Sentencia Social 697/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 401/2025 de 18 de marzo del 2025

PRIMERO.- La instancia ha dictado Sentencia en la que ha estimado la demanda interpuesta, en reclamación sobre despido disciplinario, por D. Braulio frente a la empresa BISCAY SHIP MANAGEMENT, S.L.U., y ha declarado improcedente el despido de 18 de abril de 2023, dando por extinguida la relación laboral a esa fecha y condenando a la demandada BISCAY SHIP MANAGEMENT, S.L.U. a satisfacer al trabajador la suma de 50.740,28 euros en concepto de indemnización.

Por BISCAY SHIP MANAGEMENT, S.L.U.se recurre en suplicación la sentencia con amparo en el artículo 193.a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, con el fin de "reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión".

Se pretende, mediante este motivo de suplicación, eliminar todos los posibles vicios del procedimiento operados por infracciones de las garantías mínimas del proceso laboral, siempre que se haya generado manifiesta indefensión.

En todo caso, ha de haberse infringido una norma procesal concreta, norma esencial, en el sentido de que, como ya se apuntó, su infracción ha debido generar real indefensión a la parte, y ha de haberse formulado en tiempo y forma la oportuna protesta, pidiendo la subsanación de la infracción.

Cabe señalar, además, que la admisión de este motivo ha de tener carácter excepcional, al ser también excepcional la medida que resulta del mismo, de declaración de nulidad de las actuaciones practicadas desde el momento en que aquella infracción se produjo.

En el presente caso alega la recurrente que la sentencia de instancia infringe lo dispuesto en los artículos 85.1 y 97.2 LRJS, 218 LEC y 24.1 CE, así como doctrina del TC. Argumenta la parte recurrente, en esencia, que la Sentencia incurre en incongruencia extra petitumdado que el demandante no alegó en su demanda ni en el juicio oral ningún defecto formal en la carta de despido, por lo que dicha cuestión no fue objeto de debate procesal en la instancia.

Alegaciones todas ellas que van a ser rechazadas.

En efecto, la instancia ha apreciado defectos formales en la carta de despido por no indicar la concreta falta disciplinaria en que el demandante habría incurrido. Y lo hace de una manera muy concreta, para resaltar que, en el caso, no es lo mismo imputar una falta de desobediencia - que requiere reiteración - o una de transgresión de la buena fe contractual.

En primer lugar, hemos de partir del tenor de la carta de despido, que, en esencia, sanciona la ausencia del trabajador demandante al embarque programado para el buque DIRECCION000 el día 6 de abril de 2023, entendiendo que se trata de falta grave del art. 54 ET, refiriendo el trastorno organizativo que supone la reprogramación de la tripulación del buque y sancionando el incumplimiento de la orden de embarque.

En segundo lugar, hemos de estar a la doctrina jurisprudencial que atribuye, sin duda, al juez la calificación del despido, en interpretación de la previsión del art. 55.4 ET y del art. 108 LRJS que así lo determina, sin que tenga que ajustarse a las pretensiones de las partes.

Finalmente, hemos de considerar que, en el caso, además, el juez de instancia ha entrado a analizar la concurrencia o no de causa disciplinaria en el despido del demandante, más allá del examen del cumplimiento de los requisitos formales de la decisión extintiva.

De ahí que no proceda declarar la nulidad de la Sentencia.

SEGUNDO.- Impugna la parte recurrente la Sentencia de instancia con base también en el motivo previsto en el artículo 193. b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social - en adelante, LRJS - esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en aquélla.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, y ha construido el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero), sin que la nueva LRJS haya alterado su naturaleza.

