Sentencia Social 2767/2024 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 1479/2024 de 17 de diciembre del 2024

PRIMERO.-La Sentencia de instancia (con Auto de aclaración de 26 de octubre de 2022) ha estimado parcialmente la demanda formulada por el Sr. Jose Augusto frente a RANDSTAD EMPLEO ETT S.A (en adelante RANDSTAD), BERGE MARITIMA BILBAO S.L (BERGE), CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL S.L (CSP IBERIAN), SERVICIOS LOGISTICOS PORTUARIOS SL (SLP), CONSIGNACIONES BETOLAZA Y TORO SA (BETOLAZA Y TORO), y la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, declarando que constituye despido improcedente la extinción de la relación laboral del demandante operada el 5 de enero de 2022, condenando a dichas demandadas (salvo a la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, a la que absuelve), a estar y pasar por tal declaración con las consecuencias que establece, reproducidas en los antecedentes de hecho de esta Sentencia y, en concreto, y adoptando como antigüedad del trabajador la de 2 de octubre de 2008, fija la indemnización conforme a la misma, de acuerdo con un salario diario de 111,78 euros.

El pronunciamiento de instancia sigue la línea decisoria adoptada en la Sentencia de esta Sala de 14 de diciembre de 2021 (rec.2021/2021), que estimó en parte el recurso de suplicación formulado por otro compañero del actor, con circunstancias y avatares profesionales similares a los del ahora demandante, remitiéndose a los razonamientos que esta Sala de lo Social sostiene en la misma sobre el particular, señalando también la dictada por la Sala el 19 de julio de 2022 (rec.1406/2022), y concluye estimando de modo parcial la pretensión en los términos que expone en su parte dispositiva.

Cuatro de las empresas condenadas solidariamente interponen recurso de suplicación (son tres recursos dado que CSP IBERIAN y BETOLAZA Y TORO lo hacen conjuntamente), pretendiendo -además de las reformas de hechos probados que se proponen en todos ellos (salvo en el entablado por SLP), y del acogimiento de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y falta de acción -articulada por alguna de las empresas recurrentes-, una Sentencia absolutoria con un pronunciamiento de la Sala que rechace la existencia de cesión ilegal, y de forma subsidiaria, se fije una indemnización sustitutoria de la readmisión considerando la antigüedad del trabajador que postulan, y conforme al salario que señalan.

La legal representación de la parte actora ha presentado escritos impugnando cada uno de los recursos de suplicación formalizados por las empresas, solicitando la confirmación de la Sentencia.

SEGUNDO.-Las empresas recurrentes, salvo SLP, plantean la reforma de hechos probados, procediendo en primer término al conjunto examen de las reformas propuestas.

Previamente recordamos que la revisión de la crónica judicial en un recurso extraordinario como es el de suplicación, está condicionada a que la modificación propuesta resulte relevante a los efectos del resultado del recurso y, por supuesto, a que exista un error en la redacción de hechos probados de la Sentencia ( STS 13 de marzo de 2019, rec. 63/2018), exigiéndose que la certeza del dato cuya inclusión se interesa o la falta de veracidad de aquél que se pretende eliminar, queden evidenciados de manera indubitada, concluyente e inequívoca, por la fuerza directa que derive de documentos o pericias obrantes en las actuaciones, sin precisar la adición de ninguna otra prueba y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas ( STS de 26 de febrero de 2019, rec. 185/2017).

La revisión fáctica no prosperará cuando el contenido del documento o de la pericial, entre en contradicción con el resultado de otras pruebas, así como que la doctrina jurisprudencial es clara en cuanto a la imposibilidad de sustentar la revisión fáctica "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente"(STS de 6 .de junio de 2012, rec. 166/2011Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 06-06-2012 (rec. 166/2011), con cita de otras muchas)".

Conforme a estos criterios, pasamos a examinar las reformas solicitadas.

Tanto RANDSTAD como CSP y BETOLAZA Y TORO, solicitan la reforma del hecho probado primero, y del ordinal tercero.

