Sentencia Social 2586/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2362/2023 de 18 de septiembre del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia desestimó la demanda interpuesta por el actor contra la empresa "Murprotect España S.L." en impugnación de despido por estar caducada la acción para recurrir, estimando parcialmente la reclamación de cantidad que acumuló a dicha demanda por desempeñar trabajos de superior categoría de arquitecto técnico, tiene reconocida en la empresa la categoría de auxiliar técnico, condenando a la empresa "Murprotect España S.L." a abonar al actor la cantidad de 12.592,34 € correspondiente a la anualidad anterior a la fecha del despido disciplinario el día 27 de enero de 2.020, cantidad que devengará el interés del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, desestimando su reclamación en concepto de comisiones de Málaga, por lo que la sentencia ha sido recurrida por ambas partes.

El actor pretende en su recurso por la vía del apartado b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que se deje sin efecto la estimación de la excepción de caducidad de la acción por producirse el despido el 27 de enero de 2.020 y presentarse la papeleta ante el CMAC el día 18 de febrero de 2.020, interponiéndose la demanda el día 11 de noviembre de 2.020.

Para ello solicita la modificación del hecho probado 7º de la sentencia, párrafo 2º, en el que se declara que "El CMAC emitió certificado de presentación de solicitud de conciliación e imposibilidad de celebración de la misma con fecha 25 de junio de 2.020"para que se haga constar que "La fecha de notificación real de esa certificación fue el 5 de noviembre de 2.020", revisión que no podemos aceptar por ser innecesaria la celebración del acto de conciliación ante el CMAC para interponer la demanda por despido, bastando que transcurran quince días sin haberse podido celebrar, por lo que la certificación anterior carece de trascendencia para modificar el sentido del fallo.

La revisión fáctica de la sentencia exige conforme a reiterada doctrina jurisprudencial interpretativa del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, aplicable al caso por ser el precepto equivalente al actual artículo 193 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que se cumplan los siguientes requisitos: " a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido omitido o introducido erróneamente en el relato fáctico. b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. c) Que se ofrezca el texto alternativo concreto que deba figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia.".( sentencias del Tribunal Supremo de 20 marzo 2012 (RJ 2012\5110) y 10 de diciembre de 2.009 (rec. 74/2009 ) ( RJ 2010, 1430), con cita de las sentencias de 6 de julio de 2.004 (RJ 2004, 6959) (rec. 169/03), 18 de abril de 2.005 (RJ 2005, 4509) (rec. 3/2004), 12 de diciembre de 2.007 (RJ 2008, 3018) ( 25/2007) y 5 de noviembre de 2.008 (RJ 2008, 7408), (rec. 74/2007).

La trascendencia para modificar el sentido del fallo, entendida como utilidad o necesariedad de la modificación fáctica para invertir o alterar el signo del fallo de la sentencia recurrida, es un requisito necesario para acceder a la revisión fáctica de la sentencia, pues si la misma va a confirmarse al no producirse infracción normativa o jurisprudencial, o bien no se precisa la alteración fáctica para ser revocada total por parcialmente, resulta innecesaria la revisión de hechos, salvo que la alteración sea precisa para el supuesto de revisión del criterio de esta Sala por el Tribunal Supremo en un eventual recurso de casación por unificación de doctrina ( sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2.003).

En este sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo núm. 379/2017 de 28 abril (RJ 2017\2768), en la que se declara que: "La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, «la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes» ( STS de 27 de marzo de 2000 (RJ 2000, 4794), recurso 2497/1999 ). Lo que conduce a rechazar aquéllas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente.".

En consecuencia debemos rechazar la revisión propuesta manteniendo inalterado el relato fáctico de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-En relación con el Derecho aplicado en la sentencia, el actor denuncia en su recurso la infracción de los artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil en relación con el artículo 35 de la Constitución Española, alegando que la empresa reconoció en el acto del juicio la improcedencia del despido para el caso de que no se estimara la excepción del caducidad de la acción alegada en primer lugar, por lo que la estimación de esta excepción favorecería el fraude de ley, motivo jurídico que no puede prosperar ya que la caducidad de la acción está fundada en la dejación por parte del actor o su representante legal en el ejercicio de la acción de impugnación del despido, por lo que el Juzgado no puede amparar, ni convalidar la actuación negligente del actor que ha dejado transcurrir el plazo sin interponer la correspondiente demanda por el hecho de que la empresa reconociera en el acto del juicio la improcedencia del despido, cuestión sobre la que no se puede pronunciar la sentencia por caducidad de la acción.

