Sentencia Social 2257/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2025/2025 de 18 de diciembre del 2025

PRIMERO:Recurso de suplicación.

1. El Juzgado de lo Social número 1 de Gijón conoció de los autos 290/2025, promovidos a instancia del trabajador Arsenio., contra la empresa Cocemfe Asturias, sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, en la que se solicitaba que se declare nula, o subsidiariamente injustificada la decisión empresarial de relevar al trabajador de su puesto de Jefe de Área con la consiguiente reducción salarial, y como consecuencia de ello se reponga al trabajador en las mismas condiciones que regían su relación laboral con anterioridad a la modificación, con abono de conformidad con lo dispuesto en el art. 138 de la LRJS de una indemnización por los daños y perjuicios consistentes de las cantidades dejados de percibir desde la fecha de la comunicación de la modificación hasta la reposición de sus condiciones de trabajo tenga lugar y una cantidad adiciones por daños y perjuicios que se fija en la cantidad de 1500 euros según las previsiones del art 7.6 en relación con el art 40 sanción grave cuantía grado mínimo de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Laboral. Con fecha 10.07.2025 se dictó sentencia desestimatoria de la demanda, absolviéndose a la empresa de las pretensiones en su contra.

2. Recurre en suplicación la defensa del trabajador demandante, y el escrito de interposición del recurso se articula sobre los tres motivos contemplados en el artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS), a saber: el primero, formulado con encaje procesal en el apartado a) del citado artículo, se pretende la nulidad de la sentencia por incongruencia omisiva y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por el juzgado de instancia, por cuanto no se pronuncia sobre si concurren las causas que amparan la existencia de una modificación de las condiciones de trabajo del art del 41 del Estatuto de los Trabajadores técnicas, económicas o organizativas, y desestimada la demanda el fallo de la sentencia no se ajusta a lo previsto en el artículo 138.7 LRJS, al no otorgar la opción al trabajador de la extinción de su contrato de trabajo pues no se pronuncia sobre el citado extremo, a lo que añade que la MSCT conlleva una pérdida del complemento económico y encubre una sanción adicional "encubierta"; el motivo segundo se plantea de acuerdo con el apartado b) del artículo 193 LRJS, y se interesa la supresión de los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia de instancia por no guardar relación con la comunicación de MSCT, así como la revisión de los hechos sexto y decimocuarto; finalmente, el tercer motivo está destinado a la censura jurídica y en el mismo se denuncia la aplicación del derecho realizada por el Juzgador de Instancia del art 58 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el art 41 del mismo cuerpo legal y ART 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en concordancia con el art 24 del Constitución, tutela judicial efectiva, en su vertiente vulneración del principio de garantía de indemnidad. Pretende la revocación de la sentencia impugnada, acogiendo la pretensión formulada por la actora en los términos señalados en el suplico de la demanda.

3. Por la defensa de la empleadora se ha presentado escrito de impugnación al recurso interpuesto de contrario. Se opone al mismo solicitando su desestimación íntegra y la confirmación en todos sus extremos de los pronunciamientos de instancia.

SEGUNDO:Precisiones sobre el alcance del presente recurso de suplicación.

1. Expuestos los concretos términos de la pretensión ejercitada en la demanda, la resolución dada en la instancia, así como las posturas de las partes en el presente recurso de suplicación, conviene matizar algunos aspectos al encontrarnos ante una modalidad procesal especial de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual.

2. El artículo 191.3.f) LRJS prevé el recurso de suplicación contra las sentencias dictadas en materias de conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, impugnación de los estatutos de los sindicatos, procedimientos de oficio y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. De acuerdo con ello es el último supuesto el que se da en este caso, esto es, la tutela de derechos fundamentales. Se dice lo anterior porque ya el mismo artículo 191, en su apartado 2, letra e) excluye del recurso de suplicación los procesos de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carácter colectivo, condición que no se da en el presente caso pues se analiza una decisión empresarial individual según se expresa por la parte demandante en la demanda.

