Sentencia Social 447/2026 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 210/2026 de 19 de mayo del 2026

PRIMERO.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia estimó la demanda interpuesta por el trabajador actor declarando la improcedencia del despido objetivo impugnado.

Frente a dicha resolución, se alza en suplicación la empresa demandada, para solicitar la revisión fáctica y jurídica de la sentencia recurrida.

El recurso ha sido impugnado por la parte actora. Por el Ministerio Fiscal se ha dictado informe.

SEGUNDO.- Revisión fáctica

La parte recurrente formula un primer motivo de revisión fáctica amparado en el art. 193 b ) LRJS a través del cual interesa diversas revisiones fácticas.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, indicará cuales son los requisitos para la revisión fáctica de las sentencias. La STS 15-12-2022, rco. 167/22 recopila los requisitos jurisprudenciales para la revisión fáctica de las sentencias en casación ordinaria en los siguientes términos -lo que es trasladable al recurso de suplicación, también extraordinario, con las especialidades que señalaremos:

"Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Queno se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial (en el recurso de suplicación deberá basarse en prueba documental o pericial). La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo". (Por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de julio de 2021, recurso 68/2021 y las citadas en ella)".

Examinaremos, a continuación, las concretas revisiones propuestas a la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta.

2.1./Del HP 7ºpara el que propone la siguiente redacción alternativa:

"El importe del salario que se ajusta con el despido del actor, considerado aisladamente, representa aproximadamente el 0,1% de la totalidad de los gastos del ejercicio 2022-2023; no obstante, en el año 2023 la empresa procedió a la extinción objetiva por causas económicas de un total de 11 trabajadores, (según resulta del documento nº 22, cartas de despido y documento nº 23, vida laboral de la empresa de la parte demandada), de manera que la medida adoptada respecto del actor se inserta en un conjunto de ajustes de personal dirigidos a contener el gasto en un contexto de disminución relevante de la cifra de negocios, lo que supone en torno a un 10-11% sobre el total de personal.»

Lo deduce de los doc. 22 y 23 de la parte recurrente.

La parte impugnante no niega el hecho que se trata de añadir sino que considera el intento del recurrente de contextualizar el despido en un marco más amplio no desvirtúa el hecho probado, sino que trata de añadir una justificación a posteriori.

Apuntamos aquí que cuando la revisión se basa en documentos que forman parte de bloques documentales que no tienen un índice electrónico, pese a que sería deseable que lo contuvieran conforme al art. 273.4 LEC, facilitaría la labor de la Sala que se indicara, al menos, el número de folio que ocupan los documentos dentro del bloque documental y la posición que ese bloque ocupa en el expediente judicial -número de acontecimiento del EJ-. En este caso, el bloque documental (pdf) de la parte demandada aparece en dos pdf y, el segundo, donde están los documentos que refiere, en el acontecimiento 124 EJ que consta de 101 folios, por lo que encontrar los documentos en cuestión ha resultado laborioso para la Sala.

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta concluimos que la revisión fáctica ha de prosperar respecto del primer inciso porque no se niega por la parte impugnante que con posterioridad se hayan hecho esos despidos objetivos constando cartas de despido objetivo y en el VILE aparece en dicho periodo, al menos, cinco trabajadores cesaron en el último trimestre de 2023.

Ahora bien, no podemos estimar el último inciso ("la medida adoptada respecto del actor se inserta en un conjunto de ajustes...") no puede prosperar pues además de estar plagado de conclusiones y valoraciones, tampoco se desprende de dichos documentos.

2.2./Del HP 8º,para el que propone la siguiente redacción alternativa:

"El actor ha venido prestando servicios en la empresa con categoría profesional de oficial de primera especialista en litografía, siendo cierto que en los últimos años fue adscrito al área de ventas, pero sin que en autos se haya practicado prueba alguna que acredite que fuera el trabajador más experimentado en ventas internacionales ni que, tras su despido, fuera sustituido por un trabajador joven del entorno familiar de uno de los socios. Tampoco se ha acreditado que la empresa diseñara o dejara de diseñar un plan específico de mejora o reconducción de ventas. Por otra parte, el actor se encontraba preparando oposiciones en la Universidad de Murcia, como resulta del boletín de admisión aportado y de la documentación administrativa de la Universidad de Murcia relativa a las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas de la Escala de Técnicos Especialistas, Especialidad Investigación y Transferencia, en las que el Sr. Casimiro figura como aspirante admitido y convocado a la realización del ejercicio y al acto de comparecencia ante el Tribunal calificador, lo que pone de relieve que sus expectativas profesionales no pasaban necesariamente por la permanencia en la empresa a largo plazo.» (Documento 24 parte demandada)".

Lo deduce del doc. 24 que son las publicaciones de la Universidad de Murcia.

La doctrina jurisprudencial ha rechazado que tenga eficacia revisora la denominada prueba negativa. La vía negativa de falta de prueba no puede sustentar una revisión fáctica: "no cabe la denuncia de error de hecho en casación exclusivamente amparada en la mera alegación de prueba negativa, es decir, sosteniendo que no se ha practicado en juicio prueba alguna que acredite la conclusión fáctica que recoge la sentencia y que en trámite de casación se cuestiona"[ sentencias del TS 226/2021, de 23 de febrero (rec. 112/2019); y 159/2022, de 17 de febrero (rec. 123/2020, Pleno)].

En cuanto a que estuviera preparando oposiciones para la universidad y sus expectativas profesionales, las mismas no se desprenden de forma clara y directa de los documentos que refiere, por lo que no se estima la adición del segundo inciso.

2.3./Del HP 9ºpara el que propone la siguiente redacción:

"Los importes recibidos por los miembros del Consejo de Administración ascendieron a 172.531,03 euros en 2023 y a 131.908,69 euros en 2022, tratándose de retribuciones que, aun incrementadas en 2023 respecto a 2022, representan una cuantía global moderada para una sociedad cuya cifra de negocios supera los 30 millones de euros anuales, sin que de estos datos pueda deducirse por sí solos la inexistencia de una situación económica negativa ni la irrelevancia de la disminución persistente de ingresos y del ajuste de costes de personal. (Doc. 8 parte demandada, pág 51).»

La revisión no puede prosperar porque introduce valoraciones como que los incrementos representan una cuantía global "moderada"y la conclusión de que de dicho dato no "pueda deducirse...",lo que excede de una revisión fáctica.

TERCERO.- Censura jurídica. Criterio de la sentencia recurrida.

La parte recurrente con adecuado amparo en el art. 193 c ) LRJS denuncia la infracción del art. 53.1 a) ET y doctrina posterior a la reforma del art. 51.1 ET. La recurrente, parte de que la sentencia declara la improcedencia, en gran medida, por considerar insuficiente la carta de despido al no incorporar balances, cuenta de pérdidas y ganancias, flujos de efectivo y demás documentación contable concluyendo, que ello ha producido indefensión al trabajador, porque considera que la carta identifica la causa económica, disminución persistente del nivel de ingresos y aporta cuadros comparativos de facturación por periodos de tres meses con cifras concretas y porcentajes de variación, habiendo aportado la totalidad de documentación contable antes del juicio, lo que ha hecho posible que la parte actora aportara una pericial. Argumenta que, conforme a la jurisprudencia, no es necesario reproducir toda la contabilidad de la empresa en la carta, sino ofrecer una explicación inteligible y comprobable de la misma.

