Sentencia Social 1721/2024 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 1126/2024 de 16 de julio del 2024

PRIMERO.-La instancia ha estimado parcialmente la demanda formulada por el Sr. Domingo frente a RANDSTAD EMPLEO ETT S.A (en adelante RANDSTAD), BERGE MARITIMA BILBAO S.L (BERGE), CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL S.L (CSP IBERIAN), SERVICIOS LOGISTICOS PORTUARIOS SL (SLP), CONSIGNACIONES BETOLAZA Y TORO SA (BETOLAZA Y TORO), y la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, declarando que constituye despido improcedente la extinción contractual operada el 5 de enero de 2022, condenando a dichas demandadas (salvo a la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, a la que absuelve), a estar y pasar por tal declaración con las consecuencias que establece, reproducidas en los antecedentes de hecho de esta sentencia y, en concreto, y adoptando como antigüedad del trabajador la de 2 de octubre de 2008, fija la indemnización conforme a la misma, de acuerdo con un salario diario de 111,78 euros.

La decisión judicial sigue la línea adoptada en la sentencia de esta Sala de 14 de diciembre de 2021 (rec.2021/2021), que estima en parte el recurso de suplicación formulado por otro compañero del actor, con circunstancias y avatares profesionales similares a los del ahora demandante, remitiéndose a los razonamientos que esta Sala de lo Social sostiene sobre el particular, y concluye estimando de modo parcial la pretensión en los términos que expone en su parte dispositiva.

Cuatro de las empresas condenadas solidariamente interponen recurso de suplicación, pretendiendo -además de las reformas de hechos probados que proponen en alguno de ellos, y de las excepciones que también se articulan por alguna de las empresas-, una sentencia absolutoria con un pronunciamiento de la Sala que rechace la existencia de cesión ilegal, y de forma subsidiaria, solicitan que se fije una indemnización sustitutoria de la readmisión considerando la antigüedad del trabajador que, de modo principal y secundario peticionan, y conforme al salario que señalan.

La legal representación de la parte actora ha presentado escritos impugnando todos y cada uno de los recursos de suplicación formalizados por las empresas.

SEGUNDO.-Puesto que todas las recurrentes plantean la reforma de hechos probados, examinaremos conjuntamente las propuestas.

Y al hacerlo de modo previo recordamos que venimos sosteniendo con apoyo en la norma legal y en la doctrina jurisprudencial, que la revisión de la crónica judicial está condicionada a que la modificación propuesta resulte relevante a los efectos del resultado del recurso y, por supuesto, a que exista un error en la redacción de hechos probados de la sentencia ( STS 13 de marzo de 2019, rec. 63/2018), exigiendo en todo caso que la certeza del dato cuya inclusión se interesa o la falta de veracidad de aquél que se pretende eliminar, queden evidenciados de manera indubitada, concluyente e inequívoca, por la fuerza directa que derive de documentos o pericias obrantes en las actuaciones, sin precisar la adición de ninguna otra prueba y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas ( STS de 26 de febrero de 2019, rec. 185/2017).

Afirmamos también que no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o de la pericial, entre en contradicción con el resultado de otras pruebas, así como que la doctrina jurisprudencial es clara en cuanto a la imposibilidad de sustentar la revisión fáctica "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente"(STS de 6 .de junio de 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas)".

Conforme a estos criterios, pasamos a examinar las modificaciones solicitadas.

Todas las recurrentes solicitan la reforma del hecho probado primero,y también y salvo RANDSTAD la del ordinal quinto.

El hecho probado primero refleja la prestación de servicios del Sr. Domingo por cuenta y órdenes de RANDSTAD como peón especialista estibador, desde 2 de octubre de 2008, y el salario de 3.400 euros con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias.

Pretenden las empresas recurrentes que, en su lugar, y con apoyo en el informe de vida laboral del actor, figure que la antigüedad del trabajador es de 14/08/2019, o subsidiariamente 15/10/2013, ofreciendo RANDSTAD una propuesta de redacción de dicho ordinal de modo que figure que la prestación de servicios para dicha empresa comenzó en febrero de 2017, mediante la suscripción de varios contratos temporales, existiendo interrupción de 16 meses desde el 9 de mayo de 2012 hasta el 15 de octubre de 2013, posteriormente otra interrupción desde el 26 de marzo de 2019 hasta el 14 de agosto de 2019, y que lo hizo con la categoría de peón especialista estibador y el salario de 3.400 euros con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias, y que en los 12 meses anteriores al 31/12/2021 trabajó 79 jornadas.

