Sentencia Social 1013/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 618/2025 de 18 de diciembre del 2025

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, a excepción de los que se indican a continuación, al haberse estimado motivos de revisión fáctica planteados por la parte recurrente:

- Se añade un nuevo hecho probado, con el ordinal 14º y el siguiente texto: "D. Candido no acudió al puesto de trabajo los días: jueves 29 de agosto de 2024; viernes 30 de agosto de 2024; sábado 31 de agosto de 2024; lunes 9 de septiembre de 2024; viernes 13 de septiembre de 2024 y lunes 16 de septiembre de 2024".

SEGUNDO.- El actor prestaba servicios para "Lidl Supermercados, Sociedad Anónima Unipersonal" como cajero- reponedor, a tiempo parcial, desde julio de 2022. El mismo dejó de acudir a su trabajo desde el 29 de agosto de 2024; la empresa le envió comunicaciones los días 4 y 10 de septiembre de 2024 requiriéndole para que justificara las ausencias, no atendiendo el actor ninguno de esos requerimientos, por lo que, finalmente, el 17 de septiembre la empresa le dio de baja en la Tesorería General de la Seguridad Social por abandono del puesto de trabajo. El actor presenta demanda impugnando el cese (con una reclamación de cantidades acumulada, desestimada en la sentencia de instancia y que no es objeto del recurso de suplicación), por considerar que se trataba de un despido, alegando que no tenía intención de desistir del contrato de trabajo y que si no había ido a trabajar esos días era porque a finales de agosto, según el actor, sufrió una caída en su puesto de trabajo, sin que la empresa quisiera emitir parte de accidente, estando el actor disgustado con la actitud mostrada por sus superiores, si bien reconocía que tampoco había acudido al servicio público de salud para obtener una baja médica. La empresa se opuso a la acción de despido al considerar que del comportamiento del demandante se podía inferir un desistimiento tácito del contrato de trabajo. La sentencia de instancia estima la acción de despido, al considerar que en este caso no puede hablarse de abandono del puesto de trabajo o dimisión tácita, sino de una conducta incumplidora del trabajador que podría haber sido objeto en su caso de un despido disciplinario. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte demandada pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que desestime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea dos motivos para la revisión de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y dos motivos para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandante, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar los motivos de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil).

º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- Solicita en primer lugar la empresa recurrente ampliar el hecho probado 11º de la sentencia recurrida, esencialmente para dejar constancia que en el informe de la consulta médica el actor refirió haber sufrido acoso laboral. La modificación se ampara en el mismo documento empleado por el juzgador (solicitud de interconsulta, folios 85 y 86 de los autos), y el texto que propone es el siguiente: "Según Informe médico de interconsulta del Centro de Salud de los Realejos, don Candido presenta el siguiente diagnostico provisional: Paciente masculino de 29 años que hace 5 meses viene presentando agobio donde hay cumulo de personas, con episodios de ansiedad (A punto de partida de acoso laboral)".

SEXTO.- No puede estimarse la modificación, que se ampara en exactamente el mismo documento valorado por el juez, sin que las conclusiones del juzgador se muestren claramente erróneas o contrarias a la más elemental lógica por haber omitido que en esa consulta el actor (presuntamente) refirió acoso laboral, pues se trata de una consulta médica producida más de tres meses después de extinguido el contrato de trabajo (cosa que el texto alternativo omite señalar), y el supuesto acoso no se mencionaba en la demanda rectora de los autos, siendo por tanto un hecho impertinente.

SÉPTIMO.- En segundo lugar, la empresa interesa que se añada un nuevo hecho probado detallando los días que el actor no acudió a su puesto de trabajo, amparándos para ello en el registro de jornada aportado, antes de juicio, en el escrito 1429/2025. El texto que propone es el siguiente: "D. Candido no acudió al puesto de trabajo los días: jueves 29 de agosto de 2024; viernes 30 de agosto de 2024; sábado 31 de agosto de 2024; lunes 9 de septiembre de 2024; viernes 13 de septiembre de 2024 y lunes 16 de septiembre de 2024".

