Sentencia Social 1710/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 830/2025 de 15 de julio del 2025

PRIMERO.-La instancia ha desestimado la demanda de despido interpuesta por Don Marino frente a la empresa ALBIA GESTION DE SERVICIOS SLU, y SANTA LUCIA CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA (tras desistir en el acto de juicio de la acción frente a NEW NORRKEN CONSULTING GROUP SL).

En el escrito rector, sostenía el actor que las causas invocadas para proceder a su despido eran falsas e infundadas, que únicamente se le había otorgado un trámite de alegaciones en procedimiento sancionador con un plazo de cinco días para contestar a las acusaciones vertidas por la empresa pero sin posibilidad de explicarse verbalmente ante la Comisión que había investigado los hechos que sustentan su despido, incumpliendo así la empresa el Convenio 158 de la OIT, por lo que el despido en todo caso era improcedente. Rechazaba los comportamientos atribuidos para proceder a la extinción de su contrato de trabajo, ofreciendo razones para declarar la nulidad de su despido o, subsidiariamente, su improcedencia, invocando la lesión de derechos fundamentales en concreto el artículo 14 CE.

La decisión judicial descarta la nulidad del despido al no apreciar lesión de derechos fundamentales del demandante, así como cualquier indicio de un actuar de la demandada lesivo de los derechos fundamentales del trabajador; en orden a la falta de cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 158 del Convenio OIT, que considera aplicable conforme a la STS de 18 de noviembre de 2024 (rcud 4735/2023) que transcribe, concluye que en este supuesto se ha facilitado al trabajador en innumerables ocasiones que explicara su actuación, que en todo momento ha sido conocedor de cuál era el procedimiento seguido por parte de la empresa, que además se llevó a cabo una auditoría y se le pidió que estuviera presente, y no quiso hacerlo, que habló con su superior al que reconoció los hechos por WhatsApp si bien luego los borró, todo lo cual le lleva a descartar el incumplimiento de requisitos de forma en el despido operado.

La Sentencia considera acreditados los incumplimientos atribuidos en la comunicación de despido, que el demandante ha incurrido en una conducta transgresora de la buena fe contractual, realizando gastos que no ha justificado, y falsificando documentación contable, manipulando tiques para intentar justificar gastos cuando gran parte de estos eran ajenos a la empresa, todo lo cual determina que declare procedente el despido, desestimando en su integridad la demanda.

El recurso de suplicación que entabla Don Marino interesa la revocación de la Sentencia y un pronunciamiento de la Sala que declare la nulidad de su despido, fijando una indemnización complementaria por los daños y perjuicios sufridos que cifra en 1 año de salario, o bien se declare la nulidad de la Sentencia con reposición de las actuaciones al Juzgado de lo Social a fin de dictar una nueva Sentencia.

Se ha presentado escrito impugnando el recurso por parte de la empleadora del demandante, ALBIA GESTIÓN DE SERVICIOS SLU (en adelante ALBIA), en el que solicita la confirmación de la Sentencia.

SEGUNDO.-El primero de los motivos, sustentado en el artículo 193 b) LRJS, contiene tres apartados a través de los cuales interesa la revisión de hechos probados de la Sentencia, en concreto de sus ordinales quinto, sexto y séptimo.

Venimos sosteniendo que la revisión de hechos probados en un recurso extraordinario como es el de suplicación, exige la concurrencia de una serie de requisitos establecidos en la norma legal, e interpretados jurisprudencialmente, consistentes en primer término en la relevancia de la modificación propuesta para el resultado del recurso y, por supuesto, ha de existir un error en la redacción de hechos probados de la Sentencia ( STS 13 de marzo de 2019, rec. 63/2018).

Además, y de manera fundamental, se exige que la certeza del dato cuya inclusión se interesa, o la falta de veracidad de aquél que se pretende eliminar, queden evidenciados de manera indubitada, concluyente e inequívoca, por la fuerza directa que derive de documentos o pericias obrantes en las actuaciones, sin precisar la adición de ninguna otra prueba, y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas ( STS de 26 de febrero de 2019, rec. 185/2017).

Cuando el contenido del documento o de la pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, de forma razonada, y no arbitraria o erróneamente, mayor valor, tampoco se acogerá la revisión de hechos probados puesto que es al Juzgador de instancia a quien corresponde la valoración de la prueba que se somete a su consideración, sin que la Sala pueda alterar esa opción probatoria, salvo en supuestos de error, o arbitrariedad judicial. Finalmente, no puede descansar la reforma en igual documental o pericial ya asumida por el Juzgador para confeccionar el hecho probado, salvedad hecha del error en esa valoración judicial.

