Sentencia Social 330/2026 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 963/2025 de 16 de abril del 2026

PRIMERO.-La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia estimó la acción de despido ejercitada por el actor impugnando el despido de efectos 15-6-2021 declarando la procedencia del despido.

Frente a dicha resolución se alza en suplicación la empresa demandada para interesar la revisión fáctica y jurídica de la sentencia. Del recurso se ha dado traslado a las demás partes, constando impugnado por la parte actora.

SEGUNDO.- Revisión fáctica

La parte recurrente formuló un primer motivo de revisión fáctica a través del cual interesa diversas modificaciones fácticas.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, indicará cuales son los requisitos para la revisión fáctica de las sentencias. La STS 15-12-2022, rco 167/22 recopila los requisitos jurisprudenciales para la revisión fáctica de las sentencias en casación ordinaria en los siguientes términos -lo que es trasladable al recurso de suplicación, también extraordinario, con las especialidades que señalaremos-:

"Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Queno se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial (en el recurso de suplicación deberá basarse en prueba documental o pericial). La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo". (Por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de julio de 2021, recurso 68/2021 y las citadas en ella)".

2.1./Del HP 4º,para el que propone una redacción alternativa que damos por reproducida en aras a la brevedad.

Argumenta, la parte recurrente, que la sentencia recurrida sólo tiene en cuenta los burofaxes enviados por el trabajador y no, así, los de la empresa.

Respecto a la prueba en base a la cual solicita la revisión, sólo fundamenta la revisión propuesta en relación a los siguientes extremos

2.1.a) Solicita la supresión del siguiente párrafo:

"No es que el que el trabajador no quisiera incorporarse a su puesto de trabajo tras el alta médica, es que se encuentra imposibilitado para la reincorporación laboral, con un cuadro clínico en su columna lumbar (Radiculopatía L4 derecha SEVERA) que, además de la lumbalgia, afecta a su pierna derecha y le impide incluso levantar dicha pierna derecha del suelo (dificultad para extensión completa de rodilla e insuficiencia cuadripital, estepage y pie caído derecho), no teniendo fuerza en la misma, precisando de apoyo (muleta) para deambular, ya que con esta patología, caminar se convierte en un desafío debido a la incapacidad de controlar el pie en el tobillo, y precisando también prótesis antiequina que precisa sea realizada a medida, además de presentar un dolor intenso en esta pierna.".

La empresa recurrente entiende que el Juzgador "a quo" da por hecho que las patologías o limitaciones del actor son ciertas y que no pueden realizar las funciones de su puesto de trabajo; sin embargo, el puesto de trabajo del actor fue adaptado por la empresa, siguiendo las recomendaciones del médico, especialista de médicina de vigilancia de la salud, tal y como consta en la carta despido, documento número uno de la parte demandada y certificado médico de aptitud, documento número seis de la parte demandada. Considera que los informes médicos de rehabilitación y traumatología no eran preceptivos para que el servicio de vigilancia de la salud emitiera el certificado de aptitud y así consta en el doc. 1 y 6 de la empresa.

2.1.b) Para que se suprima el sigiente párrafo, puesto que no se ajusta a la realidad:

"y habiendo manifestado esta empresa, con anterioridad, que no constaba limitación alguna por el que suscribe para la realización de su trabajo habitual (consta también dicha afirmación en el burofax de 15 de junio de 2023)".

Esto es, en el burofax que menciona el Magistrado "a quo" de fecha 15/06/2023 (Documento nº 9 del ramo prueba documental parte demandada) no es cierto que se indique que "no constaba limitación alguna por el que suscribe para la realización de su trabajo habitual",sino que lo que se indica es que "Adicionalmente, tras la valoración realizada por el servicio de salud, indica que es apto para reincorporarse a su puesto de trabajo" consta también dicha afirmación en el burofax de 15 de junio de 2023.

2.1. c) Decisión sobre la revisión apartado 2.1./

Es cierto que en la redacción del HP 4º el Juzgador "a quo", en ocasiones utiliza expresiones como "el suscribiente" o "el que suscribe", porque ha copiado literalmente el burofax del trabajador del que extrae el hecho probado, debiéndose entender que se refiere al trabajador, pero no cabe duda de que el Juzgador "a quo" llega a la convicción del hecho que recoge en el HP 4º, por tanto, no se trata de un hecho probado indirecto, donde se limite a reproducir el contenido de una fuente de prueba (documento, informe, etc.), sino que hace suyo el contenido y llega a la convicción de que los hechos acaecieron del modo en que relata.

Sin embargo, hay apartados, donde recoge el parecer del trabajador como cuando dice "Entiende el trabajador, por tanto, que su imposibilidad...", o "Además, entiende que con las limitaciones que...", lo que no son propiamente hechos probados.

No obstante, está en lo cierto la parte recurrente en que no deben tenerse por puestas valoraciones, tal y como se desprende de la doctrina jurisprudencial expuesta (en el mismo sentido la STS 30-5-2017, rco 283/16) y, por tanto, no debe tenerse por puesto donde dice:

"Una elevada dilación en la citación"

"No es que el trabajador no quisiera incorporarse a su puesto de trabajo tras el alta médica, es que se encuentra imposibilitado para la reincorporación laboral"

"con esta patología caminar, se convierte en un desafío".

Por último, estimamos la supresión de la oración donde dice que la empresa dijo que "no constaba limitación alguna por el que suscribe para la realización de su trabajo habitual", pues del documento que refiere la parte recurrente y en que se basa la sentencia -burofax de 15-6-2023, doc. 9 de la empresa, acontecimiento 78-, consta que la empresa le dijo que era apto, pero no que no tuviera limitación.

2.2./Un nuevo HP (8º)para que se adicione:

"OCTAVO.- "Que la Empresa ofreció al trabajador que optase por un permiso no retribuido hasta tanto en cuanto obtuviera resolución del INSS o del Juzgado en relación a la impugnación del alta, sin que el trabajador aceptara esta propuesta".

Lo deduce del doc. 9.

Se estima la revisión porque se deduce del documento que le sirve de soporte y sirve de base a la censura jurídica de la parte recurrente, sin que por la parte impugnante se niegue expresamente dicho hecho, oponiéndose, de forma genérica, a toda revisión fáctica; todo ello, sin perjuicio de la valoración que merezca la adición.

2.3./Adición de un nuevo HP (9º)del siguiente tenor:

NOVENO.-" En fecha 15/05/2023 el actor pasó el preceptivo examen de salud tras ausencia prolongada por motivos de salud teniendo en cuenta su puesto de trabajo (MU) PERSONAL PRODUCCIÓN (DOSIFICAC, MONTAJE, ACONDICIONAM, PLÁSTICO) en la empresa LABORATORIOS GRIFOLS.

La conclusión de dicho examen de salud considerando la aplicación de los protocolos de vigilancia de la salud dermatosis laboral, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, pantallas de visualización de datos posturas forzadas, riesgo químico, ruido, trabajo a turnos/nocturno según la evaluación de riesgos específicos en función de su puesto de trabajo y la información sanitaria laboral disponible, permite calificar al trabajador Moises como APTO CON LIMITACIONES y revisión a los 6 meses.

Adecuación del puesto de trabajo:

- no debe realizar tareas que conlleven bipedestación prolongada

-alternar bipedestación con sedestación

-evitar manipulación manual de cargas (levantamiento tracción y empuje) superiores a 10 kg.

La Empresa adaptó el puesto de trabajo del actor de acuerdo con la adecuación establecida por el Servicio Médico de Vigilancia de la Salud, para que pudiera realizar las funciones básicas de su puesto de trabajo sin riesgos para su salud.".

Lo deduce del doc. 6 de la parte demandada, consistente en el resultado del examen de salud, y doc. 2 de la demanda consistente en apertura de expediente contradictorio, donde consta que, por parte de la empresa, se adoptó el puesto de trabajo del actor, y también en la carta de despido, documento número uno.

Argumenta que no tiene sentido que se sometiera a un nuevo reconocimiento médico, porque ya constaba el de 15 de mayo de 2023, donde había resultado apto con limitaciones revisión a los seis meses, por lo que entiende que la empresa hizo lo correcto, no estando obligada a someterlo a un nuevo reconocimiento porque diga que tiene nuevos informes.