En cuanto a la causa económica, alega la infracción de los art. 51.1 y 52 c) ET argumentando que en los tres trimestres consecutivos comprendidos entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, la facturación comparada arroja caídas, lo que configura una disminución persistente de ingresos en los términos del art. 51.1. ET, que no exige que pérdidas sino que también concurre cuando tenga lugar una disminución persistente del nivel de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, como sucede en el presente caso, por lo que acreditada la causa, el control judicial se limita al juicio de razonabilidad y la sentencia se basa en que el actor es comercial experimentado de ventas internacionales y que ha sido sustituido por personas joven del entorno familiar de uno de los socios, lo que no ha quedado acreditado. Sigue diciendo el recurrente que la jurisprudencia establece que el control debe hacerse sobre la existencia de la causa, la adecuación de la medida -en abstracto- con la finalidad, la proporcionalidad estricta y exclusión de aquellas decisiones que resulten desproporcionadas o arbitrarias sin que corresponda al órgano judicial determinar la "mejor" solución posible o su oportunidad, comprobando que la decisión no vulnera derechos fundamentales ni incurre en discriminación, que no hay fraude de ley o abuso de derecho, pero sin sustituir al empresario. En este caso, entiende, que concurre la causa porque se acredita la disminución de la facturación, también la razonabilidad porque es una medida idónea para reducir costes y adaptar la estructura, máxime cuando no es un despido aislado, sin que se haya acreditado la fraudulenta sustitución del actor, ni resulte desproporcionada la decisión empresarial.

La sentencia recurrida considera insuficientes los datos facilitados económicos financieros en la carta de despido porque no consta información relativa al balance de situación, balance de sumas y saldos, cuenta de pérdidas y ganancias, saldo patrimonial final, flujos de efectivo y cifra total de negocio, por lo que la información contenida en la carta de despido es insuficiente. Además no hace referencia al número de trabajadores afectados, ni justifica la medida de extinción para paliar el descenso de ventas inicial, los datos contenidos en la carta no son coincidentes con los datos obrantes en autos, resultando de la pericial que la empresa reduce claramente beneficios pero no incurre en pérdidas ni presenta resultados operativos negativos. Por último, razona que es incongruente que la empresa alegue un problema con las ventas y elimine del organigrama al comercial más experimentado en ventas internacionales, con más de 20 años de antigüedad, sin que conste su sustitución por un director comercial contrastado, sino que más bien parece que se ha promovido para el cargo a un comercial joven y aún poco formado, a ello se añade que no se ha diseñado un plan de mejora o reducción, reconducción de ventas y que las cantidades percibidas por el Consejo de Administración se han incrementado.

CUARTO.- Sobre la concurrencia de la causa económica.

Dispone el art. 51.1. ET sobre la concurrencia de la causa económica "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior."

1. Sobre la suficiencia de los datos económicos facilitados en la carta de despido

Por lo que se refiere la "causa" que ha de obrar en la carta de despido, la STS 25-9-2024 rs. 2484/2021 recopila la jurisprudencia en los siguientes términos:

"Como recuerda la reciente STS 251/2022, de 23 de marzo (rcud. 3522/2019 ) "el contenido de la carta de despido que invoca la causa económica prevista en el artículo 52.c ET debe ser suficiente para cumplir la doble finalidad de informar plenamente al trabajador de las circunstancias económicas del empresario que pueden justificar la extinción de su contrato y de permitirle articular una adecuada defensa, lo que sólo es posible si la referida información es auténtica y completa. Así se ha señalado que el significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva. Son estas dificultades o situaciones económicas negativas las que constituyen, en terminología del artículo 51 ET (al que se remite el artículo 52 c) ET sobre el despido objetivo ) las "causas motivadoras" que pueden justificar el acto de despido. Por tanto, no es solamente una causa abstracta la que tiene que expresarse en la carta de despido, sino también la causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota".

Concluye la STS 25-9-2024, en la que se discutía la suficiencia de la carta de despido:

"la aplicación de nuestra doctrina al caso que nos ocupa lleva a entender que es la sentencia recurrida la que se ha apartado de la misma, al afirmar que el contenido de la comunicación extintiva debía contener más datos de los que ya reflejaba, cuando resulta que en ella se ofrecía información suficiente al recoger la existencia de pérdidas en la empresa, con sus importes, así como la situación que se estaba produciendo en la línea de negocio que atendía el trabajador en su condición de encargado del almacén cuya actividad se había reducido durante el año 2019 a una semana de media al mes, manteniendo esa misma tendencia en los primeros meses de 2020.

(...)

La razonabilidad de la medida extintiva no es elemento que configure el contenido de la carta de extinción, sino que se enmarca en la acreditación de la causa".

Descendiendo al supuesto de autos, entendemos que la información económica facilitada en la carta de despido era suficiente pues el art. 51.1. ET reconoce que concurre causa económica cuando exista un descenso de ventas en tres trimestres consecutivos y, precisamente, la carta informa de ese dato en los tres trimestres anteriores al despido del actor que tuvo lugar en septiembre de 2023, por lo que informa de la facturación de agosto a junio de 2022 comparada con el mismo periodo de 2023; de mayo a marzo de 2022 comparada con el mismo periodo de 2023 y de febrero de 2022 a diciembre de 2021 comparada con febrero de 2023 a diciembre de 2022.

La finalidad de la información es que el actor cuente con todos los datos para desplegar su defensa y, en este caso, qué duda cabe que ha podido hacerlo pues ha presentado una pericial en base a la información contable y económica facilitada por la propia empresa.

2. Sobre la concurrencia de la causa, entendemos que concurre la causa económica anunciada por la empresa en la carta de despido pues consta al HP 6º que la cifra de negocio ha experimentado una disminución entre 2022 y 2023 y que el descenso de ventas del 2023 ha supuesto el resultado de explotación una disminución del 37'57% respecto del 2022. Por tanto, por más que la situación económica no sea negativa, lo cierto es que el art. 51.1 ET no la exige para apreciar la concurrencia de la causa económica, como tampoco que la medida contribuya a revertir la situación, a diferencia de lo que sucedía en regulaciones anteriores.

3. En lo referente a la proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

La STS 14 de enero de 2025, Rcud 2055/2024 recopila la doctrina jurisprudencial sobre la materia en los siguientes términos:

"-En cuanto a las causas económicas, la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 872/2017, de 14 de noviembre (rec. 17/2017 ), explica que «[l]a justificación del despido económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1º) Acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2º) Establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquélla provoca la necesidad de amortización total o parcial de los puestos de trabajo y 3º) Mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para responder a esa necesidad».

2.- La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 861/2018, de 25 de septiembre (rec. 43/2018 ), sostiene que, «además de probar la concurrencia de la causa económica, técnica o productiva, debe acreditarse que la entidad de la misma justifica el número de extinciones contractuales que se ha acordado, esto es que la medida es adecuada y proporcionada al fin perseguido. El que la medida concreta quede al arbitrio del empresario y el que su criterio no pueda ser suplido por los Juzgados y Tribunales que no pueden realizar un juicio de valor sobre ella para determinar si es la mejor, juicio de optimización, no quiere decir que la decisión empresarial, probada la causa, escape a todo control judicial, por cuanto los órganos judiciales pueden realizar, como ya dijo esta Sala en su sentencia de 27-1-2014 (R.O. 100/2013 ), un juicio sobre la racionalidad de la misma, para determinar si son ajustadas a la situación existente o desproporcionadas por excesivas. Ello requerirá ponderar todas las circunstancias concurrentes para hacer un juicio sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la medida tomada que será confirmada si es razonable [...] Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil que, por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido ( art 35.2 CE )».

3.- La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 656/2018, de 20 de junio (rec. 168/2017 ), argumentó que «si bien el control judicial de las medidas adoptadas por el empresario tras un PDC comporta un test de «proporcionalidad» -canon de constitucionalidad- a desarrollar en las tres fases de «adecuación» [idoneidad de la medida adoptada para conseguir el fin pretendido], de «necesidad de la medida» [por no existir otra más moderada para conseguir el mismo fin con igual eficacia] y de «ponderación» [de todos los derechos en juego y todas las circunstancias concurrentes] (SSTS ( SSTS -Pleno- 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan »; 25/06/14 -rco 165/13-, asunto «Teltech »; y 20/10/15 -rco 172/14 -, asunto «Tragsa»), no lo es menos que no corresponde a los Tribunales fijar la precisa «idoneidad» de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial ( STS 27/01/14 -rco 100/13-, asunto «Cortefiel»; y de Pleno , SS 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan »; 23/09/14 -rco 231/13-, asunto «Agencia Laín Entralgo »; y 20/10/15 -rco 172/14 -asunto «Tragsa»), sino que se debe limitar a excluir «en todo caso, como carentes de "razonabilidad" y por ello ilícitas, aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores.»

