Sentencia Social 1932/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2129/2024 de 18 de septiembre del 2025

PRIMERO.-Se interpone recurso de suplicación por la parte actora D. Rodrigo al amparo de los apartados a) y c) del art 193 de la LRJS contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número Dos de los de Jaén de fecha 13 de mayo de 2024 en los autos 165/2023 que desestimó la demanda interesando de la Sala el dictado de una sentencia en la que se acuerde revocar dicha resolución retrotrayendo las actuaciones al momento adecuado para evitar lesiones del derecho a la tutela judicial efectiva dictándose nueva sentencia que estime la adecuación del presente procedimiento o bien estime la nulidad del acuerdo consistente en descontar el cálculo de la indemnización de despido la cantidad de 26.500 euros cuantía equivalente a la prestación por desempleo que le correspondería percibir que se fijó entre la empresa y la Comisión negociadora del ERE, el acuerdo para el supuesto de que se le reconociese a la persona trabajadora el subsidio de desempleo la Entidad descuente el mismo importe percibido de forma mensual por este concepto de la cuantía abonada como indemnización por la extinción del contrato y, condene a las empresas CAIXABANK SA y VIDACAIXA SAU de SEGUROS Y REASEGUROS a abonar al trabajador la cuantía de 26.500 euros más el 10% de interés por mora cuantía descontada o detraída del cálculo de la indemnización reconocida al trabajador.

El mencionado recurso ha sido objeto de impugnación por CAIXABANK SA y VIDACAIXA SAU de SEGUROS Y REASEGUROS.

En la demanda origen del procedimiento la parte actora solicitaba que se declare la nulidad de pleno derecho, primero, del acuerdo consistente en descontar el cálculo de la indemnización de despido la cantidad de 26.500 euros cuantía equivalente a la prestación por desempleo que le correspondería percibir y que se fijó entre la empresa y la Comisión negociadora del ERE y, segundo, el acuerdo para el supuesto de que se le reconociese a la persona trabajadora el subsidio de desempleo la Entidad descuente el mismo importe percibido de forma mensual por este concepto de la cuantía abonada como indemnización por la extinción del contrato y, tercero, que condene a las empresas CAIXABANK SA y VIDACAIXA SAU de SEGUROS Y REASEGUROS a abonar al trabajador la cuantía de 26.500 euros más el 10% de interés por mora cuantía descontada o detraída del cálculo de la indemnización reconocida al trabajador.

La sentencia de instancia estima la excepción de inadecuación de procedimiento alegada por las demandadas al entender que la acción ejercitada no se basa en una mera reclamación de cantidad por el importe de una indemnización por despido sino que se cuestiona la propia configuración del importe de la indemnización acordada con el actor. Indica que no es posible la adecuación del procedimiento por la aplicación del art 102 de la LRJS en cuanto al momento de interposición de la papeleta de conciliación en fecha 3 de marzo de 2023 la acción de despido esta caducada por el transcurso del plazo de 20 días que establece el art 59.3 del Estatuto de los Trabajadores y asimismo estima la falta de legitimación pasiva de la codemandada Vidacaixa. En cuanto al fondo, reconoce el valor liberatorio del finiquito pactado.

SEGUNDO.-Como primer motivo de recurso al amparo del apartado a) del

art 193 de la LRJS se denuncia la infracción de normas o garantías que producen

una indefensión al actor con infracción, a su vez del artículo 24.1 de la CE solicitando la reposición o nulidad de la sentencia dictada reponiéndose los autos al momento inmediatamente anterior para que por el Juez a quo se dicte una nueva sentencia donde se dé respuesta a las cuestiones planteadas en la demanda. En la sentencia se estimaba la excepción procesal de inadecuación de procedimiento y caducidad, argumentando que el cauce adecuado para la sustanciación de la presente demanda era el procedimiento especial de despido y no el procedimiento ordinario al que se acude por el recurrente. Se denuncia la infracción de los artículos 97.2 de la LRJS y de los artículos 209.3 y 218 de la Ley

de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 120.3 y 24.1 CE y la jurisprudencia que se cita, por no resolver la sentencia recurrida la cuestión que fue sometida a enjuiciamiento.