El hecho probado primerorefleja la prestación de servicios del actor por cuenta de RANSTAND con una antigüedad de 2/10/2008, categoría profesional de Peón Especialista Estibador, y un salario bruto mensual de 3.400 euros, con inclusión de la prorrata de pagas extras, en tanto que en el ordinal tercerofigura que el demandante ha llevado a cabo tal prestación de servicios desde el 2/10/2008 hasta mayo de 2010 para la mercantil ADECCO ETT S.A, desde junio de 2010 hasta enero de 2017 para DENBOLAN ETT S.A y desde febrero de 2017 para RANSTAD, en todos los casos para su puesta a disposición de las empresas portuarias del Puerto de Bilbao, esto es, BERGE, CSP, SLP, y BETOLAZA Y TORO, empresas usuarias que son socias de la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO SA.

En su lugar, pretende RANSTAD que conste que el actor ha prestado servicios para dicha empresa desde el mes de marzo de 2017, vía la suscripción de varios contratos temporales, en los que se señala categoría profesional de Peón Especialista Estibador, y un salario bruto mensual de 3.400 euros con inclusión pp de pagas extras, y que en los 12 meses anteriores a 31/12/2021 prestó servicios 67 jornadas, reforma que apoya en los contratos de trabajo suscritos por el actor con la recurrente, y en la vida laboral del actor.

En cuanto a la revisión del ordinal tercerode la Sentencia, interesa que se elimine toda mención a la prestación de servicios por el demandante para las ETT distintas de RANDSTAD, y previos a marzo de 2017, y que conste que todas las demandadas salvo RANDSTAD, son socias de la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO SA, extremo que no ampara en prueba alguna.

Por su parte, CSP y BETOLAZA Y TORO, solicitan la variación de la redacción del ordinal primero para que conste que el actor ha venido y viene prestando servicios para RANSTAND, con la categoría profesional de Peón Especialista Estibador, habiendo iniciado la prestación de servicios para las estibadoras el 2/10/2008, y hasta el 5/01/2022, durante 1531 días, es decir 4 años y 3 meses, con un salario mensual de 3400 euros brutos con inclusión de pp de extras, habiendo cotizado a lo largo de su vida laboral 1910 días, esto es, 5 años, 2 meses y 25 días, sustentando la variación en el informe de vida laboral del demandante, y en el hecho probado tercero de la Sentencia.

También interesan que se incluya en el ordinal tercero que han prestado servicios vía contratos de puesta a disposición, para TRINCAS Y JARCIAS SA e HIJOS DE CABANELLAS SL, reforma que apoya en el documento nº 2 del demandante.

No accedemos a la variación del ordinal primero como se interesa por las recurrentes; en Sentencias previas, al pronunciarnos sobre cuestiones similares, también planteadas en recursos de las mismas empresas, afirmamos que la antigüedad y el salario de la persona trabajadora (al igual que la categoría profesional) cuando se discuten, no son cuestiones fácticas, sino que, al resultar controvertidas, deben determinarse en función de normativa jurídica, y la doctrina judicial que la interpreta.

Por igual razón, tenemos por no puesta la antigüedad que figura en el ordinal primero de la Sentencia, y abordaremos esta cuestión al examinar la censura jurídica que plantean los recursos (así el motivo primero letras A y B del recurso de SLP, el segundo que articulan CSP IBERIAN y BETOLAZA Y TORO, y el tercer motivo de RANDSTAD), para lo que tendremos en cuenta la redacción del hecho probado tercero de la Sentencia.

Respecto de este ordinal tercero, admitimos la modificación en el aspecto referido a que RANDSTAD no es socia de la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, pero no la expulsión del mismo de los periodos en los que ha prestado servicios vía otras ETT para las empresas portuarias demandadas, dado que ningún error hay que corregir respecto a ese punto, y admitimos también que prestó servicios vía los contratos de puesta a disposición, para TRINCAS Y JARCIAS SA e HIJOS DE CABANELLAS SL, dado que cuenta con apoyo documental, sin perjuicio de que no le otorguemos la relevancia que le concede la recurrente, como luego explicaremos.

