Sentencia Social 233/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social, Rec. 909/2025 de 19 de marzo del 2026

PRIMERO.-En la instancia se estima parcialmente la demanda formulada, declarándose la improcedencia del despido de la actora frente a la empresa COMFICA Soluciones integrales S.A., con efectos desde el 1-1-2025, y las consecuencias inherentes a tal declaración.

En atención al relato que el juzgador obtiene, valorando el conjunto probatorio aportado por los litigantes. Destacando, especialmente, la prueba documental aportada por las empresas codemandadas, declaración de la actora en el juicio oral, testifical, resoluciones judiciales, mails unidos por la demandante, fichaje de la actora y nóminas.

Estimando, también, parcialmente, la reclamación salarial por importe de 17.324,44 euros, cuestión que, a su vez, condiciona el salario bruto diario regulador de dichos efectos del despido calificado como improcedente. Ante la posibilidad establecida legalmente de dicha reclamación acumulada al despido -a lo que la empresa codemandada Eulen seopuso-, al igual que el salario en especie e incentivos, en aplicación de lo establecido en el art. 26.3 de la LRJS.

Respecto de las horas extraordinarias que la actora pretende realizadas en 2024. Según interrogatorio de la demandante a presencia judicial en el acto del juicio oral, el documento nº 14 de la parte actora (mails) e incongruencias que el juzgador observa en los fichajes de la actora, se concluye que la actora trabajó de 8.00 a 17.00 horas todos los días. Es decir, nueve horas.

A estas horas les resta media hora, tiempo que se estima razonable para comer. En consecuencia, en el periodo reclamado (enero-diciembre de 2024) computa como trabajadas 1.875 horas (1.979 horas, menos las 104 horas destinadas a comer durante los 209 días que trabajó la actora). De lo obtiene un total debido por este concepto de 110 horas extras (214 menos 104), es decir, tiene derecho a 3.961,10 euros (36,01 por 110 horas).

Respecto del salario en especie, no siendo discutido que la demandante portaba una tarjeta SOLRED REPSOL por importe mensual de 150 euros, suma dicho importe. Y, también, reconoce los incentivos (nóminas) por importe mensual de 350 euros.

El día 16-2-24 se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la AN en la que en expediente de modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) colectiva con vulneración de derechos fundamentales falló la nulidad de la decisión empresarial impugnada y declaró que la conducta de la empresa demandada (Comfica Soluciones Integrales S.A.) al imponer una MSCT colectiva vulneraba el derecho a la negociación colectiva del sindicato demandante CCOO.

Esta decisión, aun no firme, pero estima legitima la solicitud de cantidades de la parte demandante y justifica su reconocimiento.

En definitiva, concluye el salario bruto diario a efectos de un posible despido improcedente ascenderá a 110,35 euros: 30.318,47 euros (nómina, demanda). 3.961,10 euros (horas extras). 1.800 euros (salario en especie). 4.200 euros (incentivos). El total asciende a 40.279,57 euros, es decir, 110,35 euros diarios.

En cuando al fondo de la cuestión debatida, si ha existido algún despido y en su caso, quién o quiénes son los responsables. Expone varias conclusiones:

La actora prestaba servicios para Comfica y desde el 1 de enero de 2025, ya no trabaja para ninguna de las empresas codemandadas, ni aquella ni Eulen. Determinando que, por ello, concurre despido improcedente.

Hasta el 1 de enero de 2025 era Comfica la que prestaba para Orange el servicio de mantenimiento. Después, prosigue con este servicio y otros. Eulen, por su parte, ha entrado en liza porque se le encomendó parcialmente el servicio de Mantenimiento FLM, zona geográfica B. Este es el único servicio atribuido a Eulen.

Considerando no discutido que se ofertaron por Orange a Comfica y Eulen trescontratos: Servicios de Mantenimiento FLM; Servicios de Construcción FTTH; Conservación de planta externa.

La demandada Eulen S.A. concurrió a esos tres servicios (a lo largo de 2024). Fue adjudicataria del contrato de Mantenimiento FLM, zona geográfica B (esta zona no incluye Madrid, Cataluña y Andalucía). Comfica fue adjudicataria de la zona A y de los dos últimos contratos (Servicios de Construcción FTTH y Conservación de planta externa).

La actora no solo trabajaba en la zona B, prestaba servicios en más ámbitos: otras zonas geográficas, programa HISPASAT, diseño, rediseño, instalación, despliegue de redes, etc....

Por lo que, en aplicación del art. 74 del Convenio colectivo de la Industria Siderometalurgia deCantabria, concluye que, la actora no debió ser subrogada por Eulen, ya que no trabajó exclusivamente en el servicio que, a partir de enero de 2025, pasó a desarrollar la mencionada empresa. La actora trabajó para otros contratos y servicios, no solo para la que ha pasado a desarrollar Eulen.

La obligación de continuar contando con los servicios de la demandante sigue pesando y condicionando a la demandada Comfica. Eulen notiene obligación de acoger a la actora, por ello. De hecho, valora que el testigo Sr. Nicanor, asevera que solo se habría asumido a un administrativo (proveniente de Comfica), a nadie más.

En base a lo expuesto, determina que la única responsable de lo acaecido es Comfica.

La indemnización, en su caso, ascenderá a 33.380,88 euros, de acuerdo con la antigüedad finalmente admitida por las demandadas (vida laboral, en cualquier caso) y el salario bruto diario mencionado de 110,35 euros.

Por lo que atañe a las cantidades, condena a Comfica a pagar: 110 horas extras: 3.961,10 euros. Incentivos y tarjeta SOLRED REPSOL: 8.100 euros (octubre 23-diciembre 24). Vacaciones: 1.518 euros (19 días). Por un total de 13.579,10 euros.

SEGUNDO.-Frente a esta decisión formula recurso de suplicación la representación letrada de la empresa codemandada COMFICA Soluciones Integrales S.A., en un último apartado, de forma subsidiaria, para el supuesto de desestimación de los motivos que formaliza por la vía del apartado b) y c), del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con amparo procesal en la letra a) del mismo precepto, para el supuesto de que la sala no entre en el fondo de lo cuestionado o discrepe de la revisión fáctica, declarando la insuficiencia de motivación y/o incongruencia omisiva ( arts. 97.2 LRJS, 24 y 120 CE, 218 LEC). Solicitando la nulidad de actuaciones y reposición para nueva sentencia debidamente motivada con valoración expresa de la documental, prueba anticipada y audiovisual, referida; subsidiariamente, interesa la nulidad, por la vía del art. 202 LRJS, para que la sala integre la motivación y entre en el fondo corriendo errores que dice detectados, en los motivos anteriores.

En concreto, interesa que se incorpore el soporte audiovisual de la vista celebrada en día de celebración del juicio oral, solicitando su reproducción en los minutos relativos a reconocimiento del responsable de EULEN y exhibición del doc. 7 de los aportados por la parte recurrente.

1.-Dado que la estimación de este apartado final del motivo del recurso, implicaría la imposibilidad de valorar el fondo de las cuestiones planteadas antes en el mismo recurso (de atenderse a la nulidad pedida de la recurrida), sobre revisión de su relato o derecho aplicado. Es preciso su análisis en primer lugar, pues, solo su desestimación permite seguir con el análisis de las restantes cuestiones pedidas y, no a la inversa, como propone, por lógica procesal.

2.-La doctrina constitucional viene estableciendo, para acceder al remedio extraordinario de la nulidad de actuaciones solicitado por infracción de normas procesales ( SSTC, de 12-7-2004, nº 121/2004, rec. 949/2003; nº 165/2001, de 16 de julio; y, nº 26/2000, de 31 de enero), que no es una cuestión formal.

Solo, si se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial, cabe declarar tal nulidad de actuaciones. Pero, es necesario, asimismo, que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa".

En este litigio debe partirse del hecho de que, desde el primer momento, en el juicio oral, la parte actora ha propuesto y practicado la prueba que estimo oportuna respecto de su pretensión de un salario superior al admitido de contrario y en cuanto a la falta de continuidad en la prestación de servicios frente a las empresas codemandadas que se ocupan de diversas contratadas para la principal Orange. En concreto, en lo ahora cuestionado, sobre salario y elementos de sucesión entre contratas y las codemandadas; igualmente, la empresa/recurrente se opone a ello por los motivos que expone, entre otros, decisiones judiciales no firmes sobre reclamaciones por conceptos que influyen en el necesario cálculo del salario regulador de la indemnización debida respecto del despido declarado improcedente, y con relación a la prueba anticipada unida a las actuaciones sobre registro horario y aquella relativa a las contratas de que cada empresa se ocupa.

Aportando los medios probatorios que estimó oportunos, incluida la declaración de partes y testigos, todo ello valorado en la recurrida, a tal fin.

Justificando el juzgador sus conclusiones, precisamente, en aplicación del art. 97.2 LRJS y concordantes, invocados en el recurso, no atendiendo solo a alegaciones y pruebas de la recurrente, sino, también, la propuesta por la actora y empresa codemandada que sustentan un salario superior al reconocido por la recurrente y se opone a la sucesión pretendida por ella.

No garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva o congruencia, invocados, la admisión de la conclusión fáctica deducida por la recurrente de la prueba o elementos aportados por esta parte, sino su ponderación en la instancia; junto con otras aportadas por la parte actora y codemandada que, legítimamente, pueden acreditar la pretensión (en parte) de la demanda y no la completa oposición de la demandada a la retribución o sucesión de empresas pedida.

Con relación a la necesaria material indefensión del art. 24 CE, por falta de análisis detallado de las documentales o declaraciones que ahora invoca la recurrente, no es precisa una mayor extensión en su argumentación o la pormenorizada expresión de cada documento en la recurrida. Sino que, basta la alegación a ellas genérica contenida en sus FFDD 2º y 3º, cuando, claramente el juzgador opta, valorando que no da por probado traspaso de medios materiales, plantilla substancial o contrata en que se emplea la actora, entre los litigantes, sino que se ha opuesto la codemandada expresamente a ello. Al igual que estima el derecho a cálculo de un mayor salario al reconocido por la recurrente y por las razones que explicita, pretendido por la actora. Por lo que, ninguna omisión se aprecia en la recurrida.

Luego, rechazando su alegación de que el salario sea menor, que no pueda entrarse (se opone a ello Eulen) en el cálculo del superior que se postula por estar suspendida la demanda de MSCT a consecuencia de conflicto colectivo seguido sobre la cuestión sin sentencia firme al momento del juicio oral (como se verá, en el momento actual sí consta), o que se haya traspasado la contrata a la codemandada.

Determinando el juzgador el marco de las indicadas circunstancias fácticas que estima justificadas, en que esencialmente se funda, que es lo que autoriza la defensa adecuada en suplicación de la recurrente.

Y, así lo revela que, en los motivos anteriores propuestos para el supuesto de no admisión de la nulidad pedida, también, propone la recurrente la revocación de la recurrida por los motivos que explicita.

3.-Es, también, constante la doctrina que declara que la nulidad de actuaciones es una medida excepcional, contraria al principio de economía procesal propio del proceso laboral ( art. 74 LRJS) , que solo debe acordarse cuando se produzca material y efectiva indefensión, mermando las posibilidades de defensa de la parte que lo pretende y siempre que se consigne la oportuna protesta ( STC, 15-11-2004, núm. 201/2004). El derecho a obtener una resolución fundada en derecho favorable o adversa es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos.

Ello implica que, si la resolución atacada ha de estar motivada, conteniendo elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que la fundamentan; y, la motivación debe contener una fundamentación en derecho. Este último aspecto, no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, o la valoración favorable a su activo probatorio, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva invocado.

La fundamentación en derecho conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o incurra en error patente, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad, tan solo, sería una mera apariencia.

De nuevo acudimos a la doctrina del TC, esta vez, contenida en el auto de fecha 20-10-2003, núm. 327/2003, que establece que el principio de tutela judicial efectiva no obliga a una contestación explícita y pormenorizada en las resoluciones judiciales, a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión o como causa de oposición por los litigantes. Pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica -aquí en concreto, respecto de la opción que le permite al magistrado el art. 97.2 de la LRJS, por aquellas pruebas que mayores garantías le ofrezca, respecto de la reclamación de horas extra de la actora y otras cantidades, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

Para comprobar si existe incongruencia omisiva respecto de otras pruebas aportadas por la recurrente, debe constatarse, en primer lugar, que la cuestión cuyo conocimiento y decisión se dice quedó imprejuzgada fue efectivamente planteada ante el órgano judicial en el momento procesal oportuno. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum-;de manera que, "en relación a estos últimos elementos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión".

Aquí, tanto la pretensión sobre el salario y horas extras realizadas por la trabajadora y sucesión de la contrata en que se emplea, como la oposición a ello formulada por la recurrente y codemandada, en lo esencial, debido a la oposición a las mismas esgrimidas por la demandada en el juicio oral, fueron suficientemente debatidas. Tienen reflejo explícito en el relato fáctico, también, en lo esencial que opta, con claridad, por el resultado que obtiene de las deducidas de las pruebas que detalla.

Por ello, no cabe tildar de incongruente a la sentencia recurrida, o que carezca de motivación sobre las razones que llevan a la decisión adoptada, ni que le cause indefensión a la recurrente. Sino, más bien, es desestimatoria de las pretensiones fácticas y jurídicas opuestas, en tal extremo por la empresa/recurrente. Lo que no causa indefensión cuando puede y, de hecho, impugna por la vía de revisión fáctica y jurídica (luego, conoce las razones que llevan a la desestimación de la inexistencia de horas extraordinarias reclamadas, menor salario o no sucesión de contratas), respecto de este pronunciamiento.

Bastando la mera contestación genérica en la recurrida, incluso, la tácita, no debiendo responder pormenorizadamente a todas las pretensiones de los litigantes, para desestimar estas pretensiones.

4.-Ya, por último, en lo que a la falta o motivación errónea se refiere, la doctrina jurisprudencial declara que: "Ciertamente la motivación de las resoluciones judiciales no sólo viene impuesta por el art. 120.3 CE , sino que es una exigencia derivada del art. 24.1 CE que tiene el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos, a la par que está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho ( art. 1.1 CE ) y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, y que en todo caso es garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que en tal caso la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia..."(por todas, STS/4ª de 3-11-2016, recurso de Casación núm. 255/2015).

Así, la sala considera que la recurrida cumple la exigencia de motivación cuando -como en autos- se expresan los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, poniendo de manifiesto la ratio decidendidel fallo judicial y permitiendo conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión jurisdiccional.

Dando respuesta a las exigencias legales derivadas del deber de motivación de las resoluciones judiciales en la sentencia impugnada. Pues, los argumentos que han llevado a estimar parcialmente la demanda en la reclamación de horas extra, salario, complementos y despido improcedente reclamado, según el propio relato de a instancia, son conocidos.

El Juzgador de lo Social no viene obligado, en esta valoración conjunta de la prueba, a acomodarse a la pretensión de la actora u oposición de las demandadas. El derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes y tutela judicial efectiva ( arts. 24.2 CE y 87.1 de la LRJS) , derecho inseparable del derecho mismo de defensa ( STC 1/1996, de 15 de enero, rec. 1917/1993) que opera en cualquier tipo de proceso, también, el laboral, lleva a concluir, de lo actuado, que no se produce indefensión a la parte recurrente. Lo que no se identifica con el resultado de la practicada en el juicio oral, contrario a sus intereses, sobre el detalle de las horas extra, salarios, complementos o sucesión en la contrata que no se estiman justificadas. No alcanzando tales derechos a que sean tenidas como acreditadas circunstancias fácticas controvertidas por las practicadas a instancia de uno de los litigantes o las propuestas, habiendo prueba de signo contrario (en la presente Litis, la aportada por la parte actora y la empresa codemandada).

Tampoco, garantiza una exhaustiva explicación de las razones que le llevan optar, ante documental u otras pruebas discrepantes, pero, ninguna de ellas prevalente sobre el resto (como luego se verá en los motivos de revisión fáctica también propuesto), a optar por la propuesta por la parte actora (en parte) y codemandada.

Sin que los preceptos citados en el recurso autoricen alterar el carácter extraordinario del interpuesto, ni a valorar el conjunto probatorio aportado de forma contraria a lo concluido en la recurrida, dados los términos regulatorios, que lo impiden.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación de la nulidad de actuaciones postulada; ni que haya lugar, en consecuencia, a su complemento por la sala. No trascendiendo a esta fase procesal del recurso de suplicación, la valoración de prueba testifical con relación a documentación exhibida en juicio que solo es valorable, en el conjunto de la restante prueba aportada por los litigantes, por el juzgador de instancia ( STS/4ª de fecha 24-1-2020, rec. 3962/2016). Salvo documental fehaciente que, como se verá en los motivos siguientes y ahora se adelanta, no es la invocada por la recurrente.

TERCERO.-Con amparo procesal en la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente interesa la modificación del relato de la recurrida en varios apartados; al igual que la parte impugnante del recurso, por la vía del art. 197.1 de la citada LRJS. A lo que, también, debe darse inicial respuesta, pues la resolución del recurso debe partir de un único relato.

1.-La parte impugnante del recurso, ha unido en fase de recurso, por la vía del art. 233 LRJS, la documental consistente en sentencia del TS, Sala Social, de fecha 11 de noviembre de 2025 (recurso de casación núm. 123/2024), en el procedimiento de vulneración de derechos fundamentes (derecho de libertad sindical), promovido a instancia de CC. OO. contra la empresa recurrente COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A., frente a la sentencia de la AN de fecha 16-2-2024 (proc. 29872023), que sustenta, en parte, la recurrida. En la que se deja sin efecto, declarando la nulidad de la decisión empresarial, consistente en imponer la MSCT colectiva impugnada, sin negociación previa; condenando a la indemnización que expresa por vulneración de derechos fundamentales a la entidad promotora de la acción ejercitada. Habiendo la empresa procedido a suprimir de forma unilateral conceptos retributivos que se estaban percibiendo con anterioridad o a reducirlos afectando al menos a 42 trabajadores. Aludiendo, en concreto a que, en Cantabria, se ha eliminado el concepto retributivo incentivos, por importe de 200 € mensuales. Pronunciamiento que se declara firme, confirmado por la sentencia del TS referida.

