Sentencia Social 73/2026 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Social, Rec. 444/2025 de 19 de febrero del 2026

PRIMERO:La sentencia dictada en la instancia desestima la demanda interpuesta por D. Adriano contra el INSS, la TGSS, la empresa COMPUESTOS Y GRANZAS, S.A. y la MUTUA NAVARRA, confirmando la resolución del INSS de fecha 6 de febrero de 2023 y absolviendo a las codemandadas de los pedimentos contra ellas deducidos.

El sentido de la resolución del Juzgado no se comparte por la representación letrada del Sr. Adriano y, por ello, la recurre en suplicación a través del planteamiento de diversos motivos que pasamos a analizar y resolver seguidamente.

SEGUNDO:El recurrente principia su recurso efectuando una serie de alegaciones a través de lo que denomina motivo "previo"que no puede reconocerse, en realidad, como un motivo de suplicación de aquellos a los que se refiere el artículo 193 de la LRJS.

En las referidas alegaciones, el letrado del demandante recuerda que este recurso es el segundo que plantea frente a la decisión del Juzgado al haberse anulado la primera sentencia dictada en la instancia. También menciona cuáles son las intenciones que persigue el recurrente con la formalización del mismo y los defectos que fueron advertidos por esta Sala cuando procedió a anular la primera decisión judicial dictada. Critica la forma de valorar la prueba practicada en el plenario por parte de la juzgadora de instancia y defiende la necesidad de que, por parte de la Sala, se entre a valorar en esta ocasión el fondo del asunto. De igual modo, pone de manifiesto las contradicciones argumentativas en las que, a su entender, incurre la resolución recurrida y concluye que, desde su percepción, el demandante debe ser declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

Pues bien, este motivo "previo" del recurso no contiene petición alguna, ni conforma ninguno de los objetos de suplicación a los que se refiere el artículo 193 de la Ley Procesal Laboral y, por ello, no merece más consideración que la que acabamos de expresar, sin que debamos adoptar al respecto decisión alguna.

TERCERO:El primer motivo del recurso, reconocible como tal, se destina a intentar revisar el relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida.

En el desarrollo de este motivo de suplicación, el recurrente no solo se limita a postular modificaciones fácticas concretas, sino que, entre otras cosas, aprovecha la pretensión revisora para reprochar a la sentencia de instancia que no haya valorado los informes médicos que cita la Dra. Palmira en el informe pericial que fue aportado a las actuaciones, y que tampoco haya señalado la razón por la que no ha efectuado la referida valoración.

Pese a este reproche, el recurrente no plantea motivo suplicatorio alguno en el que afirme la vulneración de normas o garantías procedimentales causantes de indefensión, indefensión que, dicho sea de paso, en modo alguno se prueba.

1.-Dicho esto, debemos manifestar que la parte recurrente propone la eliminación completa de los hechos sexto y séptimo de la sentencia de instancia, por entender que no reflejan la situación real del actor, ni sus patologías reales, ni las limitaciones que aquellas le producen en su trabajo.

A este respecto manifiesta su disconformidad con que, por ejemplo, en el hecho probado séptimo no se haga referencia a la presencia de una "pérdida"de fuerza en la mano izquierda o que se diga que el dolor neuropático que padece es "residual".

Considera que la redacción de los hechos probados sexto y séptimo se aparta del contenido de la prueba pericial practicada y no refleja la situación clínico funcional del demandante y, por ello propone una redacción alternativa para tales hechos, postulando que la supresión de aquellos se acompañe de la adición al relato de un nuevo hecho sexto con el siguiente contenido:

"Del estudio documental aportado y de las entrevistas clínicas y exploración directas del paciente, se desprende que D. Adriano, presenta en el momento actual el siguiente CUADRO CLÍNICO RESIDUAL derivado de accidente de trabajo (12-02-021):

-Amputación traumática a nivel IFD ("interfalanges distales, añade el letrado que suscribe") de los dedos 3º, 4º y 5º de mano izquierda y heridas en 2º dedo, intervenido quirúrgicamente mediante remodelación de amputaciones y cierre y sutura de heridas de los dedos.

-Neuromas en los muñones de los 3 dedos, intervenidos mediante liberación (25-01-22).

-Persistencia de afectación de las ramas sensitivas distales de nervios mediano y cubital en dedos 3º y 5º (ENG, electroneurograma, añade el presente letrado, de Mayo 2022).

-Dolor neuropático en cara palmar de ESI ("extremidad superior izquierda, añade el letrado que suscribe"), en tratamiento en Unidad del Dolor."

Dolor neuropático en cara palmar de ESI, en tratamiento en Unidad del Dolor desde Noviembre 2022 (radiofrecuencia de nervio periférico, ciclos de lidocaína, analgesia de 2º escalón y refuerzo con antidepresivo, pendiente de ciclo de ketamina...), sin respuesta favorable a ninguno de los tratamientos, persistiendo alodinia e hiperalgesia intensa en la mano; dolor intenso al roce desde zona de iniciación de los dedos hacia muñón con una intensidad de 7-8/10 durante el día con crisis de alta intensidad de una de duración aproximadamente, hasta 5/día y empeoramiento nocturno del dolor que afecta al sueño (insomnio de conciliación y mantenimiento, 3 horas seguidas como máximo, aproximadamente).

Situación secuelar que ocasiona las siguientes limitaciones funcionales, al impedir al paciente realizar de forma efectiva todas aquellas actividades que impliquen:

-Cualquier tipo de actividad manual con la mano izquierda, por dolor intenso, por falta de destreza manipulativa, por imposibilidad de completar puño, por pérdida de fuerza y por pérdida de fuerza y por limitación a la movilidad.

-Aplicaciones de fuerza y sujeción o tracción con extremidad izquierda, o con ambas por la necesidad de bimanualidad.

-Manejo de pesos con la extremidad superior izquierda o con ambas extremidades, bien por el volumen del objeto, bien porque el peso requiera la bimanualidad (levantar, cargar, transportar y/o manejar.

-Exposición a ambientes fríos.

De lo expuesto se desprende que las secuelas anatómicas y funcionales del paciente, en las que cobra esencial importancia la persistencia del dolor neuropático residual intenso-severo (7- 8 10 en la Escala Analógico Visual) a pesar de los distintos tratamientos administrados en la Unidad del Dolor, le ocasionan una pérdida de funcionalidad para realizar actividades con la mano izquierda y gran dificultad para todo tipo de actividad manual, que requieran fuerza de prensión, destreza agilidad o sincronización, tanto para el uso exclusivo de dicha extremidad como en el desarrollo de actividades de corte bimanual, teniendo en cuenta además que la situación residual de la mano izquierda incrementa el riesgo de accidentabilidad".

El texto propuesto se soporta en los informes médicos emitidos por la Dra. Palmira el 3 de marzo de 2023 (doc. 9 del EJE) y de 6 de septiembre de 2024 (elemento 75 del EJE).

Pues bien, la pretensión de revisión no puede ser estimada por varias razones:

1º.- Porque la juzgadora de instancia ha considerado, analizado y valorado la prueba pericial que ahora sirve de soporte a la solicitud de revisión. A este respecto, es suficiente acudir al fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida para comprobar la realidad de este aserto.

