Sentencia Social 1185/2026 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 2595/2025 de 19 de mayo del 2026

PRIMERO.- - Objeto del recurso

Por la representación legal de D. Calixto se formula recurso de suplicación frente a la sentencia dictada por el Juzgado Social nº 4 de Bilbao de fecha 2 septiembre 2025, autos 1044/2024, en procedimiento de impugnación de sanción, - encauzado por aplicación de lo dispuesto en el art. 102.2 LRJS en procedimiento de despido,- contra la empresa EROSKI, S.COOP, que absuelve a la citada demandada de las pretensiones deducidas en su contra.

El recurso se articula a través de dos motivos: el primero al amparo de lo dispuesto en el art. 193.a) LRJS se denuncia infracción de normas o garantías de procedimiento que han causado indefensión por incongruencia omisiva de la sentencia; y el segundo al amparo de lo dispuesto en el art. 193.c) LRJS de infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia, y termina suplicando se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la de instancia con retroacción de actuaciones al momento de dictarse la misma, y subsidiariamente se revoque la sentencia y se declare la improcedencia del despido.

El recurso ha sido impugnado por la empresa EROSKI, S.COOP.

SEGUNDO.- Sobre la nulidad de la sentencia por incongruencia omisiva

I.El recurrente, al amparo del art. 193.a) LRJS, interesa la nulidad de lo actuado.

El art 193.a) LRJS, dispone como objeto del recurso: "Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión".

Recordemos que la reposición de los autos al estado del momento de infracción de normas del procedimiento se refiere a errores de procedimiento alegables a través del motivo de impugnación procesal ( art.193.a) LRJS) , los cuales pueden estar referidos , entre otros supuestos, a la infracción de normas reguladoras de la sentencia.

En concreto le recurrente centra su recurso en infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva y cita como infringido el art. 218.1 LEC

Nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia nº 17/2000, entiende por incongruencia "vicio o defecto, desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido".Por otro lado, el Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 25 de enero de 2008, con cita de la STC 67/1993, de 1 de marzo; STC 171/2003, de 27 de mayo, entre otras, entiende que la incongruencia supone una infracción del artículo 24 de la Constitución Española y consiste en la adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de esta petición, lo que se traduce en que el Juez ha de decidir todas las cuestiones controvertidas, explícita o implícitamente, dando respuesta en el fallo que se atenga a lo solicitado.

Asimismo nos recuerda que "el órgano judicial está obligado a rechazar toda interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos procesales que le conduzcan a negar el derecho de acceso a la jurisdicción (o el recurso) debiendo utilizar, en su lugar, la que resulte ser la más favorable al ejercicio de aquel derecho fundamental",añadiendo que, "los requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia sino que únicamente sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima"( Sentencias 68/1988 [RTC 1988, 68] , 134/1989 [ RTC 1989, 134] , 92/1990 [ RTC 1990, 92] y 130/1998 [RTC 1998, 130], entre otras). Señalando la sentencia 18/1993 que "lo relevante, a tal fin, no es la «forma» o «técnica» del escrito de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma suficientemente precisa exponga los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser los tenidos por correctos. Desde esta perspectiva, resulta obligado concluir, que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso, no debe rechazar ad limine el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales".

La doctrina judicial, asimismo, ha señalado:

"CUARTO. - La incongruencia omisiva (Motivo 1º del recurso).

El artículo 207.c) LRJS permite la casación por "Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte". Ese es el cauce por el que discurre el primero de los motivos de casación.

1. Formulación del motivo.

Con el citado fundamento, el recurso denuncia la vulneración de los artículos 24 CE , 97.2 LRJS , 209.4 y 218.1.3 LEC , por incurrir la Sentencia en incongruencia omisiva, que reproduce y conviene recordar.

A) El artículo 24.1 CE dispone que "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

B) El artículo 97.2 LRJS prescribe que "la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

C) El artículo 209.4ª LEC , regulando las sentencias, establece que "El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de esta Ley ".

D) El artículo 218 LEC , sobre la exhaustividad y congruencia de las sentencias posee el siguiente contenido:

1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Considera el recurrente que la Sala únicamente se pronuncia sobre una de las dos cuestiones planteadas en la demanda, la relativa a la supresión de la posibilidad de realizar el descanso de comida en una hora, sin que se haya obtenido respuesta sobre la implantación, a través del factor corrector, de un tiempo de desayuno no previsto en convenio.

2. Doctrina pertinente.

A) Los citados preceptos de la LEC y de la LRJS quieren ajustarse a lo que previamente había venido diciendo la jurisprudencia constitucional: la incongruencia -"desajuste entre la respuesta judicial y los términos en que los litigantes han configurado el debate, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido" ( SSTC 20/1982 , 67/1993 , 224/1997 )- resulta de confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso delimitado por sus elementos, subjetivos y objetivos, causa de pedir y petitum , pero tal confrontación no significa una conformidad rígida y literal con los pedimentos de los suplicos de los escritos ( STC 171/1993 ).

B) De este modo, existe incongruencia omisiva "cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales [por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , F. 4 b)].

C) La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" ( STS 8 de mayo de 2019, recurso 42/2018 , y las citadas en ella). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que el artículo 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 171/2002 , entre otras).

Desde esa primera e inicial perspectiva podemos afirmar que a la hora de fijar los términos del debate que la sentencia recoge en el fundamento de derecho segundo, es cierto que ninguna referencia se hace a la prescripción de la falta alegada por la parte actora. Ahora bien dicha alegación no se contenía en el escrito de demanda sino que , como indica la parte impugnante del recurso, se realizó en el acto del juicio oral como cuestión previa y se alegó por la empresa en fase de contestación a la demanda que se trataba de una cuestión nueva que no debía ser tenida en cuenta por la Magistrada de instancia puesto que causaba indefensión.

Cierto es que en la sentencia no se da respuesta específica a esta cuestión, pero debemos recordar que el procedimiento que finaliza con la sentencia de instancia lo es por despido, y con un Fallo que absuelve a la demandada de todo tipo de pedimentos formulados contra ella, y por tanto valida la decisión de la Cooperativa EROSKI de expulsar al trabajador por competencia desleal , que la Magistrada de instancia considera que equivale a un despido procedente.

En la medida en que como ha podido apuntar una constante doctrina jurisprudencial, con una decisión de índole o contenido desestimatorio se "...resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas ( SSTS 29 de septiembre de 2003; 21 de marzo 2007; 16 de enero 2008; 5 de marzo 2009), sin necesidad de que exprese la desestimación de cada una de las peticiones formuladas y menos aún de todas las cuestiones suscitadas en la demanda, ( o como en este caso, formuladas en el acto del juicio oral) y con independencia también de que la desestimación de una petición puede ser implícita como consecuencia de lo razonado en general ( SSTS 23 de marzo de 2007; 16 de enero 2008)."..."

Por lo tanto, no estamos ante una incongruencia grosera y manifiesta que justifique la declaración de nulidad de la sentencia con retroacción de actuaciones para que la Magistrada de instancia se pronuncie sobre la alegada prescripción de la falta imputada, que en todo caso puede entenderse implícitamente desestimada conforme hemos razonado con anterioridad.

Pero es que además, conforme al art. 202.2 LRJS, al contener la sentencia de instancia un relato de hechos probados suficiente a los efectos de poder resolver sobre la invocada prescripción de la falta , y siendo así que en el motivo dedicado a infracción de normas sustantivas y jurisprudencia de aplicación, el recurrente por la vía del art. 193.c) LRJS reproduce esta cuestión que es correlativamente contestada por la entidad empleadora en su escrito de impugnación del recurso, la Sala entiende que no procede declarar la nulidad de actuaciones, siendo así que este motivo será tratado a continuación como primer motivo invocado de infracción de normas sustantivas.

En definitiva al no haberse producido indefensión material, se desestima por todo lo razonado el motivo de nulidad de la sentencia por incongruencia omisiva.

TERCERO.- Revisión jurídica

A) Prescripción de la falta imputada

I.Se alega infracción de lo dispuesto en el art. 28 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa en relación con el art. 60 ET.

