Sentencia Social 5176/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 4837/2024 de 17 de noviembre del 2025

PRIMERO.Frente a la sentencia de instancia donde, con estimación de la demanda rectora de actuaciones, se condenó a la compañía de seguros demandada a abonar a la mutua demandante la cantidad de 10.899,61 euros, la compañía de seguros demandada, con la finalidad de revocación total de la sentencia de instancia y consiguiente desestimación total de la demanda rectora de actuaciones, anuncia recurso de suplicación y lo interpone después solicitando, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la revisión de los hechos probados, y, al amparo de su letra c), el examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas.

Opuesta a los expuestos motivos de suplicación, la mutua demandante, ahora recurrida, solicita, en su impugnación del recurso de suplicación, su desestimación total y la confirmación íntegra de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.Respecto a la revisión de los hechos probados, la parte recurrente pretende las siguientes revisiones fácticas de los hechos probados:

1ª. La adición, en el hecho probado primero, de un segundo párrafo donde se diga que "el Sr. Nicolas fue declarado en situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo por Resolución del INSS de 6-4-2015". Tal adición fáctica se admite porque se sustenta en la resolución referida en su contenido, y es relevante para la decisión del litigio.

2ª. La adición, en el hecho probado primero, de un tercer párrafo donde se diga que "la Médico Forense del Juzgado de Instrucción número uno de Vigo emitió en fecha 6-5-2015 informe médico forense de sanidad relativo a D. Nicolas considerando que precisó para la estabilización o curación un total de 208 días". Tal adición fáctica, con similares razonamientos a la anterior adición fáctica, se admite porque se sustenta en el informe referido en su contenido y es relevante para la decisión del litigio.

TERCERO.Respecto al examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas, se denuncia la infracción, por inaplicación, del apartado 6 del anexo I del Real Decreto Legislativo 8/2004 en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio, según la cual "además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de las secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada", argumentando, en conclusión, que los gastos médicos reclamados obedecen a una asistencia médica llevada a cabo en mayo y junio de 2021, esto es, transcurridos más de 6 años de la consolidación de las secuelas y, por lo tanto, no son ya repercutibles, por designio legal, ni al causante del accidente, ni tampoco a su aseguradora.

Tal denuncia jurídica debe ser estimada. Según el artículo 168.3 de la Ley General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social "tendrán derecho a reclamar al tercero responsable ... el coste de las prestaciones sanitarias que hubiesen satisfecho" y, a tales efectos, el artículo 84.2 establece que "los derechos de crédito que se generen a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las mutuas (a favor de personas protegidas por las mismas cuando) ... corresponda a un tercero su pago por cualquier título ... son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquellas ... (y su) importe será liquidado por las mutuas, las cuales reclamarán su pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidas en la norma ... y hasta obtener su pago". En consecuencia, la mutua demandante puede reclamar conforme a esta habilitación normativa, aunque "solo en la forma y las condiciones establecidas en la norma" aplicable al caso.

Pues bien, la norma aplicable en el caso de autos a la compañía aseguradora demandada no es otra que la que cita como infringida en su recurso de suplicación, de la cual se deriva una limitación de su responsabilidad a los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de las secuelas, de conformidad con el apartado 6 del anexo I del Real Decreto Legislativo 8/2004 en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio. Luego, los posteriores no los debe reintegrar. Ha querido la normativa posibilitar la indemnización de la persona víctima de un accidente de tráfico una vez las secuelas se hayan consolidado y sin esperar al descarte de eventuales asistencias sanitarias posteriores a la consolidación de las secuelas que se pueden producir en cualquier momento de la vida, o no producirse nunca. Al mismo tiempo, esa eventualidad queda cubierta con la indemnización de las secuelas que se han consolidado. En suma, nada más debe indemnizar la compañía aseguradora que lo establecido en los baremos legales.

