Sentencia Social 2920/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4613/2025 de 18 de mayo del 2026

PRIMERO.- Sentencia de instancia y objeto del recurso

Como hemos visto, la sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta por Eufrasia, dirigida contra AVIS DOMI S.L. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, y declara improcedente el despido disciplinario producido con efectos del 19.6.2024, condenando a la citada empresa a optar, en plazo legal, entre la readmisión de la demandante con abono de los salarios de tramitación o indemnizarla en la cantidad de 3.302,88 euros.

Según se sigue del relato fáctico de la sentencia de instancia y documentos a que se remite dicho relato, la demandante prestaba servicios para la empresa demandada con antigüedad desde el 10.2.2021, jornada parcial de 20 horas semanales y categoría profesional de integradora, en el centro de trabajo de la residencia geriátrica sita en El Prat de Llobregat (Barcelona).

En la carta de despido, la empresa demandada imputa a la demandante, en síntesis: 1)haber sacado a pasear fuera del centro a un usuario, a pesar de que hacía mal tiempo y estaba lloviendo de forma intermitente, y las trabajadoras encargadas de velar por el bienestar y la salud del usuario le habían advertido de que hacía mal tiempo, estaba empezando a llover, hacía frío, el usuario no llevaba la ropa adecuada para un día de lluvia y podía resfriarse o coger una gripe, por lo que no debía sacarlo a pasear; 2)no haber incluido dicha salida en los registros de salidas que se llevan en la empresa, desobedeciendo la orden dada al respecto; 3)haber dado información sanitaria, por teléfono, a la esposa del usuario, desobedeciendo las órdenes dadas por la empresa al respecto.

En la demanda, presentada el 6.8.2024 y ampliada mediante escrito presentado el 4.2.2025, la demandante solicita, con carácter principal, que el despido sea declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales (garantía de indemnidad) y se condene a la empresa demandada a las consecuencias derivadas de dicha declaración más una indemnización en concepto de daños y perjuicios derivados de la indicada vulneración, y que, en la demanda, fija en la cantidad de 6.000 euros, si bien, en el escrito de ampliación, fija en 7.501 euros. Subsidiariamente, solicita que el despido sea declarado improcedente por no haberle concedido audiencia con anterioridad al mismo, conforme a lo previsto en el convenio colectivo sectorial de aplicación, y no estar probados los hechos imputados en la carta de despido.

La sentencia de instancia, tras desestimar la petición de nulidad del despido por considerar que no hay indicios de vulneración de la garantía de indemnidad, declara la improcedencia del mismo por incumplimiento del indicado trámite de audiencia previa.

Frente a la sentencia de instancia, la demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que, en síntesis, solicita, con carácter principal, que se declare la nulidad de actuaciones y retroacción de las practicadas hasta el momento procesal inmediatamente anterior a la sentencia de instancia a fin de que el órgano judicial dicte nueva sentencia teniendo en cuenta las alegaciones y peticiones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda. Subsidiariamente, que se declare la nulidad de actuaciones y retroacción de las practicadas hasta el momento procesal inmediatamente anterior al de admisión de la prueba a fin de que sean admitidas las tres primeras pruebas de audio propuestas en el acto de juicio e inadmitidas por el órgano judicial de instancia. Más subsidiariamente aun, que se revoque la sentencia de instancia y se declare la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales, condenando a la empresa demandada a abonarle 7.501 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la indicada vulneración.

La recurrente articula el recurso con arreglo a dos motivos dirigidos a la infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS); un motivo dirigido a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra b) de dicho precepto, y dos motivos dirigidos a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia, formulados al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso ha sido impugnado por la empresa demandada, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Motivos primero y segundo del recurso, dirigidos a la infracción de normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión

1.- Consideraciones comunes a ambos motivos

Con carácter previo y común al examen individual de cada uno de dichos motivos de suplicación, es necesario recordar que la declaración de nulidad de actuaciones tiene un carácter excepcional y únicamente debe ser acordada cuando la infracción procesal cometida ha causado efectiva indefensión al recurrente, tal como ha venido declarando esta Sala en reiteradas sentencias, de las que son muestra las de 9.7.2020 (recurso de suplicación -RS- 888/2020), 17.7.2020 ( RS 1549/2020) y 9.10.2020 ( RS 1145/2020), con base en doctrina jurisprudencial pacífica.

2.- Motivo primero

2.1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, la recurrente combate la estimación, por parte de la sentencia de instancia, de la alegación de caducidad, formulada por la empresa demandada en la contestación a la demanda y referida a las alegaciones y peticiones contenidas en el escrito de ampliación de la demanda presentado el 4.2.2025, pronunciamiento que, según la recurrente, comporta vulneración de los artículos 80.1.c) y 97.2 LRJS, 401.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC) y 24.1 de la Constitución Española ( CE).

En síntesis, la recurrente empieza alegando que el indicado pronunciamiento de la sentencia de instancia comporta vulneración de los preceptos citados porque el órgano judicial de instancia, mediante diligencia de ordenación de 6.2.2025, tuvo por ampliada la demanda, resolución que no fue recurrida.

Además, la recurrente considera que el instituto de la caducidad no es aplicable a las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, dada su naturaleza fáctica, y que los únicos limites a la posibilidad de alegar nuevos hechos con posterioridad a la demanda vienen dados por la indefensión, no producida en este caso, y por el artículo 80.1.c) LRJS, no incumplido porque presentó una nueva papeleta de conciliación referida exclusivamente a los hechos contenidos en el escrito de ampliación, aparte de que, según dice, la jurisprudencia, en la actualidad, permite ampliaciones de la demanda que incluso se refieren a la calificación del despido, citando, al respecto, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23.1.2025 (recurso de casación para unificación de doctrina -RCUD- 5375/2023). También alega que su actuación está amparada por lo dispuesto en el artículo 401.1 LEC.

Por otra parte, la recurrente alega que la actuación del órgano judicial de instancia le ha ocasionado indefensión material porque el único acto preparatorio que dicho órgano considera relevante a efectos de una posible vulneración de la garantía de indemnidad es la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), descartando que las reclamaciones internas formuladas a la empresa puedan sustentar dicha vulneración, criterio que, según la recurrente, va en contra de la jurisprudencia reciente y que, en cualquier caso, no permite al órgano judicial omitir, en el relato fáctico de la sentencia, todos aquellos hechos que puedan ser relevantes a efectos de valorar una posible vulneración de la garantía de indemnidad.

Por todo lo expuesto, la recurrente solicita que se declare la nulidad de las actuaciones y se ordene retrotraer las mismas hasta el momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de instancia a fin de que el órgano judicial dicte nueva sentencia en la que no cometa las infracciones procesales denunciadas. Todo ello, según dice, sin perjuicio de la petición de nulidad de actuaciones formulada en el siguiente motivo del recurso.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que los razonamientos de la sentencia de instancia sobre la caducidad son ajustados a derecho y que, en cualquier caso, el órgano judicial valora en la sentencia las reclamaciones internas, a las que dedica los hechos probados cuarto y quinto, con independencia de que considere que son insuficientes para poder sustentar una posible vulneración de la garantía de indemnidad. También se refiere a la petición de mayor indemnización para señalar, en síntesis, que la fijación del importe concreto de dicha indemnización es facultad del órgano judicial de instancia y que no tiene ningún sentido que, por el mismo daño, se soliciten 6.000 euros en la demanda y 7.501 en el escrito de ampliación de la misma.

2.2.- Resolución del motivo

2.2.1.- Consideraciones generales

Dado que, como hemos visto, la recurrente, en el presente motivo del recurso, combate la decisión del magistrado de instancia de no admitir las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, la respuesta a dicho motivo obliga a empezar recordando que el artículo 80.1.c) LRJS dispone:

<<1. La demanda se formulará por escrito, pudiendo utilizar los formularios y procedimientos facilitados al efecto en la oficina judicial donde deba presentarse, y habrá de contener los siguientes requisitos generales:

(...)

c) La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducirse respecto de la vía administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el artículo 72, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.>>

Debemos señalar, por otra parte, que los artículos 97.2 LRJS y 401.1 LEC, denunciados por la recurrente como infringidos, no son relevantes en este caso porque el primero se refiere a la forma de la sentencia y el segundo, a la acumulación de acciones.

2.2.2.- Datos procesales relevantes

La aplicación del indicado precepto legal al presente motivo del recurso debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes datos procesales, extraídos de las actuaciones judiciales practicadas durante la fase de instancia del proceso que nos ocupa.

1) En el escrito inicial de demanda, presentado el 6.8.2024, la recurrente fundamenta la vulneración de la garantía de indemnidad en que, con anterioridad al despido, formuló denuncia ante la ITSS, en la que puso de manifiesto diversos incumplimientos por parte de la empresa demandada, hoy recurrida, denuncia que, según la recurrente, es el móvil del despido. Además, la cantidad solicitada en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales es de 6.000 euros.

2) En el escrito de ampliación de la demanda, presentado el 4.2.2025 y después de que un nuevo abogado asumiera la defensa de la recurrente, esta, a efectos de fundamentar la vulneración de la garantía de indemnidad, precisa los incumplimientos expuestos en la denuncia formulada ante la ITSS y añade las reclamaciones que dice formuladas a la empresa mediante mensajes de WhatsApp(2.5.2024 y 11.6.2024) y verbalmente (3.5.2024 y 12.6.2024, más una conversación mantenida con posterioridad al despido). Además, fija la indemnización en la cantidad de 7.501 euros.

3) Respecto de las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación, la recurrente presentó nueva papeleta de conciliación el 13.2.2025.

4) El Tribunal de Instancia, mediante diligencia de ordenación de 6.2.2025, acordó unir a las actuaciones el escrito de ampliación de la demanda, dar copia del mismo a la parte demandada, tener por efectuadas las manifestaciones y tener por ampliada la demanda.

5) En el acto de juicio, celebrado el 19.3.2025, el defensor de la recurrente manifestó que ratificaba la demanda y el escrito de ampliación, y el defensor de la empresa admitió tener conocimiento de dicho escrito, si bien, en la contestación a la demanda, formuló excepción de caducidad respecto de las alegaciones contenidas en el mismo. Todo ello, conforme a la grabación de dicho acto, que hemos examinado.

6) La sentencia de instancia, a tenor de los razonamientos contenidos en su fundamento jurídico segundo, declara, en síntesis, que los hechos alegados en el escrito de ampliación de la demanda eran ya conocidos por la recurrente cuando interpuso la demanda, y su introducción al proceso es extemporánea porque ha tenido lugar cuando ya había transcurrido el plazo de caducidad de veinte días, previsto para la acción de despido en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores ( ET), además de comportar vulneración de lo dispuesto en el artículo 80.1.c) LRJS porque dichos hechos son distintos de los alegados en la papeleta de conciliación inicial, como lo demuestra, según la sentencia, que la recurrente presentó nueva papeleta de conciliación referida a los hechos nuevos. En consecuencia, acaba diciendo que "ha de apreciarse la alegación de caducidad invocada por la parte demandada en relación a los hechos contenidos en la papeleta de conciliación y la ampliación presentada en febrero de 2025".

7) A pesar del indicado pronunciamiento del fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, el magistrado de instancia ha examinado las pruebas referidas a las reclamaciones alegadas en el escrito de ampliación de la demanda. Recordemos, al respecto, que los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia son del siguiente tenor:

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QUINTO.- El día 02/05/24 la trabajadora remitió un mensaje de whatsapp y un escrito a la empresa reclamando la compensación de exceso de horas.

El 11/06/24 la trabajadora reclamó a la empresa por mensaje de whatsapp el calendario anual con el cómputo de horas correspondiente a cada residencia. (Documento 7 de la parte actora)>>

Además, el magistrado, en la fundamentación jurídica de la sentencia, valora las indicadas reclamaciones internas, lo que le lleva a la conclusión de que no permiten establecer indicios de vulneración de la garantía de indemnidad. Concretamente, en el fundamento jurídico tercero, tras exponer la doctrina general sobre la garantía de indemnidad y descartar que la denuncia interpuesta ante la ITSS pueda fundamentar la vulneración de dicha garantía, dice:

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2.2.3.- Respuesta al motivo

Como hemos visto, el magistrado de instancia, a pesar de lo que declara en el fundamento jurídico segundo de la sentencia, ha examinado las pruebas referidas a las reclamaciones internas formuladas por la recurrente y valorado jurídicamente dichas reclamaciones a efectos de la vulneración de la garantía de indemnidad. Por tanto, con independencia de la valoración jurídica que puedan merecer los razonamientos de la sentencia de instancia sobre la admisibilidad de las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, contenidos en el indicado fundamento jurídico segundo, la sentencia ha dado respuesta suficiente a dichas alegaciones, tanto a nivel fáctico como valorativo, lo que obliga a descartar que el órgano judicial de instancia haya causado indefensión material alguna a la recurrente, la cual conoce los hechos que la sentencia declara probados en relación con aquellas alegaciones y los razonamientos en que se basa para considerar que no se ha producido vulneración de la garantía de indemnidad.

Frente a ello, no podemos acoger las alegaciones de la recurrente sobre la supuesta insuficiencia del relato fáctico de la sentencia de instancia en lo referido a los hechos alegados en el escrito de ampliación de la demanda, pues, como hemos visto, dicha sentencia, en el relato fáctico, establece, en los ordinales cuarto y quinto, los hechos que considera probados respecto de los alegados en aquel escrito, los cuales ni siquiera son objeto de impugnación específica en el presente recurso.

Del mismo modo, no podemos acoger las alegaciones sobre la valoración de las reclamaciones internas a efectos de la garantía de indemnidad, pues dichas alegaciones se refieren al fondo del asunto, esto es, la vulneración de la indicada garantía, y, por ello, no guardan relación alguna con las infracciones procesales denunciadas en el motivo.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso y hace innecesario pronunciarse sobre la corrección jurídica de los razonamientos contenidos en el fundamento jurídico segundo de la sentencia de instancia.

3.- Motivo segundo

3.1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, la recurrente combate la decisión del magistrado de instancia, adoptada en el acto de juicio, de no admitir tres de las cinco pruebas de audio propuestas por ella por considerarlas inútiles e irrelevantes, decisión que, según dicha parte, comporta vulneración de los artículos 90.1 LRJS, 281.1 y 299.1 LEC, y 24.2 CE. Concretamente, la recurrente se refiere a los dos audios correspondientes a la conversación de 3.5.2024 y el audio referido a la de 12.6.2024. La transcripción de dichos audios obra en el documento 10 del ramo de pruebas de la recurrente, junto con la de los dos audios admitidos (18.6.2024 y 1.7.2024).

En el desarrollo del motivo, la recurrente empieza advirtiendo de que, contra la decisión del magistrado, formuló recurso de reposición, que fue desestimado, y protesta.

Tras dicha advertencia, la recurrente expone las razones por las que considera que dichas pruebas debieron ser admitidas. En lo que sigue, resumimos dichas razones.

En primer lugar, la recurrente alega que la inadmisión de las pruebas no fue suficientemente motivada en el acto de juicio y tampoco lo es en la sentencia, donde el órgano judicial se limita a justificar la misma aludiendo a que las pruebas carecen de utilidad y pertinencia, en lo que, según la recurrente, tiene relación con la inadmisión de las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, las cuales debieron ser admitidas, tal como ha expuesto en el motivo anterior, que resume.

En segundo lugar, la recurrente, citando los pasajes correspondientes del acto de juicio, alega que el magistrado de instancia acordó inadmitir las pruebas tras examinar la transcripción que la recurrente aportó en su ramo de documentos, proceder que, según dice, no se ajusta a derecho porque comporta inadmitir las pruebas tras haberlas valorado.

En tercer lugar, la recurrente alega que no es motivo que justifique la inadmisión de las pruebas el hecho de que, según indica la sentencia de instancia en el fundamento jurídico primero, las reclamaciones laborales de aquella frente a la empresa resulten de las pruebas de interrogatorio y documental, pues ello, al decir de la recurrente, ocasiona falta de "contraste probatorio",sobre todo respecto del hecho probado cuarto, que se sustenta exclusivamente en el interrogatorio de la legal representante de la empresa, y, en general, priva de la posibilidad de incorporar otros hechos en el relato fáctico, lo que, según dice, le ocasiona indefensión material. En este sentido, alega que, al excluirse los dos primeros audios, referidos a la conversación del 3.5.3024, no puede incorporarse al hecho probado quinto la contestación que da la empresa a la petición formulada el 2.5.2024, la cual supone denegarle el derecho solicitado, relativo a la jornada máxima anual, denegación que la demandada fundamenta en que, al prestar servicios para dos empresas, no pueden sumarse las horas a efectos de la jornada máxima aunque ambas empresas tengan dirección común. Por su parte, al excluirse el tercer audio, referido a la conversación del 12.6.2024, no puede incorporarse al hecho probado quinto que la recurrente volvió a pedir el calendario anual al día siguiente de lo que recoge dicho hecho probado y que, en el cómputo anual, le salían más horas que su equivalencia a tiempo parcial. En definitiva, la recurrente considera que la denegación de los tres audios ha impedido probar que solicitó el calendario anual con carácter reiterado y que, igualmente, solicitó compensación del exceso de jornada, omisiones relevantes, teniendo en cuenta que, según la recurrente, la garantía de indemnidad comprende también los actos preparatorios del ejercicio de acciones llevados a cabo en el seno de la empresa y en la ITSS.

