Sentencia Social 1336/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 957/2025 de 16 de octubre del 2025

PRIMERO.- La parte actora y el INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA ( en adelante, IASS) interponen sendos recursos de suplicación frente a la sentencia nº 106/2025 dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas en los autos nº 225/2024 seguidos en materia de Derechos fundamentales ( art. 28.2 CE- Derecho a huelga-) con petición de indemnización por daño moral que se cuantifica en 7.501 euros.

En la demanda origen de estas actuaciones se solicita:

"A) Se declarare la nulidad de Ios servicios mínimos impuestos a la demandante desde el 5 de diciembre hasta el 21 de junio de 2023, ambos inclusive, condenando a las empleadoras demandadas a estar y pasar por dicha declaración.

B) Se reconozca el derecho de la demandante a percibir la cantidad de 15.000 euros en concepto de indemnización por daños morales causados, condenando solidariamente a las codemandadas a su abono".

La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y previa declaración de haberse vulnerado el derecho a huelga de la parte actora por la resolución del IASS de 2/12/22, se condena al IASS a abonar al actor la cantidad de 7.501 euros en concepto de daños morales , absolviéndose al resto de las codemandadas.

Los recursos han sido impugnados. El de la parte actora por el IASS SL Y el recurso del IASS ha sido impugnado por la parte actora y la codemandada UTE ICOT-INSURE

Por razones sistemáticas se resuelve, en primer lugar el recurso planteado por el Instituto condenado.

SEGUNDO.- RECURSO DE SUPLICACIÓN DEL IASS

2.1º- En los tres motivos del recurso, al amparo del art. 193 c) de la LRJS se denuncia la infracción de normas sustantivas y jurisprudencia.

En un primer bloque se denuncia infringido el art. 3 d) de la LRJS , en relación con el art. 182.1a) de la LRJS.

En un segundo bloque , también se denuncia la infracción del art. 2 f) de la LRJS.

Por último, el tercer bloque refiere a la infracción del art. 10 de la LEC .

Entiende el Instituto recurrente que las disposiciones que establezcan las garantías tendentes a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o dependencias y los porcentajes mínimos de personal necesarios a tal fin, no son competencia del orden de lo social, dejando a salvo, - este mismo apartado de la Ley -, para conocer por el orden social de las impugnaciones exclusivamente referidas a los actos de designación concreta del personal laboral incluido en dichos mínimos, que es lo que en este procedimiento se está dilucidando, y lo que se pide en el primer apartado del suplico de la demanda

Por tanto, a criterio de esta recurrente, cuando la juez de instancia concluye que la resolución del IASS que fija los servicios mínimos, dictada el 2 de diciembre de 2022, ha vulnerado el contenido esencial del derecho de huelga de la trabajadora, entendemos que se ha infringido el artículo 3 d) de la LJS, y la jurisprudencia dictada al efecto, puesto que se está pronunciando sobre una materia excluida de la jurisdicción social, pues dicha resolución es la que fijó los servicios mínimos, es la disposición dictada por la Administración para asegurar el funcionamiento del servicio público esencial de la comunidad. Igualmente señala que infringe el art. 182.1º de la LRJS porque la magistrada se separa de lo solicitado en el "petitum" de la demanda.

También se denuncia la infracción del art. 2 f) de la LRJS porque la Juez de instancia condena al IASS a abonar a la trabajadora una indemnización en concepto de daños morales, fundamentándola en el citado precepto, señalando así en el punto 14 del Fundamento Jurídico Segundo de la sentencia, que la jurisdicción social es competente para conocer sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones Públicas referidas exclusivamente al personal laboral. Este precepto es de aplicación cuando la Administración actúa en materia de derechos sindicales o huelga sobre su propio personal y que éste sea laboral, pero resulta que el personal laboral que presta servicios en el Centro Sociosanitario El Pino, es personal contratado por la mercantil UTE ICOT INSURE, adjudicataria de la gestión del servicio público en dicho centro, es decir, la parte actora no es personal laboral de esta administración, por tanto, no es de aplicación este artículo.

Por último se señala que concurre falta de legitimación pasiva del IASS en el pleito, desde el momento que lo que se impugna en la demanda es la selección del actor para integrar los servicios mínimos, decisión en la cual nada tuvo que ver esta recurrente. No obstante lo anterior y a pesar de reivindicar la citada excepción procesal, en el "petitum " del recurso se solicita (sic):

"se dicte sentencia que estimando el recurso, revoque la de instancia, desestimando totalmente la demanda planteada, y en consecuencia, se absuelva a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra."

