Sentencia Social 791/2024 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 515/2024 de 18 de diciembre del 2024

PRIMERO:La sentencia objeto de recurso desestima la demanda interpuesta por el trabajador de la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., por estimar ajustada a derecho la resolución de la Entidad Gestora que declara que el proceso de incapacidad temporal iniciado el 27 de mayo 2019 deriva de la contingencia de enfermad común y no de accidente de trabajo, fecha en la que sufrió un ictus, estando en su domicilio en guardia localizada.

Frente a dicha decisión se alza el vencido en la instancia interponiendo recurso de suplicación que ha sido impugnado por la Mutua responsable del pago de las prestaciones.

SEGUNDO:En un primer motivo de recurso, con amparo procesal en el apartado b) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), dice solicitar la revisión del relato de hechos probados, pero ni concreta el ordinal a revisar, ni propone redacción alternativa. Se limita a exponer los datos que considera concurren en el supuesto analizado en los que incluye que su compañero declaró que: A/ Que es habitual que en las guardias acudan a casa llevando un busca o localizados durante su horario laboral. B/ Que el día en que sucede el accidente mi cliente estaba en su casa a donde se había desplazado para buscar unos productos de limpieza de la ambulancia y, según testimonio del Sr. Abelardo, se encontraba vestido con el uniforme y anorak del servicio de ambulancias". Con arreglo a ello, mantiene que el accidente sucede cuando el actor estaba en el tiempo de trabajo y, respecto del lugar, cita la STJUE (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2018, Asunto 518/15, alegando que "como se puso de manifiesto el PAC de Helechosa de los Montes, no está dotada de zona de estancia para los técnico de ambulancia, ni de almacén o vestuario para los necesarios productos relacionados con esta actividad laboral, es una localidad pequeña que supera a duras penas los quinientos habitantes, por eso deben tenerse en cuenta esas singularidades en dotaciones y formas y lugares de trabajo, creemos de buena fe concurre una analogía con el teletrabajo debe ser considerada la no presencia pero disponibilidad urgente e inmediata como lugar de trabajo", por lo que se ha de asimilar al lugar de trabajo, siendo de aplicación el artículo 156.3 del TR de la Ley General de la Seguridad Social de 2015 y el principio "pro operario".

A ello se opone la Mutua alegando, en primer lugar, en cuanto a la revisión fáctica, que no cumple con los requisitos exigidos jurisprudencialmente para que prospere, lo cual es asumido por esta Sala. En efecto, tal y como hemos expuesto el recurrente no señala el hecho a modificar, el concreto documento en que lo sustenta y la redacción alternativa que propone, olvidando, con ello, la constante la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en materia de revisión de hechos probados, que fija los requisitos para la modificación del relato de hechos, tanto en suplicación como en casación, partiendo del carácter extraordinario de estos recursos (recordada en las STS/4ª/Pleno de 20 febrero 2013 -rec. 81/2012 - y 25 noviembre 2013 -rec. 87/2013-, entre otras), manteniendo la sentencia de dicha Sala de 18 de octubre de 2016, Rec. 205/2015, remitiéndose a la sentencia del Pleno de fecha 18 de julio de 2014 (recurso casación 11/2013), <<... la constante jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 6-7-04 (rec 169/03 ), 18-4-05 (rec 3/2004 ), 12- 12-07 ( 25/2007 ) y 5-11-08, (rec 74/2007 ), entre otras muchas, respecto del error en la apreciación de la prueba, es inequívoca ", precisando que " Para que la denuncia del error pueda ser apreciada, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido omitido o introducido erróneamente en el relato fáctico. b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. c) Que se ofrezca el texto alternativo concreto que deba figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia " (entre las más recientes, SSTS/IV 17-enero-2011 -rco 75/2010, 21-mayo-2012 -rco 178/2011, 20-marzo-2013 -rco 81/2012 dictada en Pleno, 16-abril-2013 -rco 257/2011, 18- febrero-2014 -rco 74/2013, 20-mayo-2014 -rco 276/2013)>>.

