Sentencia Social 1966/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 796/2025 de 18 de noviembre del 2025

PRIMERO.-En desacuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Social, el demandante recurre en suplicación al amparo del motivo previsto en el apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social ( LJS) , para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Solicita de la Sala sentencia que revoque la de instancia y estime la demanda.

En un primer apartado de censura jurídica denuncia la infracción de los artículos 222.1, 2 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 160.5 de la LRJS, y el 1252 del Código Civil.

Al amparo de esa denuncia argumenta que (i) lo resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) 761/2921 no afecta al demandante, porque el derecho en que basa la demanda es de origen contractual, está contractualizado y prevalece sobre lo acordado en un convenio colectivo del que no forma parte; (ii) la interpretación del acuerdo de desvinculación efectuada en la sentencia de instancia resulta contraria a las reglas del Código Civil. En aras a reforzar su punto de partida, la parte entra a analizar la citada STS y otras.

En un segundo apartado de censura jurídica denuncia la infracción de los artículos 1089, 1091, 1124, 1254, 1255, 1256 y 1258 del Código Civil, para insistir en que el beneficio social reclamado no deriva del Convenio colectivo que se le pretende aplicar para minorarlo, y que la empresa no puede modificarlo de manera unilateral sin compensarle económicamente como solicita en la demanda.

La demandada impugna el recurso y defiende el acierto de la sentencia de instancia. Plantea un motivo previo de inadmisibilidad del recurso, por defectuoso mofo de formular el mismo: la no modificación de los hechos probados, la introducción de cuestiones nuevas no debatidas en la instancia, y no se aporta ningún argumento más allá de mostrar una mera discrepancia con la sentencia recurrida. Cierra el motivo señalando que "debe desestimarse el recurso de suplicación de pleno".

Respondemos en primer lugar para al motivo previo de inadmisibilidad. Cuanto alega la recurrida en apoyo de ese motivo carece de entidad para dar en la inadmisión del recurso. Sus argumentos, a lo sumo, abocarían el recurso a la desestimación, como la misma parte interesa al cerrar sus propios argumentos.

SEGUNDO.-Para resolver el recurso nos atenemos a los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Social, elaborados por el Magistrado de instancia en el ejercicio de la competencia que tiene atribuida para apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes (art. 97.2 LJS) .

El demandante prestó servicios de manera sucesiva por cuenta de Unión Fenosa Generación SA desde el año 2007, para Naturgy Energy Group SA desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 30 de junio de 2014 y por cuenta de Naturgy Generación SLU desde el 1 de julio de 2014. Durante la vigencia de la relación laboral se benefició de una tarifa eléctrica bonificada de 30.000 kw anuales por unidad familiar, para su vivienda habitual. La relación laboral finalizó el 24 de julio de 2020, con la firma de un acuerdo de extinción y paso a convenio especial. En el acuerdo se recogió que el trabajador mantenía el disfrute de la bonificación de electricidad según lo vigente en cada momento para el personal pasivo.

Con la firma del Convenio colectivo de Naturgy 2021-2024 se limitó el consumo eléctrico bonificado, a partir del 1 de enero de 2023 el número de kw bonificados serian 25.000. y se reconoció al personal pasivo la posibilidad de optar, hasta el 31 de diciembre de 2022, entre mantener la bonificación en ese nuevo límite o renunciar a la totalidad de su bonificación percibiendo en ese caso un importe en un solo pago equivalente al 60% de la provisión que la Compañía tuviera para el beneficiario que renuncia.

Naturgy comunicó al demandante el cambio y la posibilidad de optar en aquellos términos.

El demandante pretende mantener inalterado el beneficio de la tarifa eléctrica.

TERCERO.-El criterio de la Sala no ha variado en las sucesivas sentencias dictadas sobre idéntica pretensión, esto es, que el beneficio por el que reclama el demandante no está contractualizado y debe soportar las vicisitudes que nacen del Convenio colectivo. Razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, teniendo en cuenta además que no concurre razón para modificar ese criterio, imponen que debamos reiterar nuestra respuesta, que pasa por reproducir los Fundamentos de Derecho de la sentencia nº 885/2025, de 20 de mayo, dictada en el recurso de suplicación 40/2025 de esta Sala, reiterados en otras que resuelven los recursos 26/2025, 44/2025. 85/2025, 315/2025, 316/2025, 421/2025, 422/2025, 424/2025, 425/2025, 426/2025 (y más), planteados en términos similares a los que resuelve las mismas cuestiones traídas a este, en procedimientos seguidos entre otros demandantes y la mismas demandadas con idéntica pretensión:

"FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestima íntegramente la pretensión de la demanda se alza en suplicación la representación letrada del demandante mediante dos motivos por el cauce a que habilita apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social para solicitar la revocación de la sentencia y la estimación del derecho en los términos de la demanda.

Según resume el antecedente de hecho primero de la sentencia recurrida, el demandante solicitaba que se "Condene a la entidad demandada a dejar sin efecto la supresión del derecho, reponiendo al demandante en su anterior derecho a la tarifa eléctrica bonificada de 30.000 Kw y le indemnice por los daños derivados de su conducta, abonando las cantidades que se hubiera visto obligado a pagar como consecuencia de la retirada unilateral del mencionado beneficio. y, Subsidiariamente, declare que la unilateral ruptura del compromiso adquirido constituye un incumplimiento de contrato sin causa, reconociendo su derecho a ser resarcido por los daños ya ocasionados, así como por aquellos otros que le serán producidos en el futuro y se deriven de sus legítimas expectativas de que las obligaciones asumidas por su antigua empleadora serían cumplidas, indemnizando con una cantidad equivalente a la cuantificación del beneficio social reconocido a razón del valor el mercado de 30.000 Kw por año durante la esperanza de vida del demandante",lo que en el acto de juicio ratificó solo "concretando la acción a dejar sin efecto la supresión del derecho, reponiendo al demandante en su anterior derecho a la tarifa eléctrica bonificada de 30.000 Kw"(antecedente de hecho segundo).

El recurso plantea dos motivos de censura jurídica. Mediante el primero denuncia infracción de lo dispuesto en los artículos 222.1 , 2 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,el artículo 160.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el artículo 1252 del Código Civil ,en relación con la doctrina judicial emanada del Tribunal Supremo y de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas. En síntesis, parte de considerar que el beneficio es contractual y no convencional ya que no puede ser convencional porque es un derecho previo a la normativa colectiva y por tanto no puede ser modificado por esta. La fuente de origen de los beneficios sociales reclamados en la presente demanda no la constituye el Convenio Colectivo, sino que los beneficios sociales estuvieron reconocidos con carácter histórico, no siendo su fuente de origen el citado precepto convencional, sino que eran previos al mismo. Además alega que el demandante estaba excluido del ámbito de aplicación del convenio colectivo al haber salido de la empresa antes.

Lo que sostiene es que la interpretación que se realiza del acuerdo de desvinculación por la sentencia resulta contraria a la normativa del Código Civil. El acuerdo es anterior a la firma del Convenio que suprime o reduce el beneficio, recogiendo expresamente el derecho o beneficio, lo que supone un pacto expreso de naturaleza contractual que se rige por las normas del Código Civil y no por el Convenio. El hecho de haber ofrecido una compensación económica en caso de renunciar a tal beneficio supone una materialización más del carácter contractual, a cuyo efecto cita un voto particular de la Sentencia 242/2021, de 15 de noviembre, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en este sentido. Y en este punto añade una cita de sentencia del Tribunal Supremo de "07-07-2021, nº 761/2021, rec. 137/2019 , que se cita por la sentencia de instancia, resuelve el recurso de casación formulado frente a la dictada por la Audiencia Nacional" a cuya interpretación apela según lo que dice es transcripción de la misma para concluir, a renglón seguido, que "por tanto, la demanda ha de ser íntegramente estimada, debiendo cumplirla demandada con las obligaciones en el mismo término que quedaron contractualizadas y tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 1091 del Código Civil , fuerza de ley entre las partes, no pudiendo quedar derogadas por convenios o decisiones unilaterales de la empresa, en las que los actores no han sido parte".

El segundo motivo de censura jurídica denuncia infracción de lo dispuesto en los artículos 1089 , 1091 , 1124 , 1254 , 1255 , 1256 y 1258 del Código Civil con arreglo a los mismos argumentos.

El recurso ha sido objeto de impugnación por la representación letrada de la empresa demanda para interesar su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia. Opone al éxito de sus alegaciones las premisas fácticas y consideraciones jurídicas que ofrece la sentencia recurrida, reivindicando con carácter previo inadmisibilidad del recurso una defectuosa técnica del recurso en el planteamiento de los motivos las infracciones jurídicas denunciadas.

En cuanto al fondo, reitera de su oposición en la instancia que el beneficio que se reclama tiene un origen normativo que ha sido sometido a diferentes modificaciones en la normas de carácter convencional que se han ido aplicando en el Grupo Naturgy desde su origen en la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industrias de Producción, Transformación, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica que data del año 1960 y que actualmente viene regulado en el vigente III Convenio Colectivo de Naturgy (BOE de 6 de febrero de 2023), razón por la que con arreglo al mismo remitió individualmente una oferta de compensación como una opción pactada en el ámbito de la negociación colectiva, con la limitación de la bonificación máxima anual a 25.000 kWh desde el 1 de enero de 2023 prevista, reduciendo el límite de 30.000 kWh existente hasta entonces.

Insiste en que no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, ni de vigencia al margen del devenir del convenio, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral que finalizó con motivo de la firma de su acuerdo de desvinculación recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo.

La denuncia de un defectuoso planteamiento del recurso como causa de inadmisión del interpuesto conduce a que debamos abordar el examen de este motivo de impugnación. Es el incumplimiento "de manera manifiesta e insubsanable los requisitos para recurrir"el que el artículo 200 LJS contempla como causa de inadmisión ad liminedelrecurso. En aplicación de ello la jurisprudencia ha venido reiterando que no debe rechazarse el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el correspondiente escrito suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, pues "lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y si éste es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión ha de analizarse y no descartarse de plano"( Sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 13/05/15 -rco 80/14 -; 17/09/15 -rco 238/14 -; SG 19/10/15 -rco 54/15 -; SG 20/11/15 -rco 104/15 -; 24/11 / 15 -rco 270/14 -; 01/12 / 15 -rco 40/15 -; SG 26/01/16 -rco 144/15 -;y SG 31/03/16 -rco 272/15 ).

Con independencia del éxito o no de la pretensión, concluimos que el recurso cumple de manera mínima y suficiente con los requisitos contemplados en la ley reguladora de la jurisdicción social. La impugnación prescinde de que lo que establece el artículo 196 LJS en su apartado segundo es que "En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos".