3. Debe precisarse que es doctrina constante del Tribunal Supremo que no cabe recurso de suplicación frente a la sentencia dictada en la modalidad procesal de MSCT aunque se reclame una cantidad superior a los 3.000 euros derivada de la decisión empresarial impugnada, así SSTS de 14.09.2023, RCUD 2589/2020, y de 21.12.2023, RCUD 3641/2022. También ha de recordarse que es doctrina reiterada del TS, sentencia por todas de 19.10.2022, RCUD 1363/2019, que en los procesos de MSCT individuales con alegación de vulneración de derechos fundamentales, solamente pueden ser examinados por la sentencia de suplicación los extremos relativos a la vulneración de derechos fundamentales, precisándose que los aspectos en los que resulte indisociable el tema de legalidad ordinaria con la eventual existencia de la invocada vulneración de derechos fundamentales, sin que pueda limitarse en estos casos su cognición a los aspectos relativos a la posible infracción de derechos fundamentales, cuando la respuesta que haya de darse a esa cuestión condiciona de alguna manera el pronunciamiento sobre las materias de legalidad ordinaria. De acuerdo con esta doctrina, aún estando ante una modalidad procesal excluida del recurso de suplicación, procede su examen al haberse alegado vulneración de derechos fundamentales, la garantía de indemnidad en este caso.

4. Por último, debemos indicar que de acuerdo con el artículo 202.1 y 1 LRJS, cuando la revocación de la resolución de instancia se funde en la infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del artículo 193, la Sala, sin entrar en el fondo de la cuestión, mandará reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse la infracción, y si ésta se hubiera producido en el acto del juicio, al momento de su señalamiento. 2. Si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida y por no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, acordará la nulidad en todo o en parte de dicha resolución y de las siguientes actuaciones procesales, concretando en caso de nulidad parcial los extremos de la resolución impugnada que conservan su firmeza, y mandará reponer lo actuado al momento de dictar sentencia, para que se salven las deficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal.

TERCERO:Nulidad de actuaciones.

1. Denuncia la parte recurrente la incongruencia omisiva y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por el juzgado de instancia, por cuanto no se pronuncia sobre si concurren las causas que amparan la existencia de una modificación de las condiciones de trabajo del art del 41 del Estatuto de los Trabajadores, ni tampoco el fallo se ajusta a lo previsto en el artículo 138.7 LRJS.

2. El artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de lo que haya sido objeto de debate en el proceso y apreciando los elementos de convicción, declarar expresamente los hechos que estime probados.El artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2: 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.Por su parte el artículo 138.7 LRJS dispone que

3. El artículo 218 LEC en relación con el artículo 24.1 de la CE ha sido objeto de una interpretación, ya consolidada, tanto por parte del Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, y así en la STS de 26.01.2023, RCUD 4578/2019, en la que se analiza con carácter general el ámbito del art. 218.1 de la LEC, en orden al contenido de las sentencias, y la doctrina constitucional en materia de incongruencia por exceso, con cita de la STC 178/2014, en relación con el principio iura novit curia, en virtud de todo lo cual el juzgador puede "....fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso [...] para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales".

4. En la demanda se impugnaba la decisión empresarial de cesar al actor en el puesto de jefe de área, con la consiguiente supresión del complemento que percibía de 219,67 euros mensuales, lo que considera una modificación sustancial de condiciones de trabajo al afectar al sistema de remuneración y cuantía salarial. Solicitaba que se declare nula, o subsidiariamente injustificada la decisión empresarial discutida, y como consecuencia de ello se reponga al trabajador en las mismas condiciones que regían su relación laboral con anterioridad a la modificación, con abono de conformidad con lo dispuesto en el art. 138 de la LRJS de una indemnización por los daños y perjuicios consistentes en las cantidades dejadas de percibir desde la fecha de la comunicación de la modificación hasta que la reposición de sus condiciones de trabajo tenga lugar y una cantidad adicional por daños y perjuicios que se fija en la cantidad de 1500 euros según las previsiones del art 7.6 en relación con el art 40 sanción grave cuantía grado mínimo de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Laboral. La sentencia de instancia declara probado, hecho decimo octavo, que la empresa entregó al trabajador comunicación escrita en la que le notificaba la MSCT, y en la que se le indicaba que de acuerdo con el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores , se le informa de que tiene derecho a impugnar esta decisión ante la jurisdicción social en el plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción de esta comunicación. Asimismo, en caso de que la modificación implique un perjuicio relevante para su situación profesional, podrá optar por la extinción de su contrato de trabajo, con derecho a la indemnización legalmente establecida de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de nueve meses.La sentencia desestima la demanda al considerar que no nos encontramos ante una MSCT, y absuelve a la empresa de las pretensiones en su contra. De lo expuesto no puede entenderse que exista incongruencia, en la medida en que la parte actora no interesó pronunciamiento sobre la opción extintiva prevista en el artículo 138.7 LRJS, solicitando únicamente que la decisión empresarial se considerara nula, o en su defecto, injustificada, lo que se analiza en la recurrida y se da respuesta. Además estamos ante un derecho de la persona trabajadora que se reconoce en la Ley, por lo que no es imprescindible un pronunciamiento judicial sobre el mismo, sin perjuicio de que la sentencia de instancia omita el citado precepto. Se rechaza por ello la nulidad planteada.