Ciertamente, el alcance de la responsabilidad de la mutua colaboradora por accidente de trabajo es más amplio pues se sustenta en el principio de reparación íntegra que supone, en lo que aquí interesa destacar, que, si se produce una necesidad de asistencia sanitaria posterior a la consolidación de las secuelas, como ha sido el caso de autos, deberá sufragarla. Pero este principio es aplicable a la responsabilidad derivada de accidente de trabajo, no a la responsabilidad derivada de accidente de tráfico. Una y otra responsabilidad tienen un alcance diferente perfectamente delimitado en sus respectivas normativas de aplicación. No se trata, en consecuencia, de una contradicción normativa que haya de ser salvada aplicando principios como el de especialidad o atendiendo a la supuesta mayor tuición del derecho de la Seguridad Social, sino, pura y llanamente, dos regímenes jurídicos diferentes aplicables cada uno a sus efectos legalmente previstos: la cobertura del accidente de trabajo, por un lado, o la cobertura del accidente de tráfico, por otro lado. Y no hay ningún motivo jurídico razonable para derogar la limitación establecida en la legislación sobre reparación de las personas víctimas de accidente de tráfico por la circunstancia de que, en la legislación sobre reparación de las personas víctimas de un accidente de trabajo, el alcance de la responsabilidad sea mayor.

CUARTO.Por todo lo antes expuesto, el recurso de suplicación será totalmente estimado y, con revocación de la sentencia de instancia, se desestimarán la totalidad de las pretensiones de la demanda rectora de actuaciones, con la consiguiente devolución de depósitos, consignaciones y aseguramientos -según establece el artículo 203 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social- sin una imposición de las costas del recurso de suplicación -de acuerdo con el artículo 235 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social-.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.Frente a la sentencia de instancia donde, con estimación de la demanda rectora de actuaciones, se condenó a la compañía de seguros demandada a abonar a la mutua demandante la cantidad de 10.899,61 euros, la compañía de seguros demandada, con la finalidad de revocación total de la sentencia de instancia y consiguiente desestimación total de la demanda rectora de actuaciones, anuncia recurso de suplicación y lo interpone después solicitando, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la revisión de los hechos probados, y, al amparo de su letra c), el examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas.

Opuesta a los expuestos motivos de suplicación, la mutua demandante, ahora recurrida, solicita, en su impugnación del recurso de suplicación, su desestimación total y la confirmación íntegra de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.Respecto a la revisión de los hechos probados, la parte recurrente pretende las siguientes revisiones fácticas de los hechos probados:

1ª. La adición, en el hecho probado primero, de un segundo párrafo donde se diga que "el Sr. Nicolas fue declarado en situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo por Resolución del INSS de 6-4-2015". Tal adición fáctica se admite porque se sustenta en la resolución referida en su contenido, y es relevante para la decisión del litigio.

2ª. La adición, en el hecho probado primero, de un tercer párrafo donde se diga que "la Médico Forense del Juzgado de Instrucción número uno de Vigo emitió en fecha 6-5-2015 informe médico forense de sanidad relativo a D. Nicolas considerando que precisó para la estabilización o curación un total de 208 días". Tal adición fáctica, con similares razonamientos a la anterior adición fáctica, se admite porque se sustenta en el informe referido en su contenido y es relevante para la decisión del litigio.

TERCERO.Respecto al examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas, se denuncia la infracción, por inaplicación, del apartado 6 del anexo I del Real Decreto Legislativo 8/2004 en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio, según la cual "además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de las secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada", argumentando, en conclusión, que los gastos médicos reclamados obedecen a una asistencia médica llevada a cabo en mayo y junio de 2021, esto es, transcurridos más de 6 años de la consolidación de las secuelas y, por lo tanto, no son ya repercutibles, por designio legal, ni al causante del accidente, ni tampoco a su aseguradora.

Tal denuncia jurídica debe ser estimada. Según el artículo 168.3 de la Ley General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social "tendrán derecho a reclamar al tercero responsable ... el coste de las prestaciones sanitarias que hubiesen satisfecho" y, a tales efectos, el artículo 84.2 establece que "los derechos de crédito que se generen a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las mutuas (a favor de personas protegidas por las mismas cuando) ... corresponda a un tercero su pago por cualquier título ... son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquellas ... (y su) importe será liquidado por las mutuas, las cuales reclamarán su pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidas en la norma ... y hasta obtener su pago". En consecuencia, la mutua demandante puede reclamar conforme a esta habilitación normativa, aunque "solo en la forma y las condiciones establecidas en la norma" aplicable al caso.