No cabe duda de que la censura jurídica es el único motivo planteado, mas los comprende preceptos y jurisprudencia que considera infringidos. Propuestos para afrontar la sentencia recurrida mediante un planteamiento que, a la postre, permite conocer el sentido de la pretensión y su análisis, ello no habilita a la inadmisión de plano de su examen por razones puramente formales. No concurren defectos que, como tal, impidan radicalmente identificar y conocer el sentido de la discrepancia que la parte recurrente articula y, precisamente en aras a evitar formalismos enervantes, la causa de inadmisión se rechaza.

SEGUNDO.- Dar respuesta a la controversia jurídica suscitada, que llega en efecto en suplicación sin modificación de las premisas fácticas que nos ofrece la sentencia de instancia, aconseja recapitular al menos resumidamente acerca de las mismas.

El demandante prestó servicios para NATURGY GENERACIÓN, S.L.U., pasando a la situación de prejubilado. Ha disfrutado de tarifa eléctrica bonificada de 30.000 kilovatios anuales por unidad familiar, para su vivienda habitual y aportaciones al seguro médico, ayuda para estudios de los hijos, para aquellos que tuvieran hijos estudiando.

Según consta en hechos probados, el acuerdo de extinción del contrato de trabajo firmado el 12 de abril de 2.019 decía:

"PRIMERO. EXTINCIÓN

1. El contrato de trabajo que viene vinculando a ambas partes queda extinguido, de mutuo acuerdo entre las mismas y con carácter definitivo e irreversible con fecha de efectos de 12 de abril de 2019, siendo éste el último día de trabajo.

2. Ambas partes acuerdan que los únicos derechos y obligaciones existentes entre las mismas en relación con la extinción del contrato y a partir de dicha extinción son los contemplados en el presente Acuerdo, sin que unos u otros pueden ser objeto de novación modificativa alguna en el futuro, ni de reclamaciones que tengan por objeto la incorporación al presente Acuerdo de condiciones, derechos u obligaciones adicionales o distintas de las expresamente pactadas.

3. Asimismo el interesado mantendrá la bonificación de electricidad en los términos establecidos en el presente Acuerdo.

SEXTO.- BONIFICACIÓN DE CONSUMOS.

La Interesada mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo.

La facturación y las cargas de carácter fiscal, que en cada momento sean de aplicación al consumo de energía eléctrica, serán por cuenta de la beneficiaria.

La utilización fraudulenta de esta prestación o impago de la facturación e impuestos correspondientes supondrá la pérdida del derecho a su disfrute."

La regulación de la bonificación ha sido objeto de regulación normativa y convencional en los términos del hecho probado séptimo y llegan hasta el II Convenio y III Convenio que reproducen los hechos probados cuarto y quinto.

La demandada NATURGY comunicó al actor que como consecuencia del Acuerdo del III Convenio Colectivo Grupo Naturgy se establece en el punto Noveno apartado 2 que el personal pasivo podrá optar, de forma voluntaria, hasta el 31 de diciembre de 2022 a renunciar a la totalidad de su bonificación, percibiendo a cambio un importe en un solo pago equivalente al 60% de la provisión que la Compañía tuviera para la persona que solicite esta renuncia o mantener la tarifa bonificada modificada en el Convenio pasando de 30.000 kw a 25.000 kw (hecho probado sexto).

En la demanda se solicitaba que se reponga al actor en el derecho reclamado al considerar que es una condición individual contractualizada con la naturaleza de condición más beneficiosa y que no puede ser modificada por el convenio colectivo vigente en cada momento. La sentencia CONCLUYE que "procede la desestimación de la demanda formulada debiendo estar a la regulación expresa que determina y viene regulada para el personal pasivo en el III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy".

Expone una fundamentación que transita, principalmente, por las siguientes consideraciones: «la bonificación de la tarifa eléctrica ha sido objeto de regulación conforme al histórico que se recoge en la parte de hechos probados de esta sentencia que en este punto se da por reproducido, comprobándose que a lo largo de los años ha ido sufriendo de diferentes modificaciones, de forma que la bonificación de que la que ha venido disfrutando el actor desde el inicio de su relación laboral ha derivado directamente de la fuente convencional a la que se ha ido remitiendo su contrato de trabajo. En fecha 12 de abril de 2019, el actor firmó el contrato de extinción, lo que se viene a denominar Acuerdo de Desvinculación ... en el que las partes acordaron de mutuo acuerdo la extinción con carácter definitivo e irreversible con fecha de efectos de 12 de abril de 2019, siendo éste el último día de trabajo. Las partes acordaron que los únicos derechos y obligaciones existentes entre las mismas en relación con la extinción del contrato y a partir de dicha extinción eran los contemplados en el Acuerdo suscrito, sin que unos u otros puedan ser objeto de novación modificativa alguna en el futuro, ni de reclamaciones que tengan por objeto la incorporación al presente Acuerdo de condiciones, derechos u obligaciones adicionales o distintas de las expresamente pactadas. Expresamente se indicaba que el interesado mantendrá la bonificación de electricidad en los términos establecidos en el presente Acuerdo. La bonificación de consumos se regulaba en el Acuerdo SEXTO en el que literalmente se indicaba que La Interesada mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo. Existe por tanto una remisión clara y evidente a la normativa convencional aplicable en cada momento.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 3 de julio de 2023 (Rec. 2224/2022) con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dictada a IBERDROLA en la que se analiza la eliminación de la segunda tarifa bonificada por parte de IBERDROLA a un empleado jubilado y concluye en la validez de que un convenio pueda modificar o incluso eliminar beneficios o condiciones previstos en un convenio anterior [...] la sentencia dictada por el T. Supremo de fecha 22 de octubre de 2013 cuyo supuesto de hecho es distinto al presente al no tener punto de comparación el Acuerdo de desvinculación suscrito por el aquí actor con los pactos de jubilación alcanzados en el marco de un ERE, ambos se sujetan a los términos concretos de los pactado [...]

Independientemente de su origen y naturaleza inicial o posterior, si una condición laboral se incorpora a un convenio colectivo pasa a ser una condición de convenio colectivo y puede ser derogada o modificada, al respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021 (Rec.137/2019 )ya citada que indica que cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 3 de octubre de 2022 y de 18 de octubre de 2023, de 19 de diciembre de 2017 (Rec. 1/2017 )esta última afirmando que un derecho contenido en un convenio extraestatutario puede ser derogado o modificado posteriormente por un convenio estatutario. [...]

Una condición ad personam recogida en un convenio colectivo tiene carácter normativo y no contractual. El actor indica que el beneficio de la tarifa eléctrica bonificada está incorporada a su contrato de trabajo aunque se recoja en los convenios colectivos. Sin embargo la jurisprudencia unánimemente indica que los convenios colectivos no pueden ser fuente de un derecho ad personam o de una condición más beneficiosa en este sentido las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021 [...]

La Empresa remitió individualmente una oferta de compensación como una opción pactada en el ámbito de la negociación colectiva, y en los términos fijados en el Acta Final y del Acuerdo del III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy para 2021-2024. Además no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral finalizó con motivo de la firma de su acuerdo de desvinculación, el cual recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo, que es como decir que se sujetará a la normativa convencional vigente en cada momento. A estos efectos procede destacar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de febrero de 2019 (Rea. 124/2017 )[...]».

Sentado cuanto antecede, lo primero que hemos de advertir es, en efecto, una defectuosa identificación de los parámetros jurídicos con los que el recurrente quiere confrontar la sentencia. Desde luego, la alusión a los artículos que conciernen a la cosa juzgada -por la cita formal del artículo 222 LEC sin mención o desarrollo- no es el único apreciable, cual sucede igualmente al apelar a un voto particular de una sentencia que ni siquiera constituye jurisprudencia ex artículo 1.6 CC .En realidad, todo el recurso atiende a la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo a que apela si bien seguidamente -como denuncia la impugnación del recurso- se aprecia que el texto que de la misma se dice transcribir ninguna relación guarda con su verdadero tenor.

Expresivo de ello es que transcriba que la pretensión versaba sobre "el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo al mantenimiento de los beneficios sociales y económicos más favorables, que venían disfrutando hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en concreto al mantenimiento del derecho a la denominada tarifa de empleado o derecho al suministro de energía eléctrica bonificado"y, entre otros razonamientos, que "la excepción de cosa juzgada no puede acogerse porque el pronunciamiento del Tribunal Supremo se refiere a los jubilados cuyos beneficios sociales no estaban contractualizados y derivaban de un convenio colectivo ajeno al del demandante. Por tanto, no se reclaman en el presente procedimiento los derechos derivados del IV convenio sino de los pactos suscritos con la empresa, a la que están ligados en virtud de su adscripción al expediente de regulación de empleo al que se acogieron, que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1254 del Código Civil tiene naturaleza contractual perfeccionándose, de acuerdo con el artículo 1256 del mismo cuerpo legal , al prestar el trabajador su consentimiento a la oferta de la empresa y obligándose a cesar y ésta en los términos establecidos como contraprestación, que únicamente remiten al convenio vigente en cada momento para garantizar a los jubilados el mismo derecho que a los trabajadores en activo, pero sin que, conforme a los términos del acuerdo, puedan dejar de disfrutar de los beneficios sociales que, no solo se les reconocen expresamente, sino que además se les garantiza expresamente el mantenimiento de "la totalidad de las condiciones económicas y sociales, ante cualquier eventualidad, que por causas ajenas a la empresa y al trabajador pudieran producirse", por lo que evidentemente no puede la empresa unilateralmente modificar los términos del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil y así lo reconoce el Tribunal Supremo, en sentencia de 22-10-2013, rec. 3000/2012 , que resuelve un supuesto similar al presente[...]".

Digamos ya que esa transcripción acaso no corresponda a otra cosa que sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que el recurso no identifica. Mas su tenor dista igualmente mucho de resultar de aplicación al supuesto que ahora examinamos en suplicación. De nuevo, si se examinaba allí el mantenimiento de los derechos en la consideración de cláusulas individuales con remisión a la regulación en cada caso de los trabajadores en activo y expreso mantenimiento de "la totalidad de las condiciones económicas y sociales, ante cualquier eventualidad",tal no es el caso del aquí demandante ni de su acuerdo de prejubilación, al menos no en los términos que reproduce la sentencia recurrida y no discute el recurso.