4.- Las sentencias del TS de 27 de enero de 2014, recurso 100/2013 ; 741/2018, de 11 de julio ( rcud 467/2017); y 28/2021, de 14 de enero ( rcud 2896/2018) explican que, «aunque a la Sala no le correspondan juicios de "oportunidad" que indudablemente pertenecen ahora -lo mismo que antes de la reforma- a la gestión empresarial [...] el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el sentido de que a los órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada; aparte, por supuesto, de que el Tribunal pueda apreciar -si concurriese- la posible vulneración de derechos fundamentales. Razonabilidad que no ha de entenderse en el sentido de exigir que la medida adoptada sea la óptima para conseguir el objetivo perseguido con ella [lo que es privativo de la dirección empresarial, como ya hemos dicho], sino en el de que también se adecue idóneamente al mismo [juicio de idoneidad], excluyendo en todo caso que a través de la degradación de las condiciones de trabajo pueda llegarse -incluso- a lo que se ha llamado "dumping" social, habida cuenta de que si bien toda rebaja salarial implica una mayor competitividad, tampoco puede -sin más y por elemental justicia- ser admisible en cualesquiera términos».

5.- Las sentencias del TS 538/2020, de 26 de junio (rcud 4405/2017 ) y 28/2021, de 14 de enero (rcud 2896/2018 ), sostienen que, acreditada la concurrencia de la causa económica, consistente en la disminución persistente de los ingresos por ventas, «[l]a única fórmula para enervar tal efectividad de la causa sobre la bondad de la decisión empresarial sería la de su desmesura en término de razonabilidad. Mas, como hemos visto, ello hubiera exigido constatar una clara desproporción entre el grado de incidencia económica de la causa negativa y la adopción de la medida extintiva».

6.- La sentencia del TS 28/2021, de 14 de enero (rcud 2896/2018 ) explica que la sentencia recurrida sostiene que, si la empresa no despidió al trabajador en el año 2015, cuando las pérdidas eran mayores, no puede despedirlo ulteriormente, en el año 2016, cuando las pérdidas eran menores. Esta Sala argumentó: «El hecho de que la empresa no despidiera al trabajador por causas económicas en el año 2015, cuando la cifra de facturación era de 11.285.716,62 euros; no imposibilita que pueda despedirlo en noviembre del año 2016, cuando la cifra de facturación era mucho menor: 9.747.186,89 euros. Es cierto que el resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias fue peor en 2015 que en 2016. Pero en este último año la empresa también sufrió importantes pérdidas. La empresa intentó solucionar su situación crítica del año 2015 sin extinguir a la sazón el contrato de trabajo del actor, lo que no debe impedir que, si las causas económicas subsistieron en el año siguiente, el empleador pueda despedir por causas objetivas al trabajador en el año 2016. La tesis contraria tendría un efecto disuasorio para las empresas que intentan superar su situación económica negativa sin realizar despidos al iniciarse dicha situación»."

Descendiendo al supuesto de autos, a la vista del relato fáctico, consideramos que existe conexión entre la causa económica, alegada y acreditada -consistente en descenso en las ventas-, y la medida extintiva adoptada, sin que se aprecie falta de proporcionalidad pues ante el descenso de ventas que ha ocasionado un descenso de la cifra de negocio -que pasó de 37.472.519'85 euros a 29.459'33 euros-, la empresa decidió adoptar medidas para reducir el gasto, entre las que se encuentra la decisión de extinguir el contrato del actor, comercial, por lo que la decisión supondrá una disminución de los gastos (HP 7º); además, el descenso en las ventas permite apreciar un exceso en la plantilla en dicho departamento, lo que ahonda en justificar la decisión empresarial.

El hecho de que el actor haya sido sustituido por otro trabajador, también comercial pero joven, que ha asumido su puesto, no obsta a nuestra conclusión pues, en todo caso, la selección del trabajador despedido corresponde a la empresa sin perjuicio de que tal decisión pueda ser impugnada si se aprecia que conculca derechos fundamentales -lo que ni siquiera se alega- y, en todo caso, se aprecia un nuevo reparto del trabajo entre los comerciales que ya había, sin que se acrediten nuevas contrataciones para sustituir al actor, por lo que no se aprecia desproporción entre la situación de la empresa y la decisión extintiva, sin que corresponda a los tribunales hacer un juicio de «idoneidad» de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial, conforme a la jurisprudencia expuesta.

Atendidos los razonamientos expuestos, se estima el motivo de recurso, se revoca la sentencia recurrida, desestimando la demanda y absolviendo a la parte demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra.

QUINTO.- Costas

En materia de costas rige el principio del vencimiento ex artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por lo que la estimación íntegra del recurso determina que no se impongan al recurrente las costas causadas a la parte actora impugnante y, firme esta resolución, con devolución del depósito y consignación que hubiera podido constituir para recurrir.

Vistos los preceptos citados y por las razones expuestas,

PRIMERO.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia estimó la demanda interpuesta por el trabajador actor declarando la improcedencia del despido objetivo impugnado.

Frente a dicha resolución, se alza en suplicación la empresa demandada, para solicitar la revisión fáctica y jurídica de la sentencia recurrida.

El recurso ha sido impugnado por la parte actora. Por el Ministerio Fiscal se ha dictado informe.

SEGUNDO.- Revisión fáctica

La parte recurrente formula un primer motivo de revisión fáctica amparado en el art. 193 b ) LRJS a través del cual interesa diversas revisiones fácticas.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, indicará cuales son los requisitos para la revisión fáctica de las sentencias. La STS 15-12-2022, rco. 167/22 recopila los requisitos jurisprudenciales para la revisión fáctica de las sentencias en casación ordinaria en los siguientes términos -lo que es trasladable al recurso de suplicación, también extraordinario, con las especialidades que señalaremos:

"Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Queno se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial (en el recurso de suplicación deberá basarse en prueba documental o pericial). La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo". (Por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de julio de 2021, recurso 68/2021 y las citadas en ella)".

Examinaremos, a continuación, las concretas revisiones propuestas a la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta.

2.1./Del HP 7ºpara el que propone la siguiente redacción alternativa:

"El importe del salario que se ajusta con el despido del actor, considerado aisladamente, representa aproximadamente el 0,1% de la totalidad de los gastos del ejercicio 2022-2023; no obstante, en el año 2023 la empresa procedió a la extinción objetiva por causas económicas de un total de 11 trabajadores, (según resulta del documento nº 22, cartas de despido y documento nº 23, vida laboral de la empresa de la parte demandada), de manera que la medida adoptada respecto del actor se inserta en un conjunto de ajustes de personal dirigidos a contener el gasto en un contexto de disminución relevante de la cifra de negocios, lo que supone en torno a un 10-11% sobre el total de personal.»

Lo deduce de los doc. 22 y 23 de la parte recurrente.

La parte impugnante no niega el hecho que se trata de añadir sino que considera el intento del recurrente de contextualizar el despido en un marco más amplio no desvirtúa el hecho probado, sino que trata de añadir una justificación a posteriori.

Apuntamos aquí que cuando la revisión se basa en documentos que forman parte de bloques documentales que no tienen un índice electrónico, pese a que sería deseable que lo contuvieran conforme al art. 273.4 LEC, facilitaría la labor de la Sala que se indicara, al menos, el número de folio que ocupan los documentos dentro del bloque documental y la posición que ese bloque ocupa en el expediente judicial -número de acontecimiento del EJ-. En este caso, el bloque documental (pdf) de la parte demandada aparece en dos pdf y, el segundo, donde están los documentos que refiere, en el acontecimiento 124 EJ que consta de 101 folios, por lo que encontrar los documentos en cuestión ha resultado laborioso para la Sala.