El motivo no merece favorable acogida, porque el hecho que trata de adicionar ya consta en la sentencia, concretamente, en el hecho probado cuarto se recoge que en el informe del servicio de vigilancia de la salud se establecía la aptitud para el puesto con limitaciones y entre paréntesis se recoge dichas limitaciones consistentes en "No debe realizar tareas que conlleven bipedestación prolongada, alternar bipedestación con sedestación, evitar manipulación manual de cargas mayor de 10 kg".

En cuanto al último inciso, relativo a que la empresa efectuó la adaptación del puesto de trabajo, no puede estimarse la adición por basarse en prueba no hábil a efectos revisores, pues se trata de simples manifestaciones de la parte interesada -la empresa- que constan documentadas.

TERCERO.- Censura jurídica. Criterio de la sentencia recurrida.

Al amparo del art. 193 c ) LRJS, la parte recurrente denuncia la "incorrecta aplicación de lo dispuesto en los artículos 45.1 c ), 54.1 y 54.2 a) del Estatuto de los Trabajadores , el artículo 65.2 del XX del Convenio General de la Industria Química , así como de la doctrina y jurisprudencia en relación a la obligación del trabajador a reincorporarse a su puesto de trabajo al cesar la suspensión del contrato de trabajo al obtener el alta médica tras un período de incapacidad temporal, y de la doctrina y jurisprudencia en relación a los despidos disciplinarios por ausencia injustificadas".

La parte recurrente argumenta que el trabajador fue despedido después de ausentarse sin justificar sus ausencias al trabajo durante 40 días naturales, del 22 de mayo de 2023 al 30 de junio de 2023, después de haberle requerido en varias ocasiones para que se reincorporará o justificara sus ausencias. Reconoce que el trabajador había estado de baja médica, pero que había sido dado de alta y que la impugnación suspende la reincorporación como máximo 11 días y, en todo caso, que al actor se le deniega la incoación de un procedimiento para el reconocimiento de la incapacidad permanente y también la nueva baja médica que solicita, resultando que el médico especialista en vigilancia de la salud, lo califica como apto con limitaciones, no estimando necesario esperar a los informes de especialista que tenía pendientes -traumatólogo y rehabilitación-, por lo que la empresa lo requiere para que se reincorpore. En todo caso, la empresa le ofreció pasar a situación de permiso no retribuido hasta que se aclarara su situación, lo que el trabajador no aceptó, por lo que ante las incomparecencias reiteradas la empresa optó por el despido disciplinario. En apoyo de su argumentación, cita la STS 27-3-2013 sobre la ejecutividad de los actos administrativos, relativa a la resolución que acordó extinguir la IT, existiendo presunción de validez de dicho acto administrativo. Por último cita STJS en supuestos que considera comparables pero que, en todo caso, no constituyen jurisprudencia en el sentido propio del término, ex art. 1.6 Código Civil.

La sentencia recurrida razona, en síntesis, que no puede sancionarse al trabajador que no va a trabajar porque no puede, tal y como acontece en el supuesto de autos no pudiendo apreciarse culpabilidad en los términos del artículo 54 ET porque el alta médica del trabajador fue impugnada judicialmente y fue revocada y dejada sin efecto.

CUARTO.- Doctrina jurisprudencial sobre el despido disciplinario.

Reiteradamente los tribunales vienen sosteniendo que la sanción de despido, al ser la última en trascendencia y gravedad de entre las que pueden imponerse, ha de ser reservada para los supuestos de incumplimiento contractual del trabajador dotado de gravedad y culpabilidad en términos de violación trascendente de un deber de conducta, tal y como expresa el artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores ( SSTS 4-marzo-91 [RJ 1991, 1823] y 28-junio-88 [RJ 1988, 5486]), circunstancias que concurren cuando el trabajador incurre en el incumplimiento de aquello que es debido de forma clara y directa (gravedad), presentando una actitud voluntaria y consciente (culpabilidad), en la que "puede incurrir tanto de forma intencional, dolosa, con ánimo deliberado y consciente de quebrantar la buena fe y lealtad depositada en el trabajador por la empresa, como por negligencia, imprudencia o descuido imputable a aquél, ya que el mencionado precepto sólo exige y requiere la concurrencia de un incumplimiento grave y culpable y no un deliberado y consciente propósito de conculcar el deber de lealtad y buena fe"( STS 30-4-1987, RJ 1987\2841), sin que sea necesario que se ocasione un grave perjuicio a la empresa ( STS 19 julio 2010) pues, en ocasiones, es la confianza debida la que resulta mermada, lo que no admite graduaciones.

De modo que la mera comisión de un hecho descrito como falta en el Estatuto de los Trabajadores o, en su caso, en la relación de faltas contenida en el convenio colectivo de aplicación, no es bastante para el despido del trabajador, sino que "es obligado el examen individualizado de cada caso concreto en que han de ponderarse todos los elementos concurrentes en él, tanto subjetivos como objetivos: intención del infractor, circunstancias concurrentes, posibilidad de la existencia de provocación previa, etc., de tal manera que sólo cuando la conducta del trabajador, valorada teniendo en cuenta todos los elementos de juicio dichos, constituye una infracción de la máxima gravedad, resultará procedente la sanción de despido que es también, la más grave prevista en la escala de las que pueden ser impuestas por la comisión de faltas en el trabajo"( STS 17 noviembre 1988, RJ 1988\8598).

Por último, añadir que el art. 65.2 Convenio Colectivo de la industria Química prevé que será falta muy grave "2. Ausencias sin causa justificada, por tres o más días, durante un periodo de treinta días".

QUINTO.- Decisión sobre el fondo

Para resolver sobre el fondo hemos de centrar el debate en el sentido de que nos encontramos ante un despido disciplinario por falta de asistencia al trabajo.

Conforme al convenio colectivo de aplicación, es falta muy grave que el trabajador deje de asistir al trabajo durante tres días o más en un periodo de 30 días.

En el supuesto de autos, no cabe duda de que el actor dejó de asistir al trabajo durante más días de los previstos en el convenio colectivo como constitutivos de falta muy grave, en concreto, desde el 22 mayo 2023 al 30 de mayo en adelante, incoando expediente disciplinario el 2 de junio de 2023 por dichos hechos, lo que no se niega por la parte impugnante.

En cuanto a la obligación del trabajador de reincorporarse tras el alta médica, el TS ha afirmado categóricamente que "En definitiva, el trabajador al que se le ha expedido alta médica antes de agotarse 365 días de prestaciones de IT está obligado a reincorporarse al puesto de trabajo, aunque dicha alta médica haya sido objeto de reclamación previa"( STS 17 de abril de 2023, Recurso: 1368/2022).

En tal caso, el empresario dispondrá que tras una ausencia prolongada del trabajador por motivos de salud sea sometido a una evaluación de su salud, ex art. 37.3.b).2º RSP 39/97, en los términos del art. 22 LPRL y "el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva"( art. 22 LPRL) .

En dicho sentido, argumenta la STS 22 de diciembre de 2025, Rcud 4968/2024 "Consiguientemente, la obligación de los servicios de prevención ajeno de trasladar al empresario sus conclusiones sobre los reconocimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, referidos en el art. 22.1 LPRL , relacionados con la aptitud del trabajador, tiene por finalidad fundamental asegurar que el empresario tome las medidas precisas para evitar cualquier riesgo del trabajador afectado","... cuando constaten, en su función de vigilancia de la salud de los trabajadores, que éstos han perdido sobrevenidamente su aptitud para el desempeño de su puesto de trabajo, están obligados a informar al empresario y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de sus conclusiones sobre dicha pérdida de aptitud o, sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva, todo ello con respeto a las cautelas previstas en los apartados segundo, tercero y cuarto del art. 22 de la LPRL , puesto que dicha información contiene datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores...",

De modo que, incluso cuando el servicio de prevención informa que el trabajador carece de aptitud para el desempeño de su puesto de trabajo, el empresario no puede extinguir automáticamente la relación laboral por ineptitud sobrevenida, conforme a la doctrina del TJUE ( STJUE 8 de enero 2024, en el asunto C-631/22, Ca Na Negreta), sino que el empresario está obligado, con carácter previo, a introducir ajustes razonables que permitan el mantenimiento del empleo, en consecuencia, "es la empresa que decide extinguir la relación laboral quien debe acreditar que el trabajador presenta ineptitud sobrevenida y además no es posible su recolocación sea en el mismo, una vez adaptado, o en otro puesto de trabajo, o que el coste de la adaptación del puesto de trabajo, resulta excesivo para ella" ( STS 22-12-2025 ).