Cuantos derechos sociales en otros casos los trabajadores jubilados pudieran haber venido disfrutando tras la extinción contractual con independencia de la suerte que siguieran dichos derechos sociales en los sucesivos convenios celebrados con posterioridad dependían de sus propias cláusulas individuales en términos que no concurren al caso. Si el derecho se disfruta según lo pactado y no según la negociación colectiva -lo que el recurrente afirma es la razón de que se encuentren garantizados con independencia del marco laboral, cual garantía "ad personam" que obliga a la empresa demandada a respetarlos- ello solo puede ser en la forma establecida en el documento contractual con arreglo al que el actor mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo. Y siquiera de considerar las obligaciones en los términos en que quedaron contractualizadas, cual afirma, la fuerza de ley que según el artículo 1091 del Código Civil -cuya infracción denuncia- tendría para las partes no puede exceder de tan literal remisión y sus contornos, lo cual así ha sido interpretado por la Juzgador a quodeun modo en el que no apreciamos infracción jurídica.

La tradicional prevalencia del órgano de instancia en la interpretación de convenios colectivos, acuerdos y contratos en el orden jurisdiccional social que la jurisprudencia ha venido reiterando partía de su consideración como "facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer salvo que no sea racional y lógico o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual"(entre las más recientes, Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2.018, rcud. 198/2.017 ).Más recientemente matizan en sentencias como la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2.021 (rco. 187/2019 )en las que «la Sala ha precisado recientemente su papel en este tipo de recursos, en los que se discute la interpretación efectuada por el órgano de instancia. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea jurisprudencial, que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual" ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011 ; de 15 de septiembre de 2009, rec. 78/2008 , entre muchas otras)

[...].en los últimos tiempos, hemos matizado dicho criterio, y hemos establecido que, "Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC ,tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS de 13 de octubre de 2020, Rec. 132/2019 ; 21 de diciembre de 2020, Rec. 76/2019 ; 3 de marzo de 2021, Rec. 131/2019 ; 10 de marzo de 2021, Rec. 102/2019 y 22 de abril de 2021, Rec. 145/2019 )[...]».

El canon jurisprudencial expuesto atiende, por tanto, a que la interpretación del órgano judicial de instancia no haya sido arbitraria ni irrazonable, lo que solo cabe considerar cuando se atenga a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil cuya infracción el recurso formalmente cita en el segundo motivo. Sin embargo, no se aprecia su incumplimiento en la sentencia recurrida a tenor de la preferencia del sentido propio de sus palabras en relación con el contexto. El canon de interpretación literal que sin duda ostenta una preferencia difícilmente discutible rige si los términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, debiendo estar por ello al sentido literal de sus cláusulas (artículo 1281).

Dos circunstancias se advierten particularmente para concluir que el recurso no alcanza a avalar la tesis actora ni a desautorizar la conclusión de la sentencia. La primera, que la bonificación pactada no es una condición más beneficiosa ajena al convenio colectivo. Aun teniendo en cuenta la sucesión normativa y convencional que relata el hecho probado séptimo -"la bonificación de la tarifa eléctrica ha sido objeto de regulación conforme al siguiente histórico"-,no resulta sencillo desligar la fuente de la obligación de este beneficio social de los sucesivos convenios colectivos, menos aún cuando el recurso no ofrece razones para hacerlo. En este punto, lo que la jurisprudencia observada en la sentencia considera es que "con independencia de los antecedentes que pudieran haber dado lugar al referido precepto convencional. Tal como expresamos en nuestra STS de 12 de junio de 2008, Rec. 58/2007 , cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional, aunque su contenido no haya experimentado variaciones sustanciales"( STS 7/7/2021, rco. 137/2019 ).

La segunda y más importantes es la propia dicción literal del acuerdo, que redunda en dicha ligazón. Que los términos y condiciones de la bonificación sigan la suerte de la regulación vigente en cada momento obedece a que expresamente así quisieron suscribir las partes en el acuerdo de prejubilación que "mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo",de modo que no podemos apreciar error en la sentencia que liga su destino con arreglo a una interpretación plenamente acorde a dicha literalidad en remisión a los pasajes del convenio colectivo que contemplan a pasivos aunque el actor no fuese ya "personal activo en el momento de la firma del presente convenio"(hechos probados cuarto y quinto).

En suma, en el presente caso encontramos suficientes elementos en la argumentación de la sentencia que impiden a la censura jurídica prosperar. la sentencia destaca en su fundamentación que: 1) es cierto que los convenios colectivos no pueden ser fuente de un derecho ad personam o de una condición más beneficiosa; 2) cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional; 3) sentadas ambas premisas, la bonificación de que la que ha venido disfrutando el actor desde el inicio de su relación laboral ha derivado directamente de la fuente convencional a la que se ha ido remitiendo su contrato de trabajo; 4) no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral finalizó con motivo de la firma de su acuerdo de desvinculación y "la condición más beneficiosa sólo resulta posible en el marco del artículo 3.1c ) ET esto es, como producto de la voluntad de las partes manifestada -expresa o tácitamente- en el contrato de trabajo; pero no en el marco de una relación que, en modo alguno cabe calificar de contrato de trabajo. Entre los demandantes y la demandada no existe ninguna vinculación contractual laboral, ni existía en el momento de la pretendida conformación de la condición más beneficiosa. Aquellos son jubilados o causahabientes, pero no trabajadores. No existe la más remota posibilidad de que en el supuesto examinado en la sentencia recurrida pueda existir condición más beneficiosa alguna"( STS 21/2/2019, rcud. 124/2017 );5) pero además dicho acuerdo de extinción recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo, que es tanto como decir que se sujetará a la normativa convencional vigente en cada momento.

Mientras en otros supuestos lo que sucede es que el beneficio convencional se contempla solo para trabajadores en activo, su mantenimiento a jubilados o pasivos cabe o como "condición ad personam" o en los términos sujetos a los requisitos expresamente delimitados en el propio convenio, siendo ello lo que determina o no su aplicación. Aquí, sin embargo, recorremos el sentido inverso. Lo que sucede es que el beneficio reclamado se fijó expresamente como vigente en el acuerdo de prejubilación, pero se remitió expresamente también a las condiciones de vigencia para los "pasivos" previstas en el convenio colectivo. Que el trabajador tenga reconocido el beneficio en su acuerdo de prejubilación -lo que le permite expresamente mantenerlo- no le desvincula, en este particular caso y por el propio tenor de la cláusula, de su vigencia y evolución "según los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo",lo que la sentencia interpreta solo puede ser según la previsión para dicho colectivo en los convenios colectivos.

Hemos de convenir que al no constar otra previsión por la que dispusiera de condiciones laborales más beneficiosas en el suministro eléctrico una vez extinguida su relación laboral, estableciendo reglas propias y distintas para su invariabilidad o mantenimiento, la interpretación judicial no incurre en ninguna de las infracciones jurídicas denunciadas. Las premisas fácticas que la sentencia recurrida expone impiden apreciar el error que el recurso denuncia desconsiderando precisamente la expresa mención al personal "pasivo". No alcanzando por tanto el recurso a desautorizar la interpretación y aplicación al caso del precepto cuya infracción se denuncia cometida en la instancia, procede desestimar el recurso en su integridad".

VISTOlo expuesto, los preceptos citados y los demás de general aplicación

PRIMERO.-En desacuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Social, el demandante recurre en suplicación al amparo del motivo previsto en el apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social ( LJS) , para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Solicita de la Sala sentencia que revoque la de instancia y estime la demanda.

En un primer apartado de censura jurídica denuncia la infracción de los artículos 222.1, 2 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 160.5 de la LRJS, y el 1252 del Código Civil.

Al amparo de esa denuncia argumenta que (i) lo resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) 761/2921 no afecta al demandante, porque el derecho en que basa la demanda es de origen contractual, está contractualizado y prevalece sobre lo acordado en un convenio colectivo del que no forma parte; (ii) la interpretación del acuerdo de desvinculación efectuada en la sentencia de instancia resulta contraria a las reglas del Código Civil. En aras a reforzar su punto de partida, la parte entra a analizar la citada STS y otras.

En un segundo apartado de censura jurídica denuncia la infracción de los artículos 1089, 1091, 1124, 1254, 1255, 1256 y 1258 del Código Civil, para insistir en que el beneficio social reclamado no deriva del Convenio colectivo que se le pretende aplicar para minorarlo, y que la empresa no puede modificarlo de manera unilateral sin compensarle económicamente como solicita en la demanda.

La demandada impugna el recurso y defiende el acierto de la sentencia de instancia. Plantea un motivo previo de inadmisibilidad del recurso, por defectuoso mofo de formular el mismo: la no modificación de los hechos probados, la introducción de cuestiones nuevas no debatidas en la instancia, y no se aporta ningún argumento más allá de mostrar una mera discrepancia con la sentencia recurrida. Cierra el motivo señalando que "debe desestimarse el recurso de suplicación de pleno".

Respondemos en primer lugar para al motivo previo de inadmisibilidad. Cuanto alega la recurrida en apoyo de ese motivo carece de entidad para dar en la inadmisión del recurso. Sus argumentos, a lo sumo, abocarían el recurso a la desestimación, como la misma parte interesa al cerrar sus propios argumentos.

SEGUNDO.-Para resolver el recurso nos atenemos a los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Social, elaborados por el Magistrado de instancia en el ejercicio de la competencia que tiene atribuida para apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes (art. 97.2 LJS) .

El demandante prestó servicios de manera sucesiva por cuenta de Unión Fenosa Generación SA desde el año 2007, para Naturgy Energy Group SA desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 30 de junio de 2014 y por cuenta de Naturgy Generación SLU desde el 1 de julio de 2014. Durante la vigencia de la relación laboral se benefició de una tarifa eléctrica bonificada de 30.000 kw anuales por unidad familiar, para su vivienda habitual. La relación laboral finalizó el 24 de julio de 2020, con la firma de un acuerdo de extinción y paso a convenio especial. En el acuerdo se recogió que el trabajador mantenía el disfrute de la bonificación de electricidad según lo vigente en cada momento para el personal pasivo.

Con la firma del Convenio colectivo de Naturgy 2021-2024 se limitó el consumo eléctrico bonificado, a partir del 1 de enero de 2023 el número de kw bonificados serian 25.000. y se reconoció al personal pasivo la posibilidad de optar, hasta el 31 de diciembre de 2022, entre mantener la bonificación en ese nuevo límite o renunciar a la totalidad de su bonificación percibiendo en ese caso un importe en un solo pago equivalente al 60% de la provisión que la Compañía tuviera para el beneficiario que renuncia.

Naturgy comunicó al demandante el cambio y la posibilidad de optar en aquellos términos.

El demandante pretende mantener inalterado el beneficio de la tarifa eléctrica.

