Sentencia Social 4054/2024 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 3309/2023 de 17 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que estimando la demanda interpuesta por el actor Dº Benigno contra la Conselleria Do medio Rural, y declaro el carácter indefinido no fijo de la relación laboral del demandante con la demandada desde el 15/07/2019 con todos los derechos inherentes a dicha declaración, condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración.

Se alza en suplicación la letrada de la Xunta de Galicia en la representación que legalmente ostenta de la demandada, interponiendo recurso en base a un único motivo, correctamente amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS en el que denuncia infracciones jurídicas.

Recurso que ha sido impugnado por la representación letrada de la parte actora.

SEGUNDO.-La letrada de la Xunta de Galicia en la representación que ostenta de la demandada interpone recurso de suplicación en base a un único motivo al amparo del art. 193 c) LRJS -"Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia"-. Alega la infracción de los arts. 15 ET y 3 y 4 RD 2720/1998, así como lo previsto en los artículos 10.4 y 70.1 del estatuto básico del empleado público (EBEP) e igualmente cita distintas sentencias de esta Sala que, a su vez, citan jurisprudencia del Tribunal Supremo. Argumenta que la contratación tuvo lugar el 15 de julio de 2019, en régimen de interinidad por vacante, sin que exista fraude de ley y sin que la relación de interinidad se transforme en indefinida por superación del plazo legalmente previsto. Además, señala que no nos encontramos ante el caso de una duración injustificadamente larga o abusiva, puesto que en el plazo de los tres años se han llevado a cabo actuaciones tendentes a cubrir la plaza ocupada por la parte actora de forma reglamentaria. Todo ello siendo necesario tomar en consideración, a los efectos de valorar si se superó el plazo máximo de duración de tres años, referido en la sentencia recurrida para la cobertura de la vacante, la pandemia por Covid 19. Por ello, interesa la revocación de la sentencia de instancia, con desestimación de la demanda en su día presentada.

Por la parte actora se interesó, en la impugnación, la desestimación de la demanda, por no concurrir la censura jurídica esgrimida de adverso.

El motivo de denuncia jurídica estima la sala que no puede prosperar y ello en base a las siguientes consideraciones:

Debemos resolver el presente recurso de acuerdo con la STS (Pleno) de 28-6-2021 (rec: 3263/2019), dictada a raíz de la STJUE de 3-6-2021-Caso IMIDRA que señala:

"1.- El contrato de interinidad por vacante es aquél que puede celebrarse para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. Se trata de un contrato a término, aunque de fecha incierta respecto de su finalización, en la medida en que su persistencia será la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva de la plaza que, en el caso de las Administraciones Públicas, coincidirá con el tiempo que duren dichos procesos, de conformidad con la normativa específica que en cada caso será aplicable.

Desde antiguo, la jurisprudencia ha admitido la legalidad de este tipo contractual respecto de las administraciones públicas ( SSTS de 10 de julio de 2007, Rec. 3468/1995; de 9 de octubre de 1997, Rec. 505/1997 y de 3 de febrero de 1998, Rec. 400/1997), lo que implica la licitud y regularidad de la contratación, a través del contrato de interinidad, para ocupar plazas vacantes hasta que éstas sean cubiertas en propiedad del modo reglamentariamente establecido ( SSTS de 6 de octubre de 1995, Rec. 1026/1995 y de 1 de junio de 1998, Rec. 4063/1997; entre otras). Obviamente, la licitud de la contratación está supeditada a la existencia de vacante, de suerte que la ausencia de plaza vacante determina que la contratación efectuada se considere fraudulenta por inexistencia de causa que la justifique y, obviamente, el contrato se considere por tiempo indefinido y a jornada completa ( SSTS de 8 de junio de 1995, Rec. 3298/1994 y de 20 de junio de 2000, Rec. 4282/1999).

Técnicamente, dado que, por definición, el contrato se extiende hasta que la plaza vacante que ocupa el interino sea cubierta por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, mientras esto no ocurra estaremos en presencia de un único contrato y, en ningún caso, de contratos sucesivos, salvo que el trabajador sea cambiado a otra vacante. Sin embargo, esta visión, que pudiera considerarse técnicamente correcta y amparada por la jurisprudencia europea en la medida que son los Estados miembros a los que les corresponde determinar en qué condiciones los contratos de duración determinada se considerarán sucesivos ( STJUE de 1 de febrero de 2021, C-760/18), no es, sin embargo, coherente con la propia finalidad del Acuerdo Marco cuyo objetivo es, en todo caso, evitar los abusos en la materia.