2º.- Porque el cuadro clínico funcional que se refleja en la sentencia de instancia no se basa solo en el resultado de la prueba pericial de la Dra. Palmira, sino que también en la valoración de los informes médicos aportados a las actuaciones como prueba documental, en el informe emitido por el Dr. Benigno, así como en el del detective privado obrante en autos.

De esta forma, lo realmente pretendido por el recurrente es, simple y llanamente, sustituir el criterio judicial de valoración de prueba, objetivo, imparcial y amparado en la contemplación de la totalidad de la prueba practicada, por otro criterio distinto, el de quien recurre, subjetivo, necesariamente parcial y que solo toma como referencia unos párrafos concretos de una parte elegida de la prueba pericial practicada, lo que supone olvidar la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación y que en el mismo, las funciones de valoración de prueba se atribuyen a los juzgadores de instancia, no pudiendo corregirse por esta Sala salvo en los casos de errores valorativos evidentes que, en este caso, no se aprecian.

3º.- Porque, como es de sobra conocido, el hecho de dar preferencia a unos informes médicos respecto de otro u otros no supone error en la valoración de prueba, sino la mera actualización de las funciones valorativas a las que nos hemos referido en el numeral anterior.

4º.- Porque los informes médicos del Dr. Benigno y de la Dra. Melisa, que como ya hemos dicho han sido valorados por la juez "a quo" para establecer el cuadro clínico funcional del demandante, permiten establecer la existencia de una contradicción evidente entre las referencias del demandante a nivel funcional y la realidad objetivada a través de las pruebas médicas realizadas, circunstancia que permite sostener que el texto propuesto, en modo alguno se desprende de forma directa y sin contradicciones del informe que le sirve de base.

A ello hay que añadir que el informe del detective, al que también se refiere la magistrada de instancia, no hace sino confirmar la realidad de una funcionalidad incompatible con los términos en los que el actor plantea su cuadro de lesiones y limitaciones.

2.-También pretende el recurrente la adición al relato de hechos de la sentencia de un hecho nuevo, que sería el séptimo, con el siguiente contenido:

"Con fecha de 06 de octubre de 2022 el Departamento de Vigilancia de la Salud de Riesgo y Trabajo, S.L. emite el certificado de aptitud médica del trabajador Adriano en el que se especifican las siguientes restricciones:

-Restricción a tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción.

Posteriormente y con fecha 14 de octubre de 2022 el Departamento Técnico procede a realizar la evaluación de riesgos específicos para el trabajador en el puesto de Almacén y manejo de carretilla con estas restricciones:

-El trabajador tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción por lo tanto no realizará manipulación manual de cargas.

-El trabajador tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción por lo tanto, no realizará manipulación de cargas.

-El trabajador tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción por lo tanto, no subirá por escalas ni escaleras auxiliares.

Así mismo, se recomienda la realización de pausas y rotación de tareas compatibles con dichas restricciones enumeradas."

La propuesta de texto se basa en el informe de la empresa Riesgo y Trabajo de 11 de noviembre de 2022 (doc. 8 del EJE) y puede ser aceptada.

Los informes del servicio de prevención de la empresa han sido valorados por la magistrada de instancia y tienen reflejo en el hecho probado sexto de su sentencia, siendo lo cierto que el recogido en el mismo es de fecha posterior al que sirve de base a la petición y, en consecuencia, determina más certeramente las limitaciones del demandante.

Por otro lado, el texto que se propone nada aporta al pleito con influencia en su resultado pues ha sido declarado apto con restricciones para el desarrollo de su trabajo y, como apuntamos, las limitaciones funcionales establecidas por el Servicio de Prevención ya se recogen con suficiencia en la sentencia recurrida.

CUARTO:En vía de censura jurídica, el recurrente defiende que la declaración de hechos probados es manifiestamente insuficiente y contradictoria, a lo que añade, en comprimido resumen, que las lesiones y limitaciones que presenta le hacen acreedor del reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

1.-Pese a la alegación de insuficiencia de hechos probados, la parte recurrente no plantea ningún motivo suplicatorio al amparo del artículo 193.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, circunstancia que limita de forma evidente la posibilidad de su estimación.

De todos modos, y como quiera que la insuficiencia de hechos puede ser analizada y apreciada incluso de oficio al ser una cuestión que afecta al orden público procesal, deberemos analizar si tal resolución judicial cumple con las exigencias establecidas en el artículo 97.2 de la Ley Procesal Laboral, pues de no hacerlo debería declarase su nulidad para posibilitar el dictado de otra resolución que cumpla con las mismas y posibilite el ejercicio real del derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a los litigantes.

Como esta Sala ha repetido en múltiples ocasiones, la juzgadora de instancia debe recoger en la declaración fáctica de su sentencia todos los hechos que puedan tener interés para resolver la cuestión debatida. Declaración que no solo deberá reflejar los hechos que le basten para dictar la sentencia que estime correcta, sino que deberá redactarse con la amplitud precisa para que el tribunal superior, en este caso, este TSJ, pueda decidir del modo que considere justo.

Como tienen establecido las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en numerosas sentencias, tanto el artículo 97.2 LRJS cuando establece que la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de lo que haya sido objeto de debate en el proceso y, apreciando los elementos de convicción, declarar expresamente los hechos que estime probados; como el artículo 248.3 LOPJ cuando dice que "en la sentencia se expresen los hechos probados",han de interpretarse en el sentido de que la juzgadora a quodebe constatar no sólo lo que considere acreditado y le sirva para dictar su sentencia, sino también todo aquello que sea necesario para que el tribunal ad quempueda pronunciar la suya, concordante o no con la recurrida, y conforme o no con las pretensiones del recurrente, de manera que es facultad exclusiva y excluyente del Tribunal Superior apreciar la insuficiencia de la declaración de hechos probados como vicio insuperable que lleva consigo la nulidad de la resolución judicial de instancia, con la finalidad de que se pronuncie una nueva sentencia que incluya los elementos mínimos precisos para estudiar y solucionar todas las acciones y excepciones ejercitadas en el pleito.

Esta necesidad de "motivación fáctica" no es solamente una exigencia de la legislación orgánica u ordinaria, sino también de la Constitucional.

En aplicación práctica de lo anteriormente expuesto, una constante y extendida doctrina jurisprudencial, elaborada por los distintos Tribunales del Orden Jurisdiccional Social, ha venido declarando la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia cuando las mismas omiten datos esenciales en los "hechos probados" que el tribunal ad quemconsidera necesarios, a los efectos de fundamentar la sentencia de suplicación o casación.

En definitiva, la nulidad de la sentencia deberá declarase en aquellos supuestos en los que la resolución no haya reflejado todos los hechos integrantes del debate procesal que sean relevantes para la eventual solución del recurso, causando indefensión.

Recientemente, la Sala de lo Social del TS, en sentencia de 27 de mayo de 2025 (rec. 9/2024) ha concretado, aún más si cabe, su doctrina sobre la insuficiencia de hechos probados.

En el caso analizado no es posible apreciar el defecto que se afirma por la parte recurrente. La sentencia recurrida contiene todos los datos fácticos necesarios para dar respuesta adecuada a la pretensión del actor sobre el reconocimiento de un grado de incapacidad. Así, y en lo que ahora interesa, establece las lesiones y limitaciones del demandante, su alcance y su significación. Recoge la profesión del reclamante y las tareas que debe desempeñar en el desarrollo de la misma, así como los demás datos de hecho necesarios para establecer la situación clínico funcional del demandante en relación a las exigencias de su ocupación laboral habitual.