OCTAVO.- En este caso sí procede estimar la adición, en la medida en que los concretos días que el actor se ausentó sin causa justificada del trabajo (que no eran, por lo demás, especialmente controvertidos) tienen relevancia para resolver lo que era objeto de debate en estos autos, habiendo el juzgador omitido pronunciarse sobre ese dato de hecho.

NOVENO.- En el primer motivo de censura jurídica, denuncia la empresa infracción del artículo 49.1.d) del Estatuto de los trabajadores y de la jurisprudencia aplicable al caso, defendiendo que en este caso ha de entenderse que se produjo un desistimiento voluntario por parte del trabajado demandante, que la empresa considera producido por actos concluyentes consistentes no solo en las reiteradas ausencias al puesto de trabajo sin causa justificada, sino en la pasividad mostrada por el trabajador tras recibir los requerimientos para justificar las ausencias, y en que en la propia demanda se afirmaba que el demandante estaba disgustado con sus superiores por la forma inadecuada en la que el actor consideraba que se había gestionado el accidente laboral cuya existencia se alegaba en la demanda, planteando que el demandante en realidad pretendía forzar su despido disciplinario.

DÉCIMO.- Con respecto a si las ausencias injustificadas del trabajador pueden, por sí solas, considerarse una dimisión del trabajador, como causa de extinción del contrato del artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, las sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2001, recurso 2071/2000, o 21 de noviembre de 2000, recurso 3462/1999, tras recordar que en general la declaración de voluntad negocial puede ser tácita, y que en estos casos su acreditación puede hacerse a través de prueba indiciaria, siempre que se parta de datos inequívocos, señala que la dimisión o voluntad unilateral del trabajador, de extinguir el vínculo contractual que le une a su empresario, puede manifestarse de forma expresa o de manera tácita. Es decir, mediante signos escritos u orales dirigidos al empresario, pues se trata de una decisión recepticia; o mediante un comportamiento del cual cabe deducir esa intención extintiva; pero en todo caso "la dimisión exige como necesaria una voluntad del trabajador "clara, concreta, consciente, firme y terminante, reveladora de su propósito; puede ser expresa o tácita; pero en este caso ha de manifestarse por hechos concluyentes, es decir, que no dejen margen alguno para la duda razonable sobre su intención y alcance" ( STS 10 diciembre 1990). En particular, cuando el comportamiento alegado por el empresario es lo que suele llamarse un abandono del trabajo, esta Sala ha distinguido el aspecto extintivo del sancionador por incumplimiento: para que exista la causa extintiva en examen es preciso que "se produzca una actuación del trabajador que, de manera expresa o tácita, pero siempre clara y terminante, demuestre su deliberado propósito de dar por terminado el contrato, lo que requiere una manifestación de voluntad en este sentido o una conducta que de modo concluyente revele el elemento intencional decisivo de romper la relación laboral"; en esta línea, y a los efectos de delimitar el llamado abandono frente al despido disciplinario por falta de asistencias al trabajo, se subraya que éstas no pueden considerarse, objetivamente y al margen de un contexto en el que por su continuidad o por otras circunstancias aparezcan dotadas de un indudable significado extintivo; en cualquier caso, para valorar el propósito del trabajador "hay que precisar de forma inequívoca las motivaciones e impulsos que le animan toda vez que la voluntad de realizar un acto culposo laboral es diferente de la necesaria para extinguir la relación laboral" ( STS 3 junio 1988)". Por lo que, en definitiva, el llamado abandono, materializado en una inasistencia más o menos prolongada del trabajador al centro o lugar de trabajo, no es algo que mecánicamente equivalga a una extinción por dimisión, sino que se necesita que esas ausencias puedan hacerse equivaler a un comportamiento del que quepa extraer, de manera clara, cierta y terminante, que el empleado desea extinguir el contrato.

