lo demuestra el hecho de que Glovo establece todos los aspectos relativos a la forma y precio del servicio de recogida y entrega de dichos productos. Es decir, tanto la forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo. La empresa ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo.

Glovo ha establecido medios de control que operan sobre la actividad y no solo sobre el resultado mediante la gestión algorítmica del servicio, las valoraciones de los repartidores y la geolocalización constante. El repartidor ni organiza por sí solo la actividad productiva, ni negocia precios o condiciones con los titulares de los establecimientos a los que sirve, ni recibe de los clientes finales su retribución.

El actor no tenía una verdadera capacidad para organizar su prestación de trabajo, careciendo de autonomía para ello. Estaba sujeto a las directrices organizativas fijadas por la empresa. Ello revela un ejercicio del poder empresarial en relación con el modo de prestación del servicio y un control de su ejecución en tiempo real que evidencia la concurrencia del requisito de dependencia propio de la relación laboral.

Para prestar estos servicios Glovo se sirve de un programa informático que asigna los servicios en función de la valoración de cada repartidor, lo que condiciona decisivamente la teórica libertad de elección de horarios y de rechazar pedidos. Además Glovo disfruta de un poder para sancionar a sus repartidores por una pluralidad de conductas diferentes, que es una manifestación del poder directivo del empleador. A través de la plataforma digital, Glovo lleva a cabo un control en tiempo real de la prestación del servicio, sin que el repartidor pueda realizar su tarea desvinculado de dicha plataforma. Debido a ello, el repartidor goza de una autonomía muy limitada que únicamente alcanza a cuestiones secundarias: qué medio de transporte utiliza y qué ruta sigue al realizar el reparto, por lo que este Tribunal debe concluir que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo entre el actor y la empresa demandada previstas en el art. 1.1 del ET , estimando el primer motivo del recurso de casación unificadora ".

Asimismo en relación a la empresa "GLOVO", aquí demandada, se pronunció también este TSJA, Sala de Málaga, en la sentencia de 18/11/2024, (rec. 813/2024), en la que se señalaba "Sobre tales presupuestos fácticos, es de plena aplicación la doctrina del Tribunal Supremo contenida en su sentencia 25 de septiembre de 2020 ( ROJ: STS 2924/2020, Recurso: 4746/2019) en donde, para evitar reiteraciones innecesarias al haber sido ya transcrita en lo esencial por el Juzgador, el Pleno de la Sala IV proclama en cuanto a la calificación de la relación, tras una profusa labor argumental, que no concurren las condiciones exigidas por el art. 11.2 de la LETA para que los repartidores tengan la condición de TRADE y sí, por el contrario, las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. La empresa presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, estando sujetos a las directrices organizativas fijadas por la empresa. La forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo , que ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo.

Las notas descritas en el anterior razonamiento jurídico conducen de fijo a concluir que el Glovo no es sino la auténtica y real empleadora, al controlar de manera efectiva, mediante el proceso algoritmizado de la aplicación que facilita a los repartidor, todo el proceso de recadería, descrito de manera detallada y minuciosa en el Acta elaborada por la Inspección de Trabajo y que ha servido al Juzgador para formar su convicción, cuyo relato de hechos probados no ha sido objeto de debate en la presente suplicación".

En este caso, los hechos recogidos en el acta de liquidación, asumidos en su sentencia por el juez de instancia, detallan la forma y condiciones de prestación de servicios por parte de los repartidores, coincidentes en todos sus extremos con las recogidas por la citada sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020, con lo que la conclusión no puede ser sino la misma, la laboralidad de la relación.

Por otra parte, como se expone en la sentencia del TSJ de Castilla-León (Valladolid) de 19/2/24 (rec. 2597/22), "Es cierto, en fin, que el TJUE dictó auto el día 22 de abril de 2020, asunto C 692/19 , que se cita y se dice infringido, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Watford relativa a la calificación jurídica de la relación de un transportista con una empresa de transporte de paquetería. En dicho auto el TJUE dispone que la Directiva 2003/88/CE , relativa a determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que excluye de ser considerado "trabajador" a los efectos de dicha directiva, a una persona contratada por su posible empleador en virtud de un acuerdo de servicios que estipula que es un empresario independiente, si esa persona dispone de facultades:

- de utilizar subcontratistas o sustitutos para realizar el servicio que se ha comprometido a proporcionar;

- aceptar o no aceptar las diversas tareas ofrecidas por su supuesto empleador, o establecer unilateralmente el número máximo de esas tareas;

- proporcionar sus servicios a cualquier tercero, incluidos los competidores directos del empleador putativo: y

-fijar sus propias horas de "trabajo" dentro de ciertos parámetros y adaptar su tiempo a su conveniencia personal en lugar de únicamente los intereses del supuesto empleador.

Pero, el TJUE establece dos salvedades:

1) Que la independencia de esa persona no parezca ficticia.

2) Que no sea posible establecer la existencia de una relación de subordinación entre esa persona y su supuesto empleador.

Y en ese caso, la independencia de los trabajadores si parece ficticia y es posible establecer la existencia de una relación de subordinación".

Por lo expuesto, el motivo de censura jurídica de la sentencia que nos ocupa debe ser rechazado.