Por tanto, como razona la STS 22-12-2025 citada "Para adaptar nuestra legislación a ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia europeo se aprobó la Ley 2/2025, de 29 de abril, que -aunque no vigente en el momento de los hechos, permite orientar el análisis- modifica el artículo 49 ET para permitir que el trabajador que desee continuar su prestación de servicios pese a su declaración de incapacidad permanente pueda requerir del empresario la introducción de "ajustes razonables" en su trabajo, de manera que si los mismos resultan posibles y exigibles el contrato no se extingue y por tanto, según la modificación que igualmente introduce la Ley en el artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social , la prestación de incapacidad permanente queda suspendida durante el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones u otro que resulte incompatible.".

Así expuesta la doctrina jurisprudencial, debe partirse de los hechos que han quedado acreditados, en concreto:

1.- El trabajador inició una baja médica el 17-3-2022 siendo dado de alta médica el 28-3-2023, resolución que impugnó y que fue desestimada, notificándose la resolución administrativa al trabajador el 5-4-2023, por lo que la empresa le requirió para que se reincorporara al trabajo.

2.-El trabajador solicitó la incoación de un procedimiento de declaración de incapacidad permanente y una nueva baja médica que le fue desestimada.

3.-El día 15 de mayo de 2023 fue examinado por el Servicio de Vigilancia de la Salud de la empresa que lo declaró apto con limitaciones "No debe realizar tareas que conlleven bipedestación prolongada, alternar bipedestación con sedestación, evitar manipulación manual de cargas mayor de 10 kg".

4. La empresa procedió a la apertura de un expediente disciplinario el 2 de junio de 2023 por inasistencias injustificadas al trabajo. En burofax de 15-6-2023 le requirió para que se reincorporara porque estaba de alta médica y había sido declarado apto para reincorporarse, concediéndole poder optar por un permiso no retribuido hasta tanto se resolviera la impugnación judicial del alta médica.

5.El 19-6-2023 el trabajador solicitó una nueva valoración por los servicios de prevención pues contaba con un nuevo informe de Rehabilitación, en el que constaba que necesitaba muleta y órtesis antequino "rancho de los amigos", e informe de traumatología, lo que fue denegado por la empresa.

6. Finalmente, la empresa le comunicó el despido con efectos de 3 de julio de 2023.

7. También se recoge en el HP 4º que el trabajador presentaba radiculopatía L4 derecha severa y lumbalgia, afectando a su pierna derecha impidiéndole levantar dicha pierna del suelo con pie caído, precisando de apoyo (muleta) para deambular, precisando prótesis antiequina y dolor intenso en pierna.

8. En fecha 11-1-2024 se dictó sentencia por el JS núm. 8 de Murcia en la que se estimaba la impugnación del alta médica de 28 de marzo de 2023 que dejaba sin efecto.

Atendidos los datos fácticos expuestos concluimos que el trabajador no tenía motivos para no acudir al trabajo pues había sido dado de alta médica y el Servicio de Vigilancia de la Salud lo había examinado y declarado apto con limitaciones, por lo que no estaba justificada su inasistencia al trabajo, sin perjuicio del derecho a que se le adaptara el puesto de trabajo a su estado patológico, lo que difícilmente pudo hacer la empresa si el trabajador ni siquiera se personó en la misma. Es cierto que presentaba un cuadro patológico que evidenciaba limitaciones para la deambulación, pero no es menos cierto que tanto la Entidad Gestora que lo reconoció, no estimó que debiera continuar en situación de IT -pese a que no había agotado la duración máxima de la misma- y tampoco el Servicio de Prevención estimó su imposibilidad para el trabajo, sino su limitación para la deambulación prolongada o para cargar pesos, por lo que, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponderles, lo cierto es que el trabajador no tenía justificación para no asistir al trabajo por lo que resulta razonable y procedente que, a la vista de las concretas circunstancias concurrentes, la empresa optara por efectuarle un despido disciplinario, máxime cuando el trabajador no aceptó el permiso no retribuido que le ofreció.

Por último, entendemos que el hecho de que posteriormente se anulara el alta médica no empecé esta conclusión, pues se trata de un hecho posterior que no era sabido por el trabajador ni por la empresa, al tiempo del despido, por lo que no puede ser tenido en cuenta ni, desde luego, tener eficacia decisiva, como entendió la sentencia recurrida, pues estaríamos introduciendo en el juicio un sesgo retrospectivo, esto es, introduciendo un hecho "futuro" que no podía ser conocido por la empresa cuando tomó la decisión del despido del actor por inasistencia justificada (FD 4º de la STS 15-11-2022, Rcud 2645/2021), que es la decisión que se enjuicia.

Atendidos los razonamientos expuestos concluimos la estimación del recurso, revocando la sentencia recurrida, declarando la procedencia del despido de fecha y absolviendo a la parte recurrente de las pretensiones formuladas en su contra.

SEXTO.- Costas

Sin costas, firme esta resolución procédase a la devolución al recurrente del depósito y consignación que hubiera podido constituir para recurrir.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás normas de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia estimó la acción de despido ejercitada por el actor impugnando el despido de efectos 15-6-2021 declarando la procedencia del despido.

Frente a dicha resolución se alza en suplicación la empresa demandada para interesar la revisión fáctica y jurídica de la sentencia. Del recurso se ha dado traslado a las demás partes, constando impugnado por la parte actora.

SEGUNDO.- Revisión fáctica

La parte recurrente formuló un primer motivo de revisión fáctica a través del cual interesa diversas modificaciones fácticas.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, indicará cuales son los requisitos para la revisión fáctica de las sentencias. La STS 15-12-2022, rco 167/22 recopila los requisitos jurisprudenciales para la revisión fáctica de las sentencias en casación ordinaria en los siguientes términos -lo que es trasladable al recurso de suplicación, también extraordinario, con las especialidades que señalaremos-:

"Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Queno se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial (en el recurso de suplicación deberá basarse en prueba documental o pericial). La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo". (Por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de julio de 2021, recurso 68/2021 y las citadas en ella)".

2.1./Del HP 4º,para el que propone una redacción alternativa que damos por reproducida en aras a la brevedad.

Argumenta, la parte recurrente, que la sentencia recurrida sólo tiene en cuenta los burofaxes enviados por el trabajador y no, así, los de la empresa.

Respecto a la prueba en base a la cual solicita la revisión, sólo fundamenta la revisión propuesta en relación a los siguientes extremos

2.1.a) Solicita la supresión del siguiente párrafo:

"No es que el que el trabajador no quisiera incorporarse a su puesto de trabajo tras el alta médica, es que se encuentra imposibilitado para la reincorporación laboral, con un cuadro clínico en su columna lumbar (Radiculopatía L4 derecha SEVERA) que, además de la lumbalgia, afecta a su pierna derecha y le impide incluso levantar dicha pierna derecha del suelo (dificultad para extensión completa de rodilla e insuficiencia cuadripital, estepage y pie caído derecho), no teniendo fuerza en la misma, precisando de apoyo (muleta) para deambular, ya que con esta patología, caminar se convierte en un desafío debido a la incapacidad de controlar el pie en el tobillo, y precisando también prótesis antiequina que precisa sea realizada a medida, además de presentar un dolor intenso en esta pierna.".

La empresa recurrente entiende que el Juzgador "a quo" da por hecho que las patologías o limitaciones del actor son ciertas y que no pueden realizar las funciones de su puesto de trabajo; sin embargo, el puesto de trabajo del actor fue adaptado por la empresa, siguiendo las recomendaciones del médico, especialista de médicina de vigilancia de la salud, tal y como consta en la carta despido, documento número uno de la parte demandada y certificado médico de aptitud, documento número seis de la parte demandada. Considera que los informes médicos de rehabilitación y traumatología no eran preceptivos para que el servicio de vigilancia de la salud emitiera el certificado de aptitud y así consta en el doc. 1 y 6 de la empresa.

