Sentencia Social 1317/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 740/2025 de 15 de julio del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima íntegramente la pretensión del demandante, de profesión habitual oficial metalúrgico en el Régimen General de la Seguridad Social, que prestaba servicios para la empresa demandada cuando sufrió accidente de trabajo bajo la cobertura de la Mutua codemandada.

La sentencia de instancia desestima la pretensión de estar afectado de incapacidad permanente total o subsidiariamente parcial derivada de dicho accidente laboral.

A medio del recurso de suplicación y mediante dos motivos respectivamente al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la representación letrada del demandante solicita la revocación de la sentencia de instancia y el reconocimiento de la situación de incapacidad permanente en el grado principal o subsidiariamente solicitado, con derecho a percibir en cada caso la correspondiente prestación económica tomando el importe de las respectivas bases reguladoras y, en su caso, fecha de efectos que la sentencia declara.

El recurso ha sido objeto de impugnación por la representación letrada de la Mutua codemandada, quien ha solicitado desestimación y confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Propone el recurrente un motivo de revisión fáctica para añadir un nuevo hecho probado duodécimo a la sentencia de instancia en cuanto considera aspectos relevantes omitidos los siguientes:

"En el informe del Hospital San Agustín de Avilés, de 12/24, ese recoge la siguiente situación: Brazo con vientre de bíceps en la zona superior del mismo. Atrofia de la zona en relación con la contralateral. Fuerza disminuida en la flexión y la pronación. Y en la Guía de Valoración Profesional del INSS para oficial metalúrgico se indica una carga física general y de manejo de cargas de 3/4 , así como el mantenimiento de posturas forzadas y el manejo de equipos cortantes y perforantes".Como documentos idóneos para la revisión interesada, señala un extracto de la Guía de Valoración Profesional del INSS para la profesión del actor (documento 2 del ramo de prueba de la parte actora) y el informe médico del Hospital San Agustín de Avilés, de diciembre de 2.024 (documento 1 del ramo de prueba de la parte actora).

El motivo es impugnado por la Mutua recurrida defendiendo el acierto de la valoración judicial de la prueba en los términos que refleja la sentencia de instancia.

El recurso de suplicación tendrá por objeto revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. Mas en un recurso extraordinario -como es el que nos ocupa- las facultades para alterar las premisas fácticas de la sentencia de instancia están sujetas a requisitos de ineludible cumplimiento por haber correspondido en nuestro ordenamiento laboral al juzgador de instancia la valoración de la prueba en toda su amplitud, único que ex artículo 97.2 LJS ha tenido plena inmediación en su práctica. Consecuentemente, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha venido desde tiempo atrás reiterando que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia [...], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin"( sentencia de 24 de septiembre de 2.015, rco. 309/2014, entre otras muchas).

Eso es tanto como asumir que la norma procesal "no permite la reconsideración plena del material probatorio. Se limita, por el contrario, a posibilitar un reexamen excepcional de la declaración de hechos probados cuando a la luz de ciertas pruebas [...], se acredite que algún extremo de la misma es, sin duda, equivocado. Las consecuencias de esta configuración legal son múltiples puesto que condiciona las posibilidades reales de que la revisión de hechos probados se produzca [...]. El peligro de que [...] se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican las limitaciones legales y jurisprudenciales existentes en orden a la revisión de hechos probados"( sentencia del Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo de 14 diciembre de 2.022 (rco. 131/2022).

La previsión legal que permite la eventual revisión de los hechos probados según determinadas pruebas practicadas conlleva que las reglas aplicables a la revisión a que habilita el motivo de recurso de suplicación exijan al recurrente cuantas dicha sentencia del Pleno más recientemente ha compendiado por exigir «Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]»,como «Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos»y «Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. [...]

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo. La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, "la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes" ( STS de 27 de marzo de 2000, rcud 2497/1999 ) [...]».