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley de Procedimiento Laboral, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación :

a)-que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b)-que el error sea evidente;

c)-que los errores denunciados tengan trascendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d)-que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y

e)-que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente ( artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

En el presente caso, pretende la parte recurrente se revise el relato de Hechos Probados de la Sentencia de instancia, concretamente en los siguientes extremos:

a.- la adición de un nuevo hecho probado, para el que propone el ordinal quinto bis, con el siguiente tenor:

""En fecha 17 de marzo de 2023 el actor envía un correo electrónico con el asunto "EMBARQUE EN EL DIRECCION000 CAP. Braulio" dirigido a doña Frida y doña Bernarda, con el siguiente contenido:

Buenas tardes. Tras comentarlo con el capitán del buque DIRECCION000 me comenta que no tiene constancia de ningún motivo de embarque para el lunes 20, por lo que se mantiene el relevo para el día 3 de abril, tal como se había acordado y no cortarme las vacaciones pendientes. Si existiera algún motivo de urgencia real se podría ver el caso, pero no por mala gestión, dado la premura en acortar tanto el embarque del campaña del capitán como mis vacaciones.

Saludos cordiales".

Lo que se desestima, dado que nada nuevo ni relevante se aporta con dicha adición, al constar ya los hechos esenciales referidos a dicho acontecimiento en el hecho probado sexto de la Sentencia.

b.- la adición de un nuevo hecho probado, con el ordinal quinto ter, y el siguiente contenido:

"En fecha 22 de marzo de 2023 el actor envía un correo electrónico con el asunto " DIRECCION001" dirigido a doña Bernarda, con el siguiente contenido:

Buenos días, Bernarda.

Se había quedado para hacer el relevo el lunes 3 de abril.

Saludos".

Pretensión que se estima, dado que así obra en la documental invocada por la empresa recurrente.

TERCERO.- El artículo 193-c) de la LRJS recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, "examinar las infracciones de normas sustantivas o de la Jurisprudencia",debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen en autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y, naturalmente, los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 LRJS, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo contrariado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, cuyo objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

CUARTO.- Con amparo en el precitado artículo 193-c) LRJS, impugna la recurrente la Sentencia de instancia, alegando la infracción de lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del art. 55 ET. Argumenta la empresa recurrente, en esencia, que la carta de despido contiene con claridad y concreción los hechos que lo motivan, la sanción que procede - el despido - y la fecha de efectos; que, según la doctrina jurisprudencial y judicial, no es preciso fundamentar el despido en una concreta causa legal.

Con amparo igualmente en el precitado artículo 193-c) LRJS, impugna la recurrente la Sentencia de instancia, alegando la infracción de lo dispuesto en los arts. 54 ET, 172 de la Ley 14/2014, de Navegación Marítima y 24.2 del IV Convenio General de la Marina Mercante. Argumenta a este respecto la empresa recurrente, en esencia, que el demandante ha desentendido una orden directa, consistente en embarcar el 6 de abril de 2023 en el buque DIRECCION000 en el Puerto de Ibiza; que, en su rango de Primer Oficial, debió cumplir la orden y luego, en su caso, reclamar que el puesto de Capitán es de confianza y de libre designación y cese; que embarcar como Primer Oficial y no como Capitán no es una modificación sustancial de condiciones de trabajo ni incumplimiento empresarial alguno ni una degradación; que el demandante sabía que el 6 de abril de 2023 sus vacaciones habían finalizado y que desde el 17 de marzo anterior sabía que iba a embarcar a primeros de abril.