El instituto de la caducidad, es definido por la doctrina como «aquella figura que determina, de modo automático e inexorable, la extinción de ciertos derechos, poderes o facultades, si no se realiza un acto específico dentro del plazo fijado a tal efecto por la ley», en los procesos despido la acción impugnatoria del despido caduca por el transcurso de 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiera producido éste, como disponen los artículos 59.3 del Estatuto de los Trabajadores y 103.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

La caducidad de la acción se justifica en la necesidad, de interés general, de que la relación de trabajo no permanezca incierta más allá del plazo de veinte días, para de esta forma facilitar que el empresario pueda contratar nuevos trabajadores y la del despedido de buscar nuevo empleo, de aquí que al referido plazo de caducidad le sea asignada naturaleza sustantiva y no procesal ( sentencias del Tribunal Supremo de 14 junio de 1988 y 9 de abril de 1.990).

Esta institución está fundada en el principio de seguridad jurídica garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución Española, y tiene la condición de orden público procesal lo que obliga a examinar la concurrencia de esta excepción y a apreciarla incluso de oficio, decisión compatible con los principios de tutela efectiva y proscripción de toda indefensión, al tener las partes oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga ( sentencias del Tribunal Supremo 4 mayo 1984, 14 junio 1985, 28 de junio de 1986 y 12 de julio de 1.988), por ello los plazos para interponer la demanda se suspenden por las causas marcadas expresamente en la Ley y no por otras diferentes.

En el mismo sentido el Tribunal Constitucional ha declarado en su sentencia nº 265/2.006 de 11 de septiembre que "El instituto de la caducidad de la acción constituye una de las causas legales impeditivas de un pronunciamiento sobre el fondo y, como tal presupuesto procesal establecido legalmente en aras del principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 Constitución Española ), no vulnera por sí mismo el derecho a la tutela judicial efectiva, como tampoco se deriva ninguna lesión de su correcta aplicación por parte de los órganos judiciales, ya que los plazos en que las acciones deben ejercitarse no se encuentran a disposición de las partes ( sentencias del Tribunal Constitucional nº 214/2002, de 11 de noviembre, F. 5 ; 252/2004, de 20 de diciembre, F. 5 ; 64/2005, de 14 de marzo , F. 2).

A tenor de la doctrina jurisprudencial expuesta hemos de confirmar la estimación de la excepción de caducidad alegada por la empresa "Murprotect España S.L.", ya que el despido se produjo el día 27 de enero de 2.020, presentándose la solicitud de conciliación ante el CMAC el día 18 de febrero de 2.020, por lo que habían transcurrido 15 días hábiles a la fecha de presentación de esta solicitud de conciliación, pudiendo reiniciarse el cómputo del plazo de caducidad no sólo el día después de celebración del acto de conciliación ante el CMAC, que por la pandemia Covid no pudo celebrarse, sino también "transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado",como establece el artículo 65.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, si esta fecha es anterior a la prevista para la celebración de la conciliación ante el CMAC, por lo que el plazo de cómputo de la caducidad de la acción debió reanudarse el 11 de marzo de 2.020, una vez transcurridos estos 15 días hábiles sin celebrarse la conciliación ante el CMAC, por haber sido fiesta el 28 de febrero, restando sólo 5 días hábiles para interponer la demanda, de los que consumió dos antes de que la Disposición Adicional 4ª del Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma por el Covid suspendiera el cómputo del plazo de caducidad desde esa fecha.

Esta situación excepcional concluyó el 4 de junio según el artículo 10 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por lo que a partir de dicha fecha debería haber interpuesto la demanda de impugnación del despido en un plazo 3 días hábiles, plazo que finalizó contando el día de gracia el 10 de junio de 2.020, por lo que presentada la demanda el 11 de noviembre la acción había caducado.

En consecuencia habiendo transcurrido con exceso el plazo para el ejercicio de la acción impugnatoria del despido disciplinario conforme al artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, sin que tenga efecto alguno para el cómputo del plazo de caducidad el certificado emitido por el CMAC informando que la conciliación ante ese organismo no pudo celebrarse a consecuencia de la pandemia COVID, celebración que como hemos dicho es innecesaria, procede la desestimación del primer motivo de recurso y declarar caducada la acción para impugnar el despido.

TERCERO.-En el siguiente motivo de recurso el actor impugna la desestimación de la reclamación 2.800 € en concepto de comisiones que contiene la sentencia "por no haber expuesto la causa de pedir",pretendiendo en el recurso suplir esta omisión alegando que corresponden a comisiones devengadas en la Delegación de Málaga, sin indicar el motivo por el que le corresponde el pago de las citadas comisiones que responden a las operaciones realizadas en las provincias de Málaga, Granada, Jaén y Almería, con las que no está vinculado el actor, ni las bases de cálculo de su importe, o la norma convencional o el pacto contractual que justifica el devengo de las mismas, por lo que no es suficiente alegar que la documentación aportada para justificar su pretensión no ha sido objeto de impugnación por la empresa, lo que no es además cierto, para que se le condene a la empresa "Murprotec España S.L." al pago de esta cantidad, lo que nos conduce a desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el actor.