En consecuencia, no es posible apreciar insuficiencia fáctica en la resolución recurrida.

2.-Por lo que se refiere a la petición de reconocimiento de un grado de incapacidad, observamos que en el recurso el recurrente solo postula el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, abandonando la pretensión subsidiaria inicialmente deducida en su escrito de demanda.

Como soporte de esta petición el recurrente cita los artículos 193 y concordantes de la LGSS, sin efectuar concreción alguna sobre las normas o sobre los párrafos de las normas que se considera realmente vulnerados.

Llegados a este punto debemos recordar que, de acuerdo con el artículo 193.1 TRLGSS, la invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y, por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de tareas específicas para su profesión, y proceder a declarar la invalidez permanente total ( artículo 194.1.b) del actual TRLGSS) cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia y con rendimiento económico aprovechable y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS de 11-11-86 [RJ 1986\6326], 29-10-87 [ RJ 1987\7419], 15-9-1987 [ RJ 1987\6201], 6-11-1987 [RJ 1987\7831], 28-12-88 [RJ 1988\9935], entre otras). De todos modos, lo importante a la hora de dictaminar el grado de invalidez, no es tanto la existencia de una descripción más o menos prolija de las enfermedades padecidas por el trabajador, sino las secuelas y limitaciones que tales procesos patológicos comportan, por lo que habrá que estarse más que a las dolencias que se presentan, a la merma de capacidad laboral que produzcan.

A este respecto, debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y, en su caso, a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

Como consta en el inalterado relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, el demandante padece una amputación traumática a nivel F de los dedos tercero cuarto y quinto de mano izquierda, y heridas en segundo dedo. Fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, para remodelación de amputaciones y cierre y sutura de heridas de los dedos, así como liberación de neuromas en los muñones de los tres dedos.

Presenta dolor neuropático en tratamiento en unidad de dolor desde noviembre de 2022, lo que le produce falta de destreza manipulativa en mano izquierda por pérdida de fuerza limitación a la movilidad y limita la fuerza de sujeción o tracción con extremidad izquierda, el manejo de pesos con extremidad superior izquierda. Ahora bien, como consta probado, la existencia de dolor neuropático es residual y no le limita de manera sustancial las actividades de vida cotidiana.

Presenta también un trastorno de adaptación que va resolviéndose progresivamente de manera favorable.

En la actualidad, tal y como se refiere en el hecho sexto de esta resolución, se le considera apto con restricciones para el puesto de trabajo de carretillero declinando la aplicación de medidas especiales para la conducción del citado vehículo.

Es evidente que, teniendo en consideración el cuadro de lesiones y litaciones descrito, existen funciones o tareas concretas en el almacén y manejo de carretillas para las cuales el actor tiene limitaciones. Así, y como consta en la fundamentación de la sentencia recurrida, tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción no pudiendo realizar manipulación manual de cargas y tiene también restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción no pudiendo subir por escalas ni escaleras auxiliares. Ahora bien, puede realizar tareas compatibles con esas restricciones. De hecho, ha sido declarado apto por el servicio de prevención de la empresa, si bien con restricciones.

A este respecto, y como recoge con valor fáctico la fundamentación de la sentencia recurrida, el propio actor declinó la adaptación del volante de la carretilla para hacer su trabajo. A mayor abundamiento, queda acreditado que el actor puede realizar el resto de actividades que componen el grupo profesional III al que pertenece, según su contrato de trabajo, lo que se compadece con el contenido del informe de detectives aportado a las actuaciones y valorado en la instancia.

En definitiva, en la evolución actual de las lesiones y limitaciones reconocidas, éstas carecen de la entidad necesaria para permitir el acceso al grado pretendido en el recurso que, como ya hemos manifestado, se circunscribe a la petición de una incapacidad permanente total.

De todos modos, y siquiera sea a mayor abundancia, es lo cierto que no se ha practicado prueba bastante que acredite que las limitaciones del demandante provocan una redacción en su rendimiento en el grado porcentual establecido en la norma de aplicación como necesario para reconocérsele una incapacidad permanente parcial para su profesión habitual. A este respecto, la sentencia recurrida establece que (sic) "el déficit funcional y la capacidad residual del trabajador no supera el porcentaje de un 33% del habitual, ni supone una mayor penosidad en el desempeño de la profesión, tal y como se acredita en el manejo de su vida diaria, en la que, entre otras actividades, tal y como se deduce no solamente de las exploraciones físicas médicas sino también de informe del detective privado contratado por mutua Navarra, conduce su propio vehículo, acude a entrenamientos de fútbol o partidos ya que es entrenador de fútbol con niños, durante dos días a la semana, sin perjuicio de que en momentos álgidos, pueda ser tributario de una situación de incapacidad temporal".

Por lo dicho, el recurso debe desestimarse y ser confirmada en su totalidad la resolución recurrida, sin expresa condena en costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO:La sentencia dictada en la instancia desestima la demanda interpuesta por D. Adriano contra el INSS, la TGSS, la empresa COMPUESTOS Y GRANZAS, S.A. y la MUTUA NAVARRA, confirmando la resolución del INSS de fecha 6 de febrero de 2023 y absolviendo a las codemandadas de los pedimentos contra ellas deducidos.

El sentido de la resolución del Juzgado no se comparte por la representación letrada del Sr. Adriano y, por ello, la recurre en suplicación a través del planteamiento de diversos motivos que pasamos a analizar y resolver seguidamente.

SEGUNDO:El recurrente principia su recurso efectuando una serie de alegaciones a través de lo que denomina motivo "previo"que no puede reconocerse, en realidad, como un motivo de suplicación de aquellos a los que se refiere el artículo 193 de la LRJS.

En las referidas alegaciones, el letrado del demandante recuerda que este recurso es el segundo que plantea frente a la decisión del Juzgado al haberse anulado la primera sentencia dictada en la instancia. También menciona cuáles son las intenciones que persigue el recurrente con la formalización del mismo y los defectos que fueron advertidos por esta Sala cuando procedió a anular la primera decisión judicial dictada. Critica la forma de valorar la prueba practicada en el plenario por parte de la juzgadora de instancia y defiende la necesidad de que, por parte de la Sala, se entre a valorar en esta ocasión el fondo del asunto. De igual modo, pone de manifiesto las contradicciones argumentativas en las que, a su entender, incurre la resolución recurrida y concluye que, desde su percepción, el demandante debe ser declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

Pues bien, este motivo "previo" del recurso no contiene petición alguna, ni conforma ninguno de los objetos de suplicación a los que se refiere el artículo 193 de la Ley Procesal Laboral y, por ello, no merece más consideración que la que acabamos de expresar, sin que debamos adoptar al respecto decisión alguna.

TERCERO:El primer motivo del recurso, reconocible como tal, se destina a intentar revisar el relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida.

En el desarrollo de este motivo de suplicación, el recurrente no solo se limita a postular modificaciones fácticas concretas, sino que, entre otras cosas, aprovecha la pretensión revisora para reprochar a la sentencia de instancia que no haya valorado los informes médicos que cita la Dra. Palmira en el informe pericial que fue aportado a las actuaciones, y que tampoco haya señalado la razón por la que no ha efectuado la referida valoración.