El hecho probado quintorefleja que el 5 y 6 de octubre de 2023, se realiza una auditoria anual de caja en el centro de Eibar ( Gipuzkoa), cuya conclusión es la siguiente: "Como conclusión, de la información analizada desde el 1 de noviembre de 2022 (fecha de la última de auditoría) hasta el 30 de septiembre de 2023, se han detectado incidencias graves en el control y registro de las operaciones correspondientes a salidas de efectivo de caja.

Las mismas, están valoradas en un importe total de 21.019,42 euros, de los cuales 5704,00 euros corresponden con gastos personales con traza en SAP, y 15.35,42 euros, corresponden a gastos sin traza en SAP, de los cuales 3869.97 corresponden a gastos personales de carnicería, viajes y compras varias, y el resto correspondientes a las casuísticas detallada anteriormente en las páginas comprendidas entre las 7-11".

En su lugar, y con apoyo en el mismo documento que sirve a la Juzgadora para construir el ordinal (documento 14 de la demandada, 61 del índice electrónico, y no 38 como indica), pretende añadir que la auditoria anual de caja la lleva a cabo la mercantil NEW NORRKEN CONSULTING GROUP SL, por medio de tres empleados suyos, quedando inalterado el resto del ordinal en cuanto a las conclusiones de la auditoría.

Reforma que no se acoge por resultar irrelevante, dado que no se discute que la mercantil que llevó a cabo la auditoría anual era una empresa externa, subrayando que el demandante inicialmente dirigió su pretensión también frente a dicha empresa, para acabar desistiendo frente a la misma en el acto de juicio (antecedente de hecho quinto de la Sentencia).

Por lo demás, la reforma pretende destacar que quienes llevaron a cabo la auditoría eran ajenos a la empresa, de manera que el expediente sancionador estaría viciado, conclusión que descartamos dado que lo esencial es si resultan acreditadas las irregularidades detectadas en la auditoría, y éstas habitualmente las llevan a cabo empresas externas debidamente registradas e independientes, a fin de garantizar la objetividad, imparcialidad y credibilidad del proceso.

A continuación, interesa la modificación del hecho probado sexto de la Sentencia;refleja el ordinal el envío por el actor a Dionisio el 7 de octubre de 2023, del siguiente WhatsApp: "Siento mucho la que he liado por mi mala gestión. Estoy muy jodido en casa, hoy es el cumpleaños de mi hija mayor y mira la que le he montado. Lo siento de veras Dionisio. No quiero molestarte, pero cuando tengas un rato me gustaría hablar contigo. MI teléfono ahora es: NUM001 por todos estos años, me gustaría poder hablar contigo. Un abrazo".

El recurrente sostiene que ese WhatsApp se envió desde un teléfono que ya no poseía, que lo había devuelto dos días antes, pretendiendo que se añada al ordinal que "Desde el desde el teléfono que el actor tenía y que había sido devuelto y retirado 2 días antes, en fecha 7 de octubre de 2023 se envía a Dionisio...".

Si bien consta en el documento 96 del índice electrónico (dentro del mismo el identificado con el nº 7) en el que se apoya la reforma, un documento fechado el 5 de octubre de 2023 que refleja que se procede a la retirada de teléfono móvil o llaves, quedando pendientes portátil y llaves de los centros y nave, además de ignorarse por la Sala si el móvil desde el que se envió el WhatsApp a Dionisio -según declara probado la Sentencia-, era el de la empresa o era un móvil personal del trabajador, o de otra persona, la Juzgadora ha valorado el documento 18 incluido en el documento 65 del índice electrónico, en el que consta el WhatsApp recibido por Dionisio en su teléfono, y concluye que fue el actor quien lo envío.

Y esta conclusión no se demuestra errónea o arbitraria conforme a lo expuesto, por lo que no se acepta la variación.

Concluye el capítulo de reformas fácticas con la propuesta en tercer lugar consistente en la modificación del hecho probado séptimo de la Sentencia.

Refleja el ordinal que con fecha 19 de octubre de 2023, se incoó expediente disciplinario, tras el conocimiento por la empresa del informe resultante de la auditoría realizada los días 5 y 6 de octubre de 2023 en el centro de Eibar. El recurrente propone una redacción conforme a la cual conste que fue la mercantil NEW NORRKEN CONSULTING GROUP SL quien incoa el expediente disciplinario, tras el conocimiento por la dirección de ALBIA del informe resultante de la auditoría realizada por dicha empresa.

El sustento lo constituye el documento 14 de la demandada, 61 del índice electrónico (no 38 como erróneamente se indica), que en absoluto demuestra lo pretendido. Como hemos expuesto, fue la citada empresa la encargada de realizar la auditoría (operativa habitual en las empresas, insistimos), pero no quien incoó el expediente disciplinario que fue la empleadora del actor, ALBIA, sin que el documento invocado pruebe lo que se pretende incluir en el ordinal.