En su consecuencia, se ha de integrar conforme solicita la parte impugnante del recurso, el relato de la recurrida, en concreto el hecho declarado probado décimo, en el sentido de incluir tal pronunciamiento judicial y su firmeza, a los efectos oportunos a los que luego se volverá, en los motivos destinados a la denuncia de infracción jurídica propuesta por la parte recurrente.

2.-En atención a la revisión del relato propuesta por la recurrente, pretende la modificación del hecho declarado probado primero de la recurrida. Lo que funda, en la no firmeza de la sentencia de la AN que sustenta lar recurrida, considerando el juzgador para el cálculo del salario y cantidades debidas, lo que -argumenta- no es un hecho pacífico entre los recurrentes. Postulando su redacción literal siguiente:

"PRIMERO. - La demandante presta servicios desde el 23-11-2015 para COMFICA con categoría de oficial administrativa y salario bruto anual pactado/nominado de 30.318,47 €. En relación con los conceptos "incentivos" (350 €/mes) y "tarjeta SOLRED REPSOL" (150 €/mes), consta su controversia y pendencia en proceso específico (MSCT 946/2023), suspendido por el recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 16-2-2024 , no firme. No queda acreditada en el presente la habitualidad ni la naturaleza salarial de dichos conceptos a efectos individuales, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente en aquel procedimiento".

Ahora bien, el precepto en que funda su relato, con relación a lo establecido en el art. 196.3 y 97.2 del mismo Texto legal, no autoriza sustituir la libre e imparcial facultada valorativa del conjunto de pruebas aportado, por la interesada de parte del mismo activo probatorio.

A tal efecto, aquí estamos ante un procedimiento por despido, en que es precisa la fijación del salario regulador de sus efectos, conforme al art. 104.a) LRJS y, el mero dato de que al momento de su dictado no fuese firme la SAN en que se sustenta o que estuviese suspendido, por ello, el proceso por MSCT planteado por la actora, esperandoa su firmeza. Declarando en proceso de conflicto colectivo la AN en la sentencia valorada en la recurrida, sobre MSCT colectivas, que la decisión unilateral de la empresa de eliminar el concepto de incentivos es contraria a derecho, referido al personal adscrito a Cantabria, en que se incluye la actora.

Lo que, conforme a lo establecido en el artículo 160.4 de la LRJS, produce el efecto de ser ejecutivo este pronunciamiento, en resoluciones en que se cuestione tal hecho, desde su dictado y a pesar del recurso formulado contra aquella sentencia.

A lo que, igualmente se suma, como inmediatamente antes se ha expuesto, que dicha sentencia ya es firme, por haberse dictado sentencia en el recurso de casación interpuesto por sentencia delTS. Y, que la recurrida también se sustenta, para la determinación del salario con incentivos a que atiende a las nóminas aportadas, de las que deduce el importe que venía percibiendo tal concepto, de 350 €/mes. Aportando, igualmente, la actora y ello es valorado en la recurrida, documental relativa al uso de tarjeta Solred Repsol, por importe de 150 €/mes, como concepto retributivo que computa para el cálculo del salario regulador el despido analizado. Así como, estima cantidades pendientes de cobro reclamadas en la demanda, en virtud del art. 26.3 LRJS.

En atención a lo expuesto, no es posible la modificación pedida, por no sustentarse en documento fehaciente que evidencie su propuesta.

3.-Impugnael hecho probado segundo, respecto al cómputo de horas extraordinarias, interesando su modificación conforme a documental consistente en registro horario aportado por la recurrente (doc. 3, prueba anticipada) y prohibición expresa de realización de horas extra (doc. 3 de los aportados al juicio oral por esta parte procesal). Solicitando la siguiente redacción:

"SEGUNDO.- No consta acreditada la realización de horas extraordinarias en 2024. Del registro horario oficial (prueba Comfica anticipada n.º 3) se desprende una jornada ordinaria, sin picos sistemáticos de exceso y con salidas alineadas con la jornada de referencia, sin documentación individualizada de exceso imputable como extra (hojas de tiempo/cuadrantes validados) ni soporte de autorizaciones específicas. Además, rige en COMFICA la prohibición expresa de realización de horas extraordinarias sin autorización previa y por escrito del responsable; no obra en autos ninguna autorización de tal clase, lo que impide su cómputo como deuda salarial. Por lo que no consta, por tanto, la acreditación de las horas extraordinarias manifestadas por la actora en su escrito de demanda".

De forma subsidiaria, para el caso de que no prospere el texto alternativo antes propuesto, estima que es patente un error aritmético en el cálculo realizado por el juez de instancia. Proponiendo, en siguiente texto alternativo:

"SEGUNDO.- La actora prestó servicios de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, con 30 minutos de pausa. En 2024 trabajó 209 días, resultando 8,5 horas efectivas/día y 1.776,5 horas (209 × 8,5). La jornada anual de convenio es 1.765 h; el exceso asciende a 11,5 h".

En el ordinal impugnado, el juzgador valorando el conjunto desplegado, en concreto, dicha documental de fichaje; pero, también, otras pruebas como mails aportados por la actora y su hora de emisión, declaraciones de parte y testigo, que no acceden a su nueva valoración por la sala (SSTS/4ª de fecha 16-10-2018, rec. 1766/2016; y, 16-11-2015, rec. 53/2014). Aportando dicho registro horario de la empleada la recurrente, de conformidad a la facultad que la Ley procesal le confiere (art. 97.2), a la que resta la validez que pretende ante determinadas incongruencias de su extensión. Considerando justificado por la actora la realización, en parte, habitual y semanal del exceso reclamado.

Siendo la parte recurrente en el extraordinario recurso de suplicación formulado la que debe citar documental fehaciente directa y clara que evidencie el error pretendido por el juzgador ( art. 196.3 LRJS) que no cita.

Esta salaen resoluciones a que alude la parte recurrente hace referencia a la necesidad de concreción del trabajador de las horas trabajadas, así como su prueba, de ser negadas de contrario. No obstante, de igual forma, aludimos reiteradamente, a la menor disponibilidad probatoria, del art. 217.7 LEC, por el empleado, como sustento de la prueba de esta realización, relajándose las exigencias formalistas en esta concreta materia. Cuando, como aquí sucede, se trata de un exceso habitual y constante (aquí diaria de media hora, sobre la jornada convencional y de contrato), de forma que la justificación indiciaria del empleado de la realización del exceso basta, ante la falta de justificación de contrario de que tal exceso no se produce, para su consideración en todo el periodo reclamado ( STSJ Cantabria/Social de fecha 19-1-2022, rec. 826/2021).

En concreto y cuando valora el juzgador lo manifestado por los litigantes en el juicio oral, sobre la existencia de total coincidencia, exacta de fichajes de ocho horas todos los días laborales desde la entrada de la empleada, no evidencia que realmente fuese el trabajo efectivo al que llega en valoración del resto de pruebas ponderado por el juzgador de instancia. Como respecto de la concreción de trabajo efectivo, al que también atiende a calendario aportado por la actora, correos electrónicos aportados por la actora, fuera de dicha jornada laboral exacta opuesta por la empresa, deducida del fichaje o registro horario aportado. Con el total calculado de exceso de jornada diaria, trabajo en festivos y fines de semana. Por lo que, no citando la recurrente documento fehaciente o prueba pericial de superior valor a la ponderada en la recurrida que, de forma evidente y clara, permita deducir que su jornada real era la declarada probada, no es posible admitir ni la principal ni la propuesta subsidiaria.

Siendo la empleada a quien en virtud del art. 217.7 LEC, el juzgador otorga el beneficio de valorar el conjunto de la aportada para el relato que concluye, por la dificultad de prueba en dicha concreción, lo que no se predica de la empresa recurrente que tiene a su disposición todos los elementos de control del trabajo realizado efectivamente. A lo que, la constancia de prohibición de realización de horas extra, con carácter general, aquí lo que no evidencia es que las realizadas de forma efectiva por la empleada se haya realizado sin conocimiento o ante la oposición de la empresa, que se beneficia de su práctica, sin retribución.

4.-Respectodel hecho declarado probado tercero, con sustento documental en nóminas, suspensión del proceso planteado por MSCT por la empleada y políticas internas de jornada en la empresa. Solicita la modificación del mismo, proponiendo el siguiente texto alternativo:

"TERCERO.- No consta, por tanto, documentación fehaciente que acredite el devengo de 110 h extra ni la habitualidad/garantía de incentivos ni la asignación/uso de SOLRED; quedan excluidos del salario regulador y de las cantidades. Se mantendrán ex exclusiva las vacaciones que resulten acreditadas".

Reiterar aquí, la doctrina general ya expuesta, respecto de los artículos 193 b) y 196.3 LRJS, que viene estableciendo el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, en sus sentencias de 12-9-2016 (rec. 42/2015) y 24-9-2015 (rec. 309/2014), entre otras muchas, cuando señala que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS- únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin. Rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

Expresamente ha de rechazarse que se lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario, sino el ordinario de apelación.

Las nóminas que invoca no son documento fehaciente para negar la realización efectiva de horas extra, como se ha expuesto, tampoco prohibiciones genéricas de exceso de jornada que no se han materializado en la concreta prestación de servicios de la actora. Y, en cuanto a la suspensión del proceso por MSCT, como ya hemos visto, no impide que en este litigio es preciso fijar el importe del salario regulador de los efectos del despido, cuando, además, ya consta sentencia firme sobre el conflicto colectivo seguido que afecta a aquel proceso y motivó la suspensión del mismo.

Siendo libre el Magistrado de apreciar la prevalencia de la documental y declaración de la actora, respecto al sistema de fichaje y otras pruebas aportadas (mails, calendario, SAN, las mismas nóminas que invoca sobre incentivos y tarjeta soldred...), para concluir la concreta prestación de servicios efectiva de la actora que no sirven al recurso formulado para su nueva valoración por la sala, al no invocar documento fehaciente o pericial que evidencie error del juzgador al fijar un salario o la realización de determinadas horas extraordinarias.

5.-En cuanto al hecho probado cuarto, con apoyo documental en los núm. 1 y 2 de los aportados por esta parte procesal, consistentes en contrato de adjudicación, su objeto contratado en 2024, y doc. 5 consistente en correos electrónicos del operador Mas Orange, coordinando traspaso de actividad y albaranes de entrega de material a Eulen. Interesa su redacción siguiente:

"CUARTO.- Con la segmentación 2024, COMFICA celebró con MASORANGE el Contrato Marco 2024-2026 cuyo objeto se limita a "Servicios de Instalación y mantenimiento de clientes... para todas las marcas del grupo" (cláusula 2.1; no aparece "Mantenimiento de Planta Externa"). En cambio, el Contrato 2021-2023 (OSFI) sí incluía expresamente "Instalación y Mantenimiento de clientes y Mantenimiento de Planta Externa" (cláusula 2.1). Esta mutación objetiva acredita que el bloque de Mantenimiento de Planta Externa (PEX/FTTH) sale de COMFICA a partir de 2024, siendo asumido por la nueva adjudicataria FLM (EULEN) en la zona B (Cantabria)

Con fecha 28/10/2024 MASORANGE ordena la transferencia de actividad del Mantenimiento FTTH / MPEX (con entrega de materiales y logística de albaranes para firma y sello del almacén saliente y entrante) a las nuevas empresas FLM, entre ellas EULEN, incluyendo Cantabria dentro de la zona B, coordinándose fechas de recogida y listados de ítems (correos con NTT Data/Operador), tal y como se desprende del documento nº5 aportado por Comfica y admitido en el acto de juicio, consistente en los correos electrónicos enviados por el cliente para la coordinación del traspaso de la actividad... COMFICA entrega material a EULEN (documentos y justificantes de entrega).

Por tanto, la actividad de mantenimiento de planta externa/FTTH que absorbió EULEN comprende Cantabria, siendo EULEN la empresa entrante en el bloque funcional correspondiente (zona B), mientras que COMFICA mantuvo la actividad de provisión (I+M), sin identidad funcional con el mantenimiento transferido.» (correos operador y logística)".

De nuevo, de la misma documental consistente en tales contratos de adjudicación de contratas y correos con la operadora contratante y la codemandada, sobre traspaso. Valoradas igualmente por el juzgador, como antes se ha dicho, en el marco de otras pruebas como documental aportada por la codemandada, actora y testifical o declaraciones de parte, no trasciende a su valoración por la sala. Puesto que, loque no cita la recurrente, es documental fehaciente que evidencie error del juzgador, cuando concluye que la demandante no se limitaba a realizar sus servicios en la parte que pretende transmitida a la codemandada, ni por actividad ni geográficamente a Cantabria, cuanto también amplía su actividad geográficamente a otros servicios en cuya contrata persiste la recurrente y en distintos territorios a los ahora gestionados y contratados por Eulen.

Si se declara probado que Eulen presta séricos de mantenimiento FLM para zona geográfica B, compresiva, de Cantabria y otras regiones (no incluye Madrid, Cataluña ni Andalucía). Extendiéndose la prestación de servicios de la trabajadora para la recurrente a otros territorios respecto de servicios que no presta la codemandada, como instalación de diseño de fibra y participación en el programa HISPASAT que, tampoco, son prestados por la codemandada Eulen.

En realidad, laparte recurrente está valorando el conjunto de los documentos que cita, frente a la imparcial conclusión del Juzgador de instancia relativa a los mismos, en el marco de otras pruebas aportadas por la actora y codemandada que impiden entender que las citadas sean de las fehacientes, directas y evidentes que exige el precepto en que funda el recurso.

6.-Por lo que se refiere al hecho declarado probado quinto de la recurrida, sustentado en nóminas y registro horario del centro de trabajo de destino. Solicita la redacción alternativa que propone, del siguiente tenor:

"QUINTO.- Consta que, durante 2024, la actora estuvo adscrita de forma principal al servicio de mantenimiento de planta externa FTTH (MTO-PEX) para MasOrange -zona B (Cantabria)-, desempeñando tareas administrativas de soporte a mantenimiento (gestión de albaranes, materiales, OTs/cuadrantes y tramitación de incidencias). Tal adscripción resulta del registro horario oficial, en el que figura de manera persistente el centro de coste "1141-MTO. PEX FTTH NACIONAL ORANGE" y de las propias nominas de la trabajadora.

Aun cuando existieran apoyos puntuales en instalación/diseño/HISPASAT, no consta su regularidad ni entidad para desvirtuar la preponderancia en mantenimiento PEX (zona B); el registro horario no revela cambio de centro de coste ni rotación efectiva hacia otras unidades que permita mantener una adscripción mixta relevante".

De forma subsidiaria y para el caso de que no prospere el texto alternativo anterior, solicita que se suprima la referencia a "zona A" y a "otros servicios de instalación, diseño de fibra, programa HISPASAT"por genéricas y no corroboradas mediante documental o registros que acrediten prestación efectiva y continuada en tales ámbitos durante 2024. Manteniendo, como redacción mínima, la adscripción a mantenimiento PEX (zona B).

Reiterar que la valoración conjunta solo incumbe al juzgador de instancia que no puede sustituirse por la interesada de parte del mismo conjunto, cuando, además omite la valoración en la recurrida de otras pruebas aportadas por los colitigantes. No siendo las nóminas fehacientes para evidenciar la adscripción de la trabajadora a una determinada zona geográfica o funcional, de las varias prestadas por la recurrente. Tampoco, el registro horario aportado es fehaciente a tal efecto, siendo documental gestionada por la parte recurrente, de un centro material de servicios, que puede referirse a trabajos alusivos a otras zonas territoriales y servicios dentro de la jornada efectivamente realizada, obtenida por el juzgador del mencionado conjunto probatorio.

En consecuencia, no se accede a la modificación fáctica propuesta. No siendo el juzgador sino el recurrente, quien precisa la prueba documental fehaciente; y, ni siquiera que no se funde la recurrida en documental de tal carácter, es suficiente al recurso formulado ( STS/4ª de 23-4-2012, rec. 52/2011).

7.-Respectodel hecho declarado probado sexto, con apoyo documental en correo electrónico de la codemandada Eulen (doc. 7), respecto de que la recurrente -afirma- no les pasa personal a subrogar y que solo se remitió lo relativo a la actora. Postula la siguiente redacción:

"SEXTO (rectificado). - Debe suprimirse la expresión «Sí subrogó a otro administrativo proveniente de COMFICA».

Enlazando con lo anterior, puesto que el hecho de prueba negativa o que la recurrida no sustente su relato en prueba documental no trasciende a la valoración por la sala, siendo el recurrente quien precisa a tal efecto dicha documental fehaciente o prueba pericial que evidencie su error. En especial, cuando el atacado se sustenta en prueba testifical cuya valoración no alcanza a su revisión por la sala, como se ha visto. Y, a ello se añade en este apartado que carece de trascendencia su propuesta, pues ni siquiera por la vía de una pretendida transmisión de plantilla el hecho de subrogación de un administrativo o, ni siquiera, éste, supone la trascendencia para aplicar el art. 44 del ET, como a continuación se hará mención más extensa en los motivos de denuncia de infracción de normas.

Y, en cuanto a la subrogación que postula, es predeterminante del fallo y por tanto ya inatendible, debiendo concretar el recurrente (con apoyo en documento fehaciente en el recurso), aquellos datos fácticos en que sustenta la sucesión que pretende.

8.-Con relación al hecho declarado probado décimo, solicita su redacción literal siguiente:

"DÉCIMO.- Sehace expresa mención a que la cuestión retributiva (incentivos/SOLRED) se conecta por el propio Juzgado con el pleito colectivo MSCT aún no firme, de forma que no puede darse por probado su devengo fijo en 2024 en este procedimiento".