CUARTO:Revisión de los hechos declarados probados.

1. Previo al análisis de las concretas modificaciones de los hechos probados que pretende la parte recurrente, es procedente recordar que el artículo 193 de la LRJS señala en su letra b) uno de los objetos del recurso de suplicación, de revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. Debe partirse de la base de que es el Juzgador de instancia el que tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados en el proceso por las partes de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Por ello el recurso de suplicación no es un instrumento adecuado a fin de proceder a una nueva valoración de los medios probatorios aportados para traer al proceso los datos fácticos, por el contrario, su naturaleza extraordinaria excluye ese objeto, que queda reservado al juicio de instancia, y únicamente permite corregir los errores del Juzgador, cuando con documentos idóneos o con pericias practicadas se pone de manifiesto el desacierto de la convicción judicial.

Además es constante la doctrina de suplicación que establece que para que pueda apreciarse error de hecho en la valoración de la prueba, han de concurrir los requisitos siguientes: 1) que se señale con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico; 2) se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, ya complementándolos; 3) se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico; 6) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

2. Se solicita por la parte recurrente la supresión de los hechos declarados probados cuarto y quinto, al considerar que ninguna relación guardan con la comunicación de MSCT, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 105.2 LRJS, que aplica de forma analógica. Se rechaza la revisión porque no se basa en prueba documental ni pericial alguna, el artículo 105 LRJS se refiere a los procesos de despido, por lo que no es aplicable al presente caso, y además el magistrado a quo ha entendido relevante su mención en el relato fáctico, pues tales hechos completan la información sobre el concreto ámbito de trabajo del actor, por lo que se estima justificada su cita en el relato fáctico.

3. Interesa también la recurrente la supresión del último párrafo del hecho probado sexto, que dice en dicha reunión la gerente dio explicaciones y los representantes de los representantes de los sindicatos afectados manifestaron no haber detectado acoso alguno por parte del gerente.Se rechaza la revisión ya que en el acta de la reunión de 25.09.2024 consta que el comité ejecutivo dio audiencia a la gerente, y se refleja igualmente que no hay quejas de acoso respecto a la gerente.

4. En último lugar, se solicita la revisión del hecho probado décimo cuarto, de acuerdo con la prueba documental que identifica en el escrito de interposición, a fin de que se adicione el siguiente párrafo: Dentro de los aspecto a mejorar en las conclusiones extraídas en el informe en el apartado de Demandas psicológicas se ha detectado que no está bien considerado por los trabajadores proponiendo como recomendación, seguir proporcionando a los trabajadores/as una adecuada formación, seguir dando la posibilidad a los trabajadores de aplicar sus capacidades, respecto a la carga mental asociada a las exigencias emocionales (por la presión asistencial en el trato con pacientes, importancia de la tarea, situaciones de alta impacto emocional, las propias relaciones interpersonales, etc...) haciendo que se desarrolle un nivel elevado de riesgo , se incidirá sobre los propios trabajadores, en la no implicación emocional sobre su trabajo".Se rechaza la revisión ya que el informe en el que se basa contiene una serie de recomendaciones en las que se analizan distintos extremos, los cuales tienen una valoración diferente por las personas trabajadoras, por lo que el texto que se propone no refleja adecuadamente lo que se contiene en el documento que le sirve de apoyo.

QUINTO:Censura jurídica, garantía de indemnidad.