La parte actora impugnante se opuso en base a la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, y se destaca que en la demanda se ejercita una acción de protección del derecho de huelga en su dimensión individual, que considera vulnerado al no haber podido adherirse a los paros convocados como consecuencia de la imposición de unos servicios mínimos posteriormente anulados, a pesar de haber anunciado a su empleadora su voluntad de hacerlo. Esta pretensión se dirige no solo frente a la empleadora del actor (ex art. 2 f) LRJS) ,sino, además , también frente al IASS, como autora de la actuación ilícitamente limitadora del ejercicio del derecho fundamental lesionado.

Igualmente entiende que no se vulnera el art. 2 f) LRJS que prevé la posibilidad de dirigir la acción también frente a terceros vinculados por cualquier título, cuando la vulneración tenga conexión directa con la prestación de servicios.

Y, por último, y respecto al alegato de falta de legitimación pasiva , habiéndose probado que el IASS determinó el número de personas trabajadoras en servicios mínimos de modo que la empleadora se limitó a cumplir con dicha resolución.

Por su parte, la impugnante UTE ICOT-INSURE se opuso al anterior recurso considerando que sí concurre legitimación pasiva del IASS en el proceso, dado que lo que se juzga no es el acto administrativo dictado por la codemandada, sino la consecuencia del mismo, y si el incumplimiento formal imputable a la misma, supone una vulneración de un derecho fundamental o no, y si es indemnizable. Desde el momento en que es dicha administración la que dicta la resolución, sí ostenta esa legitimación pasiva. No obstante, igualmente considera que la sentencia sí infringe las previsiones del artículo 28.2 de la Constitución . Se destaca que habiéndose anulado las resoluciones del IASS por defectos formales, en un caso por falta motivación y en otro por falta de competencia no puede concluirse de forma automática que concurre vulneración del derecho de huelga sin haberse analizado el fondo de los servicios mínimos establecidos por la Administración. En cualquier caso, esta impugnante entiende que se limitó a cumplir la decisión administrativa, aparentemente ajustada a derecho. Igualmente pone de relieve que la sentencia recurrida vulnera el art. 1101 del C. civil pues no ha quedado probado que la recurrente haya incurrido en dolo o negligencia o morosidad frente a la parte actora. Y, por último, en cualquier caso, la determinación de los servicios mínimos, estaba amparada, entre otros motivos, en dotar de seguridad la salud y la vida de los usuarios del centro.

Resolvemos.

Esta Sala ya ha resuelto la controversia que nos ocupa en asunto sustancialmente igual.

Se trataba de recurso del IASS frente a sentencia de instancia condenatoria en la misma cantidad y concepto que la actualmente recurrida. Nos referimos a nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2025 (Rec. 750/2025 ) en la que decíamos:

"La acción ejercitada es la de tutela del derecho fundamental a la huelga en su dimensión individual. La demandante sostiene que la imposición de unos servicios mínimos posteriormente anulados le impidió secundar la huelga.

La acción de tutela de derechos fundamentales es de contenido complejo, dirigida a obtener al mismo tiempo una tutela inhibitoria respecto del acto lesivo, una tutela restitutoria o de reposición del derecho vulnerado, y una tutela resarcitoria de los daños producidos. Estas son las pretensiones en las que se vertebra el suplico de la demanda y el artículo 2. f) LRJS es claro al establecer que las cuestiones litigiosas que se promuevan sobre tutela del derecho de huelga contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título entran en el ámbito del orden jurisdiccional social, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios, como es el caso.

Precisamente la STS 13 octubre 2021, rec. 4919/2018, FJ sexto.1, que resuelve sobre la prescripción de la reclamación por vulneración del derecho de huelga presentada tras haber sido declarada ilegal la fijación de servicios mínimos a cuyo amparo los demandantes fueron designados para cumplirlos, expresa:

"la reclamación desplegada (dirigida contra la empresa, aunque trayendo al litigio también al Ministerio de Fomento) corresponde al orden social a tenor de lo previsto en el artículo 2.f) LRJS".