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta concluimos que la revisión fáctica ha de prosperar respecto del primer inciso porque no se niega por la parte impugnante que con posterioridad se hayan hecho esos despidos objetivos constando cartas de despido objetivo y en el VILE aparece en dicho periodo, al menos, cinco trabajadores cesaron en el último trimestre de 2023.

Ahora bien, no podemos estimar el último inciso ("la medida adoptada respecto del actor se inserta en un conjunto de ajustes...") no puede prosperar pues además de estar plagado de conclusiones y valoraciones, tampoco se desprende de dichos documentos.

2.2./Del HP 8º,para el que propone la siguiente redacción alternativa:

"El actor ha venido prestando servicios en la empresa con categoría profesional de oficial de primera especialista en litografía, siendo cierto que en los últimos años fue adscrito al área de ventas, pero sin que en autos se haya practicado prueba alguna que acredite que fuera el trabajador más experimentado en ventas internacionales ni que, tras su despido, fuera sustituido por un trabajador joven del entorno familiar de uno de los socios. Tampoco se ha acreditado que la empresa diseñara o dejara de diseñar un plan específico de mejora o reconducción de ventas. Por otra parte, el actor se encontraba preparando oposiciones en la Universidad de Murcia, como resulta del boletín de admisión aportado y de la documentación administrativa de la Universidad de Murcia relativa a las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas de la Escala de Técnicos Especialistas, Especialidad Investigación y Transferencia, en las que el Sr. Casimiro figura como aspirante admitido y convocado a la realización del ejercicio y al acto de comparecencia ante el Tribunal calificador, lo que pone de relieve que sus expectativas profesionales no pasaban necesariamente por la permanencia en la empresa a largo plazo.» (Documento 24 parte demandada)".

Lo deduce del doc. 24 que son las publicaciones de la Universidad de Murcia.

La doctrina jurisprudencial ha rechazado que tenga eficacia revisora la denominada prueba negativa. La vía negativa de falta de prueba no puede sustentar una revisión fáctica: "no cabe la denuncia de error de hecho en casación exclusivamente amparada en la mera alegación de prueba negativa, es decir, sosteniendo que no se ha practicado en juicio prueba alguna que acredite la conclusión fáctica que recoge la sentencia y que en trámite de casación se cuestiona"[ sentencias del TS 226/2021, de 23 de febrero (rec. 112/2019); y 159/2022, de 17 de febrero (rec. 123/2020, Pleno)].

En cuanto a que estuviera preparando oposiciones para la universidad y sus expectativas profesionales, las mismas no se desprenden de forma clara y directa de los documentos que refiere, por lo que no se estima la adición del segundo inciso.

2.3./Del HP 9ºpara el que propone la siguiente redacción:

"Los importes recibidos por los miembros del Consejo de Administración ascendieron a 172.531,03 euros en 2023 y a 131.908,69 euros en 2022, tratándose de retribuciones que, aun incrementadas en 2023 respecto a 2022, representan una cuantía global moderada para una sociedad cuya cifra de negocios supera los 30 millones de euros anuales, sin que de estos datos pueda deducirse por sí solos la inexistencia de una situación económica negativa ni la irrelevancia de la disminución persistente de ingresos y del ajuste de costes de personal. (Doc. 8 parte demandada, pág 51).»

La revisión no puede prosperar porque introduce valoraciones como que los incrementos representan una cuantía global "moderada"y la conclusión de que de dicho dato no "pueda deducirse...",lo que excede de una revisión fáctica.

TERCERO.- Censura jurídica. Criterio de la sentencia recurrida.

La parte recurrente con adecuado amparo en el art. 193 c ) LRJS denuncia la infracción del art. 53.1 a) ET y doctrina posterior a la reforma del art. 51.1 ET. La recurrente, parte de que la sentencia declara la improcedencia, en gran medida, por considerar insuficiente la carta de despido al no incorporar balances, cuenta de pérdidas y ganancias, flujos de efectivo y demás documentación contable concluyendo, que ello ha producido indefensión al trabajador, porque considera que la carta identifica la causa económica, disminución persistente del nivel de ingresos y aporta cuadros comparativos de facturación por periodos de tres meses con cifras concretas y porcentajes de variación, habiendo aportado la totalidad de documentación contable antes del juicio, lo que ha hecho posible que la parte actora aportara una pericial. Argumenta que, conforme a la jurisprudencia, no es necesario reproducir toda la contabilidad de la empresa en la carta, sino ofrecer una explicación inteligible y comprobable de la misma.

En cuanto a la causa económica, alega la infracción de los art. 51.1 y 52 c) ET argumentando que en los tres trimestres consecutivos comprendidos entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, la facturación comparada arroja caídas, lo que configura una disminución persistente de ingresos en los términos del art. 51.1. ET, que no exige que pérdidas sino que también concurre cuando tenga lugar una disminución persistente del nivel de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, como sucede en el presente caso, por lo que acreditada la causa, el control judicial se limita al juicio de razonabilidad y la sentencia se basa en que el actor es comercial experimentado de ventas internacionales y que ha sido sustituido por personas joven del entorno familiar de uno de los socios, lo que no ha quedado acreditado. Sigue diciendo el recurrente que la jurisprudencia establece que el control debe hacerse sobre la existencia de la causa, la adecuación de la medida -en abstracto- con la finalidad, la proporcionalidad estricta y exclusión de aquellas decisiones que resulten desproporcionadas o arbitrarias sin que corresponda al órgano judicial determinar la "mejor" solución posible o su oportunidad, comprobando que la decisión no vulnera derechos fundamentales ni incurre en discriminación, que no hay fraude de ley o abuso de derecho, pero sin sustituir al empresario. En este caso, entiende, que concurre la causa porque se acredita la disminución de la facturación, también la razonabilidad porque es una medida idónea para reducir costes y adaptar la estructura, máxime cuando no es un despido aislado, sin que se haya acreditado la fraudulenta sustitución del actor, ni resulte desproporcionada la decisión empresarial.

La sentencia recurrida considera insuficientes los datos facilitados económicos financieros en la carta de despido porque no consta información relativa al balance de situación, balance de sumas y saldos, cuenta de pérdidas y ganancias, saldo patrimonial final, flujos de efectivo y cifra total de negocio, por lo que la información contenida en la carta de despido es insuficiente. Además no hace referencia al número de trabajadores afectados, ni justifica la medida de extinción para paliar el descenso de ventas inicial, los datos contenidos en la carta no son coincidentes con los datos obrantes en autos, resultando de la pericial que la empresa reduce claramente beneficios pero no incurre en pérdidas ni presenta resultados operativos negativos. Por último, razona que es incongruente que la empresa alegue un problema con las ventas y elimine del organigrama al comercial más experimentado en ventas internacionales, con más de 20 años de antigüedad, sin que conste su sustitución por un director comercial contrastado, sino que más bien parece que se ha promovido para el cargo a un comercial joven y aún poco formado, a ello se añade que no se ha diseñado un plan de mejora o reducción, reconducción de ventas y que las cantidades percibidas por el Consejo de Administración se han incrementado.

CUARTO.- Sobre la concurrencia de la causa económica.

Dispone el art. 51.1. ET sobre la concurrencia de la causa económica "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior."