Esta reforma del ordinal primero, también en los términos ofrecidos por RANDSTAD, está vinculada a la modificación del ordinal quintode la sentencia que piden todas las recurrentes excepto la mentada ETT. El referido hecho probado refleja que el actor ha suscrito 1.189 contratos por obra o servicio determinado con las ETTs, exponiendo seguidamente esos contratos y su duración, y reflejando que "Desde el 2/10/2008 el actor prestó servicios todos los meses durante varios días al mes, excepto entre junio de 2012 y septiembre de 2013, y entre abril y julio de 2019",ordinal que tiene por reproducida la vida laboral del actor aportada como documento 1 de su ramo de prueba.

Las recurrentes pretenden que, en lugar del párrafo que hemos entrecomillado del hecho probado cuestionado, figure que desde el 2/10/2008 el actor ha prestado servicios todos los meses durante varios días al mes, excepto entre 9 de mayo de 2012 y el 15 de octubre de 2013, y entre el 26 de marzo de 2019 y el 14 de agosto de 2019".

No aceptamos que la fijación de la antigüedad del trabajador sea una cuestión nueva planteada en el recurso como aduce la parte actora en sus escritos de impugnación, toda vez que las demandadas no aceptaron en la instancia ese vínculo único desde el inicio de la prestación laboral del actor como peón estibador, cuestionando entonces qué momento debe considerarse como de inicio de la relación laboral, y también el final de la misma (incluso se plantea qué empresas responden precisamente en función del momento que se tome como inicio de la prestación).

Ahora bien, y como hemos dicho en sentencias previas al pronunciarnos sobre cuestiones similares planteadas en recursos de las mismas empresas, la antigüedad y el salario de la persona trabajadora (al igual que la categoría profesional), cuando resultan controvertidos como en el supuesto actual, fundamentalmente la antigüedad, no son cuestiones fácticas, sino que se determinan en función de normativa jurídica, y la doctrina de los Tribunales que interpreta la misma. Por ello, y por igual razón, tenemos por no puesta la antigüedad que refleja el ordinal primero de la sentencia, y abordaremos esta cuestión al examinar la censura jurídica que plantean los recursos (así el motivo segundo B, E, y F del recurso de CSP IBERIAN, motivo segundo D a F del entablado por TORO Y BETOLAZA, segundo motivo del interpuesto por SLP, y el tercer motivo de RANDSTAD), para lo que tendremos en cuenta la redacción del hecho probado quinto de la sentencia cuya variación tampoco admitimos.

Y no lo hacemos porque no hay error del juzgador de instancia en el párrafo que cuestionan las recurrentes, dado que descansa en igual documento que el que invocan para la modificación del ordinal (vida laboral del Sr. Domingo), que el hecho probado tiene por reproducido tratándose, en realidad, de la misma redacción que pretenden hacer constar las recurrentes pero bajo otra perspectiva (el magistrado refleja los meses en los que el actor no prestó servicios para las demandadas, en tanto que las empresas recurrentes pretenden dejar constancia de los concretos lapsos temporales de suspensión de ese vínculo laboral, de fecha a fecha).

CSP IBERIAN solicita también la inclusión de un nuevo ordinalpara hacer constar que "El contrato que suscribió el actor el 5/01/2022, lo fue para trabajar para TORO Y BETOLAZA",adición que no se acepta toda vez que, conforme al incuestionado (en ese aspecto) hecho probado quinto de la sentencia, esa contratación la relizó RANDSTAD, y así se colige del informe de vida laboral, luego no hay ningún error que enmendar, como tampoco aceptamos la adición de un nuevo hecho probadoque propone la misma recurrente en el apartado tercero de revisión de hechos probados, coincidente con la que reforma propuesta por TORO Y BETOLAZA en el apartado C) del motivo primero,pretendiendo reflejar que el 21/04/2022 el actor suscribió un contrato temporal con RANDSTAD para prestar servicios en BERGÉ, dado que aun siendo cierto ese dato, no resulta cuestionado, no mostrándose relevante a efectos de determinar la calificación del cese del actor el 5/01/2022 (y así nos hemos pronunciado en múltiples sentencias).