UNDÉCIMO.- También en relación a esta cuestión la posterior sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2006, recurso para unificación de doctrina 5065/2005, tras recordar esta jurisprudencia, recuerda que, ante una situación de abandono del trabajo, la empresa que pretende interpretar la misma como una dimisión del contrato de trabajo tiene la carga de la prueba de acreditar el deliberado propósito del trabajador de extinguir la relación laboral. Lo que es coherente con la línea jurisprudencial que se ha reproducido, que en definitiva rechaza equiparar automáticamente las meras ausencias al trabajo, aunque sean injustificadas y reiteradas, con una dimisión del trabajador.

DUODÉCIMO.- En el presente caso, consta acreditado que el actor dejó de acudir a trabajar todos los días que tenía turno programado entre el 29 de agosto de 2024 y el 17 de septiembre de 2024, siendo en total seis días laborables de ausencia al trabajo (hecho probado nuevo, introducido en revisión fáctica). No consta probado que el actor estuviera incurso en alguna causa lícita de suspensión del contrato, como una incapacidad temporal, o que siquiera intentara justificar sus ausencias ante su empleadora, pese a haber recibido dos requerimientos en este sentido (hechos probados 6º y 7º). Sin embargo, en ninguno de los requerimientos recibidos por el trabajador se advertía que la falta de respuesta se consideraría como una dimisión del contrato de trabajo y que la empresa actuaría en consecuencia, en cuyo caso la total inactividad del trabajador ante semejante requerimiento sí que sería mucho más significativa y podría indicar voluntad de dimitir. Pero lo más parecido a un apercibimiento, que se contenía en el requerimiento efectuado el 5 de septiembre, hacía referencia al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, apuntando por ello a que la demandada podría hacer uso de su potestad disciplinaria.

DECIMOTERCERO.- No consta acreditada ninguna manifestación expresa, siquiera verbal, del demandante afirmando que no quería volver a trabajar para la demandada; tampoco constan actos claramente concluyentes de un deseo de poner fin a la relación laboral con "Lidl Supermercados, Sociedad Anónima Unipersonal", como podría ser que el actor hubiera empezado a trabajar para otra empresa. La circunstancia de la cual la empresa recurrente pretende deducir un ánimo extintivo por parte del trabajador, su disconformidad con el comportamiento de sus superiores en relación a un alegado accidente de trabajo, debe señalarse que se basa exclusivamente en afirmaciones hechas en la demanda, que obviamente no parece que fueran conocidas por la empresa el 17 de septiembre de 2024, cuando decidió dar de baja voluntaria al demandante, y desde luego nada sobre esto mencionan las comunicaciones que se reflejan en los hechos probados 6º a 9º. En hechos probados no consta absolutamente nada respecto a que el actor hubiera tenido un conflicto con sus superiores por haberse los mismos negado a reconocer la existencia de un accidente de trabajo, y desde luego tampoco consta nada respecto a ese supuesto accidente laboral. En cualquier caso, la mera existencia de un conflicto laboral no permitiría deducir que la intención del trabajador era resolver unilateralmente y sin indemnización el contrato de trabajo.