1. Sobre la suficiencia de los datos económicos facilitados en la carta de despido

Por lo que se refiere la "causa" que ha de obrar en la carta de despido, la STS 25-9-2024 rs. 2484/2021 recopila la jurisprudencia en los siguientes términos:

"Como recuerda la reciente STS 251/2022, de 23 de marzo (rcud. 3522/2019 ) "el contenido de la carta de despido que invoca la causa económica prevista en el artículo 52.c ET debe ser suficiente para cumplir la doble finalidad de informar plenamente al trabajador de las circunstancias económicas del empresario que pueden justificar la extinción de su contrato y de permitirle articular una adecuada defensa, lo que sólo es posible si la referida información es auténtica y completa. Así se ha señalado que el significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva. Son estas dificultades o situaciones económicas negativas las que constituyen, en terminología del artículo 51 ET (al que se remite el artículo 52 c) ET sobre el despido objetivo ) las "causas motivadoras" que pueden justificar el acto de despido. Por tanto, no es solamente una causa abstracta la que tiene que expresarse en la carta de despido, sino también la causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota".

Concluye la STS 25-9-2024, en la que se discutía la suficiencia de la carta de despido:

"la aplicación de nuestra doctrina al caso que nos ocupa lleva a entender que es la sentencia recurrida la que se ha apartado de la misma, al afirmar que el contenido de la comunicación extintiva debía contener más datos de los que ya reflejaba, cuando resulta que en ella se ofrecía información suficiente al recoger la existencia de pérdidas en la empresa, con sus importes, así como la situación que se estaba produciendo en la línea de negocio que atendía el trabajador en su condición de encargado del almacén cuya actividad se había reducido durante el año 2019 a una semana de media al mes, manteniendo esa misma tendencia en los primeros meses de 2020.

(...)

La razonabilidad de la medida extintiva no es elemento que configure el contenido de la carta de extinción, sino que se enmarca en la acreditación de la causa".

Descendiendo al supuesto de autos, entendemos que la información económica facilitada en la carta de despido era suficiente pues el art. 51.1. ET reconoce que concurre causa económica cuando exista un descenso de ventas en tres trimestres consecutivos y, precisamente, la carta informa de ese dato en los tres trimestres anteriores al despido del actor que tuvo lugar en septiembre de 2023, por lo que informa de la facturación de agosto a junio de 2022 comparada con el mismo periodo de 2023; de mayo a marzo de 2022 comparada con el mismo periodo de 2023 y de febrero de 2022 a diciembre de 2021 comparada con febrero de 2023 a diciembre de 2022.

La finalidad de la información es que el actor cuente con todos los datos para desplegar su defensa y, en este caso, qué duda cabe que ha podido hacerlo pues ha presentado una pericial en base a la información contable y económica facilitada por la propia empresa.

2. Sobre la concurrencia de la causa, entendemos que concurre la causa económica anunciada por la empresa en la carta de despido pues consta al HP 6º que la cifra de negocio ha experimentado una disminución entre 2022 y 2023 y que el descenso de ventas del 2023 ha supuesto el resultado de explotación una disminución del 37'57% respecto del 2022. Por tanto, por más que la situación económica no sea negativa, lo cierto es que el art. 51.1 ET no la exige para apreciar la concurrencia de la causa económica, como tampoco que la medida contribuya a revertir la situación, a diferencia de lo que sucedía en regulaciones anteriores.

3. En lo referente a la proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

La STS 14 de enero de 2025, Rcud 2055/2024 recopila la doctrina jurisprudencial sobre la materia en los siguientes términos:

"-En cuanto a las causas económicas, la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 872/2017, de 14 de noviembre (rec. 17/2017 ), explica que «[l]a justificación del despido económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1º) Acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2º) Establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquélla provoca la necesidad de amortización total o parcial de los puestos de trabajo y 3º) Mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para responder a esa necesidad».

2.- La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 861/2018, de 25 de septiembre (rec. 43/2018 ), sostiene que, «además de probar la concurrencia de la causa económica, técnica o productiva, debe acreditarse que la entidad de la misma justifica el número de extinciones contractuales que se ha acordado, esto es que la medida es adecuada y proporcionada al fin perseguido. El que la medida concreta quede al arbitrio del empresario y el que su criterio no pueda ser suplido por los Juzgados y Tribunales que no pueden realizar un juicio de valor sobre ella para determinar si es la mejor, juicio de optimización, no quiere decir que la decisión empresarial, probada la causa, escape a todo control judicial, por cuanto los órganos judiciales pueden realizar, como ya dijo esta Sala en su sentencia de 27-1-2014 (R.O. 100/2013 ), un juicio sobre la racionalidad de la misma, para determinar si son ajustadas a la situación existente o desproporcionadas por excesivas. Ello requerirá ponderar todas las circunstancias concurrentes para hacer un juicio sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la medida tomada que será confirmada si es razonable [...] Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil que, por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido ( art 35.2 CE )».

3.- La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 656/2018, de 20 de junio (rec. 168/2017 ), argumentó que «si bien el control judicial de las medidas adoptadas por el empresario tras un PDC comporta un test de «proporcionalidad» -canon de constitucionalidad- a desarrollar en las tres fases de «adecuación» [idoneidad de la medida adoptada para conseguir el fin pretendido], de «necesidad de la medida» [por no existir otra más moderada para conseguir el mismo fin con igual eficacia] y de «ponderación» [de todos los derechos en juego y todas las circunstancias concurrentes] (SSTS ( SSTS -Pleno- 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan »; 25/06/14 -rco 165/13-, asunto «Teltech »; y 20/10/15 -rco 172/14 -, asunto «Tragsa»), no lo es menos que no corresponde a los Tribunales fijar la precisa «idoneidad» de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial ( STS 27/01/14 -rco 100/13-, asunto «Cortefiel»; y de Pleno , SS 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan »; 23/09/14 -rco 231/13-, asunto «Agencia Laín Entralgo »; y 20/10/15 -rco 172/14 -asunto «Tragsa»), sino que se debe limitar a excluir «en todo caso, como carentes de "razonabilidad" y por ello ilícitas, aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores.»

4.- Las sentencias del TS de 27 de enero de 2014, recurso 100/2013 ; 741/2018, de 11 de julio ( rcud 467/2017); y 28/2021, de 14 de enero ( rcud 2896/2018) explican que, «aunque a la Sala no le correspondan juicios de "oportunidad" que indudablemente pertenecen ahora -lo mismo que antes de la reforma- a la gestión empresarial [...] el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el sentido de que a los órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada; aparte, por supuesto, de que el Tribunal pueda apreciar -si concurriese- la posible vulneración de derechos fundamentales. Razonabilidad que no ha de entenderse en el sentido de exigir que la medida adoptada sea la óptima para conseguir el objetivo perseguido con ella [lo que es privativo de la dirección empresarial, como ya hemos dicho], sino en el de que también se adecue idóneamente al mismo [juicio de idoneidad], excluyendo en todo caso que a través de la degradación de las condiciones de trabajo pueda llegarse -incluso- a lo que se ha llamado "dumping" social, habida cuenta de que si bien toda rebaja salarial implica una mayor competitividad, tampoco puede -sin más y por elemental justicia- ser admisible en cualesquiera términos».

5.- Las sentencias del TS 538/2020, de 26 de junio (rcud 4405/2017 ) y 28/2021, de 14 de enero (rcud 2896/2018 ), sostienen que, acreditada la concurrencia de la causa económica, consistente en la disminución persistente de los ingresos por ventas, «[l]a única fórmula para enervar tal efectividad de la causa sobre la bondad de la decisión empresarial sería la de su desmesura en término de razonabilidad. Mas, como hemos visto, ello hubiera exigido constatar una clara desproporción entre el grado de incidencia económica de la causa negativa y la adopción de la medida extintiva».