Alega la recurrente que ,-conforme a los hechos probados que no son combatidos-, el 8/01/2024 la empresa recibe a través del canal de comunicación una denuncia en la que se pone de manifiesto la comisión por parte del trabajador de los protocolos de cumplimiento normativo por prestar servicios para el proveedor INASA llevando la cartera de EROSKI,S.COOP, siendo así que no se procedió a la apertura de expediente disciplinario, con comunicación al trabajador del pliego de cargos , hasta el 18/04/2024.

Por lo tanto considera que la falta está prescrita porque el art. 28 de los Estatutos de la Cooperativa establecen que las faltas muy graves prescriben a los tres meses, siendo así que entre el conocimiento de los hechos y la apertura de expediente contradictoria habían transcurrido tres meses y diez días.

II.En relación con lo dispuesto en el art. 60 ET, la doctrina jurisprudencial reiteradamente ha señalado:

"Para resolver esta cuestión es necesario partir de la propia redacción del art. 60.2 del Estatuto en el que lo que se dispone es que las faltas muy graves prescriben "a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tiene conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido". Como puede apreciarse, existe una doble previsión y un doble régimen jurídico en relación con la prescripción pues mientras la de los veinte días, conocida como " prescripción corta" comienza a contar desde que la empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta, la de los seis meses o " prescripción larga" comienza a contar desde que se cometió la falta y no desde que la empresa tuvo conocimiento de la misma. Esta es la regla general que deriva del hecho de que, como esta Sala ha dicho de forma reiterada - por todas SSTS de 21-7-1986 , 24-7-1989 - el instituto de la prescripción está directa y funcionalmente vinculado al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 de la Constitución , que no permite que la pendencia de una posible sanción disciplinaria se perpetúe por tiempo indefinido". ( STS 15/07/2003, RCUD 3217/03 ).

Así destaca sobre el hecho del conocimiento por parte de la empresa:

"Esta Sala ha dictado numerosas sentencias interpretativas del mandato que hoy contiene el art. 60-2 del ET , las cuales constituyen un sólido cuerpo de doctrina que obviamente se ha de seguir y aplicar en la solución de la problemática que se plantea en el presente recurso. Son sentencias que recogen y expresan esta doctrina las de 25 de julio del 2002 (Rec. 3931/2001 ), 27 de noviembre del 2001 (Rec 260/2001 ), 31 de enero del 2001 (Rec. 148/2000 ), 18 de diciembre del 2000 (Rec. 2324/99 ), 14 de febrero de 1997 (Rec. 1422/06 ), 22 de mayo de 1996 (Rec. 2379/1995 ), 26 de diciembre de 1995 (Rec. 1854/95 ), 29 de septiembre de 1995 (Rec. 808/95 , 15 de abril de 1994 (Rec. 878/93 ), 3 de noviembre de 1993 (Rec. 2276/91 ), 24 de septiembre de 1992 (Rec. 2415/91 ) y 26 de mayo de 1992 (Rec. 1615/91 ), entre otras.

Esta doctrina ha establecido los siguientes criterios: 1).- En los supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, "la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos"( sentencias de 25 de julio del 2002 , 27 de noviembre y 31 de enero del 2001 , 18 de diciembre del 2000 , 22 de mayo de 1996 , 26 de diciembre de 1995 , 15 de abril de 1994 , 3 de noviembre de 1993 , y 24 de septiembre y 26 de mayo de 1992 ); 2).- Se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras o inspectoras ( sentencias de 25 de julio del 2002 , 31 de enero del 2001 , 26 de diciembre de 1995 y 24 de noviembre de 1989 ); 3).- En los supuestos en los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación "no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el computo de la prescripción" ( sentencias de 25 de julio del 2002 y 29 de septiembre de 1995 )" ( STS 11/10/2005, RCUD 3512/2004 ).

III.Dicho lo anterior, en el supuesto presente de la declaración de hechos probados cuya modificación no ha sido solicitada, se desprende que el 8/01/2024 se recibió una denuncia a través del Canal informativo de Eroski tal y como se refleja en el hecho probado séptimo de la sentencia de instancia. Esta denuncia que refiere la Magistrada de instancia obra en el ramo de prueba de la empresa demandada , pág. 86 del IE nº 34, y no identifica a la persona.

Por lo tanto, el cabal conocimiento no solo del trabajador supuestamente infractor sino de la concreción y verificación de la conducta imputada, se produce tras las primeras averiguaciones de la empresa el 21 febrero 2024 tal y como consta en el Pliego de cargos, y sobre todo el 4 de marzo 2024 cuando la responsable del Departamento de Dulces, Esperanza, según consta en la valoración de la prueba testifical que la sentencia de instancia realiza en el fundamento de derecho cuarto, manifiesta haber tenido relación con el trabajador en su condición de proveedor de INASA para productos como café o infusiones.

Por lo tanto, es evidente que el día inicial para el cómputo de la prescripción no es el de la fecha de la denuncia sino la fecha en que la empresa tiene cabal conocimiento de los hechos para redactar pormenorizadamente el Pliego de Cargos fechado 18/4/2024, por lo que no habían transcurrido tres meses desde el 21 febrero 2024 ni más concretamente desde el 4 marzo 2024, por lo que rechazamos la prescripción de la falta.

B) Del cumplimiento de los requisitos formales de la carta de despido

I.Se denuncia infracción de lo dispuesto en el art. 55.1 ET por considerar el recurrente que la carta de despido se limita a indicar que a la empresa le consta que el trabajador ha realizado las actividades que describe como constitutivas de trasgresión de la buena fe contractual, pero sin citar ningún hecho concreto que constituye conducta desleal, sin citar las concretas personas con las que ha realizados gestiones, o a qué productos o tarifas se refieren, ni de qué manera se ha beneficiado el recurrente de su trabajo anterior en EROSKI para favorecer a su empresa INASA en perjuicio de la Cooperativa.

En relación con los requisitos formales de la carta de despido, debe exigirse que la carta contenga elementos suficientes para que el trabajador pueda organizar su defensa, de modo que la obligación que recae sobre la empresa tan sólo se cumple, como indica el art. 55.1 ET, mediante especificación de los «hechos» que motivan la causa extintiva, condición necesaria para que el trabajador pueda ejercer con garantías el derecho a reclamar contra la decisión empresarial.

Como señala la Doctrina Unificada , la expresión "hechos" a los que se refiere el artículo 55 del ET, supone una garantía que la Ley otorga al trabajador para que, si impugna el despido, lo haga con conocimiento de los hechos que se le imputan, a fin de preparar su defensa, lo que obliga a exigir que el contenido de la carta o comunicación sea inequívoco, es decir, lo suficientemente claro y expresivo para evitar toda duda o incertidumbre.

En el supuesto de autos tanto la comunicación de 29/04/2024 como la de 18/06/2024, a la que se refieren los hechos probados décimo y décimo primero, se remiten y ratifican en su integridad el contenido del Pliego de cargos, que cumple con los requisitos mínimos,- desde la perspectiva cronológica y circunstancial-, exigidos en el art. 55.1 ET en cuanto a expresión de hechos que motivan el despido disciplinario a diferencia de lo que alega el recurrente.

Y así se relata: 1º)que en enero 2024 empieza el trabajador a realizar gestiones intercediendo por cuenta de INASA, (es decir como interlocutor de la empresa proveedora de EROSKI), en un asunto de reclamación de actualización de tarifas y para mantener en activo algunas referencias ( productos), que se preveía dar de baja. Y 2º), que los días 7, 14 y 27 febrero 2024 contacta en nombre de INASA con gestores de EROSKI de la sección de dulce con le propósito de realizar ofertas; así como su gestión de las categorías de chocolate, bombones, galletas, bollería, pan de molde y Salud, proponiendo el alta de diferentes productos y/o mejoras a introducir en dicha sección de dulces de EROSKI.

La Sala considera que estos datos, en el contexto del resto en que se incardina el pliego de cargos, -( y muy especialmente en el contexto de las dos excedencias voluntarias solicitadas por le trabajador)-, y por ende la carta de despido viabiliza la posibilidad del trabajador de articular una defensa en juicio, por lo que el despido no puede ser declarado improcedente por este motivo

C) Transgresión de la buena fe contractual. Competencia desleal

I.Se denuncia infracción de lo dispuesto en los arts 19.c) y 35.c) punto 13 del Reglamento Interno Eroski, art. 26 Estatutos Sociales. Arts. 5 y 20 ET.