CUARTO.-El recurso interpuesto por la empresa "Murprotec España S.L.", por la vía del apartado b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, tiene como finalidad que se deje sin efecto la condena al pago de cantidad que contiene la sentencia de instancia al desempeñar el actor funciones de auxiliar técnico y no de arquitecto técnico como reclamó en la demanda y reconoció la sentencia.

Para ello pretende que se modifique el hecho probado 6º de la sentencia, en el que se menciona diversa documentación de la empresa en la que se reconoce al actor la categoría profesional de arquitecto técnico, para que enumeren diversos informes en suscritos con la categoría de "técnico", motivo de recurso que no puede prosperar por su intrascendencia para modificar el sentido del fallo, ya que dicha mención no es equivalente a la de "auxiliar técnico" que es la categoría que tiene reconocida por la empresa, por lo que dichos informes no pueden suponer el reconocimiento por el actor de la categoría como pretende la empresa.

Igualmente debemos rechazar la inclusión de un nuevo hecho probado en el que se declare que "En el organigrama de la empresa no aparece el puesto de arquitecto técnico" revisión que tampoco puede prosperar ya que se justifica en un documento elaborado por la propia empresa que no reúne las notas de fehaciencia, veracidad e idoneidad necesarias para que proceda la revisión fáctica de la sentencia, por lo que debemos desestimar las revisiones solicitadas dejando inalterado el relato fáctico de la sentencia de instancia.

QUINTO.-En relación con el Derecho aplicado en la sentencia la empresa "Murprotec España S.L." pretende en el recurso que se deje sin efecto la condena al pago de cantidad que contiene la sentencia por no desempeñar funciones de arquitecto técnico, sino de auxiliar técnico al dedicarse la empresa a realizar obras menores para el tratamiento de humedades.

Para ello denuncia, por la vía del apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por estar el actor bien encuadrado en el grupo profesional 4 del Convenio Colectivo del sector de la construcción, publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2.017, en cuyo Anexo X se encuentra la definición de los diferentes grupos profesionales.

En este convenio el grupo profesional 4, que encuadra a los auxiliares técnicos como el actor, incluye a los "trabajadores que, dependiendo de otros de más alta cualificación, ejecutan tareas que requieren conocimientos técnicos y prácticos avanzados del oficio o de la profesión, ya que desempeñan sus funciones con cierta autonomía.

Coordinan o realizan un seguimiento de pequeños grupos de trabajadores de menor cualificación y experiencia.",definiéndose como tareas propias de esta categoría profesional " Área de gestión técnica, diseño y planificación.

1. Delinear proyectos sencillos, realizar levantamientos de planos de conjunto y detalle partiendo de la información recibida, efectuando los trabajos necesarios y proporcionando las soluciones requeridas.

Área de producción y actividades asimiladas.

1. Todas las tareas incluidas en el grupo anterior (asociadas al área de producción).

2. Controlar y regular los procesos de producción que generan transformación del producto.

3. Organizar los trabajos de operarios de cualificación inferior, siguiendo las directrices especificadas en la documentación técnica así como las indicaciones de su superior.

4. Describir los métodos y procedimientos de ejecución a la «cuadrilla» a pie de tajo.

5. Planificar a corto plazo los recursos a disponer en el tajo.

6. Interpretar planos y croquis de cierta complejidad.

7. Conducir y operar con vehículos y maquinaria pesada empleada para el transporte, arrastre, movimiento y compactación de tierras, sondeos, suspensión de cargas, derribo y demolición, cimentaciones especiales, etc.

8. Manejar máquinas y equipos de trabajo que requieren estar en posesión de un carné profesional habilitante.

Área de servicios transversales.

1. Supervisar el archivo y la reproducción de los documentos, así como apoyar la ejecución de la obra, siguiendo las instrucciones recibidas por un superior o responsable.

2. Redactar la correspondencia comercial, el cálculo de precios a la vista de las ofertas recibidas, la recepción y tramitación de los pedidos.

3. Realizar actividades elementales de cálculo de salarios, valoración de costes, funciones de cobro y pago, etc., dependiendo y ejecutando directamente las órdenes de un mando superior.

4. Realizar actividades de archivo, registro, cálculo, facturación o similares que requieran algún grado de iniciativa.

5. Realizar funciones básicas de gestión y asesoramiento en las diferentes áreas de la empresa (comercial, producción, administración, calidad, I+D+I, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, recursos humanos, etc.).