En consecuencia, el motivo ha de ser rechazado.

TERCERO:En cuanto al resto de las alegaciones, que no motivos, que aduce el recurrente no se acogen a apartado alguno del artículo 193 de la LRJS. No obstante ello, esta Sala puede entrar a analizar las vulneraciones sustantivas y jurisprudenciales que invoca. A saber, el recurso no cumple estrictamente con las exigencias que para el de suplicación se contienen en el artículo 196 de la LRJS y en la jurisprudencia ( Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2023, rec. 3851/2019) pero, como nos dice la del Tribunal Constitucional 230/2000 de 2 de octubre, "el carácter extraordinario y casi casacional del recurso de suplicación justifica la exigencia de los requisitos formales impuestos por la LPL y concretados por la jurisprudencia, aunque, ciertamente, desde la perspectiva constitucional en último extremo lo relevante «no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma suficientemente precisa exponga los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser tenidos por correctos...». Desde esta perspectiva resulta obligado concluir que «el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinarias del recurso, no debe rechazar "a limine" el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales» ( SSTC 18/1993, de 18 de enero, FF. 3 y 4; 294/1993, de 18 de octubre, F. 3; 93/1997, de 8 de mayo, F. 3; 135/1996, de 23 de julio, F. 2, y 163/1999, de 27 de septiembre, F. 3). En consecuencia, cuando el contenido del escrito de formalización del recurso de suplicación es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión del recurrente y de la argumentación que la sustenta, la decisión de desestimar el recurso «puede vulnerar el art. 24.1 CE al estar basada en un error material o ser arbitraria ( SSTC 55/1993, de 15 de febrero, y 37/1995, de 7 de febrero), por cuanto prescinde de los datos aportados en dicho escrito» ( SSTC 135/1998, de 29 de junio, F. 2) y 163/1999, de 27 de septiembre, F. 3)".

Y, en cuanto a dichas vulneraciones, en principio, tal y como nos ilustra la STS de 9 de diciembre de 2003, Rec. 2358/2002, interpretando el antiguo artículo 115.3 del TRLGSS de 1994, que se reproduce en el vigente artículo 156.3 del TRLGSS de 2015:

<< Es la aplicación a supuesto de autos, la doctrina unificada recogida en sentencia de esta Sala de 7 de febrero de 2001 (recurso 132/00), aunque referida a trabajador oficial de primera de montaje y reparación de sistemas de seguridad, pues los supuestos en ambos casos se trata de situación de guardia localizada en el domicilio, estando provisto de busca-personas y siendo retribuido dicho servicio y, carece de trascendencia la profesión del trabajador. En dicha sentencia se acepta la doctrina de la Sala de suplicación que niega la existencia de accidente de trabajo, y se argumenta que:

"La aplicación de aquella doctrina evidencia el acierto con que la sentencia recurrida interpretó y aplicó el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social EDL 1994/16443. En primer lugar, porque el fallecimiento del trabajador no acaeció en el lugar de trabajo, puesto que al sufrir el infarto de miocardio se encontraba en su domicilio, y no era allí donde debía desarrollar la actividad encomendada por la empresa, sino en los puntos concretos donde se encontraran los sistemas de seguridad que habría de reparar por cuenta del empleador y para los clientes de éste; no hay en las actuaciones constancia de que al tiempo de sobrevenir la dolencia cardiaca hubiera sido requerido para prestar servicios, con lo que se demuestra que tampoco falleció en tiempo dedicado al trabajo. Respecto de esta cuestión en concreto, es doctrina de la Sala que la situación de disponibilidad, cuando el trabajador debe estar localizable no presupone la realización de trabajo alguno; la sentencia de 29 de noviembre de 1994 así lo dejó expresado, al declarar que, "la mera situación de disponibilidad, en la que el trabajador tan sólo está localizable y a disposición de la empresa, no implica por sí sola el desarrollo de ningún trabajo y por ende está claramente fuera de la jornada laboral y no puede en absoluto, ser calificada ni como tiempo de trabajo ni como horas extraordinarias".