La pretensión no puede merecer favorable acogida porque partimos de recordar que las facultades para alterar las premisas fácticas de la sentencia de instancia están sujetas a requisitos de ineludible cumplimiento al corresponder en nuestro ordenamiento laboral al juzgador de instancia la valoración de la prueba en toda su amplitud por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( sentencias del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2.010, rco. 56/2010; 14 de abril de 2.011, rco. 164/2010; 25 de enero de 2.012, rco. 30/2011; y 6 de marzo de 2.012, rco. 86/2011). Sin embargo, la adición concerniente a la guía de valoración profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social no puede ser admitida. En que en sede de incapacidad permanente lo exigible es el examen y ponderación de los requerimientos de la profesión habitual. Para ello es el Juzgador a quoquien, de conformidad con el artículo 97.2 LJS, tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar un documento que no deja de ser meramente orientativo y no tiene sin más eficacia para acceder a hechos probados como tal.

Y de otra parte, conviene advertir que el informe médico invocado forma parte de la totalidad de informes médicos que forman parte de la prueba que fue expresamente valorada por la Juzgadora a quoen sede de fundamentación jurídica. Por ello, ya de entrada el cuadro del hecho probado sexto describe también dolencias valoradas en el procedimiento previo a cuya revisión apela y la repercusión funcional actual de todas ellas se acomete con consideraciones de indudable valor fáctico que no resultan desvirtuadas a tenor de la valoración judicial ex artículo 97.2 LJS. La argumentación de la relevancia de la revisión propuesta confunde aspectos que transitan, en realidad, por la discrepancia con la valoración judicial de la prueba considerando una suerte de preferente naturaleza de la aportada de parte que no podemos admitir. Los informes médicos no son por su propia naturaleza documentos con decisivo valor probatorio, pues ni tienen atribuida una eficacia prevalente, ni disponen de garantías objetivas sobre el acierto de su contenido. Lo que el motivo de revisión fáctica "contempla es el presunto error cometido en la instancia y que sea relevante para el fallo"( Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2.006, rco. 79/2005, y de 20 de junio de 2.006, rco. 189/2004), cual no demuestra en el conjunto de informes valorados y el motivo por ello se desestima.

TERCERO.-Conjuntamente plantea el recurso un motivo de censura jurídica que denuncia infracción de lo dispuesto en el art. 194.1.b) y a) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la Disposición Transitoria Vigésima Sexta del mismo cuerpo legal.

Partiendo de la profesión habitual como oficial metalúrgico, esgrime sus exigencias y requerimientos en relación con el que juzga es el cuadro patológico objetivado tras el accidente de trabajo sufrido para sostener que ello le supone una plena privación de capacidad para las funciones más relevantes de conformidad con el artículo 194.4 de la Ley General de la Seguridad Social, en concordancia con el contenido de los artículos 11.1.b y 12.2 de la Orden de 15 de Abril de 1969 o, al menos, subsidiariamente una incapacidad permanente parcial.

En su escrito de impugnación la Mutua reivindica el examen exhaustivo de todo el material que fue aportado a autos, llegando a la convicción que juzga ajustada a Derecho.

Dar respuesta a la censura jurídica formulada requiere comenzar precisando de la normativa invocada que conforme al tenor literal del apartado primero del artículo 193 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social la incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, no obstando a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado si dicha posibilidad se estima médicamente incierta o a largo plazo. Es dentro del marco general que esta definición supone donde se enmarcan los distintos grados que regula el artículo 194 del mismo Texto Legal.

El grado total para la profesión habitual atiende conforme al artículo 194.1.b) y 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el apartado Uno de su Disposición Transitoria Vigésima Sexta, la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Se trata de un concepto más restringido en el que es preciso determinar si el trabajador presenta un déficit funcional duradero que le impida el ejercicio estable, eficaz y con rendimiento de las labores en las que se encuentra habitualmente ocupado.

Es reiterada la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia la que, con base, entre otras, en las inveteradas Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1.978, 26 de febrero y 21 de mayo de 1.979, 24 de julio de 1.986, 2 de julio de 1.987, 17 de enero de 1.989 y 9 de abril de 1.990, 11 de marzo de 1.991, ha venido declarando que, a los efectos de la invalidez permanente en el grado de total, la invalidez permanente atenderá fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales limitaciones determinen la efectiva restricción de la capacidad laboral. Son esas limitaciones funcionales resultantes y no las dolencias en sí las que han de ponerse en relación con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión habitual que se analiza, debiendo entenderse por profesión habitual aquella que el trabajador está cualificado para realizar, no un determinado puesto de trabajo.