Aclaramos, no se está impugnando la resolución que estableció los servicios mínimos a cumplir durante las jornadas de huelga, materia excluida de conformidad con el artículo 3.d) LRJS, y ello al margen de la falta de legitimación de las personas individuales para ejercitar tal tipo de acción. "La propia doctrina constitucional ha puesto de relieve que las personas encargadas de prestar los servicios mínimos no pueden impugnar de la decisión gubernativa que los fija . Y sin ese previo pronunciamiento difícilmente podrían invocar una derivada vulneración de su derecho de huelga" ( STS 13 octubre 2021 citada, FJ sexto.2).

La sentencia de la Sala Civil del TS de 34-7-2014, recurso 1583/2012 , explica que «hasta la entrada en vigor de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) , doctrina y jurisprudencia solían distinguir entre la legitimación "ad processum" [para el proceso] y la legitimación "ad causam" [para el pleito]. Pero dicha dualidad del concepto de legitimación ha desaparecido en la actualidad tras la entrada en vigor de la LEC de 7 de enero de 2000, pues la misma distingue entre capacidad procesal y legitimación, refiriendo esta última solo a la tradicionalmente denominada legitimación ad causam ( artículo 10 LEC "Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso") ( STS de 20 de febrero de 2006, RC nº 2348/1999 ). En la actualidad ( SSTS de 27 de junio de 2011, RC nº 1825/2008 y 11 de noviembre de 2011, RC. nº 905/2009 a las que hemos hecho referencia) la legitimación pasiva ad causam [para el pleito] consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida titularidad jurídica afirmada y las consecuencias jurídicas pretendidas ( SSTS 28 de febrero de 2002, RC n.º 3109/1996 , 20 de febrero de 2006, RC n.º 2348 / 1999 y 21 de octubre de 2009 ). En consecuencia, su determinación obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen ( STS 7 de noviembre de 2005, RC nº 1439/1999 ), lo que exige atender al contenido de la relación jurídica concreta, pues será esta, sobre la que la parte demandante plantea el proceso, con independencia de su resultado, la que determine quiénes son las partes legitimadas, activa y pasivamente".

El IASS niega que exista esa coherencia jurídica exigible entre su condición de parte procesal demandada y las peticiones que se deducen en el pleito: "desde el momento en que la demanda se dirige a impugnar la selección o designación realizada por la empresa sobre el trabajador para realizar los servicios mínimos, acto en el que esta Administración no interviene, es evidente que no puede ser condenada ni a estar y pasar por una declaración de nulidad y mucho menos, pretender que se nos condene al pago de una indemnización que pudiera resultar de dicha declaración de nulidad". Excepciona falta de legitimación pasiva

El argumento que ofrece la recurrente adolece de un error de base al identificar la acción ejercitada, nos remitimos a lo expuesto con ocasión del examen de la competencia. Y además pretende aprovechar y se sustenta en lo que la STS 13 octubre 2021 denomina "desajustes derivados de la ausencia de una regulación postconstitucional sobre el derecho de huelga" obstaculizando que quien considere existente una vulneración del derecho fundamental pueda accionar frente a la misma.

Como se expresa en STS 18 abril 2012, rec.153/2011:

"Es sobre los trabajadores requeridos para trabajar sobre los que se despliega el efecto de la nulidad de la resolución gubernativa y sobre los que se suscita la reparación de la lesión del derecho de huelga que aquélla comporta y ello incluso con independencia de que la empresa actuara en su momento amparada en el marco de legalidad que la citada decisión del poder ejecutivo le ofrecía.

Ante la producción del daño, cabe plantearse quién debe asumir el riesgo derivado del cumplimiento de una decisión gubernativa que, si bien ejecutiva, comporta la eliminación de un derecho fundamental y que, a la postre, se revela ilícita. Ciertamente, no resulta atribuible a la empresa una responsabilidad por culpa, al limitarse con su actuación al cumplimiento de la orden gubernativa de fijación de servicios esenciales.

Tampoco parece admisible apreciar una responsabilidad por riesgos que permitiera accionar el mecanismo de repetición ulterior frente al agente responsable por culpa, porque para ello hubiera sido preciso que, ante una situación de incertidumbre, la empresa hubiera actuado movida por una decisión propia y no, como sucede, en ejecución del mandato que, en suma, implica la decisión gubernativa.

(.) en el proceso contencioso-administrativo el sindicato accionante no ostenta la legitimación para reclamar la indemnización a los trabajadores afectados" y los trabajadores afectados carecen de legitimación para reclamar en aquel procedimiento contencioso-administrativo.