Pues bien, la norma aplicable en el caso de autos a la compañía aseguradora demandada no es otra que la que cita como infringida en su recurso de suplicación, de la cual se deriva una limitación de su responsabilidad a los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de las secuelas, de conformidad con el apartado 6 del anexo I del Real Decreto Legislativo 8/2004 en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio. Luego, los posteriores no los debe reintegrar. Ha querido la normativa posibilitar la indemnización de la persona víctima de un accidente de tráfico una vez las secuelas se hayan consolidado y sin esperar al descarte de eventuales asistencias sanitarias posteriores a la consolidación de las secuelas que se pueden producir en cualquier momento de la vida, o no producirse nunca. Al mismo tiempo, esa eventualidad queda cubierta con la indemnización de las secuelas que se han consolidado. En suma, nada más debe indemnizar la compañía aseguradora que lo establecido en los baremos legales.

Ciertamente, el alcance de la responsabilidad de la mutua colaboradora por accidente de trabajo es más amplio pues se sustenta en el principio de reparación íntegra que supone, en lo que aquí interesa destacar, que, si se produce una necesidad de asistencia sanitaria posterior a la consolidación de las secuelas, como ha sido el caso de autos, deberá sufragarla. Pero este principio es aplicable a la responsabilidad derivada de accidente de trabajo, no a la responsabilidad derivada de accidente de tráfico. Una y otra responsabilidad tienen un alcance diferente perfectamente delimitado en sus respectivas normativas de aplicación. No se trata, en consecuencia, de una contradicción normativa que haya de ser salvada aplicando principios como el de especialidad o atendiendo a la supuesta mayor tuición del derecho de la Seguridad Social, sino, pura y llanamente, dos regímenes jurídicos diferentes aplicables cada uno a sus efectos legalmente previstos: la cobertura del accidente de trabajo, por un lado, o la cobertura del accidente de tráfico, por otro lado. Y no hay ningún motivo jurídico razonable para derogar la limitación establecida en la legislación sobre reparación de las personas víctimas de accidente de tráfico por la circunstancia de que, en la legislación sobre reparación de las personas víctimas de un accidente de trabajo, el alcance de la responsabilidad sea mayor.

CUARTO.Por todo lo antes expuesto, el recurso de suplicación será totalmente estimado y, con revocación de la sentencia de instancia, se desestimarán la totalidad de las pretensiones de la demanda rectora de actuaciones, con la consiguiente devolución de depósitos, consignaciones y aseguramientos -según establece el artículo 203 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social- sin una imposición de las costas del recurso de suplicación -de acuerdo con el artículo 235 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social-.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.Frente a la sentencia de instancia donde, con estimación de la demanda rectora de actuaciones, se condenó a la compañía de seguros demandada a abonar a la mutua demandante la cantidad de 10.899,61 euros, la compañía de seguros demandada, con la finalidad de revocación total de la sentencia de instancia y consiguiente desestimación total de la demanda rectora de actuaciones, anuncia recurso de suplicación y lo interpone después solicitando, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la revisión de los hechos probados, y, al amparo de su letra c), el examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas.

Opuesta a los expuestos motivos de suplicación, la mutua demandante, ahora recurrida, solicita, en su impugnación del recurso de suplicación, su desestimación total y la confirmación íntegra de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.Respecto a la revisión de los hechos probados, la parte recurrente pretende las siguientes revisiones fácticas de los hechos probados:

1ª. La adición, en el hecho probado primero, de un segundo párrafo donde se diga que "el Sr. Nicolas fue declarado en situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo por Resolución del INSS de 6-4-2015". Tal adición fáctica se admite porque se sustenta en la resolución referida en su contenido, y es relevante para la decisión del litigio.