Por ello, teniendo en cuenta que, en la interpretación del derecho interno, los órganos judiciales nacionales estamos obligados a garantizar el resultado perseguido por el Derecho de la Unión y que evitar el abuso en la contratación temporal constituye objetivo básico del mismo, la interpretación del contrato de interinidad debe tener en cuenta, además de los aspectos técnico jurídicos, la situación del trabajador interino, sus expectativas y la actividad desplegada por la Administración como entidad contratante.

Desde tal perspectiva, aun cuando el contrato haya cumplido los requisitos, previstos en el artículo 4.1 y 2.b RD 2720/1998, de 18 de diciembre, lo cual comporta que haya identificado la plaza, cuya cobertura legal o reglamentaria se pretende -cobertura que queda necesariamente vinculada al oportuno proceso de selección previsto legal o reglamentariamente-, no cabe duda de que una duración excesivamente larga del contrato de interinidad debida, exclusivamente, a la falta de actividad administrativa dirigida a la cobertura definitiva de la plaza debe ser tenida en cuenta como elemento decisivo en orden a la configuración de la decisión judicial sobre la duración del contrato. Igualmente, el no cumplimiento de las expectativas del trabajador contratado en orden a la duración de su contrato, expectativas que derivan de los tiempos ordinarios para la cobertura de la vacante que ocupa, y que deben ser tenidas en cuenta en la apreciación judicial de la situación y en la calificación de la propia contratación. También el hecho de que los trámites administrativos para la cobertura de la vacante se dilaten en el tiempo de manera innecesaria. Circunstancias todas ellas que obligan a prescindir de la idea de que estamos teóricamente ante un único contrato porque la realidad es que el efecto útil del contrato suscrito inicialmente ha perdido todo valor en atención al incumplimiento de las exigencias de provisión que toda vacante conlleva y de las indeseables consecuencias inherentes a tal situación cuales son la persistencia innecesaria en situación de temporalidad.

2.- Desde otra perspectiva, cabe también reflexionar sobre las diferentes normas presupuestarias que, a raíz de la crisis del 2008, paralizaron la convocatoria de ofertas públicas de empleo. Aunque la Sala nunca ha afirmado que las consecuencias de aquella crisis podían justificar la extensión de la contratación, si entendió que quedaba justificada aquella detención de convocatorias cuando las normas legales españolas ( artículos 3 RDL 20/2011 y 21 de las Leyes 22/2013 y 36/2014, entre otras) paralizaron las convocatorias públicas de empleo, dando así cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, tratando de garantizar, de esta forma, una adaptación continua y automática a la normativa europea a través de tales normas que perseguían continuar con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

La paralización de las ofertas públicas de empleo eran medidas al servicio de la estabilidad presupuestaria y del control del gasto pero, dado que impedían la convocatoria de vacantes que estaban ocupadas por trabajadores interinos, el cumplimiento de tales finalidades resulta dudoso ya que, con la convocatoria y subsiguiente ocupación de plazas vacantes cubiertas por trabajadores interinos, el gasto no se incrementa porque ya existía puesto que no se trataban de plazas de nueva creación sino de plazas que ya estaban cubiertas interinamente y que provocaban el mismo gasto que si hubieran estado cubiertas de forma definitiva. Por tanto, la justificación de la inactividad administrativa ya no resulta tan clara ya que, materialmente, tal inactividad no contribuía, ni directa ni indirectamente, a la sostenibilidad presupuestaria o a la contención del gasto público.

Y aquí es donde incide el pronunciamiento de la precitada STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19), con el que se establece que consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Con esa conclusión el TJUE viene a alterar las consecuencias jurídicas derivadas de las previsiones contenidas en la normativa presupuestaria que hemos citado anteriormente -en las que se contemplaba la suspensión de los procedimientos de cobertura de las plazas vacantes en los organismos del sector público-, que hasta la fecha hemos considerado como el dato decisivo para entender justificada la dilación en el tiempo de los procesos de convocatoria y cobertura de vacantes, que legitimaban la concertación y el mantenimiento de los contratos de interinidad.

Desaparece de esta forma la razón por la que nuestra anterior doctrina entendía justificada, en concretas y determinadas circunstancias ligadas a la vigencia temporal de las leyes presupuestarias citadas, la prolongada extensión de tales contratos, lo que necesariamente obliga a rectificarla en ese extremo.