Pues bien, como punto de partida, es preciso tener en cuenta que el motivo del recurso de suplicación que se ampara por la vía que ofrece el art 193 a) de la LRJS, tiene por finalidad la denuncia de irregularidades en la tramitación del procedimiento, las cuales han de ser especialmente cualificadas, puesto que la consecuencia derivable de su estimación es la declaración de nulidad de las actuaciones, razón por la cual se hacen exigibles, tanto legal, como jurisprudencialmente, la cumplimentación de varios requisitos, entre ellos:

a) La denuncia debe quedar referida a la infracción de una norma o garantía de carácter procedimental, entendida en sentido amplio, alcanzando a la vulneración

de los principios recogidos en el art. 24 de la CE, si bien, como se indica en la sentencia del TC 124/1994, para que exista infracción del indicado precepto, no será suficiente el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni cualquier vulneración o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales, sino que de ellas deberá derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, deberá

tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, ya que no toda infracción o irregularidad procesal de los órganos procesales provoca la eliminación o discriminación sustancial de los derechos que

corresponden a las partes en el proceso.

b) La denuncia no puede serlo de cualquier norma procesal, ya que ello podría conducir a la posibilidad de prácticas dilatorias, sino que aquella ha de estar cualificada, implicando una efectiva indefensión para la parte, entendida esta como impedimento efectivo del derecho de alegar y acreditar en el proceso los propios derechos.

c) Por último será preciso, siempre que sea posible por el momento procesal de que se trate o por la naturaleza de la decisión que se impugne, el que la parte que

alegue el defecto haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado la correspondiente protesta en tiempo y forma.

A su vez, deberá estarse a lo dispuesto en el art. 218.1 de la LEC, precepto según el cual "Las Sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate".

Y en orden al indicado tema de la incongruencia, el Tribunal Supremo en Sentencias como las de 1-12-98 y 5-06- 2.000 (RJ 2000, 5900), viene manteniendo que dicha obligación"debe valorarse siempre en términos de comparación entre la pretensión procesal de las partes - lo que hace referencia a sus elementos integrantes de pedir, causa de pedir y hechos constitutivos - y la respuesta o fallo judicial". Lo que implica, según el mismo Tribunal, "que el principio de congruencia obliga a los órganos judiciales a decidir conforme a lo alegado, sin que les sea permitido otorgar más de lo pedido, ni menos de lo resistido por el demandado, así como tampoco cosa distinta de lo solicitado por las partes".

Doctrina jurisprudencial de la cual se pueden extraer cuatro tipos de incongruencia:

a) Incongruencia interna, esto es, cuando se aprecie una clara contradicción entre

los fundamentos de derecho y el fallo ( SSTC 22/94 (RTC 1994, 22), 117/96 y 68/97).

b) Incongruencia"ultra petitum", cuando se concede más de lo pedido por el demandante.

c) Incongruencia"extra petitum", cuando se resuelve sobre cuestiones distintas y ajenas a lo solicitado por las partes, lo que implica una invasión frontal del derecho de defensa contradictorio, privando a los litigantes de la facultad de alegar lo que a su derecho proceda o lo que estimen conveniente a sus legítimos intereses ( SSTC 86/86 (RTC 1986, 86), 156/88, 172/94, 91/95 y 9/98 (RTC 1998, 9)).

d) Incongruencia omisiva, supuesto en el que el juzgador no resuelve sobre alguna o algunas de las pretensiones ejercitadas por las partes; siendo relevante, en orden a su conceptuación, la doctrina mantenida por el sentencia del TC 124/1994 (RTC 1994, 124), en la que, con cita de otras anteriores, indica que la incongruencia omisiva se produce"cuando el Órgano Judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales".

Pues bien, siendo ello así, procede la desestimación de esta primera petición de nulidad por cuanto no es cierto que la sentencia no haya pronunciado sobre cuestiones planteadas por las partes, ya que la misma da respuesta a la excepción de inadecuación de procedimiento que se plantea por las demandadas al entender que el procedimiento adecuado para dirimir la cuestión litigiosa no es el procedimiento ordinario que la parte plantea sino el procedimiento de despido en la medida en que se esta discutiendo el importe de la indemnización acordada con el actor en el despido colectivo lo cual no puede ser objeto de una mera operación aritmética sino que lo discutido afecta a la propia configuración de la indemnización por despido y supone interpretar las claúsulas del acuerdo colectivo. La sentencia razona la imposibilidad de adecuar el procedimiento por aplicación del art 102 de la LRJS dada la caducidad de la acción de despido, y pese a estimar dicha excepción entra en el fondo del asunto resolviendo acerca del carácter liberatorio del finiquito firmado por el actor y resuelve sobre la falta de legitimación pasiva de la la codemandada Vida Cixa.