TERCERO.-El primero de los motivos que contiene el 2º de los apartados del recurso, con sustento en el artículo 193 a) LRJS, pretende la nulidad de la Sentencia con sustento en la infracción de los artículos 97.2 LRJS, 218.1 y 2 LEC, y art. 24.1 CE, invocando la doctrina contenida en STC 27/03/2000, especialmente en lo referente al deber de motivación y valoración racional de la prueba.

Sostiene a lo largo del mismo que la Sentencia no motiva suficientemente el relato fáctico, siendo además el mismo insuficiente, tampoco realiza una adecuada valoración de las pruebas aportadas, extendiéndose sobre la prueba testifical practicada (y el desistimiento por la empresa de la prueba testifical de la Sra. Salvadora), no considerando adecuadamente expuesta la postura de la parte actora en el acto de juicio, vulnerando el principio de igualdad de armas, todo lo cual le genera clara indefensión.

La nulidad de actuaciones se concibe como un remedio extraordinario, contrario a la celeridad del proceso laboral, y a la seguridad jurídica y eficacia de los actos, siendo por ello el criterio de adopción de dicha medida por la Sala muy restrictivo, de manera que únicamente cuando concurra una notoria indefensión de la parte que no haya modo de paliar por otro cauce, exigiendo en todo caso la infracción de una norma procesal concreta, causante de real indefensión a quien solicita la nulidad, y siempre que se haya formulado en tiempo y forma la oportuna protesta pidiendo la subsanación de la infracción (salvo cuando la infracción procesal se cometa en la sentencia).

Pero además, cuando se denuncia la vulneración del art.24.1 CE, conforme a la STC 124/1994 de 25 de abril (rec.2903/1992), el derecho a la tutela judicial efectiva comporta la necesidad de que nunca se produzca indefensión, lo que significa que en todo proceso ha de respetarse el derecho a la defensa contradictoria de las partes contendientes mediante la oportunidad de alegar y probar sus derechos e intereses, siendo una exigencia derivada de los principios de contradicción y audiencia bilateral, que son básicas manifestaciones del derecho reconocido en el art. 24.1 CE, si bien matiza que "para que exista vulneración del derecho reconocido en el art. 24.1 CE , no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, sino que del mismo ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos, la eliminación o discriminación sustancial de los derechos que corresponden a las partes en el proceso ( SSTC 35/1989 , 52/1989 , 145/1990 , 61/1992 ).

La proyección de estos criterios al supuesto que se nos ofrece nos lleva a rechazar la nulidad de actuaciones.

Consideramos suficiente el relato fáctico que fija la sentencia, que expone el apoyo probatorio del mismo, no advirtiendo que se haya causado indefensión a la parte actora, por más que ésta no esté de acuerdo con la valoración probatoria llevada a cabo por la Juzgadora que sustenta el relato fáctico, pero ello no quiere decir que haya incurrido la Sentencia ni en incongruencia en alguna de sus variantes, tampoco que haya causado indefensión a la parte actora, salvo que se identifique la indefensión con la no aceptación de la postura que esta sostiene desde demanda.

CUARTO.-En el segundo motivo de este apartado de censura jurídica, sustentado en el artículo 193 c) LRJS, denuncia la infracción del artículo 55.1 ET, artículos 7 y 1 del Convenio 158 OIT, y artículo 85 LRJS, mostrando su disconformidad con la interpretación que lleva a cabo la instancia de la STS nº 1250/2024 de 18 de noviembre de 2024, sosteniendo la nulidad del despido.

Razona que tanto el procedimiento sancionador como el acto de despido, fueron promovidos por una empresa sin vínculo laboral o mercantil con el actor (NEW NORRSKEN GROUP SL), vulnerando el derecho de defensa y el principio de legalidad sancionadora, e insiste en que no se le permitió declarar en juicio, tampoco se notificó el expediente al representante legal de los trabajadores, se desistió por la empleadora de testigos clave para el conocimiento de los hechos, todo lo cual determina la nulidad del despido por infracción del procedimiento y vulneración de sus derechos fundamentales.

Crítica jurídica que no va a alcanzar éxito. Como se desprende de los hechos probados noveno y décimo de la Sentencia, ALBIA envió un mail a la representación legal de los trabajadores el 27 de octubre de 2023, esto es, de modo previo al despido del demandante, que consta comunicado el 28 de octubre del mismo año (hecho probado decimoprimero), mail al que acompañaba la comunicación de despido con varios anexos, informando también la fecha de efectos del despido, constando la recepción del documento por la representación de la parte social, que nada alegó.