Alega en esencia el recurrente que estando en situación de excedencia voluntaria no ha prestado servicios por cuenta de INASA interviniendo en el mercado español de forma generalizada, sino en muy puntuales ocasiones, (en enero y febrero 2024) como mero intermediario y para trasladar a EROSKI propuestas confeccionadas por el proveedor INASA no para el departamento de pastas, sino para los departamentos de vinagres, chocolates y salud en cuyos sectores no prestó servicios el trabajador cuando pertenecía a EROSKI. Indica que estas intervenciones han consistido, la de enero en solicitar que se actualicen tarifas conforme a precios de 2024, y las de los días 7,14 y 27 febrero en ser mero transmisor de las ofertas confeccionadas por INASA de los diferentes productos que ésta empresa suministra a EROSKI, sin que conste que se haya beneficiado de sus conocimientos en la Cooperativa para favorecer a INASA.

II.Una inveterada La doctrina jurisprudencial interpretativa de la transgresión de la buena fe contractual como causa justificativa del despido declara que:

1°) La buena fe es consustancial al contrato de trabajo, en cuanto por su naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos (TST de 9 de diciembre de 1982), siendo el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual ( STS de 29 de marzo de 1983), implicando la deslealtad siempre una conducta totalmente contraria a la que habitualmente ha de observar el trabajador respecto de la empresa, como consecuencia del postulado de la fidelidad ( STS de 4 de diciembre de 1982).

2°) En su sentido objetivo la buena fe constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible, o mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento conforme a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos ( arts 7.1 y 1258 CC), con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas, al que ha de ajustarse el cumplimiento de las obligaciones, y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza ( STS 26 de enero de 1987).

3°) En el Derecho Laboral existen mandatos legales que imponen un cumplimiento contractual de acuerdo con la buena fe - artículos 5.b) y 20.2 ET-, que obliga a empresarios y trabajadores en el sentido de un comportamiento mutuo ajustado a las exigencias de la buena fe y cuya vulneración convierte en ilícito o abusivo el ejercicio de los derechos, hasta el punto de que la transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que, cuando sea grave y culpable, es causa que justifica el despido - art 54.2.d) ET-.

4º) La transgresión de la buena fe contractual se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de un lucro personal, ni haber causado daños a la empresa y con independencia de la mayor o menor cuantía de lo defraudado, pues basta para ello el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, pues los daños y perjuicios causados son uno de los elementos a tener en cuenta para valorar la gravedad de la falta pero no el único, pudiendo ponderarse otros como la situación objetiva del riesgo creada, la concurrencia de abuso de confianza, o el efecto pernicioso para la organización productiva ( STS de 26 de enero de 1987) La esencia del incumplimiento no está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena fe depositada y de la lealtad debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores éticos y no queda enervada por la inexistencia de perjuicios. ( STS 8 febrero 1991)

5°) Es requisito básico que ha de concurrir para configurar la deslealtad que el trabajador cometa el acto con plena conciencia de que su conducta afecta al elemento espiritual del contrato, aunque no es necesario que la conducta tenga carácter doloso, pues también se engloban en el art. 54.2.d) ET, las acciones simplemente culposas, cuando la negligencia sea grave e inexcusable ( SSTS 30 de abril de 1991, 4 de febrero de 1991).

6°) En la materia de pérdida de confianza no debe establecer graduación alguna ( sentencia de 29 de noviembre de 1985, pues la deslealtad consiste en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral le impone ( SSTS 24 y 25 de febrero 1984), y en abusar de la confianza recibida de la empresa, en razón del cargo desempeñado, rebasando los límites de éste, en provecho propio o de un tercero que no sea acreedor directo de las prestaciones empresariales ( sentencia de 25 de febrero de 1984), es decir, existe abuso de confianza cuando concurre un "uso desviado de las facultades conferidas, con lesión o riesgo para los intereses de la empresa.

De conformidad con esta doctrina y en función del relato fáctico no discutido por el recurrente, la Sala comparte la valoración de la sentencia de instancia y consideramos que se ha producido una transgresión y abuso de confianza, ya que la fidelidad o lealtad mutua entre las parteses una de las notas fundamentales del contrato de trabajo dimanante de la propia naturaleza del negocio jurídico que vincula a la empresa y al trabajador, ya que la deslealtad se ha configurado por la jurisprudencia como una conducta contraria a los deberes básicos, tanto del empresario hacia el trabajador y del trabajador hacia el empresario de acuerdo con los principios de "bona fidei".

Y es que los hechos relatados constituyen un caso de competencia desleal. Pondera la Sala que el trabajador ya solicitó una primera excedencia voluntaria cuya causa manifestada a la empresa fue colaborar con el proveedor INASA, que le fue denegada precisamente porque esta empresa es proveedor de pasta para EROSKI y por tanto su competencia directa en el mercado. Varios meses después vuelve a solicitar una excedencia alegando como causa que tenía que residir un periodo largo de tiempo en Galicia por cuestiones familiares y que le ha surgido la posibilidad de colaborar con INASA durante ese tiempo "en el mercado portugués". Esta razón, puesto que EROSKI no opera en el mercado portugués ,y ninguna otra, es la que lleva a la empresa a autorizar la excedencia, y ese parámetro fure incumplido por el trabajador recurrente puesto que por cuenta de INASA realizó las actividades que se describen en la carta de despido en relación directa con EROSKI y para el mercado español, sin causar baja en la Cooperativa y sin ponerlo en conocimiento de ésta cuando solicitó sucesivas prórrogas de esta segunda excedencia voluntaria.

Tales hechos son constitutivos de una infracción muy grave, dado que la concurrencia desleal es un claro supuesto de transgresión de la buena fe contractual, tipificada como justa causa de despido, en el artículo 54.2 .d) ET en relación con el art. 35, apartado c) punto 13 y 19 del Reglamento de Régimen Interno de EROSKI, S. COOP en relación con el art. 26 de los Estatutos Sociales, que sanciona tipifica como faltas muy graves:

19: Dedicarse a trabajos o actividades fiera de la cooperativa cuando se estime que pueden existir incompatibilidades.

13: El fraude, deslealtad o abuso de confianza con respecto a la cooperativa en el ejercicio de funciones confiadas por esta o valiéndose de ellas, así como la realización de hechos fraudulentos, fuera del servicio que supongan fraude para la Cooperativa.

Procede por todo lo razonado la desestimación del recurso.

CUARTO.-No procede hacer declaración sobre costas por gozar la parte recurrente vencida del beneficio de justicia gratuita ( artículos 235-1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social y 2-2-d) de la Ley 1/1.996, de 10 de Enero, sobre Asistencia Jurídica Gratuita).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- - Objeto del recurso

Por la representación legal de D. Calixto se formula recurso de suplicación frente a la sentencia dictada por el Juzgado Social nº 4 de Bilbao de fecha 2 septiembre 2025, autos 1044/2024, en procedimiento de impugnación de sanción, - encauzado por aplicación de lo dispuesto en el art. 102.2 LRJS en procedimiento de despido,- contra la empresa EROSKI, S.COOP, que absuelve a la citada demandada de las pretensiones deducidas en su contra.

El recurso se articula a través de dos motivos: el primero al amparo de lo dispuesto en el art. 193.a) LRJS se denuncia infracción de normas o garantías de procedimiento que han causado indefensión por incongruencia omisiva de la sentencia; y el segundo al amparo de lo dispuesto en el art. 193.c) LRJS de infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia, y termina suplicando se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la de instancia con retroacción de actuaciones al momento de dictarse la misma, y subsidiariamente se revoque la sentencia y se declare la improcedencia del despido.

El recurso ha sido impugnado por la empresa EROSKI, S.COOP.

SEGUNDO.- Sobre la nulidad de la sentencia por incongruencia omisiva

I.El recurrente, al amparo del art. 193.a) LRJS, interesa la nulidad de lo actuado.

El art 193.a) LRJS, dispone como objeto del recurso: "Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión".

Recordemos que la reposición de los autos al estado del momento de infracción de normas del procedimiento se refiere a errores de procedimiento alegables a través del motivo de impugnación procesal ( art.193.a) LRJS) , los cuales pueden estar referidos , entre otros supuestos, a la infracción de normas reguladoras de la sentencia.