2ª. La adición, en el hecho probado primero, de un tercer párrafo donde se diga que "la Médico Forense del Juzgado de Instrucción número uno de Vigo emitió en fecha 6-5-2015 informe médico forense de sanidad relativo a D. Nicolas considerando que precisó para la estabilización o curación un total de 208 días". Tal adición fáctica, con similares razonamientos a la anterior adición fáctica, se admite porque se sustenta en el informe referido en su contenido y es relevante para la decisión del litigio.

TERCERO.Respecto al examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas, se denuncia la infracción, por inaplicación, del apartado 6 del anexo I del Real Decreto Legislativo 8/2004 en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio, según la cual "además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de las secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada", argumentando, en conclusión, que los gastos médicos reclamados obedecen a una asistencia médica llevada a cabo en mayo y junio de 2021, esto es, transcurridos más de 6 años de la consolidación de las secuelas y, por lo tanto, no son ya repercutibles, por designio legal, ni al causante del accidente, ni tampoco a su aseguradora.

Tal denuncia jurídica debe ser estimada. Según el artículo 168.3 de la Ley General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social "tendrán derecho a reclamar al tercero responsable ... el coste de las prestaciones sanitarias que hubiesen satisfecho" y, a tales efectos, el artículo 84.2 establece que "los derechos de crédito que se generen a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las mutuas (a favor de personas protegidas por las mismas cuando) ... corresponda a un tercero su pago por cualquier título ... son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquellas ... (y su) importe será liquidado por las mutuas, las cuales reclamarán su pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidas en la norma ... y hasta obtener su pago". En consecuencia, la mutua demandante puede reclamar conforme a esta habilitación normativa, aunque "solo en la forma y las condiciones establecidas en la norma" aplicable al caso.

Pues bien, la norma aplicable en el caso de autos a la compañía aseguradora demandada no es otra que la que cita como infringida en su recurso de suplicación, de la cual se deriva una limitación de su responsabilidad a los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de las secuelas, de conformidad con el apartado 6 del anexo I del Real Decreto Legislativo 8/2004 en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio. Luego, los posteriores no los debe reintegrar. Ha querido la normativa posibilitar la indemnización de la persona víctima de un accidente de tráfico una vez las secuelas se hayan consolidado y sin esperar al descarte de eventuales asistencias sanitarias posteriores a la consolidación de las secuelas que se pueden producir en cualquier momento de la vida, o no producirse nunca. Al mismo tiempo, esa eventualidad queda cubierta con la indemnización de las secuelas que se han consolidado. En suma, nada más debe indemnizar la compañía aseguradora que lo establecido en los baremos legales.

Ciertamente, el alcance de la responsabilidad de la mutua colaboradora por accidente de trabajo es más amplio pues se sustenta en el principio de reparación íntegra que supone, en lo que aquí interesa destacar, que, si se produce una necesidad de asistencia sanitaria posterior a la consolidación de las secuelas, como ha sido el caso de autos, deberá sufragarla. Pero este principio es aplicable a la responsabilidad derivada de accidente de trabajo, no a la responsabilidad derivada de accidente de tráfico. Una y otra responsabilidad tienen un alcance diferente perfectamente delimitado en sus respectivas normativas de aplicación. No se trata, en consecuencia, de una contradicción normativa que haya de ser salvada aplicando principios como el de especialidad o atendiendo a la supuesta mayor tuición del derecho de la Seguridad Social, sino, pura y llanamente, dos regímenes jurídicos diferentes aplicables cada uno a sus efectos legalmente previstos: la cobertura del accidente de trabajo, por un lado, o la cobertura del accidente de tráfico, por otro lado. Y no hay ningún motivo jurídico razonable para derogar la limitación establecida en la legislación sobre reparación de las personas víctimas de accidente de tráfico por la circunstancia de que, en la legislación sobre reparación de las personas víctimas de un accidente de trabajo, el alcance de la responsabilidad sea mayor.

CUARTO.Por todo lo antes expuesto, el recurso de suplicación será totalmente estimado y, con revocación de la sentencia de instancia, se desestimarán la totalidad de las pretensiones de la demanda rectora de actuaciones, con la consiguiente devolución de depósitos, consignaciones y aseguramientos -según establece el artículo 203 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social- sin una imposición de las costas del recurso de suplicación -de acuerdo con el artículo 235 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social-.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,