DECIMOCUARTO.- Así las cosas, lo ocurrido según lo que consta en los hechos probados no puede considerarse claramente revelador de una voluntad del trabajador de poner fin al contrato de trabajo. La voluntad de incumplimiento era desde luego clara dada la reiteración de las ausencias y la falta de respuesta del trabajador; probablemente había también un ánimo dañoso, de perjudicar a la empresa colocándose el trabajador en rebeldía; y es muy posible que también de provocar el despido (y se sospecha que ese ánimo dañoso e intención de forzar el despido pudo conducir a la empresa a actuar como lo hizo, para frustrar esas expectativas del actor). Esto, sin perjuicio de que pueda valorarse o no como actuación fraudulenta del actor dirigida a obtener prestaciones por desempleo, lo que tiene en principio es trascendencia disciplinaria, dado que el convenio colectivo de empresa contempla como falta muy grave, sancionable con despido disciplinario, faltar más de dos días al trabajo, sin causa justificada, en un periodo de un mes (artículos 51.C.12 y 52 del convenio colectivo citado). Pero en este caso la empresa no quiso hacer uso de su potestad disciplinaria, sino que, de una manera muy arriesgada atendiendo a las circunstancias que le constaban a mediados de septiembre de 2024, decidió por su cuenta interpretar que lo que quería el actor era dimitir. La sentencia de instancia, al concluir la inexistencia de tal dimisión, no habría vulnerado la normativa y jurisprudencia aplicable en la materia, lo que ha de conducir a desestimar el motivo.

DECIMOQUINTO.- El segundo motivo de censura jurídica se plantea de forma subsidiaria al anterior, y en el mismo se invocan los artículos 50 y 51 del convenio colectivo de empresa y 54 del Estatuto de los Trabajadores, para plantear que, si no se considera que hubo dimisión del trabajador, habría en todo caso ausencias no justificadas al trabajo, de seis días en un mes, que constituirían falta muy grave sancionable con despido conforme a los preceptos citados del convenio colectivo, de lo cual pretende la recurrente que en este caso hubo un despido disciplinario y que se cumplieron los requisitos formales para el mismo con las comunicaciones que recibió el trabajador en el mes de septiembre de 2024, y que incluso se dio audiencia previa a la sección sindical.

DECIMOSEXTO.- La recurrente, con este motivo subsidiario, pretende lo que vulgarmente se conoce como soplar y sorber al mismo tiempo. Pero eso no es admisible, pues si lo que acordó la demandada el 17 de septiembre de 2024 fue dar de baja al actor por dimisión, no puede pretender luego que lo que hizo es un despido disciplinario una vez que se ha rechazado la existencia de tal dimisión. Porque o el contrato de trabajo se extinguió por voluntad unilateral del trabajador por dimisión, o por voluntad unilateral de la empresa por despido disciplinario, pero no pudo extinguirse al mismo tiempo por ambas causas, que son incompatibles y mutuamente excluyentes.

DECIMOSÉPTIMO.- Por más que los requerimientos recibidos por el actor los días 5 y 10 de septiembre de 2024 (hechos probados 6º y 7º) pudieran entenderse como audiencia previa a un despido disciplinario, lo que finalmente acordó la empresa fue cursar la baja por abandono, por baja voluntaria del trabajador, y así se reflejó tanto en la comunicación recibida por el demandante el 17 de septiembre de 2024 (hecho probado 8º), como en la que se recibió por la sección sindical el día anterior (hecho probado 9º). En la comunicación enviada al trabajador, dejando aparte de que el escueto hecho probado 8º no recoge si incluía o no un detalle de los días de ausencia al trabajo, la empresa no estaba manifestando que procedía al despido del actor por razones disciplinarias, sino que lo daba de baja por abandono. Y, por ello, esa carta no se puede considerar que satisficiera los requisitos formales del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, ni puede considerarse manifestación de un despido disciplinario que la demandada, por razones que solo ella conoce, decidió no acordar. El motivo, por ello, debe desestimarse.

DECIMOCTAVO.- De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la sentencia de suplicación impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto en los procedimientos de conflicto colectivo, o cuando la parte vencida goce del beneficio de justicia gratuita o se trate de sindicatos, de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social. Estas costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en el recurso de suplicación.

DECIMONOVENO.- Atendiendo a la cuantía del procedimiento, número de motivos planteados, complejidad y fundamento de los mismos, y sobre todo, el trabajo de impugnación llevado a cabo por la parte recurrida, se estima adecuado fijar los honorarios de la asistencia letrada de la parte recurrida en la cantidad de 700 euros.