Esta doctrina se haya plenamente ajustada a lo dispuesto en el artículo 115.3 del Ley General de la Seguridad Social de 1994 cuando dispone que "Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufre el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo". A tenor de esta norma, se requiere la conjunción de dos circunstancias para que opere la presunción "durante el tiempo y en el lugar de trabajo". Y, es tiempo de trabajo según el artículo 2.1 de la Directiva 93/104 CE, de 23 de noviembre de 1993 "todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales". pero aunque se entendiese que durante las guardias de localización, el médico está sometido a las decisiones de disponibilidad de la empresa, es evidente, que no concurre el segundo condicionante "lugar de trabajo", que sólo lo es el espacio físico en donde se desarrolla la actividad profesional con presencia y disponibilidad plena.

Precisamente, la sentencia de esta Sala de fecha 8 de octubre de 2003 (recurso 008/48/03), aunque referida a la consideración de horas extraordinarias por la realización de guardias establece que:

"La exclusión de las guardias del cómputo de la jornada puede realizarse cuando se trata de tiempo de guardias de localización o mixtas en la fracción que no tiene consideración de trabajo efectivo, ni de presencia en el centro de trabajo".>>.

Esta doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no se ve superada por la sentencia que el recurrente invoca, sino que dicha sentencia se alinea con lo mantenido por el Alto Tribunal, si bien el supuesto que resuelve es muy concreto pues el trabajador estaba obligado a permanecer en el lugar señalado por el empresario y, caso de ser avisado, comparecer en ocho minutos, lo que aquí no ha quedado acreditado, sin que conste, concretamente, que la ejecución de las funciones propias de Técnico de Transporte Sanitario tenga relación alguna con el mentado ictus. Así nos ilustra el TJUE en la sentencia que cita el recurrente:

<< Sobre la cuarta cuestión prejudicial

53 Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que el tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos, plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades, debe considerarse «tiempo de trabajo».

54 A este respecto, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ya ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la cuestión de la calificación del tiempo de guardia como «tiempo de trabajo» o «período de descanso», en lo que se refiere a los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la 2003/88.

55 En este contexto, el Tribunal de Justicia ha precisado, en primer lugar, que los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso» se excluyen mutuamente (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de octubre de 2000, Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, apartado 47, y de 10 de septiembre de 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, apartado 26 y jurisprudencia citada). Así pues, debe señalarse que, en el estado actual del Derecho de la Unión, el tiempo de guardia que un trabajador pasa en el marco de las actividades que realiza para su empresario debe calificarse, bien de «tiempo de trabajo», bien de «período de descanso».

56 Además, entre los elementos característicos del concepto de «tiempo de trabajo» en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2003/88 no figuran la intensidad del trabajo desempeñado por el trabajador por cuenta ajena ni el rendimiento de éste ( sentencia de 1 de diciembre de 2005, Dellas y otros, C-14/04, EU:C:2005:728, apartado 43).

57 En segundo lugar, se ha declarado que la presencia física y la disponibilidad del trabajador en el lugar de trabajo, durante el período de guardia, a los efectos de prestar sus servicios profesionales debe considerarse comprendida en el ejercicio de sus funciones, aun cuando la actividad efectivamente desempeñada varíe según las circunstancias (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2000, Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, apartado 48).

58 En efecto, excluir del concepto de «tiempo de trabajo» el período de guardia en régimen de presencia física equivaldría a poner en peligro el objetivo de la Directiva 2003/88, que es garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, de manera que puedan disfrutar de períodos mínimos de descanso y de períodos de pausa adecuados (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2000, Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, apartado 49).