TERCERO.-Seguidamente examinaremos las excepciones de falta de litisconsorcio pasivo necesario, y falta de acción, que articulan CSP IBERIAN, y TORO Y BETOLAZA.

La excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario se sustenta en no haber sido demandadas las EMPRESAS HIJOS DE CABANELLAS SA y TRINCAS Y JARCIAS SL, cuando el actor también ha celebrado contratos de puesta a disposición para dichas empresas.

La excepción no se acoge porque, como la Sala ha expresado en sentencias previas en litigios similares al actual, en los que las mismas empresas ahora recurrentes articulaban dicha excepción, se ha ejercitado por la parte actora una acción de despido en la que se sostiene la existencia de cesión ilegal de mano de obra, siendo solidarias las obligaciones que surgen de tales figuras, de manera que puede dirigir su acción frente a cualquiera de los obligados solidarios ( art.1144 del Código Civil) , sin generar indefensión a las empresas que no son llamadas.

Como exponemos en esos pronunciamientos previos, la estrategia de la parte actora consiste en dirigir su acción frente a las cuatro empresas que son socias de la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, dejando al margen a las empresas que no lo son, actuación que hemos considerado lógica dado que se señala como detonante de la acción que se actúa la decisión adoptada por la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO el 10 de enero de 2022 (hecho probado decimoctavo), vinculándose la misma con sus entidades socias.

En consecuencia, no ha quebrantado la sentencia el art.12 .2 LEC al no haber apreciado tal excepción, sin que se aprecie la indefensión denunciada con apoyo en el art.24 CE (en su caso serían tales empresas quienes podrían invocarla, pero no las ahora recurrentes), por lo que tal excepción no puede prosperar, ni como cuestión jurídica, ni como apta para sostener la nulidad de actuaciones.

En orden a la falta de acción, es una excepción de fondo y no procesal que, como tal ha de examinarse al pronunciarnos sobre el fondo litigioso, criterio que es el que hemos seguido también en las sentencias dictadas por la Sala al resolver recursos de suplicación similares al ahora examinado.

CUARTO.-En cuanto a los restantes motivos de censura jurídica articulados por las mercantiles, correctamente amparados en el art.193 c) LRJS, CSP IBERIAN, y TORO Y BETOLAZA formulan en similares términos la censura jurídica, denunciando todos ellos la infracción del art.56 ET, y también del art.15 ET, sosteniendo la inexistencia de fraude de ley de contratación del actor, la validez de los contratos de obra suscritos, al igual que los eventuales por circunstancias de la producción, y de manera especial defendiendo la ruptura de la unidad esencial del vínculo conforme a la doctrina jurisprudencial que invocan, de manera que, subsidiariamente se calcule la indemnización conforme al comienzo de la relación laboral en las fechas que, de modo principal y subsidiario, indican, teniendo en cuenta los periodos de tiempo efectivamente trabajados.

SLP se centra en la infracción del art.56 ET en relación con la teoría de la esencialidad del vínculo, invocando la STS de 28 de febrero de 2019.

Por su parte RANDSTAD denuncia la infracción por sentencia de los arts. 18, 19, 20 y 21 LETT, art.15 y 43 del ET, la DA 9ª de la LETT, y la STJUE de 11 de diciembre de 2014, y vulneración del art.56 ET, todo ello para sostener, en apretada síntesis, que no estamos ante una cesión ilegal, que es posible la contratación del demandante que ha venido realizando la ETT conforme a toda la normativa expuesta. De modo subsidiario, y manteniendo la infracción del art.56 ET en relación con el salario y el tiempo efectivo de prestación de servicios para dicha empresa, sostiene que debe calcularse la indemnización conforme a las jornadas efectivamente realizadas por el actor, considerando así únicamente el tiempo de trabajo efectivo para las empresas usuarias a través de la ETT, y desde el 15/08/2019 dada la ruptura anterior de la unidad esencial del vínculo.