6. Realizar actividades de venta y comercialización de productos y servicios que requieran técnicas no complejas, tales como: demostración, comunicación de precios y condiciones de crédito y entrega, tramitación de pedidos, etc.

7. Controlar y realizar un seguimiento de las operaciones de mercancías del almacén, asegurando la calidad y optimización de la cadena logística.".

En este caso las tareas que desempeña el actor están bien encuadradas como las propias de un auxiliar técnico, ya que desempeña sus funciones con autonomía pero bajo las órdenes del Jefe Técnico, correspondiéndole realizar un control visual de las humedades a tratar, examinando grosores de los muros y proporcionando al cliente información sobre los procedimientos que se van a utilizar, cumplimentando los documentos necesarios para que la empresa asuma el encargo y los controles técnicos, que no son firmados por él sino por el Jefe Técnico, controlando la ejecución de la obra y el secado, así como resolviendo las consultas, reclamaciones y servicio postventa, por lo que realiza una función semejante a un comercial y supervisor de la obra, para la que no se requiere los especiales conocimientos que corresponden a un arquitecto técnico.

En consecuencia, su encuadramiento en el grupo profesional 6º, del convenio que corresponde a los titulados de grado medio es excesivo e inadecuado, ya que este grupo incluye a "los trabajadores que disponen de una gran autonomía en la planificación de su trabajo y asumen la responsabilidad de alcanzar objetivos definidos de manera global. Pueden realizar tareas técnicas complejas en el marco de un proyecto o diseño ya establecido o en el que colaboran. Tienen una gran capacidad para solucionar problemas frecuentes de su trabajo y otros nuevos o excepcionales. Asimismo, se caracterizan por la importancia de la organización de los trabajadores a su cargo, habitualmente con responsabilidad de mando.".

Este grupo profesional realiza tareas en el " Área de gestión técnica, diseño y planificación.

1. Diseño y gestión de proyectos de edificación, obras civiles y marítimas, rehabilitación, urbanismo, aprovechamiento del terreno, etc.

2. Realizar mediciones y planos topográficos.

3. Analizar la composición y estructura del terreno y de los materiales, así como la localización de materiales mediante yacimientos, canteras y sondeos.

4. Llevar a cabo las actividades técnicas concernientes a la licitación de las obras.

Área de producción y actividades asimiladas.

1. Gestionar, tanto el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras, como los métodos de control, los planes de obra, de calidad así como de seguridad y salud laboral.

2. Verificar el resultado final de la ejecución de la obra en su conjunto.

3. Gestionar técnicamente y controlar económicamente el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras.

4. Gestionar y controlar la documentación de la obra.

5. Planificar y organizar la obra.

6. Elaborar las mediciones y certificaciones.

7. Coordinar a los proveedores y empresas subcontratistas que colaboran y participan en la ejecución de la obra.

Área de servicios transversales.

1. Organizar y coordinar tareas heterogéneas en las diferentes áreas de la empresa (comercial, producción, administración, calidad, I+D+I, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, recursos humanos, etc.). Ello puede conllevar funciones de gestión orientadas a los planes generales de la empresa, así como tareas técnicas en toda clase de proyectos, bajo la dirección de alguno de los grupos superiores, ordenando y dirigiendo la ejecución práctica de dichas tareas.

2. Desarrollar funciones de nivel superior en materia de prevención de riesgos laborales, según lo establecido por la normativa de aplicación.

3. Organizar y gestionar las compras así como la dotación de bienes y servicios.".

Estas tareas exceden de las que realiza el actor que se limita al tratamiento de humedades localizadas, para lo que no se necesitan planos, ni proyectos, sólo aplicar los tratamientos que desarrolla la empresa para solventar las humedades producidas por capilaridad, filtración o condensación, que son tratamientos realizados por otros trabajadores de la empresa, limitándose el actor a controlar la humedad y gestionar el pedido.

El hecho de que en alguna documentación ocasional realizada en diciembre de 2.016, mayo de 2.019 y julio de 2.018, es decir, menos de una vez al año, figure como arquitecto técnico no es motivo suficiente para reconocerle el derecho a las diferencias salariales con esta superior categoría profesional cuando no realiza las funciones características de la misma, que exigen no sólo una mayor autonomía en el desempeño de sus funciones, sino también que éstas revistan mayor complejidad que las que realiza el actor que están fundamentalmente encuadradas en la atención al cliente, lo que nos conduce a estimar el recurso de suplicación interpuesto por la empresa "Murprotec España S.L." y a revocar la condena a cantidad que contiene la sentencia de instancia.