59 Por otro lado, de la jurisprudencia de Tribunal de Justicia se desprende que el factor determinante para la calificación de «tiempo de trabajo», en el sentido de la Directiva 2003/88, es el hecho de que el trabajador está obligado a hallarse físicamente presente en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad. En efecto, estas obligaciones, que impiden que los trabajadores afectados elijan su lugar de estancia durante los períodos de guardia, deben considerarse comprendidas en el ejercicio de sus funciones (véanse, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2003, Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, apartado 63, y el auto de 4 de marzo de 2011, Grigore, C-258/10, no publicado, EU:C:2011:122, apartado 53 y jurisprudencia citada).

60 Finalmente, debe señalarse que no ocurre lo mismo en la situación en la que el trabajador efectúa una guardia según el sistema de guardia localizada, que implica que esté accesible permanentemente sin no obstante deber estar presente en el lugar de trabajo. En efecto, aunque esté a disposición de su empresario en la medida en que debe estar localizable, en esta situación el trabajador puede administrar su tiempo con menos limitaciones y dedicarse a sus intereses personales. En estas circunstancias, sólo debe considerarse «tiempo de trabajo» en el sentido de la Directiva 2003/88 el tiempo dedicado a la prestación efectiva de servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2003, Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, apartado 65 y jurisprudencia citada).

61 En el asunto principal, según la información a disposición del Tribunal de Justicia, que el órgano jurisdiccional remitente deberá comprobar, el Sr. Dimas no sólo debía estar localizable durante sus tiempos de guardia. Por una parte, debía responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos y, por otra parte, estaba obligado a estar presente físicamente en el lugar determinado por el empresario. Sin embargo, este lugar era el domicilio del Sr. Dimas y no su lugar de trabajo, como sucedía en los asuntos que dieron lugar a la jurisprudencia citada en los apartados 57 a 59 de la presente sentencia.

62 A este respecto, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso», en el sentido de la Directiva 2003/88, constituyen conceptos de Derecho de la Unión que es preciso definir según características objetivas, refiriéndose al sistema y a la finalidad de dicha Directiva, que es establecer unas disposiciones mínimas destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores ( sentencia de 10 de septiembre de 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, apartado 27).

63 Pues bien, la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que, desde un punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos, limitan de manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador que se encuentra en la situación del Sr. Dimas de dedicarse a sus intereses personales y sociales.

64 Habida cuenta de tales limitaciones, la situación del Sr. Dimas se distingue de la de un trabajador que, durante su servicio de guardia, simplemente debe estar a disposición de su empresario a los efectos de que éste pueda localizarle.

65 En estas circunstancias, el concepto de «tiempo de trabajo», establecido en el artículo 2 de la Directiva 2003/88, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una situación en la que un trabajador tiene la obligación de permanecer en su domicilio durante el período de guardia, de estar a la disposición del empresario y de poder presentarse en su lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos.

66 De todo lo anterior resulta que procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que el tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos, plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades, debe considerarse «tiempo de trabajo».>>.

No es este el supuesto ahora contemplado en el que el trabajador efectuaba guardia localizada, sin precisar el lugar en el que debía permanecer localizable, ni consta el tiempo de respuesta ante un aviso. En conclusión, no pudiendo aplicar la presunción de laboralidad, estamos ante una enfermedad que se manifiesta en el tiempo de trabajo, pero no en el lugar de desempeño, sin que el demandante haya acreditado que dicha enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo, como requiere el artículo 156.2.e) del TRLGSS. Y, en segundo lugar, en lo que atañe al principio in dubio pro operario, como ha señalado desde antiguo el Tribunal Supremo en las de 19 de octubre de 1.983, 18 de febrero de 1.985 y 25 de septiembre y 15 de diciembre de 1.986, entre otras muchas, tal principio es aplicable en caso de que una norma admita diversas interpretaciones, pero en este supuesto la norma ya ha sido interpretada por la doctrina unificada del Tribunal Supremo.

Es por todo ello que la sentencia ha de ser confirmada, previa la desestimación del recurso interpuesto, sin costas ( artículo 235.1 de la LRJS) .

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,