Pese a este reproche, el recurrente no plantea motivo suplicatorio alguno en el que afirme la vulneración de normas o garantías procedimentales causantes de indefensión, indefensión que, dicho sea de paso, en modo alguno se prueba.

1.-Dicho esto, debemos manifestar que la parte recurrente propone la eliminación completa de los hechos sexto y séptimo de la sentencia de instancia, por entender que no reflejan la situación real del actor, ni sus patologías reales, ni las limitaciones que aquellas le producen en su trabajo.

A este respecto manifiesta su disconformidad con que, por ejemplo, en el hecho probado séptimo no se haga referencia a la presencia de una "pérdida"de fuerza en la mano izquierda o que se diga que el dolor neuropático que padece es "residual".

Considera que la redacción de los hechos probados sexto y séptimo se aparta del contenido de la prueba pericial practicada y no refleja la situación clínico funcional del demandante y, por ello propone una redacción alternativa para tales hechos, postulando que la supresión de aquellos se acompañe de la adición al relato de un nuevo hecho sexto con el siguiente contenido:

"Del estudio documental aportado y de las entrevistas clínicas y exploración directas del paciente, se desprende que D. Adriano, presenta en el momento actual el siguiente CUADRO CLÍNICO RESIDUAL derivado de accidente de trabajo (12-02-021):

-Amputación traumática a nivel IFD ("interfalanges distales, añade el letrado que suscribe") de los dedos 3º, 4º y 5º de mano izquierda y heridas en 2º dedo, intervenido quirúrgicamente mediante remodelación de amputaciones y cierre y sutura de heridas de los dedos.

-Neuromas en los muñones de los 3 dedos, intervenidos mediante liberación (25-01-22).

-Persistencia de afectación de las ramas sensitivas distales de nervios mediano y cubital en dedos 3º y 5º (ENG, electroneurograma, añade el presente letrado, de Mayo 2022).

-Dolor neuropático en cara palmar de ESI ("extremidad superior izquierda, añade el letrado que suscribe"), en tratamiento en Unidad del Dolor."

Dolor neuropático en cara palmar de ESI, en tratamiento en Unidad del Dolor desde Noviembre 2022 (radiofrecuencia de nervio periférico, ciclos de lidocaína, analgesia de 2º escalón y refuerzo con antidepresivo, pendiente de ciclo de ketamina...), sin respuesta favorable a ninguno de los tratamientos, persistiendo alodinia e hiperalgesia intensa en la mano; dolor intenso al roce desde zona de iniciación de los dedos hacia muñón con una intensidad de 7-8/10 durante el día con crisis de alta intensidad de una de duración aproximadamente, hasta 5/día y empeoramiento nocturno del dolor que afecta al sueño (insomnio de conciliación y mantenimiento, 3 horas seguidas como máximo, aproximadamente).

Situación secuelar que ocasiona las siguientes limitaciones funcionales, al impedir al paciente realizar de forma efectiva todas aquellas actividades que impliquen:

-Cualquier tipo de actividad manual con la mano izquierda, por dolor intenso, por falta de destreza manipulativa, por imposibilidad de completar puño, por pérdida de fuerza y por pérdida de fuerza y por limitación a la movilidad.

-Aplicaciones de fuerza y sujeción o tracción con extremidad izquierda, o con ambas por la necesidad de bimanualidad.

-Manejo de pesos con la extremidad superior izquierda o con ambas extremidades, bien por el volumen del objeto, bien porque el peso requiera la bimanualidad (levantar, cargar, transportar y/o manejar.

-Exposición a ambientes fríos.

De lo expuesto se desprende que las secuelas anatómicas y funcionales del paciente, en las que cobra esencial importancia la persistencia del dolor neuropático residual intenso-severo (7- 8 10 en la Escala Analógico Visual) a pesar de los distintos tratamientos administrados en la Unidad del Dolor, le ocasionan una pérdida de funcionalidad para realizar actividades con la mano izquierda y gran dificultad para todo tipo de actividad manual, que requieran fuerza de prensión, destreza agilidad o sincronización, tanto para el uso exclusivo de dicha extremidad como en el desarrollo de actividades de corte bimanual, teniendo en cuenta además que la situación residual de la mano izquierda incrementa el riesgo de accidentabilidad".

El texto propuesto se soporta en los informes médicos emitidos por la Dra. Palmira el 3 de marzo de 2023 (doc. 9 del EJE) y de 6 de septiembre de 2024 (elemento 75 del EJE).

Pues bien, la pretensión de revisión no puede ser estimada por varias razones:

1º.- Porque la juzgadora de instancia ha considerado, analizado y valorado la prueba pericial que ahora sirve de soporte a la solicitud de revisión. A este respecto, es suficiente acudir al fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida para comprobar la realidad de este aserto.

2º.- Porque el cuadro clínico funcional que se refleja en la sentencia de instancia no se basa solo en el resultado de la prueba pericial de la Dra. Palmira, sino que también en la valoración de los informes médicos aportados a las actuaciones como prueba documental, en el informe emitido por el Dr. Benigno, así como en el del detective privado obrante en autos.

De esta forma, lo realmente pretendido por el recurrente es, simple y llanamente, sustituir el criterio judicial de valoración de prueba, objetivo, imparcial y amparado en la contemplación de la totalidad de la prueba practicada, por otro criterio distinto, el de quien recurre, subjetivo, necesariamente parcial y que solo toma como referencia unos párrafos concretos de una parte elegida de la prueba pericial practicada, lo que supone olvidar la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación y que en el mismo, las funciones de valoración de prueba se atribuyen a los juzgadores de instancia, no pudiendo corregirse por esta Sala salvo en los casos de errores valorativos evidentes que, en este caso, no se aprecian.

3º.- Porque, como es de sobra conocido, el hecho de dar preferencia a unos informes médicos respecto de otro u otros no supone error en la valoración de prueba, sino la mera actualización de las funciones valorativas a las que nos hemos referido en el numeral anterior.

4º.- Porque los informes médicos del Dr. Benigno y de la Dra. Melisa, que como ya hemos dicho han sido valorados por la juez "a quo" para establecer el cuadro clínico funcional del demandante, permiten establecer la existencia de una contradicción evidente entre las referencias del demandante a nivel funcional y la realidad objetivada a través de las pruebas médicas realizadas, circunstancia que permite sostener que el texto propuesto, en modo alguno se desprende de forma directa y sin contradicciones del informe que le sirve de base.

A ello hay que añadir que el informe del detective, al que también se refiere la magistrada de instancia, no hace sino confirmar la realidad de una funcionalidad incompatible con los términos en los que el actor plantea su cuadro de lesiones y limitaciones.

2.-También pretende el recurrente la adición al relato de hechos de la sentencia de un hecho nuevo, que sería el séptimo, con el siguiente contenido:

"Con fecha de 06 de octubre de 2022 el Departamento de Vigilancia de la Salud de Riesgo y Trabajo, S.L. emite el certificado de aptitud médica del trabajador Adriano en el que se especifican las siguientes restricciones:

-Restricción a tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción.

Posteriormente y con fecha 14 de octubre de 2022 el Departamento Técnico procede a realizar la evaluación de riesgos específicos para el trabajador en el puesto de Almacén y manejo de carretilla con estas restricciones:

-El trabajador tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción por lo tanto no realizará manipulación manual de cargas.