CSP IBERIAN y BETOLAZA Y TORO solicitan la reforma del hecho probado cuarto,para añadir que en el contrato de 2/04/2020 y que concluyó el 15/04/2020, también estaba entre las empresas usuarias TRINCAS Y JARCIAS SA e HIJOS DE CABANELLAS SL, reforma que se acoge por su apoyo documental, y trascendencia para el recurso de estas recurrentes, si bien -insistimos- no le damos la relevancia que le confiere la recurrente.

Seguidamente, esta última recurrente solicita también la inclusión de un nuevo ordinal(sería el decimosexto), para hacer constar que "el actor percibió en concepto de indemnización por la extinción de su contrato de trabajo el día 5/01/2022, la cantidad de 6,45 euros".

Reforma que decae porque, como indica la parte actora impugnante del recurso, se trata de una cuestión nueva, sobre la que consecuentemente, tampoco se ha pronunciado la instancia (sobre la posibilidad de descuento de esa cantidad del importe indemnizatorio, que es lo pretendido).

En este punto nos remitimos a la doctrina jurisprudencial sobre la prohibición de plantear cuestiones nuevas ( STS 422/2017 de 12 mayo), conforme a la cual ha de excluirse toda cuestión novedosa, máxime cuando estamos hablando de una cuantía ínfima en todos los aspectos por lo que carecía de relevancia para el resultado del recurso.

TERCERO.-Seguidamente examinaremos las excepciones de falta de litisconsorcio pasivo necesario, y falta de acción, que articulan en su recurso CSP IBERIAN y TORO Y BETOLAZA.

La excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario se sustenta en no haber sido demandadas las EMPRESAS HIJOS DE CABANELLAS SA y TRINCAS Y JARCIAS SL, cuando el actor ha celebrado contratos de puesta a disposición para dichas empresas.

La excepción no se acoge porque, como la Sala ha expresado en Sentencias previas recaídas en supuestos similares al actual, en los que las mismas empresas ahora recurrentes articulaban dicha excepción, se ha ejercitado por la parte actora una acción de despido en la que se sostiene la existencia de cesión ilegal de mano de obra, siendo solidarias las obligaciones que surgen de tales figuras, de manera que puede dirigir su acción frente a cualquiera de los obligados solidarios ( art.1144 del Código Civil) , sin generar indefensión a las empresas que no son llamadas.

Como exponemos en esos pronunciamientos anteriores, la estrategia de la parte actora consiste en dirigir su acción frente a la ETT y las cuatro empresas que son socias de la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, dejando al margen a las empresas que no lo son, actuación que hemos considerado lógica dado que se señala como detonante de la acción que se actúa la decisión adoptada por la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO el 10 de enero de 2022 (hecho probado decimosegundo), vinculándose la misma con sus entidades socias.

En consecuencia, no ha quebrantado la Sentencia el art.12.2 LEC al no haber apreciado tal excepción, sin que se advierta la indefensión denunciada con apoyo en el art.24 CE (en su caso serían tales empresas quienes podrían invocarla, pero no las ahora recurrentes), por lo que tal excepción no puede prosperar, ni como cuestión jurídica, ni como apta para sostener la nulidad de actuaciones.

Finalmente, la excepción de falta de acción que también plantean las recurrentes, es una excepción de fondo y no procesal que, como tal ha de examinarse al pronunciarnos sobre el fondo litigioso, criterio que es el que esta Sala ha seguido en Sentencias anteriores en las que resolvemos recursos de suplicación como el que ahora nos ocupa, y en el que se articulaba idéntica excepción.

CUARTO.-Abordando seguidamente los restantes motivos articulados por las mercantiles, correctamente amparados en el art.193 c) LRJS.