3.- La conclusión de cuanto se lleva expuesto, tanto de nuestra propia y consolidada jurisprudencia, como de la aplicación de las conclusiones que se extraen de la doctrina del TJUE [ SSTJUE de 19 de marzo de 2020 (asuntos acumulados C-103/18 y C-429/2018) y de 11 de febrero de 2021, (M. V. y otros C-760/18), entre otras] debe conducir a precisar y rectificar la aplicación de nuestra doctrina, en el sentido expresado, para afirmar que, aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998 en los términos ya expuestos, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada -hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva- ha ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno sólo durante un período inusual e injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo.

Con carácter general no establece la legislación laboral un plazo preciso y exacto de duración del contrato de interinidad por vacante, vinculando la misma al tiempo que duren dichos procesos de selección conforme a lo previsto en su normativa específica [ artículo 4.2 b) RD 2720/1998, de 18 de diciembre), normativa legal o convencional a la que habrá que estar cuando en ella se disponga lo pertinente al efecto. Ocurre, sin embargo, que, en multitud de ocasiones, la norma estatal, autonómica o las disposiciones convencionales que disciplinan los procesos de selección o de cobertura de vacantes no establecen plazos concretos y específicos, para su ejecución. En tales supuestos no puede admitirse que el desarrollo de estos procesos pueda dejarse al arbitrio del ente público empleador y, consecuentemente, dilatarse en el tiempo de suerte que la situación de temporalidad se prolongue innecesariamente. Para evitarlo, la STJUE de 3 de junio de 2021, citada, nos indica la necesidad de realizar una interpretación conforme con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada incorporado como Anexo a la Directiva 1999/70/CE; y, especialmente, nos compele a aplicar el derecho interno de suerte que se satisfaga el efecto útil de la misma, especialmente por lo que aquí interesa, del apartado 5 del citado Acuerdo Marco. En cumplimiento de tales exigencias esta Sala estima que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga.

Dicho plazo es el que mejor se adecúa al cumplimento de los fines pretendidos por el mencionado Acuerdo Marco sobre contratación determinada y con el carácter de excepcionalidad que la contratación temporal tiene en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, ese plazo de tres años es o ha sido utilizado por el legislador en bastantes ocasiones y, objetivamente, puede satisfacer las exigencias que derivan del apartado 5 del reiterado Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. Así, ese es el límite general que tienen los contratos para obra o servicio determinado [ artículo 15.1 a) ET]; constituye, también, el límite máximo de los contratos temporales de fomento al empleo para personas con discapacidad (Ley 44/2006, de 29 de diciembre) y ha sido usado por el legislador en otras ocasiones para establecer los límites temporales de la contratación coyuntural. Por otro lado, tres años es el plazo máximo en el que deben ejecutarse las ofertas de empleo público según el artículo 70 EBEP. La indicación de tal plazo de tres años no significa, en modo alguno, que, en atención a diversas causas, no pueda apreciarse con anterioridad a la finalización del mismo la irregularidad o el carácter fraudulento del contrato de interinidad. Tampoco que, de manera excepcional, por causas extraordinarias cuya prueba corresponderá a la entidad pública demandada, pueda llegar a considerarse que esté justificada una duración mayor.

SEXTO.- 1.- En el caso presente estamos ante un contrato de interinidad por vacante que se suscribió en noviembre de 2009 hasta su extinción el 30 de junio de 2017; extinción que fue consecuencia de la ocupación de la vacante que ocupaba la demandante por un trabajador fijo que fue seleccionado en el correspondiente concurso de traslados convocado por Resolución de la Junta de Andalucía de 12 de julio de 2016. Se comprueba, por tanto, que, por un lado, la entidad empleadora tardó más de seis años en organizar y publicar un concurso para la cobertura de la plaza vacante que ocupaba la demandante; y, por otro, que se trataba de un mero concurso de traslado entre el personal que ya tenía la condición de fijo. Extremo éste que ni estaba rodeado de complicación alguno, ni podía entenderse comprendido entre los paralizados por la normativa a que se ha hecho referencia ya que, difícilmente puede entenderse que un concurso de tal naturaleza -traslado- pueda suponer un incremento estructural del gasto público. No existe, por tanto, circunstancia alguna que pueda justificar la inactividad de la Administración durante tan amplio período de tiempo.