-El trabajador tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción por lo tanto, no realizará manipulación de cargas.

-El trabajador tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción por lo tanto, no subirá por escalas ni escaleras auxiliares.

Así mismo, se recomienda la realización de pausas y rotación de tareas compatibles con dichas restricciones enumeradas."

La propuesta de texto se basa en el informe de la empresa Riesgo y Trabajo de 11 de noviembre de 2022 (doc. 8 del EJE) y puede ser aceptada.

Los informes del servicio de prevención de la empresa han sido valorados por la magistrada de instancia y tienen reflejo en el hecho probado sexto de su sentencia, siendo lo cierto que el recogido en el mismo es de fecha posterior al que sirve de base a la petición y, en consecuencia, determina más certeramente las limitaciones del demandante.

Por otro lado, el texto que se propone nada aporta al pleito con influencia en su resultado pues ha sido declarado apto con restricciones para el desarrollo de su trabajo y, como apuntamos, las limitaciones funcionales establecidas por el Servicio de Prevención ya se recogen con suficiencia en la sentencia recurrida.

CUARTO:En vía de censura jurídica, el recurrente defiende que la declaración de hechos probados es manifiestamente insuficiente y contradictoria, a lo que añade, en comprimido resumen, que las lesiones y limitaciones que presenta le hacen acreedor del reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

1.-Pese a la alegación de insuficiencia de hechos probados, la parte recurrente no plantea ningún motivo suplicatorio al amparo del artículo 193.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, circunstancia que limita de forma evidente la posibilidad de su estimación.

De todos modos, y como quiera que la insuficiencia de hechos puede ser analizada y apreciada incluso de oficio al ser una cuestión que afecta al orden público procesal, deberemos analizar si tal resolución judicial cumple con las exigencias establecidas en el artículo 97.2 de la Ley Procesal Laboral, pues de no hacerlo debería declarase su nulidad para posibilitar el dictado de otra resolución que cumpla con las mismas y posibilite el ejercicio real del derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a los litigantes.

Como esta Sala ha repetido en múltiples ocasiones, la juzgadora de instancia debe recoger en la declaración fáctica de su sentencia todos los hechos que puedan tener interés para resolver la cuestión debatida. Declaración que no solo deberá reflejar los hechos que le basten para dictar la sentencia que estime correcta, sino que deberá redactarse con la amplitud precisa para que el tribunal superior, en este caso, este TSJ, pueda decidir del modo que considere justo.

Como tienen establecido las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en numerosas sentencias, tanto el artículo 97.2 LRJS cuando establece que la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de lo que haya sido objeto de debate en el proceso y, apreciando los elementos de convicción, declarar expresamente los hechos que estime probados; como el artículo 248.3 LOPJ cuando dice que "en la sentencia se expresen los hechos probados",han de interpretarse en el sentido de que la juzgadora a quodebe constatar no sólo lo que considere acreditado y le sirva para dictar su sentencia, sino también todo aquello que sea necesario para que el tribunal ad quempueda pronunciar la suya, concordante o no con la recurrida, y conforme o no con las pretensiones del recurrente, de manera que es facultad exclusiva y excluyente del Tribunal Superior apreciar la insuficiencia de la declaración de hechos probados como vicio insuperable que lleva consigo la nulidad de la resolución judicial de instancia, con la finalidad de que se pronuncie una nueva sentencia que incluya los elementos mínimos precisos para estudiar y solucionar todas las acciones y excepciones ejercitadas en el pleito.

Esta necesidad de "motivación fáctica" no es solamente una exigencia de la legislación orgánica u ordinaria, sino también de la Constitucional.

En aplicación práctica de lo anteriormente expuesto, una constante y extendida doctrina jurisprudencial, elaborada por los distintos Tribunales del Orden Jurisdiccional Social, ha venido declarando la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia cuando las mismas omiten datos esenciales en los "hechos probados" que el tribunal ad quemconsidera necesarios, a los efectos de fundamentar la sentencia de suplicación o casación.

En definitiva, la nulidad de la sentencia deberá declarase en aquellos supuestos en los que la resolución no haya reflejado todos los hechos integrantes del debate procesal que sean relevantes para la eventual solución del recurso, causando indefensión.

Recientemente, la Sala de lo Social del TS, en sentencia de 27 de mayo de 2025 (rec. 9/2024) ha concretado, aún más si cabe, su doctrina sobre la insuficiencia de hechos probados.

En el caso analizado no es posible apreciar el defecto que se afirma por la parte recurrente. La sentencia recurrida contiene todos los datos fácticos necesarios para dar respuesta adecuada a la pretensión del actor sobre el reconocimiento de un grado de incapacidad. Así, y en lo que ahora interesa, establece las lesiones y limitaciones del demandante, su alcance y su significación. Recoge la profesión del reclamante y las tareas que debe desempeñar en el desarrollo de la misma, así como los demás datos de hecho necesarios para establecer la situación clínico funcional del demandante en relación a las exigencias de su ocupación laboral habitual.

En consecuencia, no es posible apreciar insuficiencia fáctica en la resolución recurrida.

2.-Por lo que se refiere a la petición de reconocimiento de un grado de incapacidad, observamos que en el recurso el recurrente solo postula el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, abandonando la pretensión subsidiaria inicialmente deducida en su escrito de demanda.

Como soporte de esta petición el recurrente cita los artículos 193 y concordantes de la LGSS, sin efectuar concreción alguna sobre las normas o sobre los párrafos de las normas que se considera realmente vulnerados.

Llegados a este punto debemos recordar que, de acuerdo con el artículo 193.1 TRLGSS, la invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y, por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de tareas específicas para su profesión, y proceder a declarar la invalidez permanente total ( artículo 194.1.b) del actual TRLGSS) cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia y con rendimiento económico aprovechable y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS de 11-11-86 [RJ 1986\6326], 29-10-87 [ RJ 1987\7419], 15-9-1987 [ RJ 1987\6201], 6-11-1987 [RJ 1987\7831], 28-12-88 [RJ 1988\9935], entre otras). De todos modos, lo importante a la hora de dictaminar el grado de invalidez, no es tanto la existencia de una descripción más o menos prolija de las enfermedades padecidas por el trabajador, sino las secuelas y limitaciones que tales procesos patológicos comportan, por lo que habrá que estarse más que a las dolencias que se presentan, a la merma de capacidad laboral que produzcan.

A este respecto, debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y, en su caso, a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

Como consta en el inalterado relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, el demandante padece una amputación traumática a nivel F de los dedos tercero cuarto y quinto de mano izquierda, y heridas en segundo dedo. Fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, para remodelación de amputaciones y cierre y sutura de heridas de los dedos, así como liberación de neuromas en los muñones de los tres dedos.

Presenta dolor neuropático en tratamiento en unidad de dolor desde noviembre de 2022, lo que le produce falta de destreza manipulativa en mano izquierda por pérdida de fuerza limitación a la movilidad y limita la fuerza de sujeción o tracción con extremidad izquierda, el manejo de pesos con extremidad superior izquierda. Ahora bien, como consta probado, la existencia de dolor neuropático es residual y no le limita de manera sustancial las actividades de vida cotidiana.

Presenta también un trastorno de adaptación que va resolviéndose progresivamente de manera favorable.

En la actualidad, tal y como se refiere en el hecho sexto de esta resolución, se le considera apto con restricciones para el puesto de trabajo de carretillero declinando la aplicación de medidas especiales para la conducción del citado vehículo.