Sentado ello la pretensión de nulidad de la sentencia ha de fracasar en cuanto la misma no incurre en la incongruencia denunciada ni se ocasiona indefensión ala recurrente lo que viene a determinar la desestimación de este primer motivo de recurso.

TERCERO.-Al amparo artículo 193 c) de la LRJS se denuncia la infracción de los artículos 3.1.c y 3.5 del ET en relación con el artículo 6.2 y artículo 1262 del Código Civil, por el que no se pueden establecer condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos y donde los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.

A través de este motivo se viene denunciar que la empresa, de forma totalmente arbitraria, estaba interfiriendo en las relaciones entre el trabajador y la administración, induciendo y obligando al trabajador a solicitar la prestación por desempleo si no quiere sufrir una merma en la cuantía de la indemnización que le

corresponde. Con esta medida la empresa está condicionando al trabajador a solicitar la prestación por desempleo y en consecuencia a inscribirse como demandante de empleo penalizando al trabajador el derecho al percibo la prestación descontando su cuantía de la indemnización a percibir. Asimismo se alega que el proceso ordinario es adecuado cuando la pretensión dirigida al cobro

de la indemnización que deriva del acto extintivo colectivo si se limita exclusivamente a la reclamación de una cantidad no discutida o que deriva de unos parámetros de cálculo sobre los que no existe discrepancia entre las partes. Son por lo tanto nulos los pactos de renuncia o contrarios a norma imperativa, orden público o que perjudiquen a terceros ( cc art.6.2) y los representantes legales de los trabajadores, o la propia empresa, no pudieron disponer válidamente -antes o después de su adquisición- de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario, ni de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo. Los trabajadores debieron haber manifestado correctamente su consentimiento según los requisitos del CC art.1262.

Para resolver la censura jurídica formulada en relación con la excepción de

inadecuación de procedimiento hemos de partir de la jurisprudencia existente sobre la materia que viene contenida, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 254/2022 de 23 marzo, según la cual:

"PRIMERO.- 1. La cuestión, controvertida en el presente recurso de casación unificadora, consiste en decidir si, extinguido el contrato de trabajo por causas objetivas, derivado de un despido colectivo, cuyo período de consultas concluyó con acuerdo, pactándose una indemnización, cuyo cálculo se obtenía de la adición de determinados conceptos salariales, procede demandar por despido, cuando se discrepa del importe de la indemnización o es posible interponer una demanda en reclamación de cantidad.

2. Recurre la trabajadora la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de julio de 2018 (JUR 2018, 282415), rec.

2631/18,que desestimó su recurso frente a la sentencia de instancia y confirmó la inadecuación de procedimiento apreciada por ésta. La trabajadora se acogió a las

bajas voluntarias propuestas por la empresa Vodafone en el marco de un ERE.

Reclama que, en la indemnización, reconocida en su momento, se incluyan determinadas partidas. La sala entiende que la actora debió sustanciar dicha reclamación a través del proceso por despido y no del proceso ordinario.

3. La sentencia de contraste, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de febrero de 2017 (JUR 2017, 89073), rec. 844/16 , desestima el recurso de unos trabajadores de la misma empresa en relación con

reclamaciones que tienen que ver con las partidas que han de integrar las indemnizaciones derivadas de despido o extinciones voluntarias producidas en el

marco del mismo ERE.

Y respecto de la inadecuación de procedimiento, aunque en un principio señala que el hecho de que la empresa lo alegue en el escrito de impugnación impide un pronunciamiento sobre ello, en el fundamento primero transcribe una sentencia de la Sala Cuarta en la que se hace referencia a la adecuación del proceso ordinario cuando lo único que se reclame sea la cantidad derivada del reconocimiento que ambas partes admiten de la improcedencia. [...]

TERCERO 1. La recurrente articula un único motivo de casación, sin remitirse a ninguno de los apartados del art. 207 LRJS (RCL 2011, 1845), en el cual denuncia que la sentencia recurrida ha infringido lo dispuesto en los arts. 80 , 102 y 108 LRJS , así como el art. 24 CE (RCL 1978, 2836). Defiende básicamente que, no cuestiona la procedencia de la extinción, cuestionando únicamente el importe de la indemnización, ya que el mismo no se ajusta a lo pactado en el acuerdo de 30-09-2015, alcanzado en el período de consultas del despido colectivo, al que se remite la propia carta de extinción, reclamándose exclusivamente las diferencias entre la indemnización abonada y la que se desprende del acuerdo reiterado.