2.1.b) Para que se suprima el sigiente párrafo, puesto que no se ajusta a la realidad:

"y habiendo manifestado esta empresa, con anterioridad, que no constaba limitación alguna por el que suscribe para la realización de su trabajo habitual (consta también dicha afirmación en el burofax de 15 de junio de 2023)".

Esto es, en el burofax que menciona el Magistrado "a quo" de fecha 15/06/2023 (Documento nº 9 del ramo prueba documental parte demandada) no es cierto que se indique que "no constaba limitación alguna por el que suscribe para la realización de su trabajo habitual",sino que lo que se indica es que "Adicionalmente, tras la valoración realizada por el servicio de salud, indica que es apto para reincorporarse a su puesto de trabajo" consta también dicha afirmación en el burofax de 15 de junio de 2023.

2.1. c) Decisión sobre la revisión apartado 2.1./

Es cierto que en la redacción del HP 4º el Juzgador "a quo", en ocasiones utiliza expresiones como "el suscribiente" o "el que suscribe", porque ha copiado literalmente el burofax del trabajador del que extrae el hecho probado, debiéndose entender que se refiere al trabajador, pero no cabe duda de que el Juzgador "a quo" llega a la convicción del hecho que recoge en el HP 4º, por tanto, no se trata de un hecho probado indirecto, donde se limite a reproducir el contenido de una fuente de prueba (documento, informe, etc.), sino que hace suyo el contenido y llega a la convicción de que los hechos acaecieron del modo en que relata.

Sin embargo, hay apartados, donde recoge el parecer del trabajador como cuando dice "Entiende el trabajador, por tanto, que su imposibilidad...", o "Además, entiende que con las limitaciones que...", lo que no son propiamente hechos probados.

No obstante, está en lo cierto la parte recurrente en que no deben tenerse por puestas valoraciones, tal y como se desprende de la doctrina jurisprudencial expuesta (en el mismo sentido la STS 30-5-2017, rco 283/16) y, por tanto, no debe tenerse por puesto donde dice:

"Una elevada dilación en la citación"

"No es que el trabajador no quisiera incorporarse a su puesto de trabajo tras el alta médica, es que se encuentra imposibilitado para la reincorporación laboral"

"con esta patología caminar, se convierte en un desafío".

Por último, estimamos la supresión de la oración donde dice que la empresa dijo que "no constaba limitación alguna por el que suscribe para la realización de su trabajo habitual", pues del documento que refiere la parte recurrente y en que se basa la sentencia -burofax de 15-6-2023, doc. 9 de la empresa, acontecimiento 78-, consta que la empresa le dijo que era apto, pero no que no tuviera limitación.

2.2./Un nuevo HP (8º)para que se adicione:

"OCTAVO.- "Que la Empresa ofreció al trabajador que optase por un permiso no retribuido hasta tanto en cuanto obtuviera resolución del INSS o del Juzgado en relación a la impugnación del alta, sin que el trabajador aceptara esta propuesta".

Lo deduce del doc. 9.

Se estima la revisión porque se deduce del documento que le sirve de soporte y sirve de base a la censura jurídica de la parte recurrente, sin que por la parte impugnante se niegue expresamente dicho hecho, oponiéndose, de forma genérica, a toda revisión fáctica; todo ello, sin perjuicio de la valoración que merezca la adición.

2.3./Adición de un nuevo HP (9º)del siguiente tenor:

NOVENO.-" En fecha 15/05/2023 el actor pasó el preceptivo examen de salud tras ausencia prolongada por motivos de salud teniendo en cuenta su puesto de trabajo (MU) PERSONAL PRODUCCIÓN (DOSIFICAC, MONTAJE, ACONDICIONAM, PLÁSTICO) en la empresa LABORATORIOS GRIFOLS.

La conclusión de dicho examen de salud considerando la aplicación de los protocolos de vigilancia de la salud dermatosis laboral, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, pantallas de visualización de datos posturas forzadas, riesgo químico, ruido, trabajo a turnos/nocturno según la evaluación de riesgos específicos en función de su puesto de trabajo y la información sanitaria laboral disponible, permite calificar al trabajador Moises como APTO CON LIMITACIONES y revisión a los 6 meses.

Adecuación del puesto de trabajo:

- no debe realizar tareas que conlleven bipedestación prolongada

-alternar bipedestación con sedestación

-evitar manipulación manual de cargas (levantamiento tracción y empuje) superiores a 10 kg.

La Empresa adaptó el puesto de trabajo del actor de acuerdo con la adecuación establecida por el Servicio Médico de Vigilancia de la Salud, para que pudiera realizar las funciones básicas de su puesto de trabajo sin riesgos para su salud.".

Lo deduce del doc. 6 de la parte demandada, consistente en el resultado del examen de salud, y doc. 2 de la demanda consistente en apertura de expediente contradictorio, donde consta que, por parte de la empresa, se adoptó el puesto de trabajo del actor, y también en la carta de despido, documento número uno.

Argumenta que no tiene sentido que se sometiera a un nuevo reconocimiento médico, porque ya constaba el de 15 de mayo de 2023, donde había resultado apto con limitaciones revisión a los seis meses, por lo que entiende que la empresa hizo lo correcto, no estando obligada a someterlo a un nuevo reconocimiento porque diga que tiene nuevos informes.

El motivo no merece favorable acogida, porque el hecho que trata de adicionar ya consta en la sentencia, concretamente, en el hecho probado cuarto se recoge que en el informe del servicio de vigilancia de la salud se establecía la aptitud para el puesto con limitaciones y entre paréntesis se recoge dichas limitaciones consistentes en "No debe realizar tareas que conlleven bipedestación prolongada, alternar bipedestación con sedestación, evitar manipulación manual de cargas mayor de 10 kg".

En cuanto al último inciso, relativo a que la empresa efectuó la adaptación del puesto de trabajo, no puede estimarse la adición por basarse en prueba no hábil a efectos revisores, pues se trata de simples manifestaciones de la parte interesada -la empresa- que constan documentadas.

TERCERO.- Censura jurídica. Criterio de la sentencia recurrida.

Al amparo del art. 193 c ) LRJS, la parte recurrente denuncia la "incorrecta aplicación de lo dispuesto en los artículos 45.1 c ), 54.1 y 54.2 a) del Estatuto de los Trabajadores , el artículo 65.2 del XX del Convenio General de la Industria Química , así como de la doctrina y jurisprudencia en relación a la obligación del trabajador a reincorporarse a su puesto de trabajo al cesar la suspensión del contrato de trabajo al obtener el alta médica tras un período de incapacidad temporal, y de la doctrina y jurisprudencia en relación a los despidos disciplinarios por ausencia injustificadas".

La parte recurrente argumenta que el trabajador fue despedido después de ausentarse sin justificar sus ausencias al trabajo durante 40 días naturales, del 22 de mayo de 2023 al 30 de junio de 2023, después de haberle requerido en varias ocasiones para que se reincorporará o justificara sus ausencias. Reconoce que el trabajador había estado de baja médica, pero que había sido dado de alta y que la impugnación suspende la reincorporación como máximo 11 días y, en todo caso, que al actor se le deniega la incoación de un procedimiento para el reconocimiento de la incapacidad permanente y también la nueva baja médica que solicita, resultando que el médico especialista en vigilancia de la salud, lo califica como apto con limitaciones, no estimando necesario esperar a los informes de especialista que tenía pendientes -traumatólogo y rehabilitación-, por lo que la empresa lo requiere para que se reincorpore. En todo caso, la empresa le ofreció pasar a situación de permiso no retribuido hasta que se aclarara su situación, lo que el trabajador no aceptó, por lo que ante las incomparecencias reiteradas la empresa optó por el despido disciplinario. En apoyo de su argumentación, cita la STS 27-3-2013 sobre la ejecutividad de los actos administrativos, relativa a la resolución que acordó extinguir la IT, existiendo presunción de validez de dicho acto administrativo. Por último cita STJS en supuestos que considera comparables pero que, en todo caso, no constituyen jurisprudencia en el sentido propio del término, ex art. 1.6 Código Civil.