Es evidente que, teniendo en consideración el cuadro de lesiones y litaciones descrito, existen funciones o tareas concretas en el almacén y manejo de carretillas para las cuales el actor tiene limitaciones. Así, y como consta en la fundamentación de la sentencia recurrida, tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción no pudiendo realizar manipulación manual de cargas y tiene también restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción no pudiendo subir por escalas ni escaleras auxiliares. Ahora bien, puede realizar tareas compatibles con esas restricciones. De hecho, ha sido declarado apto por el servicio de prevención de la empresa, si bien con restricciones.

A este respecto, y como recoge con valor fáctico la fundamentación de la sentencia recurrida, el propio actor declinó la adaptación del volante de la carretilla para hacer su trabajo. A mayor abundamiento, queda acreditado que el actor puede realizar el resto de actividades que componen el grupo profesional III al que pertenece, según su contrato de trabajo, lo que se compadece con el contenido del informe de detectives aportado a las actuaciones y valorado en la instancia.

En definitiva, en la evolución actual de las lesiones y limitaciones reconocidas, éstas carecen de la entidad necesaria para permitir el acceso al grado pretendido en el recurso que, como ya hemos manifestado, se circunscribe a la petición de una incapacidad permanente total.

De todos modos, y siquiera sea a mayor abundancia, es lo cierto que no se ha practicado prueba bastante que acredite que las limitaciones del demandante provocan una redacción en su rendimiento en el grado porcentual establecido en la norma de aplicación como necesario para reconocérsele una incapacidad permanente parcial para su profesión habitual. A este respecto, la sentencia recurrida establece que (sic) "el déficit funcional y la capacidad residual del trabajador no supera el porcentaje de un 33% del habitual, ni supone una mayor penosidad en el desempeño de la profesión, tal y como se acredita en el manejo de su vida diaria, en la que, entre otras actividades, tal y como se deduce no solamente de las exploraciones físicas médicas sino también de informe del detective privado contratado por mutua Navarra, conduce su propio vehículo, acude a entrenamientos de fútbol o partidos ya que es entrenador de fútbol con niños, durante dos días a la semana, sin perjuicio de que en momentos álgidos, pueda ser tributario de una situación de incapacidad temporal".

Por lo dicho, el recurso debe desestimarse y ser confirmada en su totalidad la resolución recurrida, sin expresa condena en costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO:La sentencia dictada en la instancia desestima la demanda interpuesta por D. Adriano contra el INSS, la TGSS, la empresa COMPUESTOS Y GRANZAS, S.A. y la MUTUA NAVARRA, confirmando la resolución del INSS de fecha 6 de febrero de 2023 y absolviendo a las codemandadas de los pedimentos contra ellas deducidos.

El sentido de la resolución del Juzgado no se comparte por la representación letrada del Sr. Adriano y, por ello, la recurre en suplicación a través del planteamiento de diversos motivos que pasamos a analizar y resolver seguidamente.

SEGUNDO:El recurrente principia su recurso efectuando una serie de alegaciones a través de lo que denomina motivo "previo"que no puede reconocerse, en realidad, como un motivo de suplicación de aquellos a los que se refiere el artículo 193 de la LRJS.

En las referidas alegaciones, el letrado del demandante recuerda que este recurso es el segundo que plantea frente a la decisión del Juzgado al haberse anulado la primera sentencia dictada en la instancia. También menciona cuáles son las intenciones que persigue el recurrente con la formalización del mismo y los defectos que fueron advertidos por esta Sala cuando procedió a anular la primera decisión judicial dictada. Critica la forma de valorar la prueba practicada en el plenario por parte de la juzgadora de instancia y defiende la necesidad de que, por parte de la Sala, se entre a valorar en esta ocasión el fondo del asunto. De igual modo, pone de manifiesto las contradicciones argumentativas en las que, a su entender, incurre la resolución recurrida y concluye que, desde su percepción, el demandante debe ser declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

Pues bien, este motivo "previo" del recurso no contiene petición alguna, ni conforma ninguno de los objetos de suplicación a los que se refiere el artículo 193 de la Ley Procesal Laboral y, por ello, no merece más consideración que la que acabamos de expresar, sin que debamos adoptar al respecto decisión alguna.

TERCERO:El primer motivo del recurso, reconocible como tal, se destina a intentar revisar el relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida.

En el desarrollo de este motivo de suplicación, el recurrente no solo se limita a postular modificaciones fácticas concretas, sino que, entre otras cosas, aprovecha la pretensión revisora para reprochar a la sentencia de instancia que no haya valorado los informes médicos que cita la Dra. Palmira en el informe pericial que fue aportado a las actuaciones, y que tampoco haya señalado la razón por la que no ha efectuado la referida valoración.

Pese a este reproche, el recurrente no plantea motivo suplicatorio alguno en el que afirme la vulneración de normas o garantías procedimentales causantes de indefensión, indefensión que, dicho sea de paso, en modo alguno se prueba.

1.-Dicho esto, debemos manifestar que la parte recurrente propone la eliminación completa de los hechos sexto y séptimo de la sentencia de instancia, por entender que no reflejan la situación real del actor, ni sus patologías reales, ni las limitaciones que aquellas le producen en su trabajo.

A este respecto manifiesta su disconformidad con que, por ejemplo, en el hecho probado séptimo no se haga referencia a la presencia de una "pérdida"de fuerza en la mano izquierda o que se diga que el dolor neuropático que padece es "residual".

Considera que la redacción de los hechos probados sexto y séptimo se aparta del contenido de la prueba pericial practicada y no refleja la situación clínico funcional del demandante y, por ello propone una redacción alternativa para tales hechos, postulando que la supresión de aquellos se acompañe de la adición al relato de un nuevo hecho sexto con el siguiente contenido:

"Del estudio documental aportado y de las entrevistas clínicas y exploración directas del paciente, se desprende que D. Adriano, presenta en el momento actual el siguiente CUADRO CLÍNICO RESIDUAL derivado de accidente de trabajo (12-02-021):

-Amputación traumática a nivel IFD ("interfalanges distales, añade el letrado que suscribe") de los dedos 3º, 4º y 5º de mano izquierda y heridas en 2º dedo, intervenido quirúrgicamente mediante remodelación de amputaciones y cierre y sutura de heridas de los dedos.

-Neuromas en los muñones de los 3 dedos, intervenidos mediante liberación (25-01-22).

-Persistencia de afectación de las ramas sensitivas distales de nervios mediano y cubital en dedos 3º y 5º (ENG, electroneurograma, añade el presente letrado, de Mayo 2022).

-Dolor neuropático en cara palmar de ESI ("extremidad superior izquierda, añade el letrado que suscribe"), en tratamiento en Unidad del Dolor."

Dolor neuropático en cara palmar de ESI, en tratamiento en Unidad del Dolor desde Noviembre 2022 (radiofrecuencia de nervio periférico, ciclos de lidocaína, analgesia de 2º escalón y refuerzo con antidepresivo, pendiente de ciclo de ketamina...), sin respuesta favorable a ninguno de los tratamientos, persistiendo alodinia e hiperalgesia intensa en la mano; dolor intenso al roce desde zona de iniciación de los dedos hacia muñón con una intensidad de 7-8/10 durante el día con crisis de alta intensidad de una de duración aproximadamente, hasta 5/día y empeoramiento nocturno del dolor que afecta al sueño (insomnio de conciliación y mantenimiento, 3 horas seguidas como máximo, aproximadamente).