En concreto le recurrente centra su recurso en infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva y cita como infringido el art. 218.1 LEC

Nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia nº 17/2000, entiende por incongruencia "vicio o defecto, desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido".Por otro lado, el Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 25 de enero de 2008, con cita de la STC 67/1993, de 1 de marzo; STC 171/2003, de 27 de mayo, entre otras, entiende que la incongruencia supone una infracción del artículo 24 de la Constitución Española y consiste en la adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de esta petición, lo que se traduce en que el Juez ha de decidir todas las cuestiones controvertidas, explícita o implícitamente, dando respuesta en el fallo que se atenga a lo solicitado.

Asimismo nos recuerda que "el órgano judicial está obligado a rechazar toda interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos procesales que le conduzcan a negar el derecho de acceso a la jurisdicción (o el recurso) debiendo utilizar, en su lugar, la que resulte ser la más favorable al ejercicio de aquel derecho fundamental",añadiendo que, "los requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia sino que únicamente sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima"( Sentencias 68/1988 [RTC 1988, 68] , 134/1989 [ RTC 1989, 134] , 92/1990 [ RTC 1990, 92] y 130/1998 [RTC 1998, 130], entre otras). Señalando la sentencia 18/1993 que "lo relevante, a tal fin, no es la «forma» o «técnica» del escrito de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma suficientemente precisa exponga los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser los tenidos por correctos. Desde esta perspectiva, resulta obligado concluir, que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso, no debe rechazar ad limine el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales".

La doctrina judicial, asimismo, ha señalado:

"CUARTO. - La incongruencia omisiva (Motivo 1º del recurso).

El artículo 207.c) LRJS permite la casación por "Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte". Ese es el cauce por el que discurre el primero de los motivos de casación.

1. Formulación del motivo.

Con el citado fundamento, el recurso denuncia la vulneración de los artículos 24 CE , 97.2 LRJS , 209.4 y 218.1.3 LEC , por incurrir la Sentencia en incongruencia omisiva, que reproduce y conviene recordar.

A) El artículo 24.1 CE dispone que "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

B) El artículo 97.2 LRJS prescribe que "la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

C) El artículo 209.4ª LEC , regulando las sentencias, establece que "El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de esta Ley ".

D) El artículo 218 LEC , sobre la exhaustividad y congruencia de las sentencias posee el siguiente contenido:

1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Considera el recurrente que la Sala únicamente se pronuncia sobre una de las dos cuestiones planteadas en la demanda, la relativa a la supresión de la posibilidad de realizar el descanso de comida en una hora, sin que se haya obtenido respuesta sobre la implantación, a través del factor corrector, de un tiempo de desayuno no previsto en convenio.

2. Doctrina pertinente.

A) Los citados preceptos de la LEC y de la LRJS quieren ajustarse a lo que previamente había venido diciendo la jurisprudencia constitucional: la incongruencia -"desajuste entre la respuesta judicial y los términos en que los litigantes han configurado el debate, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido" ( SSTC 20/1982 , 67/1993 , 224/1997 )- resulta de confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso delimitado por sus elementos, subjetivos y objetivos, causa de pedir y petitum , pero tal confrontación no significa una conformidad rígida y literal con los pedimentos de los suplicos de los escritos ( STC 171/1993 ).

B) De este modo, existe incongruencia omisiva "cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales [por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , F. 4 b)].

C) La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" ( STS 8 de mayo de 2019, recurso 42/2018 , y las citadas en ella). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que el artículo 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 171/2002 , entre otras).

Desde esa primera e inicial perspectiva podemos afirmar que a la hora de fijar los términos del debate que la sentencia recoge en el fundamento de derecho segundo, es cierto que ninguna referencia se hace a la prescripción de la falta alegada por la parte actora. Ahora bien dicha alegación no se contenía en el escrito de demanda sino que , como indica la parte impugnante del recurso, se realizó en el acto del juicio oral como cuestión previa y se alegó por la empresa en fase de contestación a la demanda que se trataba de una cuestión nueva que no debía ser tenida en cuenta por la Magistrada de instancia puesto que causaba indefensión.

Cierto es que en la sentencia no se da respuesta específica a esta cuestión, pero debemos recordar que el procedimiento que finaliza con la sentencia de instancia lo es por despido, y con un Fallo que absuelve a la demandada de todo tipo de pedimentos formulados contra ella, y por tanto valida la decisión de la Cooperativa EROSKI de expulsar al trabajador por competencia desleal , que la Magistrada de instancia considera que equivale a un despido procedente.

En la medida en que como ha podido apuntar una constante doctrina jurisprudencial, con una decisión de índole o contenido desestimatorio se "...resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas ( SSTS 29 de septiembre de 2003; 21 de marzo 2007; 16 de enero 2008; 5 de marzo 2009), sin necesidad de que exprese la desestimación de cada una de las peticiones formuladas y menos aún de todas las cuestiones suscitadas en la demanda, ( o como en este caso, formuladas en el acto del juicio oral) y con independencia también de que la desestimación de una petición puede ser implícita como consecuencia de lo razonado en general ( SSTS 23 de marzo de 2007; 16 de enero 2008)."..."

Por lo tanto, no estamos ante una incongruencia grosera y manifiesta que justifique la declaración de nulidad de la sentencia con retroacción de actuaciones para que la Magistrada de instancia se pronuncie sobre la alegada prescripción de la falta imputada, que en todo caso puede entenderse implícitamente desestimada conforme hemos razonado con anterioridad.

Pero es que además, conforme al art. 202.2 LRJS, al contener la sentencia de instancia un relato de hechos probados suficiente a los efectos de poder resolver sobre la invocada prescripción de la falta , y siendo así que en el motivo dedicado a infracción de normas sustantivas y jurisprudencia de aplicación, el recurrente por la vía del art. 193.c) LRJS reproduce esta cuestión que es correlativamente contestada por la entidad empleadora en su escrito de impugnación del recurso, la Sala entiende que no procede declarar la nulidad de actuaciones, siendo así que este motivo será tratado a continuación como primer motivo invocado de infracción de normas sustantivas.

En definitiva al no haberse producido indefensión material, se desestima por todo lo razonado el motivo de nulidad de la sentencia por incongruencia omisiva.

TERCERO.- Revisión jurídica

A) Prescripción de la falta imputada

I.Se alega infracción de lo dispuesto en el art. 28 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa en relación con el art. 60 ET.

Alega la recurrente que ,-conforme a los hechos probados que no son combatidos-, el 8/01/2024 la empresa recibe a través del canal de comunicación una denuncia en la que se pone de manifiesto la comisión por parte del trabajador de los protocolos de cumplimiento normativo por prestar servicios para el proveedor INASA llevando la cartera de EROSKI,S.COOP, siendo así que no se procedió a la apertura de expediente disciplinario, con comunicación al trabajador del pliego de cargos , hasta el 18/04/2024.

Por lo tanto considera que la falta está prescrita porque el art. 28 de los Estatutos de la Cooperativa establecen que las faltas muy graves prescriben a los tres meses, siendo así que entre el conocimiento de los hechos y la apertura de expediente contradictoria habían transcurrido tres meses y diez días.

II.En relación con lo dispuesto en el art. 60 ET, la doctrina jurisprudencial reiteradamente ha señalado:

"Para resolver esta cuestión es necesario partir de la propia redacción del art. 60.2 del Estatuto en el que lo que se dispone es que las faltas muy graves prescriben "a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tiene conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido". Como puede apreciarse, existe una doble previsión y un doble régimen jurídico en relación con la prescripción pues mientras la de los veinte días, conocida como " prescripción corta" comienza a contar desde que la empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta, la de los seis meses o " prescripción larga" comienza a contar desde que se cometió la falta y no desde que la empresa tuvo conocimiento de la misma. Esta es la regla general que deriva del hecho de que, como esta Sala ha dicho de forma reiterada - por todas SSTS de 21-7-1986 , 24-7-1989 - el instituto de la prescripción está directa y funcionalmente vinculado al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 de la Constitución , que no permite que la pendencia de una posible sanción disciplinaria se perpetúe por tiempo indefinido". ( STS 15/07/2003, RCUD 3217/03 ).