CSP IBERIAN, y TORO Y BETOLAZA denuncian la infracción del art.56 ET, y también del art.15 ET, sosteniendo la inexistencia de fraude de ley en la contratación del actor, la validez de los contratos de obra suscritos, al igual que los eventuales por circunstancias de la producción, y de manera subsidiaria, y denunciando la infracción del art.56.1 interesan que se calcule la indemnización considerando únicamente el periodo real de prestación de servicios, que ha sido de 4 años y 3 meses, y no el adoptado en Sentencia para determinarla, y en todo caso que se deduzca la indemnización abonada el 5 de enero de 2021 al actor, 6, 45 euros.

SLP se centra en la infracción del art.2 del RD 9/2019 de 29 de marzo, y arts.15 y 56 del ET, razonando que se han quebrantado las normas reguladoras de las ETT con su adaptación a la actividad de estiba portuaria, que la antigüedad debe ser la de cada uno de los contratos temporales, y en todo caso no anterior a febrero de 2017, y que el salario debe calcularse considerando las jornadas efectivamente realizadas, rechazando que haya existido contratación en fraude de ley, y tampoco despido, ni mucho menos cesión ilegal, denunciando como infringido el art.43 del ET.

Por su parte RANDSTAD denuncia la infracción de los arts. 18, 19, 20 y 21 LETT, art.15 y 43 del ET, la DA 9ª de la LETT, y la STJUE de 11 de diciembre de 2014, y vulneración del art.56 ET, todo ello para sostener, en apretada síntesis, que no estamos ante una cesión ilegal, que es posible la contratación del demandante que ha venido realizando la ETT conforme a toda la normativa expuesta.

De modo subsidiario, y manteniendo la infracción del art.56 ET en relación con el salario y el tiempo efectivo de prestación de servicios para dicha ETT, sostiene que debe calcularse la indemnización conforme a las jornadas efectivamente realizadas por el actor, considerando así únicamente el tiempo de trabajo efectivo para las empresas usuarias a través de la ETT, desde el febrero de 2017.

Para dar respuesta a la censura jurídica contenida en los recursos, hemos de partir del relato fáctico de la Sentencia, hechos probados a los que nos remitimos a fin de no alargarnos en exceso, si bien recalcando como hemos anticipado, que tenemos por no puesta la antigüedad del trabajador que figura en el hecho probado primero de la sentencia.

Esta Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre las cuestiones ahora planteadas por las recurrentes (entre otras muchas las Sentencias dictadas en los recursos 2021/2021, 1850/2022, 1851/2022, 2088/22, 1986/2022, 2738/2022, 2142/2022, 2563/2022, 254/2023, 548/2023, 1570/2023, 522/2024, 1126/2024...), cuyo criterio, en decisión mayoritaria, vamos a seguir por razones de coherencia y seguridad jurídica, máxime cuando la Sala Cuarta por Auto de 30 de mayo de 2023 (rec.1035/2022), ha inadmitido por falta de contradicción el recurso de casación frente a nuestra sentencia de 14 de diciembre de 2022, dictada en el rec.2021/2021.

Estamos ante un trabajador de la misma ETT que ha venido prestando servicios desde octubre de 2008 para las distintas empresas usuarias de estiba y desestiba demandadas en el procedimiento, por lo que reiteramos los argumentos expuestos en nuestras Sentencias, subrayando como también lo hacíamos en las mismas, que las empresas de trabajo temporal, aún las legalmente constituidas, pueden protagonizar fenómenos de cesión ilegal de trabajadores cuando sus actuaciones no se ajustan a la legalidad ( STS de 25 de julio de 2014, rec. 1405/2013).

En nuestra Sentencia de 2 de noviembre de 2022 (rec.1986/2022), sustentada a su vez en la de 20 de septiembre de 2022 (rec.1850/2022), dábamos por reproducidos los fundamentos jurídicos tercero a séptimo de la dictada el 14 de diciembre de 2021 ( rec.2021/2021), Sentencia esta última que reiteramos, ha devenido firme conforme al Auto de la Sala Cuarta de 30 de mayo de 2023.