Situación secuelar que ocasiona las siguientes limitaciones funcionales, al impedir al paciente realizar de forma efectiva todas aquellas actividades que impliquen:

-Cualquier tipo de actividad manual con la mano izquierda, por dolor intenso, por falta de destreza manipulativa, por imposibilidad de completar puño, por pérdida de fuerza y por pérdida de fuerza y por limitación a la movilidad.

-Aplicaciones de fuerza y sujeción o tracción con extremidad izquierda, o con ambas por la necesidad de bimanualidad.

-Manejo de pesos con la extremidad superior izquierda o con ambas extremidades, bien por el volumen del objeto, bien porque el peso requiera la bimanualidad (levantar, cargar, transportar y/o manejar.

-Exposición a ambientes fríos.

De lo expuesto se desprende que las secuelas anatómicas y funcionales del paciente, en las que cobra esencial importancia la persistencia del dolor neuropático residual intenso-severo (7- 8 10 en la Escala Analógico Visual) a pesar de los distintos tratamientos administrados en la Unidad del Dolor, le ocasionan una pérdida de funcionalidad para realizar actividades con la mano izquierda y gran dificultad para todo tipo de actividad manual, que requieran fuerza de prensión, destreza agilidad o sincronización, tanto para el uso exclusivo de dicha extremidad como en el desarrollo de actividades de corte bimanual, teniendo en cuenta además que la situación residual de la mano izquierda incrementa el riesgo de accidentabilidad".

El texto propuesto se soporta en los informes médicos emitidos por la Dra. Palmira el 3 de marzo de 2023 (doc. 9 del EJE) y de 6 de septiembre de 2024 (elemento 75 del EJE).

Pues bien, la pretensión de revisión no puede ser estimada por varias razones:

1º.- Porque la juzgadora de instancia ha considerado, analizado y valorado la prueba pericial que ahora sirve de soporte a la solicitud de revisión. A este respecto, es suficiente acudir al fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida para comprobar la realidad de este aserto.

2º.- Porque el cuadro clínico funcional que se refleja en la sentencia de instancia no se basa solo en el resultado de la prueba pericial de la Dra. Palmira, sino que también en la valoración de los informes médicos aportados a las actuaciones como prueba documental, en el informe emitido por el Dr. Benigno, así como en el del detective privado obrante en autos.

De esta forma, lo realmente pretendido por el recurrente es, simple y llanamente, sustituir el criterio judicial de valoración de prueba, objetivo, imparcial y amparado en la contemplación de la totalidad de la prueba practicada, por otro criterio distinto, el de quien recurre, subjetivo, necesariamente parcial y que solo toma como referencia unos párrafos concretos de una parte elegida de la prueba pericial practicada, lo que supone olvidar la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación y que en el mismo, las funciones de valoración de prueba se atribuyen a los juzgadores de instancia, no pudiendo corregirse por esta Sala salvo en los casos de errores valorativos evidentes que, en este caso, no se aprecian.

3º.- Porque, como es de sobra conocido, el hecho de dar preferencia a unos informes médicos respecto de otro u otros no supone error en la valoración de prueba, sino la mera actualización de las funciones valorativas a las que nos hemos referido en el numeral anterior.

4º.- Porque los informes médicos del Dr. Benigno y de la Dra. Melisa, que como ya hemos dicho han sido valorados por la juez "a quo" para establecer el cuadro clínico funcional del demandante, permiten establecer la existencia de una contradicción evidente entre las referencias del demandante a nivel funcional y la realidad objetivada a través de las pruebas médicas realizadas, circunstancia que permite sostener que el texto propuesto, en modo alguno se desprende de forma directa y sin contradicciones del informe que le sirve de base.

A ello hay que añadir que el informe del detective, al que también se refiere la magistrada de instancia, no hace sino confirmar la realidad de una funcionalidad incompatible con los términos en los que el actor plantea su cuadro de lesiones y limitaciones.

2.-También pretende el recurrente la adición al relato de hechos de la sentencia de un hecho nuevo, que sería el séptimo, con el siguiente contenido:

"Con fecha de 06 de octubre de 2022 el Departamento de Vigilancia de la Salud de Riesgo y Trabajo, S.L. emite el certificado de aptitud médica del trabajador Adriano en el que se especifican las siguientes restricciones:

-Restricción a tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción.

Posteriormente y con fecha 14 de octubre de 2022 el Departamento Técnico procede a realizar la evaluación de riesgos específicos para el trabajador en el puesto de Almacén y manejo de carretilla con estas restricciones:

-El trabajador tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción por lo tanto no realizará manipulación manual de cargas.

-El trabajador tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción por lo tanto, no realizará manipulación de cargas.

-El trabajador tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción por lo tanto, no subirá por escalas ni escaleras auxiliares.

Así mismo, se recomienda la realización de pausas y rotación de tareas compatibles con dichas restricciones enumeradas."

La propuesta de texto se basa en el informe de la empresa Riesgo y Trabajo de 11 de noviembre de 2022 (doc. 8 del EJE) y puede ser aceptada.

Los informes del servicio de prevención de la empresa han sido valorados por la magistrada de instancia y tienen reflejo en el hecho probado sexto de su sentencia, siendo lo cierto que el recogido en el mismo es de fecha posterior al que sirve de base a la petición y, en consecuencia, determina más certeramente las limitaciones del demandante.

Por otro lado, el texto que se propone nada aporta al pleito con influencia en su resultado pues ha sido declarado apto con restricciones para el desarrollo de su trabajo y, como apuntamos, las limitaciones funcionales establecidas por el Servicio de Prevención ya se recogen con suficiencia en la sentencia recurrida.

CUARTO:En vía de censura jurídica, el recurrente defiende que la declaración de hechos probados es manifiestamente insuficiente y contradictoria, a lo que añade, en comprimido resumen, que las lesiones y limitaciones que presenta le hacen acreedor del reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

1.-Pese a la alegación de insuficiencia de hechos probados, la parte recurrente no plantea ningún motivo suplicatorio al amparo del artículo 193.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, circunstancia que limita de forma evidente la posibilidad de su estimación.

De todos modos, y como quiera que la insuficiencia de hechos puede ser analizada y apreciada incluso de oficio al ser una cuestión que afecta al orden público procesal, deberemos analizar si tal resolución judicial cumple con las exigencias establecidas en el artículo 97.2 de la Ley Procesal Laboral, pues de no hacerlo debería declarase su nulidad para posibilitar el dictado de otra resolución que cumpla con las mismas y posibilite el ejercicio real del derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a los litigantes.

Como esta Sala ha repetido en múltiples ocasiones, la juzgadora de instancia debe recoger en la declaración fáctica de su sentencia todos los hechos que puedan tener interés para resolver la cuestión debatida. Declaración que no solo deberá reflejar los hechos que le basten para dictar la sentencia que estime correcta, sino que deberá redactarse con la amplitud precisa para que el tribunal superior, en este caso, este TSJ, pueda decidir del modo que considere justo.