También en la incapacidad permanente parcial las repercusiones orgánicas o funcionales duraderas de las patologías priman frente a los meros diagnósticos para merecer tal calificación -necesariamente referida a la profesión habitual-, si bien conforme al artículo 194.1.a) y 3 en relación con el apartado 2 del mismo precepto y la Disposición Transitoria vigésimo sexta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, atenderá a aquella situación de limitación funcional en que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al treinta y tres por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión aunque sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

Sentado lo anterior, el análisis aquí solo puede partir del relato de hechos probados porque que ha quedado inalterado. Cuantas consideraciones el recurrente ofrece con arreglo a sus propios informes carecen de eficacia práctica a efectos del éxito del recurso porque la Sala es mera revisora y, como reiteradamente tiene afirmado el Tribunal Supremo en relación a la conocida como "petición de principio" o el defecto de "hacer supuesto de la cuestión", la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación proscribe acoger como punto de partida del recurso premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida a las que la Sala debe atenerse ( Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2.018, rcud. 148/2.017).

El demandante tiene por profesión habitual la de oficial metalúrgico (hecho probado primero) y sufrió en fecha 4/12/2022 un accidente de trabajo por el que acudió el mismo día al servicio de urgencias del Hospital, "indicando que sufrió un accidente de la que iba de camino al trabajo, siendo el diagnóstico principal de tal servicio rotura de tendón distal bíceps brazo derecho, y pautando tratamiento de uso de cabestrillo, frío local, reposo relativo, no hacer esfuerzos brazo afectado, 1 Ibuprofeno cada 8 horas, si hay dolor y 1 Paracetamol cada 8 horas, si el dolor persiste con Ibuprofeno"(hecho probado cuarto). El INSS reconoció que el origen de la incapacidad temporal del trabajador era el accidente del 4 de diciembre de 2022 señalándolo como laboral (hecho probado séptimo).

En la exploración llevada a cabo por el servicio de asistencia de la Mutua se detalla "Brazo derecho: No hematoma ni edema, signo de Popeye +. Flexión completa. Señala dolor a punta de dedo a la inserción distal. NV distal conservado. Pierna derecha: no hematoma, no inflamación, no signo del hachazo, no dolor a la palpación cara posterior del muslo. Deambulación conservada mantenida. Musculatura ok. Nv ok"(hecho probado sexto).

La sentencia reseña tres exploraciones más. La primera de la médico que le exploró el 14 de julio de 2.023 "concluyendo que los resultados de la valoración de la función de mano y codo son incoherentes lo que implica qu el paciente ha realizado un esfuerzo submáximo o por debajo de sus capacidades"y "por lo tanto, dichos resultados no manifiestan su estado funcional real"(hecho probado octavo). La segunda días después, el 21 de julio de 2.023, al alta médica en que se detalla "acude solo, con vestido y desvestido autónomo no antiálgico, complexión atlética con buen desarrollo muscular miembros superiores, pectoral y cintura escapular. Brazo derecho: Signo de Popeye derecho. 37 cm a nivel bicipital bilateral. Arco de movilidad completo (igual a contralateral). En flexión toca cara anterior de hombro con índice bilateralmente. Extensión 0º bilateralmente, pronación y supinación completa. Dolor a la palpación distal. Muslo derecho: sin alteraciones en perimetrías, buena musculatura celda anterior y posterior muslo, no hematomas ni resaltes, molestias a la palpación 1/3 medio cara posterior de muslo, deambulación y cambios posturales desde sedestación autónomos no antiálgicos"(hecho probado noveno).