Así destaca sobre el hecho del conocimiento por parte de la empresa:

"Esta Sala ha dictado numerosas sentencias interpretativas del mandato que hoy contiene el art. 60-2 del ET , las cuales constituyen un sólido cuerpo de doctrina que obviamente se ha de seguir y aplicar en la solución de la problemática que se plantea en el presente recurso. Son sentencias que recogen y expresan esta doctrina las de 25 de julio del 2002 (Rec. 3931/2001 ), 27 de noviembre del 2001 (Rec 260/2001 ), 31 de enero del 2001 (Rec. 148/2000 ), 18 de diciembre del 2000 (Rec. 2324/99 ), 14 de febrero de 1997 (Rec. 1422/06 ), 22 de mayo de 1996 (Rec. 2379/1995 ), 26 de diciembre de 1995 (Rec. 1854/95 ), 29 de septiembre de 1995 (Rec. 808/95 , 15 de abril de 1994 (Rec. 878/93 ), 3 de noviembre de 1993 (Rec. 2276/91 ), 24 de septiembre de 1992 (Rec. 2415/91 ) y 26 de mayo de 1992 (Rec. 1615/91 ), entre otras.

Esta doctrina ha establecido los siguientes criterios: 1).- En los supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, "la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos"( sentencias de 25 de julio del 2002 , 27 de noviembre y 31 de enero del 2001 , 18 de diciembre del 2000 , 22 de mayo de 1996 , 26 de diciembre de 1995 , 15 de abril de 1994 , 3 de noviembre de 1993 , y 24 de septiembre y 26 de mayo de 1992 ); 2).- Se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras o inspectoras ( sentencias de 25 de julio del 2002 , 31 de enero del 2001 , 26 de diciembre de 1995 y 24 de noviembre de 1989 ); 3).- En los supuestos en los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación "no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el computo de la prescripción" ( sentencias de 25 de julio del 2002 y 29 de septiembre de 1995 )" ( STS 11/10/2005, RCUD 3512/2004 ).

III.Dicho lo anterior, en el supuesto presente de la declaración de hechos probados cuya modificación no ha sido solicitada, se desprende que el 8/01/2024 se recibió una denuncia a través del Canal informativo de Eroski tal y como se refleja en el hecho probado séptimo de la sentencia de instancia. Esta denuncia que refiere la Magistrada de instancia obra en el ramo de prueba de la empresa demandada , pág. 86 del IE nº 34, y no identifica a la persona.

Por lo tanto, el cabal conocimiento no solo del trabajador supuestamente infractor sino de la concreción y verificación de la conducta imputada, se produce tras las primeras averiguaciones de la empresa el 21 febrero 2024 tal y como consta en el Pliego de cargos, y sobre todo el 4 de marzo 2024 cuando la responsable del Departamento de Dulces, Esperanza, según consta en la valoración de la prueba testifical que la sentencia de instancia realiza en el fundamento de derecho cuarto, manifiesta haber tenido relación con el trabajador en su condición de proveedor de INASA para productos como café o infusiones.

Por lo tanto, es evidente que el día inicial para el cómputo de la prescripción no es el de la fecha de la denuncia sino la fecha en que la empresa tiene cabal conocimiento de los hechos para redactar pormenorizadamente el Pliego de Cargos fechado 18/4/2024, por lo que no habían transcurrido tres meses desde el 21 febrero 2024 ni más concretamente desde el 4 marzo 2024, por lo que rechazamos la prescripción de la falta.

B) Del cumplimiento de los requisitos formales de la carta de despido

I.Se denuncia infracción de lo dispuesto en el art. 55.1 ET por considerar el recurrente que la carta de despido se limita a indicar que a la empresa le consta que el trabajador ha realizado las actividades que describe como constitutivas de trasgresión de la buena fe contractual, pero sin citar ningún hecho concreto que constituye conducta desleal, sin citar las concretas personas con las que ha realizados gestiones, o a qué productos o tarifas se refieren, ni de qué manera se ha beneficiado el recurrente de su trabajo anterior en EROSKI para favorecer a su empresa INASA en perjuicio de la Cooperativa.

En relación con los requisitos formales de la carta de despido, debe exigirse que la carta contenga elementos suficientes para que el trabajador pueda organizar su defensa, de modo que la obligación que recae sobre la empresa tan sólo se cumple, como indica el art. 55.1 ET, mediante especificación de los «hechos» que motivan la causa extintiva, condición necesaria para que el trabajador pueda ejercer con garantías el derecho a reclamar contra la decisión empresarial.

Como señala la Doctrina Unificada , la expresión "hechos" a los que se refiere el artículo 55 del ET, supone una garantía que la Ley otorga al trabajador para que, si impugna el despido, lo haga con conocimiento de los hechos que se le imputan, a fin de preparar su defensa, lo que obliga a exigir que el contenido de la carta o comunicación sea inequívoco, es decir, lo suficientemente claro y expresivo para evitar toda duda o incertidumbre.

En el supuesto de autos tanto la comunicación de 29/04/2024 como la de 18/06/2024, a la que se refieren los hechos probados décimo y décimo primero, se remiten y ratifican en su integridad el contenido del Pliego de cargos, que cumple con los requisitos mínimos,- desde la perspectiva cronológica y circunstancial-, exigidos en el art. 55.1 ET en cuanto a expresión de hechos que motivan el despido disciplinario a diferencia de lo que alega el recurrente.

Y así se relata: 1º)que en enero 2024 empieza el trabajador a realizar gestiones intercediendo por cuenta de INASA, (es decir como interlocutor de la empresa proveedora de EROSKI), en un asunto de reclamación de actualización de tarifas y para mantener en activo algunas referencias ( productos), que se preveía dar de baja. Y 2º), que los días 7, 14 y 27 febrero 2024 contacta en nombre de INASA con gestores de EROSKI de la sección de dulce con le propósito de realizar ofertas; así como su gestión de las categorías de chocolate, bombones, galletas, bollería, pan de molde y Salud, proponiendo el alta de diferentes productos y/o mejoras a introducir en dicha sección de dulces de EROSKI.

La Sala considera que estos datos, en el contexto del resto en que se incardina el pliego de cargos, -( y muy especialmente en el contexto de las dos excedencias voluntarias solicitadas por le trabajador)-, y por ende la carta de despido viabiliza la posibilidad del trabajador de articular una defensa en juicio, por lo que el despido no puede ser declarado improcedente por este motivo

C) Transgresión de la buena fe contractual. Competencia desleal

I.Se denuncia infracción de lo dispuesto en los arts 19.c) y 35.c) punto 13 del Reglamento Interno Eroski, art. 26 Estatutos Sociales. Arts. 5 y 20 ET.

Alega en esencia el recurrente que estando en situación de excedencia voluntaria no ha prestado servicios por cuenta de INASA interviniendo en el mercado español de forma generalizada, sino en muy puntuales ocasiones, (en enero y febrero 2024) como mero intermediario y para trasladar a EROSKI propuestas confeccionadas por el proveedor INASA no para el departamento de pastas, sino para los departamentos de vinagres, chocolates y salud en cuyos sectores no prestó servicios el trabajador cuando pertenecía a EROSKI. Indica que estas intervenciones han consistido, la de enero en solicitar que se actualicen tarifas conforme a precios de 2024, y las de los días 7,14 y 27 febrero en ser mero transmisor de las ofertas confeccionadas por INASA de los diferentes productos que ésta empresa suministra a EROSKI, sin que conste que se haya beneficiado de sus conocimientos en la Cooperativa para favorecer a INASA.

II.Una inveterada La doctrina jurisprudencial interpretativa de la transgresión de la buena fe contractual como causa justificativa del despido declara que:

1°) La buena fe es consustancial al contrato de trabajo, en cuanto por su naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos (TST de 9 de diciembre de 1982), siendo el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual ( STS de 29 de marzo de 1983), implicando la deslealtad siempre una conducta totalmente contraria a la que habitualmente ha de observar el trabajador respecto de la empresa, como consecuencia del postulado de la fidelidad ( STS de 4 de diciembre de 1982).

2°) En su sentido objetivo la buena fe constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible, o mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento conforme a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos ( arts 7.1 y 1258 CC), con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas, al que ha de ajustarse el cumplimiento de las obligaciones, y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza ( STS 26 de enero de 1987).