1. Discrepa la recurrente del rechazo por la sentencia de instancia de la pretensión principal de nulidad, al considerar que existe una doble sanción al trabajador, por un lado una sanción disciplinaria por una falta grave de amonestación por escrito y sanción económica encubierta de modificación de condiciones de trabajo que ha dado lugar a las presentes actuaciones. Considera que la actuación de la empresa, que inicia el procedimiento sancionador y la MSCT tras emitirse la resolución de la Inspección de Trabajo (ITSS), supone una clara vulneración del Principio de Garantía de Indemnidad como una reacción a la denuncia interpuesta por el trabajador de ahí que solicite la nulidad de la sanción y la indemnización de 7501 euros.

2. Por lo que se refiere a la vulneración de la garantía de indemnidad, es preciso estar a la doctrina emanada sobre el particular por el Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias, como las nº 293/93, de 18 de Octubre; nº 85/95, de 6 de Junio; nº 83/97, de 22 de Abril, nº 308/00, de 18 de Diciembre y nº 125/2008, de 20 de octubre, indicando en esta última que:

"Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. Por tal razón hemos dicho que el derecho consagrado en el art. 24.1 CE , no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (entre las más recientes, recogiendo anterior doctrina, SSTC 55/2004, de 19 de abril, FJ 2 ; 87/2004, de 10 de mayo, FJ 2 ; 38/2005, de 28 de febrero, FJ 3 ; y 144/2005, de 6 de junio , FJ 3).

En el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos ( SSTC 14/1993, de 18 de enero , FJ 2 ; 38/2005, de 28 de febrero, FJ 3 ; y 138/2006, de 8 de mayo , FJ 5), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo [ art. 24.1 CE y art. 4.2 g) del Estatuto de los trabajadores ]".

3. Desde la óptica procesal, el artículo 96.1 LRJS dispone que en aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Completa lo anterior el artículo 181.2 de la misma Ley: En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

De acuerdo con los preceptos transcritos, se exige al demandante que aporte indicios de que la conducta impugnada tenía por finalidad la violación del derecho fundamental que alega se ha producido, alcanzando a cualquier derecho fundamental, incluso la garantía de indemnidad ( STC 183/2015). La actividad probatoria del demandante ha de versar sobre los hechos que generan sospecha de un móvil anticonstitucional y que provocan una presunción de vulneración. La prueba indiciaria se articula en un doble plano. El primero consiste en el deber de aportación de un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona el derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigido a poner de manifiesto lo que se denuncia y que, como es obvio, incumbe al trabajador denunciante. El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, ni tampoco en la invocación retórica del factor protegido, sino que debe permitir deducir la posibilidad de la lesión con base en un hecho o conjunto de hechos aportados y probados en el proceso. Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental concernido ( STC 104/2014).

4. La recurrida rechaza la alegación de nulidad al concluir que la empresa, frente al indicio aportado por el trabajador, consistente en la denuncia formulada ante la ITSS, ha cumplido con la carga de acreditar que la MSCT no responde a una represalia por ello. Considera la recurrida que previamente a la denuncia ante la ITSS, existía un ambiente de trabajo enrarecido en el que tiene responsabilidad el actor, pues desde el año 2023 existían quejas reiteradas de personas que trabajaban bajo la dependencia del actor sobre su trato y modos de trabajo. Igualmente existían quejas de la presidenta de la entidad sobre este particular. Añade que hubo trabajadores que solicitaron trabajar en otras dependencias, e indica finalmente que en septiembre de 2024 se implementa un protocolo de uso de sistemas informáticos que no fue respetado por el actor, y que dio lugar a la imposición de una sanción. Concluye el magistrado a quo que no puede verse una represalia en la empresa al haber retirado la confianza al trabajador. La Sala, atendiendo a todas las circunstancias anteriores, en las que se acredita que el trabajador tuvo participación en parte de ellas, no puede sino confirmar el criterio del magistrado a quo, pues es claro que debe analizarse el caso en el contexto en el que se produce, esto es, valorando todos los hechos, por lo que no se puede entender que la decisión empresarial discutida tenga por base únicamente la denuncia ante la ITSS, sino que tiene una dimensión mayor como ha quedado acreditado en autos. Es por lo expuesto que el recurso ha de ser desestimado al no apreciarse las infracciones denunciadas.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,