TERCERO.-El criterio de la Sala no ha variado en las sucesivas sentencias dictadas sobre idéntica pretensión, esto es, que el beneficio por el que reclama el demandante no está contractualizado y debe soportar las vicisitudes que nacen del Convenio colectivo. Razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, teniendo en cuenta además que no concurre razón para modificar ese criterio, imponen que debamos reiterar nuestra respuesta, que pasa por reproducir los Fundamentos de Derecho de la sentencia nº 885/2025, de 20 de mayo, dictada en el recurso de suplicación 40/2025 de esta Sala, reiterados en otras que resuelven los recursos 26/2025, 44/2025. 85/2025, 315/2025, 316/2025, 421/2025, 422/2025, 424/2025, 425/2025, 426/2025 (y más), planteados en términos similares a los que resuelve las mismas cuestiones traídas a este, en procedimientos seguidos entre otros demandantes y la mismas demandadas con idéntica pretensión:

"FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestima íntegramente la pretensión de la demanda se alza en suplicación la representación letrada del demandante mediante dos motivos por el cauce a que habilita apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social para solicitar la revocación de la sentencia y la estimación del derecho en los términos de la demanda.

Según resume el antecedente de hecho primero de la sentencia recurrida, el demandante solicitaba que se "Condene a la entidad demandada a dejar sin efecto la supresión del derecho, reponiendo al demandante en su anterior derecho a la tarifa eléctrica bonificada de 30.000 Kw y le indemnice por los daños derivados de su conducta, abonando las cantidades que se hubiera visto obligado a pagar como consecuencia de la retirada unilateral del mencionado beneficio. y, Subsidiariamente, declare que la unilateral ruptura del compromiso adquirido constituye un incumplimiento de contrato sin causa, reconociendo su derecho a ser resarcido por los daños ya ocasionados, así como por aquellos otros que le serán producidos en el futuro y se deriven de sus legítimas expectativas de que las obligaciones asumidas por su antigua empleadora serían cumplidas, indemnizando con una cantidad equivalente a la cuantificación del beneficio social reconocido a razón del valor el mercado de 30.000 Kw por año durante la esperanza de vida del demandante",lo que en el acto de juicio ratificó solo "concretando la acción a dejar sin efecto la supresión del derecho, reponiendo al demandante en su anterior derecho a la tarifa eléctrica bonificada de 30.000 Kw"(antecedente de hecho segundo).

El recurso plantea dos motivos de censura jurídica. Mediante el primero denuncia infracción de lo dispuesto en los artículos 222.1 , 2 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,el artículo 160.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el artículo 1252 del Código Civil ,en relación con la doctrina judicial emanada del Tribunal Supremo y de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas. En síntesis, parte de considerar que el beneficio es contractual y no convencional ya que no puede ser convencional porque es un derecho previo a la normativa colectiva y por tanto no puede ser modificado por esta. La fuente de origen de los beneficios sociales reclamados en la presente demanda no la constituye el Convenio Colectivo, sino que los beneficios sociales estuvieron reconocidos con carácter histórico, no siendo su fuente de origen el citado precepto convencional, sino que eran previos al mismo. Además alega que el demandante estaba excluido del ámbito de aplicación del convenio colectivo al haber salido de la empresa antes.

Lo que sostiene es que la interpretación que se realiza del acuerdo de desvinculación por la sentencia resulta contraria a la normativa del Código Civil. El acuerdo es anterior a la firma del Convenio que suprime o reduce el beneficio, recogiendo expresamente el derecho o beneficio, lo que supone un pacto expreso de naturaleza contractual que se rige por las normas del Código Civil y no por el Convenio. El hecho de haber ofrecido una compensación económica en caso de renunciar a tal beneficio supone una materialización más del carácter contractual, a cuyo efecto cita un voto particular de la Sentencia 242/2021, de 15 de noviembre, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en este sentido. Y en este punto añade una cita de sentencia del Tribunal Supremo de "07-07-2021, nº 761/2021, rec. 137/2019 , que se cita por la sentencia de instancia, resuelve el recurso de casación formulado frente a la dictada por la Audiencia Nacional" a cuya interpretación apela según lo que dice es transcripción de la misma para concluir, a renglón seguido, que "por tanto, la demanda ha de ser íntegramente estimada, debiendo cumplirla demandada con las obligaciones en el mismo término que quedaron contractualizadas y tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 1091 del Código Civil , fuerza de ley entre las partes, no pudiendo quedar derogadas por convenios o decisiones unilaterales de la empresa, en las que los actores no han sido parte".

El segundo motivo de censura jurídica denuncia infracción de lo dispuesto en los artículos 1089 , 1091 , 1124 , 1254 , 1255 , 1256 y 1258 del Código Civil con arreglo a los mismos argumentos.

El recurso ha sido objeto de impugnación por la representación letrada de la empresa demanda para interesar su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia. Opone al éxito de sus alegaciones las premisas fácticas y consideraciones jurídicas que ofrece la sentencia recurrida, reivindicando con carácter previo inadmisibilidad del recurso una defectuosa técnica del recurso en el planteamiento de los motivos las infracciones jurídicas denunciadas.

En cuanto al fondo, reitera de su oposición en la instancia que el beneficio que se reclama tiene un origen normativo que ha sido sometido a diferentes modificaciones en la normas de carácter convencional que se han ido aplicando en el Grupo Naturgy desde su origen en la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industrias de Producción, Transformación, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica que data del año 1960 y que actualmente viene regulado en el vigente III Convenio Colectivo de Naturgy (BOE de 6 de febrero de 2023), razón por la que con arreglo al mismo remitió individualmente una oferta de compensación como una opción pactada en el ámbito de la negociación colectiva, con la limitación de la bonificación máxima anual a 25.000 kWh desde el 1 de enero de 2023 prevista, reduciendo el límite de 30.000 kWh existente hasta entonces.

Insiste en que no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, ni de vigencia al margen del devenir del convenio, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral que finalizó con motivo de la firma de su acuerdo de desvinculación recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo.

La denuncia de un defectuoso planteamiento del recurso como causa de inadmisión del interpuesto conduce a que debamos abordar el examen de este motivo de impugnación. Es el incumplimiento "de manera manifiesta e insubsanable los requisitos para recurrir"el que el artículo 200 LJS contempla como causa de inadmisión ad liminedelrecurso. En aplicación de ello la jurisprudencia ha venido reiterando que no debe rechazarse el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el correspondiente escrito suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, pues "lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y si éste es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión ha de analizarse y no descartarse de plano"( Sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 13/05/15 -rco 80/14 -; 17/09/15 -rco 238/14 -; SG 19/10/15 -rco 54/15 -; SG 20/11/15 -rco 104/15 -; 24/11 / 15 -rco 270/14 -; 01/12 / 15 -rco 40/15 -; SG 26/01/16 -rco 144/15 -;y SG 31/03/16 -rco 272/15 ).

Con independencia del éxito o no de la pretensión, concluimos que el recurso cumple de manera mínima y suficiente con los requisitos contemplados en la ley reguladora de la jurisdicción social. La impugnación prescinde de que lo que establece el artículo 196 LJS en su apartado segundo es que "En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos".

No cabe duda de que la censura jurídica es el único motivo planteado, mas los comprende preceptos y jurisprudencia que considera infringidos. Propuestos para afrontar la sentencia recurrida mediante un planteamiento que, a la postre, permite conocer el sentido de la pretensión y su análisis, ello no habilita a la inadmisión de plano de su examen por razones puramente formales. No concurren defectos que, como tal, impidan radicalmente identificar y conocer el sentido de la discrepancia que la parte recurrente articula y, precisamente en aras a evitar formalismos enervantes, la causa de inadmisión se rechaza.

SEGUNDO.- Dar respuesta a la controversia jurídica suscitada, que llega en efecto en suplicación sin modificación de las premisas fácticas que nos ofrece la sentencia de instancia, aconseja recapitular al menos resumidamente acerca de las mismas.

El demandante prestó servicios para NATURGY GENERACIÓN, S.L.U., pasando a la situación de prejubilado. Ha disfrutado de tarifa eléctrica bonificada de 30.000 kilovatios anuales por unidad familiar, para su vivienda habitual y aportaciones al seguro médico, ayuda para estudios de los hijos, para aquellos que tuvieran hijos estudiando.

Según consta en hechos probados, el acuerdo de extinción del contrato de trabajo firmado el 12 de abril de 2.019 decía:

"PRIMERO. EXTINCIÓN

1. El contrato de trabajo que viene vinculando a ambas partes queda extinguido, de mutuo acuerdo entre las mismas y con carácter definitivo e irreversible con fecha de efectos de 12 de abril de 2019, siendo éste el último día de trabajo.

2. Ambas partes acuerdan que los únicos derechos y obligaciones existentes entre las mismas en relación con la extinción del contrato y a partir de dicha extinción son los contemplados en el presente Acuerdo, sin que unos u otros pueden ser objeto de novación modificativa alguna en el futuro, ni de reclamaciones que tengan por objeto la incorporación al presente Acuerdo de condiciones, derechos u obligaciones adicionales o distintas de las expresamente pactadas.

3. Asimismo el interesado mantendrá la bonificación de electricidad en los términos establecidos en el presente Acuerdo.

SEXTO.- BONIFICACIÓN DE CONSUMOS.

La Interesada mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo.

La facturación y las cargas de carácter fiscal, que en cada momento sean de aplicación al consumo de energía eléctrica, serán por cuenta de la beneficiaria.

La utilización fraudulenta de esta prestación o impago de la facturación e impuestos correspondientes supondrá la pérdida del derecho a su disfrute."

La regulación de la bonificación ha sido objeto de regulación normativa y convencional en los términos del hecho probado séptimo y llegan hasta el II Convenio y III Convenio que reproducen los hechos probados cuarto y quinto.

La demandada NATURGY comunicó al actor que como consecuencia del Acuerdo del III Convenio Colectivo Grupo Naturgy se establece en el punto Noveno apartado 2 que el personal pasivo podrá optar, de forma voluntaria, hasta el 31 de diciembre de 2022 a renunciar a la totalidad de su bonificación, percibiendo a cambio un importe en un solo pago equivalente al 60% de la provisión que la Compañía tuviera para la persona que solicite esta renuncia o mantener la tarifa bonificada modificada en el Convenio pasando de 30.000 kw a 25.000 kw (hecho probado sexto).

En la demanda se solicitaba que se reponga al actor en el derecho reclamado al considerar que es una condición individual contractualizada con la naturaleza de condición más beneficiosa y que no puede ser modificada por el convenio colectivo vigente en cada momento. La sentencia CONCLUYE que "procede la desestimación de la demanda formulada debiendo estar a la regulación expresa que determina y viene regulada para el personal pasivo en el III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy".