3°) En el Derecho Laboral existen mandatos legales que imponen un cumplimiento contractual de acuerdo con la buena fe - artículos 5.b) y 20.2 ET-, que obliga a empresarios y trabajadores en el sentido de un comportamiento mutuo ajustado a las exigencias de la buena fe y cuya vulneración convierte en ilícito o abusivo el ejercicio de los derechos, hasta el punto de que la transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que, cuando sea grave y culpable, es causa que justifica el despido - art 54.2.d) ET-.

4º) La transgresión de la buena fe contractual se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de un lucro personal, ni haber causado daños a la empresa y con independencia de la mayor o menor cuantía de lo defraudado, pues basta para ello el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, pues los daños y perjuicios causados son uno de los elementos a tener en cuenta para valorar la gravedad de la falta pero no el único, pudiendo ponderarse otros como la situación objetiva del riesgo creada, la concurrencia de abuso de confianza, o el efecto pernicioso para la organización productiva ( STS de 26 de enero de 1987) La esencia del incumplimiento no está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena fe depositada y de la lealtad debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores éticos y no queda enervada por la inexistencia de perjuicios. ( STS 8 febrero 1991)

5°) Es requisito básico que ha de concurrir para configurar la deslealtad que el trabajador cometa el acto con plena conciencia de que su conducta afecta al elemento espiritual del contrato, aunque no es necesario que la conducta tenga carácter doloso, pues también se engloban en el art. 54.2.d) ET, las acciones simplemente culposas, cuando la negligencia sea grave e inexcusable ( SSTS 30 de abril de 1991, 4 de febrero de 1991).

6°) En la materia de pérdida de confianza no debe establecer graduación alguna ( sentencia de 29 de noviembre de 1985, pues la deslealtad consiste en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral le impone ( SSTS 24 y 25 de febrero 1984), y en abusar de la confianza recibida de la empresa, en razón del cargo desempeñado, rebasando los límites de éste, en provecho propio o de un tercero que no sea acreedor directo de las prestaciones empresariales ( sentencia de 25 de febrero de 1984), es decir, existe abuso de confianza cuando concurre un "uso desviado de las facultades conferidas, con lesión o riesgo para los intereses de la empresa.

De conformidad con esta doctrina y en función del relato fáctico no discutido por el recurrente, la Sala comparte la valoración de la sentencia de instancia y consideramos que se ha producido una transgresión y abuso de confianza, ya que la fidelidad o lealtad mutua entre las parteses una de las notas fundamentales del contrato de trabajo dimanante de la propia naturaleza del negocio jurídico que vincula a la empresa y al trabajador, ya que la deslealtad se ha configurado por la jurisprudencia como una conducta contraria a los deberes básicos, tanto del empresario hacia el trabajador y del trabajador hacia el empresario de acuerdo con los principios de "bona fidei".

Y es que los hechos relatados constituyen un caso de competencia desleal. Pondera la Sala que el trabajador ya solicitó una primera excedencia voluntaria cuya causa manifestada a la empresa fue colaborar con el proveedor INASA, que le fue denegada precisamente porque esta empresa es proveedor de pasta para EROSKI y por tanto su competencia directa en el mercado. Varios meses después vuelve a solicitar una excedencia alegando como causa que tenía que residir un periodo largo de tiempo en Galicia por cuestiones familiares y que le ha surgido la posibilidad de colaborar con INASA durante ese tiempo "en el mercado portugués". Esta razón, puesto que EROSKI no opera en el mercado portugués ,y ninguna otra, es la que lleva a la empresa a autorizar la excedencia, y ese parámetro fure incumplido por el trabajador recurrente puesto que por cuenta de INASA realizó las actividades que se describen en la carta de despido en relación directa con EROSKI y para el mercado español, sin causar baja en la Cooperativa y sin ponerlo en conocimiento de ésta cuando solicitó sucesivas prórrogas de esta segunda excedencia voluntaria.

Tales hechos son constitutivos de una infracción muy grave, dado que la concurrencia desleal es un claro supuesto de transgresión de la buena fe contractual, tipificada como justa causa de despido, en el artículo 54.2 .d) ET en relación con el art. 35, apartado c) punto 13 y 19 del Reglamento de Régimen Interno de EROSKI, S. COOP en relación con el art. 26 de los Estatutos Sociales, que sanciona tipifica como faltas muy graves:

19: Dedicarse a trabajos o actividades fiera de la cooperativa cuando se estime que pueden existir incompatibilidades.

13: El fraude, deslealtad o abuso de confianza con respecto a la cooperativa en el ejercicio de funciones confiadas por esta o valiéndose de ellas, así como la realización de hechos fraudulentos, fuera del servicio que supongan fraude para la Cooperativa.

Procede por todo lo razonado la desestimación del recurso.

CUARTO.-No procede hacer declaración sobre costas por gozar la parte recurrente vencida del beneficio de justicia gratuita ( artículos 235-1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social y 2-2-d) de la Ley 1/1.996, de 10 de Enero, sobre Asistencia Jurídica Gratuita).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- - Objeto del recurso

Por la representación legal de D. Calixto se formula recurso de suplicación frente a la sentencia dictada por el Juzgado Social nº 4 de Bilbao de fecha 2 septiembre 2025, autos 1044/2024, en procedimiento de impugnación de sanción, - encauzado por aplicación de lo dispuesto en el art. 102.2 LRJS en procedimiento de despido,- contra la empresa EROSKI, S.COOP, que absuelve a la citada demandada de las pretensiones deducidas en su contra.

El recurso se articula a través de dos motivos: el primero al amparo de lo dispuesto en el art. 193.a) LRJS se denuncia infracción de normas o garantías de procedimiento que han causado indefensión por incongruencia omisiva de la sentencia; y el segundo al amparo de lo dispuesto en el art. 193.c) LRJS de infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia, y termina suplicando se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la de instancia con retroacción de actuaciones al momento de dictarse la misma, y subsidiariamente se revoque la sentencia y se declare la improcedencia del despido.

El recurso ha sido impugnado por la empresa EROSKI, S.COOP.

SEGUNDO.- Sobre la nulidad de la sentencia por incongruencia omisiva

I.El recurrente, al amparo del art. 193.a) LRJS, interesa la nulidad de lo actuado.

El art 193.a) LRJS, dispone como objeto del recurso: "Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión".

Recordemos que la reposición de los autos al estado del momento de infracción de normas del procedimiento se refiere a errores de procedimiento alegables a través del motivo de impugnación procesal ( art.193.a) LRJS) , los cuales pueden estar referidos , entre otros supuestos, a la infracción de normas reguladoras de la sentencia.

En concreto le recurrente centra su recurso en infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva y cita como infringido el art. 218.1 LEC

Nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia nº 17/2000, entiende por incongruencia "vicio o defecto, desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido".Por otro lado, el Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 25 de enero de 2008, con cita de la STC 67/1993, de 1 de marzo; STC 171/2003, de 27 de mayo, entre otras, entiende que la incongruencia supone una infracción del artículo 24 de la Constitución Española y consiste en la adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de esta petición, lo que se traduce en que el Juez ha de decidir todas las cuestiones controvertidas, explícita o implícitamente, dando respuesta en el fallo que se atenga a lo solicitado.

Asimismo nos recuerda que "el órgano judicial está obligado a rechazar toda interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos procesales que le conduzcan a negar el derecho de acceso a la jurisdicción (o el recurso) debiendo utilizar, en su lugar, la que resulte ser la más favorable al ejercicio de aquel derecho fundamental",añadiendo que, "los requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia sino que únicamente sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima"( Sentencias 68/1988 [RTC 1988, 68] , 134/1989 [ RTC 1989, 134] , 92/1990 [ RTC 1990, 92] y 130/1998 [RTC 1998, 130], entre otras). Señalando la sentencia 18/1993 que "lo relevante, a tal fin, no es la «forma» o «técnica» del escrito de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma suficientemente precisa exponga los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser los tenidos por correctos. Desde esta perspectiva, resulta obligado concluir, que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso, no debe rechazar ad limine el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales".

La doctrina judicial, asimismo, ha señalado:

"CUARTO. - La incongruencia omisiva (Motivo 1º del recurso).

El artículo 207.c) LRJS permite la casación por "Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte". Ese es el cauce por el que discurre el primero de los motivos de casación.