La sentencia recurrida razona, en síntesis, que no puede sancionarse al trabajador que no va a trabajar porque no puede, tal y como acontece en el supuesto de autos no pudiendo apreciarse culpabilidad en los términos del artículo 54 ET porque el alta médica del trabajador fue impugnada judicialmente y fue revocada y dejada sin efecto.

CUARTO.- Doctrina jurisprudencial sobre el despido disciplinario.

Reiteradamente los tribunales vienen sosteniendo que la sanción de despido, al ser la última en trascendencia y gravedad de entre las que pueden imponerse, ha de ser reservada para los supuestos de incumplimiento contractual del trabajador dotado de gravedad y culpabilidad en términos de violación trascendente de un deber de conducta, tal y como expresa el artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores ( SSTS 4-marzo-91 [RJ 1991, 1823] y 28-junio-88 [RJ 1988, 5486]), circunstancias que concurren cuando el trabajador incurre en el incumplimiento de aquello que es debido de forma clara y directa (gravedad), presentando una actitud voluntaria y consciente (culpabilidad), en la que "puede incurrir tanto de forma intencional, dolosa, con ánimo deliberado y consciente de quebrantar la buena fe y lealtad depositada en el trabajador por la empresa, como por negligencia, imprudencia o descuido imputable a aquél, ya que el mencionado precepto sólo exige y requiere la concurrencia de un incumplimiento grave y culpable y no un deliberado y consciente propósito de conculcar el deber de lealtad y buena fe"( STS 30-4-1987, RJ 1987\2841), sin que sea necesario que se ocasione un grave perjuicio a la empresa ( STS 19 julio 2010) pues, en ocasiones, es la confianza debida la que resulta mermada, lo que no admite graduaciones.

De modo que la mera comisión de un hecho descrito como falta en el Estatuto de los Trabajadores o, en su caso, en la relación de faltas contenida en el convenio colectivo de aplicación, no es bastante para el despido del trabajador, sino que "es obligado el examen individualizado de cada caso concreto en que han de ponderarse todos los elementos concurrentes en él, tanto subjetivos como objetivos: intención del infractor, circunstancias concurrentes, posibilidad de la existencia de provocación previa, etc., de tal manera que sólo cuando la conducta del trabajador, valorada teniendo en cuenta todos los elementos de juicio dichos, constituye una infracción de la máxima gravedad, resultará procedente la sanción de despido que es también, la más grave prevista en la escala de las que pueden ser impuestas por la comisión de faltas en el trabajo"( STS 17 noviembre 1988, RJ 1988\8598).

Por último, añadir que el art. 65.2 Convenio Colectivo de la industria Química prevé que será falta muy grave "2. Ausencias sin causa justificada, por tres o más días, durante un periodo de treinta días".

QUINTO.- Decisión sobre el fondo

Para resolver sobre el fondo hemos de centrar el debate en el sentido de que nos encontramos ante un despido disciplinario por falta de asistencia al trabajo.

Conforme al convenio colectivo de aplicación, es falta muy grave que el trabajador deje de asistir al trabajo durante tres días o más en un periodo de 30 días.

En el supuesto de autos, no cabe duda de que el actor dejó de asistir al trabajo durante más días de los previstos en el convenio colectivo como constitutivos de falta muy grave, en concreto, desde el 22 mayo 2023 al 30 de mayo en adelante, incoando expediente disciplinario el 2 de junio de 2023 por dichos hechos, lo que no se niega por la parte impugnante.

En cuanto a la obligación del trabajador de reincorporarse tras el alta médica, el TS ha afirmado categóricamente que "En definitiva, el trabajador al que se le ha expedido alta médica antes de agotarse 365 días de prestaciones de IT está obligado a reincorporarse al puesto de trabajo, aunque dicha alta médica haya sido objeto de reclamación previa"( STS 17 de abril de 2023, Recurso: 1368/2022).

En tal caso, el empresario dispondrá que tras una ausencia prolongada del trabajador por motivos de salud sea sometido a una evaluación de su salud, ex art. 37.3.b).2º RSP 39/97, en los términos del art. 22 LPRL y "el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva"( art. 22 LPRL) .

En dicho sentido, argumenta la STS 22 de diciembre de 2025, Rcud 4968/2024 "Consiguientemente, la obligación de los servicios de prevención ajeno de trasladar al empresario sus conclusiones sobre los reconocimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, referidos en el art. 22.1 LPRL , relacionados con la aptitud del trabajador, tiene por finalidad fundamental asegurar que el empresario tome las medidas precisas para evitar cualquier riesgo del trabajador afectado","... cuando constaten, en su función de vigilancia de la salud de los trabajadores, que éstos han perdido sobrevenidamente su aptitud para el desempeño de su puesto de trabajo, están obligados a informar al empresario y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de sus conclusiones sobre dicha pérdida de aptitud o, sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva, todo ello con respeto a las cautelas previstas en los apartados segundo, tercero y cuarto del art. 22 de la LPRL , puesto que dicha información contiene datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores...",

De modo que, incluso cuando el servicio de prevención informa que el trabajador carece de aptitud para el desempeño de su puesto de trabajo, el empresario no puede extinguir automáticamente la relación laboral por ineptitud sobrevenida, conforme a la doctrina del TJUE ( STJUE 8 de enero 2024, en el asunto C-631/22, Ca Na Negreta), sino que el empresario está obligado, con carácter previo, a introducir ajustes razonables que permitan el mantenimiento del empleo, en consecuencia, "es la empresa que decide extinguir la relación laboral quien debe acreditar que el trabajador presenta ineptitud sobrevenida y además no es posible su recolocación sea en el mismo, una vez adaptado, o en otro puesto de trabajo, o que el coste de la adaptación del puesto de trabajo, resulta excesivo para ella" ( STS 22-12-2025 ).

Por tanto, como razona la STS 22-12-2025 citada "Para adaptar nuestra legislación a ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia europeo se aprobó la Ley 2/2025, de 29 de abril, que -aunque no vigente en el momento de los hechos, permite orientar el análisis- modifica el artículo 49 ET para permitir que el trabajador que desee continuar su prestación de servicios pese a su declaración de incapacidad permanente pueda requerir del empresario la introducción de "ajustes razonables" en su trabajo, de manera que si los mismos resultan posibles y exigibles el contrato no se extingue y por tanto, según la modificación que igualmente introduce la Ley en el artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social , la prestación de incapacidad permanente queda suspendida durante el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones u otro que resulte incompatible.".

Así expuesta la doctrina jurisprudencial, debe partirse de los hechos que han quedado acreditados, en concreto:

1.- El trabajador inició una baja médica el 17-3-2022 siendo dado de alta médica el 28-3-2023, resolución que impugnó y que fue desestimada, notificándose la resolución administrativa al trabajador el 5-4-2023, por lo que la empresa le requirió para que se reincorporara al trabajo.

2.-El trabajador solicitó la incoación de un procedimiento de declaración de incapacidad permanente y una nueva baja médica que le fue desestimada.

3.-El día 15 de mayo de 2023 fue examinado por el Servicio de Vigilancia de la Salud de la empresa que lo declaró apto con limitaciones "No debe realizar tareas que conlleven bipedestación prolongada, alternar bipedestación con sedestación, evitar manipulación manual de cargas mayor de 10 kg".

4. La empresa procedió a la apertura de un expediente disciplinario el 2 de junio de 2023 por inasistencias injustificadas al trabajo. En burofax de 15-6-2023 le requirió para que se reincorporara porque estaba de alta médica y había sido declarado apto para reincorporarse, concediéndole poder optar por un permiso no retribuido hasta tanto se resolviera la impugnación judicial del alta médica.

5.El 19-6-2023 el trabajador solicitó una nueva valoración por los servicios de prevención pues contaba con un nuevo informe de Rehabilitación, en el que constaba que necesitaba muleta y órtesis antequino "rancho de los amigos", e informe de traumatología, lo que fue denegado por la empresa.