Antes de entrar a analizar el recurso, procede que recordemos los hechos enjuiciados, tal como nos los proporciona la Sentencia recurrida, con la modificación que hemos estimado a petición de la empresa recurrente. Son los siguientes, en lo que resultan de relevancia para resolver el recurso: el demandante ha venido prestando sus servicios para la empresa demandada, domiciliada en Bilbao, como capitán de buque desde el 21 de enero de 2014, habiendo estado en excedencia voluntaria entre el 26 de julio de 2021 y el 26 de abril de 2022; el 17 de marzo de 2023 se solicita al actor un embarque urgente en el buque DIRECCION000, para el día 20 de marzo, a lo que el trabajador responde ese mismo día rechazando esa posibilidad, indicando que tenía programado su reingreso a la actividad del día 3 de abril y añadiendo que "... si existiera algún motivo de urgencia real se podría ver el caso, pero no por mala gestión, dado la premura en acortar tanto el embarque del campaña del capitán como mis vacaciones...";el buque DIRECCION000 realiza la ruta Ibiza-Formentera; el 5 de abril de 2023, la empresa le remite una comunicación electrónica a las 12:38 horas, del siguiente tenor: "Favor, tome nota de los detalles de embarque para mañana día 6/4/2023 en el buque DIRECCION000, el embarque será con rango de primer oficial, manteniendo su categoría profesional como capitan.", a lo que el demandante respondió dos horas después, bajo el siguiente tenor: "Tal y como comenté por teléfono, no embarcaré de primera oficial en el DIRECCION000, no acepto el cambio de categoría de mi puesto de trabajo sin motivo alguno, salvo un castigo por parte de la compañía Balearia, a mi dedicación excelencia en el trabajo, existiendo primeros oficiales que pueden ir a ejercer dicho puesto. Por otro lado, para reembarque de capitan en el DIRECCION000, quiero saber cuál va a ser mi futuro inmediato después de retirar el DIRECCION000, así indicando la fecha de embarque y desembarque del próximo embarque. Sin más sin más mencionar que mis vacaciones finaliza el día 8 de abril de 2023, por lo que ruego se mantengan tales condiciones para mi reembarque."; el buque mantuvo su programación, quedando al cargo de las funciones del primer oficial otro miembro de la tripulación hasta el 12 de abril siguiente, fecha en la que será sustituido; el 18 de abril se le comunica un despido disciplinario, justificado en la ausencia del demandante al embarque programado para el buque DIRECCION000 el 6 de abril anterior, indicando la carga, sustancialmente, lo siguiente: "... Como bien sabe, la posición asignada constituye parte del cuadro orgánico del buque, necesaria para la operatividad del mismo conforme a la resolución de tripulación mínima emitida por la administración marítima competente. Su no personación sin causa que la justifique reviste una especial gravedad, máxime el trastorno organizativo que supone la reprogramación de la tripulación del buque. Por todo ello, como hemos anticipado el encabezamiento de este escrito, la compañía ha tomado la decisión de proceder a su despido disciplinario con efectos del día 18 de abril del presente, al haber incumplido la orden de embarque que debía verificarse el pasado día 6 de abril, lo que constituye una falta muy grave sancionable conforme al vigente artículo 54 del estatuto de los trabajadores .".

A).- El despido disciplinario.

El despido es la manifestación más grave del poder disciplinario del que dispone el empresario por los efectos que tiene respecto a la relación contractual de trabajo - extinción del contrato - como por las innegables consecuencias que también tiene sobre la situación personal del trabajador - STC 125/1995 -.

Tratándose de una expresión del poder sancionador del empresario, es claro que participa de todas las características de éste, si bien por las transcendentes consecuencias derivadas de la decisión empresarial, en la falta imputable al trabajador han de concurrir, necesariamente, las características de gravedad y culpabilidad, tal como expresa el artículo 54.1 ET.

Este artículo 54 ET recoge un listado tasado de causas, aunque es de remarcar que la amplitud de la redacción dada al apartado b) -indisciplina o desobediencia- y d) -trasgresión de la buena fe-, hace prácticamente impensable que algún incumplimiento grave y culpable por parte de un trabajador pueda quedar excluido de alguno de los supuestos contemplados, que son, en esencia, los siguientes: a) faltas de asistencia o puntualidad al trabajo; b) indisciplina o desobediencia en el trabajo; c) ofensas verbales o físicas; d) transgresión de la buena fe contractual; e) disminución del rendimiento; f) embriaguez o toxicomanía; g) acoso.