Para dar respuesta a los recursos, hemos de partir de los extremos contenidos en el relato fáctico de la sentencia, a los que nos vamos a remitir a fin de no alargarnos en exceso, si bien recalcando como hemos anticipado, que tenemos por no puesta la antigüedad del trabajador que figura en el hecho probado primero de la sentencia.

Esta Sala se ha pronunciado ya sobre las cuestiones planteadas por las recurrentes en varias sentencias (entre otras muchas las dictadas en los recursos 2021/2021, 1850/2022, 1851/2022, 2088/22, 1986/2022, 2738/2022, 2142/2022, 2563/2022, 254/2023, 548/2023, 1570/2023...), cuyo criterio vamos a seguir por razones de coherencia y seguridad jurídica, máxime cuando la Sala Cuarta por Auto de 30 de mayo de 2023 (rec.1035/2022), ha inadmitido por falta de contradicción el recurso de casación frente a nuestra sentencia de 14 de diciembre de 2022, dictada en el rec.2021/2021.

Estamos ante un trabajador de la misma ETT que ha venido prestando servicios desde octubre de 2008 (sin perjuicio de las interrupciones que luego examinaremos), para las distintas empresas usuarias de estiba y desestiba las recurrentes, por lo que reiteramos los argumentos expuestos en nuestras sentencias, subrayando como también lo hacíamos en las mismas, que las empresas de trabajo temporal, aún las legalmente constituidas, pueden protagonizar fenómenos de cesión ilegal de trabajadores cuando sus actuaciones no se ajustan a la legalidad ( STS de 25 de julio de 2014, rec. 1405/2013).

En nuestra sentencia de 2 de noviembre de 2022 (rec.1986/2022), sustentada a su vez en la de 20 de septiembre de 2022 (rec.1850/2022), dábamos por reproducidos los fundamentos jurídicos tercero a séptimo de la sentencia de 14 de diciembre de 2021 dictada en el recurso 2021/2021, sentencia esta última que reiteramos -y la parte actora lo subraya en sus escritos de impugnación de los recursos-, ha devenido firme conforme al Auto de la Sala Cuarta de 30 de mayo de 2023.

Exponíamos en la meritada sentencia que "En nuestro caso, la ETT puso el trabajador a disposición de la empresa usuaria para la realización de varios contratos temporales, por obra o servicio determinado y eventuales, que no cumplen con los requisitos propios de estas formas de contratación temporal, - artículo 15 ET -.

Como ya hemos explicado al resolver el recurso 2021/2021, las ETT, cuando actúan en el sector de la estiba y desestiba, no están exentas de la aplicación del artículo 15 ET , ni se les aplica el artículo 21.4 de la LETT.

Véase incluso la nueva redacción del artículo 15.5 ET , en vigor desde el 30 de marzo de 2022, y su mención de nuevo expresa a las ETT:

Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas. Esta previsión también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.

Estas medidas de limitación temporal, son las expresamente previstas por nuestro legislador para controlar la contratación temporal, y también son de aplicación a las empresas de trabajo temporal. El hecho de que la ETT realice contratos de puesta a disposición en el sector de la estiba no permite disipar las limitaciones a la contratación temporal, pues con ello se conculcaría la Directiva 2008/104 , y las garantías para preservar el carácter temporal del trabajo a través de las ETT.

Como concluye la STJUE, de 14 de octubre de 2020, asunto C- 681/18 :

"El artículo 5, apartado 5, primera frase, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 , relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no limita el número de misiones sucesivas que un mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal puede realizar en la misma empresa usuaria y que no supedita la licitud del recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo temporal a que se indiquen razones de orden técnico, productivo, organizativo o de sustitución que justifiquen dicho recurso. En cambio, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro no adopte ninguna medida para preservar la naturaleza temporal del trabajo a través de empresas de trabajo temporal, así como a una normativa nacional que no establece ninguna medida para evitar que se lleven a cabo cesiones sucesivas de un mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal a una misma empresa usuaria con el objetivo de eludir las disposiciones de la Directiva 2008/104 en su conjunto."

En conclusión, la ETT no se ajustó en su actuación a las exigencias propias del régimen de contratación temporal, lo que constituye un supuesto de cesión ilegal de trabajadores en el que participaron las codemandadas, que deben ser condenadas solidariamente.