Expone una fundamentación que transita, principalmente, por las siguientes consideraciones: «la bonificación de la tarifa eléctrica ha sido objeto de regulación conforme al histórico que se recoge en la parte de hechos probados de esta sentencia que en este punto se da por reproducido, comprobándose que a lo largo de los años ha ido sufriendo de diferentes modificaciones, de forma que la bonificación de que la que ha venido disfrutando el actor desde el inicio de su relación laboral ha derivado directamente de la fuente convencional a la que se ha ido remitiendo su contrato de trabajo. En fecha 12 de abril de 2019, el actor firmó el contrato de extinción, lo que se viene a denominar Acuerdo de Desvinculación ... en el que las partes acordaron de mutuo acuerdo la extinción con carácter definitivo e irreversible con fecha de efectos de 12 de abril de 2019, siendo éste el último día de trabajo. Las partes acordaron que los únicos derechos y obligaciones existentes entre las mismas en relación con la extinción del contrato y a partir de dicha extinción eran los contemplados en el Acuerdo suscrito, sin que unos u otros puedan ser objeto de novación modificativa alguna en el futuro, ni de reclamaciones que tengan por objeto la incorporación al presente Acuerdo de condiciones, derechos u obligaciones adicionales o distintas de las expresamente pactadas. Expresamente se indicaba que el interesado mantendrá la bonificación de electricidad en los términos establecidos en el presente Acuerdo. La bonificación de consumos se regulaba en el Acuerdo SEXTO en el que literalmente se indicaba que La Interesada mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo. Existe por tanto una remisión clara y evidente a la normativa convencional aplicable en cada momento.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 3 de julio de 2023 (Rec. 2224/2022) con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dictada a IBERDROLA en la que se analiza la eliminación de la segunda tarifa bonificada por parte de IBERDROLA a un empleado jubilado y concluye en la validez de que un convenio pueda modificar o incluso eliminar beneficios o condiciones previstos en un convenio anterior [...] la sentencia dictada por el T. Supremo de fecha 22 de octubre de 2013 cuyo supuesto de hecho es distinto al presente al no tener punto de comparación el Acuerdo de desvinculación suscrito por el aquí actor con los pactos de jubilación alcanzados en el marco de un ERE, ambos se sujetan a los términos concretos de los pactado [...]

Independientemente de su origen y naturaleza inicial o posterior, si una condición laboral se incorpora a un convenio colectivo pasa a ser una condición de convenio colectivo y puede ser derogada o modificada, al respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021 (Rec.137/2019 )ya citada que indica que cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 3 de octubre de 2022 y de 18 de octubre de 2023, de 19 de diciembre de 2017 (Rec. 1/2017 )esta última afirmando que un derecho contenido en un convenio extraestatutario puede ser derogado o modificado posteriormente por un convenio estatutario. [...]

Una condición ad personam recogida en un convenio colectivo tiene carácter normativo y no contractual. El actor indica que el beneficio de la tarifa eléctrica bonificada está incorporada a su contrato de trabajo aunque se recoja en los convenios colectivos. Sin embargo la jurisprudencia unánimemente indica que los convenios colectivos no pueden ser fuente de un derecho ad personam o de una condición más beneficiosa en este sentido las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021 [...]

La Empresa remitió individualmente una oferta de compensación como una opción pactada en el ámbito de la negociación colectiva, y en los términos fijados en el Acta Final y del Acuerdo del III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy para 2021-2024. Además no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral finalizó con motivo de la firma de su acuerdo de desvinculación, el cual recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo, que es como decir que se sujetará a la normativa convencional vigente en cada momento. A estos efectos procede destacar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de febrero de 2019 (Rea. 124/2017 )[...]».

Sentado cuanto antecede, lo primero que hemos de advertir es, en efecto, una defectuosa identificación de los parámetros jurídicos con los que el recurrente quiere confrontar la sentencia. Desde luego, la alusión a los artículos que conciernen a la cosa juzgada -por la cita formal del artículo 222 LEC sin mención o desarrollo- no es el único apreciable, cual sucede igualmente al apelar a un voto particular de una sentencia que ni siquiera constituye jurisprudencia ex artículo 1.6 CC .En realidad, todo el recurso atiende a la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo a que apela si bien seguidamente -como denuncia la impugnación del recurso- se aprecia que el texto que de la misma se dice transcribir ninguna relación guarda con su verdadero tenor.

Expresivo de ello es que transcriba que la pretensión versaba sobre "el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo al mantenimiento de los beneficios sociales y económicos más favorables, que venían disfrutando hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en concreto al mantenimiento del derecho a la denominada tarifa de empleado o derecho al suministro de energía eléctrica bonificado"y, entre otros razonamientos, que "la excepción de cosa juzgada no puede acogerse porque el pronunciamiento del Tribunal Supremo se refiere a los jubilados cuyos beneficios sociales no estaban contractualizados y derivaban de un convenio colectivo ajeno al del demandante. Por tanto, no se reclaman en el presente procedimiento los derechos derivados del IV convenio sino de los pactos suscritos con la empresa, a la que están ligados en virtud de su adscripción al expediente de regulación de empleo al que se acogieron, que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1254 del Código Civil tiene naturaleza contractual perfeccionándose, de acuerdo con el artículo 1256 del mismo cuerpo legal , al prestar el trabajador su consentimiento a la oferta de la empresa y obligándose a cesar y ésta en los términos establecidos como contraprestación, que únicamente remiten al convenio vigente en cada momento para garantizar a los jubilados el mismo derecho que a los trabajadores en activo, pero sin que, conforme a los términos del acuerdo, puedan dejar de disfrutar de los beneficios sociales que, no solo se les reconocen expresamente, sino que además se les garantiza expresamente el mantenimiento de "la totalidad de las condiciones económicas y sociales, ante cualquier eventualidad, que por causas ajenas a la empresa y al trabajador pudieran producirse", por lo que evidentemente no puede la empresa unilateralmente modificar los términos del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil y así lo reconoce el Tribunal Supremo, en sentencia de 22-10-2013, rec. 3000/2012 , que resuelve un supuesto similar al presente[...]".

Digamos ya que esa transcripción acaso no corresponda a otra cosa que sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que el recurso no identifica. Mas su tenor dista igualmente mucho de resultar de aplicación al supuesto que ahora examinamos en suplicación. De nuevo, si se examinaba allí el mantenimiento de los derechos en la consideración de cláusulas individuales con remisión a la regulación en cada caso de los trabajadores en activo y expreso mantenimiento de "la totalidad de las condiciones económicas y sociales, ante cualquier eventualidad",tal no es el caso del aquí demandante ni de su acuerdo de prejubilación, al menos no en los términos que reproduce la sentencia recurrida y no discute el recurso.

Cuantos derechos sociales en otros casos los trabajadores jubilados pudieran haber venido disfrutando tras la extinción contractual con independencia de la suerte que siguieran dichos derechos sociales en los sucesivos convenios celebrados con posterioridad dependían de sus propias cláusulas individuales en términos que no concurren al caso. Si el derecho se disfruta según lo pactado y no según la negociación colectiva -lo que el recurrente afirma es la razón de que se encuentren garantizados con independencia del marco laboral, cual garantía "ad personam" que obliga a la empresa demandada a respetarlos- ello solo puede ser en la forma establecida en el documento contractual con arreglo al que el actor mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo. Y siquiera de considerar las obligaciones en los términos en que quedaron contractualizadas, cual afirma, la fuerza de ley que según el artículo 1091 del Código Civil -cuya infracción denuncia- tendría para las partes no puede exceder de tan literal remisión y sus contornos, lo cual así ha sido interpretado por la Juzgador a quodeun modo en el que no apreciamos infracción jurídica.

La tradicional prevalencia del órgano de instancia en la interpretación de convenios colectivos, acuerdos y contratos en el orden jurisdiccional social que la jurisprudencia ha venido reiterando partía de su consideración como "facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer salvo que no sea racional y lógico o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual"(entre las más recientes, Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2.018, rcud. 198/2.017 ).Más recientemente matizan en sentencias como la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2.021 (rco. 187/2019 )en las que «la Sala ha precisado recientemente su papel en este tipo de recursos, en los que se discute la interpretación efectuada por el órgano de instancia. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea jurisprudencial, que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual" ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011 ; de 15 de septiembre de 2009, rec. 78/2008 , entre muchas otras)

[...].en los últimos tiempos, hemos matizado dicho criterio, y hemos establecido que, "Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC ,tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS de 13 de octubre de 2020, Rec. 132/2019 ; 21 de diciembre de 2020, Rec. 76/2019 ; 3 de marzo de 2021, Rec. 131/2019 ; 10 de marzo de 2021, Rec. 102/2019 y 22 de abril de 2021, Rec. 145/2019 )[...]».

El canon jurisprudencial expuesto atiende, por tanto, a que la interpretación del órgano judicial de instancia no haya sido arbitraria ni irrazonable, lo que solo cabe considerar cuando se atenga a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil cuya infracción el recurso formalmente cita en el segundo motivo. Sin embargo, no se aprecia su incumplimiento en la sentencia recurrida a tenor de la preferencia del sentido propio de sus palabras en relación con el contexto. El canon de interpretación literal que sin duda ostenta una preferencia difícilmente discutible rige si los términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, debiendo estar por ello al sentido literal de sus cláusulas (artículo 1281).

Dos circunstancias se advierten particularmente para concluir que el recurso no alcanza a avalar la tesis actora ni a desautorizar la conclusión de la sentencia. La primera, que la bonificación pactada no es una condición más beneficiosa ajena al convenio colectivo. Aun teniendo en cuenta la sucesión normativa y convencional que relata el hecho probado séptimo -"la bonificación de la tarifa eléctrica ha sido objeto de regulación conforme al siguiente histórico"-,no resulta sencillo desligar la fuente de la obligación de este beneficio social de los sucesivos convenios colectivos, menos aún cuando el recurso no ofrece razones para hacerlo. En este punto, lo que la jurisprudencia observada en la sentencia considera es que "con independencia de los antecedentes que pudieran haber dado lugar al referido precepto convencional. Tal como expresamos en nuestra STS de 12 de junio de 2008, Rec. 58/2007 , cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional, aunque su contenido no haya experimentado variaciones sustanciales"( STS 7/7/2021, rco. 137/2019 ).