Como en esa sentencia se indica: "La anulación de la resolución gubernativa no puede ser irrelevante y, desde luego, no puede ser ignorada por los órganos judiciales a los que se les pida la tutela del derecho fundamental y que actúen, como instancia resarcitoria".

Es por ello que ejercitada la acción de tutela de derechos fundamentales la legitimación pasiva del IASS encuentra amparo en el artículo 177 LRJS que regula la legitimación activa de cualquier trabajador para accionar "cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios".

Fue la Presidenta del IASS, y no la autoridad administrativa competente, quien fijó los servicios mínimos declarados ilegales, y resulta ser además que es el IASS quien contrata con la UTE la gestión del Centro Sociosanitario El Pino, siendo la demandante trabajadora de la adjudicataria.

No cabe aceptar la pretendida irresponsabilidad laboral del IASS cuando es quien asume competencias que no le corresponden para disponer la fijación de unos servicios mínimos que una vez cumplidos se anulan judicialmente por no haber sido determinados por órgano competente, máxime cuando es el IASS la empresa principal, a la que la UTE adjudicataria sirve, y en cuya actividad productiva se proyectaría el ejercicio del derecho de huelga.

Se desestima el recurso."

Aplicando la anterior doctrina al caso debemos necesariamente desestimar, también en este caso, la denunciada vulneración del art. 10 de la LEC y a la falta de legitimación pasiva del IASS, pues la literalidad del art. 2 f) de la LRJS prevé expresamente la posibilidad de dirigir acciones en materia de vulneración de DDFF frente a "terceros vinculados " a la empleadora por cualquier título cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios .

Expuesto lo anterior, en cuanto a las alegaciones de naturaleza procesal, hemos de advertir al recurrente que la falta de legitimación pasiva ad causam no es una excepción procesal propiamente dicha, de las que regula el artículo 416 de la LEC en relación con el artículo 85.2 de la LRJS, sino que es una cuestión de fondo, a diferencia con lo que ocurre con la legitimación ad procesum, en la actualidad regulada en el artículo 416.1.1.º de la LEC . En consecuencia, no precisa ser alegada, tal y como mantiene el recurrente, y probada, sino que es un hecho constitutivo de la pretensión deducida por la parte actora y a ella incumbe acreditar los hechos que sustentan tal legitimación, de forma que si no lo hace y así se estima en la instancia, el resultado procesal no es de estimación de una excepción sino la desestimación de la demanda interpuesta.

Y así nos enseña la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2003, que trae a colación las resoluciones de la Sala Civil de dicho Tribunal de 18 de mayo de 1962 y 20 de diciembre de 1989: "Debiéndose distinguir, como establece la teoría científica, la "legitimatio ad processum" de la "legitimatio ad causam", según la terminología forense, aquélla, como capacidad que es necesario poseer para ser sujeto de una relación procesal y poderla realizar con eficacia jurídica, sin la cual no se puede entrar en el conocimiento de la cuestión de fondo; mientras que ésta aparece en función de la pretensión formulada, requiriendo una aptitud específica determinada, mediante la justificación necesaria para intervenir en una litis especial y concreta, por obra de una relación en que las partes se encuentran respecto a la cosa que es objeto del litigio; aquéllas, denominaciones de contenido más expresivo, según los tratadistas procesales, que el conocido desde antiguo, como falta de personalidad y falta de acción, que la doctrina jurisprudencial admitía ya desde la Sentencia de 22 de septiembre de 1860, en que así se declara, fecha desde la cual se viene diferenciando una y otra, no pueden ni deben ser confundidas, tanto por ser cosas distintas, como por los efectos diversos que de ellas se derivan, ya que la primera hace relación a la forma, se ha de fundar en la falta de las condiciones y requisitos que para comparecer en juicio se expresan en el n.º 2.º del art. 533 de la LECiv, mientras que la segunda, "sine actione legis", se basa en la falta de acción, de razón y de derecho que asiste quien litiga, falta que, por afectar al fondo del asunto, a la esencia de la pretensión que se reclama, sustancia el pleito".

Por todo ello, se desestima la denunciada infracción del art. 10 de la LEC y , también , en coherencia con lo anterior la referida al art. 2 f) de la LRJS por lo que respecta a una eventual condena de la recurrente.