Por todo lo expuesto, la recurrente solicita que se declare la nulidad de las actuaciones y se ordene retrotraer las mismas hasta el momento inmediatamente anterior a la proposición de prueba a fin que se admitan las no admitidas por el órgano judicial de instancia.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que es lógico que el magistrado examine las pruebas antes de resolver sobre su admisión, la decisión de inadmitir los tres audios aparece suficientemente motivada y las razones expuestas por dicho órgano judicial son ajustadas a derecho.

3.2.- Resolución del motivo

3.2.1.- Consideraciones generales

Dado que, como hemos visto, la recurrente, en el presente motivo, combate la decisión del órgano judicial de instancia de no admitir tres de las pruebas aportadas por considerar que no eran útiles ni relevantes, la respuesta a dicho motivo obliga a empezar recordando que el artículo 290.1 LEC dispone:

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En cuanto al proceso social, el artículo 87.1 LRJS dispone:

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Por su parte, el artículo 90.1 LRJS dispone:

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Del mismo modo, es necesario recordar la doctrina aplicable sobre el derecho de los litigantes a utilizar los medios de prueba que propongan para su defensa. Es muestra de dicha doctrina, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 8.2.2018 (RCUD 1062/2016), que, con referencia a la sentencia de la misma Sala de 20.7.2011 (RCUD 848/2010), sintetiza la doctrina del Tribunal Constitucional y de la propia Sala Cuarta en los términos que figuran en el fundamento jurídico tercero, donde podemos leer:

<<(...) 1. Doctrina constitucional

A) El derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes, establecido en el art. 24.2 CE , es de configuración legal, de manera tal que su manto protector únicamente se despliega en aquellos casos en que las pruebas pertinentes estén permitidas por la Ley y se hayan solicitado respetándola legalidad procesal, en cuanto al tiempo y forma de su proposición ( STC 149/1987, de 30 de septiembre ; 212/1990, de 20 de diciembre ; 87/1992, de 8 de junio ; 94/1992, de 11 de junio ; 1/1996 ; 190/1997 ; 52/1998, de 3 de marzo ; 26/2000, FJ 2 ; 140/2000, de 29 de mayo ; 173/2000, de 26 de junio ; 186/2000, de 10 de julio ; 19/2001, de 29 de enero , FJ 4º; 165/2001, de 16 de julio ).

El derecho a utilizar los medios de prueba, como un derecho inseparable del derecho mismo de defensa, "no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes " ( SSTC 237/1999 , 26/2000 y 19/2001 , entre otras).

B) Por otra parte, la vulneración del art. 24.2 de la Carta Magna exige asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa" ( SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2 ; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3 ; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5 ; 26/2000, FJ 2 ; 45/2000, FJ 2 ; 165/2001, de 16 de julio ; 208/2001, 22 de octubre ); tarea que precisa la necesaria actividad del quejoso que, en definitiva, deberá asumir la carga de la alegación y justificación de que la prueba no practicada ha mermado su derecho de defensa, sin que la tarea de verificar si la misma era decisiva, a tales efectos, corresponda asumirla de oficio al Tribunal ( STC 1/1996, de 15 de enero ; 164/1996, de 28 de octubre ; 218/1997, de 4 de diciembre ; 45/2000 , FJ 2).

C) La anterior exigencia se proyecta, en sendos planos de causalidad lógica, en uno de ellos de relación entre el hecho que se pretendía probar y la inadmisión o práctica de la prueba propuesta con esa finalidad; y el segundo la incidencia que tal prueba hubiera podido tener en el desenlace final del proceso si se hubiera llevado a efecto, de manera que se acredite que la prueba omitida hubiera podido incidir favorablemente en los intereses legítimos de la parte que invoca la lesión de dicha garantía constitucional; por ejemplo, en este sentido puede verse la STC 165/2001, de 16 de julio .

De ahí que la trascendencia de la denegación del medio de prueba se halle en la ponderación de la relevancia de la misma sobre la solución a alcanzar en el litigio, de suerte que podría apreciarse un menoscabo efectivo del derecho del recurrente cuando, de haberse practicado la prueba omitida -o de haberse practicado correctamente la prueba admitida-, la resolución final de proceso hubiera podido ser distinta ( STC 101/1999 , entre otras).

2. Doctrina de la Sala.

A) Siendo los preceptos de la derogada Ley de Procedimiento Laboral análogos a los actuales de la LRJS, en diversas ocasiones hemos recordado la doctrina compendiada por la STS, de 19 de junio de 1993 (rec. 380/1992 ):

"No puede entenderse que la Ley de Procedimiento Laboral confiera facultades especiales al Juez para rechazar pruebas, pues este proceso es plasmación del verbal civil con ciertos matices y un mayor poder de intervención del Juez en la dirección del mismo, como revelan el art. 81.1 sobre advertencia de defectos en la demanda, los arts. 85.3 y 87.5, sobre concesión de la palabra a las partes a discreción del Juez, el 87.2, permitiendo continuar la práctica de una prueba renunciada por la parte, el mismo párrafo, concediendo facultad de hacer preguntas autónomas en las pruebas de confesión y testifical y no sólo aclaraciones ( arts. 586.1 .º y 652.2.º LEC ), o el 92.1 que permite limitar el número de testigos cuando supongan inútil reiteración. Este mayor poder no significa que en el proceso laboral se limite el derecho de las partes a llevar la iniciativa en el procedimiento probatorio y que el Juez tenga más posibilidad de rechazar inmotivadamente la prueba propuesta por las mismas, puesto que el art. 90.1 de la Ley de Procedimiento Laboral dice que podrán utilizarse cuantos medios de prueba se encuentran regulados en la ley y el art. 87.1, que se admitirán todas las que se formulen, siempre que puedan practicarse en el acto y no versen sobre hechos conformes. A estos límites hay que añadir otros, como son la prohibición de aportar medios obtenidos con violación de derechos fundamentales ( art. 90.1 de la LPL ) y, obviamente, aquellos que sean impertinentes por no tener relación con el fondo del pleito ( arts. 565 y 566 LEC ), o sean claramente inútiles, como es el caso del art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Las partes tienen restringido su derecho a la prueba para la práctica de las que exijan traslado del órgano judicial fuera de su sede, pues sólo tendrán lugar si se estiman imprescindibles ( art. 87.1 LPL ) para lo que será preciso una valoración de su relevancia en atención a la necesidad o utilidad de las mismas.

Fuera de estos supuestos, el derecho a la prueba consagrado en el art. 24.2 de la Constitución , ha de ser respetado por los Tribunales, quienes tienen el deber positivo de evitar desequilibrios entre las respectivas posiciones procesales de las partes o limitaciones en sus posibilidades de defensa [ STC 47/1987 ], debiendo entenderse que el derecho a servirse de pruebas pertinentes no debe sacrificarse a intereses dignos de tutela pero de rango subordinado, como la economía procesal, la mayor celeridad o eficacia de la Administración de Justicia, como señala la STC 158/1989, de 5 octubre . Entender lo contrario es generar la indefensión de la parte".>>

Debemos precisar, finalmente, que el artículo 299 LEC, que la recurrente también denuncia como infringido, no es relevante en este caso porque la inadmisión de la prueba no se basa en el medio de prueba concreto sino en su utilidad y relevancia procesales.

3.2.2.- Datos procesales relevantes

La aplicación de los indicados preceptos legales y doctrina jurisprudencial al presente notivo del recurso debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes datos procesales, extraídos de las actuaciones judiciales practicadas durante la fase de instancia del proceso que nos ocupa.

1) En el acto de juicio, la hoy recurrente propuso, entre otras pruebas, cinco audios, correspondientes a conversaciones mantenidas por ella con otros en la empresa demandada los días 3.5.2024, 12.6.2024, 18.6.2024 y 1.7.2024, indicando, a requerimiento del magistrado de instancia, que aportaba transcripción de dichas conversaciones y que su duración total era de unos quince minutos. Como hemos indicado, dichas transcripciones figuran en el documento 10 del ramo de pruebas de dicha parte.

2) Después de que cada parte examinara los documentos aportados por la contraria y dichos documentos fueran entregados al magistrado, hay un lapso temporal de silencio (aproximadamente, desde el minuto 17'30 hasta el minuto 26'10 del vídeo 1). Como alega la recurrente, creemos que, durante dicho lapso de tiempo, el magistrado estuvo examinando los documentos aportados. Hay que recordar, al respecto, que el sistema de grabación instalado en las salas de vistas no capta la imagen del magistrado.

3) Tras dicho lapso temporal, el magistrado resolvió verbalmente sobre la admisión de las pruebas propuestas, manifestando, en síntesis, que no admitía los tres primeros audios porque su contenido no le parecía relevante, a tenor de las transcripciones, teniendo en cuenta los hechos expuestos en la demanda y carta de despido. Todo ello, según el magistrado, aun partiendo de que el contenido de los audios se correspondiera con el de las transcripciones.

4) Frente a la decisión judicial, la recurrente interpuso recurso de reposición, en el que expuso las razones por las que consideraba que los audios eran relevantes y los preceptos legales que entendía infringidos. La recurrida impugnó el recurso y el magistrado lo desestimó, reiterando que la prueba no era pertinente, útil ni relevante. Ante ello, la recurrente formuló protesta.

5) En el fundamento jurídico primero, párrafo segundo, de la sentencia de instancia, el magistrado se refiere a las pruebas inadmitidas en los términos siguientes:

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3.2.3.- Respuesta al motivo

A la vista de las indicadas actuaciones procesales, debemos rechazar, ya de entrada, las alegaciones de la recurrente referidas a que la decisión judicial de inadmitir los audios no aparece suficientemente motivada. En este sentido, como hemos visto, el magistrado de instancia, en el acto de juicio, expuso las razones jurídicas por las que consideraba que los audios no podían ser admitidos, a lo que se añaden las contenidas en el fundamento jurídico primero, párrafo segundo, de la sentencia de instancia, siendo necesario precisar que, frente a lo que alega la recurrente, ninguno de los indicados razonamientos permite afirmar que la inadmisión tenga algún tipo de relación con el pronunciamiento referido al escrito de ampliación de la demanda.

Del mismo modo, debemos rechazar las alegaciones de la recurrente referidas a que el magistrado inadmitió las pruebas tras valorarlas, alegaciones que suponen confundir el examen de las pruebas a efectos de resolver sobre su admisión, obligación que deriva de lo dispuesto en los citados artículos 87.1 y 90.1 LRJS, y la valoración de las pruebas una vez admitidas y practicadas, obligación que deriva de lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS. En este caso, consta únicamente que el magistrado de instancia, tras examinar los documentos aportados y, por tanto, las transcripciones de los audios, decidió no admitir los tres primeros por considerar que, a tenor de las transcripciones, no eran útiles ni relevantes a efectos del objeto del pleito, proceder que, desde luego, no equivale a valorar las pruebas.

Por otra parte, tampoco podemos acoger las alegaciones de la recurrente referidas a la relevancia de las pruebas no admitidas. En este sentido, debemos recordar que el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia ya recoge que la hoy recurrente "reclamó a la empresa en diversas ocasiones que se le compensaran unas horas que decía haber trabajado en exceso",mientras que el hecho probado quinto recoge las reclamaciones hechas por la recurrente mediante mensajes de WhatsAppy referidas a la compensación de horas y calendario anual. Frente a ello, carece de relevancia alguna que consten concretamente las razones que esgrimió la empresa para no atender la solicitud de compensación de horas, pues lo fundamental, a efectos de una posible vulneración de la garantía de indemnidad, son los términos de la reclamación del trabajador. Igualmente, carece de relevancia la cuestión relativa a la reiteración de reclamaciones, que ya se deduce, con toda claridad, del texto actual de los hechos probados cuarto y quinto, y que la sentencia de instancia base el hecho probado cuarto únicamente en la prueba de interrogatorio. Es decir, la recurrente no justifica que la inadmisión de los tres audios haya impedido la posibilidad de declarar probados, en relación con las reclamaciones formuladas a la empresa, hechos relevantes y distintos de los que ya constan probados en los ordinales fácticos cuarto y quinto, cosa que, además, tampoco puede deducirse de la lectura de las transcripciones de dichos audios. Ello impide poder afirmar que la decisión cuestionada comporte vulneración de los preceptos legales y doctrina jurisprudencial expuestos en el apartado anterior, y que haya causado indefensión material a la recurrente.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

TERCERO.- Motivo del recurso dirigido a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia (motivo tercero en el orden general del escrito de interposición del recurso)

1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, la recurrente solicita nueva redacción para el hecho probado segundo de la sentencia de instancia.

Recordemos, al respecto, que la redacción actual de este hecho probado es la siguiente:

<>

Frente a dicha redacción, la recurrente solicita la siguiente (negrita, en el texto propuesto):

<19/06/2024la empresa entregó a la actora una carta de despido por causas disciplinarias, con efectos desde el mismo día, cuyo contenido íntegro obra incorporado como documento 11 de la parte actora, que se dan por reproducidos a efectos expositivos.>>

Es decir, la recurrente propone rectificar la fecha de la carta de despido que figura en el hecho probado.

La recurrente fundamenta dicha rectificación en la carta de despido (documento 11 de su ramo de pruebas).

En justificación de la nueva redacción, la recurrente, en síntesis, alega que se trata de un error patente que ni siquiera se reproduce en el fallo de la sentencia, que indica correctamente que el despido tuvo lugar el 19.6.2024, y que es relevante rectificar dicho error a efectos de establecer la relación cronológica entre sus reclamaciones y el despido.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, dice no oponerse a la rectificación, si bien considera que el error es intrascendente porque la sentencia de instancia establece el importe de la indemnización por despido partiendo de la fecha correcta.

2.- Resolución del motivo

2.1.- Consideraciones generales

El examen del presente motivo del recurso obliga a tener en cuenta, con carácter previo, que, para la estimación de los motivos de suplicación dirigidos a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que solo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de esta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

2.2.- Aplicación al caso

La lectura de la carta de despido revela que, como alegan ambas partes y se sigue directamente de la carta de despido, la fecha del indicado acto extintivo es la del 19.6.2024, coincidente, además, con la que figura en el fallo de la sentencia de instancia. En este sentido, la fecha indicada en el hecho probado segundo es fruto de un mero error material que se desprende directamente del documento invocado, lo que implica que la solicitud de revisión fáctica se ajusta a la doctrina expuesta.

Por todo ello, acordamos estimar el presente motivo del recurso y acordar que el hecho probado segundo de la sentencia de instancia pase a tener la redacción propuesta por la recurrente.

CUARTO.- Primer motivo del recurso dirigido a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia (motivo cuarto en el orden general del escrito de interposición del recurso)

1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, dedicado a la vulneración de la garantía de indemnidad y formulado con carácter subsidiario para el caso de desestimnarse los motivos de nulidad, la recurrente denuncia que la sentencia de instancia infringe los artículos 24.1 CE, 17.1 ET en relación con los artículos 12.4.d) del mismo cuerpo legal y 14 CE, la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 15.11.2022 (RCUD 2645/2021) y 20.12.2024 (RCUD 523/2024).

En síntesis, la recurrente empieza el desarrollo del motivo con una amplia exposición sobre la garantía de indemnidad, los preceptos legales y jurisprudencia que considera infringidos por la sentencia de instancia

A continuación, la recurrente expone el conflicto jurídico que, en su opinión, enfrenta a las partes, derivado, según dice, de la forma en que deben ser computadas las horas de trabajo a efectos de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación, teniendo en cuenta que la recurrente prestaba servicios simultáneamente, a media jornada, en la residencia de la que es titular la empresa recurrida y en la que pertenece a la empresa "Paliativum Medicum S.L.",siendo la dirección común a ambas empresas. Según la recurrente, todo ello es relevante a efectos de la garantía de indemnidad porque si bien la vulneración de dicha garantía es independiente del éxito o fracaso de sus reclamaciones, la coherencia jurídica de las mismas es un indicio que debe ser valorado a efectos de establecer la indicada vulneración, cosa que, en su opinión, no ha tenido en cuenta la sentencia de instancia.

Tras todo ello, la recurrente expone los indicios de vulneración de la garantía de indemnidad que, en su opinión, concurren en el presente caso y que podemos resumir en los siguientes: 1)el nexo temporal existente entre sus reclamaciones a la empresa y el despido; 2)la reiteración de sus reclamaciones; 3)la ausencia de sanciones anteriores, que la recurrente pone en relación con el hecho de que la empresa ni siquiera le concediera audiencia con anterioridad al despido, a pesar de lo dispuesto en el convenio colectivo; 4)la agresividad de la carta de despido, donde la empresa la acusa de poner en peligro la integridad física de los usuarios e incluso la vida de estos, vulnerar la normativa de protección de datos, tener una actitud provocativa y engreída, manchar la reputación de la empresa; todo ello, además de dirigirle reproches de carácter moral; 5)la denuncia interpuesta en la ITSS, con independencia de que no conste probado que la empresa conociera dicha circunstancia en el momento del despido, pues, según la recurrente, la doctrina jurisprudencial que alega obliga a poner en relación dicha denuncia con las reclamaciones internas y el hecho de que el despido frustró la intervención de la ITSS, además de que todo ello muestra la firmeza de sus reivindicaciones.

Tras la exposición de dichos indicios, la recurrente, partiendo de la inversión de la carga de la prueba, dedica la última parte del motivo a valorar los hechos probados de la sentencia de instancia que se refieren a las imputaciones formuladas en la carta de despido (sexto y séptimo). Respecto de este punto, alega, en síntesis, que el magistrado de instancia no le formula reproche alguno, la empresa no ha cuestionado la declaración de improcedencia del despido, la conducta descrita en el hecho probado sexto (sacar a pasear al usuario) es irrelevante porque consta probado que no hacía mal tiempo y no consta que la salida le ocasionara perjuicio alguno, y la conducta descrita en el hecho probado séptimo (conversación con la esposa del usuario y la coordinadora) carece igualmente de relevancia porque no reveló información médica en ningún momento, más allá de informar a la esposa del usuario sobre circunstancias que entran dentro de sus competencias como integradora.

Por todo ello, la recurrente considera que el despido debe ser declarado nulo con las consecuencias previstas legalmente.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que las meras discrepancias entre trabajador y empresa no son indicio de vulneración de la garantía de indemnidad, las quejas formuladas por la recurrente fueron recibidas con respeto y atendidas en la medida de lo posible, la empresa no tenía conocimiento de la denuncia ante la ITSS cuando procedió al despido y la recurrente, mediante sus grabaciones, ha creado artificialmente un conflicto inexistente, no ha concretado la motivación jurídica de sus quejas hasta el presente recurso y no ha probado la interposición de demanda alguna. Todo ello, sin perjuicio, según la recurrida, de que el despido no fuera ajustado a derecho por incumplimiento del requisito atinente al expediente contradictorio previo, a pesar de que la empresa tenía razones de fondo para justificar la procedencia del despido.

2.- Resolución del motivo

2.1.- Consideraciones generales

La cuestión a la que debemos dar respuesta en el presente motivo del recurso es si el despido disciplinario que nos ocupa debe ser declarado nulo por vulneración de la garantía de indemnidad.

Para ello, debemos empezar recordando que el artículo 55.5 ET, en su párrafo primero, dispone:

< Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora.>>

También es necesario recordar que, conforme a lo dispuesto en los artículos 96.1 y 181.2 LRJS y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, en todo proceso en el que se alegue la vulneración de un derecho fundamental, es carga de la parte que efectúa dicha alegación, la demandante, aportar indicios suficientes de la existencia de dicha vulneración. Aportados dichos indicios, es carga de la parte contraria probar que, no obstante, el acto o conducta discutida obedece a un móvil totalmente extraño a la vulneración alegada, de forma que, de acuerdo a las reglas normales sobre la carga de la prueba, si esto último no queda probado, resultará procesalmente perjudicada la demandada y deberá afirmarse la existencia de la vulneración. Ahora bien, como dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 90/1997, de 6 de mayo,

< STC 114/1989 )-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981 , 104/1987 , 114/1989 , 21/1992 , 85/1995 , 136/1996 , así como también las SSTC 38/1986 , 166/1988 , 135/1990 , 7/1993 , y 17/1996 ). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador ( SSTC 197/1990 , f. j. 1º, 136/1996 , f. j. 4º, así como SSTC 38/1981 , 104/1987 , 166/1988 , 114/1989 , 147/1995 , 17/1996 )>>.

Por otra parte, dado que la recurrente considera vulnerada la garantía de indemnidad, es preciso tener en cuenta la doctrina jurisprudencial sobre dicha figura, de la que son muestra las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 15.11.2022 (RCUD 2645/2021) y 20.12.2024 (RCUD 523/2024), invocadas por la recurrente y dictadas en supuestos de reclamaciones formuladas por el trabajador a la empresa. La última de las citadas expresa dicha doctrina en los términos que figuran en el apartado 1 de los fundamentos jurídicos tercero y cuarto, donde podemos leer:

< esta Sala ha puesto de relieve en numerosas ocasiones (STS 917/2022, de 15 de noviembre -entre muchas otras-), reiterada doctrina constitucional sostiene que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el artículo 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva- o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (por todas, SSTC 14/1993 de 18 de enero ; 125/2008, de 20 de octubre ; 6/2015, de 14 de febrero y 183/2015, de 10 de septiembre ).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( STC 183/2015, de 10 de septiembre ).

La garantía de indemnidad es un instrumento jurídico cuya finalidad es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que ha desplegado su virtualidad en relación con el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 24 CE . Su función consiste en permitir que el trabajador ejercite sus derechos frente al empresario sin el riesgo de recibir de éste una reacción de represalia, pues el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva quedaría privado en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial ( STC 55/2004, de 19 de abril ).

La garantía de indemnidad incluye no sólo el estricto ejercicio de acciones judiciales, sino que asimismo se proyecta, y de forma necesaria, sobre los actos preparatorios o previos (conciliación, reclamación previa, denuncia o reclamación ante la Inspección de Trabajo, etc.). De otra forma -afirma la propia STC 14/1993, de 18 de enero -, "quien pretenda impedir o dificultar el ejercicio de la reclamación en vía judicial, tendrá el camino abierto, pues para reaccionar frente a ese ejercicio legítimo de su derecho a la acción judicial por parte del trabajador le bastaría con actuar..., en el momento previo al inicio de la vía judicial". La posterior jurisprudencia constitucional ha precisado que "el artículo 24.1 CE en su vertiente de garantía de indemnidad resultará lesionado tanto si se acredita una reacción o represalia frente al ejercicio previo del mismo, como si se constata un perjuicio derivado y causalmente conectado, incluso si no concurre intencionalidad lesiva", de manera que, además de lesiones "intencionales" pueden darse lesiones "objetivas" contrarias a la garantía de indemnidad ( STC 6/2011, de 14 de febrero ).>>

< Disposición Adicional Tercera la Ley 5/2024 en su apartado primero, recogiendo -sin duda- la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, ha establecido que. "Las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales, sea ésta realizada por ellas mismas o por sus representantes legales". Pero, en el tiempo a que se refieren los hechos enjuiciados, si un trabajador efectuó varias reclamaciones internas y se puso en contacto, además con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, telefónicamente o mediante correo electrónico e inmediatamente después es despedido, sin que la empresa acredite la existencia de incumplimientos que justifiquen la extinción contractual, debemos concluir que la imposibilidad de formular la reclamación judicial con anterioridad al despido es imputable únicamente al empresario, por lo que, en ese concreto contexto temporal, opera como un indicio de la vulneración de la garantía de indemnidad que obliga al empleador a acreditar que el despido ha sido ajeno a la violación del derecho fundamental recogido en el artículo 24 CE . Como expresamos en la precitada STS 917/2022 , la tesis contraria incentivaría que, ante cualquier reclamación interna en el seno de la empresa, el empleador procediera a despedir inmediatamente al trabajador, antes de que éste pudiera ejercitar la reclamación judicial, con la finalidad de evitar la declaración de nulidad del despido.>>

Debemos precisar, finalmente, que la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, invocada por la recurrente y citada por la indicada sentencia del Tribunal Supremo de 20.12.2024, no es aplicable formalmente al presente caso porque dicha Ley entró en vigor con posterioridad al despido que nos ocupa. Todo ello, con independencia del valor doctrinal que pueda tener la citada disposición adicional tercera, en los términos expuestos en la indicada sentencia del Tribunal Supremo.

2.2.- Aplicación al caso

A la vista de los preceptos legales y doctrina jurisprudencial expuestos en el apartado anterior, debemos resolver si, en el presente caso, concurren indicios de vulneración de la garantía de indemnidad de la recurrente.

Para ello, debemos partir de los hechos que la sentencia de instancia declara probados, los cuales permanecen inalterados en esta fase procesal, a excepción de la fecha del despido que figura en el hecho probado segundo, fruto de la estimación del motivo de revisión fáctica. Debe tenerse en cuenta, al respecto, que la recurrente no ha solicitado revisión de los restantes hechos probados y la recurrida no ha formulado ninguna solicitud de rectificación fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.1 LRJS.

La indicada vinculación de la Sala al relato fáctico de la sentencia de instancia obliga a descartar, ya de entrada, que la denuncia interpuesta ante la ITSS pueda ser, en este caso, indicio de vulneración de la garantía de indemnidad, pues, a tenor del hecho probado tercero de la sentencia de instancia, si bien la recurrente, con fecha 15.3.2024, interpuso denuncia contra la recurrida y la otra empresa para la que presta servicios ("Paliativum Medicum S.L."),el hecho probado afirma que, a tenor del informe emitido por la ITSS, que da por reproducido, "la primera visita girada al centro de trabajo de Paliativum Medicum tuvo lugar el 15/11/24, sin que conste haberse realizado visita al centro de trabajo de Avis Domi, y que en ningún momento se ha puesto en conocimiento de las empresas la identidad de la denunciante ni se ha mencionado a la trabajadora ante sus representantes".Es decir, no consta probado que, en la fecha del despido (19.6.2024), la recurrida tuviera conocimiento alguno de que la recurrente había interpuesto la denuncia ante la ITSS, por lo que no puede sostenerse que dicho despido tuviera como móvil la indicada denuncia.

Ello nos lleva a las reclamaciones formuladas por la recurrente verbalmente y por WhatsApp,plasmadas, respectivamente, en los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia de instancia. La Sala, a la vista del contenido de dichos hechos probados, considera, al igual que la sentencia de instancia, que las reclamaciones descritas en ellos son insuficientes para poder afirmar la existencia de indicios de que el despido posterior se ha producido con vulneración de la garantía de indemnidad, dado que si bien dichas reclamaciones pueden considerarse reiteradas y el despido tiene lugar poco tiempo después de las formuladas mediante mensajes de WhatsApp,su contenido es genérico y no denotan la voluntad de la recurrente de emprender acciones contra la empresa. Todo ello, con independencia de las alegaciones de la recurrente sobre la procedencia de dichas reclamaciones, cosa que no tiene relación con la garantía de indemnidad y que, por tanto, a diferencia de lo que parece sostener dicha parte, no es determinante a efectos de establecer la existencia de indicios de vulneración de dicha garantía.

Por otra parte, debemos señalar que, incluso con independencia del valor que pueda darse a las actuaciones de la recurrente ante la ITSS y la empresa recurrida, hay que tener en cuenta que esta fundamenta el despido en hechos concretos, acaecidos con posterioridad a las reclamaciones de la recurrente, desvinculados de dichas reclamaciones y que, a su vez, se basan en conductas que la sentencia declara probadas en los ordinales fácticos sexto y séptimo, esto es, sacar a pasear a un usuario el 10.6.2024 pese a que otros trabajadores de la residencia le dijeron que no lo hiciera debido al mal tiempo, y la conversación telefónica mantenida con la esposa del referido usuario el 18.6.2024. Consideramos que, independientemente de la valoración disciplinaria que puedan merecer los hechos imputados en la carta de despido, las circunstancias expuestas obligan a descartar cualquier indicio de que el móvil del despido tenga que ver con aquellas reclamaciones y obliga a distinguir el presente caso de los que examina el Tribunal Supremo en las citadas sentencias de 15.11.2022 y 20.12.2024.

Frente a ello, a diferencia de lo que alega la recurrente, no es relevante el tono empleado por la empresa en la carta de despido ni el hecho de que no consten sanciones anteriores. Del mismo modo, no es relevante que la sentencia no efectúe reproche disciplinario a la conducta de la recurrente, teniendo en cuenta que declara improcedente el despido por incumplimiento de requisitos formales.

Por todo lo expuesto, la sentencia de instancia, al desestimar la petición de nulidad del despido, no ha cometido las infracciones legales que le imputa la recurrente. Ello comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.- Segundo motivo del recurso dirigido a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia (motivo quinto en el orden general del escrito de interposición del recurso)

En el presente motivo, dedicado a la indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales, la recurrente denuncia que la sentencia de instancia infringe los artículos 179.3, 182.1.d) y 183.2 LRJS.

La desestimación del motivo anterior y, por tanto, la confirmación del pronunciamiento de la sentencia de instancia desestimatorio de la petición de nulidad del despido comporta la desestimación del que nos ocupa, sin posibilidad de entrar en su examen.

Lo expuesto comporta la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.

SEXTO.- Costas

No procede imponer las costas del recurso a la recurrente, parte vencida en el mismo, dado que dicha parte es titular del beneficio de justicia gratuita ( artículo 235.1 LRJS) .

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Sentencia de instancia y objeto del recurso

Como hemos visto, la sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta por Eufrasia, dirigida contra AVIS DOMI S.L. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, y declara improcedente el despido disciplinario producido con efectos del 19.6.2024, condenando a la citada empresa a optar, en plazo legal, entre la readmisión de la demandante con abono de los salarios de tramitación o indemnizarla en la cantidad de 3.302,88 euros.

Según se sigue del relato fáctico de la sentencia de instancia y documentos a que se remite dicho relato, la demandante prestaba servicios para la empresa demandada con antigüedad desde el 10.2.2021, jornada parcial de 20 horas semanales y categoría profesional de integradora, en el centro de trabajo de la residencia geriátrica sita en El Prat de Llobregat (Barcelona).

En la carta de despido, la empresa demandada imputa a la demandante, en síntesis: 1)haber sacado a pasear fuera del centro a un usuario, a pesar de que hacía mal tiempo y estaba lloviendo de forma intermitente, y las trabajadoras encargadas de velar por el bienestar y la salud del usuario le habían advertido de que hacía mal tiempo, estaba empezando a llover, hacía frío, el usuario no llevaba la ropa adecuada para un día de lluvia y podía resfriarse o coger una gripe, por lo que no debía sacarlo a pasear; 2)no haber incluido dicha salida en los registros de salidas que se llevan en la empresa, desobedeciendo la orden dada al respecto; 3)haber dado información sanitaria, por teléfono, a la esposa del usuario, desobedeciendo las órdenes dadas por la empresa al respecto.

En la demanda, presentada el 6.8.2024 y ampliada mediante escrito presentado el 4.2.2025, la demandante solicita, con carácter principal, que el despido sea declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales (garantía de indemnidad) y se condene a la empresa demandada a las consecuencias derivadas de dicha declaración más una indemnización en concepto de daños y perjuicios derivados de la indicada vulneración, y que, en la demanda, fija en la cantidad de 6.000 euros, si bien, en el escrito de ampliación, fija en 7.501 euros. Subsidiariamente, solicita que el despido sea declarado improcedente por no haberle concedido audiencia con anterioridad al mismo, conforme a lo previsto en el convenio colectivo sectorial de aplicación, y no estar probados los hechos imputados en la carta de despido.

La sentencia de instancia, tras desestimar la petición de nulidad del despido por considerar que no hay indicios de vulneración de la garantía de indemnidad, declara la improcedencia del mismo por incumplimiento del indicado trámite de audiencia previa.

Frente a la sentencia de instancia, la demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que, en síntesis, solicita, con carácter principal, que se declare la nulidad de actuaciones y retroacción de las practicadas hasta el momento procesal inmediatamente anterior a la sentencia de instancia a fin de que el órgano judicial dicte nueva sentencia teniendo en cuenta las alegaciones y peticiones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda. Subsidiariamente, que se declare la nulidad de actuaciones y retroacción de las practicadas hasta el momento procesal inmediatamente anterior al de admisión de la prueba a fin de que sean admitidas las tres primeras pruebas de audio propuestas en el acto de juicio e inadmitidas por el órgano judicial de instancia. Más subsidiariamente aun, que se revoque la sentencia de instancia y se declare la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales, condenando a la empresa demandada a abonarle 7.501 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la indicada vulneración.

La recurrente articula el recurso con arreglo a dos motivos dirigidos a la infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS); un motivo dirigido a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra b) de dicho precepto, y dos motivos dirigidos a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia, formulados al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso ha sido impugnado por la empresa demandada, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Motivos primero y segundo del recurso, dirigidos a la infracción de normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión

1.- Consideraciones comunes a ambos motivos

Con carácter previo y común al examen individual de cada uno de dichos motivos de suplicación, es necesario recordar que la declaración de nulidad de actuaciones tiene un carácter excepcional y únicamente debe ser acordada cuando la infracción procesal cometida ha causado efectiva indefensión al recurrente, tal como ha venido declarando esta Sala en reiteradas sentencias, de las que son muestra las de 9.7.2020 (recurso de suplicación -RS- 888/2020), 17.7.2020 ( RS 1549/2020) y 9.10.2020 ( RS 1145/2020), con base en doctrina jurisprudencial pacífica.

2.- Motivo primero

2.1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, la recurrente combate la estimación, por parte de la sentencia de instancia, de la alegación de caducidad, formulada por la empresa demandada en la contestación a la demanda y referida a las alegaciones y peticiones contenidas en el escrito de ampliación de la demanda presentado el 4.2.2025, pronunciamiento que, según la recurrente, comporta vulneración de los artículos 80.1.c) y 97.2 LRJS, 401.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC) y 24.1 de la Constitución Española ( CE).

En síntesis, la recurrente empieza alegando que el indicado pronunciamiento de la sentencia de instancia comporta vulneración de los preceptos citados porque el órgano judicial de instancia, mediante diligencia de ordenación de 6.2.2025, tuvo por ampliada la demanda, resolución que no fue recurrida.

Además, la recurrente considera que el instituto de la caducidad no es aplicable a las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, dada su naturaleza fáctica, y que los únicos limites a la posibilidad de alegar nuevos hechos con posterioridad a la demanda vienen dados por la indefensión, no producida en este caso, y por el artículo 80.1.c) LRJS, no incumplido porque presentó una nueva papeleta de conciliación referida exclusivamente a los hechos contenidos en el escrito de ampliación, aparte de que, según dice, la jurisprudencia, en la actualidad, permite ampliaciones de la demanda que incluso se refieren a la calificación del despido, citando, al respecto, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23.1.2025 (recurso de casación para unificación de doctrina -RCUD- 5375/2023). También alega que su actuación está amparada por lo dispuesto en el artículo 401.1 LEC.

Por otra parte, la recurrente alega que la actuación del órgano judicial de instancia le ha ocasionado indefensión material porque el único acto preparatorio que dicho órgano considera relevante a efectos de una posible vulneración de la garantía de indemnidad es la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), descartando que las reclamaciones internas formuladas a la empresa puedan sustentar dicha vulneración, criterio que, según la recurrente, va en contra de la jurisprudencia reciente y que, en cualquier caso, no permite al órgano judicial omitir, en el relato fáctico de la sentencia, todos aquellos hechos que puedan ser relevantes a efectos de valorar una posible vulneración de la garantía de indemnidad.

Por todo lo expuesto, la recurrente solicita que se declare la nulidad de las actuaciones y se ordene retrotraer las mismas hasta el momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de instancia a fin de que el órgano judicial dicte nueva sentencia en la que no cometa las infracciones procesales denunciadas. Todo ello, según dice, sin perjuicio de la petición de nulidad de actuaciones formulada en el siguiente motivo del recurso.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que los razonamientos de la sentencia de instancia sobre la caducidad son ajustados a derecho y que, en cualquier caso, el órgano judicial valora en la sentencia las reclamaciones internas, a las que dedica los hechos probados cuarto y quinto, con independencia de que considere que son insuficientes para poder sustentar una posible vulneración de la garantía de indemnidad. También se refiere a la petición de mayor indemnización para señalar, en síntesis, que la fijación del importe concreto de dicha indemnización es facultad del órgano judicial de instancia y que no tiene ningún sentido que, por el mismo daño, se soliciten 6.000 euros en la demanda y 7.501 en el escrito de ampliación de la misma.

2.2.- Resolución del motivo

2.2.1.- Consideraciones generales

Dado que, como hemos visto, la recurrente, en el presente motivo del recurso, combate la decisión del magistrado de instancia de no admitir las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, la respuesta a dicho motivo obliga a empezar recordando que el artículo 80.1.c) LRJS dispone:

<<1. La demanda se formulará por escrito, pudiendo utilizar los formularios y procedimientos facilitados al efecto en la oficina judicial donde deba presentarse, y habrá de contener los siguientes requisitos generales:

(...)

c) La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducirse respecto de la vía administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el artículo 72, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.>>

Debemos señalar, por otra parte, que los artículos 97.2 LRJS y 401.1 LEC, denunciados por la recurrente como infringidos, no son relevantes en este caso porque el primero se refiere a la forma de la sentencia y el segundo, a la acumulación de acciones.

2.2.2.- Datos procesales relevantes

La aplicación del indicado precepto legal al presente motivo del recurso debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes datos procesales, extraídos de las actuaciones judiciales practicadas durante la fase de instancia del proceso que nos ocupa.

1) En el escrito inicial de demanda, presentado el 6.8.2024, la recurrente fundamenta la vulneración de la garantía de indemnidad en que, con anterioridad al despido, formuló denuncia ante la ITSS, en la que puso de manifiesto diversos incumplimientos por parte de la empresa demandada, hoy recurrida, denuncia que, según la recurrente, es el móvil del despido. Además, la cantidad solicitada en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales es de 6.000 euros.

2) En el escrito de ampliación de la demanda, presentado el 4.2.2025 y después de que un nuevo abogado asumiera la defensa de la recurrente, esta, a efectos de fundamentar la vulneración de la garantía de indemnidad, precisa los incumplimientos expuestos en la denuncia formulada ante la ITSS y añade las reclamaciones que dice formuladas a la empresa mediante mensajes de WhatsApp(2.5.2024 y 11.6.2024) y verbalmente (3.5.2024 y 12.6.2024, más una conversación mantenida con posterioridad al despido). Además, fija la indemnización en la cantidad de 7.501 euros.

3) Respecto de las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación, la recurrente presentó nueva papeleta de conciliación el 13.2.2025.

4) El Tribunal de Instancia, mediante diligencia de ordenación de 6.2.2025, acordó unir a las actuaciones el escrito de ampliación de la demanda, dar copia del mismo a la parte demandada, tener por efectuadas las manifestaciones y tener por ampliada la demanda.

5) En el acto de juicio, celebrado el 19.3.2025, el defensor de la recurrente manifestó que ratificaba la demanda y el escrito de ampliación, y el defensor de la empresa admitió tener conocimiento de dicho escrito, si bien, en la contestación a la demanda, formuló excepción de caducidad respecto de las alegaciones contenidas en el mismo. Todo ello, conforme a la grabación de dicho acto, que hemos examinado.

6) La sentencia de instancia, a tenor de los razonamientos contenidos en su fundamento jurídico segundo, declara, en síntesis, que los hechos alegados en el escrito de ampliación de la demanda eran ya conocidos por la recurrente cuando interpuso la demanda, y su introducción al proceso es extemporánea porque ha tenido lugar cuando ya había transcurrido el plazo de caducidad de veinte días, previsto para la acción de despido en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores ( ET), además de comportar vulneración de lo dispuesto en el artículo 80.1.c) LRJS porque dichos hechos son distintos de los alegados en la papeleta de conciliación inicial, como lo demuestra, según la sentencia, que la recurrente presentó nueva papeleta de conciliación referida a los hechos nuevos. En consecuencia, acaba diciendo que "ha de apreciarse la alegación de caducidad invocada por la parte demandada en relación a los hechos contenidos en la papeleta de conciliación y la ampliación presentada en febrero de 2025".

7) A pesar del indicado pronunciamiento del fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, el magistrado de instancia ha examinado las pruebas referidas a las reclamaciones alegadas en el escrito de ampliación de la demanda. Recordemos, al respecto, que los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia son del siguiente tenor:

<

QUINTO.- El día 02/05/24 la trabajadora remitió un mensaje de whatsapp y un escrito a la empresa reclamando la compensación de exceso de horas.

El 11/06/24 la trabajadora reclamó a la empresa por mensaje de whatsapp el calendario anual con el cómputo de horas correspondiente a cada residencia. (Documento 7 de la parte actora)>>

Además, el magistrado, en la fundamentación jurídica de la sentencia, valora las indicadas reclamaciones internas, lo que le lleva a la conclusión de que no permiten establecer indicios de vulneración de la garantía de indemnidad. Concretamente, en el fundamento jurídico tercero, tras exponer la doctrina general sobre la garantía de indemnidad y descartar que la denuncia interpuesta ante la ITSS pueda fundamentar la vulneración de dicha garantía, dice:

<>

2.2.3.- Respuesta al motivo

Como hemos visto, el magistrado de instancia, a pesar de lo que declara en el fundamento jurídico segundo de la sentencia, ha examinado las pruebas referidas a las reclamaciones internas formuladas por la recurrente y valorado jurídicamente dichas reclamaciones a efectos de la vulneración de la garantía de indemnidad. Por tanto, con independencia de la valoración jurídica que puedan merecer los razonamientos de la sentencia de instancia sobre la admisibilidad de las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, contenidos en el indicado fundamento jurídico segundo, la sentencia ha dado respuesta suficiente a dichas alegaciones, tanto a nivel fáctico como valorativo, lo que obliga a descartar que el órgano judicial de instancia haya causado indefensión material alguna a la recurrente, la cual conoce los hechos que la sentencia declara probados en relación con aquellas alegaciones y los razonamientos en que se basa para considerar que no se ha producido vulneración de la garantía de indemnidad.

Frente a ello, no podemos acoger las alegaciones de la recurrente sobre la supuesta insuficiencia del relato fáctico de la sentencia de instancia en lo referido a los hechos alegados en el escrito de ampliación de la demanda, pues, como hemos visto, dicha sentencia, en el relato fáctico, establece, en los ordinales cuarto y quinto, los hechos que considera probados respecto de los alegados en aquel escrito, los cuales ni siquiera son objeto de impugnación específica en el presente recurso.

Del mismo modo, no podemos acoger las alegaciones sobre la valoración de las reclamaciones internas a efectos de la garantía de indemnidad, pues dichas alegaciones se refieren al fondo del asunto, esto es, la vulneración de la indicada garantía, y, por ello, no guardan relación alguna con las infracciones procesales denunciadas en el motivo.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso y hace innecesario pronunciarse sobre la corrección jurídica de los razonamientos contenidos en el fundamento jurídico segundo de la sentencia de instancia.

3.- Motivo segundo

3.1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, la recurrente combate la decisión del magistrado de instancia, adoptada en el acto de juicio, de no admitir tres de las cinco pruebas de audio propuestas por ella por considerarlas inútiles e irrelevantes, decisión que, según dicha parte, comporta vulneración de los artículos 90.1 LRJS, 281.1 y 299.1 LEC, y 24.2 CE. Concretamente, la recurrente se refiere a los dos audios correspondientes a la conversación de 3.5.2024 y el audio referido a la de 12.6.2024. La transcripción de dichos audios obra en el documento 10 del ramo de pruebas de la recurrente, junto con la de los dos audios admitidos (18.6.2024 y 1.7.2024).

En el desarrollo del motivo, la recurrente empieza advirtiendo de que, contra la decisión del magistrado, formuló recurso de reposición, que fue desestimado, y protesta.

Tras dicha advertencia, la recurrente expone las razones por las que considera que dichas pruebas debieron ser admitidas. En lo que sigue, resumimos dichas razones.

En primer lugar, la recurrente alega que la inadmisión de las pruebas no fue suficientemente motivada en el acto de juicio y tampoco lo es en la sentencia, donde el órgano judicial se limita a justificar la misma aludiendo a que las pruebas carecen de utilidad y pertinencia, en lo que, según la recurrente, tiene relación con la inadmisión de las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, las cuales debieron ser admitidas, tal como ha expuesto en el motivo anterior, que resume.

En segundo lugar, la recurrente, citando los pasajes correspondientes del acto de juicio, alega que el magistrado de instancia acordó inadmitir las pruebas tras examinar la transcripción que la recurrente aportó en su ramo de documentos, proceder que, según dice, no se ajusta a derecho porque comporta inadmitir las pruebas tras haberlas valorado.

En tercer lugar, la recurrente alega que no es motivo que justifique la inadmisión de las pruebas el hecho de que, según indica la sentencia de instancia en el fundamento jurídico primero, las reclamaciones laborales de aquella frente a la empresa resulten de las pruebas de interrogatorio y documental, pues ello, al decir de la recurrente, ocasiona falta de "contraste probatorio",sobre todo respecto del hecho probado cuarto, que se sustenta exclusivamente en el interrogatorio de la legal representante de la empresa, y, en general, priva de la posibilidad de incorporar otros hechos en el relato fáctico, lo que, según dice, le ocasiona indefensión material. En este sentido, alega que, al excluirse los dos primeros audios, referidos a la conversación del 3.5.3024, no puede incorporarse al hecho probado quinto la contestación que da la empresa a la petición formulada el 2.5.2024, la cual supone denegarle el derecho solicitado, relativo a la jornada máxima anual, denegación que la demandada fundamenta en que, al prestar servicios para dos empresas, no pueden sumarse las horas a efectos de la jornada máxima aunque ambas empresas tengan dirección común. Por su parte, al excluirse el tercer audio, referido a la conversación del 12.6.2024, no puede incorporarse al hecho probado quinto que la recurrente volvió a pedir el calendario anual al día siguiente de lo que recoge dicho hecho probado y que, en el cómputo anual, le salían más horas que su equivalencia a tiempo parcial. En definitiva, la recurrente considera que la denegación de los tres audios ha impedido probar que solicitó el calendario anual con carácter reiterado y que, igualmente, solicitó compensación del exceso de jornada, omisiones relevantes, teniendo en cuenta que, según la recurrente, la garantía de indemnidad comprende también los actos preparatorios del ejercicio de acciones llevados a cabo en el seno de la empresa y en la ITSS.

Por todo lo expuesto, la recurrente solicita que se declare la nulidad de las actuaciones y se ordene retrotraer las mismas hasta el momento inmediatamente anterior a la proposición de prueba a fin que se admitan las no admitidas por el órgano judicial de instancia.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que es lógico que el magistrado examine las pruebas antes de resolver sobre su admisión, la decisión de inadmitir los tres audios aparece suficientemente motivada y las razones expuestas por dicho órgano judicial son ajustadas a derecho.

3.2.- Resolución del motivo

3.2.1.- Consideraciones generales

Dado que, como hemos visto, la recurrente, en el presente motivo, combate la decisión del órgano judicial de instancia de no admitir tres de las pruebas aportadas por considerar que no eran útiles ni relevantes, la respuesta a dicho motivo obliga a empezar recordando que el artículo 290.1 LEC dispone:

<>

En cuanto al proceso social, el artículo 87.1 LRJS dispone:

<>

Por su parte, el artículo 90.1 LRJS dispone:

<>

Del mismo modo, es necesario recordar la doctrina aplicable sobre el derecho de los litigantes a utilizar los medios de prueba que propongan para su defensa. Es muestra de dicha doctrina, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 8.2.2018 (RCUD 1062/2016), que, con referencia a la sentencia de la misma Sala de 20.7.2011 (RCUD 848/2010), sintetiza la doctrina del Tribunal Constitucional y de la propia Sala Cuarta en los términos que figuran en el fundamento jurídico tercero, donde podemos leer:

<<(...) 1. Doctrina constitucional

A) El derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes, establecido en el art. 24.2 CE , es de configuración legal, de manera tal que su manto protector únicamente se despliega en aquellos casos en que las pruebas pertinentes estén permitidas por la Ley y se hayan solicitado respetándola legalidad procesal, en cuanto al tiempo y forma de su proposición ( STC 149/1987, de 30 de septiembre ; 212/1990, de 20 de diciembre ; 87/1992, de 8 de junio ; 94/1992, de 11 de junio ; 1/1996 ; 190/1997 ; 52/1998, de 3 de marzo ; 26/2000, FJ 2 ; 140/2000, de 29 de mayo ; 173/2000, de 26 de junio ; 186/2000, de 10 de julio ; 19/2001, de 29 de enero , FJ 4º; 165/2001, de 16 de julio ).

El derecho a utilizar los medios de prueba, como un derecho inseparable del derecho mismo de defensa, "no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes " ( SSTC 237/1999 , 26/2000 y 19/2001 , entre otras).

B) Por otra parte, la vulneración del art. 24.2 de la Carta Magna exige asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa" ( SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2 ; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3 ; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5 ; 26/2000, FJ 2 ; 45/2000, FJ 2 ; 165/2001, de 16 de julio ; 208/2001, 22 de octubre ); tarea que precisa la necesaria actividad del quejoso que, en definitiva, deberá asumir la carga de la alegación y justificación de que la prueba no practicada ha mermado su derecho de defensa, sin que la tarea de verificar si la misma era decisiva, a tales efectos, corresponda asumirla de oficio al Tribunal ( STC 1/1996, de 15 de enero ; 164/1996, de 28 de octubre ; 218/1997, de 4 de diciembre ; 45/2000 , FJ 2).

C) La anterior exigencia se proyecta, en sendos planos de causalidad lógica, en uno de ellos de relación entre el hecho que se pretendía probar y la inadmisión o práctica de la prueba propuesta con esa finalidad; y el segundo la incidencia que tal prueba hubiera podido tener en el desenlace final del proceso si se hubiera llevado a efecto, de manera que se acredite que la prueba omitida hubiera podido incidir favorablemente en los intereses legítimos de la parte que invoca la lesión de dicha garantía constitucional; por ejemplo, en este sentido puede verse la STC 165/2001, de 16 de julio .

De ahí que la trascendencia de la denegación del medio de prueba se halle en la ponderación de la relevancia de la misma sobre la solución a alcanzar en el litigio, de suerte que podría apreciarse un menoscabo efectivo del derecho del recurrente cuando, de haberse practicado la prueba omitida -o de haberse practicado correctamente la prueba admitida-, la resolución final de proceso hubiera podido ser distinta ( STC 101/1999 , entre otras).

2. Doctrina de la Sala.

A) Siendo los preceptos de la derogada Ley de Procedimiento Laboral análogos a los actuales de la LRJS, en diversas ocasiones hemos recordado la doctrina compendiada por la STS, de 19 de junio de 1993 (rec. 380/1992 ):

"No puede entenderse que la Ley de Procedimiento Laboral confiera facultades especiales al Juez para rechazar pruebas, pues este proceso es plasmación del verbal civil con ciertos matices y un mayor poder de intervención del Juez en la dirección del mismo, como revelan el art. 81.1 sobre advertencia de defectos en la demanda, los arts. 85.3 y 87.5, sobre concesión de la palabra a las partes a discreción del Juez, el 87.2, permitiendo continuar la práctica de una prueba renunciada por la parte, el mismo párrafo, concediendo facultad de hacer preguntas autónomas en las pruebas de confesión y testifical y no sólo aclaraciones ( arts. 586.1 .º y 652.2.º LEC ), o el 92.1 que permite limitar el número de testigos cuando supongan inútil reiteración. Este mayor poder no significa que en el proceso laboral se limite el derecho de las partes a llevar la iniciativa en el procedimiento probatorio y que el Juez tenga más posibilidad de rechazar inmotivadamente la prueba propuesta por las mismas, puesto que el art. 90.1 de la Ley de Procedimiento Laboral dice que podrán utilizarse cuantos medios de prueba se encuentran regulados en la ley y el art. 87.1, que se admitirán todas las que se formulen, siempre que puedan practicarse en el acto y no versen sobre hechos conformes. A estos límites hay que añadir otros, como son la prohibición de aportar medios obtenidos con violación de derechos fundamentales ( art. 90.1 de la LPL ) y, obviamente, aquellos que sean impertinentes por no tener relación con el fondo del pleito ( arts. 565 y 566 LEC ), o sean claramente inútiles, como es el caso del art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Las partes tienen restringido su derecho a la prueba para la práctica de las que exijan traslado del órgano judicial fuera de su sede, pues sólo tendrán lugar si se estiman imprescindibles ( art. 87.1 LPL ) para lo que será preciso una valoración de su relevancia en atención a la necesidad o utilidad de las mismas.

Fuera de estos supuestos, el derecho a la prueba consagrado en el art. 24.2 de la Constitución , ha de ser respetado por los Tribunales, quienes tienen el deber positivo de evitar desequilibrios entre las respectivas posiciones procesales de las partes o limitaciones en sus posibilidades de defensa [ STC 47/1987 ], debiendo entenderse que el derecho a servirse de pruebas pertinentes no debe sacrificarse a intereses dignos de tutela pero de rango subordinado, como la economía procesal, la mayor celeridad o eficacia de la Administración de Justicia, como señala la STC 158/1989, de 5 octubre . Entender lo contrario es generar la indefensión de la parte".>>

Debemos precisar, finalmente, que el artículo 299 LEC, que la recurrente también denuncia como infringido, no es relevante en este caso porque la inadmisión de la prueba no se basa en el medio de prueba concreto sino en su utilidad y relevancia procesales.

3.2.2.- Datos procesales relevantes

La aplicación de los indicados preceptos legales y doctrina jurisprudencial al presente notivo del recurso debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes datos procesales, extraídos de las actuaciones judiciales practicadas durante la fase de instancia del proceso que nos ocupa.

1) En el acto de juicio, la hoy recurrente propuso, entre otras pruebas, cinco audios, correspondientes a conversaciones mantenidas por ella con otros en la empresa demandada los días 3.5.2024, 12.6.2024, 18.6.2024 y 1.7.2024, indicando, a requerimiento del magistrado de instancia, que aportaba transcripción de dichas conversaciones y que su duración total era de unos quince minutos. Como hemos indicado, dichas transcripciones figuran en el documento 10 del ramo de pruebas de dicha parte.

2) Después de que cada parte examinara los documentos aportados por la contraria y dichos documentos fueran entregados al magistrado, hay un lapso temporal de silencio (aproximadamente, desde el minuto 17'30 hasta el minuto 26'10 del vídeo 1). Como alega la recurrente, creemos que, durante dicho lapso de tiempo, el magistrado estuvo examinando los documentos aportados. Hay que recordar, al respecto, que el sistema de grabación instalado en las salas de vistas no capta la imagen del magistrado.

3) Tras dicho lapso temporal, el magistrado resolvió verbalmente sobre la admisión de las pruebas propuestas, manifestando, en síntesis, que no admitía los tres primeros audios porque su contenido no le parecía relevante, a tenor de las transcripciones, teniendo en cuenta los hechos expuestos en la demanda y carta de despido. Todo ello, según el magistrado, aun partiendo de que el contenido de los audios se correspondiera con el de las transcripciones.

4) Frente a la decisión judicial, la recurrente interpuso recurso de reposición, en el que expuso las razones por las que consideraba que los audios eran relevantes y los preceptos legales que entendía infringidos. La recurrida impugnó el recurso y el magistrado lo desestimó, reiterando que la prueba no era pertinente, útil ni relevante. Ante ello, la recurrente formuló protesta.

5) En el fundamento jurídico primero, párrafo segundo, de la sentencia de instancia, el magistrado se refiere a las pruebas inadmitidas en los términos siguientes:

<>

3.2.3.- Respuesta al motivo

A la vista de las indicadas actuaciones procesales, debemos rechazar, ya de entrada, las alegaciones de la recurrente referidas a que la decisión judicial de inadmitir los audios no aparece suficientemente motivada. En este sentido, como hemos visto, el magistrado de instancia, en el acto de juicio, expuso las razones jurídicas por las que consideraba que los audios no podían ser admitidos, a lo que se añaden las contenidas en el fundamento jurídico primero, párrafo segundo, de la sentencia de instancia, siendo necesario precisar que, frente a lo que alega la recurrente, ninguno de los indicados razonamientos permite afirmar que la inadmisión tenga algún tipo de relación con el pronunciamiento referido al escrito de ampliación de la demanda.

Del mismo modo, debemos rechazar las alegaciones de la recurrente referidas a que el magistrado inadmitió las pruebas tras valorarlas, alegaciones que suponen confundir el examen de las pruebas a efectos de resolver sobre su admisión, obligación que deriva de lo dispuesto en los citados artículos 87.1 y 90.1 LRJS, y la valoración de las pruebas una vez admitidas y practicadas, obligación que deriva de lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS. En este caso, consta únicamente que el magistrado de instancia, tras examinar los documentos aportados y, por tanto, las transcripciones de los audios, decidió no admitir los tres primeros por considerar que, a tenor de las transcripciones, no eran útiles ni relevantes a efectos del objeto del pleito, proceder que, desde luego, no equivale a valorar las pruebas.

Por otra parte, tampoco podemos acoger las alegaciones de la recurrente referidas a la relevancia de las pruebas no admitidas. En este sentido, debemos recordar que el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia ya recoge que la hoy recurrente "reclamó a la empresa en diversas ocasiones que se le compensaran unas horas que decía haber trabajado en exceso",mientras que el hecho probado quinto recoge las reclamaciones hechas por la recurrente mediante mensajes de WhatsAppy referidas a la compensación de horas y calendario anual. Frente a ello, carece de relevancia alguna que consten concretamente las razones que esgrimió la empresa para no atender la solicitud de compensación de horas, pues lo fundamental, a efectos de una posible vulneración de la garantía de indemnidad, son los términos de la reclamación del trabajador. Igualmente, carece de relevancia la cuestión relativa a la reiteración de reclamaciones, que ya se deduce, con toda claridad, del texto actual de los hechos probados cuarto y quinto, y que la sentencia de instancia base el hecho probado cuarto únicamente en la prueba de interrogatorio. Es decir, la recurrente no justifica que la inadmisión de los tres audios haya impedido la posibilidad de declarar probados, en relación con las reclamaciones formuladas a la empresa, hechos relevantes y distintos de los que ya constan probados en los ordinales fácticos cuarto y quinto, cosa que, además, tampoco puede deducirse de la lectura de las transcripciones de dichos audios. Ello impide poder afirmar que la decisión cuestionada comporte vulneración de los preceptos legales y doctrina jurisprudencial expuestos en el apartado anterior, y que haya causado indefensión material a la recurrente.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

TERCERO.- Motivo del recurso dirigido a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia (motivo tercero en el orden general del escrito de interposición del recurso)

1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, la recurrente solicita nueva redacción para el hecho probado segundo de la sentencia de instancia.

Recordemos, al respecto, que la redacción actual de este hecho probado es la siguiente:

<>

Frente a dicha redacción, la recurrente solicita la siguiente (negrita, en el texto propuesto):

<19/06/2024la empresa entregó a la actora una carta de despido por causas disciplinarias, con efectos desde el mismo día, cuyo contenido íntegro obra incorporado como documento 11 de la parte actora, que se dan por reproducidos a efectos expositivos.>>

Es decir, la recurrente propone rectificar la fecha de la carta de despido que figura en el hecho probado.

La recurrente fundamenta dicha rectificación en la carta de despido (documento 11 de su ramo de pruebas).

En justificación de la nueva redacción, la recurrente, en síntesis, alega que se trata de un error patente que ni siquiera se reproduce en el fallo de la sentencia, que indica correctamente que el despido tuvo lugar el 19.6.2024, y que es relevante rectificar dicho error a efectos de establecer la relación cronológica entre sus reclamaciones y el despido.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, dice no oponerse a la rectificación, si bien considera que el error es intrascendente porque la sentencia de instancia establece el importe de la indemnización por despido partiendo de la fecha correcta.

2.- Resolución del motivo

2.1.- Consideraciones generales

El examen del presente motivo del recurso obliga a tener en cuenta, con carácter previo, que, para la estimación de los motivos de suplicación dirigidos a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que solo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de esta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

2.2.- Aplicación al caso

La lectura de la carta de despido revela que, como alegan ambas partes y se sigue directamente de la carta de despido, la fecha del indicado acto extintivo es la del 19.6.2024, coincidente, además, con la que figura en el fallo de la sentencia de instancia. En este sentido, la fecha indicada en el hecho probado segundo es fruto de un mero error material que se desprende directamente del documento invocado, lo que implica que la solicitud de revisión fáctica se ajusta a la doctrina expuesta.

Por todo ello, acordamos estimar el presente motivo del recurso y acordar que el hecho probado segundo de la sentencia de instancia pase a tener la redacción propuesta por la recurrente.

CUARTO.- Primer motivo del recurso dirigido a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia (motivo cuarto en el orden general del escrito de interposición del recurso)

1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, dedicado a la vulneración de la garantía de indemnidad y formulado con carácter subsidiario para el caso de desestimnarse los motivos de nulidad, la recurrente denuncia que la sentencia de instancia infringe los artículos 24.1 CE, 17.1 ET en relación con los artículos 12.4.d) del mismo cuerpo legal y 14 CE, la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 15.11.2022 (RCUD 2645/2021) y 20.12.2024 (RCUD 523/2024).

En síntesis, la recurrente empieza el desarrollo del motivo con una amplia exposición sobre la garantía de indemnidad, los preceptos legales y jurisprudencia que considera infringidos por la sentencia de instancia

A continuación, la recurrente expone el conflicto jurídico que, en su opinión, enfrenta a las partes, derivado, según dice, de la forma en que deben ser computadas las horas de trabajo a efectos de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación, teniendo en cuenta que la recurrente prestaba servicios simultáneamente, a media jornada, en la residencia de la que es titular la empresa recurrida y en la que pertenece a la empresa "Paliativum Medicum S.L.",siendo la dirección común a ambas empresas. Según la recurrente, todo ello es relevante a efectos de la garantía de indemnidad porque si bien la vulneración de dicha garantía es independiente del éxito o fracaso de sus reclamaciones, la coherencia jurídica de las mismas es un indicio que debe ser valorado a efectos de establecer la indicada vulneración, cosa que, en su opinión, no ha tenido en cuenta la sentencia de instancia.

Tras todo ello, la recurrente expone los indicios de vulneración de la garantía de indemnidad que, en su opinión, concurren en el presente caso y que podemos resumir en los siguientes: 1)el nexo temporal existente entre sus reclamaciones a la empresa y el despido; 2)la reiteración de sus reclamaciones; 3)la ausencia de sanciones anteriores, que la recurrente pone en relación con el hecho de que la empresa ni siquiera le concediera audiencia con anterioridad al despido, a pesar de lo dispuesto en el convenio colectivo; 4)la agresividad de la carta de despido, donde la empresa la acusa de poner en peligro la integridad física de los usuarios e incluso la vida de estos, vulnerar la normativa de protección de datos, tener una actitud provocativa y engreída, manchar la reputación de la empresa; todo ello, además de dirigirle reproches de carácter moral; 5)la denuncia interpuesta en la ITSS, con independencia de que no conste probado que la empresa conociera dicha circunstancia en el momento del despido, pues, según la recurrente, la doctrina jurisprudencial que alega obliga a poner en relación dicha denuncia con las reclamaciones internas y el hecho de que el despido frustró la intervención de la ITSS, además de que todo ello muestra la firmeza de sus reivindicaciones.

Tras la exposición de dichos indicios, la recurrente, partiendo de la inversión de la carga de la prueba, dedica la última parte del motivo a valorar los hechos probados de la sentencia de instancia que se refieren a las imputaciones formuladas en la carta de despido (sexto y séptimo). Respecto de este punto, alega, en síntesis, que el magistrado de instancia no le formula reproche alguno, la empresa no ha cuestionado la declaración de improcedencia del despido, la conducta descrita en el hecho probado sexto (sacar a pasear al usuario) es irrelevante porque consta probado que no hacía mal tiempo y no consta que la salida le ocasionara perjuicio alguno, y la conducta descrita en el hecho probado séptimo (conversación con la esposa del usuario y la coordinadora) carece igualmente de relevancia porque no reveló información médica en ningún momento, más allá de informar a la esposa del usuario sobre circunstancias que entran dentro de sus competencias como integradora.

Por todo ello, la recurrente considera que el despido debe ser declarado nulo con las consecuencias previstas legalmente.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que las meras discrepancias entre trabajador y empresa no son indicio de vulneración de la garantía de indemnidad, las quejas formuladas por la recurrente fueron recibidas con respeto y atendidas en la medida de lo posible, la empresa no tenía conocimiento de la denuncia ante la ITSS cuando procedió al despido y la recurrente, mediante sus grabaciones, ha creado artificialmente un conflicto inexistente, no ha concretado la motivación jurídica de sus quejas hasta el presente recurso y no ha probado la interposición de demanda alguna. Todo ello, sin perjuicio, según la recurrida, de que el despido no fuera ajustado a derecho por incumplimiento del requisito atinente al expediente contradictorio previo, a pesar de que la empresa tenía razones de fondo para justificar la procedencia del despido.

2.- Resolución del motivo

2.1.- Consideraciones generales

La cuestión a la que debemos dar respuesta en el presente motivo del recurso es si el despido disciplinario que nos ocupa debe ser declarado nulo por vulneración de la garantía de indemnidad.

Para ello, debemos empezar recordando que el artículo 55.5 ET, en su párrafo primero, dispone:

< Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora.>>

También es necesario recordar que, conforme a lo dispuesto en los artículos 96.1 y 181.2 LRJS y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, en todo proceso en el que se alegue la vulneración de un derecho fundamental, es carga de la parte que efectúa dicha alegación, la demandante, aportar indicios suficientes de la existencia de dicha vulneración. Aportados dichos indicios, es carga de la parte contraria probar que, no obstante, el acto o conducta discutida obedece a un móvil totalmente extraño a la vulneración alegada, de forma que, de acuerdo a las reglas normales sobre la carga de la prueba, si esto último no queda probado, resultará procesalmente perjudicada la demandada y deberá afirmarse la existencia de la vulneración. Ahora bien, como dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 90/1997, de 6 de mayo,

< STC 114/1989 )-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981 , 104/1987 , 114/1989 , 21/1992 , 85/1995 , 136/1996 , así como también las SSTC 38/1986 , 166/1988 , 135/1990 , 7/1993 , y 17/1996 ). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador ( SSTC 197/1990 , f. j. 1º, 136/1996 , f. j. 4º, así como SSTC 38/1981 , 104/1987 , 166/1988 , 114/1989 , 147/1995 , 17/1996 )>>.

Por otra parte, dado que la recurrente considera vulnerada la garantía de indemnidad, es preciso tener en cuenta la doctrina jurisprudencial sobre dicha figura, de la que son muestra las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 15.11.2022 (RCUD 2645/2021) y 20.12.2024 (RCUD 523/2024), invocadas por la recurrente y dictadas en supuestos de reclamaciones formuladas por el trabajador a la empresa. La última de las citadas expresa dicha doctrina en los términos que figuran en el apartado 1 de los fundamentos jurídicos tercero y cuarto, donde podemos leer:

< esta Sala ha puesto de relieve en numerosas ocasiones (STS 917/2022, de 15 de noviembre -entre muchas otras-), reiterada doctrina constitucional sostiene que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el artículo 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva- o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (por todas, SSTC 14/1993 de 18 de enero ; 125/2008, de 20 de octubre ; 6/2015, de 14 de febrero y 183/2015, de 10 de septiembre ).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( STC 183/2015, de 10 de septiembre ).

La garantía de indemnidad es un instrumento jurídico cuya finalidad es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que ha desplegado su virtualidad en relación con el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 24 CE . Su función consiste en permitir que el trabajador ejercite sus derechos frente al empresario sin el riesgo de recibir de éste una reacción de represalia, pues el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva quedaría privado en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial ( STC 55/2004, de 19 de abril ).

La garantía de indemnidad incluye no sólo el estricto ejercicio de acciones judiciales, sino que asimismo se proyecta, y de forma necesaria, sobre los actos preparatorios o previos (conciliación, reclamación previa, denuncia o reclamación ante la Inspección de Trabajo, etc.). De otra forma -afirma la propia STC 14/1993, de 18 de enero -, "quien pretenda impedir o dificultar el ejercicio de la reclamación en vía judicial, tendrá el camino abierto, pues para reaccionar frente a ese ejercicio legítimo de su derecho a la acción judicial por parte del trabajador le bastaría con actuar..., en el momento previo al inicio de la vía judicial". La posterior jurisprudencia constitucional ha precisado que "el artículo 24.1 CE en su vertiente de garantía de indemnidad resultará lesionado tanto si se acredita una reacción o represalia frente al ejercicio previo del mismo, como si se constata un perjuicio derivado y causalmente conectado, incluso si no concurre intencionalidad lesiva", de manera que, además de lesiones "intencionales" pueden darse lesiones "objetivas" contrarias a la garantía de indemnidad ( STC 6/2011, de 14 de febrero ).>>

< Disposición Adicional Tercera la Ley 5/2024 en su apartado primero, recogiendo -sin duda- la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, ha establecido que. "Las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales, sea ésta realizada por ellas mismas o por sus representantes legales". Pero, en el tiempo a que se refieren los hechos enjuiciados, si un trabajador efectuó varias reclamaciones internas y se puso en contacto, además con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, telefónicamente o mediante correo electrónico e inmediatamente después es despedido, sin que la empresa acredite la existencia de incumplimientos que justifiquen la extinción contractual, debemos concluir que la imposibilidad de formular la reclamación judicial con anterioridad al despido es imputable únicamente al empresario, por lo que, en ese concreto contexto temporal, opera como un indicio de la vulneración de la garantía de indemnidad que obliga al empleador a acreditar que el despido ha sido ajeno a la violación del derecho fundamental recogido en el artículo 24 CE . Como expresamos en la precitada STS 917/2022 , la tesis contraria incentivaría que, ante cualquier reclamación interna en el seno de la empresa, el empleador procediera a despedir inmediatamente al trabajador, antes de que éste pudiera ejercitar la reclamación judicial, con la finalidad de evitar la declaración de nulidad del despido.>>

Debemos precisar, finalmente, que la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, invocada por la recurrente y citada por la indicada sentencia del Tribunal Supremo de 20.12.2024, no es aplicable formalmente al presente caso porque dicha Ley entró en vigor con posterioridad al despido que nos ocupa. Todo ello, con independencia del valor doctrinal que pueda tener la citada disposición adicional tercera, en los términos expuestos en la indicada sentencia del Tribunal Supremo.

2.2.- Aplicación al caso

A la vista de los preceptos legales y doctrina jurisprudencial expuestos en el apartado anterior, debemos resolver si, en el presente caso, concurren indicios de vulneración de la garantía de indemnidad de la recurrente.

Para ello, debemos partir de los hechos que la sentencia de instancia declara probados, los cuales permanecen inalterados en esta fase procesal, a excepción de la fecha del despido que figura en el hecho probado segundo, fruto de la estimación del motivo de revisión fáctica. Debe tenerse en cuenta, al respecto, que la recurrente no ha solicitado revisión de los restantes hechos probados y la recurrida no ha formulado ninguna solicitud de rectificación fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.1 LRJS.

La indicada vinculación de la Sala al relato fáctico de la sentencia de instancia obliga a descartar, ya de entrada, que la denuncia interpuesta ante la ITSS pueda ser, en este caso, indicio de vulneración de la garantía de indemnidad, pues, a tenor del hecho probado tercero de la sentencia de instancia, si bien la recurrente, con fecha 15.3.2024, interpuso denuncia contra la recurrida y la otra empresa para la que presta servicios ("Paliativum Medicum S.L."),el hecho probado afirma que, a tenor del informe emitido por la ITSS, que da por reproducido, "la primera visita girada al centro de trabajo de Paliativum Medicum tuvo lugar el 15/11/24, sin que conste haberse realizado visita al centro de trabajo de Avis Domi, y que en ningún momento se ha puesto en conocimiento de las empresas la identidad de la denunciante ni se ha mencionado a la trabajadora ante sus representantes".Es decir, no consta probado que, en la fecha del despido (19.6.2024), la recurrida tuviera conocimiento alguno de que la recurrente había interpuesto la denuncia ante la ITSS, por lo que no puede sostenerse que dicho despido tuviera como móvil la indicada denuncia.

Ello nos lleva a las reclamaciones formuladas por la recurrente verbalmente y por WhatsApp,plasmadas, respectivamente, en los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia de instancia. La Sala, a la vista del contenido de dichos hechos probados, considera, al igual que la sentencia de instancia, que las reclamaciones descritas en ellos son insuficientes para poder afirmar la existencia de indicios de que el despido posterior se ha producido con vulneración de la garantía de indemnidad, dado que si bien dichas reclamaciones pueden considerarse reiteradas y el despido tiene lugar poco tiempo después de las formuladas mediante mensajes de WhatsApp,su contenido es genérico y no denotan la voluntad de la recurrente de emprender acciones contra la empresa. Todo ello, con independencia de las alegaciones de la recurrente sobre la procedencia de dichas reclamaciones, cosa que no tiene relación con la garantía de indemnidad y que, por tanto, a diferencia de lo que parece sostener dicha parte, no es determinante a efectos de establecer la existencia de indicios de vulneración de dicha garantía.

Por otra parte, debemos señalar que, incluso con independencia del valor que pueda darse a las actuaciones de la recurrente ante la ITSS y la empresa recurrida, hay que tener en cuenta que esta fundamenta el despido en hechos concretos, acaecidos con posterioridad a las reclamaciones de la recurrente, desvinculados de dichas reclamaciones y que, a su vez, se basan en conductas que la sentencia declara probadas en los ordinales fácticos sexto y séptimo, esto es, sacar a pasear a un usuario el 10.6.2024 pese a que otros trabajadores de la residencia le dijeron que no lo hiciera debido al mal tiempo, y la conversación telefónica mantenida con la esposa del referido usuario el 18.6.2024. Consideramos que, independientemente de la valoración disciplinaria que puedan merecer los hechos imputados en la carta de despido, las circunstancias expuestas obligan a descartar cualquier indicio de que el móvil del despido tenga que ver con aquellas reclamaciones y obliga a distinguir el presente caso de los que examina el Tribunal Supremo en las citadas sentencias de 15.11.2022 y 20.12.2024.

Frente a ello, a diferencia de lo que alega la recurrente, no es relevante el tono empleado por la empresa en la carta de despido ni el hecho de que no consten sanciones anteriores. Del mismo modo, no es relevante que la sentencia no efectúe reproche disciplinario a la conducta de la recurrente, teniendo en cuenta que declara improcedente el despido por incumplimiento de requisitos formales.

Por todo lo expuesto, la sentencia de instancia, al desestimar la petición de nulidad del despido, no ha cometido las infracciones legales que le imputa la recurrente. Ello comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.- Segundo motivo del recurso dirigido a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia (motivo quinto en el orden general del escrito de interposición del recurso)

En el presente motivo, dedicado a la indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales, la recurrente denuncia que la sentencia de instancia infringe los artículos 179.3, 182.1.d) y 183.2 LRJS.

La desestimación del motivo anterior y, por tanto, la confirmación del pronunciamiento de la sentencia de instancia desestimatorio de la petición de nulidad del despido comporta la desestimación del que nos ocupa, sin posibilidad de entrar en su examen.

Lo expuesto comporta la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.

SEXTO.- Costas

No procede imponer las costas del recurso a la recurrente, parte vencida en el mismo, dado que dicha parte es titular del beneficio de justicia gratuita ( artículo 235.1 LRJS) .

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Sentencia de instancia y objeto del recurso

Como hemos visto, la sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta por Eufrasia, dirigida contra AVIS DOMI S.L. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, y declara improcedente el despido disciplinario producido con efectos del 19.6.2024, condenando a la citada empresa a optar, en plazo legal, entre la readmisión de la demandante con abono de los salarios de tramitación o indemnizarla en la cantidad de 3.302,88 euros.

Según se sigue del relato fáctico de la sentencia de instancia y documentos a que se remite dicho relato, la demandante prestaba servicios para la empresa demandada con antigüedad desde el 10.2.2021, jornada parcial de 20 horas semanales y categoría profesional de integradora, en el centro de trabajo de la residencia geriátrica sita en El Prat de Llobregat (Barcelona).

En la carta de despido, la empresa demandada imputa a la demandante, en síntesis: 1)haber sacado a pasear fuera del centro a un usuario, a pesar de que hacía mal tiempo y estaba lloviendo de forma intermitente, y las trabajadoras encargadas de velar por el bienestar y la salud del usuario le habían advertido de que hacía mal tiempo, estaba empezando a llover, hacía frío, el usuario no llevaba la ropa adecuada para un día de lluvia y podía resfriarse o coger una gripe, por lo que no debía sacarlo a pasear; 2)no haber incluido dicha salida en los registros de salidas que se llevan en la empresa, desobedeciendo la orden dada al respecto; 3)haber dado información sanitaria, por teléfono, a la esposa del usuario, desobedeciendo las órdenes dadas por la empresa al respecto.

En la demanda, presentada el 6.8.2024 y ampliada mediante escrito presentado el 4.2.2025, la demandante solicita, con carácter principal, que el despido sea declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales (garantía de indemnidad) y se condene a la empresa demandada a las consecuencias derivadas de dicha declaración más una indemnización en concepto de daños y perjuicios derivados de la indicada vulneración, y que, en la demanda, fija en la cantidad de 6.000 euros, si bien, en el escrito de ampliación, fija en 7.501 euros. Subsidiariamente, solicita que el despido sea declarado improcedente por no haberle concedido audiencia con anterioridad al mismo, conforme a lo previsto en el convenio colectivo sectorial de aplicación, y no estar probados los hechos imputados en la carta de despido.

La sentencia de instancia, tras desestimar la petición de nulidad del despido por considerar que no hay indicios de vulneración de la garantía de indemnidad, declara la improcedencia del mismo por incumplimiento del indicado trámite de audiencia previa.

Frente a la sentencia de instancia, la demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que, en síntesis, solicita, con carácter principal, que se declare la nulidad de actuaciones y retroacción de las practicadas hasta el momento procesal inmediatamente anterior a la sentencia de instancia a fin de que el órgano judicial dicte nueva sentencia teniendo en cuenta las alegaciones y peticiones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda. Subsidiariamente, que se declare la nulidad de actuaciones y retroacción de las practicadas hasta el momento procesal inmediatamente anterior al de admisión de la prueba a fin de que sean admitidas las tres primeras pruebas de audio propuestas en el acto de juicio e inadmitidas por el órgano judicial de instancia. Más subsidiariamente aun, que se revoque la sentencia de instancia y se declare la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales, condenando a la empresa demandada a abonarle 7.501 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la indicada vulneración.

La recurrente articula el recurso con arreglo a dos motivos dirigidos a la infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión, formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS); un motivo dirigido a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra b) de dicho precepto, y dos motivos dirigidos a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia, formulados al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso ha sido impugnado por la empresa demandada, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Motivos primero y segundo del recurso, dirigidos a la infracción de normas y garantías del procedimiento que haya producido indefensión

1.- Consideraciones comunes a ambos motivos

Con carácter previo y común al examen individual de cada uno de dichos motivos de suplicación, es necesario recordar que la declaración de nulidad de actuaciones tiene un carácter excepcional y únicamente debe ser acordada cuando la infracción procesal cometida ha causado efectiva indefensión al recurrente, tal como ha venido declarando esta Sala en reiteradas sentencias, de las que son muestra las de 9.7.2020 (recurso de suplicación -RS- 888/2020), 17.7.2020 ( RS 1549/2020) y 9.10.2020 ( RS 1145/2020), con base en doctrina jurisprudencial pacífica.

2.- Motivo primero

2.1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, la recurrente combate la estimación, por parte de la sentencia de instancia, de la alegación de caducidad, formulada por la empresa demandada en la contestación a la demanda y referida a las alegaciones y peticiones contenidas en el escrito de ampliación de la demanda presentado el 4.2.2025, pronunciamiento que, según la recurrente, comporta vulneración de los artículos 80.1.c) y 97.2 LRJS, 401.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC) y 24.1 de la Constitución Española ( CE).

En síntesis, la recurrente empieza alegando que el indicado pronunciamiento de la sentencia de instancia comporta vulneración de los preceptos citados porque el órgano judicial de instancia, mediante diligencia de ordenación de 6.2.2025, tuvo por ampliada la demanda, resolución que no fue recurrida.

Además, la recurrente considera que el instituto de la caducidad no es aplicable a las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, dada su naturaleza fáctica, y que los únicos limites a la posibilidad de alegar nuevos hechos con posterioridad a la demanda vienen dados por la indefensión, no producida en este caso, y por el artículo 80.1.c) LRJS, no incumplido porque presentó una nueva papeleta de conciliación referida exclusivamente a los hechos contenidos en el escrito de ampliación, aparte de que, según dice, la jurisprudencia, en la actualidad, permite ampliaciones de la demanda que incluso se refieren a la calificación del despido, citando, al respecto, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23.1.2025 (recurso de casación para unificación de doctrina -RCUD- 5375/2023). También alega que su actuación está amparada por lo dispuesto en el artículo 401.1 LEC.

Por otra parte, la recurrente alega que la actuación del órgano judicial de instancia le ha ocasionado indefensión material porque el único acto preparatorio que dicho órgano considera relevante a efectos de una posible vulneración de la garantía de indemnidad es la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), descartando que las reclamaciones internas formuladas a la empresa puedan sustentar dicha vulneración, criterio que, según la recurrente, va en contra de la jurisprudencia reciente y que, en cualquier caso, no permite al órgano judicial omitir, en el relato fáctico de la sentencia, todos aquellos hechos que puedan ser relevantes a efectos de valorar una posible vulneración de la garantía de indemnidad.

Por todo lo expuesto, la recurrente solicita que se declare la nulidad de las actuaciones y se ordene retrotraer las mismas hasta el momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de instancia a fin de que el órgano judicial dicte nueva sentencia en la que no cometa las infracciones procesales denunciadas. Todo ello, según dice, sin perjuicio de la petición de nulidad de actuaciones formulada en el siguiente motivo del recurso.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que los razonamientos de la sentencia de instancia sobre la caducidad son ajustados a derecho y que, en cualquier caso, el órgano judicial valora en la sentencia las reclamaciones internas, a las que dedica los hechos probados cuarto y quinto, con independencia de que considere que son insuficientes para poder sustentar una posible vulneración de la garantía de indemnidad. También se refiere a la petición de mayor indemnización para señalar, en síntesis, que la fijación del importe concreto de dicha indemnización es facultad del órgano judicial de instancia y que no tiene ningún sentido que, por el mismo daño, se soliciten 6.000 euros en la demanda y 7.501 en el escrito de ampliación de la misma.

2.2.- Resolución del motivo

2.2.1.- Consideraciones generales

Dado que, como hemos visto, la recurrente, en el presente motivo del recurso, combate la decisión del magistrado de instancia de no admitir las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, la respuesta a dicho motivo obliga a empezar recordando que el artículo 80.1.c) LRJS dispone:

<<1. La demanda se formulará por escrito, pudiendo utilizar los formularios y procedimientos facilitados al efecto en la oficina judicial donde deba presentarse, y habrá de contener los siguientes requisitos generales:

(...)

c) La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducirse respecto de la vía administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el artículo 72, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.>>

Debemos señalar, por otra parte, que los artículos 97.2 LRJS y 401.1 LEC, denunciados por la recurrente como infringidos, no son relevantes en este caso porque el primero se refiere a la forma de la sentencia y el segundo, a la acumulación de acciones.

2.2.2.- Datos procesales relevantes

La aplicación del indicado precepto legal al presente motivo del recurso debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes datos procesales, extraídos de las actuaciones judiciales practicadas durante la fase de instancia del proceso que nos ocupa.

1) En el escrito inicial de demanda, presentado el 6.8.2024, la recurrente fundamenta la vulneración de la garantía de indemnidad en que, con anterioridad al despido, formuló denuncia ante la ITSS, en la que puso de manifiesto diversos incumplimientos por parte de la empresa demandada, hoy recurrida, denuncia que, según la recurrente, es el móvil del despido. Además, la cantidad solicitada en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales es de 6.000 euros.

2) En el escrito de ampliación de la demanda, presentado el 4.2.2025 y después de que un nuevo abogado asumiera la defensa de la recurrente, esta, a efectos de fundamentar la vulneración de la garantía de indemnidad, precisa los incumplimientos expuestos en la denuncia formulada ante la ITSS y añade las reclamaciones que dice formuladas a la empresa mediante mensajes de WhatsApp(2.5.2024 y 11.6.2024) y verbalmente (3.5.2024 y 12.6.2024, más una conversación mantenida con posterioridad al despido). Además, fija la indemnización en la cantidad de 7.501 euros.

3) Respecto de las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación, la recurrente presentó nueva papeleta de conciliación el 13.2.2025.

4) El Tribunal de Instancia, mediante diligencia de ordenación de 6.2.2025, acordó unir a las actuaciones el escrito de ampliación de la demanda, dar copia del mismo a la parte demandada, tener por efectuadas las manifestaciones y tener por ampliada la demanda.

5) En el acto de juicio, celebrado el 19.3.2025, el defensor de la recurrente manifestó que ratificaba la demanda y el escrito de ampliación, y el defensor de la empresa admitió tener conocimiento de dicho escrito, si bien, en la contestación a la demanda, formuló excepción de caducidad respecto de las alegaciones contenidas en el mismo. Todo ello, conforme a la grabación de dicho acto, que hemos examinado.

6) La sentencia de instancia, a tenor de los razonamientos contenidos en su fundamento jurídico segundo, declara, en síntesis, que los hechos alegados en el escrito de ampliación de la demanda eran ya conocidos por la recurrente cuando interpuso la demanda, y su introducción al proceso es extemporánea porque ha tenido lugar cuando ya había transcurrido el plazo de caducidad de veinte días, previsto para la acción de despido en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores ( ET), además de comportar vulneración de lo dispuesto en el artículo 80.1.c) LRJS porque dichos hechos son distintos de los alegados en la papeleta de conciliación inicial, como lo demuestra, según la sentencia, que la recurrente presentó nueva papeleta de conciliación referida a los hechos nuevos. En consecuencia, acaba diciendo que "ha de apreciarse la alegación de caducidad invocada por la parte demandada en relación a los hechos contenidos en la papeleta de conciliación y la ampliación presentada en febrero de 2025".

7) A pesar del indicado pronunciamiento del fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, el magistrado de instancia ha examinado las pruebas referidas a las reclamaciones alegadas en el escrito de ampliación de la demanda. Recordemos, al respecto, que los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia son del siguiente tenor:

<

QUINTO.- El día 02/05/24 la trabajadora remitió un mensaje de whatsapp y un escrito a la empresa reclamando la compensación de exceso de horas.

El 11/06/24 la trabajadora reclamó a la empresa por mensaje de whatsapp el calendario anual con el cómputo de horas correspondiente a cada residencia. (Documento 7 de la parte actora)>>

Además, el magistrado, en la fundamentación jurídica de la sentencia, valora las indicadas reclamaciones internas, lo que le lleva a la conclusión de que no permiten establecer indicios de vulneración de la garantía de indemnidad. Concretamente, en el fundamento jurídico tercero, tras exponer la doctrina general sobre la garantía de indemnidad y descartar que la denuncia interpuesta ante la ITSS pueda fundamentar la vulneración de dicha garantía, dice:

<>

2.2.3.- Respuesta al motivo

Como hemos visto, el magistrado de instancia, a pesar de lo que declara en el fundamento jurídico segundo de la sentencia, ha examinado las pruebas referidas a las reclamaciones internas formuladas por la recurrente y valorado jurídicamente dichas reclamaciones a efectos de la vulneración de la garantía de indemnidad. Por tanto, con independencia de la valoración jurídica que puedan merecer los razonamientos de la sentencia de instancia sobre la admisibilidad de las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, contenidos en el indicado fundamento jurídico segundo, la sentencia ha dado respuesta suficiente a dichas alegaciones, tanto a nivel fáctico como valorativo, lo que obliga a descartar que el órgano judicial de instancia haya causado indefensión material alguna a la recurrente, la cual conoce los hechos que la sentencia declara probados en relación con aquellas alegaciones y los razonamientos en que se basa para considerar que no se ha producido vulneración de la garantía de indemnidad.

Frente a ello, no podemos acoger las alegaciones de la recurrente sobre la supuesta insuficiencia del relato fáctico de la sentencia de instancia en lo referido a los hechos alegados en el escrito de ampliación de la demanda, pues, como hemos visto, dicha sentencia, en el relato fáctico, establece, en los ordinales cuarto y quinto, los hechos que considera probados respecto de los alegados en aquel escrito, los cuales ni siquiera son objeto de impugnación específica en el presente recurso.

Del mismo modo, no podemos acoger las alegaciones sobre la valoración de las reclamaciones internas a efectos de la garantía de indemnidad, pues dichas alegaciones se refieren al fondo del asunto, esto es, la vulneración de la indicada garantía, y, por ello, no guardan relación alguna con las infracciones procesales denunciadas en el motivo.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso y hace innecesario pronunciarse sobre la corrección jurídica de los razonamientos contenidos en el fundamento jurídico segundo de la sentencia de instancia.

3.- Motivo segundo

3.1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, la recurrente combate la decisión del magistrado de instancia, adoptada en el acto de juicio, de no admitir tres de las cinco pruebas de audio propuestas por ella por considerarlas inútiles e irrelevantes, decisión que, según dicha parte, comporta vulneración de los artículos 90.1 LRJS, 281.1 y 299.1 LEC, y 24.2 CE. Concretamente, la recurrente se refiere a los dos audios correspondientes a la conversación de 3.5.2024 y el audio referido a la de 12.6.2024. La transcripción de dichos audios obra en el documento 10 del ramo de pruebas de la recurrente, junto con la de los dos audios admitidos (18.6.2024 y 1.7.2024).

En el desarrollo del motivo, la recurrente empieza advirtiendo de que, contra la decisión del magistrado, formuló recurso de reposición, que fue desestimado, y protesta.

Tras dicha advertencia, la recurrente expone las razones por las que considera que dichas pruebas debieron ser admitidas. En lo que sigue, resumimos dichas razones.

En primer lugar, la recurrente alega que la inadmisión de las pruebas no fue suficientemente motivada en el acto de juicio y tampoco lo es en la sentencia, donde el órgano judicial se limita a justificar la misma aludiendo a que las pruebas carecen de utilidad y pertinencia, en lo que, según la recurrente, tiene relación con la inadmisión de las alegaciones formuladas en el escrito de ampliación de la demanda, las cuales debieron ser admitidas, tal como ha expuesto en el motivo anterior, que resume.

En segundo lugar, la recurrente, citando los pasajes correspondientes del acto de juicio, alega que el magistrado de instancia acordó inadmitir las pruebas tras examinar la transcripción que la recurrente aportó en su ramo de documentos, proceder que, según dice, no se ajusta a derecho porque comporta inadmitir las pruebas tras haberlas valorado.

En tercer lugar, la recurrente alega que no es motivo que justifique la inadmisión de las pruebas el hecho de que, según indica la sentencia de instancia en el fundamento jurídico primero, las reclamaciones laborales de aquella frente a la empresa resulten de las pruebas de interrogatorio y documental, pues ello, al decir de la recurrente, ocasiona falta de "contraste probatorio",sobre todo respecto del hecho probado cuarto, que se sustenta exclusivamente en el interrogatorio de la legal representante de la empresa, y, en general, priva de la posibilidad de incorporar otros hechos en el relato fáctico, lo que, según dice, le ocasiona indefensión material. En este sentido, alega que, al excluirse los dos primeros audios, referidos a la conversación del 3.5.3024, no puede incorporarse al hecho probado quinto la contestación que da la empresa a la petición formulada el 2.5.2024, la cual supone denegarle el derecho solicitado, relativo a la jornada máxima anual, denegación que la demandada fundamenta en que, al prestar servicios para dos empresas, no pueden sumarse las horas a efectos de la jornada máxima aunque ambas empresas tengan dirección común. Por su parte, al excluirse el tercer audio, referido a la conversación del 12.6.2024, no puede incorporarse al hecho probado quinto que la recurrente volvió a pedir el calendario anual al día siguiente de lo que recoge dicho hecho probado y que, en el cómputo anual, le salían más horas que su equivalencia a tiempo parcial. En definitiva, la recurrente considera que la denegación de los tres audios ha impedido probar que solicitó el calendario anual con carácter reiterado y que, igualmente, solicitó compensación del exceso de jornada, omisiones relevantes, teniendo en cuenta que, según la recurrente, la garantía de indemnidad comprende también los actos preparatorios del ejercicio de acciones llevados a cabo en el seno de la empresa y en la ITSS.

Por todo lo expuesto, la recurrente solicita que se declare la nulidad de las actuaciones y se ordene retrotraer las mismas hasta el momento inmediatamente anterior a la proposición de prueba a fin que se admitan las no admitidas por el órgano judicial de instancia.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que es lógico que el magistrado examine las pruebas antes de resolver sobre su admisión, la decisión de inadmitir los tres audios aparece suficientemente motivada y las razones expuestas por dicho órgano judicial son ajustadas a derecho.

3.2.- Resolución del motivo

3.2.1.- Consideraciones generales

Dado que, como hemos visto, la recurrente, en el presente motivo, combate la decisión del órgano judicial de instancia de no admitir tres de las pruebas aportadas por considerar que no eran útiles ni relevantes, la respuesta a dicho motivo obliga a empezar recordando que el artículo 290.1 LEC dispone:

<>

En cuanto al proceso social, el artículo 87.1 LRJS dispone:

<>

Por su parte, el artículo 90.1 LRJS dispone:

<>

Del mismo modo, es necesario recordar la doctrina aplicable sobre el derecho de los litigantes a utilizar los medios de prueba que propongan para su defensa. Es muestra de dicha doctrina, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 8.2.2018 (RCUD 1062/2016), que, con referencia a la sentencia de la misma Sala de 20.7.2011 (RCUD 848/2010), sintetiza la doctrina del Tribunal Constitucional y de la propia Sala Cuarta en los términos que figuran en el fundamento jurídico tercero, donde podemos leer:

<<(...) 1. Doctrina constitucional

A) El derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes, establecido en el art. 24.2 CE , es de configuración legal, de manera tal que su manto protector únicamente se despliega en aquellos casos en que las pruebas pertinentes estén permitidas por la Ley y se hayan solicitado respetándola legalidad procesal, en cuanto al tiempo y forma de su proposición ( STC 149/1987, de 30 de septiembre ; 212/1990, de 20 de diciembre ; 87/1992, de 8 de junio ; 94/1992, de 11 de junio ; 1/1996 ; 190/1997 ; 52/1998, de 3 de marzo ; 26/2000, FJ 2 ; 140/2000, de 29 de mayo ; 173/2000, de 26 de junio ; 186/2000, de 10 de julio ; 19/2001, de 29 de enero , FJ 4º; 165/2001, de 16 de julio ).

El derecho a utilizar los medios de prueba, como un derecho inseparable del derecho mismo de defensa, "no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes " ( SSTC 237/1999 , 26/2000 y 19/2001 , entre otras).

B) Por otra parte, la vulneración del art. 24.2 de la Carta Magna exige asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa" ( SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2 ; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3 ; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5 ; 26/2000, FJ 2 ; 45/2000, FJ 2 ; 165/2001, de 16 de julio ; 208/2001, 22 de octubre ); tarea que precisa la necesaria actividad del quejoso que, en definitiva, deberá asumir la carga de la alegación y justificación de que la prueba no practicada ha mermado su derecho de defensa, sin que la tarea de verificar si la misma era decisiva, a tales efectos, corresponda asumirla de oficio al Tribunal ( STC 1/1996, de 15 de enero ; 164/1996, de 28 de octubre ; 218/1997, de 4 de diciembre ; 45/2000 , FJ 2).

C) La anterior exigencia se proyecta, en sendos planos de causalidad lógica, en uno de ellos de relación entre el hecho que se pretendía probar y la inadmisión o práctica de la prueba propuesta con esa finalidad; y el segundo la incidencia que tal prueba hubiera podido tener en el desenlace final del proceso si se hubiera llevado a efecto, de manera que se acredite que la prueba omitida hubiera podido incidir favorablemente en los intereses legítimos de la parte que invoca la lesión de dicha garantía constitucional; por ejemplo, en este sentido puede verse la STC 165/2001, de 16 de julio .

De ahí que la trascendencia de la denegación del medio de prueba se halle en la ponderación de la relevancia de la misma sobre la solución a alcanzar en el litigio, de suerte que podría apreciarse un menoscabo efectivo del derecho del recurrente cuando, de haberse practicado la prueba omitida -o de haberse practicado correctamente la prueba admitida-, la resolución final de proceso hubiera podido ser distinta ( STC 101/1999 , entre otras).

2. Doctrina de la Sala.

A) Siendo los preceptos de la derogada Ley de Procedimiento Laboral análogos a los actuales de la LRJS, en diversas ocasiones hemos recordado la doctrina compendiada por la STS, de 19 de junio de 1993 (rec. 380/1992 ):

"No puede entenderse que la Ley de Procedimiento Laboral confiera facultades especiales al Juez para rechazar pruebas, pues este proceso es plasmación del verbal civil con ciertos matices y un mayor poder de intervención del Juez en la dirección del mismo, como revelan el art. 81.1 sobre advertencia de defectos en la demanda, los arts. 85.3 y 87.5, sobre concesión de la palabra a las partes a discreción del Juez, el 87.2, permitiendo continuar la práctica de una prueba renunciada por la parte, el mismo párrafo, concediendo facultad de hacer preguntas autónomas en las pruebas de confesión y testifical y no sólo aclaraciones ( arts. 586.1 .º y 652.2.º LEC ), o el 92.1 que permite limitar el número de testigos cuando supongan inútil reiteración. Este mayor poder no significa que en el proceso laboral se limite el derecho de las partes a llevar la iniciativa en el procedimiento probatorio y que el Juez tenga más posibilidad de rechazar inmotivadamente la prueba propuesta por las mismas, puesto que el art. 90.1 de la Ley de Procedimiento Laboral dice que podrán utilizarse cuantos medios de prueba se encuentran regulados en la ley y el art. 87.1, que se admitirán todas las que se formulen, siempre que puedan practicarse en el acto y no versen sobre hechos conformes. A estos límites hay que añadir otros, como son la prohibición de aportar medios obtenidos con violación de derechos fundamentales ( art. 90.1 de la LPL ) y, obviamente, aquellos que sean impertinentes por no tener relación con el fondo del pleito ( arts. 565 y 566 LEC ), o sean claramente inútiles, como es el caso del art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Las partes tienen restringido su derecho a la prueba para la práctica de las que exijan traslado del órgano judicial fuera de su sede, pues sólo tendrán lugar si se estiman imprescindibles ( art. 87.1 LPL ) para lo que será preciso una valoración de su relevancia en atención a la necesidad o utilidad de las mismas.

Fuera de estos supuestos, el derecho a la prueba consagrado en el art. 24.2 de la Constitución , ha de ser respetado por los Tribunales, quienes tienen el deber positivo de evitar desequilibrios entre las respectivas posiciones procesales de las partes o limitaciones en sus posibilidades de defensa [ STC 47/1987 ], debiendo entenderse que el derecho a servirse de pruebas pertinentes no debe sacrificarse a intereses dignos de tutela pero de rango subordinado, como la economía procesal, la mayor celeridad o eficacia de la Administración de Justicia, como señala la STC 158/1989, de 5 octubre . Entender lo contrario es generar la indefensión de la parte".>>

Debemos precisar, finalmente, que el artículo 299 LEC, que la recurrente también denuncia como infringido, no es relevante en este caso porque la inadmisión de la prueba no se basa en el medio de prueba concreto sino en su utilidad y relevancia procesales.

3.2.2.- Datos procesales relevantes

La aplicación de los indicados preceptos legales y doctrina jurisprudencial al presente notivo del recurso debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes datos procesales, extraídos de las actuaciones judiciales practicadas durante la fase de instancia del proceso que nos ocupa.

1) En el acto de juicio, la hoy recurrente propuso, entre otras pruebas, cinco audios, correspondientes a conversaciones mantenidas por ella con otros en la empresa demandada los días 3.5.2024, 12.6.2024, 18.6.2024 y 1.7.2024, indicando, a requerimiento del magistrado de instancia, que aportaba transcripción de dichas conversaciones y que su duración total era de unos quince minutos. Como hemos indicado, dichas transcripciones figuran en el documento 10 del ramo de pruebas de dicha parte.

2) Después de que cada parte examinara los documentos aportados por la contraria y dichos documentos fueran entregados al magistrado, hay un lapso temporal de silencio (aproximadamente, desde el minuto 17'30 hasta el minuto 26'10 del vídeo 1). Como alega la recurrente, creemos que, durante dicho lapso de tiempo, el magistrado estuvo examinando los documentos aportados. Hay que recordar, al respecto, que el sistema de grabación instalado en las salas de vistas no capta la imagen del magistrado.

3) Tras dicho lapso temporal, el magistrado resolvió verbalmente sobre la admisión de las pruebas propuestas, manifestando, en síntesis, que no admitía los tres primeros audios porque su contenido no le parecía relevante, a tenor de las transcripciones, teniendo en cuenta los hechos expuestos en la demanda y carta de despido. Todo ello, según el magistrado, aun partiendo de que el contenido de los audios se correspondiera con el de las transcripciones.

4) Frente a la decisión judicial, la recurrente interpuso recurso de reposición, en el que expuso las razones por las que consideraba que los audios eran relevantes y los preceptos legales que entendía infringidos. La recurrida impugnó el recurso y el magistrado lo desestimó, reiterando que la prueba no era pertinente, útil ni relevante. Ante ello, la recurrente formuló protesta.

5) En el fundamento jurídico primero, párrafo segundo, de la sentencia de instancia, el magistrado se refiere a las pruebas inadmitidas en los términos siguientes:

<>

3.2.3.- Respuesta al motivo

A la vista de las indicadas actuaciones procesales, debemos rechazar, ya de entrada, las alegaciones de la recurrente referidas a que la decisión judicial de inadmitir los audios no aparece suficientemente motivada. En este sentido, como hemos visto, el magistrado de instancia, en el acto de juicio, expuso las razones jurídicas por las que consideraba que los audios no podían ser admitidos, a lo que se añaden las contenidas en el fundamento jurídico primero, párrafo segundo, de la sentencia de instancia, siendo necesario precisar que, frente a lo que alega la recurrente, ninguno de los indicados razonamientos permite afirmar que la inadmisión tenga algún tipo de relación con el pronunciamiento referido al escrito de ampliación de la demanda.

Del mismo modo, debemos rechazar las alegaciones de la recurrente referidas a que el magistrado inadmitió las pruebas tras valorarlas, alegaciones que suponen confundir el examen de las pruebas a efectos de resolver sobre su admisión, obligación que deriva de lo dispuesto en los citados artículos 87.1 y 90.1 LRJS, y la valoración de las pruebas una vez admitidas y practicadas, obligación que deriva de lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS. En este caso, consta únicamente que el magistrado de instancia, tras examinar los documentos aportados y, por tanto, las transcripciones de los audios, decidió no admitir los tres primeros por considerar que, a tenor de las transcripciones, no eran útiles ni relevantes a efectos del objeto del pleito, proceder que, desde luego, no equivale a valorar las pruebas.

Por otra parte, tampoco podemos acoger las alegaciones de la recurrente referidas a la relevancia de las pruebas no admitidas. En este sentido, debemos recordar que el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia ya recoge que la hoy recurrente "reclamó a la empresa en diversas ocasiones que se le compensaran unas horas que decía haber trabajado en exceso",mientras que el hecho probado quinto recoge las reclamaciones hechas por la recurrente mediante mensajes de WhatsAppy referidas a la compensación de horas y calendario anual. Frente a ello, carece de relevancia alguna que consten concretamente las razones que esgrimió la empresa para no atender la solicitud de compensación de horas, pues lo fundamental, a efectos de una posible vulneración de la garantía de indemnidad, son los términos de la reclamación del trabajador. Igualmente, carece de relevancia la cuestión relativa a la reiteración de reclamaciones, que ya se deduce, con toda claridad, del texto actual de los hechos probados cuarto y quinto, y que la sentencia de instancia base el hecho probado cuarto únicamente en la prueba de interrogatorio. Es decir, la recurrente no justifica que la inadmisión de los tres audios haya impedido la posibilidad de declarar probados, en relación con las reclamaciones formuladas a la empresa, hechos relevantes y distintos de los que ya constan probados en los ordinales fácticos cuarto y quinto, cosa que, además, tampoco puede deducirse de la lectura de las transcripciones de dichos audios. Ello impide poder afirmar que la decisión cuestionada comporte vulneración de los preceptos legales y doctrina jurisprudencial expuestos en el apartado anterior, y que haya causado indefensión material a la recurrente.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

TERCERO.- Motivo del recurso dirigido a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia (motivo tercero en el orden general del escrito de interposición del recurso)

1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, la recurrente solicita nueva redacción para el hecho probado segundo de la sentencia de instancia.

Recordemos, al respecto, que la redacción actual de este hecho probado es la siguiente:

<>

Frente a dicha redacción, la recurrente solicita la siguiente (negrita, en el texto propuesto):

<19/06/2024la empresa entregó a la actora una carta de despido por causas disciplinarias, con efectos desde el mismo día, cuyo contenido íntegro obra incorporado como documento 11 de la parte actora, que se dan por reproducidos a efectos expositivos.>>

Es decir, la recurrente propone rectificar la fecha de la carta de despido que figura en el hecho probado.

La recurrente fundamenta dicha rectificación en la carta de despido (documento 11 de su ramo de pruebas).

En justificación de la nueva redacción, la recurrente, en síntesis, alega que se trata de un error patente que ni siquiera se reproduce en el fallo de la sentencia, que indica correctamente que el despido tuvo lugar el 19.6.2024, y que es relevante rectificar dicho error a efectos de establecer la relación cronológica entre sus reclamaciones y el despido.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, dice no oponerse a la rectificación, si bien considera que el error es intrascendente porque la sentencia de instancia establece el importe de la indemnización por despido partiendo de la fecha correcta.

2.- Resolución del motivo

2.1.- Consideraciones generales

El examen del presente motivo del recurso obliga a tener en cuenta, con carácter previo, que, para la estimación de los motivos de suplicación dirigidos a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que solo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de esta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

2.2.- Aplicación al caso

La lectura de la carta de despido revela que, como alegan ambas partes y se sigue directamente de la carta de despido, la fecha del indicado acto extintivo es la del 19.6.2024, coincidente, además, con la que figura en el fallo de la sentencia de instancia. En este sentido, la fecha indicada en el hecho probado segundo es fruto de un mero error material que se desprende directamente del documento invocado, lo que implica que la solicitud de revisión fáctica se ajusta a la doctrina expuesta.

Por todo ello, acordamos estimar el presente motivo del recurso y acordar que el hecho probado segundo de la sentencia de instancia pase a tener la redacción propuesta por la recurrente.

CUARTO.- Primer motivo del recurso dirigido a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia (motivo cuarto en el orden general del escrito de interposición del recurso)

1.- Exposición del motivo e impugnación

En el presente motivo del recurso, dedicado a la vulneración de la garantía de indemnidad y formulado con carácter subsidiario para el caso de desestimnarse los motivos de nulidad, la recurrente denuncia que la sentencia de instancia infringe los artículos 24.1 CE, 17.1 ET en relación con los artículos 12.4.d) del mismo cuerpo legal y 14 CE, la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 15.11.2022 (RCUD 2645/2021) y 20.12.2024 (RCUD 523/2024).

En síntesis, la recurrente empieza el desarrollo del motivo con una amplia exposición sobre la garantía de indemnidad, los preceptos legales y jurisprudencia que considera infringidos por la sentencia de instancia

A continuación, la recurrente expone el conflicto jurídico que, en su opinión, enfrenta a las partes, derivado, según dice, de la forma en que deben ser computadas las horas de trabajo a efectos de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación, teniendo en cuenta que la recurrente prestaba servicios simultáneamente, a media jornada, en la residencia de la que es titular la empresa recurrida y en la que pertenece a la empresa "Paliativum Medicum S.L.",siendo la dirección común a ambas empresas. Según la recurrente, todo ello es relevante a efectos de la garantía de indemnidad porque si bien la vulneración de dicha garantía es independiente del éxito o fracaso de sus reclamaciones, la coherencia jurídica de las mismas es un indicio que debe ser valorado a efectos de establecer la indicada vulneración, cosa que, en su opinión, no ha tenido en cuenta la sentencia de instancia.

Tras todo ello, la recurrente expone los indicios de vulneración de la garantía de indemnidad que, en su opinión, concurren en el presente caso y que podemos resumir en los siguientes: 1)el nexo temporal existente entre sus reclamaciones a la empresa y el despido; 2)la reiteración de sus reclamaciones; 3)la ausencia de sanciones anteriores, que la recurrente pone en relación con el hecho de que la empresa ni siquiera le concediera audiencia con anterioridad al despido, a pesar de lo dispuesto en el convenio colectivo; 4)la agresividad de la carta de despido, donde la empresa la acusa de poner en peligro la integridad física de los usuarios e incluso la vida de estos, vulnerar la normativa de protección de datos, tener una actitud provocativa y engreída, manchar la reputación de la empresa; todo ello, además de dirigirle reproches de carácter moral; 5)la denuncia interpuesta en la ITSS, con independencia de que no conste probado que la empresa conociera dicha circunstancia en el momento del despido, pues, según la recurrente, la doctrina jurisprudencial que alega obliga a poner en relación dicha denuncia con las reclamaciones internas y el hecho de que el despido frustró la intervención de la ITSS, además de que todo ello muestra la firmeza de sus reivindicaciones.

Tras la exposición de dichos indicios, la recurrente, partiendo de la inversión de la carga de la prueba, dedica la última parte del motivo a valorar los hechos probados de la sentencia de instancia que se refieren a las imputaciones formuladas en la carta de despido (sexto y séptimo). Respecto de este punto, alega, en síntesis, que el magistrado de instancia no le formula reproche alguno, la empresa no ha cuestionado la declaración de improcedencia del despido, la conducta descrita en el hecho probado sexto (sacar a pasear al usuario) es irrelevante porque consta probado que no hacía mal tiempo y no consta que la salida le ocasionara perjuicio alguno, y la conducta descrita en el hecho probado séptimo (conversación con la esposa del usuario y la coordinadora) carece igualmente de relevancia porque no reveló información médica en ningún momento, más allá de informar a la esposa del usuario sobre circunstancias que entran dentro de sus competencias como integradora.

Por todo ello, la recurrente considera que el despido debe ser declarado nulo con las consecuencias previstas legalmente.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que las meras discrepancias entre trabajador y empresa no son indicio de vulneración de la garantía de indemnidad, las quejas formuladas por la recurrente fueron recibidas con respeto y atendidas en la medida de lo posible, la empresa no tenía conocimiento de la denuncia ante la ITSS cuando procedió al despido y la recurrente, mediante sus grabaciones, ha creado artificialmente un conflicto inexistente, no ha concretado la motivación jurídica de sus quejas hasta el presente recurso y no ha probado la interposición de demanda alguna. Todo ello, sin perjuicio, según la recurrida, de que el despido no fuera ajustado a derecho por incumplimiento del requisito atinente al expediente contradictorio previo, a pesar de que la empresa tenía razones de fondo para justificar la procedencia del despido.

2.- Resolución del motivo

2.1.- Consideraciones generales

La cuestión a la que debemos dar respuesta en el presente motivo del recurso es si el despido disciplinario que nos ocupa debe ser declarado nulo por vulneración de la garantía de indemnidad.

Para ello, debemos empezar recordando que el artículo 55.5 ET, en su párrafo primero, dispone:

< Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora.>>

También es necesario recordar que, conforme a lo dispuesto en los artículos 96.1 y 181.2 LRJS y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, en todo proceso en el que se alegue la vulneración de un derecho fundamental, es carga de la parte que efectúa dicha alegación, la demandante, aportar indicios suficientes de la existencia de dicha vulneración. Aportados dichos indicios, es carga de la parte contraria probar que, no obstante, el acto o conducta discutida obedece a un móvil totalmente extraño a la vulneración alegada, de forma que, de acuerdo a las reglas normales sobre la carga de la prueba, si esto último no queda probado, resultará procesalmente perjudicada la demandada y deberá afirmarse la existencia de la vulneración. Ahora bien, como dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 90/1997, de 6 de mayo,

< STC 114/1989 )-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981 , 104/1987 , 114/1989 , 21/1992 , 85/1995 , 136/1996 , así como también las SSTC 38/1986 , 166/1988 , 135/1990 , 7/1993 , y 17/1996 ). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador ( SSTC 197/1990 , f. j. 1º, 136/1996 , f. j. 4º, así como SSTC 38/1981 , 104/1987 , 166/1988 , 114/1989 , 147/1995 , 17/1996 )>>.

Por otra parte, dado que la recurrente considera vulnerada la garantía de indemnidad, es preciso tener en cuenta la doctrina jurisprudencial sobre dicha figura, de la que son muestra las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 15.11.2022 (RCUD 2645/2021) y 20.12.2024 (RCUD 523/2024), invocadas por la recurrente y dictadas en supuestos de reclamaciones formuladas por el trabajador a la empresa. La última de las citadas expresa dicha doctrina en los términos que figuran en el apartado 1 de los fundamentos jurídicos tercero y cuarto, donde podemos leer:

< esta Sala ha puesto de relieve en numerosas ocasiones (STS 917/2022, de 15 de noviembre -entre muchas otras-), reiterada doctrina constitucional sostiene que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el artículo 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva- o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (por todas, SSTC 14/1993 de 18 de enero ; 125/2008, de 20 de octubre ; 6/2015, de 14 de febrero y 183/2015, de 10 de septiembre ).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( STC 183/2015, de 10 de septiembre ).

La garantía de indemnidad es un instrumento jurídico cuya finalidad es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que ha desplegado su virtualidad en relación con el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 24 CE . Su función consiste en permitir que el trabajador ejercite sus derechos frente al empresario sin el riesgo de recibir de éste una reacción de represalia, pues el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva quedaría privado en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial ( STC 55/2004, de 19 de abril ).

La garantía de indemnidad incluye no sólo el estricto ejercicio de acciones judiciales, sino que asimismo se proyecta, y de forma necesaria, sobre los actos preparatorios o previos (conciliación, reclamación previa, denuncia o reclamación ante la Inspección de Trabajo, etc.). De otra forma -afirma la propia STC 14/1993, de 18 de enero -, "quien pretenda impedir o dificultar el ejercicio de la reclamación en vía judicial, tendrá el camino abierto, pues para reaccionar frente a ese ejercicio legítimo de su derecho a la acción judicial por parte del trabajador le bastaría con actuar..., en el momento previo al inicio de la vía judicial". La posterior jurisprudencia constitucional ha precisado que "el artículo 24.1 CE en su vertiente de garantía de indemnidad resultará lesionado tanto si se acredita una reacción o represalia frente al ejercicio previo del mismo, como si se constata un perjuicio derivado y causalmente conectado, incluso si no concurre intencionalidad lesiva", de manera que, además de lesiones "intencionales" pueden darse lesiones "objetivas" contrarias a la garantía de indemnidad ( STC 6/2011, de 14 de febrero ).>>

< Disposición Adicional Tercera la Ley 5/2024 en su apartado primero, recogiendo -sin duda- la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, ha establecido que. "Las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales, sea ésta realizada por ellas mismas o por sus representantes legales". Pero, en el tiempo a que se refieren los hechos enjuiciados, si un trabajador efectuó varias reclamaciones internas y se puso en contacto, además con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, telefónicamente o mediante correo electrónico e inmediatamente después es despedido, sin que la empresa acredite la existencia de incumplimientos que justifiquen la extinción contractual, debemos concluir que la imposibilidad de formular la reclamación judicial con anterioridad al despido es imputable únicamente al empresario, por lo que, en ese concreto contexto temporal, opera como un indicio de la vulneración de la garantía de indemnidad que obliga al empleador a acreditar que el despido ha sido ajeno a la violación del derecho fundamental recogido en el artículo 24 CE . Como expresamos en la precitada STS 917/2022 , la tesis contraria incentivaría que, ante cualquier reclamación interna en el seno de la empresa, el empleador procediera a despedir inmediatamente al trabajador, antes de que éste pudiera ejercitar la reclamación judicial, con la finalidad de evitar la declaración de nulidad del despido.>>

Debemos precisar, finalmente, que la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, invocada por la recurrente y citada por la indicada sentencia del Tribunal Supremo de 20.12.2024, no es aplicable formalmente al presente caso porque dicha Ley entró en vigor con posterioridad al despido que nos ocupa. Todo ello, con independencia del valor doctrinal que pueda tener la citada disposición adicional tercera, en los términos expuestos en la indicada sentencia del Tribunal Supremo.

2.2.- Aplicación al caso

A la vista de los preceptos legales y doctrina jurisprudencial expuestos en el apartado anterior, debemos resolver si, en el presente caso, concurren indicios de vulneración de la garantía de indemnidad de la recurrente.

Para ello, debemos partir de los hechos que la sentencia de instancia declara probados, los cuales permanecen inalterados en esta fase procesal, a excepción de la fecha del despido que figura en el hecho probado segundo, fruto de la estimación del motivo de revisión fáctica. Debe tenerse en cuenta, al respecto, que la recurrente no ha solicitado revisión de los restantes hechos probados y la recurrida no ha formulado ninguna solicitud de rectificación fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.1 LRJS.

La indicada vinculación de la Sala al relato fáctico de la sentencia de instancia obliga a descartar, ya de entrada, que la denuncia interpuesta ante la ITSS pueda ser, en este caso, indicio de vulneración de la garantía de indemnidad, pues, a tenor del hecho probado tercero de la sentencia de instancia, si bien la recurrente, con fecha 15.3.2024, interpuso denuncia contra la recurrida y la otra empresa para la que presta servicios ("Paliativum Medicum S.L."),el hecho probado afirma que, a tenor del informe emitido por la ITSS, que da por reproducido, "la primera visita girada al centro de trabajo de Paliativum Medicum tuvo lugar el 15/11/24, sin que conste haberse realizado visita al centro de trabajo de Avis Domi, y que en ningún momento se ha puesto en conocimiento de las empresas la identidad de la denunciante ni se ha mencionado a la trabajadora ante sus representantes".Es decir, no consta probado que, en la fecha del despido (19.6.2024), la recurrida tuviera conocimiento alguno de que la recurrente había interpuesto la denuncia ante la ITSS, por lo que no puede sostenerse que dicho despido tuviera como móvil la indicada denuncia.

Ello nos lleva a las reclamaciones formuladas por la recurrente verbalmente y por WhatsApp,plasmadas, respectivamente, en los hechos probados cuarto y quinto de la sentencia de instancia. La Sala, a la vista del contenido de dichos hechos probados, considera, al igual que la sentencia de instancia, que las reclamaciones descritas en ellos son insuficientes para poder afirmar la existencia de indicios de que el despido posterior se ha producido con vulneración de la garantía de indemnidad, dado que si bien dichas reclamaciones pueden considerarse reiteradas y el despido tiene lugar poco tiempo después de las formuladas mediante mensajes de WhatsApp,su contenido es genérico y no denotan la voluntad de la recurrente de emprender acciones contra la empresa. Todo ello, con independencia de las alegaciones de la recurrente sobre la procedencia de dichas reclamaciones, cosa que no tiene relación con la garantía de indemnidad y que, por tanto, a diferencia de lo que parece sostener dicha parte, no es determinante a efectos de establecer la existencia de indicios de vulneración de dicha garantía.

Por otra parte, debemos señalar que, incluso con independencia del valor que pueda darse a las actuaciones de la recurrente ante la ITSS y la empresa recurrida, hay que tener en cuenta que esta fundamenta el despido en hechos concretos, acaecidos con posterioridad a las reclamaciones de la recurrente, desvinculados de dichas reclamaciones y que, a su vez, se basan en conductas que la sentencia declara probadas en los ordinales fácticos sexto y séptimo, esto es, sacar a pasear a un usuario el 10.6.2024 pese a que otros trabajadores de la residencia le dijeron que no lo hiciera debido al mal tiempo, y la conversación telefónica mantenida con la esposa del referido usuario el 18.6.2024. Consideramos que, independientemente de la valoración disciplinaria que puedan merecer los hechos imputados en la carta de despido, las circunstancias expuestas obligan a descartar cualquier indicio de que el móvil del despido tenga que ver con aquellas reclamaciones y obliga a distinguir el presente caso de los que examina el Tribunal Supremo en las citadas sentencias de 15.11.2022 y 20.12.2024.

Frente a ello, a diferencia de lo que alega la recurrente, no es relevante el tono empleado por la empresa en la carta de despido ni el hecho de que no consten sanciones anteriores. Del mismo modo, no es relevante que la sentencia no efectúe reproche disciplinario a la conducta de la recurrente, teniendo en cuenta que declara improcedente el despido por incumplimiento de requisitos formales.

Por todo lo expuesto, la sentencia de instancia, al desestimar la petición de nulidad del despido, no ha cometido las infracciones legales que le imputa la recurrente. Ello comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.- Segundo motivo del recurso dirigido a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia (motivo quinto en el orden general del escrito de interposición del recurso)

En el presente motivo, dedicado a la indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales, la recurrente denuncia que la sentencia de instancia infringe los artículos 179.3, 182.1.d) y 183.2 LRJS.

La desestimación del motivo anterior y, por tanto, la confirmación del pronunciamiento de la sentencia de instancia desestimatorio de la petición de nulidad del despido comporta la desestimación del que nos ocupa, sin posibilidad de entrar en su examen.

Lo expuesto comporta la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.

SEXTO.- Costas

No procede imponer las costas del recurso a la recurrente, parte vencida en el mismo, dado que dicha parte es titular del beneficio de justicia gratuita ( artículo 235.1 LRJS) .

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,