La segunda y más importantes es la propia dicción literal del acuerdo, que redunda en dicha ligazón. Que los términos y condiciones de la bonificación sigan la suerte de la regulación vigente en cada momento obedece a que expresamente así quisieron suscribir las partes en el acuerdo de prejubilación que "mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo",de modo que no podemos apreciar error en la sentencia que liga su destino con arreglo a una interpretación plenamente acorde a dicha literalidad en remisión a los pasajes del convenio colectivo que contemplan a pasivos aunque el actor no fuese ya "personal activo en el momento de la firma del presente convenio"(hechos probados cuarto y quinto).

En suma, en el presente caso encontramos suficientes elementos en la argumentación de la sentencia que impiden a la censura jurídica prosperar. la sentencia destaca en su fundamentación que: 1) es cierto que los convenios colectivos no pueden ser fuente de un derecho ad personam o de una condición más beneficiosa; 2) cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional; 3) sentadas ambas premisas, la bonificación de que la que ha venido disfrutando el actor desde el inicio de su relación laboral ha derivado directamente de la fuente convencional a la que se ha ido remitiendo su contrato de trabajo; 4) no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral finalizó con motivo de la firma de su acuerdo de desvinculación y "la condición más beneficiosa sólo resulta posible en el marco del artículo 3.1c ) ET esto es, como producto de la voluntad de las partes manifestada -expresa o tácitamente- en el contrato de trabajo; pero no en el marco de una relación que, en modo alguno cabe calificar de contrato de trabajo. Entre los demandantes y la demandada no existe ninguna vinculación contractual laboral, ni existía en el momento de la pretendida conformación de la condición más beneficiosa. Aquellos son jubilados o causahabientes, pero no trabajadores. No existe la más remota posibilidad de que en el supuesto examinado en la sentencia recurrida pueda existir condición más beneficiosa alguna"( STS 21/2/2019, rcud. 124/2017 );5) pero además dicho acuerdo de extinción recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo, que es tanto como decir que se sujetará a la normativa convencional vigente en cada momento.

Mientras en otros supuestos lo que sucede es que el beneficio convencional se contempla solo para trabajadores en activo, su mantenimiento a jubilados o pasivos cabe o como "condición ad personam" o en los términos sujetos a los requisitos expresamente delimitados en el propio convenio, siendo ello lo que determina o no su aplicación. Aquí, sin embargo, recorremos el sentido inverso. Lo que sucede es que el beneficio reclamado se fijó expresamente como vigente en el acuerdo de prejubilación, pero se remitió expresamente también a las condiciones de vigencia para los "pasivos" previstas en el convenio colectivo. Que el trabajador tenga reconocido el beneficio en su acuerdo de prejubilación -lo que le permite expresamente mantenerlo- no le desvincula, en este particular caso y por el propio tenor de la cláusula, de su vigencia y evolución "según los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo",lo que la sentencia interpreta solo puede ser según la previsión para dicho colectivo en los convenios colectivos.

Hemos de convenir que al no constar otra previsión por la que dispusiera de condiciones laborales más beneficiosas en el suministro eléctrico una vez extinguida su relación laboral, estableciendo reglas propias y distintas para su invariabilidad o mantenimiento, la interpretación judicial no incurre en ninguna de las infracciones jurídicas denunciadas. Las premisas fácticas que la sentencia recurrida expone impiden apreciar el error que el recurso denuncia desconsiderando precisamente la expresa mención al personal "pasivo". No alcanzando por tanto el recurso a desautorizar la interpretación y aplicación al caso del precepto cuya infracción se denuncia cometida en la instancia, procede desestimar el recurso en su integridad".

VISTOlo expuesto, los preceptos citados y los demás de general aplicación

PRIMERO.-En desacuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Social, el demandante recurre en suplicación al amparo del motivo previsto en el apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social ( LJS) , para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Solicita de la Sala sentencia que revoque la de instancia y estime la demanda.

En un primer apartado de censura jurídica denuncia la infracción de los artículos 222.1, 2 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 160.5 de la LRJS, y el 1252 del Código Civil.

Al amparo de esa denuncia argumenta que (i) lo resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) 761/2921 no afecta al demandante, porque el derecho en que basa la demanda es de origen contractual, está contractualizado y prevalece sobre lo acordado en un convenio colectivo del que no forma parte; (ii) la interpretación del acuerdo de desvinculación efectuada en la sentencia de instancia resulta contraria a las reglas del Código Civil. En aras a reforzar su punto de partida, la parte entra a analizar la citada STS y otras.

En un segundo apartado de censura jurídica denuncia la infracción de los artículos 1089, 1091, 1124, 1254, 1255, 1256 y 1258 del Código Civil, para insistir en que el beneficio social reclamado no deriva del Convenio colectivo que se le pretende aplicar para minorarlo, y que la empresa no puede modificarlo de manera unilateral sin compensarle económicamente como solicita en la demanda.

La demandada impugna el recurso y defiende el acierto de la sentencia de instancia. Plantea un motivo previo de inadmisibilidad del recurso, por defectuoso mofo de formular el mismo: la no modificación de los hechos probados, la introducción de cuestiones nuevas no debatidas en la instancia, y no se aporta ningún argumento más allá de mostrar una mera discrepancia con la sentencia recurrida. Cierra el motivo señalando que "debe desestimarse el recurso de suplicación de pleno".

Respondemos en primer lugar para al motivo previo de inadmisibilidad. Cuanto alega la recurrida en apoyo de ese motivo carece de entidad para dar en la inadmisión del recurso. Sus argumentos, a lo sumo, abocarían el recurso a la desestimación, como la misma parte interesa al cerrar sus propios argumentos.

SEGUNDO.-Para resolver el recurso nos atenemos a los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Social, elaborados por el Magistrado de instancia en el ejercicio de la competencia que tiene atribuida para apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes (art. 97.2 LJS) .

El demandante prestó servicios de manera sucesiva por cuenta de Unión Fenosa Generación SA desde el año 2007, para Naturgy Energy Group SA desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 30 de junio de 2014 y por cuenta de Naturgy Generación SLU desde el 1 de julio de 2014. Durante la vigencia de la relación laboral se benefició de una tarifa eléctrica bonificada de 30.000 kw anuales por unidad familiar, para su vivienda habitual. La relación laboral finalizó el 24 de julio de 2020, con la firma de un acuerdo de extinción y paso a convenio especial. En el acuerdo se recogió que el trabajador mantenía el disfrute de la bonificación de electricidad según lo vigente en cada momento para el personal pasivo.

Con la firma del Convenio colectivo de Naturgy 2021-2024 se limitó el consumo eléctrico bonificado, a partir del 1 de enero de 2023 el número de kw bonificados serian 25.000. y se reconoció al personal pasivo la posibilidad de optar, hasta el 31 de diciembre de 2022, entre mantener la bonificación en ese nuevo límite o renunciar a la totalidad de su bonificación percibiendo en ese caso un importe en un solo pago equivalente al 60% de la provisión que la Compañía tuviera para el beneficiario que renuncia.

Naturgy comunicó al demandante el cambio y la posibilidad de optar en aquellos términos.

El demandante pretende mantener inalterado el beneficio de la tarifa eléctrica.

TERCERO.-El criterio de la Sala no ha variado en las sucesivas sentencias dictadas sobre idéntica pretensión, esto es, que el beneficio por el que reclama el demandante no está contractualizado y debe soportar las vicisitudes que nacen del Convenio colectivo. Razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, teniendo en cuenta además que no concurre razón para modificar ese criterio, imponen que debamos reiterar nuestra respuesta, que pasa por reproducir los Fundamentos de Derecho de la sentencia nº 885/2025, de 20 de mayo, dictada en el recurso de suplicación 40/2025 de esta Sala, reiterados en otras que resuelven los recursos 26/2025, 44/2025. 85/2025, 315/2025, 316/2025, 421/2025, 422/2025, 424/2025, 425/2025, 426/2025 (y más), planteados en términos similares a los que resuelve las mismas cuestiones traídas a este, en procedimientos seguidos entre otros demandantes y la mismas demandadas con idéntica pretensión:

"FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestima íntegramente la pretensión de la demanda se alza en suplicación la representación letrada del demandante mediante dos motivos por el cauce a que habilita apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social para solicitar la revocación de la sentencia y la estimación del derecho en los términos de la demanda.

Según resume el antecedente de hecho primero de la sentencia recurrida, el demandante solicitaba que se "Condene a la entidad demandada a dejar sin efecto la supresión del derecho, reponiendo al demandante en su anterior derecho a la tarifa eléctrica bonificada de 30.000 Kw y le indemnice por los daños derivados de su conducta, abonando las cantidades que se hubiera visto obligado a pagar como consecuencia de la retirada unilateral del mencionado beneficio. y, Subsidiariamente, declare que la unilateral ruptura del compromiso adquirido constituye un incumplimiento de contrato sin causa, reconociendo su derecho a ser resarcido por los daños ya ocasionados, así como por aquellos otros que le serán producidos en el futuro y se deriven de sus legítimas expectativas de que las obligaciones asumidas por su antigua empleadora serían cumplidas, indemnizando con una cantidad equivalente a la cuantificación del beneficio social reconocido a razón del valor el mercado de 30.000 Kw por año durante la esperanza de vida del demandante",lo que en el acto de juicio ratificó solo "concretando la acción a dejar sin efecto la supresión del derecho, reponiendo al demandante en su anterior derecho a la tarifa eléctrica bonificada de 30.000 Kw"(antecedente de hecho segundo).

El recurso plantea dos motivos de censura jurídica. Mediante el primero denuncia infracción de lo dispuesto en los artículos 222.1 , 2 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,el artículo 160.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el artículo 1252 del Código Civil ,en relación con la doctrina judicial emanada del Tribunal Supremo y de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas. En síntesis, parte de considerar que el beneficio es contractual y no convencional ya que no puede ser convencional porque es un derecho previo a la normativa colectiva y por tanto no puede ser modificado por esta. La fuente de origen de los beneficios sociales reclamados en la presente demanda no la constituye el Convenio Colectivo, sino que los beneficios sociales estuvieron reconocidos con carácter histórico, no siendo su fuente de origen el citado precepto convencional, sino que eran previos al mismo. Además alega que el demandante estaba excluido del ámbito de aplicación del convenio colectivo al haber salido de la empresa antes.