En el mismo sentido se pronuncia la STS de 19 de febrero de 2009, recurso 2748/2007 , ponente Luis De Castro:

"A manera de resumen cabe indicar que la provisión de fuerza de trabajo a empresas usuarias por medio de empresas de trabajo temporal es en nuestro Derecho la excepción a la norma general de la ilegalidad de la cesión de trabajadores, y como tal regla de excepción debe ser interpretada de manera estricta. Y que resulta ilegal la cesión de trabajadores no solamente cuando es llevada a cabo por empresas que no estén debidamente autorizadas como ETT, sino también cuando el contrato no se hubiese concertado en «los términos que legalmente se establezcan»; esto es, en los supuestos de contratación temporal legalmente autorizados, por así imponerlo la interpretación literal, sistemática e histórica del art. 43 ET [para más detalles, la STS 04/07/06 -rcud 1077/05 -]. Lo que significa que el CPD no puede ser una vía para alterar el régimen general de la contratación temporal, sino únicamente un instrumento para trasladar la temporalidad del ámbito de contratación de la empresa usuaria a la empresa de trabajo temporal. Y al efecto puede argumentarse: a) limitar las obligaciones de la ETT -en este aspecto- a que el CPD obedezca tan sólo formalmente a causa legal justificativa, invitaría a reducir la diligencia de la indicada empresa en orden al cumplimiento de las previsiones legales, con la consiguiente desprotección para los intereses del trabajador; b) la defensa de tales intereses ha llevado a la jurisprudencia a sostener la aplicabilidad -por analogía- de las previsiones del antiguo art. 43 ET incluso en supuestos de válida circulación de empleados entre las diversas empresas de un grupo (así, en las SSTS 26/11/90 [-rec. 645/90 -]; 30/06/93 [-rec. 720/92 -]; 26/01/98 [-rec. 2365/97 -]; 21/12/00 [-rec. 4383/99 -]; 26/09/01 [-rec. 558/01 -]; 23/01/02 [-rec. 1759/01 -]; y 04/04/02 [-rec. 3045/01 ]); c) aún para el caso de que faltase toda connivencia de la ETT con la empresa cliente en la utilización fraudulenta del CPD para atender necesidades permanentes o supuestos excluidos, no hay que olvidar que la exigencia de responsabilidad de que estamos tratando es tan sólo laboral y precisamente la solidaria de la empresa usuaria -e infractora- respecto de las obligaciones de la ETT [art. 12 LETT ]; y d) alguna otra garantía -también laboral- correspondiente al trabajador cedido y que afectaría igualmente a la ETT en el caso de que el CPD resultase nulo por causa directamente imputable a la cesionaria [cual es el derecho a integrarse en plantilla como trabajador fijo, inactuable tras extinguirse la cesión: SSTS 11/09/86 , 17/01/91 -rec. 2858/89 - y 08/07/03 -rec. 2885/02 -], en manera alguna excluye la reclamación -de todo orden- que la citada ETT puede efectuar frente a la empresa usuaria e incumplidora.

3.- En nuestro parecer, la expresión legal examinada [«los términos que legalmente se establezcan»] no comprendería -como integrante de cesión ilegal- determinaciones reglamentarias y elementos accesorios que no alcanzasen la sustancial regulación efectuada por la Ley; esto es, que el art. 43 ET únicamente alcanza a los CPD realizados en supuestos no previstos en la formulación positiva del art. 6>LETT y a los contemplados en la formulación negativa de las exclusiones previstas por el art. 8 LETT , pudiendo hacerse la afirmación general de que en todo caso resultará integrante de cesión ilegal la que lo sea con carácter permanente o para cubrir necesidades permanentes de mano de obra, supuestos en los que el CPD se manifiesta claramente fraudulento e incurso en la previsión del art. 6.4 CC . Yla doctrina es igualmente aplicable al supuesto de despido nulo por traer causa en haberse solicitado privadamente la fijeza en la empresa usuaria, cuando se trata de contratos de puesta a disposición encadenados para atender necesidades permanentes de la empresa usuaria...".