2. VODAFONE ONO, SAU y VODAFONEESPAÑA, SAU han impugnado el recurso de casación, por cuanto el cálculo de la indemnización no es pacífico, toda vez que se discuten los conceptos, que deben computarse, así como la cuantía de los mismos, siendo criterio reiterado y pacífico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, si la reclamación de la indemnización no es pacífica, siendo exigible determinar conceptos y cuantías que deben computarse para su cálculo, el procedimiento debe ser el de despido.(....)

CUARTO 1. La cuestión controvertida, referida al procedimiento adecuado cuando se reclaman diferencias en la indemnización, debidas por la extinción por causas objetivas de un contrato de trabajo, basada en despido colectivo, cuyo período de consultas alcanzó con acuerdo, en el que se pactaron los conceptos retributivos en el cómputo de la indemnización, ha sido resuelto por esta Sala en múltiples sentencias, sintetizadas en STS 21 de mayo de 2020 (RJ 2020, 5123), rcud.48/2018 , donde dijimos: En efecto, es criterio reiterado y pacífico en la doctrina de la Sala, por todas SSTS SG 02/12/16 -rcud 431/14 (RJ 2017, 117 )-; 22/12/16 -rcud 3458/15 (RJ 2017 , 2593) -; 24/02/17 -rcud 1296/15 (RJ 2017, 694 )-; 01/06/17 -rcud 3617/15 (RJ 2017, 2897 ); 26/09/2017- rcud. 2905/2015 ( RJ 2017, 4336), 30-11- 2018, rcud. 215/2017 (RJ 2018, 5944 ) y 23/01/2019-rcud. 145/2017 (RJ 2019,535) que, "... el proceso ordinario es adecuado cuando la pretensión dirigida al cobro de la indemnización que deriva del acto extintivo se limita exclusivamente a la reclamación de una cantidad no discutida o que deriva de unos parámetros de cálculo sobre los que no existe discrepancia entre las partes. Ahora bien, cuando en el supuesto controvertido se pongan en cuestión la propia existencia de la indemnización o los elementos básicos para la determinación de la misma o la propia naturaleza de la indemnización debida o... la validez de cláusulas contractuales que resulten determinantes para la configuración de la indemnización, el único procedimiento adecuado es el de despido...".

2. Por consiguiente, acreditado que las empresas codemandadas pusieron a disposición de la demandante una indemnización de 150.964, 56 euros, calculados sobre un salario de 85.562, 21 euros, de los cuales 57.787, 50 euros correspondían al salario bruto anual y 27.774, 71 euros al salario variable de los últimos 12 meses, reclamándose por el demandante que su indemnización se calculase por un total de 106.620, 47 euros, desglosados conforme a las nóminas de diciembre de 2014 a noviembre de 2015 inclusive, es patente que, los parámetros de cálculo de la indemnización no fueron nunca pacíficos, tal y como se desprende de los propios actos de la demandante,quien firmó en disconformidad el documento de saldo y finiquito y admitió, en su escrito de recurso, que concurren discrepancias sobre los conceptos computables para el cálculo de la indemnización.

3. Dicha conclusión nos lleva, en aplicación de la doctrina expuesta, a la total desestimación del recurso, puesto que, la cuantificación de la indemnización por despido, cuando su cálculo no es pacífico, debe resolverse en el procedimiento de despido, puesto que, el cálculo de la indemnización constituye un efecto clave de la sentencia de despido, a tenor con lo dispuesto en el art. 108.1 LRJS ."