Lo que sostiene es que la interpretación que se realiza del acuerdo de desvinculación por la sentencia resulta contraria a la normativa del Código Civil. El acuerdo es anterior a la firma del Convenio que suprime o reduce el beneficio, recogiendo expresamente el derecho o beneficio, lo que supone un pacto expreso de naturaleza contractual que se rige por las normas del Código Civil y no por el Convenio. El hecho de haber ofrecido una compensación económica en caso de renunciar a tal beneficio supone una materialización más del carácter contractual, a cuyo efecto cita un voto particular de la Sentencia 242/2021, de 15 de noviembre, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en este sentido. Y en este punto añade una cita de sentencia del Tribunal Supremo de "07-07-2021, nº 761/2021, rec. 137/2019 , que se cita por la sentencia de instancia, resuelve el recurso de casación formulado frente a la dictada por la Audiencia Nacional" a cuya interpretación apela según lo que dice es transcripción de la misma para concluir, a renglón seguido, que "por tanto, la demanda ha de ser íntegramente estimada, debiendo cumplirla demandada con las obligaciones en el mismo término que quedaron contractualizadas y tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 1091 del Código Civil , fuerza de ley entre las partes, no pudiendo quedar derogadas por convenios o decisiones unilaterales de la empresa, en las que los actores no han sido parte".

El segundo motivo de censura jurídica denuncia infracción de lo dispuesto en los artículos 1089 , 1091 , 1124 , 1254 , 1255 , 1256 y 1258 del Código Civil con arreglo a los mismos argumentos.

El recurso ha sido objeto de impugnación por la representación letrada de la empresa demanda para interesar su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia. Opone al éxito de sus alegaciones las premisas fácticas y consideraciones jurídicas que ofrece la sentencia recurrida, reivindicando con carácter previo inadmisibilidad del recurso una defectuosa técnica del recurso en el planteamiento de los motivos las infracciones jurídicas denunciadas.

En cuanto al fondo, reitera de su oposición en la instancia que el beneficio que se reclama tiene un origen normativo que ha sido sometido a diferentes modificaciones en la normas de carácter convencional que se han ido aplicando en el Grupo Naturgy desde su origen en la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industrias de Producción, Transformación, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica que data del año 1960 y que actualmente viene regulado en el vigente III Convenio Colectivo de Naturgy (BOE de 6 de febrero de 2023), razón por la que con arreglo al mismo remitió individualmente una oferta de compensación como una opción pactada en el ámbito de la negociación colectiva, con la limitación de la bonificación máxima anual a 25.000 kWh desde el 1 de enero de 2023 prevista, reduciendo el límite de 30.000 kWh existente hasta entonces.

Insiste en que no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, ni de vigencia al margen del devenir del convenio, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral que finalizó con motivo de la firma de su acuerdo de desvinculación recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo.

La denuncia de un defectuoso planteamiento del recurso como causa de inadmisión del interpuesto conduce a que debamos abordar el examen de este motivo de impugnación. Es el incumplimiento "de manera manifiesta e insubsanable los requisitos para recurrir"el que el artículo 200 LJS contempla como causa de inadmisión ad liminedelrecurso. En aplicación de ello la jurisprudencia ha venido reiterando que no debe rechazarse el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el correspondiente escrito suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, pues "lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y si éste es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión ha de analizarse y no descartarse de plano"( Sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 13/05/15 -rco 80/14 -; 17/09/15 -rco 238/14 -; SG 19/10/15 -rco 54/15 -; SG 20/11/15 -rco 104/15 -; 24/11 / 15 -rco 270/14 -; 01/12 / 15 -rco 40/15 -; SG 26/01/16 -rco 144/15 -;y SG 31/03/16 -rco 272/15 ).

Con independencia del éxito o no de la pretensión, concluimos que el recurso cumple de manera mínima y suficiente con los requisitos contemplados en la ley reguladora de la jurisdicción social. La impugnación prescinde de que lo que establece el artículo 196 LJS en su apartado segundo es que "En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos".

No cabe duda de que la censura jurídica es el único motivo planteado, mas los comprende preceptos y jurisprudencia que considera infringidos. Propuestos para afrontar la sentencia recurrida mediante un planteamiento que, a la postre, permite conocer el sentido de la pretensión y su análisis, ello no habilita a la inadmisión de plano de su examen por razones puramente formales. No concurren defectos que, como tal, impidan radicalmente identificar y conocer el sentido de la discrepancia que la parte recurrente articula y, precisamente en aras a evitar formalismos enervantes, la causa de inadmisión se rechaza.

SEGUNDO.- Dar respuesta a la controversia jurídica suscitada, que llega en efecto en suplicación sin modificación de las premisas fácticas que nos ofrece la sentencia de instancia, aconseja recapitular al menos resumidamente acerca de las mismas.

El demandante prestó servicios para NATURGY GENERACIÓN, S.L.U., pasando a la situación de prejubilado. Ha disfrutado de tarifa eléctrica bonificada de 30.000 kilovatios anuales por unidad familiar, para su vivienda habitual y aportaciones al seguro médico, ayuda para estudios de los hijos, para aquellos que tuvieran hijos estudiando.

Según consta en hechos probados, el acuerdo de extinción del contrato de trabajo firmado el 12 de abril de 2.019 decía:

"PRIMERO. EXTINCIÓN

1. El contrato de trabajo que viene vinculando a ambas partes queda extinguido, de mutuo acuerdo entre las mismas y con carácter definitivo e irreversible con fecha de efectos de 12 de abril de 2019, siendo éste el último día de trabajo.

2. Ambas partes acuerdan que los únicos derechos y obligaciones existentes entre las mismas en relación con la extinción del contrato y a partir de dicha extinción son los contemplados en el presente Acuerdo, sin que unos u otros pueden ser objeto de novación modificativa alguna en el futuro, ni de reclamaciones que tengan por objeto la incorporación al presente Acuerdo de condiciones, derechos u obligaciones adicionales o distintas de las expresamente pactadas.

3. Asimismo el interesado mantendrá la bonificación de electricidad en los términos establecidos en el presente Acuerdo.

SEXTO.- BONIFICACIÓN DE CONSUMOS.

La Interesada mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo.

La facturación y las cargas de carácter fiscal, que en cada momento sean de aplicación al consumo de energía eléctrica, serán por cuenta de la beneficiaria.

La utilización fraudulenta de esta prestación o impago de la facturación e impuestos correspondientes supondrá la pérdida del derecho a su disfrute."

La regulación de la bonificación ha sido objeto de regulación normativa y convencional en los términos del hecho probado séptimo y llegan hasta el II Convenio y III Convenio que reproducen los hechos probados cuarto y quinto.

La demandada NATURGY comunicó al actor que como consecuencia del Acuerdo del III Convenio Colectivo Grupo Naturgy se establece en el punto Noveno apartado 2 que el personal pasivo podrá optar, de forma voluntaria, hasta el 31 de diciembre de 2022 a renunciar a la totalidad de su bonificación, percibiendo a cambio un importe en un solo pago equivalente al 60% de la provisión que la Compañía tuviera para la persona que solicite esta renuncia o mantener la tarifa bonificada modificada en el Convenio pasando de 30.000 kw a 25.000 kw (hecho probado sexto).

En la demanda se solicitaba que se reponga al actor en el derecho reclamado al considerar que es una condición individual contractualizada con la naturaleza de condición más beneficiosa y que no puede ser modificada por el convenio colectivo vigente en cada momento. La sentencia CONCLUYE que "procede la desestimación de la demanda formulada debiendo estar a la regulación expresa que determina y viene regulada para el personal pasivo en el III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy".

Expone una fundamentación que transita, principalmente, por las siguientes consideraciones: «la bonificación de la tarifa eléctrica ha sido objeto de regulación conforme al histórico que se recoge en la parte de hechos probados de esta sentencia que en este punto se da por reproducido, comprobándose que a lo largo de los años ha ido sufriendo de diferentes modificaciones, de forma que la bonificación de que la que ha venido disfrutando el actor desde el inicio de su relación laboral ha derivado directamente de la fuente convencional a la que se ha ido remitiendo su contrato de trabajo. En fecha 12 de abril de 2019, el actor firmó el contrato de extinción, lo que se viene a denominar Acuerdo de Desvinculación ... en el que las partes acordaron de mutuo acuerdo la extinción con carácter definitivo e irreversible con fecha de efectos de 12 de abril de 2019, siendo éste el último día de trabajo. Las partes acordaron que los únicos derechos y obligaciones existentes entre las mismas en relación con la extinción del contrato y a partir de dicha extinción eran los contemplados en el Acuerdo suscrito, sin que unos u otros puedan ser objeto de novación modificativa alguna en el futuro, ni de reclamaciones que tengan por objeto la incorporación al presente Acuerdo de condiciones, derechos u obligaciones adicionales o distintas de las expresamente pactadas. Expresamente se indicaba que el interesado mantendrá la bonificación de electricidad en los términos establecidos en el presente Acuerdo. La bonificación de consumos se regulaba en el Acuerdo SEXTO en el que literalmente se indicaba que La Interesada mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo. Existe por tanto una remisión clara y evidente a la normativa convencional aplicable en cada momento.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 3 de julio de 2023 (Rec. 2224/2022) con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dictada a IBERDROLA en la que se analiza la eliminación de la segunda tarifa bonificada por parte de IBERDROLA a un empleado jubilado y concluye en la validez de que un convenio pueda modificar o incluso eliminar beneficios o condiciones previstos en un convenio anterior [...] la sentencia dictada por el T. Supremo de fecha 22 de octubre de 2013 cuyo supuesto de hecho es distinto al presente al no tener punto de comparación el Acuerdo de desvinculación suscrito por el aquí actor con los pactos de jubilación alcanzados en el marco de un ERE, ambos se sujetan a los términos concretos de los pactado [...]

Independientemente de su origen y naturaleza inicial o posterior, si una condición laboral se incorpora a un convenio colectivo pasa a ser una condición de convenio colectivo y puede ser derogada o modificada, al respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021 (Rec.137/2019 )ya citada que indica que cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 3 de octubre de 2022 y de 18 de octubre de 2023, de 19 de diciembre de 2017 (Rec. 1/2017 )esta última afirmando que un derecho contenido en un convenio extraestatutario puede ser derogado o modificado posteriormente por un convenio estatutario. [...]

Una condición ad personam recogida en un convenio colectivo tiene carácter normativo y no contractual. El actor indica que el beneficio de la tarifa eléctrica bonificada está incorporada a su contrato de trabajo aunque se recoja en los convenios colectivos. Sin embargo la jurisprudencia unánimemente indica que los convenios colectivos no pueden ser fuente de un derecho ad personam o de una condición más beneficiosa en este sentido las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021 [...]

La Empresa remitió individualmente una oferta de compensación como una opción pactada en el ámbito de la negociación colectiva, y en los términos fijados en el Acta Final y del Acuerdo del III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy para 2021-2024. Además no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral finalizó con motivo de la firma de su acuerdo de desvinculación, el cual recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo, que es como decir que se sujetará a la normativa convencional vigente en cada momento. A estos efectos procede destacar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de febrero de 2019 (Rea. 124/2017 )[...]».