6.- La sentencia del TS 28/2021, de 14 de enero (rcud 2896/2018 ) explica que la sentencia recurrida sostiene que, si la empresa no despidió al trabajador en el año 2015, cuando las pérdidas eran mayores, no puede despedirlo ulteriormente, en el año 2016, cuando las pérdidas eran menores. Esta Sala argumentó: «El hecho de que la empresa no despidiera al trabajador por causas económicas en el año 2015, cuando la cifra de facturación era de 11.285.716,62 euros; no imposibilita que pueda despedirlo en noviembre del año 2016, cuando la cifra de facturación era mucho menor: 9.747.186,89 euros. Es cierto que el resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias fue peor en 2015 que en 2016. Pero en este último año la empresa también sufrió importantes pérdidas. La empresa intentó solucionar su situación crítica del año 2015 sin extinguir a la sazón el contrato de trabajo del actor, lo que no debe impedir que, si las causas económicas subsistieron en el año siguiente, el empleador pueda despedir por causas objetivas al trabajador en el año 2016. La tesis contraria tendría un efecto disuasorio para las empresas que intentan superar su situación económica negativa sin realizar despidos al iniciarse dicha situación»."

Descendiendo al supuesto de autos, a la vista del relato fáctico, consideramos que existe conexión entre la causa económica, alegada y acreditada -consistente en descenso en las ventas-, y la medida extintiva adoptada, sin que se aprecie falta de proporcionalidad pues ante el descenso de ventas que ha ocasionado un descenso de la cifra de negocio -que pasó de 37.472.519'85 euros a 29.459'33 euros-, la empresa decidió adoptar medidas para reducir el gasto, entre las que se encuentra la decisión de extinguir el contrato del actor, comercial, por lo que la decisión supondrá una disminución de los gastos (HP 7º); además, el descenso en las ventas permite apreciar un exceso en la plantilla en dicho departamento, lo que ahonda en justificar la decisión empresarial.

El hecho de que el actor haya sido sustituido por otro trabajador, también comercial pero joven, que ha asumido su puesto, no obsta a nuestra conclusión pues, en todo caso, la selección del trabajador despedido corresponde a la empresa sin perjuicio de que tal decisión pueda ser impugnada si se aprecia que conculca derechos fundamentales -lo que ni siquiera se alega- y, en todo caso, se aprecia un nuevo reparto del trabajo entre los comerciales que ya había, sin que se acrediten nuevas contrataciones para sustituir al actor, por lo que no se aprecia desproporción entre la situación de la empresa y la decisión extintiva, sin que corresponda a los tribunales hacer un juicio de «idoneidad» de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial, conforme a la jurisprudencia expuesta.

Atendidos los razonamientos expuestos, se estima el motivo de recurso, se revoca la sentencia recurrida, desestimando la demanda y absolviendo a la parte demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra.

QUINTO.- Costas

En materia de costas rige el principio del vencimiento ex artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por lo que la estimación íntegra del recurso determina que no se impongan al recurrente las costas causadas a la parte actora impugnante y, firme esta resolución, con devolución del depósito y consignación que hubiera podido constituir para recurrir.

Vistos los preceptos citados y por las razones expuestas,

PRIMERO.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia estimó la demanda interpuesta por el trabajador actor declarando la improcedencia del despido objetivo impugnado.

Frente a dicha resolución, se alza en suplicación la empresa demandada, para solicitar la revisión fáctica y jurídica de la sentencia recurrida.

El recurso ha sido impugnado por la parte actora. Por el Ministerio Fiscal se ha dictado informe.

SEGUNDO.- Revisión fáctica

La parte recurrente formula un primer motivo de revisión fáctica amparado en el art. 193 b ) LRJS a través del cual interesa diversas revisiones fácticas.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, indicará cuales son los requisitos para la revisión fáctica de las sentencias. La STS 15-12-2022, rco. 167/22 recopila los requisitos jurisprudenciales para la revisión fáctica de las sentencias en casación ordinaria en los siguientes términos -lo que es trasladable al recurso de suplicación, también extraordinario, con las especialidades que señalaremos:

"Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Queno se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial (en el recurso de suplicación deberá basarse en prueba documental o pericial). La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo". (Por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de julio de 2021, recurso 68/2021 y las citadas en ella)".

Examinaremos, a continuación, las concretas revisiones propuestas a la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta.

2.1./Del HP 7ºpara el que propone la siguiente redacción alternativa:

"El importe del salario que se ajusta con el despido del actor, considerado aisladamente, representa aproximadamente el 0,1% de la totalidad de los gastos del ejercicio 2022-2023; no obstante, en el año 2023 la empresa procedió a la extinción objetiva por causas económicas de un total de 11 trabajadores, (según resulta del documento nº 22, cartas de despido y documento nº 23, vida laboral de la empresa de la parte demandada), de manera que la medida adoptada respecto del actor se inserta en un conjunto de ajustes de personal dirigidos a contener el gasto en un contexto de disminución relevante de la cifra de negocios, lo que supone en torno a un 10-11% sobre el total de personal.»

Lo deduce de los doc. 22 y 23 de la parte recurrente.

La parte impugnante no niega el hecho que se trata de añadir sino que considera el intento del recurrente de contextualizar el despido en un marco más amplio no desvirtúa el hecho probado, sino que trata de añadir una justificación a posteriori.

Apuntamos aquí que cuando la revisión se basa en documentos que forman parte de bloques documentales que no tienen un índice electrónico, pese a que sería deseable que lo contuvieran conforme al art. 273.4 LEC, facilitaría la labor de la Sala que se indicara, al menos, el número de folio que ocupan los documentos dentro del bloque documental y la posición que ese bloque ocupa en el expediente judicial -número de acontecimiento del EJ-. En este caso, el bloque documental (pdf) de la parte demandada aparece en dos pdf y, el segundo, donde están los documentos que refiere, en el acontecimiento 124 EJ que consta de 101 folios, por lo que encontrar los documentos en cuestión ha resultado laborioso para la Sala.

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta concluimos que la revisión fáctica ha de prosperar respecto del primer inciso porque no se niega por la parte impugnante que con posterioridad se hayan hecho esos despidos objetivos constando cartas de despido objetivo y en el VILE aparece en dicho periodo, al menos, cinco trabajadores cesaron en el último trimestre de 2023.

Ahora bien, no podemos estimar el último inciso ("la medida adoptada respecto del actor se inserta en un conjunto de ajustes...") no puede prosperar pues además de estar plagado de conclusiones y valoraciones, tampoco se desprende de dichos documentos.

2.2./Del HP 8º,para el que propone la siguiente redacción alternativa:

"El actor ha venido prestando servicios en la empresa con categoría profesional de oficial de primera especialista en litografía, siendo cierto que en los últimos años fue adscrito al área de ventas, pero sin que en autos se haya practicado prueba alguna que acredite que fuera el trabajador más experimentado en ventas internacionales ni que, tras su despido, fuera sustituido por un trabajador joven del entorno familiar de uno de los socios. Tampoco se ha acreditado que la empresa diseñara o dejara de diseñar un plan específico de mejora o reconducción de ventas. Por otra parte, el actor se encontraba preparando oposiciones en la Universidad de Murcia, como resulta del boletín de admisión aportado y de la documentación administrativa de la Universidad de Murcia relativa a las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas de la Escala de Técnicos Especialistas, Especialidad Investigación y Transferencia, en las que el Sr. Casimiro figura como aspirante admitido y convocado a la realización del ejercicio y al acto de comparecencia ante el Tribunal calificador, lo que pone de relieve que sus expectativas profesionales no pasaban necesariamente por la permanencia en la empresa a largo plazo.» (Documento 24 parte demandada)".

Lo deduce del doc. 24 que son las publicaciones de la Universidad de Murcia.

La doctrina jurisprudencial ha rechazado que tenga eficacia revisora la denominada prueba negativa. La vía negativa de falta de prueba no puede sustentar una revisión fáctica: "no cabe la denuncia de error de hecho en casación exclusivamente amparada en la mera alegación de prueba negativa, es decir, sosteniendo que no se ha practicado en juicio prueba alguna que acredite la conclusión fáctica que recoge la sentencia y que en trámite de casación se cuestiona"[ sentencias del TS 226/2021, de 23 de febrero (rec. 112/2019); y 159/2022, de 17 de febrero (rec. 123/2020, Pleno)].