6. Finalmente, la empresa le comunicó el despido con efectos de 3 de julio de 2023.

7. También se recoge en el HP 4º que el trabajador presentaba radiculopatía L4 derecha severa y lumbalgia, afectando a su pierna derecha impidiéndole levantar dicha pierna del suelo con pie caído, precisando de apoyo (muleta) para deambular, precisando prótesis antiequina y dolor intenso en pierna.

8. En fecha 11-1-2024 se dictó sentencia por el JS núm. 8 de Murcia en la que se estimaba la impugnación del alta médica de 28 de marzo de 2023 que dejaba sin efecto.

Atendidos los datos fácticos expuestos concluimos que el trabajador no tenía motivos para no acudir al trabajo pues había sido dado de alta médica y el Servicio de Vigilancia de la Salud lo había examinado y declarado apto con limitaciones, por lo que no estaba justificada su inasistencia al trabajo, sin perjuicio del derecho a que se le adaptara el puesto de trabajo a su estado patológico, lo que difícilmente pudo hacer la empresa si el trabajador ni siquiera se personó en la misma. Es cierto que presentaba un cuadro patológico que evidenciaba limitaciones para la deambulación, pero no es menos cierto que tanto la Entidad Gestora que lo reconoció, no estimó que debiera continuar en situación de IT -pese a que no había agotado la duración máxima de la misma- y tampoco el Servicio de Prevención estimó su imposibilidad para el trabajo, sino su limitación para la deambulación prolongada o para cargar pesos, por lo que, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponderles, lo cierto es que el trabajador no tenía justificación para no asistir al trabajo por lo que resulta razonable y procedente que, a la vista de las concretas circunstancias concurrentes, la empresa optara por efectuarle un despido disciplinario, máxime cuando el trabajador no aceptó el permiso no retribuido que le ofreció.

Por último, entendemos que el hecho de que posteriormente se anulara el alta médica no empecé esta conclusión, pues se trata de un hecho posterior que no era sabido por el trabajador ni por la empresa, al tiempo del despido, por lo que no puede ser tenido en cuenta ni, desde luego, tener eficacia decisiva, como entendió la sentencia recurrida, pues estaríamos introduciendo en el juicio un sesgo retrospectivo, esto es, introduciendo un hecho "futuro" que no podía ser conocido por la empresa cuando tomó la decisión del despido del actor por inasistencia justificada (FD 4º de la STS 15-11-2022, Rcud 2645/2021), que es la decisión que se enjuicia.

Atendidos los razonamientos expuestos concluimos la estimación del recurso, revocando la sentencia recurrida, declarando la procedencia del despido de fecha y absolviendo a la parte recurrente de las pretensiones formuladas en su contra.

SEXTO.- Costas

Sin costas, firme esta resolución procédase a la devolución al recurrente del depósito y consignación que hubiera podido constituir para recurrir.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás normas de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia estimó la acción de despido ejercitada por el actor impugnando el despido de efectos 15-6-2021 declarando la procedencia del despido.

Frente a dicha resolución se alza en suplicación la empresa demandada para interesar la revisión fáctica y jurídica de la sentencia. Del recurso se ha dado traslado a las demás partes, constando impugnado por la parte actora.

SEGUNDO.- Revisión fáctica

La parte recurrente formuló un primer motivo de revisión fáctica a través del cual interesa diversas modificaciones fácticas.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, indicará cuales son los requisitos para la revisión fáctica de las sentencias. La STS 15-12-2022, rco 167/22 recopila los requisitos jurisprudenciales para la revisión fáctica de las sentencias en casación ordinaria en los siguientes términos -lo que es trasladable al recurso de suplicación, también extraordinario, con las especialidades que señalaremos-:

"Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Queno se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial (en el recurso de suplicación deberá basarse en prueba documental o pericial). La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo". (Por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de julio de 2021, recurso 68/2021 y las citadas en ella)".

2.1./Del HP 4º,para el que propone una redacción alternativa que damos por reproducida en aras a la brevedad.

Argumenta, la parte recurrente, que la sentencia recurrida sólo tiene en cuenta los burofaxes enviados por el trabajador y no, así, los de la empresa.

Respecto a la prueba en base a la cual solicita la revisión, sólo fundamenta la revisión propuesta en relación a los siguientes extremos

2.1.a) Solicita la supresión del siguiente párrafo:

"No es que el que el trabajador no quisiera incorporarse a su puesto de trabajo tras el alta médica, es que se encuentra imposibilitado para la reincorporación laboral, con un cuadro clínico en su columna lumbar (Radiculopatía L4 derecha SEVERA) que, además de la lumbalgia, afecta a su pierna derecha y le impide incluso levantar dicha pierna derecha del suelo (dificultad para extensión completa de rodilla e insuficiencia cuadripital, estepage y pie caído derecho), no teniendo fuerza en la misma, precisando de apoyo (muleta) para deambular, ya que con esta patología, caminar se convierte en un desafío debido a la incapacidad de controlar el pie en el tobillo, y precisando también prótesis antiequina que precisa sea realizada a medida, además de presentar un dolor intenso en esta pierna.".

La empresa recurrente entiende que el Juzgador "a quo" da por hecho que las patologías o limitaciones del actor son ciertas y que no pueden realizar las funciones de su puesto de trabajo; sin embargo, el puesto de trabajo del actor fue adaptado por la empresa, siguiendo las recomendaciones del médico, especialista de médicina de vigilancia de la salud, tal y como consta en la carta despido, documento número uno de la parte demandada y certificado médico de aptitud, documento número seis de la parte demandada. Considera que los informes médicos de rehabilitación y traumatología no eran preceptivos para que el servicio de vigilancia de la salud emitiera el certificado de aptitud y así consta en el doc. 1 y 6 de la empresa.

2.1.b) Para que se suprima el sigiente párrafo, puesto que no se ajusta a la realidad:

"y habiendo manifestado esta empresa, con anterioridad, que no constaba limitación alguna por el que suscribe para la realización de su trabajo habitual (consta también dicha afirmación en el burofax de 15 de junio de 2023)".

Esto es, en el burofax que menciona el Magistrado "a quo" de fecha 15/06/2023 (Documento nº 9 del ramo prueba documental parte demandada) no es cierto que se indique que "no constaba limitación alguna por el que suscribe para la realización de su trabajo habitual",sino que lo que se indica es que "Adicionalmente, tras la valoración realizada por el servicio de salud, indica que es apto para reincorporarse a su puesto de trabajo" consta también dicha afirmación en el burofax de 15 de junio de 2023.

2.1. c) Decisión sobre la revisión apartado 2.1./

Es cierto que en la redacción del HP 4º el Juzgador "a quo", en ocasiones utiliza expresiones como "el suscribiente" o "el que suscribe", porque ha copiado literalmente el burofax del trabajador del que extrae el hecho probado, debiéndose entender que se refiere al trabajador, pero no cabe duda de que el Juzgador "a quo" llega a la convicción del hecho que recoge en el HP 4º, por tanto, no se trata de un hecho probado indirecto, donde se limite a reproducir el contenido de una fuente de prueba (documento, informe, etc.), sino que hace suyo el contenido y llega a la convicción de que los hechos acaecieron del modo en que relata.

Sin embargo, hay apartados, donde recoge el parecer del trabajador como cuando dice "Entiende el trabajador, por tanto, que su imposibilidad...", o "Además, entiende que con las limitaciones que...", lo que no son propiamente hechos probados.

No obstante, está en lo cierto la parte recurrente en que no deben tenerse por puestas valoraciones, tal y como se desprende de la doctrina jurisprudencial expuesta (en el mismo sentido la STS 30-5-2017, rco 283/16) y, por tanto, no debe tenerse por puesto donde dice:

"Una elevada dilación en la citación"

"No es que el trabajador no quisiera incorporarse a su puesto de trabajo tras el alta médica, es que se encuentra imposibilitado para la reincorporación laboral"

"con esta patología caminar, se convierte en un desafío".

Por último, estimamos la supresión de la oración donde dice que la empresa dijo que "no constaba limitación alguna por el que suscribe para la realización de su trabajo habitual", pues del documento que refiere la parte recurrente y en que se basa la sentencia -burofax de 15-6-2023, doc. 9 de la empresa, acontecimiento 78-, consta que la empresa le dijo que era apto, pero no que no tuviera limitación.