Por lo que respecta a la infracción del art. 3. d) de la LRJS, tampoco se aprecia su vulneración , pues la sentencia de instancia no sostiene la condena a la recurrente no por la vía de la vulneración directa de las resoluciones del IASS en las que se fijan los servicios mínimos de la huelga que consta en autos , posteriormente anuladas por defectos formales , sino que la condena descansa en la conectividad de tal decisión con la asignación al actor a los servicios mínimos lo que , a su vez, siendo integrante del Comité de Huelga, le impidió poder ejercer su derecho a la huelga dentro de la plantilla de personas trabajadoras de la demandada UTE ICOT. Por tanto, no se vulnera tampoco el art. 3 d) de la LRJS porque no se impugna directamente la resolución administrativa, sino los efectos de esta y su vinculación con la decisión de la empleadora del actor que se extiende, como se indica expresamente en el petitum de la demanda : "desde el 5 de diciembre hasta el 21 de junio de 2023"

2.2º- Y la misma suerte desestimatoria debe correr la vulneración denunciada en relación al art. 182.1º) de la LRJS y el art. 28.2º de la CE, en cuanto al fondo por las mismas razones jurídicas que ya recogimos en nuestra sentencia de 25/9/2025 (Rec. 750/2025), anteriormente transcritas a las que nos remitimos.

En base a lo expuesto, se desestima el recurso del IASS .

TERCERO.- RECURSO DE SUPLICACIÓN DON Severiano

3.1º- En el único motivo del recurso se denuncian infracciones de normas sustantivas , al amparo del art. 193 c) LRJS, específicamente , el art. 28.2 de la CE , en relación con los arts. 5 y 8.2 del RD Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.

Y, en un segundo bloque de infracción, también se denuncia el art. 1.101 del C. civil , en relación con los arts. 8.10 y 40 de la LISOS.

El recurrente recuerda que en su demanda se solicitaba la nulidad de la orden de asignarla a la prestación de servicios mínimos desde el 5/12 al 21/6 de 2023, que considera, vulneró su derecho a huelga, máxime cuando los servicios mínimos fueron declarados nulos por sentencia de lo contencioso administrativo. Es por ello que, considera debe declararse que se ha lesionado el derecho de huelga del actor al asignarle por parte de su empleadora para el cumplimiento de los servicios mínimos en su puesto de trabajo. A criterio de esta parte , la sentencia recurrida no contempla que el actor era miembro del Comité de huelga. Por tanto, según esta recurrente es un contrasentido que las personas designadas para albergar tan relevantes competencias se vean precisamente desprovistas del ejercicio de tal Derecho Fundamental. Y ello, a su vez, genera un innegable efecto desmovilizador de cara a los trabajadores eventuales huelguistas: si los propios representantes y animadores a la adhesión a la huelga se ven obligados a prestar servicios, la imagen externa que se proyecta es de absoluto fracaso en su seguimiento, constituyendo así el trabajo ordenado a los miembros del Comité de Huelga en un verdadero desprestigio hacia la misma huelga convocada. Por ello se exige una redoblada razonabilidad y motivación por parte de la empresa para designar a miembros del Comité de Huelga en la prestación de los servicios mínimos obligatorios. En el segundo bloque del recurso solicita el aumento de la indemnización por daño moral vinculado a la vulneración del derecho fundamental a la huelga. Igualmente solicita que la condena se extienda a las codemandadas no solo al IASS.

La impugnante IASS se opuso, poniendo de relieve que esta Sala se ha pronunciado en diversas sentencias sobre esta controversia señalando que no hay precepto legal que establezca la incompatibilidad entre la condición de miembro del comité de huelga y la realización de servicios mínimos, por lo que no se considera que deba existir indemnización reparadora por daños y perjuicios, por el hecho de ostentar dicha condición de miembro del Comité de Huelga. Y respecto al segundo motivo del recurso, se opuso por modificar sustancialmente el suplico de la demanda.

Expuestas, resumidamente las posiciones de las parte, resolvemos el recurso.