Y previamente el 19 de octubre de 2023 se incoa el expediente disciplinario (hecho probado séptimo), y se dio traslado al demandante para alegaciones, que presentó el 25 de octubre de 2023 (hecho probado octavo, por error consta 2024), trámite que permite afirmar que el trabajador fue oído antes de la adopción de la medida disciplinaria, máxime cuando la Sentencia declara probado (fundamento de derecho tercero con valor fáctico), que en todo momento ha sido conocedor del procedimiento de despido, que se le solicitaron explicaciones ya en agosto de 2023 por parte del director de zona, que se le ofreció estar presente cuando se realizó la auditoría (y que declinó hacerlo), teniendo también una conversación por WhatsApp con su superior (en la que reconoció los hechos).

Si a todo lo anterior añadimos que la STS 1250/2024 de 18 de noviembre de 2024 (rcud 4735/2023), invocada por el recurrente, que rectifica doctrina previa de la misma Sala Cuarta (expuesta en sus Sentencias de 4 de noviembre de 1987 y 8 de marzo de 1988), al considerar que el artículo 7 del Convenio OIT 158 de aplicación directa establece que ha de permitirse que el trabajador pueda defenderse de los hechos o incumplimientos que se le imputan para proceder a su despido (salvo que, atendiendo a las circunstancias, el empresario justifique que no podía conceder la audiencia), subraya que basta con que se le otorgue al trabajador la oportunidad de ser oído antes del despido, estableciendo que esta exigencia es a partir de la publicación de dicha Sentencia que contiene la nueva doctrina.

En este supuesto, el demandante realizó alegaciones acerca de los incumplimientos imputados que sustentan su despido dado que era preciso el expediente disciplinario, sin que en todo caso fuera de aplicación la STS 1250/2024, dictada más de un año después de su despido.

Cuanto antecede conduce a rechazar el motivo.

QUINTO.-El motivo tercero que incluye este apartado 2º del recurso, con igual amparo en el artículo 193 c) LRJS, sostiene que se registró ilegalmente su lugar de trabajo, citando como quebrantados los artículos 18 y 20.3 del ET y STS 874/2024 de 5 de junio.

Razona que el Sr. Mariano (empleado de NEW NORRSKEN) accedió sin autorización ni aviso al espacio privado del actor, retirando documentación sin presencia de representante de los trabajadores, ni autorización judicial, o empresarial legítima, por lo que se han vulnerado derechos fundamentales (intimidad, dignidad y presunción de inocencia). Añade que la empresa, tras solicitar una testifical (Sra. Salvadora), desistió finalmente del interrogatorio, lo que ha causado indefensión grave al actor.

Censura jurídica que decae. Se ha demostrado que se posibilitó la intervención del actor en la auditoría, y éste declinó estar presente (sean o no causas justificadas las esgrimidas para ausentarse), y en orden a la testifical no fue el demandante quien solicitó esa prueba sino la empresa, y por tanto le correspondía a dicha parte que se practicara la prueba, o desistir del testimonio (como así hizo). Si el actor consideraba que era importante tal prueba para sus intereses, en tiempo y forma debió postular su práctica, lo que no efectuó.

Por lo demás, como resulta de la comunicación de despido (dentro del documento 97 del índice electrónico), y se desprende del informe de auditoría (documento 61 del expediente electrónico), la documentación que en todo momento revisó la empresa externa al realizar la auditoría, y que sirve de sustento al despido adoptado por la empleadora, son documentos y carpetas de contabilidad cuya titularidad corresponde a la empresa, y no al demandante, no constando que para acceder a la misma se haya examinado el correo del demandante o su ordenador, sin autorización del mismo.

Llegados a este punto, han resultado acreditados los incumplimientos atribuidos al demandante que ostentaba el cargo de gerente cuando los llevó a cabo, cargando en la cuenta de la empresa gastos diversos y ajenos a la misma por un total de 21.019, 42 euros de los que 5704 euros son gastos no autorizados, y los restantes gastos carecen de soporte documental, sin que haya logrado justificar mínimamente la procedencia de los mismos, tal y como expone de manera detallada la Sentencia en el fundamento de derecho tercero (párrafo 2º, comenzando por el final).

En suma, la transgresión de la buena fe imputada el demandante ha resultado demostrada vía las documentales incorporadas a las actuaciones, y conforme a la auditoría llevada a cabo, también de acuerdo con los testimonios que cita la Magistrada, todo lo cual determina como ha concluido la instancia, el carácter procedente del despido, por lo que previa desestimación del recurso de suplicación, procede confirmar la Sentencia recurrida.

SEXTO.-No ha lugar a la condena en costas al gozar el recurrente del beneficio de justicia gratuita ( artículo 235 LRJS) .