2.2./Un nuevo HP (8º)para que se adicione:

"OCTAVO.- "Que la Empresa ofreció al trabajador que optase por un permiso no retribuido hasta tanto en cuanto obtuviera resolución del INSS o del Juzgado en relación a la impugnación del alta, sin que el trabajador aceptara esta propuesta".

Lo deduce del doc. 9.

Se estima la revisión porque se deduce del documento que le sirve de soporte y sirve de base a la censura jurídica de la parte recurrente, sin que por la parte impugnante se niegue expresamente dicho hecho, oponiéndose, de forma genérica, a toda revisión fáctica; todo ello, sin perjuicio de la valoración que merezca la adición.

2.3./Adición de un nuevo HP (9º)del siguiente tenor:

NOVENO.-" En fecha 15/05/2023 el actor pasó el preceptivo examen de salud tras ausencia prolongada por motivos de salud teniendo en cuenta su puesto de trabajo (MU) PERSONAL PRODUCCIÓN (DOSIFICAC, MONTAJE, ACONDICIONAM, PLÁSTICO) en la empresa LABORATORIOS GRIFOLS.

La conclusión de dicho examen de salud considerando la aplicación de los protocolos de vigilancia de la salud dermatosis laboral, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, pantallas de visualización de datos posturas forzadas, riesgo químico, ruido, trabajo a turnos/nocturno según la evaluación de riesgos específicos en función de su puesto de trabajo y la información sanitaria laboral disponible, permite calificar al trabajador Moises como APTO CON LIMITACIONES y revisión a los 6 meses.

Adecuación del puesto de trabajo:

- no debe realizar tareas que conlleven bipedestación prolongada

-alternar bipedestación con sedestación

-evitar manipulación manual de cargas (levantamiento tracción y empuje) superiores a 10 kg.

La Empresa adaptó el puesto de trabajo del actor de acuerdo con la adecuación establecida por el Servicio Médico de Vigilancia de la Salud, para que pudiera realizar las funciones básicas de su puesto de trabajo sin riesgos para su salud.".

Lo deduce del doc. 6 de la parte demandada, consistente en el resultado del examen de salud, y doc. 2 de la demanda consistente en apertura de expediente contradictorio, donde consta que, por parte de la empresa, se adoptó el puesto de trabajo del actor, y también en la carta de despido, documento número uno.

Argumenta que no tiene sentido que se sometiera a un nuevo reconocimiento médico, porque ya constaba el de 15 de mayo de 2023, donde había resultado apto con limitaciones revisión a los seis meses, por lo que entiende que la empresa hizo lo correcto, no estando obligada a someterlo a un nuevo reconocimiento porque diga que tiene nuevos informes.

El motivo no merece favorable acogida, porque el hecho que trata de adicionar ya consta en la sentencia, concretamente, en el hecho probado cuarto se recoge que en el informe del servicio de vigilancia de la salud se establecía la aptitud para el puesto con limitaciones y entre paréntesis se recoge dichas limitaciones consistentes en "No debe realizar tareas que conlleven bipedestación prolongada, alternar bipedestación con sedestación, evitar manipulación manual de cargas mayor de 10 kg".

En cuanto al último inciso, relativo a que la empresa efectuó la adaptación del puesto de trabajo, no puede estimarse la adición por basarse en prueba no hábil a efectos revisores, pues se trata de simples manifestaciones de la parte interesada -la empresa- que constan documentadas.

TERCERO.- Censura jurídica. Criterio de la sentencia recurrida.

Al amparo del art. 193 c ) LRJS, la parte recurrente denuncia la "incorrecta aplicación de lo dispuesto en los artículos 45.1 c ), 54.1 y 54.2 a) del Estatuto de los Trabajadores , el artículo 65.2 del XX del Convenio General de la Industria Química , así como de la doctrina y jurisprudencia en relación a la obligación del trabajador a reincorporarse a su puesto de trabajo al cesar la suspensión del contrato de trabajo al obtener el alta médica tras un período de incapacidad temporal, y de la doctrina y jurisprudencia en relación a los despidos disciplinarios por ausencia injustificadas".

La parte recurrente argumenta que el trabajador fue despedido después de ausentarse sin justificar sus ausencias al trabajo durante 40 días naturales, del 22 de mayo de 2023 al 30 de junio de 2023, después de haberle requerido en varias ocasiones para que se reincorporará o justificara sus ausencias. Reconoce que el trabajador había estado de baja médica, pero que había sido dado de alta y que la impugnación suspende la reincorporación como máximo 11 días y, en todo caso, que al actor se le deniega la incoación de un procedimiento para el reconocimiento de la incapacidad permanente y también la nueva baja médica que solicita, resultando que el médico especialista en vigilancia de la salud, lo califica como apto con limitaciones, no estimando necesario esperar a los informes de especialista que tenía pendientes -traumatólogo y rehabilitación-, por lo que la empresa lo requiere para que se reincorpore. En todo caso, la empresa le ofreció pasar a situación de permiso no retribuido hasta que se aclarara su situación, lo que el trabajador no aceptó, por lo que ante las incomparecencias reiteradas la empresa optó por el despido disciplinario. En apoyo de su argumentación, cita la STS 27-3-2013 sobre la ejecutividad de los actos administrativos, relativa a la resolución que acordó extinguir la IT, existiendo presunción de validez de dicho acto administrativo. Por último cita STJS en supuestos que considera comparables pero que, en todo caso, no constituyen jurisprudencia en el sentido propio del término, ex art. 1.6 Código Civil.

La sentencia recurrida razona, en síntesis, que no puede sancionarse al trabajador que no va a trabajar porque no puede, tal y como acontece en el supuesto de autos no pudiendo apreciarse culpabilidad en los términos del artículo 54 ET porque el alta médica del trabajador fue impugnada judicialmente y fue revocada y dejada sin efecto.

CUARTO.- Doctrina jurisprudencial sobre el despido disciplinario.

Reiteradamente los tribunales vienen sosteniendo que la sanción de despido, al ser la última en trascendencia y gravedad de entre las que pueden imponerse, ha de ser reservada para los supuestos de incumplimiento contractual del trabajador dotado de gravedad y culpabilidad en términos de violación trascendente de un deber de conducta, tal y como expresa el artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores ( SSTS 4-marzo-91 [RJ 1991, 1823] y 28-junio-88 [RJ 1988, 5486]), circunstancias que concurren cuando el trabajador incurre en el incumplimiento de aquello que es debido de forma clara y directa (gravedad), presentando una actitud voluntaria y consciente (culpabilidad), en la que "puede incurrir tanto de forma intencional, dolosa, con ánimo deliberado y consciente de quebrantar la buena fe y lealtad depositada en el trabajador por la empresa, como por negligencia, imprudencia o descuido imputable a aquél, ya que el mencionado precepto sólo exige y requiere la concurrencia de un incumplimiento grave y culpable y no un deliberado y consciente propósito de conculcar el deber de lealtad y buena fe"( STS 30-4-1987, RJ 1987\2841), sin que sea necesario que se ocasione un grave perjuicio a la empresa ( STS 19 julio 2010) pues, en ocasiones, es la confianza debida la que resulta mermada, lo que no admite graduaciones.

De modo que la mera comisión de un hecho descrito como falta en el Estatuto de los Trabajadores o, en su caso, en la relación de faltas contenida en el convenio colectivo de aplicación, no es bastante para el despido del trabajador, sino que "es obligado el examen individualizado de cada caso concreto en que han de ponderarse todos los elementos concurrentes en él, tanto subjetivos como objetivos: intención del infractor, circunstancias concurrentes, posibilidad de la existencia de provocación previa, etc., de tal manera que sólo cuando la conducta del trabajador, valorada teniendo en cuenta todos los elementos de juicio dichos, constituye una infracción de la máxima gravedad, resultará procedente la sanción de despido que es también, la más grave prevista en la escala de las que pueden ser impuestas por la comisión de faltas en el trabajo"( STS 17 noviembre 1988, RJ 1988\8598).

Por último, añadir que el art. 65.2 Convenio Colectivo de la industria Química prevé que será falta muy grave "2. Ausencias sin causa justificada, por tres o más días, durante un periodo de treinta días".