También, aquí, reiterar que en apartados anteriores ya se ha desestimado pretensiones relacionadas con la ahora postulada, no siendo oponible a la valoración en la instancia de elementos que deben ser tenidos en cuenta en la fijación de los efectos del despido analizado. Sumado que ya consta la firmeza de la sentencia de la AN en que se sustenta, en parte, la recurrida. Lo que no autoriza rebaja alguna en el importe del salario regulador fijado en la recurrida.

En su atención, procede la desestimación de la pretensión deducida, por más que es reiterativa, pues ya, la recurrida, destaca que dicha sentencia no es firme, por haberse interpuesto recurso de casación frente a la misma analizado en la fundamentación jurídica.

9.-Interesa la adición de un nuevo ordinal, undécimo con amparo documental en comunicaciones entre empresas aportadas al juicio oral. Solicitando su redacción siguiente:

"UNDÉCIMO.- Consta por correos del operador (Mas Orange) y su logística (NTT Data) que, en el marco de la transferencia FTTH MPEX - Fase 1, se coordinó con COMFICA y con las nuevas empresas adjudicatarias (EULEN/INSYTE) la recogida del material en los almacenes salientes, requiriéndose previamente el listado de ítems y cantidades para preparar el albarán que deberían firmar y sellar las partes (saliente y entrante). Se fijaron fechas y logística de recogida a finales de la semana 43 (W43) y antes de la semana 44, con revisión conjunta del material durante la entrega; se comunicaron direcciones y contactos para la recogida (Sevilla, Pontevedra y A Coruña). Consta, además, justificante/albarán de entrega a EULEN".

Dichos correos electrónicos y entregas de materiales, puesto que se declara probado y no se ha alterado en el recurso que la actividad que la actora desempeña para la empresa recurrente se extiende a otras áreas geográficas y funciones que la codemandada no presta en 2024, carece de trascendencia, ni evidencia error del juzgador en el relato que obtiene de otras pruebas aportadas por actora y codemandada.

10.-Por último, propone la adición de un ordinal fáctico más, con apoyo en la celebración del juicio oral, plan de trasferencia recogido en correos electrónicos del cliente y justificantes de albaranes de entrega de material a Eulen, parta continuación de actividad. Del siguiente tenor literal:

"DUODÉCIMO.- Consta en vista grabada que la entrante EULEN reconoce la asunción del mantenimiento en zona B (incluida Cantabria) y, exhibido su correo interno de 05/08/2025, admite la posibilidad de subrogación en Cantabria en atención al "mantenimiento FTTH" citado en la oferta. Ello concuerda con los correos del operador sobre transferencia (listados, albaranes, fechas) y con los albaranes de entrega a EULEN. Del correo interno de EULEN (05/08/2025), exhibido en sala, se desprende que no se les trasladó relación de personal a subrogar y que «a última hora [...] se remitió **la subrogación de **una única persona: Lourdes»; así como que la citación del pleito menciona "mantenimiento FTTH", términos coincidentes con su propia oferta.

Este cuadro es coherente con los correos del operador (Mas Orange) que ordenan la transferencia de actividad/material hacia EULEN/INSYTE (coordinación de listados, albaranes y fechas), y con los justificantes de entrega a EULEN".

Volviendo a lo ya dicho, puesto que la valoración conjunta de dichos correos, entregas y declaración de la codemandada o testifical, no trasciende a su nueva valoración por la sala, no invocando la recurrente documento fehaciente que permita concretar los trabajos efectivamente realizados por la actora a aquellas partes de la actividad que desde 2024, gestiona la codemandada Eulen. No es posible atender a la pretensión de la parte recurrente.

Por lo que, en conclusión, quedan básicamente inalterados los datos fácticos de que parte la sentencia recurrida, que son los mismos que sustentan esta resolución.

CUARTO.-Con amparo procesal en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente denuncia infracción de la recurrida de lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y Directiva 2001/23/CE, así como doctrina del TJUE y jurisprudencial que estima de aplicación, por interpretación errónea. Subsidiariamente, denuncia la vulneración del artículo 74 del Convenio, Clausula de adscripción exclusiva, respecto de la obligación de subrogación y aplicación de la regla de la proporcionalidad.

Aplicándose los efectos de la subrogación, también, cuando esta es parcial, asumiendo el sucesor parte esencial de actividad, medios personales y materiales, para su ejecución, con independencia de la forma de los contratos por los que se sucede la actividad. Con transmisión productiva de la unidad en que se emplea la actora, pues -afirma- la subrogación convencional solo actúa, cuando no concurre el art. 44 ET.

Continuando la codemandada Eulen elservicio deMas Orange (FTTH/FLM) y con traspaso operativo del servicio entre empresas. Coordinando la empresa contratante albaranes y recogidas para garantizar la continuidad del servicio de averías/incidencias (FLM). Hilos de logística exigiendo listados de ítems y albaranes para firmar por saliente y entrante, con justificantes a que de nuevo alude recibidos por Eulen (albaranes).

Estima justificada lasucesión de empresas del art. 44 y doctrina europea, de los contratos de 2021-2023 a los de 2024-2026, que para la recurrente antes incluía mantenimiento de planta externa (MPEX/PEXT) dentro del objeto y su logística de materiales. En 2024-2026, lo encuadra en instalación y mantenimiento de cliente (field/instalaciones), con dotación de medios, certificación y cesión de material del cliente. Por lo que, considera justificado que la actividad saliente que se transfiere (averías/FLM) se integra en el mismo ciclo de aseguramiento FTTH. Con cláusulas de logística, albaranes y custodias de material en 2021, propias de mantenimiento de red. Mientras que, en 2024-2026, el alcance y dotación se circunscribe -argumenta- a instalaciones/clientes (homologación de equipos, etc.).

En consecuencia, pretende que el servicio de mantenimiento de campo (FLM) continua con EULEN, y la actividad de la actora, materialmente, la circunscribe a este flujo operativo (centro de costo MTO.PEX FTTH Nacional Orange 39). Aludiendo, de nuevo para ello, al registro horario de la actora, carta de transmisión de la recurrente a EULEN, nóminas, correos entre empresas y aplicación de la doctrina jurisprudencial que refiere.

Por lo que, solicita la revocación de la recurrida y su absolución de las pretensiones deducidas en su contra, por ser subrogada la actividad en que se emplea la actora, sin continuidad en la prestación de servicios, por la codemandada EULEN. Debiendo asumir esta empresa las consecuencias del despido analizado en la recurrida.

Por último, solicita la rectificación de la base salarial, rechazando la inclusión de conceptos no acreditados como solred e incentivos y horas extraordinarias. Ateniéndose, solo, a los conceptos retributivos documentados en nómina y jornada ordinaria.

1.-Ahora bien, debemos destacar que el recurso se sustenta en un relato al que no se ha atendido en los motivos del recurso anteriores.

A tal efecto, resulta, en lo esencial, que se declara que el servicio prestado por la trabajadora para la recurrente, hasta el 1 de enero de 2025, en el servicio de mantenimiento que la recurrente tenía concertado con la empresa Mas Orange, y otros (servicios de construcción FTTH y conservación de planta externa), en los que, en parte, sigue prestando servicios, mientras que la codemandada Eulen, realiza parte de aquellos y en un área geográfica limitada (área geográfica que incluye Cantabria, pero excluye Cataluña, Madrid y Andalucía), el servicio de mantenimiento FLM.

La actora no solo trabaja en la zona B) (que incluye Cantabria), prestando servicios en otros ámbitos geográficos y distintos servicios (programa HISPASAT, diseño, rediseño, instalación, despliegue de redes, etc.).

Por lo tanto, carece de relato que sustente el recurso.

2.-Respecto de la subrogación de empresa o unidad productiva autónoma a que aluden los arts. 44 del ET y resto de los preceptos y doctrina jurisprudencial y del TJUE referidos. No consta la transmisión de tal unidad productiva a que se adscribe la real prestación y efectiva del servicio por la trabajadora que permita aplicar los efectos postulados.

Por todas, en la STS/4ª de 4-3-2025 (rec. 5377/2023), tras citar ampliamente la doctrina emanada del TJUE, establece que en un supuesto en el que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, solo estamos ante una sucesión de plantilla cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se trata aportando su propio personal, sino que se hace cargo además de una parte sustancial de la plantilla anterior, por lo que asume la obligación de subrogarse en la relación laboral de todos los destinados en la misma y bajo el régimen jurídico del artículo 44 ET.

Igualmente, reseña que debe tenerse muy presente que para que pueda entenderse concurrente la existencia de transmisión de empresa -a los efectos que refieren las Directivas CE 77/187 y 98/50 y, consecuentemente, el artículo 44 ET- es necesario que la transmisión vaya referida a cualquier entidad económica que mantenga su identidad después de la transmisión o traspaso, entendiendo por tal un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria; o el conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio. Pero, dejando claro que la mera circunstancia de que el servicio prestado por el antiguo y el nuevo adjudicatario de una contrata -en el caso, encargo de larga duración- sea similar no es suficiente para afirmar que existe transmisión de una entidad económica entre la primera y la segunda empresa. En efecto, su identidad resulta también de otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone.

De esta forma, para la determinación del fenómeno -transmisión de la entidad económica que mantiene su identidad- han de considerarse todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades.

Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente.

Aquí, la nueva empresa Eulen, no adquiere el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable, sino solo una parte de actividad y territorio en que lo ejecuta. Persistiendo la recurrente en las restantes actividades y territorio que abarcan las funciones que venía ejecutando la actora. Sin incorporación en la nueva empresa de una parte sustancial o cuantitativamente elevada de la plantilla anterior o de medios (solo los adscritos a la parte de actividad y territorio por ella ejecutados).

Sin que conste, en la parte del servicio que presta Eulen para el cliente, que haya trasferencia de personal substancial o relevante a tal fin, y si el material trasferido se refiere al área geográfica y actividad que realiza en 2025, no sirve a la subrogación de unidad productiva a que se adscribía la trabajadora que no se corresponde solo con dicha área geográfica y actividad, sino a otra más amplia que persiste en su ejecución la recurrente.

Por lo tanto, si como tampoco concurre el supuesto previsto convencionalmente en el art. 74 del CC que exige para que la subrogación opere la prestación exclusiva del trabajador a subrogar, durante al año previo al cambio de empresa, prestando servicios la trabajadora para la recurrente, en otros servicios a los que Eulen no ha sido contratada y en otras áreas geográficas distintas a las adjudicadas. En modo alguno resulta operativo dicho precepto, pues para que tal operatividad se produzca debe serlo en los términos literales del convenio que exige la exclusividad en el servicio subrogado ( STS/4ª de fecha 4-12-2024, rec. 1547/2023).

Lo que no sucede en el relato que sustenta la resolución del recurso.

3.-En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida que no incurre en la infracción de normas denunciada.

Sin que, tampoco, pueda rebajarse el importe indemnizatorio o salarial estimado en la recurrida. Dado el inalterado relato de la recurrida, tanto en cuanto al importe de incentivos, como tarjeta solred o horas extra realizadas antes de la extinción del contrato en virtud del despido declarado improcedente que debe atender al importe así calculado.

Produciendo el efecto de cosa juzgada, del art. 160.5 LRJS, lo resuelto en el conflicto colectivo seguido, respecto de MSCT de la actora, que vio como unilateralmente dejaba sin efecto la empresa el percibo de dichos incentivos que justifica por las nóminas aportadas el importe reconocido (350 €/mes) y uso de tarjeta (por importe de 150 €/mes) que afecta a dicho cálculo. Al igual que la realización de determinadas horas extraordinarias y su importe, que el juzgador calcula valorando el conjunto probatorio al que al inicio de esta resolución y en los motivos siguientes, se ha hecho expresa referencia.

Por lo que se confirman, en su integridad, los pronunciamientos de la instancia.

4.-No gozando la recurrente del beneficio de justicia gratuita procede la imposición de costas en la cuantía de 850 €, en concepto de honorarios de letrado de cada parte impugnante del recurso, en aplicación de lo previsto en el art. 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Igualmente, procede la pérdida de consignaciones y depósitos del art. 204 del mismo Texto legal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-En la instancia se estima parcialmente la demanda formulada, declarándose la improcedencia del despido de la actora frente a la empresa COMFICA Soluciones integrales S.A., con efectos desde el 1-1-2025, y las consecuencias inherentes a tal declaración.

En atención al relato que el juzgador obtiene, valorando el conjunto probatorio aportado por los litigantes. Destacando, especialmente, la prueba documental aportada por las empresas codemandadas, declaración de la actora en el juicio oral, testifical, resoluciones judiciales, mails unidos por la demandante, fichaje de la actora y nóminas.

Estimando, también, parcialmente, la reclamación salarial por importe de 17.324,44 euros, cuestión que, a su vez, condiciona el salario bruto diario regulador de dichos efectos del despido calificado como improcedente. Ante la posibilidad establecida legalmente de dicha reclamación acumulada al despido -a lo que la empresa codemandada Eulen seopuso-, al igual que el salario en especie e incentivos, en aplicación de lo establecido en el art. 26.3 de la LRJS.

Respecto de las horas extraordinarias que la actora pretende realizadas en 2024. Según interrogatorio de la demandante a presencia judicial en el acto del juicio oral, el documento nº 14 de la parte actora (mails) e incongruencias que el juzgador observa en los fichajes de la actora, se concluye que la actora trabajó de 8.00 a 17.00 horas todos los días. Es decir, nueve horas.

A estas horas les resta media hora, tiempo que se estima razonable para comer. En consecuencia, en el periodo reclamado (enero-diciembre de 2024) computa como trabajadas 1.875 horas (1.979 horas, menos las 104 horas destinadas a comer durante los 209 días que trabajó la actora). De lo obtiene un total debido por este concepto de 110 horas extras (214 menos 104), es decir, tiene derecho a 3.961,10 euros (36,01 por 110 horas).

Respecto del salario en especie, no siendo discutido que la demandante portaba una tarjeta SOLRED REPSOL por importe mensual de 150 euros, suma dicho importe. Y, también, reconoce los incentivos (nóminas) por importe mensual de 350 euros.

El día 16-2-24 se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la AN en la que en expediente de modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) colectiva con vulneración de derechos fundamentales falló la nulidad de la decisión empresarial impugnada y declaró que la conducta de la empresa demandada (Comfica Soluciones Integrales S.A.) al imponer una MSCT colectiva vulneraba el derecho a la negociación colectiva del sindicato demandante CCOO.

Esta decisión, aun no firme, pero estima legitima la solicitud de cantidades de la parte demandante y justifica su reconocimiento.

En definitiva, concluye el salario bruto diario a efectos de un posible despido improcedente ascenderá a 110,35 euros: 30.318,47 euros (nómina, demanda). 3.961,10 euros (horas extras). 1.800 euros (salario en especie). 4.200 euros (incentivos). El total asciende a 40.279,57 euros, es decir, 110,35 euros diarios.

En cuando al fondo de la cuestión debatida, si ha existido algún despido y en su caso, quién o quiénes son los responsables. Expone varias conclusiones:

La actora prestaba servicios para Comfica y desde el 1 de enero de 2025, ya no trabaja para ninguna de las empresas codemandadas, ni aquella ni Eulen. Determinando que, por ello, concurre despido improcedente.

Hasta el 1 de enero de 2025 era Comfica la que prestaba para Orange el servicio de mantenimiento. Después, prosigue con este servicio y otros. Eulen, por su parte, ha entrado en liza porque se le encomendó parcialmente el servicio de Mantenimiento FLM, zona geográfica B. Este es el único servicio atribuido a Eulen.

Considerando no discutido que se ofertaron por Orange a Comfica y Eulen trescontratos: Servicios de Mantenimiento FLM; Servicios de Construcción FTTH; Conservación de planta externa.

La demandada Eulen S.A. concurrió a esos tres servicios (a lo largo de 2024). Fue adjudicataria del contrato de Mantenimiento FLM, zona geográfica B (esta zona no incluye Madrid, Cataluña y Andalucía). Comfica fue adjudicataria de la zona A y de los dos últimos contratos (Servicios de Construcción FTTH y Conservación de planta externa).

La actora no solo trabajaba en la zona B, prestaba servicios en más ámbitos: otras zonas geográficas, programa HISPASAT, diseño, rediseño, instalación, despliegue de redes, etc....

Por lo que, en aplicación del art. 74 del Convenio colectivo de la Industria Siderometalurgia deCantabria, concluye que, la actora no debió ser subrogada por Eulen, ya que no trabajó exclusivamente en el servicio que, a partir de enero de 2025, pasó a desarrollar la mencionada empresa. La actora trabajó para otros contratos y servicios, no solo para la que ha pasado a desarrollar Eulen.

La obligación de continuar contando con los servicios de la demandante sigue pesando y condicionando a la demandada Comfica. Eulen notiene obligación de acoger a la actora, por ello. De hecho, valora que el testigo Sr. Nicanor, asevera que solo se habría asumido a un administrativo (proveniente de Comfica), a nadie más.

En base a lo expuesto, determina que la única responsable de lo acaecido es Comfica.

La indemnización, en su caso, ascenderá a 33.380,88 euros, de acuerdo con la antigüedad finalmente admitida por las demandadas (vida laboral, en cualquier caso) y el salario bruto diario mencionado de 110,35 euros.

Por lo que atañe a las cantidades, condena a Comfica a pagar: 110 horas extras: 3.961,10 euros. Incentivos y tarjeta SOLRED REPSOL: 8.100 euros (octubre 23-diciembre 24). Vacaciones: 1.518 euros (19 días). Por un total de 13.579,10 euros.