La exploración que tuvo lugar con ocasión del informe médico de síntesis describe funcionalmente el cuadro clínico residual de rotura de tendón distal de bíceps y desgarro muscular de biceps femoral derecho sufrido según "Exploración Física Entra solo . marcha autónoma no claudicante Aspecto correcto. Buen aseo y vestido. Bien nutrido perfundido.Normocoloreado. Abordable, colaborador pero algo de ansiedad relacionada con la secuela que presenta a nivel de MSD -Exploración osteoarticular y reumatológica: *Maniobras desvestido/vestido y calzado adecuadas. *MMSS: Hombros con arcos completos de movilidad.Dolor a la rotación interna de MSD. Brazo derecho con signo de Popeye, maniobra de yegarson y speed positivas , fuerza a la abducción contraressistencia de MSD 4/5, Fuerza distal 5/5 . * MMII : sin hematomas , atrofias , ni deformidades , se palpa induración en cara interna de bicpes femoral derecho , fuerza 5/5 proximal y distal, apreciando que en la Unidad se objetiva dolor a la rotación interna de MSD junto con discreta perdida de fuerza con la abducción contraresistencia así como signos habituales compatibles con rotura de bíceps derecho, especificando como tratamiento el médico y RHB"(hecho probado décimo).

Subraya la Juzgadora a quoen fundamentos de derecho que la conclusión que alcanzan los médicos evaluadores de la Mutua y del INSS es que el cuadro clínico residual no es de una relevancia que le impida cumplir con las tareas de su profesión considerando las exploraciones físicas a las que el trabajador fue sometido, lo cual así se avala porque "para el brazo derecho destacan como signos negativos o indicativos de lesión el signo de Popeye y el dolor a la palpación distal y en el muslo derecho molestias a la palpación y también el INSS, que concluye en la concurrencia de signos habituales de rotura del bíceps, pero describiendo al tiempo ... fuerza a la abducción contraressistencia de MSD 4/5 , Fuerza distal 5/5 . MMII : sin hematomas , atrofias , ni deformidades, fuerza 5/5 proximal y distal, apreciando que en la Unidad se objetiva dolor a la rotación interna de MSD junto con discreta pérdida de fuerza con la abducción contraresistencia"(fundamento de derecho tercero). Se trata de una descripción que no franquea una incapacidad permanente ni siquiera parcial, añadiendo que "el accidente en sí tampoco parece que fuera de una gravedad tal como para que derivara en la situación descrita en la demanda"y que "tampoco ayuda a la tesis de la actora el informe emitido en fecha de 14 de julio de 2023 en el que se a entender que el trabajador no fue colaborador con las pruebas realizadas, evitando así un informe concluyente de su estado físico real".

Hecha una valoración conjunta de la prueba aportada, el solo informe médico más reciente citado es, ante su contradicción con los informes precedentes y la preferencia otorgada por el órgano de instancia a éstos, insuficiente para desvirtuar las consideraciones expuestas. Las exigencias de la profesión habitual al nivel afectado no pueden desconectarse de la situación funcional que se describe como acreditada con arreglo a la valoración judicial de la prueba. Las precedentes consideraciones fácticas cohonestan con la conclusión judicial de un modo que impide al recurso prosperar. Cuanto no tienen reflejo en hechos probados no puede alcanzar a desautorizar la conclusión judicial y las circunstancias físicas y exploración avalan la desestimación de la pretensión de incapacidad permanente en ambos grados. Se trata de discretas limitaciones descritas con rangos funcionales que no acarrean una situación actualmente incompatible con la realización de las principales tareas de la profesión habitual, como tampoco con una mayor penosidad en el porcentaje exigible.

Subyace así en la decisión judicial una valoración de los elementos probatorios cristalizada en el cuadro descrito en hechos probados que escapa a los argumentos del recurso e impide su éxito. Correspondiendo en nuestro ordenamiento laboral al Juzgador de instancia la valoración de la prueba en toda su amplitud para la fijación de las dolencias y el alcance incapacitante de las mismas, sin que se evidencie en esta sede su equivocación ( sentencias del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2.010 -rco. 56/2010-, 14 de abril de 2.011 -rco. 164/2010-, 25 de enero de 2.012 -rco. 30/2011- y 6 de marzo de 2.012 -rco. 86/2011-), la censura jurídica debe ser igualmente rechazada.

En virtud de lo expuesto, procede la íntegra desestimación del recurso, confirmando la sentencia recurrida.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,