En cuanto a que estuviera preparando oposiciones para la universidad y sus expectativas profesionales, las mismas no se desprenden de forma clara y directa de los documentos que refiere, por lo que no se estima la adición del segundo inciso.

2.3./Del HP 9ºpara el que propone la siguiente redacción:

"Los importes recibidos por los miembros del Consejo de Administración ascendieron a 172.531,03 euros en 2023 y a 131.908,69 euros en 2022, tratándose de retribuciones que, aun incrementadas en 2023 respecto a 2022, representan una cuantía global moderada para una sociedad cuya cifra de negocios supera los 30 millones de euros anuales, sin que de estos datos pueda deducirse por sí solos la inexistencia de una situación económica negativa ni la irrelevancia de la disminución persistente de ingresos y del ajuste de costes de personal. (Doc. 8 parte demandada, pág 51).»

La revisión no puede prosperar porque introduce valoraciones como que los incrementos representan una cuantía global "moderada"y la conclusión de que de dicho dato no "pueda deducirse...",lo que excede de una revisión fáctica.

TERCERO.- Censura jurídica. Criterio de la sentencia recurrida.

La parte recurrente con adecuado amparo en el art. 193 c ) LRJS denuncia la infracción del art. 53.1 a) ET y doctrina posterior a la reforma del art. 51.1 ET. La recurrente, parte de que la sentencia declara la improcedencia, en gran medida, por considerar insuficiente la carta de despido al no incorporar balances, cuenta de pérdidas y ganancias, flujos de efectivo y demás documentación contable concluyendo, que ello ha producido indefensión al trabajador, porque considera que la carta identifica la causa económica, disminución persistente del nivel de ingresos y aporta cuadros comparativos de facturación por periodos de tres meses con cifras concretas y porcentajes de variación, habiendo aportado la totalidad de documentación contable antes del juicio, lo que ha hecho posible que la parte actora aportara una pericial. Argumenta que, conforme a la jurisprudencia, no es necesario reproducir toda la contabilidad de la empresa en la carta, sino ofrecer una explicación inteligible y comprobable de la misma.

En cuanto a la causa económica, alega la infracción de los art. 51.1 y 52 c) ET argumentando que en los tres trimestres consecutivos comprendidos entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, la facturación comparada arroja caídas, lo que configura una disminución persistente de ingresos en los términos del art. 51.1. ET, que no exige que pérdidas sino que también concurre cuando tenga lugar una disminución persistente del nivel de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, como sucede en el presente caso, por lo que acreditada la causa, el control judicial se limita al juicio de razonabilidad y la sentencia se basa en que el actor es comercial experimentado de ventas internacionales y que ha sido sustituido por personas joven del entorno familiar de uno de los socios, lo que no ha quedado acreditado. Sigue diciendo el recurrente que la jurisprudencia establece que el control debe hacerse sobre la existencia de la causa, la adecuación de la medida -en abstracto- con la finalidad, la proporcionalidad estricta y exclusión de aquellas decisiones que resulten desproporcionadas o arbitrarias sin que corresponda al órgano judicial determinar la "mejor" solución posible o su oportunidad, comprobando que la decisión no vulnera derechos fundamentales ni incurre en discriminación, que no hay fraude de ley o abuso de derecho, pero sin sustituir al empresario. En este caso, entiende, que concurre la causa porque se acredita la disminución de la facturación, también la razonabilidad porque es una medida idónea para reducir costes y adaptar la estructura, máxime cuando no es un despido aislado, sin que se haya acreditado la fraudulenta sustitución del actor, ni resulte desproporcionada la decisión empresarial.

La sentencia recurrida considera insuficientes los datos facilitados económicos financieros en la carta de despido porque no consta información relativa al balance de situación, balance de sumas y saldos, cuenta de pérdidas y ganancias, saldo patrimonial final, flujos de efectivo y cifra total de negocio, por lo que la información contenida en la carta de despido es insuficiente. Además no hace referencia al número de trabajadores afectados, ni justifica la medida de extinción para paliar el descenso de ventas inicial, los datos contenidos en la carta no son coincidentes con los datos obrantes en autos, resultando de la pericial que la empresa reduce claramente beneficios pero no incurre en pérdidas ni presenta resultados operativos negativos. Por último, razona que es incongruente que la empresa alegue un problema con las ventas y elimine del organigrama al comercial más experimentado en ventas internacionales, con más de 20 años de antigüedad, sin que conste su sustitución por un director comercial contrastado, sino que más bien parece que se ha promovido para el cargo a un comercial joven y aún poco formado, a ello se añade que no se ha diseñado un plan de mejora o reducción, reconducción de ventas y que las cantidades percibidas por el Consejo de Administración se han incrementado.

CUARTO.- Sobre la concurrencia de la causa económica.

Dispone el art. 51.1. ET sobre la concurrencia de la causa económica "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior."

1. Sobre la suficiencia de los datos económicos facilitados en la carta de despido

Por lo que se refiere la "causa" que ha de obrar en la carta de despido, la STS 25-9-2024 rs. 2484/2021 recopila la jurisprudencia en los siguientes términos:

"Como recuerda la reciente STS 251/2022, de 23 de marzo (rcud. 3522/2019 ) "el contenido de la carta de despido que invoca la causa económica prevista en el artículo 52.c ET debe ser suficiente para cumplir la doble finalidad de informar plenamente al trabajador de las circunstancias económicas del empresario que pueden justificar la extinción de su contrato y de permitirle articular una adecuada defensa, lo que sólo es posible si la referida información es auténtica y completa. Así se ha señalado que el significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva. Son estas dificultades o situaciones económicas negativas las que constituyen, en terminología del artículo 51 ET (al que se remite el artículo 52 c) ET sobre el despido objetivo ) las "causas motivadoras" que pueden justificar el acto de despido. Por tanto, no es solamente una causa abstracta la que tiene que expresarse en la carta de despido, sino también la causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota".

Concluye la STS 25-9-2024, en la que se discutía la suficiencia de la carta de despido:

"la aplicación de nuestra doctrina al caso que nos ocupa lleva a entender que es la sentencia recurrida la que se ha apartado de la misma, al afirmar que el contenido de la comunicación extintiva debía contener más datos de los que ya reflejaba, cuando resulta que en ella se ofrecía información suficiente al recoger la existencia de pérdidas en la empresa, con sus importes, así como la situación que se estaba produciendo en la línea de negocio que atendía el trabajador en su condición de encargado del almacén cuya actividad se había reducido durante el año 2019 a una semana de media al mes, manteniendo esa misma tendencia en los primeros meses de 2020.

(...)

La razonabilidad de la medida extintiva no es elemento que configure el contenido de la carta de extinción, sino que se enmarca en la acreditación de la causa".

Descendiendo al supuesto de autos, entendemos que la información económica facilitada en la carta de despido era suficiente pues el art. 51.1. ET reconoce que concurre causa económica cuando exista un descenso de ventas en tres trimestres consecutivos y, precisamente, la carta informa de ese dato en los tres trimestres anteriores al despido del actor que tuvo lugar en septiembre de 2023, por lo que informa de la facturación de agosto a junio de 2022 comparada con el mismo periodo de 2023; de mayo a marzo de 2022 comparada con el mismo periodo de 2023 y de febrero de 2022 a diciembre de 2021 comparada con febrero de 2023 a diciembre de 2022.

La finalidad de la información es que el actor cuente con todos los datos para desplegar su defensa y, en este caso, qué duda cabe que ha podido hacerlo pues ha presentado una pericial en base a la información contable y económica facilitada por la propia empresa.

2. Sobre la concurrencia de la causa, entendemos que concurre la causa económica anunciada por la empresa en la carta de despido pues consta al HP 6º que la cifra de negocio ha experimentado una disminución entre 2022 y 2023 y que el descenso de ventas del 2023 ha supuesto el resultado de explotación una disminución del 37'57% respecto del 2022. Por tanto, por más que la situación económica no sea negativa, lo cierto es que el art. 51.1 ET no la exige para apreciar la concurrencia de la causa económica, como tampoco que la medida contribuya a revertir la situación, a diferencia de lo que sucedía en regulaciones anteriores.