Empezamos por la petición de extensión de condena a la empresa empleadora UTE ICOT, en base al hecho de haber seleccionado para la ejecución de los servicios mínimos al actor , siendo el mismo integrante del Comité de Huelga que debemos desestimar en base a la doctrina de esta Sala en la resolución de recursos similares ( por todos , señalamos el Rec. 554/2025) , en el que recordábamos:

De otro lado, y en relación a la asignación del actor a los servicios mínimos , a pesar de su estatus de miembro del Comité de Huelga , el criterio histórico de esta Sala al respecto es el contenido en nuestra sentencia de 19 de diciembre de 2008 (Rec. 705/2007) , en cuya fundamentación jurídica decíamos :

"...En efecto, la Ley y su doctrina han valorado la intervención de los trabajadores en la organización de los servicios mínimos esenciales de la única manera que la naturaleza de las cosas ( art. 3º.1 del Código Civil ), permite como algo que tiene que concurrir no ya con carácter de necesidad esencial, sino con la dosis de contingencias que impone lo inaplazable y perentorio de unas actividades que no pueden cesar ni quedar interrumpidas o incompletas sin grave daño o riesgo de intereses que están por encima de la conveniencia particular. Y así, se ha cuidado la jurisprudencia de negar la posibilidad de que este designio quede frustrado en la práctica por actitudes renuentes, pasivas u obstructivas del comité de huelga, ante la prioridad y prevalencia sobre esta de los derechos e intereses protegidos por los servicios en cuestión.

Además, y en relación con el tema litigioso conviene destacar que no existe precepto legal que establezca la incompatibilidad entre él la condición de miembro del comité de huelga y la realización de servicios mínimos.

Así, la Sala hace suya la argumentación de la Sentencia del T.S.J. de Galicia (Recurso de

Suplicación 4955/2003 ), donde a propósito de un caso similar al de autos se afirma:

"...De otra parte, la censura jurídica del trabajador parece que pretende justificar el error - que ya hemos rechazado- en la consideración de que las funciones como miembro del Comité de Huelga son incompatibles con la actividad que corresponde a un integrante de los servicios mínimos, pues al efecto se reproducen los arts. 5, 6.7 y 8.2 del RDL 17/1977 (04 /Marzo), siquiera no se llegue a afirmar su vulneración expresa. Con ello, a lo que entendemos, parece que quiere desplazarse la naturaleza del "error" alegado, desde el ámbito del error "de hecho" (los negociadores no se apercibieron de la inclusión del actor en los turnos mínimos pactados) al error "de derecho" (no tuvieron en cuenta la incompatibilidad - jurídica- entre el trabajo y la actividad del Comité). Pero tal planteamiento falla en su presupuesto, pues ningún precepto legal ni doctrina jurisprudencial sienta esa incompatibilidad, desde el momento en que si bien es función del Comité de Huelga garantizar durante el desarrollo del conflicto "los servicios necesarios" para la seguridad de personas y cosas, y para ello la designación de los trabajadores encargados específicamente de tales tareas es competencia del propio Comité mediante acuerdo con el empresario, tal cometido nada impide - antes al contrario- que esta designación recaiga precisamente en uno de los propios electores y menos cuando los diez restantes miembros de ese Comité están libres de esos servicios mínimos...". ".

Y más recientemente, resolviendo un recurso sustancialmente igual al presente, también nos hemos pronunciado, en nuestra sentencia (Rec. 49/2025, Rec. 130/2025 o Rec. 500/2025 ,entre otras ), en la misma línea."

Y, en segundo lugar y en lo referente al quantum indemnizatorio, para su elevación , también va a ser desestimado. Las razones descansan en la razonada motivación de la magistrada de la instancia a la hora de modular la indemnización a la que finalmente se condena al IASS . Específicamente se dice en el Fundamento jurídico segundo se recoge literalmente :

"Queda por tanto determinar el importe de los perjuicios morales causados y para ello tomamos como referencia el artículo 40.1 c) de la LISOS, que sanciona las faltas muy graves, entre las que se incluye en el artículo 8.10 las vulneradoras del derecho de huelga,

con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros. No apreciándose la existencia de circunstancias agravantes en este caso se impone en el grado mínimo del precepto, siendo de 7501 Euros".

No apreciándose arbitrariedad en la modulación efectuada por la magistrada de instancia, y habiéndose pronunciado ya esta Sala en el asunto referenciado (R 750/2025), sobre la indemnización por daño moral, en caso similar al presente, en la que consideramos razonable y adecuada la indemnización de 7.501 euros (grado mínimo en infracciones muy graves , a tenor del art. 40.1 c) y 8.10 de la LISOS) , no concurren elementos para separarnos de nuestra doctrina.

Por todo ello, se desestiman los recursos planteados por la parte actora y por el IASS.

CUARTO .- En relación a las costas, no procede su imposición conforme al art.235 de la LRJS de la parte actora recurrente pero sí procede la condena a costas de la recurrente IASS, que se cuantifica en 800 euros para cada uno de los impugnantes.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,