SEGUNDO.-Frente a esta decisión formula recurso de suplicación la representación letrada de la empresa codemandada COMFICA Soluciones Integrales S.A., en un último apartado, de forma subsidiaria, para el supuesto de desestimación de los motivos que formaliza por la vía del apartado b) y c), del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con amparo procesal en la letra a) del mismo precepto, para el supuesto de que la sala no entre en el fondo de lo cuestionado o discrepe de la revisión fáctica, declarando la insuficiencia de motivación y/o incongruencia omisiva ( arts. 97.2 LRJS, 24 y 120 CE, 218 LEC). Solicitando la nulidad de actuaciones y reposición para nueva sentencia debidamente motivada con valoración expresa de la documental, prueba anticipada y audiovisual, referida; subsidiariamente, interesa la nulidad, por la vía del art. 202 LRJS, para que la sala integre la motivación y entre en el fondo corriendo errores que dice detectados, en los motivos anteriores.

En concreto, interesa que se incorpore el soporte audiovisual de la vista celebrada en día de celebración del juicio oral, solicitando su reproducción en los minutos relativos a reconocimiento del responsable de EULEN y exhibición del doc. 7 de los aportados por la parte recurrente.

1.-Dado que la estimación de este apartado final del motivo del recurso, implicaría la imposibilidad de valorar el fondo de las cuestiones planteadas antes en el mismo recurso (de atenderse a la nulidad pedida de la recurrida), sobre revisión de su relato o derecho aplicado. Es preciso su análisis en primer lugar, pues, solo su desestimación permite seguir con el análisis de las restantes cuestiones pedidas y, no a la inversa, como propone, por lógica procesal.

2.-La doctrina constitucional viene estableciendo, para acceder al remedio extraordinario de la nulidad de actuaciones solicitado por infracción de normas procesales ( SSTC, de 12-7-2004, nº 121/2004, rec. 949/2003; nº 165/2001, de 16 de julio; y, nº 26/2000, de 31 de enero), que no es una cuestión formal.

Solo, si se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial, cabe declarar tal nulidad de actuaciones. Pero, es necesario, asimismo, que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa".

En este litigio debe partirse del hecho de que, desde el primer momento, en el juicio oral, la parte actora ha propuesto y practicado la prueba que estimo oportuna respecto de su pretensión de un salario superior al admitido de contrario y en cuanto a la falta de continuidad en la prestación de servicios frente a las empresas codemandadas que se ocupan de diversas contratadas para la principal Orange. En concreto, en lo ahora cuestionado, sobre salario y elementos de sucesión entre contratas y las codemandadas; igualmente, la empresa/recurrente se opone a ello por los motivos que expone, entre otros, decisiones judiciales no firmes sobre reclamaciones por conceptos que influyen en el necesario cálculo del salario regulador de la indemnización debida respecto del despido declarado improcedente, y con relación a la prueba anticipada unida a las actuaciones sobre registro horario y aquella relativa a las contratas de que cada empresa se ocupa.

Aportando los medios probatorios que estimó oportunos, incluida la declaración de partes y testigos, todo ello valorado en la recurrida, a tal fin.

Justificando el juzgador sus conclusiones, precisamente, en aplicación del art. 97.2 LRJS y concordantes, invocados en el recurso, no atendiendo solo a alegaciones y pruebas de la recurrente, sino, también, la propuesta por la actora y empresa codemandada que sustentan un salario superior al reconocido por la recurrente y se opone a la sucesión pretendida por ella.

No garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva o congruencia, invocados, la admisión de la conclusión fáctica deducida por la recurrente de la prueba o elementos aportados por esta parte, sino su ponderación en la instancia; junto con otras aportadas por la parte actora y codemandada que, legítimamente, pueden acreditar la pretensión (en parte) de la demanda y no la completa oposición de la demandada a la retribución o sucesión de empresas pedida.

Con relación a la necesaria material indefensión del art. 24 CE, por falta de análisis detallado de las documentales o declaraciones que ahora invoca la recurrente, no es precisa una mayor extensión en su argumentación o la pormenorizada expresión de cada documento en la recurrida. Sino que, basta la alegación a ellas genérica contenida en sus FFDD 2º y 3º, cuando, claramente el juzgador opta, valorando que no da por probado traspaso de medios materiales, plantilla substancial o contrata en que se emplea la actora, entre los litigantes, sino que se ha opuesto la codemandada expresamente a ello. Al igual que estima el derecho a cálculo de un mayor salario al reconocido por la recurrente y por las razones que explicita, pretendido por la actora. Por lo que, ninguna omisión se aprecia en la recurrida.

Luego, rechazando su alegación de que el salario sea menor, que no pueda entrarse (se opone a ello Eulen) en el cálculo del superior que se postula por estar suspendida la demanda de MSCT a consecuencia de conflicto colectivo seguido sobre la cuestión sin sentencia firme al momento del juicio oral (como se verá, en el momento actual sí consta), o que se haya traspasado la contrata a la codemandada.

Determinando el juzgador el marco de las indicadas circunstancias fácticas que estima justificadas, en que esencialmente se funda, que es lo que autoriza la defensa adecuada en suplicación de la recurrente.

Y, así lo revela que, en los motivos anteriores propuestos para el supuesto de no admisión de la nulidad pedida, también, propone la recurrente la revocación de la recurrida por los motivos que explicita.

3.-Es, también, constante la doctrina que declara que la nulidad de actuaciones es una medida excepcional, contraria al principio de economía procesal propio del proceso laboral ( art. 74 LRJS) , que solo debe acordarse cuando se produzca material y efectiva indefensión, mermando las posibilidades de defensa de la parte que lo pretende y siempre que se consigne la oportuna protesta ( STC, 15-11-2004, núm. 201/2004). El derecho a obtener una resolución fundada en derecho favorable o adversa es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos.

Ello implica que, si la resolución atacada ha de estar motivada, conteniendo elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que la fundamentan; y, la motivación debe contener una fundamentación en derecho. Este último aspecto, no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, o la valoración favorable a su activo probatorio, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva invocado.

La fundamentación en derecho conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o incurra en error patente, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad, tan solo, sería una mera apariencia.

De nuevo acudimos a la doctrina del TC, esta vez, contenida en el auto de fecha 20-10-2003, núm. 327/2003, que establece que el principio de tutela judicial efectiva no obliga a una contestación explícita y pormenorizada en las resoluciones judiciales, a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión o como causa de oposición por los litigantes. Pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica -aquí en concreto, respecto de la opción que le permite al magistrado el art. 97.2 de la LRJS, por aquellas pruebas que mayores garantías le ofrezca, respecto de la reclamación de horas extra de la actora y otras cantidades, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

Para comprobar si existe incongruencia omisiva respecto de otras pruebas aportadas por la recurrente, debe constatarse, en primer lugar, que la cuestión cuyo conocimiento y decisión se dice quedó imprejuzgada fue efectivamente planteada ante el órgano judicial en el momento procesal oportuno. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum-;de manera que, "en relación a estos últimos elementos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión".

Aquí, tanto la pretensión sobre el salario y horas extras realizadas por la trabajadora y sucesión de la contrata en que se emplea, como la oposición a ello formulada por la recurrente y codemandada, en lo esencial, debido a la oposición a las mismas esgrimidas por la demandada en el juicio oral, fueron suficientemente debatidas. Tienen reflejo explícito en el relato fáctico, también, en lo esencial que opta, con claridad, por el resultado que obtiene de las deducidas de las pruebas que detalla.

Por ello, no cabe tildar de incongruente a la sentencia recurrida, o que carezca de motivación sobre las razones que llevan a la decisión adoptada, ni que le cause indefensión a la recurrente. Sino, más bien, es desestimatoria de las pretensiones fácticas y jurídicas opuestas, en tal extremo por la empresa/recurrente. Lo que no causa indefensión cuando puede y, de hecho, impugna por la vía de revisión fáctica y jurídica (luego, conoce las razones que llevan a la desestimación de la inexistencia de horas extraordinarias reclamadas, menor salario o no sucesión de contratas), respecto de este pronunciamiento.

Bastando la mera contestación genérica en la recurrida, incluso, la tácita, no debiendo responder pormenorizadamente a todas las pretensiones de los litigantes, para desestimar estas pretensiones.

4.-Ya, por último, en lo que a la falta o motivación errónea se refiere, la doctrina jurisprudencial declara que: "Ciertamente la motivación de las resoluciones judiciales no sólo viene impuesta por el art. 120.3 CE , sino que es una exigencia derivada del art. 24.1 CE que tiene el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos, a la par que está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho ( art. 1.1 CE ) y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, y que en todo caso es garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que en tal caso la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia..."(por todas, STS/4ª de 3-11-2016, recurso de Casación núm. 255/2015).

Así, la sala considera que la recurrida cumple la exigencia de motivación cuando -como en autos- se expresan los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, poniendo de manifiesto la ratio decidendidel fallo judicial y permitiendo conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión jurisdiccional.

Dando respuesta a las exigencias legales derivadas del deber de motivación de las resoluciones judiciales en la sentencia impugnada. Pues, los argumentos que han llevado a estimar parcialmente la demanda en la reclamación de horas extra, salario, complementos y despido improcedente reclamado, según el propio relato de a instancia, son conocidos.

El Juzgador de lo Social no viene obligado, en esta valoración conjunta de la prueba, a acomodarse a la pretensión de la actora u oposición de las demandadas. El derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes y tutela judicial efectiva ( arts. 24.2 CE y 87.1 de la LRJS) , derecho inseparable del derecho mismo de defensa ( STC 1/1996, de 15 de enero, rec. 1917/1993) que opera en cualquier tipo de proceso, también, el laboral, lleva a concluir, de lo actuado, que no se produce indefensión a la parte recurrente. Lo que no se identifica con el resultado de la practicada en el juicio oral, contrario a sus intereses, sobre el detalle de las horas extra, salarios, complementos o sucesión en la contrata que no se estiman justificadas. No alcanzando tales derechos a que sean tenidas como acreditadas circunstancias fácticas controvertidas por las practicadas a instancia de uno de los litigantes o las propuestas, habiendo prueba de signo contrario (en la presente Litis, la aportada por la parte actora y la empresa codemandada).

Tampoco, garantiza una exhaustiva explicación de las razones que le llevan optar, ante documental u otras pruebas discrepantes, pero, ninguna de ellas prevalente sobre el resto (como luego se verá en los motivos de revisión fáctica también propuesto), a optar por la propuesta por la parte actora (en parte) y codemandada.

Sin que los preceptos citados en el recurso autoricen alterar el carácter extraordinario del interpuesto, ni a valorar el conjunto probatorio aportado de forma contraria a lo concluido en la recurrida, dados los términos regulatorios, que lo impiden.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación de la nulidad de actuaciones postulada; ni que haya lugar, en consecuencia, a su complemento por la sala. No trascendiendo a esta fase procesal del recurso de suplicación, la valoración de prueba testifical con relación a documentación exhibida en juicio que solo es valorable, en el conjunto de la restante prueba aportada por los litigantes, por el juzgador de instancia ( STS/4ª de fecha 24-1-2020, rec. 3962/2016). Salvo documental fehaciente que, como se verá en los motivos siguientes y ahora se adelanta, no es la invocada por la recurrente.

TERCERO.-Con amparo procesal en la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente interesa la modificación del relato de la recurrida en varios apartados; al igual que la parte impugnante del recurso, por la vía del art. 197.1 de la citada LRJS. A lo que, también, debe darse inicial respuesta, pues la resolución del recurso debe partir de un único relato.

1.-La parte impugnante del recurso, ha unido en fase de recurso, por la vía del art. 233 LRJS, la documental consistente en sentencia del TS, Sala Social, de fecha 11 de noviembre de 2025 (recurso de casación núm. 123/2024), en el procedimiento de vulneración de derechos fundamentes (derecho de libertad sindical), promovido a instancia de CC. OO. contra la empresa recurrente COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A., frente a la sentencia de la AN de fecha 16-2-2024 (proc. 29872023), que sustenta, en parte, la recurrida. En la que se deja sin efecto, declarando la nulidad de la decisión empresarial, consistente en imponer la MSCT colectiva impugnada, sin negociación previa; condenando a la indemnización que expresa por vulneración de derechos fundamentales a la entidad promotora de la acción ejercitada. Habiendo la empresa procedido a suprimir de forma unilateral conceptos retributivos que se estaban percibiendo con anterioridad o a reducirlos afectando al menos a 42 trabajadores. Aludiendo, en concreto a que, en Cantabria, se ha eliminado el concepto retributivo incentivos, por importe de 200 € mensuales. Pronunciamiento que se declara firme, confirmado por la sentencia del TS referida.

En su consecuencia, se ha de integrar conforme solicita la parte impugnante del recurso, el relato de la recurrida, en concreto el hecho declarado probado décimo, en el sentido de incluir tal pronunciamiento judicial y su firmeza, a los efectos oportunos a los que luego se volverá, en los motivos destinados a la denuncia de infracción jurídica propuesta por la parte recurrente.

2.-En atención a la revisión del relato propuesta por la recurrente, pretende la modificación del hecho declarado probado primero de la recurrida. Lo que funda, en la no firmeza de la sentencia de la AN que sustenta lar recurrida, considerando el juzgador para el cálculo del salario y cantidades debidas, lo que -argumenta- no es un hecho pacífico entre los recurrentes. Postulando su redacción literal siguiente:

"PRIMERO. - La demandante presta servicios desde el 23-11-2015 para COMFICA con categoría de oficial administrativa y salario bruto anual pactado/nominado de 30.318,47 €. En relación con los conceptos "incentivos" (350 €/mes) y "tarjeta SOLRED REPSOL" (150 €/mes), consta su controversia y pendencia en proceso específico (MSCT 946/2023), suspendido por el recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 16-2-2024 , no firme. No queda acreditada en el presente la habitualidad ni la naturaleza salarial de dichos conceptos a efectos individuales, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente en aquel procedimiento".

Ahora bien, el precepto en que funda su relato, con relación a lo establecido en el art. 196.3 y 97.2 del mismo Texto legal, no autoriza sustituir la libre e imparcial facultada valorativa del conjunto de pruebas aportado, por la interesada de parte del mismo activo probatorio.

A tal efecto, aquí estamos ante un procedimiento por despido, en que es precisa la fijación del salario regulador de sus efectos, conforme al art. 104.a) LRJS y, el mero dato de que al momento de su dictado no fuese firme la SAN en que se sustenta o que estuviese suspendido, por ello, el proceso por MSCT planteado por la actora, esperandoa su firmeza. Declarando en proceso de conflicto colectivo la AN en la sentencia valorada en la recurrida, sobre MSCT colectivas, que la decisión unilateral de la empresa de eliminar el concepto de incentivos es contraria a derecho, referido al personal adscrito a Cantabria, en que se incluye la actora.

Lo que, conforme a lo establecido en el artículo 160.4 de la LRJS, produce el efecto de ser ejecutivo este pronunciamiento, en resoluciones en que se cuestione tal hecho, desde su dictado y a pesar del recurso formulado contra aquella sentencia.

A lo que, igualmente se suma, como inmediatamente antes se ha expuesto, que dicha sentencia ya es firme, por haberse dictado sentencia en el recurso de casación interpuesto por sentencia delTS. Y, que la recurrida también se sustenta, para la determinación del salario con incentivos a que atiende a las nóminas aportadas, de las que deduce el importe que venía percibiendo tal concepto, de 350 €/mes. Aportando, igualmente, la actora y ello es valorado en la recurrida, documental relativa al uso de tarjeta Solred Repsol, por importe de 150 €/mes, como concepto retributivo que computa para el cálculo del salario regulador el despido analizado. Así como, estima cantidades pendientes de cobro reclamadas en la demanda, en virtud del art. 26.3 LRJS.

En atención a lo expuesto, no es posible la modificación pedida, por no sustentarse en documento fehaciente que evidencie su propuesta.

3.-Impugnael hecho probado segundo, respecto al cómputo de horas extraordinarias, interesando su modificación conforme a documental consistente en registro horario aportado por la recurrente (doc. 3, prueba anticipada) y prohibición expresa de realización de horas extra (doc. 3 de los aportados al juicio oral por esta parte procesal). Solicitando la siguiente redacción:

"SEGUNDO.- No consta acreditada la realización de horas extraordinarias en 2024. Del registro horario oficial (prueba Comfica anticipada n.º 3) se desprende una jornada ordinaria, sin picos sistemáticos de exceso y con salidas alineadas con la jornada de referencia, sin documentación individualizada de exceso imputable como extra (hojas de tiempo/cuadrantes validados) ni soporte de autorizaciones específicas. Además, rige en COMFICA la prohibición expresa de realización de horas extraordinarias sin autorización previa y por escrito del responsable; no obra en autos ninguna autorización de tal clase, lo que impide su cómputo como deuda salarial. Por lo que no consta, por tanto, la acreditación de las horas extraordinarias manifestadas por la actora en su escrito de demanda".

De forma subsidiaria, para el caso de que no prospere el texto alternativo antes propuesto, estima que es patente un error aritmético en el cálculo realizado por el juez de instancia. Proponiendo, en siguiente texto alternativo:

"SEGUNDO.- La actora prestó servicios de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, con 30 minutos de pausa. En 2024 trabajó 209 días, resultando 8,5 horas efectivas/día y 1.776,5 horas (209 × 8,5). La jornada anual de convenio es 1.765 h; el exceso asciende a 11,5 h".

En el ordinal impugnado, el juzgador valorando el conjunto desplegado, en concreto, dicha documental de fichaje; pero, también, otras pruebas como mails aportados por la actora y su hora de emisión, declaraciones de parte y testigo, que no acceden a su nueva valoración por la sala (SSTS/4ª de fecha 16-10-2018, rec. 1766/2016; y, 16-11-2015, rec. 53/2014). Aportando dicho registro horario de la empleada la recurrente, de conformidad a la facultad que la Ley procesal le confiere (art. 97.2), a la que resta la validez que pretende ante determinadas incongruencias de su extensión. Considerando justificado por la actora la realización, en parte, habitual y semanal del exceso reclamado.

Siendo la parte recurrente en el extraordinario recurso de suplicación formulado la que debe citar documental fehaciente directa y clara que evidencie el error pretendido por el juzgador ( art. 196.3 LRJS) que no cita.