2.- El hecho de que la trabajadora en el momento de la extinción de su contrato tuviera la consideración de indefinida no fija, conduce a la aplicación de nuestra doctrina (expresada en la STS-pleno- de 28 de marzo de 2017, Rcud. 1664/2015 y seguida, entre otras, por las SSTS de 9 de mayo de 2017, Rcud. 1806/2015, de 12 de mayo de 2017, Rcud. 1717/2015 y de 19 de julio de 2017, Rcud. 4041/2015), según la que la extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades, tal como lo declaró la sentencia recurrida; habiéndose, aquietado a ello, además, la parte demandante."

Dicho esto, la discusión, en el caso de autos, pasa por determinar si se puede concluir el carácter fraudulento o abusivo del contrato de interinidad por vacante, por cuanto se sobrepasaron los tres años del art. 70.1 EBEP.

En tal sentido, la parte actora fue contratada el 15 de julio de 2019 y la demanda fue presentada el 23 de noviembre de 2022. Entre ambas fechas habían transcurrido tres años y cuatro. Por tanto, a fecha de la demanda se había superado ya el plazo de tres años del art. 70 EBEP.

A este respecto es cierto que la pandemia de Covid-19 justamente coincide, en el caso de autos, con parte de la contratación de la parte actora. Y, a este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la dilación en la cobertura de la plaza como justificada fruto de la situación generada por la pandemia de Covid-19, todo ello con la consecuencia de excluir el fraude o el abuso en la contratación temporal. En este sentido, cabe citar la STS de 19 de diciembre de 2023, rec.: 4895/2022, según criterio reiterado también en la STS de 8 de febrero de 2024, rec.: 8/2023 y en la STS de 20 de febrero de 2024, rec.: 5018/2022.

Ahora bien, en el caso de autos entendemos que no puede concluirse que la referida situación pandémica excluya la declaración de la relación laboral como indefinida no fija, declarada en la instancia. Y ello dado que no sólo se había superado el plazo de tres años a la fecha de la demanda, sino que, a fecha del acto de juicio y del dictado de la sentencia (11-05-2023), tampoco se había procedido a la cobertura de la vacante, habiéndose a tal fecha rebasado el plazo de tres años en más de diez meses. En relación con ello, cabe señalar que los hechos nuevos posteriores a la demanda pueden ser tomados en consideración para la decisión del litigio ( art. 85.1 LRJS, 400.1 LEC y 286 LEC) .

A mayor abundamiento, lo cierto es que en el escrito de recurso la parte empleadora viene a reconocer que, a fecha de elaboración de tal escrito (06-06-2023), tampoco se ha cubierto la vacante ocupada por la plaza actora, además de que viene a indicar que ni siquiera es seguro que tal cobertura se vaya a producir de modo efectivo.

En relación con ello, no puede dejar de señalarse, también a mayor abundamiento, que si durante la tramitación del presente recurso de suplicación se hubiese efectivamente cubierto la vacante que viene desempeñando la parte actora, la empleadora habría podido acreditar tal extremo por la vía del art. 233.1 LRJS, lo que tampoco ha acontecido.

Por otro lado, es también relevante que, en todo caso, en relación a los procesos selectivos que, estos no deben durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, y en relación a las ofertas de empleo público no se refieren a puestos de trabajo sino a plazas, y en los procesos selectivos se convocan las plazas previstas en las diferentes ofertas de empleo público, no puestos y provincia en la que se ubican, y en relación al proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliar del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales al que se refiere el relato factico, convocado por la orden de 28/02/2019, que este no se refiere además a bombero forestal, jefe de brigada, y, por tanto, la argumentación de la parte recurrente carece de sustento fáctico.

Todo lo cual nos permite concluir que la parte actora lleva ocupando la vacante durante un plazo muy superior a los tres años, sin que las circunstancias alegadas por la empleadora permitan justificar una demora como la descrita. Todo ello sin que, en definitiva, conste la cobertura efectiva y reglamentaria de la vacante desempeñada.

A la vista de todo lo expuesto, entendemos que procede mantener la calificación de la relación laboral como indefinida no fija, tal y como se estableció en la instancia.

Y al haberlo estimado así la sentencia de instancia, en modo alguno ha incurrido en ninguna de las infracciones jurídicas denunciadas en el motivo del recurso, lo que conduce a su desestimación y a la confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO.-Costas del recurso

Desestimado el recurso procede condenar en costas a la parte recurrente. Tales costas comprenderán los honorarios del abogado/a o del graduado/a social colegiado de la parte contraria que ha actuado en el recurso en defensa o en representación técnica en el importe de 750 euros - arts. 235.1 LRJS-.

En Consecuencia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,