Sentado cuanto antecede, lo primero que hemos de advertir es, en efecto, una defectuosa identificación de los parámetros jurídicos con los que el recurrente quiere confrontar la sentencia. Desde luego, la alusión a los artículos que conciernen a la cosa juzgada -por la cita formal del artículo 222 LEC sin mención o desarrollo- no es el único apreciable, cual sucede igualmente al apelar a un voto particular de una sentencia que ni siquiera constituye jurisprudencia ex artículo 1.6 CC .En realidad, todo el recurso atiende a la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo a que apela si bien seguidamente -como denuncia la impugnación del recurso- se aprecia que el texto que de la misma se dice transcribir ninguna relación guarda con su verdadero tenor.

Expresivo de ello es que transcriba que la pretensión versaba sobre "el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo al mantenimiento de los beneficios sociales y económicos más favorables, que venían disfrutando hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en concreto al mantenimiento del derecho a la denominada tarifa de empleado o derecho al suministro de energía eléctrica bonificado"y, entre otros razonamientos, que "la excepción de cosa juzgada no puede acogerse porque el pronunciamiento del Tribunal Supremo se refiere a los jubilados cuyos beneficios sociales no estaban contractualizados y derivaban de un convenio colectivo ajeno al del demandante. Por tanto, no se reclaman en el presente procedimiento los derechos derivados del IV convenio sino de los pactos suscritos con la empresa, a la que están ligados en virtud de su adscripción al expediente de regulación de empleo al que se acogieron, que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1254 del Código Civil tiene naturaleza contractual perfeccionándose, de acuerdo con el artículo 1256 del mismo cuerpo legal , al prestar el trabajador su consentimiento a la oferta de la empresa y obligándose a cesar y ésta en los términos establecidos como contraprestación, que únicamente remiten al convenio vigente en cada momento para garantizar a los jubilados el mismo derecho que a los trabajadores en activo, pero sin que, conforme a los términos del acuerdo, puedan dejar de disfrutar de los beneficios sociales que, no solo se les reconocen expresamente, sino que además se les garantiza expresamente el mantenimiento de "la totalidad de las condiciones económicas y sociales, ante cualquier eventualidad, que por causas ajenas a la empresa y al trabajador pudieran producirse", por lo que evidentemente no puede la empresa unilateralmente modificar los términos del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil y así lo reconoce el Tribunal Supremo, en sentencia de 22-10-2013, rec. 3000/2012 , que resuelve un supuesto similar al presente[...]".

Digamos ya que esa transcripción acaso no corresponda a otra cosa que sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que el recurso no identifica. Mas su tenor dista igualmente mucho de resultar de aplicación al supuesto que ahora examinamos en suplicación. De nuevo, si se examinaba allí el mantenimiento de los derechos en la consideración de cláusulas individuales con remisión a la regulación en cada caso de los trabajadores en activo y expreso mantenimiento de "la totalidad de las condiciones económicas y sociales, ante cualquier eventualidad",tal no es el caso del aquí demandante ni de su acuerdo de prejubilación, al menos no en los términos que reproduce la sentencia recurrida y no discute el recurso.

Cuantos derechos sociales en otros casos los trabajadores jubilados pudieran haber venido disfrutando tras la extinción contractual con independencia de la suerte que siguieran dichos derechos sociales en los sucesivos convenios celebrados con posterioridad dependían de sus propias cláusulas individuales en términos que no concurren al caso. Si el derecho se disfruta según lo pactado y no según la negociación colectiva -lo que el recurrente afirma es la razón de que se encuentren garantizados con independencia del marco laboral, cual garantía "ad personam" que obliga a la empresa demandada a respetarlos- ello solo puede ser en la forma establecida en el documento contractual con arreglo al que el actor mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo. Y siquiera de considerar las obligaciones en los términos en que quedaron contractualizadas, cual afirma, la fuerza de ley que según el artículo 1091 del Código Civil -cuya infracción denuncia- tendría para las partes no puede exceder de tan literal remisión y sus contornos, lo cual así ha sido interpretado por la Juzgador a quodeun modo en el que no apreciamos infracción jurídica.

La tradicional prevalencia del órgano de instancia en la interpretación de convenios colectivos, acuerdos y contratos en el orden jurisdiccional social que la jurisprudencia ha venido reiterando partía de su consideración como "facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer salvo que no sea racional y lógico o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual"(entre las más recientes, Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2.018, rcud. 198/2.017 ).Más recientemente matizan en sentencias como la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2.021 (rco. 187/2019 )en las que «la Sala ha precisado recientemente su papel en este tipo de recursos, en los que se discute la interpretación efectuada por el órgano de instancia. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea jurisprudencial, que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual" ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011 ; de 15 de septiembre de 2009, rec. 78/2008 , entre muchas otras)

[...].en los últimos tiempos, hemos matizado dicho criterio, y hemos establecido que, "Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC ,tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS de 13 de octubre de 2020, Rec. 132/2019 ; 21 de diciembre de 2020, Rec. 76/2019 ; 3 de marzo de 2021, Rec. 131/2019 ; 10 de marzo de 2021, Rec. 102/2019 y 22 de abril de 2021, Rec. 145/2019 )[...]».

El canon jurisprudencial expuesto atiende, por tanto, a que la interpretación del órgano judicial de instancia no haya sido arbitraria ni irrazonable, lo que solo cabe considerar cuando se atenga a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil cuya infracción el recurso formalmente cita en el segundo motivo. Sin embargo, no se aprecia su incumplimiento en la sentencia recurrida a tenor de la preferencia del sentido propio de sus palabras en relación con el contexto. El canon de interpretación literal que sin duda ostenta una preferencia difícilmente discutible rige si los términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, debiendo estar por ello al sentido literal de sus cláusulas (artículo 1281).

Dos circunstancias se advierten particularmente para concluir que el recurso no alcanza a avalar la tesis actora ni a desautorizar la conclusión de la sentencia. La primera, que la bonificación pactada no es una condición más beneficiosa ajena al convenio colectivo. Aun teniendo en cuenta la sucesión normativa y convencional que relata el hecho probado séptimo -"la bonificación de la tarifa eléctrica ha sido objeto de regulación conforme al siguiente histórico"-,no resulta sencillo desligar la fuente de la obligación de este beneficio social de los sucesivos convenios colectivos, menos aún cuando el recurso no ofrece razones para hacerlo. En este punto, lo que la jurisprudencia observada en la sentencia considera es que "con independencia de los antecedentes que pudieran haber dado lugar al referido precepto convencional. Tal como expresamos en nuestra STS de 12 de junio de 2008, Rec. 58/2007 , cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional, aunque su contenido no haya experimentado variaciones sustanciales"( STS 7/7/2021, rco. 137/2019 ).

La segunda y más importantes es la propia dicción literal del acuerdo, que redunda en dicha ligazón. Que los términos y condiciones de la bonificación sigan la suerte de la regulación vigente en cada momento obedece a que expresamente así quisieron suscribir las partes en el acuerdo de prejubilación que "mantendrá el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo",de modo que no podemos apreciar error en la sentencia que liga su destino con arreglo a una interpretación plenamente acorde a dicha literalidad en remisión a los pasajes del convenio colectivo que contemplan a pasivos aunque el actor no fuese ya "personal activo en el momento de la firma del presente convenio"(hechos probados cuarto y quinto).

En suma, en el presente caso encontramos suficientes elementos en la argumentación de la sentencia que impiden a la censura jurídica prosperar. la sentencia destaca en su fundamentación que: 1) es cierto que los convenios colectivos no pueden ser fuente de un derecho ad personam o de una condición más beneficiosa; 2) cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional; 3) sentadas ambas premisas, la bonificación de que la que ha venido disfrutando el actor desde el inicio de su relación laboral ha derivado directamente de la fuente convencional a la que se ha ido remitiendo su contrato de trabajo; 4) no cabe hablar de contractualización del beneficio de la tarifa eléctrica bonificada, al no existir actualmente ningún contrato de trabajo que vincule a la empresa al demandante, pues la relación laboral finalizó con motivo de la firma de su acuerdo de desvinculación y "la condición más beneficiosa sólo resulta posible en el marco del artículo 3.1c ) ET esto es, como producto de la voluntad de las partes manifestada -expresa o tácitamente- en el contrato de trabajo; pero no en el marco de una relación que, en modo alguno cabe calificar de contrato de trabajo. Entre los demandantes y la demandada no existe ninguna vinculación contractual laboral, ni existía en el momento de la pretendida conformación de la condición más beneficiosa. Aquellos son jubilados o causahabientes, pero no trabajadores. No existe la más remota posibilidad de que en el supuesto examinado en la sentencia recurrida pueda existir condición más beneficiosa alguna"( STS 21/2/2019, rcud. 124/2017 );5) pero además dicho acuerdo de extinción recogía expresamente que el demandante mantendría el derecho a la bonificación de la tarifa eléctrica en los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo, que es tanto como decir que se sujetará a la normativa convencional vigente en cada momento.

Mientras en otros supuestos lo que sucede es que el beneficio convencional se contempla solo para trabajadores en activo, su mantenimiento a jubilados o pasivos cabe o como "condición ad personam" o en los términos sujetos a los requisitos expresamente delimitados en el propio convenio, siendo ello lo que determina o no su aplicación. Aquí, sin embargo, recorremos el sentido inverso. Lo que sucede es que el beneficio reclamado se fijó expresamente como vigente en el acuerdo de prejubilación, pero se remitió expresamente también a las condiciones de vigencia para los "pasivos" previstas en el convenio colectivo. Que el trabajador tenga reconocido el beneficio en su acuerdo de prejubilación -lo que le permite expresamente mantenerlo- no le desvincula, en este particular caso y por el propio tenor de la cláusula, de su vigencia y evolución "según los términos vigentes en cada momento para el personal pasivo",lo que la sentencia interpreta solo puede ser según la previsión para dicho colectivo en los convenios colectivos.

Hemos de convenir que al no constar otra previsión por la que dispusiera de condiciones laborales más beneficiosas en el suministro eléctrico una vez extinguida su relación laboral, estableciendo reglas propias y distintas para su invariabilidad o mantenimiento, la interpretación judicial no incurre en ninguna de las infracciones jurídicas denunciadas. Las premisas fácticas que la sentencia recurrida expone impiden apreciar el error que el recurso denuncia desconsiderando precisamente la expresa mención al personal "pasivo". No alcanzando por tanto el recurso a desautorizar la interpretación y aplicación al caso del precepto cuya infracción se denuncia cometida en la instancia, procede desestimar el recurso en su integridad".

VISTOlo expuesto, los preceptos citados y los demás de general aplicación