Es preciso saber asimismo que los trabajadores pueden ser también sancionados en virtud de los incumplimientos laborales de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en los convenios colectivos que les sean aplicables - artículo 58.1 ET -, si bien dicha regulación no puede contradecir o desvirtuar los tipos legales que se acaban de citar - en este sentido hay que citar las SSTS de 2-4-87, RJ 2325; 4-12-87, RJ 8828; 5-7-88, RJ 5763 -.

Así, basta la existencia de alguna de las causas legales o convencionales para que el empleador pueda proceder al despido del trabajador - STS 21-3-90, RJ 2205 -. En el supuesto de concurrencia de causas, cabe optar por sancionar ambas o una de ellas cualificada por la otra - TS 7-2-90, RJ 1905 -.

B).- La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

La imputación que la empresa hace al trabajador demandante para proceder a su despido disciplinario es al de "haber incumplido la orden de embarque que debía verificarse el pasado día 06 de abril".

La indisciplina supone no solo la actitud de rebeldía abierta y enfrentada contra las órdenes recibidas del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas, sino también el acto de incumplimiento, consciente y querido, de las obligaciones que el contrato de trabajo entraña para el sujeto trabajador.

La desobediencia ha de darse, por tanto, frente a las órdenes del superior, que tenga competencia para ello, y han de ser claras y concretas, dentro del ámbito de la empresa y en el área de sus facultades.

Para que la desobediencia sea una causa de despido disciplinario ha de ser grave, trascendente, injustificada y reiterada - STS de 23 de enero de 1991 -.

El trabajador ha de cumplir la orden sin perjuicio de su posibilidad de oponerse en debida forma, dependiendo del carácter de la orden dada en cada ocasión. Únicamente puede negarse a cumplirlas, sin incurrir en desobediencia, cuando el empresario actúe con manifiesta arbitrariedad y abuso de derecho o atente contra la dignidad del trabajador ( SSTS de 28 de noviembre de 1989, RJ 8276, de 28 de diciembre de 1989, RJ 9281 y de 14 de abril de 1990, RJ 3449), o si la orden es claramente antijurídica ( STS de 15 de marzo de 1991, RJ 1859), o existe peligro grave e inminente, pero no cabe apreciaciones subjetivas por lo que el trabajador debe probar su existencia ( STSJ Madrid de 19 de febrero de 2008, AS 506). Se ha llegado a considerar insuficiente justificación para oponerse al cumplimiento de una orden el informe de la Inspección de Trabajo ( STS de 9 de octubre de 1989, RJ 7133).

Es imprescindible que, como en toda causa de despido disciplinario, nos hallemos un incumplimiento grave, trascendente e injustificado, sin que una simple desobediencia que no se traduzca en un perjuicio para la empresa pueda ser sancionada con el despido, requiriéndose también una resistencia terminante, persistente y reiterada al cumplimiento de la orden ( STSJ Castilla- La Mancha de 14 de marzo de 2007, AS 2112). Y para apreciar la gravedad de la indisciplina o desobediencia hay que atender a la permisividad y tolerancia por parte de la empresa ( STSJ de Madrid de 23 de enero de 2007, AS 1669).

Así, han constituido supuestos calificados como faltas de disciplina o desobediencia entre otras: el abandono del puesto de trabajo contraviniendo orden concreta de la empresa ( STS de 19 de marzo de 1990, RJ 2173); la negativa a cumplir una orden de desplazamiento, con consecuencias perjudiciales para la empresa ( STS de 1 de enero de 1990, RJ 116); el disfrutar vacaciones sin autorización de la empresa ( STSJ de Madrid de 10 de febrero de 1994, AS 846); el trato desconsiderado y reincidente a los clientes ( STS de 20 de marzo de 1990, RJ 2183); el negarse el vigilante a prestar auxilio una vez finalizada la jornada ( STS de 22 de noviembre de 1989, RJ 8228). Así como la participación en huelga ilegal ( STSJ de Galicia de 18 de marzo de 1991, AS 1771); la negativa injustificada del trabajador al registro de sus efectos (STS de 28 de junio de 1990, RJ 5531); a fichar las entradas y salidas (STSJ de 21 de noviembre de 1991, AS 6208) o a vestir el uniforme de camarero de la empresa ( STSJ de Cataluña de 8 de enero de 1998, AS 156).