QUINTO.- Decisión sobre el fondo

Para resolver sobre el fondo hemos de centrar el debate en el sentido de que nos encontramos ante un despido disciplinario por falta de asistencia al trabajo.

Conforme al convenio colectivo de aplicación, es falta muy grave que el trabajador deje de asistir al trabajo durante tres días o más en un periodo de 30 días.

En el supuesto de autos, no cabe duda de que el actor dejó de asistir al trabajo durante más días de los previstos en el convenio colectivo como constitutivos de falta muy grave, en concreto, desde el 22 mayo 2023 al 30 de mayo en adelante, incoando expediente disciplinario el 2 de junio de 2023 por dichos hechos, lo que no se niega por la parte impugnante.

En cuanto a la obligación del trabajador de reincorporarse tras el alta médica, el TS ha afirmado categóricamente que "En definitiva, el trabajador al que se le ha expedido alta médica antes de agotarse 365 días de prestaciones de IT está obligado a reincorporarse al puesto de trabajo, aunque dicha alta médica haya sido objeto de reclamación previa"( STS 17 de abril de 2023, Recurso: 1368/2022).

En tal caso, el empresario dispondrá que tras una ausencia prolongada del trabajador por motivos de salud sea sometido a una evaluación de su salud, ex art. 37.3.b).2º RSP 39/97, en los términos del art. 22 LPRL y "el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva"( art. 22 LPRL) .

En dicho sentido, argumenta la STS 22 de diciembre de 2025, Rcud 4968/2024 "Consiguientemente, la obligación de los servicios de prevención ajeno de trasladar al empresario sus conclusiones sobre los reconocimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, referidos en el art. 22.1 LPRL , relacionados con la aptitud del trabajador, tiene por finalidad fundamental asegurar que el empresario tome las medidas precisas para evitar cualquier riesgo del trabajador afectado","... cuando constaten, en su función de vigilancia de la salud de los trabajadores, que éstos han perdido sobrevenidamente su aptitud para el desempeño de su puesto de trabajo, están obligados a informar al empresario y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de sus conclusiones sobre dicha pérdida de aptitud o, sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva, todo ello con respeto a las cautelas previstas en los apartados segundo, tercero y cuarto del art. 22 de la LPRL , puesto que dicha información contiene datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores...",

De modo que, incluso cuando el servicio de prevención informa que el trabajador carece de aptitud para el desempeño de su puesto de trabajo, el empresario no puede extinguir automáticamente la relación laboral por ineptitud sobrevenida, conforme a la doctrina del TJUE ( STJUE 8 de enero 2024, en el asunto C-631/22, Ca Na Negreta), sino que el empresario está obligado, con carácter previo, a introducir ajustes razonables que permitan el mantenimiento del empleo, en consecuencia, "es la empresa que decide extinguir la relación laboral quien debe acreditar que el trabajador presenta ineptitud sobrevenida y además no es posible su recolocación sea en el mismo, una vez adaptado, o en otro puesto de trabajo, o que el coste de la adaptación del puesto de trabajo, resulta excesivo para ella" ( STS 22-12-2025 ).

Por tanto, como razona la STS 22-12-2025 citada "Para adaptar nuestra legislación a ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia europeo se aprobó la Ley 2/2025, de 29 de abril, que -aunque no vigente en el momento de los hechos, permite orientar el análisis- modifica el artículo 49 ET para permitir que el trabajador que desee continuar su prestación de servicios pese a su declaración de incapacidad permanente pueda requerir del empresario la introducción de "ajustes razonables" en su trabajo, de manera que si los mismos resultan posibles y exigibles el contrato no se extingue y por tanto, según la modificación que igualmente introduce la Ley en el artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social , la prestación de incapacidad permanente queda suspendida durante el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones u otro que resulte incompatible.".

Así expuesta la doctrina jurisprudencial, debe partirse de los hechos que han quedado acreditados, en concreto:

1.- El trabajador inició una baja médica el 17-3-2022 siendo dado de alta médica el 28-3-2023, resolución que impugnó y que fue desestimada, notificándose la resolución administrativa al trabajador el 5-4-2023, por lo que la empresa le requirió para que se reincorporara al trabajo.

2.-El trabajador solicitó la incoación de un procedimiento de declaración de incapacidad permanente y una nueva baja médica que le fue desestimada.

3.-El día 15 de mayo de 2023 fue examinado por el Servicio de Vigilancia de la Salud de la empresa que lo declaró apto con limitaciones "No debe realizar tareas que conlleven bipedestación prolongada, alternar bipedestación con sedestación, evitar manipulación manual de cargas mayor de 10 kg".

4. La empresa procedió a la apertura de un expediente disciplinario el 2 de junio de 2023 por inasistencias injustificadas al trabajo. En burofax de 15-6-2023 le requirió para que se reincorporara porque estaba de alta médica y había sido declarado apto para reincorporarse, concediéndole poder optar por un permiso no retribuido hasta tanto se resolviera la impugnación judicial del alta médica.

5.El 19-6-2023 el trabajador solicitó una nueva valoración por los servicios de prevención pues contaba con un nuevo informe de Rehabilitación, en el que constaba que necesitaba muleta y órtesis antequino "rancho de los amigos", e informe de traumatología, lo que fue denegado por la empresa.

6. Finalmente, la empresa le comunicó el despido con efectos de 3 de julio de 2023.

7. También se recoge en el HP 4º que el trabajador presentaba radiculopatía L4 derecha severa y lumbalgia, afectando a su pierna derecha impidiéndole levantar dicha pierna del suelo con pie caído, precisando de apoyo (muleta) para deambular, precisando prótesis antiequina y dolor intenso en pierna.

8. En fecha 11-1-2024 se dictó sentencia por el JS núm. 8 de Murcia en la que se estimaba la impugnación del alta médica de 28 de marzo de 2023 que dejaba sin efecto.

Atendidos los datos fácticos expuestos concluimos que el trabajador no tenía motivos para no acudir al trabajo pues había sido dado de alta médica y el Servicio de Vigilancia de la Salud lo había examinado y declarado apto con limitaciones, por lo que no estaba justificada su inasistencia al trabajo, sin perjuicio del derecho a que se le adaptara el puesto de trabajo a su estado patológico, lo que difícilmente pudo hacer la empresa si el trabajador ni siquiera se personó en la misma. Es cierto que presentaba un cuadro patológico que evidenciaba limitaciones para la deambulación, pero no es menos cierto que tanto la Entidad Gestora que lo reconoció, no estimó que debiera continuar en situación de IT -pese a que no había agotado la duración máxima de la misma- y tampoco el Servicio de Prevención estimó su imposibilidad para el trabajo, sino su limitación para la deambulación prolongada o para cargar pesos, por lo que, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponderles, lo cierto es que el trabajador no tenía justificación para no asistir al trabajo por lo que resulta razonable y procedente que, a la vista de las concretas circunstancias concurrentes, la empresa optara por efectuarle un despido disciplinario, máxime cuando el trabajador no aceptó el permiso no retribuido que le ofreció.

Por último, entendemos que el hecho de que posteriormente se anulara el alta médica no empecé esta conclusión, pues se trata de un hecho posterior que no era sabido por el trabajador ni por la empresa, al tiempo del despido, por lo que no puede ser tenido en cuenta ni, desde luego, tener eficacia decisiva, como entendió la sentencia recurrida, pues estaríamos introduciendo en el juicio un sesgo retrospectivo, esto es, introduciendo un hecho "futuro" que no podía ser conocido por la empresa cuando tomó la decisión del despido del actor por inasistencia justificada (FD 4º de la STS 15-11-2022, Rcud 2645/2021), que es la decisión que se enjuicia.

Atendidos los razonamientos expuestos concluimos la estimación del recurso, revocando la sentencia recurrida, declarando la procedencia del despido de fecha y absolviendo a la parte recurrente de las pretensiones formuladas en su contra.

SEXTO.- Costas

Sin costas, firme esta resolución procédase a la devolución al recurrente del depósito y consignación que hubiera podido constituir para recurrir.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás normas de general y pertinente aplicación.