La sentencia de instancia adopta la línea de nuestros pronunciamientos previos apreciando la cesión ilegal, correspondiendo al trabajador el derecho de opción inicial por integrarse en una u otra de las empresas demandadas, que responden solidariamente, y también sigue los mentados pronunciamientos anteriores de este Tribunal al absolver a la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO DE EMPLEO PORTUARIO al no constar que haya actuado como ETT de forma ilegal en el caso del demandante, ni estar ante una empresa usuaria de sus servicios.

Ahora bien, disentimos del parecer del magistrado de instancia cuando en el fundamento jurídico tercero de la sentencia fija la antigüedad del actor conforme al primer contrato suscrito con ADECCO ETT SA para su puesta a disposición de las empresas usuarias portuarias, puesto que si bien es cierto que ha venido suscribiendo contratos temporales desde esa fecha, con innumerables contrataciones de un día de duración para la carga de barcos concretos (un total de 1189 contratos), en todo caso entre el 9/05/2012 y el 15/10/2013, esto es, durante diecisiete meses no lo hizo, sin que conste una razón ajena al trabajador en esa suspensión de la prestación laboral (por ejemplo, un largo periodo de IT), por lo que fijamos el 15/10/2013 el comienzo de la prestación de servicios a los efectos de determinar la indemnización correspondiente, sin aceptar en consecuencia la ruptura de la unidad esencial del vínculo laboral entre el 26/03/2019 y el 14/08/2019 que también pretenden las recurrentes, al considerar insuficiente esa interrupción, no demostrativa de esa ruptura conforme a la doctrina jurisprudencial.

En este sentido traemos a colación la STS de 23 de enero de 2024 (rcud 2981/2022), que condensa el criterio de la Sala Cuarta citando las SSTS de 2 de diciembre de 2020 (rcud. 970/2018), y 21 de septiembre de 2017 (rcud. 2764/2015), que sintetiza el mismo valorando la doctrina de la STS de 12 de julio de 2010 (rcud. 76/2010) en la que la Sala Cuarta concluyó que una interrupción superior a tres meses no enerva, por sí sola y en todo caso, la presunción de continuidad del vínculo y rechazó que se deba atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos, de manera que no fija un tope exacto pues abandona ese enfoque, y así citando diversos pronunciamientos de la misma Sala sostuvo que interrupciones superiores a tres y cuatro meses no obstan a una vinculación laboral reconocible como tal, es decir, unitaria (así STS de 9 de diciembre de 2020, rcud. 3954/2018), admitiendo la concurrencia de unidad esencial del vínculo en una prestación de servicios de diez años de duración, mediante contrataciones laborales fraudulentas, en las que se habían producido varias interrupciones, entre otras de cuatro meses y trece días de duración.

La Sala Cuarta razona que, para adoptar la decisión final sobre la concurrencia de interrupciones significativas con entidad para quebrar la unidad esencial del vínculo, cuando la contratación ha sido fraudulenta, ha de atenderse al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos, subrayando que dicha doctrina se acomoda a la STJUE de 19 de marzo de 2020 (Asunto Sánchez Ruiz).

Conforme la doctrina citada, consideramos que la interrupción de la prestación laboral del actor para las demandadas entre abril de 2019 y agosto de 2019 no rompe esa unidad esencial del vínculo dada la larga contratación en fraude de ley entre las partes, sin embargo no se justifica el largo periodo de diecisiete meses transcurrido entre mayo de 2012 y el 15 de octubre de 2013, por lo que fijamos en esta última fecha el inicio de la prestación de servicios del actor a efectos del cálculo de la indemnización por despido.

En consecuencia, conforme a dicha antigüedad y de acuerdo con el salario del actor fijado en sentencia que ratificamos, 111, 78 euros diarios, fijamos en 30.432,10 euros la indemnización que le corresponde para el supuesto de opción por la extinción contractual (en lugar de la que la sentencia determina).

En suma, confirmamos la sentencia salvo en el punto relativo a la antigüedad del trabajador que adopta, fijando la misma el 15/10/2013 y, modificando por consiguiente la indemnización que le corresponde para el supuesto de opción por la extinción del vínculo laboral.

QUINTO.-Dada la parcial estimación del recurso de suplicación de las empresas, no ha lugar a la condena en costas ex art.235 LRJS.