Por el contrario, no han sido calificadas como tal falta de indisciplina o desobediencia: la negativa a cumplir la orden de interrumpir el disfrute de las vacaciones ( STSJ de Cataluña de 20 de diciembre de 1991, AS 6790), o la que se produce como reacción a una extralimitación empresarial ( STS de 16 de marzo de 1991, RJ 1864) o la omisión durante dos días de consignar los partes de trabajo cuando no existía orden alguna dada al respecto, sino que se trataba de una costumbre ( STSJ de La Rioja de 6 de marzo de 1995, AS 871), ni solicitar el trabajador las órdenes por escrito ( STSJ de Madrid de 20 de octubre de 1995, AS 3915).

Aplicando todo lo expuesto al caso que nos ocupa, hemos de concluir que el demandante no ha incurrido en la falta de desobediencia o indisciplina imputada en la carta de despido.

En efecto, como la instancia razona, el demandante estaba contratado como capitán de barco, sin que hubiera habido problema o disfunción alguna en la ejecución de dicha prestación. A lo que añade que la orden de embarque se produce para una categoría inferior y, además, solamente la víspera de que ello debiera tener lugar.

Ha considerado el juzgador de instancia que dicha decisión empresarial de pretender que el demandante se embarcara como Primer Oficial en lugar de como Capitán constituye una degradación inusual en relación con la carrera profesional del demandante dentro del a empresa, lo que justificaría su negativa a tal embarque.

Este motivo del recurso también va a ser desestimado.

En primer lugar, recordaremos, como hace la empresa recurrente, la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, cuyo Artículo 172 tiene el siguiente contenido:

"Dada la especial relación de confianza, el nombramiento y cese del capitán en su cargo corresponde al armador, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan de acuerdo con la legislación laboral".

Pues bien, no se discute en el presente litigio que el demandante era Capitán y que, por tanto, podía ser cesado libremente por el armador, dada la relación de confianza en que se basa la prestación laboral. Pero no es esto lo acontecido, sino que se ha producido un despido disciplinario por haberse negado el demandante a embarcar un día determinado como Primer Oficial en lugar de como Capitán. No se trata, a diferencia de los hechos enjuiciado en las Sentencias de los TSJ de Galicia y Asturias que invoca la empresa recurrente, de un cese como Capitán y su nombramiento como Primer Oficial, sino de una orden concreta en el sentido anteriormente indicado.

Orden que, como la instancia argumenta, entendemos que el demandante tenía derecho a no obedecer, constituyendo una degradación - al menos puntual -, sin que la misma tuviera ninguna explicación o razonamiento por parte de la empresa, que no ha pretendido siquiera justificar tal decisión.

Por tanto, procede desestimar el recurso, dado que la negativa del demandante a cumplir la orden de referencia no es una desobediencia grave en los términos del Estatuto de los Trabajadores y, menos aún, reiterada, trascendente e injustificada - STS de 23 de enero de 1991 -.

QUINTO.- Procede condenar en costas a la recurrente BISCAY SHIP MANAGEMENT, S.L.U., por no gozar del beneficio de justicia gratuita ( art. 235-1 Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social), costas en las que se incluirán los honorarios del/la Letrado/a o Graduado/a Social de la parte que ha impugnado el recurso, lo que se fija en 800 euros - sin incluir IVA -, estando fijado en la norma antedicha el límite máximo en la suma de 1.200 euros en el recurso de suplicación.