Exponíamos en la meritada Sentencia que "En nuestro caso, la ETT puso el trabajador a disposición de la empresa usuaria para la realización de varios contratos temporales, por obra o servicio determinado y eventuales, que no cumplen con los requisitos propios de estas formas de contratación temporal, - artículo 15 ET -.

Como ya hemos explicado al resolver el recurso 2021/2021, las ETT, cuando actúan en el sector de la estiba y desestiba, no están exentas de la aplicación del artículo 15 ET , ni se les aplica el artículo 21.4 de la LETT.

Véase incluso la nueva redacción del artículo 15.5 ET , en vigor desde el 30 de marzo de 2022, y su mención de nuevo expresa a las ETT:

Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas. Esta previsión también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.

Estas medidas de limitación temporal, son las expresamente previstas por nuestro legislador para controlar la contratación temporal, y también son de aplicación a las empresas de trabajo temporal. El hecho de que la ETT realice contratos de puesta a disposición en el sector de la estiba no permite disipar las limitaciones a la contratación temporal, pues con ello se conculcaría la Directiva 2008/104 , y las garantías para preservar el carácter temporal del trabajo a través de las ETT.

Como concluye la STJUE, de 14 de octubre de 2020, asunto C- 681/18 :

"El artículo 5, apartado 5, primera frase, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 , relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no limita el número de misiones sucesivas que un mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal puede realizar en la misma empresa usuaria y que no supedita la licitud del recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo temporal a que se indiquen razones de orden técnico, productivo, organizativo o de sustitución que justifiquen dicho recurso. En cambio, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro no adopte ninguna medida para preservar la naturaleza temporal del trabajo a través de empresas de trabajo temporal, así como a una normativa nacional que no establece ninguna medida para evitar que se lleven a cabo cesiones sucesivas de un mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal a una misma empresa usuaria con el objetivo de eludir las disposiciones de la Directiva 2008/104 en su conjunto."

En conclusión, la ETT no se ajustó en su actuación a las exigencias propias del régimen de contratación temporal, lo que constituye un supuesto de cesión ilegal de trabajadores en el que participaron las codemandadas, que deben ser condenadas solidariamente.

En el mismo sentido se pronuncia la STS de 19 de febrero de 2009, recurso 2748/2007 , ponente Luis De Castro:

"A manera de resumen cabe indicar que la provisión de fuerza de trabajo a empresas usuarias por medio de empresas de trabajo temporal es en nuestro Derecho la excepción a la norma general de la ilegalidad de la cesión de trabajadores, y como tal regla de excepción debe ser interpretada de manera estricta. Y que resulta ilegal la cesión de trabajadores no solamente cuando es llevada a cabo por empresas que no estén debidamente autorizadas como ETT, sino también cuando el contrato no se hubiese concertado en «los términos que legalmente se establezcan»; esto es, en los supuestos de contratación temporal legalmente autorizados, por así imponerlo la interpretación literal, sistemática e histórica del art. 43 ET [para más detalles, la STS 04/07/06 -rcud 1077/05 -]. Lo que significa que el CPD no puede ser una vía para alterar el régimen general de la contratación temporal, sino únicamente un instrumento para trasladar la temporalidad del ámbito de contratación de la empresa usuaria a la empresa de trabajo temporal. Y al efecto puede argumentarse: a) limitar las obligaciones de la ETT -en este aspecto- a que el CPD obedezca tan sólo formalmente a causa legal justificativa, invitaría a reducir la diligencia de la indicada empresa en orden al cumplimiento de las previsiones legales, con la consiguiente desprotección para los intereses del trabajador; b) la defensa de tales intereses ha llevado a la jurisprudencia a sostener la aplicabilidad -por analogía- de las previsiones del antiguo art. 43 ET incluso en supuestos de válida circulación de empleados entre las diversas empresas de un grupo (así, en las SSTS 26/11/90 [-rec. 645/90 -]; 30/06/93 [-rec. 720/92 -]; 26/01/98 [-rec. 2365/97 -]; 21/12/00 [-rec. 4383/99 -]; 26/09/01 [-rec. 558/01 -]; 23/01/02 [-rec. 1759/01 -]; y 04/04/02 [-rec. 3045/01 ]); c) aún para el caso de que faltase toda connivencia de la ETT con la empresa cliente en la utilización fraudulenta del CPD para atender necesidades permanentes o supuestos excluidos, no hay que olvidar que la exigencia de responsabilidad de que estamos tratando es tan sólo laboral y precisamente la solidaria de la empresa usuaria -e infractora- respecto de las obligaciones de la ETT [art. 12 LETT ]; y d) alguna otra garantía -también laboral- correspondiente al trabajador cedido y que afectaría igualmente a la ETT en el caso de que el CPD resultase nulo por causa directamente imputable a la cesionaria [cual es el derecho a integrarse en plantilla como trabajador fijo, inactuable tras extinguirse la cesión: SSTS 11/09/86 , 17/01/91 -rec. 2858/89 - y 08/07/03 -rec. 2885/02 -], en manera alguna excluye la reclamación -de todo orden- que la citada ETT puede efectuar frente a la empresa usuaria e incumplidora.