Las SSTS 825/2021, de 21 de julio (rec 1890/2019 ) y nº 624/2022 de 12 de julio (rec 1890/2019 ), reproducen el criterio consolidado de nuestro Alto Tribunal, cuando marca las directrices sobre qué procedimiento debe seguirse dependiendo lo que se reclama entorno a la indemnización en caso de despido, si el ordinario o el especial de despido. Así, ambas SSTS se apoyan en en la STS 1034/2016 de 23 e noviembre (rcud. 431/2014 ) y fijan la doctrina jurisprudencial en el siguiente sentido: "A) La STS 1034/2016 de 23 de noviembre (rcud. 431/2014 , Pleno), en un supuesto de despido objetivo en el que se cuestionaba la mayor indemnización derivada de la posible existencia y aplicación de una condición más beneficiosa, resolvió que el procedimiento adecuado era el de despido con los siguientes argumentos: "En primer lugar, la decisión es la más acorde con la doctrina tradicional de la Sala reiterada en el tiempo y que, por las razones expuestas en el Fundamento de Derecho anterior, no puede considerarse modificada. En efecto como se ha avanzado la Sala viene sosteniendo con reiteración que el proceso ordinario es adecuado cuando la pretensión dirigida al cobro de la indemnización que deriva del acto extintivo se limita exclusivamente a la reclamación de una cantidad no discutida o que deriva de unos parámetros de cálculo sobre los que no existe discrepancia entre las partes. Ahora bien cuando en el supuesto controvertido se pongan en cuestión la propia existencia de la indemnización o los elementos básicos para la determinación de la misma la propia naturaleza de la indemnización debida o, como ocurre en el presente caso, la validez de cláusulas contractuales que resulten determinantes para la configuración de la indemnización,el único procedimiento adecuado es el de despido".

En el supuesto de autos, del invariado relato fáctico de la sentencia se desprende que al actor se le comunica carta de despido objetivo, con efectos 31 de diciembre de 2021, fundamentada en el Acuerdo de 7 de Julio de 2021 por el que se pone fin al Expedientes de Despido y MSCT de carácter colectivo promovido por Caixabank, figurando en la misma la firma del trabajador sin objeción alguna.. En el Acuerdo de 7 de Julio de 2021, en su capítulo III dedicado a las"extinciones indemnizadas", consta: tanto la referencia a la modalidad de indemnización fraccionada en forma de renta temporal mensual equivalente, desde la fecha de extinción del contrato y hasta la fecha de cumplimiento de 63 años; como el descuento, en su caso, de una cuantía equivalente a la prestación por desempleo que se detalla en el Anexo adjunto.

Pues bien, en lo que respecta al procedimiento correcto para ventilar las reclamaciones formuladas por la parte actora, de cuanto se acaba de exponer es evidente que se viene a atacar la validez e interpretación del contenido de las estipulaciones pactadas en el ERE sobre el punto III destinado a las extinciones indemnizadas, que fueron las tenidas en cuenta para concretar la suma total indemnizatoria que recibió el trabajador recurrente.

Efectivamente, se cuestiona la estipulaciones referidas tanto al descuento en caso de abono de la prestación por desempleo lo que en los términos establecidos por el TS afecta a la "la validez de cláusulas contractuales que resulten determinantes para la configuración de la indemnización", tratándose de determinar si las cláusulas contractuales para determinar la indemnización por cese contenidas en el pacto en virtud del cual se resolvió el expediente de regulación de empleo a que se adhirió voluntariamente la trabajadora, son conformes a derecho, lo cual determina que la reclamación deba impugnarse por la vía del procedimiento de despido lo cual sirve para confirmar la decisión de inadecuación de procedimiento que se efectúa en la sentencia de instancia y la de caducidad de la acción de despido, que sería la adecuada para discutir lo que es objeto de esta contienda.

Sentado ello, no procedería entrar a analizar ninguna otra cuestión planteada ni en la demanda ni en el recurso que ahora resolvemos, desestimando el recurso y confirmando la sentencia de instancia, en los términos expuestos, siguiéndose con ello por un elemental principio de seguridad juridica proclamado en el art 9.3 de la CE , el criterio anteriormente establecido para supuestos idénticos en las Sentencias dictadas por esta Sala el 27 de marzo de 2025 en el rec 800/2024 , el 3 de abril de 2025 en el rec 883/2024 , el 29 de mayo de 2025 en el rec 1459/2024 , que no son firmes al estar pendientes de ser resueltos los recursos de casación en unificación de doctrina interpuestos contra las mismas por los trabajadores , asi como en las recientes Sentencias dictadas el 12 de junio de 2025 en el rec 1742/2024 que se encuentra en tramite de unificación de doctrina o las de 26 de junio de 2025 (3) en los rec 1729/2024, 1740/24 y 1741/2024 ,estas últimas tres firmes .

CUARTO.-En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS, dada la condición del recurrente de beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita, no procede la imposición de costas.