1. Formulación del motivo.

Con el citado fundamento, el recurso denuncia la vulneración de los artículos 24 CE , 97.2 LRJS , 209.4 y 218.1.3 LEC , por incurrir la Sentencia en incongruencia omisiva, que reproduce y conviene recordar.

A) El artículo 24.1 CE dispone que "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

B) El artículo 97.2 LRJS prescribe que "la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

C) El artículo 209.4ª LEC , regulando las sentencias, establece que "El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de esta Ley ".

D) El artículo 218 LEC , sobre la exhaustividad y congruencia de las sentencias posee el siguiente contenido:

1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Considera el recurrente que la Sala únicamente se pronuncia sobre una de las dos cuestiones planteadas en la demanda, la relativa a la supresión de la posibilidad de realizar el descanso de comida en una hora, sin que se haya obtenido respuesta sobre la implantación, a través del factor corrector, de un tiempo de desayuno no previsto en convenio.

2. Doctrina pertinente.

A) Los citados preceptos de la LEC y de la LRJS quieren ajustarse a lo que previamente había venido diciendo la jurisprudencia constitucional: la incongruencia -"desajuste entre la respuesta judicial y los términos en que los litigantes han configurado el debate, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido" ( SSTC 20/1982 , 67/1993 , 224/1997 )- resulta de confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso delimitado por sus elementos, subjetivos y objetivos, causa de pedir y petitum , pero tal confrontación no significa una conformidad rígida y literal con los pedimentos de los suplicos de los escritos ( STC 171/1993 ).

B) De este modo, existe incongruencia omisiva "cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales [por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , F. 4 b)].

C) La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" ( STS 8 de mayo de 2019, recurso 42/2018 , y las citadas en ella). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que el artículo 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 171/2002 , entre otras).

Desde esa primera e inicial perspectiva podemos afirmar que a la hora de fijar los términos del debate que la sentencia recoge en el fundamento de derecho segundo, es cierto que ninguna referencia se hace a la prescripción de la falta alegada por la parte actora. Ahora bien dicha alegación no se contenía en el escrito de demanda sino que , como indica la parte impugnante del recurso, se realizó en el acto del juicio oral como cuestión previa y se alegó por la empresa en fase de contestación a la demanda que se trataba de una cuestión nueva que no debía ser tenida en cuenta por la Magistrada de instancia puesto que causaba indefensión.

Cierto es que en la sentencia no se da respuesta específica a esta cuestión, pero debemos recordar que el procedimiento que finaliza con la sentencia de instancia lo es por despido, y con un Fallo que absuelve a la demandada de todo tipo de pedimentos formulados contra ella, y por tanto valida la decisión de la Cooperativa EROSKI de expulsar al trabajador por competencia desleal , que la Magistrada de instancia considera que equivale a un despido procedente.

En la medida en que como ha podido apuntar una constante doctrina jurisprudencial, con una decisión de índole o contenido desestimatorio se "...resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas ( SSTS 29 de septiembre de 2003; 21 de marzo 2007; 16 de enero 2008; 5 de marzo 2009), sin necesidad de que exprese la desestimación de cada una de las peticiones formuladas y menos aún de todas las cuestiones suscitadas en la demanda, ( o como en este caso, formuladas en el acto del juicio oral) y con independencia también de que la desestimación de una petición puede ser implícita como consecuencia de lo razonado en general ( SSTS 23 de marzo de 2007; 16 de enero 2008)."..."

Por lo tanto, no estamos ante una incongruencia grosera y manifiesta que justifique la declaración de nulidad de la sentencia con retroacción de actuaciones para que la Magistrada de instancia se pronuncie sobre la alegada prescripción de la falta imputada, que en todo caso puede entenderse implícitamente desestimada conforme hemos razonado con anterioridad.

Pero es que además, conforme al art. 202.2 LRJS, al contener la sentencia de instancia un relato de hechos probados suficiente a los efectos de poder resolver sobre la invocada prescripción de la falta , y siendo así que en el motivo dedicado a infracción de normas sustantivas y jurisprudencia de aplicación, el recurrente por la vía del art. 193.c) LRJS reproduce esta cuestión que es correlativamente contestada por la entidad empleadora en su escrito de impugnación del recurso, la Sala entiende que no procede declarar la nulidad de actuaciones, siendo así que este motivo será tratado a continuación como primer motivo invocado de infracción de normas sustantivas.

En definitiva al no haberse producido indefensión material, se desestima por todo lo razonado el motivo de nulidad de la sentencia por incongruencia omisiva.

TERCERO.- Revisión jurídica

A) Prescripción de la falta imputada

I.Se alega infracción de lo dispuesto en el art. 28 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa en relación con el art. 60 ET.

Alega la recurrente que ,-conforme a los hechos probados que no son combatidos-, el 8/01/2024 la empresa recibe a través del canal de comunicación una denuncia en la que se pone de manifiesto la comisión por parte del trabajador de los protocolos de cumplimiento normativo por prestar servicios para el proveedor INASA llevando la cartera de EROSKI,S.COOP, siendo así que no se procedió a la apertura de expediente disciplinario, con comunicación al trabajador del pliego de cargos , hasta el 18/04/2024.

Por lo tanto considera que la falta está prescrita porque el art. 28 de los Estatutos de la Cooperativa establecen que las faltas muy graves prescriben a los tres meses, siendo así que entre el conocimiento de los hechos y la apertura de expediente contradictoria habían transcurrido tres meses y diez días.

II.En relación con lo dispuesto en el art. 60 ET, la doctrina jurisprudencial reiteradamente ha señalado:

"Para resolver esta cuestión es necesario partir de la propia redacción del art. 60.2 del Estatuto en el que lo que se dispone es que las faltas muy graves prescriben "a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tiene conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido". Como puede apreciarse, existe una doble previsión y un doble régimen jurídico en relación con la prescripción pues mientras la de los veinte días, conocida como " prescripción corta" comienza a contar desde que la empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta, la de los seis meses o " prescripción larga" comienza a contar desde que se cometió la falta y no desde que la empresa tuvo conocimiento de la misma. Esta es la regla general que deriva del hecho de que, como esta Sala ha dicho de forma reiterada - por todas SSTS de 21-7-1986 , 24-7-1989 - el instituto de la prescripción está directa y funcionalmente vinculado al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 de la Constitución , que no permite que la pendencia de una posible sanción disciplinaria se perpetúe por tiempo indefinido". ( STS 15/07/2003, RCUD 3217/03 ).

Así destaca sobre el hecho del conocimiento por parte de la empresa:

"Esta Sala ha dictado numerosas sentencias interpretativas del mandato que hoy contiene el art. 60-2 del ET , las cuales constituyen un sólido cuerpo de doctrina que obviamente se ha de seguir y aplicar en la solución de la problemática que se plantea en el presente recurso. Son sentencias que recogen y expresan esta doctrina las de 25 de julio del 2002 (Rec. 3931/2001 ), 27 de noviembre del 2001 (Rec 260/2001 ), 31 de enero del 2001 (Rec. 148/2000 ), 18 de diciembre del 2000 (Rec. 2324/99 ), 14 de febrero de 1997 (Rec. 1422/06 ), 22 de mayo de 1996 (Rec. 2379/1995 ), 26 de diciembre de 1995 (Rec. 1854/95 ), 29 de septiembre de 1995 (Rec. 808/95 , 15 de abril de 1994 (Rec. 878/93 ), 3 de noviembre de 1993 (Rec. 2276/91 ), 24 de septiembre de 1992 (Rec. 2415/91 ) y 26 de mayo de 1992 (Rec. 1615/91 ), entre otras.

Esta doctrina ha establecido los siguientes criterios: 1).- En los supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, "la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos"( sentencias de 25 de julio del 2002 , 27 de noviembre y 31 de enero del 2001 , 18 de diciembre del 2000 , 22 de mayo de 1996 , 26 de diciembre de 1995 , 15 de abril de 1994 , 3 de noviembre de 1993 , y 24 de septiembre y 26 de mayo de 1992 ); 2).- Se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras o inspectoras ( sentencias de 25 de julio del 2002 , 31 de enero del 2001 , 26 de diciembre de 1995 y 24 de noviembre de 1989 ); 3).- En los supuestos en los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación "no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el computo de la prescripción" ( sentencias de 25 de julio del 2002 y 29 de septiembre de 1995 )" ( STS 11/10/2005, RCUD 3512/2004 ).