3. En lo referente a la proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

La STS 14 de enero de 2025, Rcud 2055/2024 recopila la doctrina jurisprudencial sobre la materia en los siguientes términos:

"-En cuanto a las causas económicas, la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 872/2017, de 14 de noviembre (rec. 17/2017 ), explica que «[l]a justificación del despido económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1º) Acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2º) Establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquélla provoca la necesidad de amortización total o parcial de los puestos de trabajo y 3º) Mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para responder a esa necesidad».

2.- La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 861/2018, de 25 de septiembre (rec. 43/2018 ), sostiene que, «además de probar la concurrencia de la causa económica, técnica o productiva, debe acreditarse que la entidad de la misma justifica el número de extinciones contractuales que se ha acordado, esto es que la medida es adecuada y proporcionada al fin perseguido. El que la medida concreta quede al arbitrio del empresario y el que su criterio no pueda ser suplido por los Juzgados y Tribunales que no pueden realizar un juicio de valor sobre ella para determinar si es la mejor, juicio de optimización, no quiere decir que la decisión empresarial, probada la causa, escape a todo control judicial, por cuanto los órganos judiciales pueden realizar, como ya dijo esta Sala en su sentencia de 27-1-2014 (R.O. 100/2013 ), un juicio sobre la racionalidad de la misma, para determinar si son ajustadas a la situación existente o desproporcionadas por excesivas. Ello requerirá ponderar todas las circunstancias concurrentes para hacer un juicio sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la medida tomada que será confirmada si es razonable [...] Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil que, por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido ( art 35.2 CE )».

3.- La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 656/2018, de 20 de junio (rec. 168/2017 ), argumentó que «si bien el control judicial de las medidas adoptadas por el empresario tras un PDC comporta un test de «proporcionalidad» -canon de constitucionalidad- a desarrollar en las tres fases de «adecuación» [idoneidad de la medida adoptada para conseguir el fin pretendido], de «necesidad de la medida» [por no existir otra más moderada para conseguir el mismo fin con igual eficacia] y de «ponderación» [de todos los derechos en juego y todas las circunstancias concurrentes] (SSTS ( SSTS -Pleno- 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan »; 25/06/14 -rco 165/13-, asunto «Teltech »; y 20/10/15 -rco 172/14 -, asunto «Tragsa»), no lo es menos que no corresponde a los Tribunales fijar la precisa «idoneidad» de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial ( STS 27/01/14 -rco 100/13-, asunto «Cortefiel»; y de Pleno , SS 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan »; 23/09/14 -rco 231/13-, asunto «Agencia Laín Entralgo »; y 20/10/15 -rco 172/14 -asunto «Tragsa»), sino que se debe limitar a excluir «en todo caso, como carentes de "razonabilidad" y por ello ilícitas, aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores.»

4.- Las sentencias del TS de 27 de enero de 2014, recurso 100/2013 ; 741/2018, de 11 de julio ( rcud 467/2017); y 28/2021, de 14 de enero ( rcud 2896/2018) explican que, «aunque a la Sala no le correspondan juicios de "oportunidad" que indudablemente pertenecen ahora -lo mismo que antes de la reforma- a la gestión empresarial [...] el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el sentido de que a los órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada; aparte, por supuesto, de que el Tribunal pueda apreciar -si concurriese- la posible vulneración de derechos fundamentales. Razonabilidad que no ha de entenderse en el sentido de exigir que la medida adoptada sea la óptima para conseguir el objetivo perseguido con ella [lo que es privativo de la dirección empresarial, como ya hemos dicho], sino en el de que también se adecue idóneamente al mismo [juicio de idoneidad], excluyendo en todo caso que a través de la degradación de las condiciones de trabajo pueda llegarse -incluso- a lo que se ha llamado "dumping" social, habida cuenta de que si bien toda rebaja salarial implica una mayor competitividad, tampoco puede -sin más y por elemental justicia- ser admisible en cualesquiera términos».

5.- Las sentencias del TS 538/2020, de 26 de junio (rcud 4405/2017 ) y 28/2021, de 14 de enero (rcud 2896/2018 ), sostienen que, acreditada la concurrencia de la causa económica, consistente en la disminución persistente de los ingresos por ventas, «[l]a única fórmula para enervar tal efectividad de la causa sobre la bondad de la decisión empresarial sería la de su desmesura en término de razonabilidad. Mas, como hemos visto, ello hubiera exigido constatar una clara desproporción entre el grado de incidencia económica de la causa negativa y la adopción de la medida extintiva».

6.- La sentencia del TS 28/2021, de 14 de enero (rcud 2896/2018 ) explica que la sentencia recurrida sostiene que, si la empresa no despidió al trabajador en el año 2015, cuando las pérdidas eran mayores, no puede despedirlo ulteriormente, en el año 2016, cuando las pérdidas eran menores. Esta Sala argumentó: «El hecho de que la empresa no despidiera al trabajador por causas económicas en el año 2015, cuando la cifra de facturación era de 11.285.716,62 euros; no imposibilita que pueda despedirlo en noviembre del año 2016, cuando la cifra de facturación era mucho menor: 9.747.186,89 euros. Es cierto que el resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias fue peor en 2015 que en 2016. Pero en este último año la empresa también sufrió importantes pérdidas. La empresa intentó solucionar su situación crítica del año 2015 sin extinguir a la sazón el contrato de trabajo del actor, lo que no debe impedir que, si las causas económicas subsistieron en el año siguiente, el empleador pueda despedir por causas objetivas al trabajador en el año 2016. La tesis contraria tendría un efecto disuasorio para las empresas que intentan superar su situación económica negativa sin realizar despidos al iniciarse dicha situación»."

Descendiendo al supuesto de autos, a la vista del relato fáctico, consideramos que existe conexión entre la causa económica, alegada y acreditada -consistente en descenso en las ventas-, y la medida extintiva adoptada, sin que se aprecie falta de proporcionalidad pues ante el descenso de ventas que ha ocasionado un descenso de la cifra de negocio -que pasó de 37.472.519'85 euros a 29.459'33 euros-, la empresa decidió adoptar medidas para reducir el gasto, entre las que se encuentra la decisión de extinguir el contrato del actor, comercial, por lo que la decisión supondrá una disminución de los gastos (HP 7º); además, el descenso en las ventas permite apreciar un exceso en la plantilla en dicho departamento, lo que ahonda en justificar la decisión empresarial.

El hecho de que el actor haya sido sustituido por otro trabajador, también comercial pero joven, que ha asumido su puesto, no obsta a nuestra conclusión pues, en todo caso, la selección del trabajador despedido corresponde a la empresa sin perjuicio de que tal decisión pueda ser impugnada si se aprecia que conculca derechos fundamentales -lo que ni siquiera se alega- y, en todo caso, se aprecia un nuevo reparto del trabajo entre los comerciales que ya había, sin que se acrediten nuevas contrataciones para sustituir al actor, por lo que no se aprecia desproporción entre la situación de la empresa y la decisión extintiva, sin que corresponda a los tribunales hacer un juicio de «idoneidad» de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial, conforme a la jurisprudencia expuesta.

Atendidos los razonamientos expuestos, se estima el motivo de recurso, se revoca la sentencia recurrida, desestimando la demanda y absolviendo a la parte demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra.

QUINTO.- Costas

En materia de costas rige el principio del vencimiento ex artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por lo que la estimación íntegra del recurso determina que no se impongan al recurrente las costas causadas a la parte actora impugnante y, firme esta resolución, con devolución del depósito y consignación que hubiera podido constituir para recurrir.

Vistos los preceptos citados y por las razones expuestas,