Esta salaen resoluciones a que alude la parte recurrente hace referencia a la necesidad de concreción del trabajador de las horas trabajadas, así como su prueba, de ser negadas de contrario. No obstante, de igual forma, aludimos reiteradamente, a la menor disponibilidad probatoria, del art. 217.7 LEC, por el empleado, como sustento de la prueba de esta realización, relajándose las exigencias formalistas en esta concreta materia. Cuando, como aquí sucede, se trata de un exceso habitual y constante (aquí diaria de media hora, sobre la jornada convencional y de contrato), de forma que la justificación indiciaria del empleado de la realización del exceso basta, ante la falta de justificación de contrario de que tal exceso no se produce, para su consideración en todo el periodo reclamado ( STSJ Cantabria/Social de fecha 19-1-2022, rec. 826/2021).

En concreto y cuando valora el juzgador lo manifestado por los litigantes en el juicio oral, sobre la existencia de total coincidencia, exacta de fichajes de ocho horas todos los días laborales desde la entrada de la empleada, no evidencia que realmente fuese el trabajo efectivo al que llega en valoración del resto de pruebas ponderado por el juzgador de instancia. Como respecto de la concreción de trabajo efectivo, al que también atiende a calendario aportado por la actora, correos electrónicos aportados por la actora, fuera de dicha jornada laboral exacta opuesta por la empresa, deducida del fichaje o registro horario aportado. Con el total calculado de exceso de jornada diaria, trabajo en festivos y fines de semana. Por lo que, no citando la recurrente documento fehaciente o prueba pericial de superior valor a la ponderada en la recurrida que, de forma evidente y clara, permita deducir que su jornada real era la declarada probada, no es posible admitir ni la principal ni la propuesta subsidiaria.

Siendo la empleada a quien en virtud del art. 217.7 LEC, el juzgador otorga el beneficio de valorar el conjunto de la aportada para el relato que concluye, por la dificultad de prueba en dicha concreción, lo que no se predica de la empresa recurrente que tiene a su disposición todos los elementos de control del trabajo realizado efectivamente. A lo que, la constancia de prohibición de realización de horas extra, con carácter general, aquí lo que no evidencia es que las realizadas de forma efectiva por la empleada se haya realizado sin conocimiento o ante la oposición de la empresa, que se beneficia de su práctica, sin retribución.

4.-Respectodel hecho declarado probado tercero, con sustento documental en nóminas, suspensión del proceso planteado por MSCT por la empleada y políticas internas de jornada en la empresa. Solicita la modificación del mismo, proponiendo el siguiente texto alternativo:

"TERCERO.- No consta, por tanto, documentación fehaciente que acredite el devengo de 110 h extra ni la habitualidad/garantía de incentivos ni la asignación/uso de SOLRED; quedan excluidos del salario regulador y de las cantidades. Se mantendrán ex exclusiva las vacaciones que resulten acreditadas".

Reiterar aquí, la doctrina general ya expuesta, respecto de los artículos 193 b) y 196.3 LRJS, que viene estableciendo el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, en sus sentencias de 12-9-2016 (rec. 42/2015) y 24-9-2015 (rec. 309/2014), entre otras muchas, cuando señala que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS- únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin. Rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

Expresamente ha de rechazarse que se lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario, sino el ordinario de apelación.

Las nóminas que invoca no son documento fehaciente para negar la realización efectiva de horas extra, como se ha expuesto, tampoco prohibiciones genéricas de exceso de jornada que no se han materializado en la concreta prestación de servicios de la actora. Y, en cuanto a la suspensión del proceso por MSCT, como ya hemos visto, no impide que en este litigio es preciso fijar el importe del salario regulador de los efectos del despido, cuando, además, ya consta sentencia firme sobre el conflicto colectivo seguido que afecta a aquel proceso y motivó la suspensión del mismo.

Siendo libre el Magistrado de apreciar la prevalencia de la documental y declaración de la actora, respecto al sistema de fichaje y otras pruebas aportadas (mails, calendario, SAN, las mismas nóminas que invoca sobre incentivos y tarjeta soldred...), para concluir la concreta prestación de servicios efectiva de la actora que no sirven al recurso formulado para su nueva valoración por la sala, al no invocar documento fehaciente o pericial que evidencie error del juzgador al fijar un salario o la realización de determinadas horas extraordinarias.

5.-En cuanto al hecho probado cuarto, con apoyo documental en los núm. 1 y 2 de los aportados por esta parte procesal, consistentes en contrato de adjudicación, su objeto contratado en 2024, y doc. 5 consistente en correos electrónicos del operador Mas Orange, coordinando traspaso de actividad y albaranes de entrega de material a Eulen. Interesa su redacción siguiente:

"CUARTO.- Con la segmentación 2024, COMFICA celebró con MASORANGE el Contrato Marco 2024-2026 cuyo objeto se limita a "Servicios de Instalación y mantenimiento de clientes... para todas las marcas del grupo" (cláusula 2.1; no aparece "Mantenimiento de Planta Externa"). En cambio, el Contrato 2021-2023 (OSFI) sí incluía expresamente "Instalación y Mantenimiento de clientes y Mantenimiento de Planta Externa" (cláusula 2.1). Esta mutación objetiva acredita que el bloque de Mantenimiento de Planta Externa (PEX/FTTH) sale de COMFICA a partir de 2024, siendo asumido por la nueva adjudicataria FLM (EULEN) en la zona B (Cantabria)

Con fecha 28/10/2024 MASORANGE ordena la transferencia de actividad del Mantenimiento FTTH / MPEX (con entrega de materiales y logística de albaranes para firma y sello del almacén saliente y entrante) a las nuevas empresas FLM, entre ellas EULEN, incluyendo Cantabria dentro de la zona B, coordinándose fechas de recogida y listados de ítems (correos con NTT Data/Operador), tal y como se desprende del documento nº5 aportado por Comfica y admitido en el acto de juicio, consistente en los correos electrónicos enviados por el cliente para la coordinación del traspaso de la actividad... COMFICA entrega material a EULEN (documentos y justificantes de entrega).

Por tanto, la actividad de mantenimiento de planta externa/FTTH que absorbió EULEN comprende Cantabria, siendo EULEN la empresa entrante en el bloque funcional correspondiente (zona B), mientras que COMFICA mantuvo la actividad de provisión (I+M), sin identidad funcional con el mantenimiento transferido.» (correos operador y logística)".

De nuevo, de la misma documental consistente en tales contratos de adjudicación de contratas y correos con la operadora contratante y la codemandada, sobre traspaso. Valoradas igualmente por el juzgador, como antes se ha dicho, en el marco de otras pruebas como documental aportada por la codemandada, actora y testifical o declaraciones de parte, no trasciende a su valoración por la sala. Puesto que, loque no cita la recurrente, es documental fehaciente que evidencie error del juzgador, cuando concluye que la demandante no se limitaba a realizar sus servicios en la parte que pretende transmitida a la codemandada, ni por actividad ni geográficamente a Cantabria, cuanto también amplía su actividad geográficamente a otros servicios en cuya contrata persiste la recurrente y en distintos territorios a los ahora gestionados y contratados por Eulen.

Si se declara probado que Eulen presta séricos de mantenimiento FLM para zona geográfica B, compresiva, de Cantabria y otras regiones (no incluye Madrid, Cataluña ni Andalucía). Extendiéndose la prestación de servicios de la trabajadora para la recurrente a otros territorios respecto de servicios que no presta la codemandada, como instalación de diseño de fibra y participación en el programa HISPASAT que, tampoco, son prestados por la codemandada Eulen.

En realidad, laparte recurrente está valorando el conjunto de los documentos que cita, frente a la imparcial conclusión del Juzgador de instancia relativa a los mismos, en el marco de otras pruebas aportadas por la actora y codemandada que impiden entender que las citadas sean de las fehacientes, directas y evidentes que exige el precepto en que funda el recurso.

6.-Por lo que se refiere al hecho declarado probado quinto de la recurrida, sustentado en nóminas y registro horario del centro de trabajo de destino. Solicita la redacción alternativa que propone, del siguiente tenor:

"QUINTO.- Consta que, durante 2024, la actora estuvo adscrita de forma principal al servicio de mantenimiento de planta externa FTTH (MTO-PEX) para MasOrange -zona B (Cantabria)-, desempeñando tareas administrativas de soporte a mantenimiento (gestión de albaranes, materiales, OTs/cuadrantes y tramitación de incidencias). Tal adscripción resulta del registro horario oficial, en el que figura de manera persistente el centro de coste "1141-MTO. PEX FTTH NACIONAL ORANGE" y de las propias nominas de la trabajadora.

Aun cuando existieran apoyos puntuales en instalación/diseño/HISPASAT, no consta su regularidad ni entidad para desvirtuar la preponderancia en mantenimiento PEX (zona B); el registro horario no revela cambio de centro de coste ni rotación efectiva hacia otras unidades que permita mantener una adscripción mixta relevante".

De forma subsidiaria y para el caso de que no prospere el texto alternativo anterior, solicita que se suprima la referencia a "zona A" y a "otros servicios de instalación, diseño de fibra, programa HISPASAT"por genéricas y no corroboradas mediante documental o registros que acrediten prestación efectiva y continuada en tales ámbitos durante 2024. Manteniendo, como redacción mínima, la adscripción a mantenimiento PEX (zona B).

Reiterar que la valoración conjunta solo incumbe al juzgador de instancia que no puede sustituirse por la interesada de parte del mismo conjunto, cuando, además omite la valoración en la recurrida de otras pruebas aportadas por los colitigantes. No siendo las nóminas fehacientes para evidenciar la adscripción de la trabajadora a una determinada zona geográfica o funcional, de las varias prestadas por la recurrente. Tampoco, el registro horario aportado es fehaciente a tal efecto, siendo documental gestionada por la parte recurrente, de un centro material de servicios, que puede referirse a trabajos alusivos a otras zonas territoriales y servicios dentro de la jornada efectivamente realizada, obtenida por el juzgador del mencionado conjunto probatorio.

En consecuencia, no se accede a la modificación fáctica propuesta. No siendo el juzgador sino el recurrente, quien precisa la prueba documental fehaciente; y, ni siquiera que no se funde la recurrida en documental de tal carácter, es suficiente al recurso formulado ( STS/4ª de 23-4-2012, rec. 52/2011).

7.-Respectodel hecho declarado probado sexto, con apoyo documental en correo electrónico de la codemandada Eulen (doc. 7), respecto de que la recurrente -afirma- no les pasa personal a subrogar y que solo se remitió lo relativo a la actora. Postula la siguiente redacción:

"SEXTO (rectificado). - Debe suprimirse la expresión «Sí subrogó a otro administrativo proveniente de COMFICA».

Enlazando con lo anterior, puesto que el hecho de prueba negativa o que la recurrida no sustente su relato en prueba documental no trasciende a la valoración por la sala, siendo el recurrente quien precisa a tal efecto dicha documental fehaciente o prueba pericial que evidencie su error. En especial, cuando el atacado se sustenta en prueba testifical cuya valoración no alcanza a su revisión por la sala, como se ha visto. Y, a ello se añade en este apartado que carece de trascendencia su propuesta, pues ni siquiera por la vía de una pretendida transmisión de plantilla el hecho de subrogación de un administrativo o, ni siquiera, éste, supone la trascendencia para aplicar el art. 44 del ET, como a continuación se hará mención más extensa en los motivos de denuncia de infracción de normas.

Y, en cuanto a la subrogación que postula, es predeterminante del fallo y por tanto ya inatendible, debiendo concretar el recurrente (con apoyo en documento fehaciente en el recurso), aquellos datos fácticos en que sustenta la sucesión que pretende.

8.-Con relación al hecho declarado probado décimo, solicita su redacción literal siguiente:

"DÉCIMO.- Sehace expresa mención a que la cuestión retributiva (incentivos/SOLRED) se conecta por el propio Juzgado con el pleito colectivo MSCT aún no firme, de forma que no puede darse por probado su devengo fijo en 2024 en este procedimiento".

También, aquí, reiterar que en apartados anteriores ya se ha desestimado pretensiones relacionadas con la ahora postulada, no siendo oponible a la valoración en la instancia de elementos que deben ser tenidos en cuenta en la fijación de los efectos del despido analizado. Sumado que ya consta la firmeza de la sentencia de la AN en que se sustenta, en parte, la recurrida. Lo que no autoriza rebaja alguna en el importe del salario regulador fijado en la recurrida.

En su atención, procede la desestimación de la pretensión deducida, por más que es reiterativa, pues ya, la recurrida, destaca que dicha sentencia no es firme, por haberse interpuesto recurso de casación frente a la misma analizado en la fundamentación jurídica.

9.-Interesa la adición de un nuevo ordinal, undécimo con amparo documental en comunicaciones entre empresas aportadas al juicio oral. Solicitando su redacción siguiente:

"UNDÉCIMO.- Consta por correos del operador (Mas Orange) y su logística (NTT Data) que, en el marco de la transferencia FTTH MPEX - Fase 1, se coordinó con COMFICA y con las nuevas empresas adjudicatarias (EULEN/INSYTE) la recogida del material en los almacenes salientes, requiriéndose previamente el listado de ítems y cantidades para preparar el albarán que deberían firmar y sellar las partes (saliente y entrante). Se fijaron fechas y logística de recogida a finales de la semana 43 (W43) y antes de la semana 44, con revisión conjunta del material durante la entrega; se comunicaron direcciones y contactos para la recogida (Sevilla, Pontevedra y A Coruña). Consta, además, justificante/albarán de entrega a EULEN".

Dichos correos electrónicos y entregas de materiales, puesto que se declara probado y no se ha alterado en el recurso que la actividad que la actora desempeña para la empresa recurrente se extiende a otras áreas geográficas y funciones que la codemandada no presta en 2024, carece de trascendencia, ni evidencia error del juzgador en el relato que obtiene de otras pruebas aportadas por actora y codemandada.

10.-Por último, propone la adición de un ordinal fáctico más, con apoyo en la celebración del juicio oral, plan de trasferencia recogido en correos electrónicos del cliente y justificantes de albaranes de entrega de material a Eulen, parta continuación de actividad. Del siguiente tenor literal:

"DUODÉCIMO.- Consta en vista grabada que la entrante EULEN reconoce la asunción del mantenimiento en zona B (incluida Cantabria) y, exhibido su correo interno de 05/08/2025, admite la posibilidad de subrogación en Cantabria en atención al "mantenimiento FTTH" citado en la oferta. Ello concuerda con los correos del operador sobre transferencia (listados, albaranes, fechas) y con los albaranes de entrega a EULEN. Del correo interno de EULEN (05/08/2025), exhibido en sala, se desprende que no se les trasladó relación de personal a subrogar y que «a última hora [...] se remitió **la subrogación de **una única persona: Lourdes»; así como que la citación del pleito menciona "mantenimiento FTTH", términos coincidentes con su propia oferta.

Este cuadro es coherente con los correos del operador (Mas Orange) que ordenan la transferencia de actividad/material hacia EULEN/INSYTE (coordinación de listados, albaranes y fechas), y con los justificantes de entrega a EULEN".

Volviendo a lo ya dicho, puesto que la valoración conjunta de dichos correos, entregas y declaración de la codemandada o testifical, no trasciende a su nueva valoración por la sala, no invocando la recurrente documento fehaciente que permita concretar los trabajos efectivamente realizados por la actora a aquellas partes de la actividad que desde 2024, gestiona la codemandada Eulen. No es posible atender a la pretensión de la parte recurrente.

Por lo que, en conclusión, quedan básicamente inalterados los datos fácticos de que parte la sentencia recurrida, que son los mismos que sustentan esta resolución.

CUARTO.-Con amparo procesal en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente denuncia infracción de la recurrida de lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y Directiva 2001/23/CE, así como doctrina del TJUE y jurisprudencial que estima de aplicación, por interpretación errónea. Subsidiariamente, denuncia la vulneración del artículo 74 del Convenio, Clausula de adscripción exclusiva, respecto de la obligación de subrogación y aplicación de la regla de la proporcionalidad.

Aplicándose los efectos de la subrogación, también, cuando esta es parcial, asumiendo el sucesor parte esencial de actividad, medios personales y materiales, para su ejecución, con independencia de la forma de los contratos por los que se sucede la actividad. Con transmisión productiva de la unidad en que se emplea la actora, pues -afirma- la subrogación convencional solo actúa, cuando no concurre el art. 44 ET.

Continuando la codemandada Eulen elservicio deMas Orange (FTTH/FLM) y con traspaso operativo del servicio entre empresas. Coordinando la empresa contratante albaranes y recogidas para garantizar la continuidad del servicio de averías/incidencias (FLM). Hilos de logística exigiendo listados de ítems y albaranes para firmar por saliente y entrante, con justificantes a que de nuevo alude recibidos por Eulen (albaranes).

Estima justificada lasucesión de empresas del art. 44 y doctrina europea, de los contratos de 2021-2023 a los de 2024-2026, que para la recurrente antes incluía mantenimiento de planta externa (MPEX/PEXT) dentro del objeto y su logística de materiales. En 2024-2026, lo encuadra en instalación y mantenimiento de cliente (field/instalaciones), con dotación de medios, certificación y cesión de material del cliente. Por lo que, considera justificado que la actividad saliente que se transfiere (averías/FLM) se integra en el mismo ciclo de aseguramiento FTTH. Con cláusulas de logística, albaranes y custodias de material en 2021, propias de mantenimiento de red. Mientras que, en 2024-2026, el alcance y dotación se circunscribe -argumenta- a instalaciones/clientes (homologación de equipos, etc.).

En consecuencia, pretende que el servicio de mantenimiento de campo (FLM) continua con EULEN, y la actividad de la actora, materialmente, la circunscribe a este flujo operativo (centro de costo MTO.PEX FTTH Nacional Orange 39). Aludiendo, de nuevo para ello, al registro horario de la actora, carta de transmisión de la recurrente a EULEN, nóminas, correos entre empresas y aplicación de la doctrina jurisprudencial que refiere.

Por lo que, solicita la revocación de la recurrida y su absolución de las pretensiones deducidas en su contra, por ser subrogada la actividad en que se emplea la actora, sin continuidad en la prestación de servicios, por la codemandada EULEN. Debiendo asumir esta empresa las consecuencias del despido analizado en la recurrida.

Por último, solicita la rectificación de la base salarial, rechazando la inclusión de conceptos no acreditados como solred e incentivos y horas extraordinarias. Ateniéndose, solo, a los conceptos retributivos documentados en nómina y jornada ordinaria.

1.-Ahora bien, debemos destacar que el recurso se sustenta en un relato al que no se ha atendido en los motivos del recurso anteriores.

A tal efecto, resulta, en lo esencial, que se declara que el servicio prestado por la trabajadora para la recurrente, hasta el 1 de enero de 2025, en el servicio de mantenimiento que la recurrente tenía concertado con la empresa Mas Orange, y otros (servicios de construcción FTTH y conservación de planta externa), en los que, en parte, sigue prestando servicios, mientras que la codemandada Eulen, realiza parte de aquellos y en un área geográfica limitada (área geográfica que incluye Cantabria, pero excluye Cataluña, Madrid y Andalucía), el servicio de mantenimiento FLM.

La actora no solo trabaja en la zona B) (que incluye Cantabria), prestando servicios en otros ámbitos geográficos y distintos servicios (programa HISPASAT, diseño, rediseño, instalación, despliegue de redes, etc.).

Por lo tanto, carece de relato que sustente el recurso.

2.-Respecto de la subrogación de empresa o unidad productiva autónoma a que aluden los arts. 44 del ET y resto de los preceptos y doctrina jurisprudencial y del TJUE referidos. No consta la transmisión de tal unidad productiva a que se adscribe la real prestación y efectiva del servicio por la trabajadora que permita aplicar los efectos postulados.

Por todas, en la STS/4ª de 4-3-2025 (rec. 5377/2023), tras citar ampliamente la doctrina emanada del TJUE, establece que en un supuesto en el que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, solo estamos ante una sucesión de plantilla cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se trata aportando su propio personal, sino que se hace cargo además de una parte sustancial de la plantilla anterior, por lo que asume la obligación de subrogarse en la relación laboral de todos los destinados en la misma y bajo el régimen jurídico del artículo 44 ET.

Igualmente, reseña que debe tenerse muy presente que para que pueda entenderse concurrente la existencia de transmisión de empresa -a los efectos que refieren las Directivas CE 77/187 y 98/50 y, consecuentemente, el artículo 44 ET- es necesario que la transmisión vaya referida a cualquier entidad económica que mantenga su identidad después de la transmisión o traspaso, entendiendo por tal un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria; o el conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio. Pero, dejando claro que la mera circunstancia de que el servicio prestado por el antiguo y el nuevo adjudicatario de una contrata -en el caso, encargo de larga duración- sea similar no es suficiente para afirmar que existe transmisión de una entidad económica entre la primera y la segunda empresa. En efecto, su identidad resulta también de otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone.

De esta forma, para la determinación del fenómeno -transmisión de la entidad económica que mantiene su identidad- han de considerarse todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades.

Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente.

Aquí, la nueva empresa Eulen, no adquiere el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable, sino solo una parte de actividad y territorio en que lo ejecuta. Persistiendo la recurrente en las restantes actividades y territorio que abarcan las funciones que venía ejecutando la actora. Sin incorporación en la nueva empresa de una parte sustancial o cuantitativamente elevada de la plantilla anterior o de medios (solo los adscritos a la parte de actividad y territorio por ella ejecutados).

Sin que conste, en la parte del servicio que presta Eulen para el cliente, que haya trasferencia de personal substancial o relevante a tal fin, y si el material trasferido se refiere al área geográfica y actividad que realiza en 2025, no sirve a la subrogación de unidad productiva a que se adscribía la trabajadora que no se corresponde solo con dicha área geográfica y actividad, sino a otra más amplia que persiste en su ejecución la recurrente.

Por lo tanto, si como tampoco concurre el supuesto previsto convencionalmente en el art. 74 del CC que exige para que la subrogación opere la prestación exclusiva del trabajador a subrogar, durante al año previo al cambio de empresa, prestando servicios la trabajadora para la recurrente, en otros servicios a los que Eulen no ha sido contratada y en otras áreas geográficas distintas a las adjudicadas. En modo alguno resulta operativo dicho precepto, pues para que tal operatividad se produzca debe serlo en los términos literales del convenio que exige la exclusividad en el servicio subrogado ( STS/4ª de fecha 4-12-2024, rec. 1547/2023).

Lo que no sucede en el relato que sustenta la resolución del recurso.

3.-En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida que no incurre en la infracción de normas denunciada.

Sin que, tampoco, pueda rebajarse el importe indemnizatorio o salarial estimado en la recurrida. Dado el inalterado relato de la recurrida, tanto en cuanto al importe de incentivos, como tarjeta solred o horas extra realizadas antes de la extinción del contrato en virtud del despido declarado improcedente que debe atender al importe así calculado.

Produciendo el efecto de cosa juzgada, del art. 160.5 LRJS, lo resuelto en el conflicto colectivo seguido, respecto de MSCT de la actora, que vio como unilateralmente dejaba sin efecto la empresa el percibo de dichos incentivos que justifica por las nóminas aportadas el importe reconocido (350 €/mes) y uso de tarjeta (por importe de 150 €/mes) que afecta a dicho cálculo. Al igual que la realización de determinadas horas extraordinarias y su importe, que el juzgador calcula valorando el conjunto probatorio al que al inicio de esta resolución y en los motivos siguientes, se ha hecho expresa referencia.

Por lo que se confirman, en su integridad, los pronunciamientos de la instancia.

4.-No gozando la recurrente del beneficio de justicia gratuita procede la imposición de costas en la cuantía de 850 €, en concepto de honorarios de letrado de cada parte impugnante del recurso, en aplicación de lo previsto en el art. 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Igualmente, procede la pérdida de consignaciones y depósitos del art. 204 del mismo Texto legal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-En la instancia se estima parcialmente la demanda formulada, declarándose la improcedencia del despido de la actora frente a la empresa COMFICA Soluciones integrales S.A., con efectos desde el 1-1-2025, y las consecuencias inherentes a tal declaración.

En atención al relato que el juzgador obtiene, valorando el conjunto probatorio aportado por los litigantes. Destacando, especialmente, la prueba documental aportada por las empresas codemandadas, declaración de la actora en el juicio oral, testifical, resoluciones judiciales, mails unidos por la demandante, fichaje de la actora y nóminas.

Estimando, también, parcialmente, la reclamación salarial por importe de 17.324,44 euros, cuestión que, a su vez, condiciona el salario bruto diario regulador de dichos efectos del despido calificado como improcedente. Ante la posibilidad establecida legalmente de dicha reclamación acumulada al despido -a lo que la empresa codemandada Eulen seopuso-, al igual que el salario en especie e incentivos, en aplicación de lo establecido en el art. 26.3 de la LRJS.

Respecto de las horas extraordinarias que la actora pretende realizadas en 2024. Según interrogatorio de la demandante a presencia judicial en el acto del juicio oral, el documento nº 14 de la parte actora (mails) e incongruencias que el juzgador observa en los fichajes de la actora, se concluye que la actora trabajó de 8.00 a 17.00 horas todos los días. Es decir, nueve horas.

A estas horas les resta media hora, tiempo que se estima razonable para comer. En consecuencia, en el periodo reclamado (enero-diciembre de 2024) computa como trabajadas 1.875 horas (1.979 horas, menos las 104 horas destinadas a comer durante los 209 días que trabajó la actora). De lo obtiene un total debido por este concepto de 110 horas extras (214 menos 104), es decir, tiene derecho a 3.961,10 euros (36,01 por 110 horas).

Respecto del salario en especie, no siendo discutido que la demandante portaba una tarjeta SOLRED REPSOL por importe mensual de 150 euros, suma dicho importe. Y, también, reconoce los incentivos (nóminas) por importe mensual de 350 euros.

El día 16-2-24 se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la AN en la que en expediente de modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) colectiva con vulneración de derechos fundamentales falló la nulidad de la decisión empresarial impugnada y declaró que la conducta de la empresa demandada (Comfica Soluciones Integrales S.A.) al imponer una MSCT colectiva vulneraba el derecho a la negociación colectiva del sindicato demandante CCOO.

Esta decisión, aun no firme, pero estima legitima la solicitud de cantidades de la parte demandante y justifica su reconocimiento.

En definitiva, concluye el salario bruto diario a efectos de un posible despido improcedente ascenderá a 110,35 euros: 30.318,47 euros (nómina, demanda). 3.961,10 euros (horas extras). 1.800 euros (salario en especie). 4.200 euros (incentivos). El total asciende a 40.279,57 euros, es decir, 110,35 euros diarios.

En cuando al fondo de la cuestión debatida, si ha existido algún despido y en su caso, quién o quiénes son los responsables. Expone varias conclusiones:

La actora prestaba servicios para Comfica y desde el 1 de enero de 2025, ya no trabaja para ninguna de las empresas codemandadas, ni aquella ni Eulen. Determinando que, por ello, concurre despido improcedente.

Hasta el 1 de enero de 2025 era Comfica la que prestaba para Orange el servicio de mantenimiento. Después, prosigue con este servicio y otros. Eulen, por su parte, ha entrado en liza porque se le encomendó parcialmente el servicio de Mantenimiento FLM, zona geográfica B. Este es el único servicio atribuido a Eulen.

Considerando no discutido que se ofertaron por Orange a Comfica y Eulen trescontratos: Servicios de Mantenimiento FLM; Servicios de Construcción FTTH; Conservación de planta externa.

La demandada Eulen S.A. concurrió a esos tres servicios (a lo largo de 2024). Fue adjudicataria del contrato de Mantenimiento FLM, zona geográfica B (esta zona no incluye Madrid, Cataluña y Andalucía). Comfica fue adjudicataria de la zona A y de los dos últimos contratos (Servicios de Construcción FTTH y Conservación de planta externa).

La actora no solo trabajaba en la zona B, prestaba servicios en más ámbitos: otras zonas geográficas, programa HISPASAT, diseño, rediseño, instalación, despliegue de redes, etc....

Por lo que, en aplicación del art. 74 del Convenio colectivo de la Industria Siderometalurgia deCantabria, concluye que, la actora no debió ser subrogada por Eulen, ya que no trabajó exclusivamente en el servicio que, a partir de enero de 2025, pasó a desarrollar la mencionada empresa. La actora trabajó para otros contratos y servicios, no solo para la que ha pasado a desarrollar Eulen.

La obligación de continuar contando con los servicios de la demandante sigue pesando y condicionando a la demandada Comfica. Eulen notiene obligación de acoger a la actora, por ello. De hecho, valora que el testigo Sr. Nicanor, asevera que solo se habría asumido a un administrativo (proveniente de Comfica), a nadie más.

En base a lo expuesto, determina que la única responsable de lo acaecido es Comfica.

La indemnización, en su caso, ascenderá a 33.380,88 euros, de acuerdo con la antigüedad finalmente admitida por las demandadas (vida laboral, en cualquier caso) y el salario bruto diario mencionado de 110,35 euros.

Por lo que atañe a las cantidades, condena a Comfica a pagar: 110 horas extras: 3.961,10 euros. Incentivos y tarjeta SOLRED REPSOL: 8.100 euros (octubre 23-diciembre 24). Vacaciones: 1.518 euros (19 días). Por un total de 13.579,10 euros.

SEGUNDO.-Frente a esta decisión formula recurso de suplicación la representación letrada de la empresa codemandada COMFICA Soluciones Integrales S.A., en un último apartado, de forma subsidiaria, para el supuesto de desestimación de los motivos que formaliza por la vía del apartado b) y c), del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con amparo procesal en la letra a) del mismo precepto, para el supuesto de que la sala no entre en el fondo de lo cuestionado o discrepe de la revisión fáctica, declarando la insuficiencia de motivación y/o incongruencia omisiva ( arts. 97.2 LRJS, 24 y 120 CE, 218 LEC). Solicitando la nulidad de actuaciones y reposición para nueva sentencia debidamente motivada con valoración expresa de la documental, prueba anticipada y audiovisual, referida; subsidiariamente, interesa la nulidad, por la vía del art. 202 LRJS, para que la sala integre la motivación y entre en el fondo corriendo errores que dice detectados, en los motivos anteriores.

En concreto, interesa que se incorpore el soporte audiovisual de la vista celebrada en día de celebración del juicio oral, solicitando su reproducción en los minutos relativos a reconocimiento del responsable de EULEN y exhibición del doc. 7 de los aportados por la parte recurrente.

1.-Dado que la estimación de este apartado final del motivo del recurso, implicaría la imposibilidad de valorar el fondo de las cuestiones planteadas antes en el mismo recurso (de atenderse a la nulidad pedida de la recurrida), sobre revisión de su relato o derecho aplicado. Es preciso su análisis en primer lugar, pues, solo su desestimación permite seguir con el análisis de las restantes cuestiones pedidas y, no a la inversa, como propone, por lógica procesal.

2.-La doctrina constitucional viene estableciendo, para acceder al remedio extraordinario de la nulidad de actuaciones solicitado por infracción de normas procesales ( SSTC, de 12-7-2004, nº 121/2004, rec. 949/2003; nº 165/2001, de 16 de julio; y, nº 26/2000, de 31 de enero), que no es una cuestión formal.

Solo, si se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial, cabe declarar tal nulidad de actuaciones. Pero, es necesario, asimismo, que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa".

En este litigio debe partirse del hecho de que, desde el primer momento, en el juicio oral, la parte actora ha propuesto y practicado la prueba que estimo oportuna respecto de su pretensión de un salario superior al admitido de contrario y en cuanto a la falta de continuidad en la prestación de servicios frente a las empresas codemandadas que se ocupan de diversas contratadas para la principal Orange. En concreto, en lo ahora cuestionado, sobre salario y elementos de sucesión entre contratas y las codemandadas; igualmente, la empresa/recurrente se opone a ello por los motivos que expone, entre otros, decisiones judiciales no firmes sobre reclamaciones por conceptos que influyen en el necesario cálculo del salario regulador de la indemnización debida respecto del despido declarado improcedente, y con relación a la prueba anticipada unida a las actuaciones sobre registro horario y aquella relativa a las contratas de que cada empresa se ocupa.

Aportando los medios probatorios que estimó oportunos, incluida la declaración de partes y testigos, todo ello valorado en la recurrida, a tal fin.

Justificando el juzgador sus conclusiones, precisamente, en aplicación del art. 97.2 LRJS y concordantes, invocados en el recurso, no atendiendo solo a alegaciones y pruebas de la recurrente, sino, también, la propuesta por la actora y empresa codemandada que sustentan un salario superior al reconocido por la recurrente y se opone a la sucesión pretendida por ella.

No garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva o congruencia, invocados, la admisión de la conclusión fáctica deducida por la recurrente de la prueba o elementos aportados por esta parte, sino su ponderación en la instancia; junto con otras aportadas por la parte actora y codemandada que, legítimamente, pueden acreditar la pretensión (en parte) de la demanda y no la completa oposición de la demandada a la retribución o sucesión de empresas pedida.

Con relación a la necesaria material indefensión del art. 24 CE, por falta de análisis detallado de las documentales o declaraciones que ahora invoca la recurrente, no es precisa una mayor extensión en su argumentación o la pormenorizada expresión de cada documento en la recurrida. Sino que, basta la alegación a ellas genérica contenida en sus FFDD 2º y 3º, cuando, claramente el juzgador opta, valorando que no da por probado traspaso de medios materiales, plantilla substancial o contrata en que se emplea la actora, entre los litigantes, sino que se ha opuesto la codemandada expresamente a ello. Al igual que estima el derecho a cálculo de un mayor salario al reconocido por la recurrente y por las razones que explicita, pretendido por la actora. Por lo que, ninguna omisión se aprecia en la recurrida.

Luego, rechazando su alegación de que el salario sea menor, que no pueda entrarse (se opone a ello Eulen) en el cálculo del superior que se postula por estar suspendida la demanda de MSCT a consecuencia de conflicto colectivo seguido sobre la cuestión sin sentencia firme al momento del juicio oral (como se verá, en el momento actual sí consta), o que se haya traspasado la contrata a la codemandada.

Determinando el juzgador el marco de las indicadas circunstancias fácticas que estima justificadas, en que esencialmente se funda, que es lo que autoriza la defensa adecuada en suplicación de la recurrente.

Y, así lo revela que, en los motivos anteriores propuestos para el supuesto de no admisión de la nulidad pedida, también, propone la recurrente la revocación de la recurrida por los motivos que explicita.

3.-Es, también, constante la doctrina que declara que la nulidad de actuaciones es una medida excepcional, contraria al principio de economía procesal propio del proceso laboral ( art. 74 LRJS) , que solo debe acordarse cuando se produzca material y efectiva indefensión, mermando las posibilidades de defensa de la parte que lo pretende y siempre que se consigne la oportuna protesta ( STC, 15-11-2004, núm. 201/2004). El derecho a obtener una resolución fundada en derecho favorable o adversa es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos.

Ello implica que, si la resolución atacada ha de estar motivada, conteniendo elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que la fundamentan; y, la motivación debe contener una fundamentación en derecho. Este último aspecto, no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, o la valoración favorable a su activo probatorio, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva invocado.

La fundamentación en derecho conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o incurra en error patente, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad, tan solo, sería una mera apariencia.

De nuevo acudimos a la doctrina del TC, esta vez, contenida en el auto de fecha 20-10-2003, núm. 327/2003, que establece que el principio de tutela judicial efectiva no obliga a una contestación explícita y pormenorizada en las resoluciones judiciales, a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión o como causa de oposición por los litigantes. Pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica -aquí en concreto, respecto de la opción que le permite al magistrado el art. 97.2 de la LRJS, por aquellas pruebas que mayores garantías le ofrezca, respecto de la reclamación de horas extra de la actora y otras cantidades, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

Para comprobar si existe incongruencia omisiva respecto de otras pruebas aportadas por la recurrente, debe constatarse, en primer lugar, que la cuestión cuyo conocimiento y decisión se dice quedó imprejuzgada fue efectivamente planteada ante el órgano judicial en el momento procesal oportuno. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum-;de manera que, "en relación a estos últimos elementos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión".

Aquí, tanto la pretensión sobre el salario y horas extras realizadas por la trabajadora y sucesión de la contrata en que se emplea, como la oposición a ello formulada por la recurrente y codemandada, en lo esencial, debido a la oposición a las mismas esgrimidas por la demandada en el juicio oral, fueron suficientemente debatidas. Tienen reflejo explícito en el relato fáctico, también, en lo esencial que opta, con claridad, por el resultado que obtiene de las deducidas de las pruebas que detalla.

Por ello, no cabe tildar de incongruente a la sentencia recurrida, o que carezca de motivación sobre las razones que llevan a la decisión adoptada, ni que le cause indefensión a la recurrente. Sino, más bien, es desestimatoria de las pretensiones fácticas y jurídicas opuestas, en tal extremo por la empresa/recurrente. Lo que no causa indefensión cuando puede y, de hecho, impugna por la vía de revisión fáctica y jurídica (luego, conoce las razones que llevan a la desestimación de la inexistencia de horas extraordinarias reclamadas, menor salario o no sucesión de contratas), respecto de este pronunciamiento.

Bastando la mera contestación genérica en la recurrida, incluso, la tácita, no debiendo responder pormenorizadamente a todas las pretensiones de los litigantes, para desestimar estas pretensiones.

4.-Ya, por último, en lo que a la falta o motivación errónea se refiere, la doctrina jurisprudencial declara que: "Ciertamente la motivación de las resoluciones judiciales no sólo viene impuesta por el art. 120.3 CE , sino que es una exigencia derivada del art. 24.1 CE que tiene el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos, a la par que está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho ( art. 1.1 CE ) y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, y que en todo caso es garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que en tal caso la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia..."(por todas, STS/4ª de 3-11-2016, recurso de Casación núm. 255/2015).

Así, la sala considera que la recurrida cumple la exigencia de motivación cuando -como en autos- se expresan los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, poniendo de manifiesto la ratio decidendidel fallo judicial y permitiendo conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión jurisdiccional.

Dando respuesta a las exigencias legales derivadas del deber de motivación de las resoluciones judiciales en la sentencia impugnada. Pues, los argumentos que han llevado a estimar parcialmente la demanda en la reclamación de horas extra, salario, complementos y despido improcedente reclamado, según el propio relato de a instancia, son conocidos.

El Juzgador de lo Social no viene obligado, en esta valoración conjunta de la prueba, a acomodarse a la pretensión de la actora u oposición de las demandadas. El derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes y tutela judicial efectiva ( arts. 24.2 CE y 87.1 de la LRJS) , derecho inseparable del derecho mismo de defensa ( STC 1/1996, de 15 de enero, rec. 1917/1993) que opera en cualquier tipo de proceso, también, el laboral, lleva a concluir, de lo actuado, que no se produce indefensión a la parte recurrente. Lo que no se identifica con el resultado de la practicada en el juicio oral, contrario a sus intereses, sobre el detalle de las horas extra, salarios, complementos o sucesión en la contrata que no se estiman justificadas. No alcanzando tales derechos a que sean tenidas como acreditadas circunstancias fácticas controvertidas por las practicadas a instancia de uno de los litigantes o las propuestas, habiendo prueba de signo contrario (en la presente Litis, la aportada por la parte actora y la empresa codemandada).

Tampoco, garantiza una exhaustiva explicación de las razones que le llevan optar, ante documental u otras pruebas discrepantes, pero, ninguna de ellas prevalente sobre el resto (como luego se verá en los motivos de revisión fáctica también propuesto), a optar por la propuesta por la parte actora (en parte) y codemandada.

Sin que los preceptos citados en el recurso autoricen alterar el carácter extraordinario del interpuesto, ni a valorar el conjunto probatorio aportado de forma contraria a lo concluido en la recurrida, dados los términos regulatorios, que lo impiden.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación de la nulidad de actuaciones postulada; ni que haya lugar, en consecuencia, a su complemento por la sala. No trascendiendo a esta fase procesal del recurso de suplicación, la valoración de prueba testifical con relación a documentación exhibida en juicio que solo es valorable, en el conjunto de la restante prueba aportada por los litigantes, por el juzgador de instancia ( STS/4ª de fecha 24-1-2020, rec. 3962/2016). Salvo documental fehaciente que, como se verá en los motivos siguientes y ahora se adelanta, no es la invocada por la recurrente.

TERCERO.-Con amparo procesal en la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente interesa la modificación del relato de la recurrida en varios apartados; al igual que la parte impugnante del recurso, por la vía del art. 197.1 de la citada LRJS. A lo que, también, debe darse inicial respuesta, pues la resolución del recurso debe partir de un único relato.

1.-La parte impugnante del recurso, ha unido en fase de recurso, por la vía del art. 233 LRJS, la documental consistente en sentencia del TS, Sala Social, de fecha 11 de noviembre de 2025 (recurso de casación núm. 123/2024), en el procedimiento de vulneración de derechos fundamentes (derecho de libertad sindical), promovido a instancia de CC. OO. contra la empresa recurrente COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A., frente a la sentencia de la AN de fecha 16-2-2024 (proc. 29872023), que sustenta, en parte, la recurrida. En la que se deja sin efecto, declarando la nulidad de la decisión empresarial, consistente en imponer la MSCT colectiva impugnada, sin negociación previa; condenando a la indemnización que expresa por vulneración de derechos fundamentales a la entidad promotora de la acción ejercitada. Habiendo la empresa procedido a suprimir de forma unilateral conceptos retributivos que se estaban percibiendo con anterioridad o a reducirlos afectando al menos a 42 trabajadores. Aludiendo, en concreto a que, en Cantabria, se ha eliminado el concepto retributivo incentivos, por importe de 200 € mensuales. Pronunciamiento que se declara firme, confirmado por la sentencia del TS referida.

En su consecuencia, se ha de integrar conforme solicita la parte impugnante del recurso, el relato de la recurrida, en concreto el hecho declarado probado décimo, en el sentido de incluir tal pronunciamiento judicial y su firmeza, a los efectos oportunos a los que luego se volverá, en los motivos destinados a la denuncia de infracción jurídica propuesta por la parte recurrente.

2.-En atención a la revisión del relato propuesta por la recurrente, pretende la modificación del hecho declarado probado primero de la recurrida. Lo que funda, en la no firmeza de la sentencia de la AN que sustenta lar recurrida, considerando el juzgador para el cálculo del salario y cantidades debidas, lo que -argumenta- no es un hecho pacífico entre los recurrentes. Postulando su redacción literal siguiente:

"PRIMERO. - La demandante presta servicios desde el 23-11-2015 para COMFICA con categoría de oficial administrativa y salario bruto anual pactado/nominado de 30.318,47 €. En relación con los conceptos "incentivos" (350 €/mes) y "tarjeta SOLRED REPSOL" (150 €/mes), consta su controversia y pendencia en proceso específico (MSCT 946/2023), suspendido por el recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 16-2-2024 , no firme. No queda acreditada en el presente la habitualidad ni la naturaleza salarial de dichos conceptos a efectos individuales, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente en aquel procedimiento".

Ahora bien, el precepto en que funda su relato, con relación a lo establecido en el art. 196.3 y 97.2 del mismo Texto legal, no autoriza sustituir la libre e imparcial facultada valorativa del conjunto de pruebas aportado, por la interesada de parte del mismo activo probatorio.

A tal efecto, aquí estamos ante un procedimiento por despido, en que es precisa la fijación del salario regulador de sus efectos, conforme al art. 104.a) LRJS y, el mero dato de que al momento de su dictado no fuese firme la SAN en que se sustenta o que estuviese suspendido, por ello, el proceso por MSCT planteado por la actora, esperandoa su firmeza. Declarando en proceso de conflicto colectivo la AN en la sentencia valorada en la recurrida, sobre MSCT colectivas, que la decisión unilateral de la empresa de eliminar el concepto de incentivos es contraria a derecho, referido al personal adscrito a Cantabria, en que se incluye la actora.

Lo que, conforme a lo establecido en el artículo 160.4 de la LRJS, produce el efecto de ser ejecutivo este pronunciamiento, en resoluciones en que se cuestione tal hecho, desde su dictado y a pesar del recurso formulado contra aquella sentencia.

A lo que, igualmente se suma, como inmediatamente antes se ha expuesto, que dicha sentencia ya es firme, por haberse dictado sentencia en el recurso de casación interpuesto por sentencia delTS. Y, que la recurrida también se sustenta, para la determinación del salario con incentivos a que atiende a las nóminas aportadas, de las que deduce el importe que venía percibiendo tal concepto, de 350 €/mes. Aportando, igualmente, la actora y ello es valorado en la recurrida, documental relativa al uso de tarjeta Solred Repsol, por importe de 150 €/mes, como concepto retributivo que computa para el cálculo del salario regulador el despido analizado. Así como, estima cantidades pendientes de cobro reclamadas en la demanda, en virtud del art. 26.3 LRJS.

En atención a lo expuesto, no es posible la modificación pedida, por no sustentarse en documento fehaciente que evidencie su propuesta.

3.-Impugnael hecho probado segundo, respecto al cómputo de horas extraordinarias, interesando su modificación conforme a documental consistente en registro horario aportado por la recurrente (doc. 3, prueba anticipada) y prohibición expresa de realización de horas extra (doc. 3 de los aportados al juicio oral por esta parte procesal). Solicitando la siguiente redacción:

"SEGUNDO.- No consta acreditada la realización de horas extraordinarias en 2024. Del registro horario oficial (prueba Comfica anticipada n.º 3) se desprende una jornada ordinaria, sin picos sistemáticos de exceso y con salidas alineadas con la jornada de referencia, sin documentación individualizada de exceso imputable como extra (hojas de tiempo/cuadrantes validados) ni soporte de autorizaciones específicas. Además, rige en COMFICA la prohibición expresa de realización de horas extraordinarias sin autorización previa y por escrito del responsable; no obra en autos ninguna autorización de tal clase, lo que impide su cómputo como deuda salarial. Por lo que no consta, por tanto, la acreditación de las horas extraordinarias manifestadas por la actora en su escrito de demanda".

De forma subsidiaria, para el caso de que no prospere el texto alternativo antes propuesto, estima que es patente un error aritmético en el cálculo realizado por el juez de instancia. Proponiendo, en siguiente texto alternativo:

"SEGUNDO.- La actora prestó servicios de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, con 30 minutos de pausa. En 2024 trabajó 209 días, resultando 8,5 horas efectivas/día y 1.776,5 horas (209 × 8,5). La jornada anual de convenio es 1.765 h; el exceso asciende a 11,5 h".

En el ordinal impugnado, el juzgador valorando el conjunto desplegado, en concreto, dicha documental de fichaje; pero, también, otras pruebas como mails aportados por la actora y su hora de emisión, declaraciones de parte y testigo, que no acceden a su nueva valoración por la sala (SSTS/4ª de fecha 16-10-2018, rec. 1766/2016; y, 16-11-2015, rec. 53/2014). Aportando dicho registro horario de la empleada la recurrente, de conformidad a la facultad que la Ley procesal le confiere (art. 97.2), a la que resta la validez que pretende ante determinadas incongruencias de su extensión. Considerando justificado por la actora la realización, en parte, habitual y semanal del exceso reclamado.

Siendo la parte recurrente en el extraordinario recurso de suplicación formulado la que debe citar documental fehaciente directa y clara que evidencie el error pretendido por el juzgador ( art. 196.3 LRJS) que no cita.

Esta salaen resoluciones a que alude la parte recurrente hace referencia a la necesidad de concreción del trabajador de las horas trabajadas, así como su prueba, de ser negadas de contrario. No obstante, de igual forma, aludimos reiteradamente, a la menor disponibilidad probatoria, del art. 217.7 LEC, por el empleado, como sustento de la prueba de esta realización, relajándose las exigencias formalistas en esta concreta materia. Cuando, como aquí sucede, se trata de un exceso habitual y constante (aquí diaria de media hora, sobre la jornada convencional y de contrato), de forma que la justificación indiciaria del empleado de la realización del exceso basta, ante la falta de justificación de contrario de que tal exceso no se produce, para su consideración en todo el periodo reclamado ( STSJ Cantabria/Social de fecha 19-1-2022, rec. 826/2021).

En concreto y cuando valora el juzgador lo manifestado por los litigantes en el juicio oral, sobre la existencia de total coincidencia, exacta de fichajes de ocho horas todos los días laborales desde la entrada de la empleada, no evidencia que realmente fuese el trabajo efectivo al que llega en valoración del resto de pruebas ponderado por el juzgador de instancia. Como respecto de la concreción de trabajo efectivo, al que también atiende a calendario aportado por la actora, correos electrónicos aportados por la actora, fuera de dicha jornada laboral exacta opuesta por la empresa, deducida del fichaje o registro horario aportado. Con el total calculado de exceso de jornada diaria, trabajo en festivos y fines de semana. Por lo que, no citando la recurrente documento fehaciente o prueba pericial de superior valor a la ponderada en la recurrida que, de forma evidente y clara, permita deducir que su jornada real era la declarada probada, no es posible admitir ni la principal ni la propuesta subsidiaria.

Siendo la empleada a quien en virtud del art. 217.7 LEC, el juzgador otorga el beneficio de valorar el conjunto de la aportada para el relato que concluye, por la dificultad de prueba en dicha concreción, lo que no se predica de la empresa recurrente que tiene a su disposición todos los elementos de control del trabajo realizado efectivamente. A lo que, la constancia de prohibición de realización de horas extra, con carácter general, aquí lo que no evidencia es que las realizadas de forma efectiva por la empleada se haya realizado sin conocimiento o ante la oposición de la empresa, que se beneficia de su práctica, sin retribución.

4.-Respectodel hecho declarado probado tercero, con sustento documental en nóminas, suspensión del proceso planteado por MSCT por la empleada y políticas internas de jornada en la empresa. Solicita la modificación del mismo, proponiendo el siguiente texto alternativo:

"TERCERO.- No consta, por tanto, documentación fehaciente que acredite el devengo de 110 h extra ni la habitualidad/garantía de incentivos ni la asignación/uso de SOLRED; quedan excluidos del salario regulador y de las cantidades. Se mantendrán ex exclusiva las vacaciones que resulten acreditadas".

Reiterar aquí, la doctrina general ya expuesta, respecto de los artículos 193 b) y 196.3 LRJS, que viene estableciendo el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, en sus sentencias de 12-9-2016 (rec. 42/2015) y 24-9-2015 (rec. 309/2014), entre otras muchas, cuando señala que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS- únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin. Rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

Expresamente ha de rechazarse que se lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario, sino el ordinario de apelación.

Las nóminas que invoca no son documento fehaciente para negar la realización efectiva de horas extra, como se ha expuesto, tampoco prohibiciones genéricas de exceso de jornada que no se han materializado en la concreta prestación de servicios de la actora. Y, en cuanto a la suspensión del proceso por MSCT, como ya hemos visto, no impide que en este litigio es preciso fijar el importe del salario regulador de los efectos del despido, cuando, además, ya consta sentencia firme sobre el conflicto colectivo seguido que afecta a aquel proceso y motivó la suspensión del mismo.

Siendo libre el Magistrado de apreciar la prevalencia de la documental y declaración de la actora, respecto al sistema de fichaje y otras pruebas aportadas (mails, calendario, SAN, las mismas nóminas que invoca sobre incentivos y tarjeta soldred...), para concluir la concreta prestación de servicios efectiva de la actora que no sirven al recurso formulado para su nueva valoración por la sala, al no invocar documento fehaciente o pericial que evidencie error del juzgador al fijar un salario o la realización de determinadas horas extraordinarias.

5.-En cuanto al hecho probado cuarto, con apoyo documental en los núm. 1 y 2 de los aportados por esta parte procesal, consistentes en contrato de adjudicación, su objeto contratado en 2024, y doc. 5 consistente en correos electrónicos del operador Mas Orange, coordinando traspaso de actividad y albaranes de entrega de material a Eulen. Interesa su redacción siguiente:

"CUARTO.- Con la segmentación 2024, COMFICA celebró con MASORANGE el Contrato Marco 2024-2026 cuyo objeto se limita a "Servicios de Instalación y mantenimiento de clientes... para todas las marcas del grupo" (cláusula 2.1; no aparece "Mantenimiento de Planta Externa"). En cambio, el Contrato 2021-2023 (OSFI) sí incluía expresamente "Instalación y Mantenimiento de clientes y Mantenimiento de Planta Externa" (cláusula 2.1). Esta mutación objetiva acredita que el bloque de Mantenimiento de Planta Externa (PEX/FTTH) sale de COMFICA a partir de 2024, siendo asumido por la nueva adjudicataria FLM (EULEN) en la zona B (Cantabria)

Con fecha 28/10/2024 MASORANGE ordena la transferencia de actividad del Mantenimiento FTTH / MPEX (con entrega de materiales y logística de albaranes para firma y sello del almacén saliente y entrante) a las nuevas empresas FLM, entre ellas EULEN, incluyendo Cantabria dentro de la zona B, coordinándose fechas de recogida y listados de ítems (correos con NTT Data/Operador), tal y como se desprende del documento nº5 aportado por Comfica y admitido en el acto de juicio, consistente en los correos electrónicos enviados por el cliente para la coordinación del traspaso de la actividad... COMFICA entrega material a EULEN (documentos y justificantes de entrega).

Por tanto, la actividad de mantenimiento de planta externa/FTTH que absorbió EULEN comprende Cantabria, siendo EULEN la empresa entrante en el bloque funcional correspondiente (zona B), mientras que COMFICA mantuvo la actividad de provisión (I+M), sin identidad funcional con el mantenimiento transferido.» (correos operador y logística)".

De nuevo, de la misma documental consistente en tales contratos de adjudicación de contratas y correos con la operadora contratante y la codemandada, sobre traspaso. Valoradas igualmente por el juzgador, como antes se ha dicho, en el marco de otras pruebas como documental aportada por la codemandada, actora y testifical o declaraciones de parte, no trasciende a su valoración por la sala. Puesto que, loque no cita la recurrente, es documental fehaciente que evidencie error del juzgador, cuando concluye que la demandante no se limitaba a realizar sus servicios en la parte que pretende transmitida a la codemandada, ni por actividad ni geográficamente a Cantabria, cuanto también amplía su actividad geográficamente a otros servicios en cuya contrata persiste la recurrente y en distintos territorios a los ahora gestionados y contratados por Eulen.

Si se declara probado que Eulen presta séricos de mantenimiento FLM para zona geográfica B, compresiva, de Cantabria y otras regiones (no incluye Madrid, Cataluña ni Andalucía). Extendiéndose la prestación de servicios de la trabajadora para la recurrente a otros territorios respecto de servicios que no presta la codemandada, como instalación de diseño de fibra y participación en el programa HISPASAT que, tampoco, son prestados por la codemandada Eulen.

En realidad, laparte recurrente está valorando el conjunto de los documentos que cita, frente a la imparcial conclusión del Juzgador de instancia relativa a los mismos, en el marco de otras pruebas aportadas por la actora y codemandada que impiden entender que las citadas sean de las fehacientes, directas y evidentes que exige el precepto en que funda el recurso.

6.-Por lo que se refiere al hecho declarado probado quinto de la recurrida, sustentado en nóminas y registro horario del centro de trabajo de destino. Solicita la redacción alternativa que propone, del siguiente tenor:

"QUINTO.- Consta que, durante 2024, la actora estuvo adscrita de forma principal al servicio de mantenimiento de planta externa FTTH (MTO-PEX) para MasOrange -zona B (Cantabria)-, desempeñando tareas administrativas de soporte a mantenimiento (gestión de albaranes, materiales, OTs/cuadrantes y tramitación de incidencias). Tal adscripción resulta del registro horario oficial, en el que figura de manera persistente el centro de coste "1141-MTO. PEX FTTH NACIONAL ORANGE" y de las propias nominas de la trabajadora.

Aun cuando existieran apoyos puntuales en instalación/diseño/HISPASAT, no consta su regularidad ni entidad para desvirtuar la preponderancia en mantenimiento PEX (zona B); el registro horario no revela cambio de centro de coste ni rotación efectiva hacia otras unidades que permita mantener una adscripción mixta relevante".

De forma subsidiaria y para el caso de que no prospere el texto alternativo anterior, solicita que se suprima la referencia a "zona A" y a "otros servicios de instalación, diseño de fibra, programa HISPASAT"por genéricas y no corroboradas mediante documental o registros que acrediten prestación efectiva y continuada en tales ámbitos durante 2024. Manteniendo, como redacción mínima, la adscripción a mantenimiento PEX (zona B).

Reiterar que la valoración conjunta solo incumbe al juzgador de instancia que no puede sustituirse por la interesada de parte del mismo conjunto, cuando, además omite la valoración en la recurrida de otras pruebas aportadas por los colitigantes. No siendo las nóminas fehacientes para evidenciar la adscripción de la trabajadora a una determinada zona geográfica o funcional, de las varias prestadas por la recurrente. Tampoco, el registro horario aportado es fehaciente a tal efecto, siendo documental gestionada por la parte recurrente, de un centro material de servicios, que puede referirse a trabajos alusivos a otras zonas territoriales y servicios dentro de la jornada efectivamente realizada, obtenida por el juzgador del mencionado conjunto probatorio.

En consecuencia, no se accede a la modificación fáctica propuesta. No siendo el juzgador sino el recurrente, quien precisa la prueba documental fehaciente; y, ni siquiera que no se funde la recurrida en documental de tal carácter, es suficiente al recurso formulado ( STS/4ª de 23-4-2012, rec. 52/2011).

7.-Respectodel hecho declarado probado sexto, con apoyo documental en correo electrónico de la codemandada Eulen (doc. 7), respecto de que la recurrente -afirma- no les pasa personal a subrogar y que solo se remitió lo relativo a la actora. Postula la siguiente redacción:

"SEXTO (rectificado). - Debe suprimirse la expresión «Sí subrogó a otro administrativo proveniente de COMFICA».

Enlazando con lo anterior, puesto que el hecho de prueba negativa o que la recurrida no sustente su relato en prueba documental no trasciende a la valoración por la sala, siendo el recurrente quien precisa a tal efecto dicha documental fehaciente o prueba pericial que evidencie su error. En especial, cuando el atacado se sustenta en prueba testifical cuya valoración no alcanza a su revisión por la sala, como se ha visto. Y, a ello se añade en este apartado que carece de trascendencia su propuesta, pues ni siquiera por la vía de una pretendida transmisión de plantilla el hecho de subrogación de un administrativo o, ni siquiera, éste, supone la trascendencia para aplicar el art. 44 del ET, como a continuación se hará mención más extensa en los motivos de denuncia de infracción de normas.

Y, en cuanto a la subrogación que postula, es predeterminante del fallo y por tanto ya inatendible, debiendo concretar el recurrente (con apoyo en documento fehaciente en el recurso), aquellos datos fácticos en que sustenta la sucesión que pretende.

8.-Con relación al hecho declarado probado décimo, solicita su redacción literal siguiente:

"DÉCIMO.- Sehace expresa mención a que la cuestión retributiva (incentivos/SOLRED) se conecta por el propio Juzgado con el pleito colectivo MSCT aún no firme, de forma que no puede darse por probado su devengo fijo en 2024 en este procedimiento".

También, aquí, reiterar que en apartados anteriores ya se ha desestimado pretensiones relacionadas con la ahora postulada, no siendo oponible a la valoración en la instancia de elementos que deben ser tenidos en cuenta en la fijación de los efectos del despido analizado. Sumado que ya consta la firmeza de la sentencia de la AN en que se sustenta, en parte, la recurrida. Lo que no autoriza rebaja alguna en el importe del salario regulador fijado en la recurrida.

En su atención, procede la desestimación de la pretensión deducida, por más que es reiterativa, pues ya, la recurrida, destaca que dicha sentencia no es firme, por haberse interpuesto recurso de casación frente a la misma analizado en la fundamentación jurídica.

9.-Interesa la adición de un nuevo ordinal, undécimo con amparo documental en comunicaciones entre empresas aportadas al juicio oral. Solicitando su redacción siguiente:

"UNDÉCIMO.- Consta por correos del operador (Mas Orange) y su logística (NTT Data) que, en el marco de la transferencia FTTH MPEX - Fase 1, se coordinó con COMFICA y con las nuevas empresas adjudicatarias (EULEN/INSYTE) la recogida del material en los almacenes salientes, requiriéndose previamente el listado de ítems y cantidades para preparar el albarán que deberían firmar y sellar las partes (saliente y entrante). Se fijaron fechas y logística de recogida a finales de la semana 43 (W43) y antes de la semana 44, con revisión conjunta del material durante la entrega; se comunicaron direcciones y contactos para la recogida (Sevilla, Pontevedra y A Coruña). Consta, además, justificante/albarán de entrega a EULEN".

Dichos correos electrónicos y entregas de materiales, puesto que se declara probado y no se ha alterado en el recurso que la actividad que la actora desempeña para la empresa recurrente se extiende a otras áreas geográficas y funciones que la codemandada no presta en 2024, carece de trascendencia, ni evidencia error del juzgador en el relato que obtiene de otras pruebas aportadas por actora y codemandada.

10.-Por último, propone la adición de un ordinal fáctico más, con apoyo en la celebración del juicio oral, plan de trasferencia recogido en correos electrónicos del cliente y justificantes de albaranes de entrega de material a Eulen, parta continuación de actividad. Del siguiente tenor literal:

"DUODÉCIMO.- Consta en vista grabada que la entrante EULEN reconoce la asunción del mantenimiento en zona B (incluida Cantabria) y, exhibido su correo interno de 05/08/2025, admite la posibilidad de subrogación en Cantabria en atención al "mantenimiento FTTH" citado en la oferta. Ello concuerda con los correos del operador sobre transferencia (listados, albaranes, fechas) y con los albaranes de entrega a EULEN. Del correo interno de EULEN (05/08/2025), exhibido en sala, se desprende que no se les trasladó relación de personal a subrogar y que «a última hora [...] se remitió **la subrogación de **una única persona: Lourdes»; así como que la citación del pleito menciona "mantenimiento FTTH", términos coincidentes con su propia oferta.

Este cuadro es coherente con los correos del operador (Mas Orange) que ordenan la transferencia de actividad/material hacia EULEN/INSYTE (coordinación de listados, albaranes y fechas), y con los justificantes de entrega a EULEN".

Volviendo a lo ya dicho, puesto que la valoración conjunta de dichos correos, entregas y declaración de la codemandada o testifical, no trasciende a su nueva valoración por la sala, no invocando la recurrente documento fehaciente que permita concretar los trabajos efectivamente realizados por la actora a aquellas partes de la actividad que desde 2024, gestiona la codemandada Eulen. No es posible atender a la pretensión de la parte recurrente.

Por lo que, en conclusión, quedan básicamente inalterados los datos fácticos de que parte la sentencia recurrida, que son los mismos que sustentan esta resolución.

CUARTO.-Con amparo procesal en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente denuncia infracción de la recurrida de lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y Directiva 2001/23/CE, así como doctrina del TJUE y jurisprudencial que estima de aplicación, por interpretación errónea. Subsidiariamente, denuncia la vulneración del artículo 74 del Convenio, Clausula de adscripción exclusiva, respecto de la obligación de subrogación y aplicación de la regla de la proporcionalidad.

Aplicándose los efectos de la subrogación, también, cuando esta es parcial, asumiendo el sucesor parte esencial de actividad, medios personales y materiales, para su ejecución, con independencia de la forma de los contratos por los que se sucede la actividad. Con transmisión productiva de la unidad en que se emplea la actora, pues -afirma- la subrogación convencional solo actúa, cuando no concurre el art. 44 ET.

Continuando la codemandada Eulen elservicio deMas Orange (FTTH/FLM) y con traspaso operativo del servicio entre empresas. Coordinando la empresa contratante albaranes y recogidas para garantizar la continuidad del servicio de averías/incidencias (FLM). Hilos de logística exigiendo listados de ítems y albaranes para firmar por saliente y entrante, con justificantes a que de nuevo alude recibidos por Eulen (albaranes).

Estima justificada lasucesión de empresas del art. 44 y doctrina europea, de los contratos de 2021-2023 a los de 2024-2026, que para la recurrente antes incluía mantenimiento de planta externa (MPEX/PEXT) dentro del objeto y su logística de materiales. En 2024-2026, lo encuadra en instalación y mantenimiento de cliente (field/instalaciones), con dotación de medios, certificación y cesión de material del cliente. Por lo que, considera justificado que la actividad saliente que se transfiere (averías/FLM) se integra en el mismo ciclo de aseguramiento FTTH. Con cláusulas de logística, albaranes y custodias de material en 2021, propias de mantenimiento de red. Mientras que, en 2024-2026, el alcance y dotación se circunscribe -argumenta- a instalaciones/clientes (homologación de equipos, etc.).

En consecuencia, pretende que el servicio de mantenimiento de campo (FLM) continua con EULEN, y la actividad de la actora, materialmente, la circunscribe a este flujo operativo (centro de costo MTO.PEX FTTH Nacional Orange 39). Aludiendo, de nuevo para ello, al registro horario de la actora, carta de transmisión de la recurrente a EULEN, nóminas, correos entre empresas y aplicación de la doctrina jurisprudencial que refiere.

Por lo que, solicita la revocación de la recurrida y su absolución de las pretensiones deducidas en su contra, por ser subrogada la actividad en que se emplea la actora, sin continuidad en la prestación de servicios, por la codemandada EULEN. Debiendo asumir esta empresa las consecuencias del despido analizado en la recurrida.

Por último, solicita la rectificación de la base salarial, rechazando la inclusión de conceptos no acreditados como solred e incentivos y horas extraordinarias. Ateniéndose, solo, a los conceptos retributivos documentados en nómina y jornada ordinaria.

1.-Ahora bien, debemos destacar que el recurso se sustenta en un relato al que no se ha atendido en los motivos del recurso anteriores.

A tal efecto, resulta, en lo esencial, que se declara que el servicio prestado por la trabajadora para la recurrente, hasta el 1 de enero de 2025, en el servicio de mantenimiento que la recurrente tenía concertado con la empresa Mas Orange, y otros (servicios de construcción FTTH y conservación de planta externa), en los que, en parte, sigue prestando servicios, mientras que la codemandada Eulen, realiza parte de aquellos y en un área geográfica limitada (área geográfica que incluye Cantabria, pero excluye Cataluña, Madrid y Andalucía), el servicio de mantenimiento FLM.

La actora no solo trabaja en la zona B) (que incluye Cantabria), prestando servicios en otros ámbitos geográficos y distintos servicios (programa HISPASAT, diseño, rediseño, instalación, despliegue de redes, etc.).

Por lo tanto, carece de relato que sustente el recurso.

2.-Respecto de la subrogación de empresa o unidad productiva autónoma a que aluden los arts. 44 del ET y resto de los preceptos y doctrina jurisprudencial y del TJUE referidos. No consta la transmisión de tal unidad productiva a que se adscribe la real prestación y efectiva del servicio por la trabajadora que permita aplicar los efectos postulados.

Por todas, en la STS/4ª de 4-3-2025 (rec. 5377/2023), tras citar ampliamente la doctrina emanada del TJUE, establece que en un supuesto en el que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, solo estamos ante una sucesión de plantilla cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se trata aportando su propio personal, sino que se hace cargo además de una parte sustancial de la plantilla anterior, por lo que asume la obligación de subrogarse en la relación laboral de todos los destinados en la misma y bajo el régimen jurídico del artículo 44 ET.

Igualmente, reseña que debe tenerse muy presente que para que pueda entenderse concurrente la existencia de transmisión de empresa -a los efectos que refieren las Directivas CE 77/187 y 98/50 y, consecuentemente, el artículo 44 ET- es necesario que la transmisión vaya referida a cualquier entidad económica que mantenga su identidad después de la transmisión o traspaso, entendiendo por tal un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria; o el conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio. Pero, dejando claro que la mera circunstancia de que el servicio prestado por el antiguo y el nuevo adjudicatario de una contrata -en el caso, encargo de larga duración- sea similar no es suficiente para afirmar que existe transmisión de una entidad económica entre la primera y la segunda empresa. En efecto, su identidad resulta también de otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone.

De esta forma, para la determinación del fenómeno -transmisión de la entidad económica que mantiene su identidad- han de considerarse todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades.

Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente.

Aquí, la nueva empresa Eulen, no adquiere el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable, sino solo una parte de actividad y territorio en que lo ejecuta. Persistiendo la recurrente en las restantes actividades y territorio que abarcan las funciones que venía ejecutando la actora. Sin incorporación en la nueva empresa de una parte sustancial o cuantitativamente elevada de la plantilla anterior o de medios (solo los adscritos a la parte de actividad y territorio por ella ejecutados).

Sin que conste, en la parte del servicio que presta Eulen para el cliente, que haya trasferencia de personal substancial o relevante a tal fin, y si el material trasferido se refiere al área geográfica y actividad que realiza en 2025, no sirve a la subrogación de unidad productiva a que se adscribía la trabajadora que no se corresponde solo con dicha área geográfica y actividad, sino a otra más amplia que persiste en su ejecución la recurrente.

Por lo tanto, si como tampoco concurre el supuesto previsto convencionalmente en el art. 74 del CC que exige para que la subrogación opere la prestación exclusiva del trabajador a subrogar, durante al año previo al cambio de empresa, prestando servicios la trabajadora para la recurrente, en otros servicios a los que Eulen no ha sido contratada y en otras áreas geográficas distintas a las adjudicadas. En modo alguno resulta operativo dicho precepto, pues para que tal operatividad se produzca debe serlo en los términos literales del convenio que exige la exclusividad en el servicio subrogado ( STS/4ª de fecha 4-12-2024, rec. 1547/2023).

Lo que no sucede en el relato que sustenta la resolución del recurso.

3.-En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida que no incurre en la infracción de normas denunciada.

Sin que, tampoco, pueda rebajarse el importe indemnizatorio o salarial estimado en la recurrida. Dado el inalterado relato de la recurrida, tanto en cuanto al importe de incentivos, como tarjeta solred o horas extra realizadas antes de la extinción del contrato en virtud del despido declarado improcedente que debe atender al importe así calculado.

Produciendo el efecto de cosa juzgada, del art. 160.5 LRJS, lo resuelto en el conflicto colectivo seguido, respecto de MSCT de la actora, que vio como unilateralmente dejaba sin efecto la empresa el percibo de dichos incentivos que justifica por las nóminas aportadas el importe reconocido (350 €/mes) y uso de tarjeta (por importe de 150 €/mes) que afecta a dicho cálculo. Al igual que la realización de determinadas horas extraordinarias y su importe, que el juzgador calcula valorando el conjunto probatorio al que al inicio de esta resolución y en los motivos siguientes, se ha hecho expresa referencia.

Por lo que se confirman, en su integridad, los pronunciamientos de la instancia.

4.-No gozando la recurrente del beneficio de justicia gratuita procede la imposición de costas en la cuantía de 850 €, en concepto de honorarios de letrado de cada parte impugnante del recurso, en aplicación de lo previsto en el art. 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Igualmente, procede la pérdida de consignaciones y depósitos del art. 204 del mismo Texto legal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,