Como tienen establecido las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en numerosas sentencias, tanto el artículo 97.2 LRJS cuando establece que la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de lo que haya sido objeto de debate en el proceso y, apreciando los elementos de convicción, declarar expresamente los hechos que estime probados; como el artículo 248.3 LOPJ cuando dice que "en la sentencia se expresen los hechos probados",han de interpretarse en el sentido de que la juzgadora a quodebe constatar no sólo lo que considere acreditado y le sirva para dictar su sentencia, sino también todo aquello que sea necesario para que el tribunal ad quempueda pronunciar la suya, concordante o no con la recurrida, y conforme o no con las pretensiones del recurrente, de manera que es facultad exclusiva y excluyente del Tribunal Superior apreciar la insuficiencia de la declaración de hechos probados como vicio insuperable que lleva consigo la nulidad de la resolución judicial de instancia, con la finalidad de que se pronuncie una nueva sentencia que incluya los elementos mínimos precisos para estudiar y solucionar todas las acciones y excepciones ejercitadas en el pleito.

Esta necesidad de "motivación fáctica" no es solamente una exigencia de la legislación orgánica u ordinaria, sino también de la Constitucional.

En aplicación práctica de lo anteriormente expuesto, una constante y extendida doctrina jurisprudencial, elaborada por los distintos Tribunales del Orden Jurisdiccional Social, ha venido declarando la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia cuando las mismas omiten datos esenciales en los "hechos probados" que el tribunal ad quemconsidera necesarios, a los efectos de fundamentar la sentencia de suplicación o casación.

En definitiva, la nulidad de la sentencia deberá declarase en aquellos supuestos en los que la resolución no haya reflejado todos los hechos integrantes del debate procesal que sean relevantes para la eventual solución del recurso, causando indefensión.

Recientemente, la Sala de lo Social del TS, en sentencia de 27 de mayo de 2025 (rec. 9/2024) ha concretado, aún más si cabe, su doctrina sobre la insuficiencia de hechos probados.

En el caso analizado no es posible apreciar el defecto que se afirma por la parte recurrente. La sentencia recurrida contiene todos los datos fácticos necesarios para dar respuesta adecuada a la pretensión del actor sobre el reconocimiento de un grado de incapacidad. Así, y en lo que ahora interesa, establece las lesiones y limitaciones del demandante, su alcance y su significación. Recoge la profesión del reclamante y las tareas que debe desempeñar en el desarrollo de la misma, así como los demás datos de hecho necesarios para establecer la situación clínico funcional del demandante en relación a las exigencias de su ocupación laboral habitual.

En consecuencia, no es posible apreciar insuficiencia fáctica en la resolución recurrida.

2.-Por lo que se refiere a la petición de reconocimiento de un grado de incapacidad, observamos que en el recurso el recurrente solo postula el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, abandonando la pretensión subsidiaria inicialmente deducida en su escrito de demanda.

Como soporte de esta petición el recurrente cita los artículos 193 y concordantes de la LGSS, sin efectuar concreción alguna sobre las normas o sobre los párrafos de las normas que se considera realmente vulnerados.

Llegados a este punto debemos recordar que, de acuerdo con el artículo 193.1 TRLGSS, la invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y, por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de tareas específicas para su profesión, y proceder a declarar la invalidez permanente total ( artículo 194.1.b) del actual TRLGSS) cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia y con rendimiento económico aprovechable y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS de 11-11-86 [RJ 1986\6326], 29-10-87 [ RJ 1987\7419], 15-9-1987 [ RJ 1987\6201], 6-11-1987 [RJ 1987\7831], 28-12-88 [RJ 1988\9935], entre otras). De todos modos, lo importante a la hora de dictaminar el grado de invalidez, no es tanto la existencia de una descripción más o menos prolija de las enfermedades padecidas por el trabajador, sino las secuelas y limitaciones que tales procesos patológicos comportan, por lo que habrá que estarse más que a las dolencias que se presentan, a la merma de capacidad laboral que produzcan.

A este respecto, debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y, en su caso, a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

Como consta en el inalterado relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, el demandante padece una amputación traumática a nivel F de los dedos tercero cuarto y quinto de mano izquierda, y heridas en segundo dedo. Fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, para remodelación de amputaciones y cierre y sutura de heridas de los dedos, así como liberación de neuromas en los muñones de los tres dedos.

Presenta dolor neuropático en tratamiento en unidad de dolor desde noviembre de 2022, lo que le produce falta de destreza manipulativa en mano izquierda por pérdida de fuerza limitación a la movilidad y limita la fuerza de sujeción o tracción con extremidad izquierda, el manejo de pesos con extremidad superior izquierda. Ahora bien, como consta probado, la existencia de dolor neuropático es residual y no le limita de manera sustancial las actividades de vida cotidiana.

Presenta también un trastorno de adaptación que va resolviéndose progresivamente de manera favorable.

En la actualidad, tal y como se refiere en el hecho sexto de esta resolución, se le considera apto con restricciones para el puesto de trabajo de carretillero declinando la aplicación de medidas especiales para la conducción del citado vehículo.

Es evidente que, teniendo en consideración el cuadro de lesiones y litaciones descrito, existen funciones o tareas concretas en el almacén y manejo de carretillas para las cuales el actor tiene limitaciones. Así, y como consta en la fundamentación de la sentencia recurrida, tiene restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción no pudiendo realizar manipulación manual de cargas y tiene también restringidas las tareas que impliquen el uso de la mano izquierda para situaciones de agarre o tracción no pudiendo subir por escalas ni escaleras auxiliares. Ahora bien, puede realizar tareas compatibles con esas restricciones. De hecho, ha sido declarado apto por el servicio de prevención de la empresa, si bien con restricciones.

A este respecto, y como recoge con valor fáctico la fundamentación de la sentencia recurrida, el propio actor declinó la adaptación del volante de la carretilla para hacer su trabajo. A mayor abundamiento, queda acreditado que el actor puede realizar el resto de actividades que componen el grupo profesional III al que pertenece, según su contrato de trabajo, lo que se compadece con el contenido del informe de detectives aportado a las actuaciones y valorado en la instancia.

En definitiva, en la evolución actual de las lesiones y limitaciones reconocidas, éstas carecen de la entidad necesaria para permitir el acceso al grado pretendido en el recurso que, como ya hemos manifestado, se circunscribe a la petición de una incapacidad permanente total.

De todos modos, y siquiera sea a mayor abundancia, es lo cierto que no se ha practicado prueba bastante que acredite que las limitaciones del demandante provocan una redacción en su rendimiento en el grado porcentual establecido en la norma de aplicación como necesario para reconocérsele una incapacidad permanente parcial para su profesión habitual. A este respecto, la sentencia recurrida establece que (sic) "el déficit funcional y la capacidad residual del trabajador no supera el porcentaje de un 33% del habitual, ni supone una mayor penosidad en el desempeño de la profesión, tal y como se acredita en el manejo de su vida diaria, en la que, entre otras actividades, tal y como se deduce no solamente de las exploraciones físicas médicas sino también de informe del detective privado contratado por mutua Navarra, conduce su propio vehículo, acude a entrenamientos de fútbol o partidos ya que es entrenador de fútbol con niños, durante dos días a la semana, sin perjuicio de que en momentos álgidos, pueda ser tributario de una situación de incapacidad temporal".

Por lo dicho, el recurso debe desestimarse y ser confirmada en su totalidad la resolución recurrida, sin expresa condena en costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.