OCTAVO:1. Por último, denuncia la recurrente en el siguiente motivo infracción o interpretación errónea del art. 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, alegando que la previsión legal de la figura del TRADE obliga a hacer un esfuerzo de graduación en la apreciación de las notas calificadoras del contrato de trabajo, de suerte que el tradicional análisis binario -o estamos ante un trabajo por cuenta propia o ante un trabajo por cuenta ajena- cede el paso a un análisis ternario, más rico y complejo, que reconoce un espacio propio para la figura del trabajador autónomamente dependiente, porque, en efecto, tal ha sido la voluntad del trabajador al preverlo y dotarlo de un régimen jurídico singular.

En suma, la recurrente entiende que el requisito del riesgo y ventura de la actividad propia del trabajador autónomo queda desdibujada en su trascendencia cuando los frutos del trabajo se reparten entre el cliente a favor de quien se ejecuta la actividad y el profesional que la lleva a cabo, máxime cuando, como establece la norma, la contraprestación percibida no es por la actividad misma sino por su resultado.

2. Según el artículo 11 reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo, TRADE es el autónomo que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que depende económicamente por percibir de él, al menos el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

Como se recuerda en la sentencia del TSJ de Valladolid antes reseñada, "Es cierto, como se expone en el motivo, que es una figura que no ha arraigado. En ningún momento desde 2007 ha llegado a representar un porcentaje importante del colectivo de autónomos. Pese a que se trata de trabajadores autónomos, existe cierto rasgo de liberalización, como el aforamiento de las reclamaciones ante el orden jurisdiccional social o la existencia de despido y también una peculiar negociación colectiva (acuerdos de interés profesional: AIP).

También es cierto que este tipo de profesionales que prestan sus servicios para las plataformas gozan de una gran libertad y que la subordinación tiende a minorarse en virtud de las nuevas tecnologías, y, sobre todo, prestan servicios en aquellos momentos que tenga por conveniente. El propio recurso afirma que los repartidores han hecho uso de las herramientas de flexibilidad, no han acudido a franjas horarias previamente reservadas, han desistido de pedidos previamente aceptados, no hacen uso del algoritmo mediante el sistema manual. Rasgos que han invitado a pensar en una categoría intermedia entre trabajo autónomo y el trabajo subordinado, el llamado "trabajo coordinado".

Sin embargo, el TRADE, no lo podemos olvidar, es, en nuestro ordenamiento, un subtipo de trabajador autónomo conforme a la definición dada por el legislador español aunque después cumpla ciertas singularidades en su régimen jurídico".

Y en el caso que se analiza en dicha sentencia, al igual que en el presente supuesto, aun considerando determinadas singularidades, se trata, sin embargo, de trabajadores por cuenta ajena.

En efecto, como se desprende igualmente del contenido de los hechos probados de la sentencia de instancia, se sirve (GLOVO) de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma pues es la empresa GLOVO quien establece todos los aspectos relativos a la forma y precio del servicio de recogida y entrega de los pedidos.

En este sentido, la tan aludida STS de 25 de septiembre de 2020 , ya expresaba que este tipo de trabajadores autónomos exigen los rasgos de los que los trabajadores de GLOVO carecen. pues:

1) No llevan a cabo su actividad con sus propios criterios organizativos sino con sujeción estricta a los establecidos por Glovo.

2) Únicamente cuentan con una moto y un móvil, Se trata de medios accesorios o complementarios. La infraestructura esencial para el ejercicio de esta actividad es el programa informático desarrollado por GLOVO que pone en contacto a los comercios con los clientes finales. La citada plataforma constituye un elemento esencial para la prestación de servicio. De forma que, según dicha sentencia, el actor carecía de una infraestructura propia significativa que le permitiera operar por su cuenta.

Por tanto, no se acredita la concurrencia de la mayoría de las condiciones a las que hace referencia el artículo 11.2 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, tales como "disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente" [párrafo c)], dado el contraste referido en ente los avanzados instrumentos tecnológicos de los que es titular la demandada (plataforma digital y aplicaciones informáticas), y los medios tan poco significativos que aporta el actor (teléfono móvil y motocicleta). Tampoco concurre el requisito de "desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente" [párrafo d)], capacidad de auto-organización que se demuestra prácticamente inexistente, sin que sea preciso insistir en lo ya argumentado para llegar a tal conclusión. Asimismo, tampoco asume el riesgo y ventura de su actividad [párrafo e)].

Tratándose, en suma, como se concluye igualmente en la sentencia del TSJ de Valladolid, de un supuesto de falsos autónomos. Como pone de manifiesto el antecedente 8 de la Directiva 2.019/1.152/UE : "(..) Los trabajadores que realmente sean por cuenta propia no deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva ya que no cumplen estos criterios. El abuso de la condición de trabajador por cuenta propia conforme lo define la legislación nacional, ya sea a escala nacional o en situaciones transfronterizas, es una forma de trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el trabajo no declarado. El falso trabajo por cuenta propia se produce cuando una persona es declarada como trabajador por cuenta propia aun cuando se cumplen las condiciones propias de una relación laboral, con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas o fiscales. Estos trabajadores deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva (...)",por lo que el motivo que nos ocupa tampoco puede ser acogido, y en consecuencia, el recurso debe ser desestimado.

NOVENO:En materia de costas, de conformidad con lo establecido en los artículos 235.1 y 204.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , procede la condena en costas a la entidad recurrente, que comprenden el pago de la minuta de honorarios del letrado o graduado social de la parte impugnante, los cuales se fijan en 600 euros más IVA.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la misma Ley debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación,