Sentencia Social 487/2025 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 300/2025 de 18 de julio del 2025

ÚNICO.

Frente a la sentencia que desestima sus pretensiones, se alza Dª. Virginia solicitando que se revoque la sentencia recurrida y entrando en el fondo del asunto, se declare la improcedencia del despido, condenando a la empresa demandada a todas las consecuencias legales inherentes, de conformidad con los pedimentos de la demanda origen de las actuaciones.

En el único motivo de su recurso, al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, invoca la incorrecta aplicación de los artículos 41 y 50 del Estatuto de los Trabajadores, así como la inaplicación de los artículos 54, 55 y 56 del mismo texto legal, y la vulneración de los artículos 97 y 105 y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la jurisprudencia recaída al efecto.

Afirma la parte recurrente que existe prueba documental que aportó a los autos que acredita lo contrario de lo que se fija por la juzgadora y por lo que se desestima la demanda, debiendo partir del hecho de la que trabajadora era empleada de la demandada y que se le comunicó su jornada de trabajo a partir del 1 de octubre de 2024, y al amparo del artículo 41 optó por resolver la relación laboral cuando se produjese la modificación de la jornada de trabajo, pero la empresa procedió a extinguir el día 18 de septiembre la relación laboral y darle de baja en la empresa, es decir, mucho antes de la fecha en la que surtían los efectos la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Enumera a continuación los preceptos que considera infringidos y cita varias sentencias del Tribunal Supremo, sobre la modificación de las condiciones de trabajo y el derecho del trabajador a rescindir su contrato y a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, afirmando que es la que le abonó la empresa en este caso. También señala que de la prueba documental aportada se deduce que existe un claro despido improcedente, habiendo efectuado la juzgadora una incorrecta interpretación de la prueba, porque extinguió el contrato antes de la fecha en que iba a entrar en vigor la modificación sustancial, afirmando que la empresa demandada no ha cumplido con la carga de probar la existencia de las causas que justifiquen el despido del demandante.

Cita la parte recurrente las normas y la jurisprudencia que considera infringidas, pero no justifica la infracción normativa y jurisprudencial que considera que se ha producido, porque se limita a transcribir preceptos y fragmentos de sentencias que no abordan la cuestión que plantea en el recurso y que, en definitiva, pudieran sustentar sus alegaciones, sin que se comparta por esta Sala la conclusión a la que llega de que la empresa debió de darle de baja en la fecha en la que se iba a producir la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, pues este requisito temporal ni se establece en los preceptos que invoca, ni se indica en la jurisprudencia que cita.

Por el contrario, habiendo quedado acreditada la voluntad rescisora de la relación laboral de la trabajadora, ejercitada al amparo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y habiendo comunicado su voluntad a la empresa en tal sentido, no puede entenderse que exista despido que implica que la extinción de la relación laboral se produzca por decisión de la empresa, lo que excluye que el acto empresarial de darle de baja en la Seguridad Social constituya un despido improcedente.

Esta Sala comparte los argumentos de la juzgadora de instancia que, citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en la sentencia de 23 de septiembre de 2013, recuerda que el despido tiene como elemental presupuesto la voluntad extintiva unilateral decidida por el empresario, cualquiera que sea la forma en que la misma se manifieste, sin que pueda apreciarse en este caso, en que la empresa dio de baja a la trabajadora en la Seguridad Social porque lo solicitó la trabajadora.

La decisión y la iniciativa de poner fin a la relación laboral, por tanto, fue de quien hoy reclama por una decisión el empresario que da respuesta a su petición, lo que lleva a concluir que el despido en que sustenta la acción que ejercita en el presente procedimiento es inexistente. Y si no se ha producido un despido, carece de sentido exigir que la empresa cumpliese las formalidades del mismo, y, por tanto, que le entregase una carta de despido en el que justificase la procedencia de su decisión.

Por lo expuesto, no puede entenderse que la sentencia haya incurrido en la infracción normativa y jurisprudencial en que la parte recurrente sustenta su recurso, que debe ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida, sin que proceda la imposición de costas, dada la condición de beneficiaria de justicia gratuita de la parte recurrente ex artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,