3.- En nuestro parecer, la expresión legal examinada [«los términos que legalmente se establezcan»] no comprendería -como integrante de cesión ilegal- determinaciones reglamentarias y elementos accesorios que no alcanzasen la sustancial regulación efectuada por la Ley; esto es, que el art. 43 ET únicamente alcanza a los CPD realizados en supuestos no previstos en la formulación positiva del art. 6>LETT y a los contemplados en la formulación negativa de las exclusiones previstas por el art. 8 LETT , pudiendo hacerse la afirmación general de que en todo caso resultará integrante de cesión ilegal la que lo sea con carácter permanente o para cubrir necesidades permanentes de mano de obra, supuestos en los que el CPD se manifiesta claramente fraudulento e incurso en la previsión del art. 6.4 CC . Yla doctrina es igualmente aplicable al supuesto de despido nulo por traer causa en haberse solicitado privadamente la fijeza en la empresa usuaria, cuando se trata de contratos de puesta a disposición encadenados para atender necesidades permanentes de la empresa usuaria...".

La Sentencia recurrida adopta la línea de nuestros pronunciamientos previos apreciando la cesión ilegal, correspondiendo al trabajador el derecho de opción inicial por integrarse en una u otra de las empresas demandadas, que responden solidariamente, y también sigue los mentados pronunciamientos anteriores de este Tribunal al absolver a la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO DE EMPLEO PORTUARIO al no constar que haya actuado como ETT de forma ilegal en el caso del demandante, ni estar ante una empresa usuaria de sus servicios.

Y conforme a tales pronunciamientos, la antigüedad del trabajador a considerar es la fijada en la ahora recurrida, 2 de octubre de 2008, como se desprende de los hechos probados de la Sentencia, amparados en el informe de vida laboral y en los contratos suscritos, siendo el salario el que figura en el hecho probado primero, considerado por el Magistrado de instancia en función de las jornadas máximas conforme al convenio colectivo (son 228 jornadas), art.12 del mismo.

En consecuencia, y previa desestimación de los recursos de suplicación, confirmamos en decisión mayoritaria, la Sentencia recurrida en su integridad puesto que tampoco hemos admitido por ser una cuestión novedosamente planteada, el descuento de la indemnización que plantea CSP IBERIAN y BETOLAZA Y TORO.

QUINTO.-Se impone a las mercantiles recurrentes la condena en costas, que comprenden los honorarios del letrado del trabajador impugnante de cada uno de los tres recursos interpuestos ( art.235 LRJS) , que se fijan en 500 euros por cada una de las impugnaciones llevadas a cabo.