III.Dicho lo anterior, en el supuesto presente de la declaración de hechos probados cuya modificación no ha sido solicitada, se desprende que el 8/01/2024 se recibió una denuncia a través del Canal informativo de Eroski tal y como se refleja en el hecho probado séptimo de la sentencia de instancia. Esta denuncia que refiere la Magistrada de instancia obra en el ramo de prueba de la empresa demandada , pág. 86 del IE nº 34, y no identifica a la persona.

Por lo tanto, el cabal conocimiento no solo del trabajador supuestamente infractor sino de la concreción y verificación de la conducta imputada, se produce tras las primeras averiguaciones de la empresa el 21 febrero 2024 tal y como consta en el Pliego de cargos, y sobre todo el 4 de marzo 2024 cuando la responsable del Departamento de Dulces, Esperanza, según consta en la valoración de la prueba testifical que la sentencia de instancia realiza en el fundamento de derecho cuarto, manifiesta haber tenido relación con el trabajador en su condición de proveedor de INASA para productos como café o infusiones.

Por lo tanto, es evidente que el día inicial para el cómputo de la prescripción no es el de la fecha de la denuncia sino la fecha en que la empresa tiene cabal conocimiento de los hechos para redactar pormenorizadamente el Pliego de Cargos fechado 18/4/2024, por lo que no habían transcurrido tres meses desde el 21 febrero 2024 ni más concretamente desde el 4 marzo 2024, por lo que rechazamos la prescripción de la falta.

B) Del cumplimiento de los requisitos formales de la carta de despido

I.Se denuncia infracción de lo dispuesto en el art. 55.1 ET por considerar el recurrente que la carta de despido se limita a indicar que a la empresa le consta que el trabajador ha realizado las actividades que describe como constitutivas de trasgresión de la buena fe contractual, pero sin citar ningún hecho concreto que constituye conducta desleal, sin citar las concretas personas con las que ha realizados gestiones, o a qué productos o tarifas se refieren, ni de qué manera se ha beneficiado el recurrente de su trabajo anterior en EROSKI para favorecer a su empresa INASA en perjuicio de la Cooperativa.

En relación con los requisitos formales de la carta de despido, debe exigirse que la carta contenga elementos suficientes para que el trabajador pueda organizar su defensa, de modo que la obligación que recae sobre la empresa tan sólo se cumple, como indica el art. 55.1 ET, mediante especificación de los «hechos» que motivan la causa extintiva, condición necesaria para que el trabajador pueda ejercer con garantías el derecho a reclamar contra la decisión empresarial.

Como señala la Doctrina Unificada , la expresión "hechos" a los que se refiere el artículo 55 del ET, supone una garantía que la Ley otorga al trabajador para que, si impugna el despido, lo haga con conocimiento de los hechos que se le imputan, a fin de preparar su defensa, lo que obliga a exigir que el contenido de la carta o comunicación sea inequívoco, es decir, lo suficientemente claro y expresivo para evitar toda duda o incertidumbre.

En el supuesto de autos tanto la comunicación de 29/04/2024 como la de 18/06/2024, a la que se refieren los hechos probados décimo y décimo primero, se remiten y ratifican en su integridad el contenido del Pliego de cargos, que cumple con los requisitos mínimos,- desde la perspectiva cronológica y circunstancial-, exigidos en el art. 55.1 ET en cuanto a expresión de hechos que motivan el despido disciplinario a diferencia de lo que alega el recurrente.

Y así se relata: 1º)que en enero 2024 empieza el trabajador a realizar gestiones intercediendo por cuenta de INASA, (es decir como interlocutor de la empresa proveedora de EROSKI), en un asunto de reclamación de actualización de tarifas y para mantener en activo algunas referencias ( productos), que se preveía dar de baja. Y 2º), que los días 7, 14 y 27 febrero 2024 contacta en nombre de INASA con gestores de EROSKI de la sección de dulce con le propósito de realizar ofertas; así como su gestión de las categorías de chocolate, bombones, galletas, bollería, pan de molde y Salud, proponiendo el alta de diferentes productos y/o mejoras a introducir en dicha sección de dulces de EROSKI.

La Sala considera que estos datos, en el contexto del resto en que se incardina el pliego de cargos, -( y muy especialmente en el contexto de las dos excedencias voluntarias solicitadas por le trabajador)-, y por ende la carta de despido viabiliza la posibilidad del trabajador de articular una defensa en juicio, por lo que el despido no puede ser declarado improcedente por este motivo

C) Transgresión de la buena fe contractual. Competencia desleal

I.Se denuncia infracción de lo dispuesto en los arts 19.c) y 35.c) punto 13 del Reglamento Interno Eroski, art. 26 Estatutos Sociales. Arts. 5 y 20 ET.

Alega en esencia el recurrente que estando en situación de excedencia voluntaria no ha prestado servicios por cuenta de INASA interviniendo en el mercado español de forma generalizada, sino en muy puntuales ocasiones, (en enero y febrero 2024) como mero intermediario y para trasladar a EROSKI propuestas confeccionadas por el proveedor INASA no para el departamento de pastas, sino para los departamentos de vinagres, chocolates y salud en cuyos sectores no prestó servicios el trabajador cuando pertenecía a EROSKI. Indica que estas intervenciones han consistido, la de enero en solicitar que se actualicen tarifas conforme a precios de 2024, y las de los días 7,14 y 27 febrero en ser mero transmisor de las ofertas confeccionadas por INASA de los diferentes productos que ésta empresa suministra a EROSKI, sin que conste que se haya beneficiado de sus conocimientos en la Cooperativa para favorecer a INASA.

II.Una inveterada La doctrina jurisprudencial interpretativa de la transgresión de la buena fe contractual como causa justificativa del despido declara que:

1°) La buena fe es consustancial al contrato de trabajo, en cuanto por su naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos (TST de 9 de diciembre de 1982), siendo el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual ( STS de 29 de marzo de 1983), implicando la deslealtad siempre una conducta totalmente contraria a la que habitualmente ha de observar el trabajador respecto de la empresa, como consecuencia del postulado de la fidelidad ( STS de 4 de diciembre de 1982).

2°) En su sentido objetivo la buena fe constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible, o mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento conforme a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos ( arts 7.1 y 1258 CC), con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas, al que ha de ajustarse el cumplimiento de las obligaciones, y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza ( STS 26 de enero de 1987).

3°) En el Derecho Laboral existen mandatos legales que imponen un cumplimiento contractual de acuerdo con la buena fe - artículos 5.b) y 20.2 ET-, que obliga a empresarios y trabajadores en el sentido de un comportamiento mutuo ajustado a las exigencias de la buena fe y cuya vulneración convierte en ilícito o abusivo el ejercicio de los derechos, hasta el punto de que la transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que, cuando sea grave y culpable, es causa que justifica el despido - art 54.2.d) ET-.

4º) La transgresión de la buena fe contractual se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de un lucro personal, ni haber causado daños a la empresa y con independencia de la mayor o menor cuantía de lo defraudado, pues basta para ello el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, pues los daños y perjuicios causados son uno de los elementos a tener en cuenta para valorar la gravedad de la falta pero no el único, pudiendo ponderarse otros como la situación objetiva del riesgo creada, la concurrencia de abuso de confianza, o el efecto pernicioso para la organización productiva ( STS de 26 de enero de 1987) La esencia del incumplimiento no está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena fe depositada y de la lealtad debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores éticos y no queda enervada por la inexistencia de perjuicios. ( STS 8 febrero 1991)

5°) Es requisito básico que ha de concurrir para configurar la deslealtad que el trabajador cometa el acto con plena conciencia de que su conducta afecta al elemento espiritual del contrato, aunque no es necesario que la conducta tenga carácter doloso, pues también se engloban en el art. 54.2.d) ET, las acciones simplemente culposas, cuando la negligencia sea grave e inexcusable ( SSTS 30 de abril de 1991, 4 de febrero de 1991).

6°) En la materia de pérdida de confianza no debe establecer graduación alguna ( sentencia de 29 de noviembre de 1985, pues la deslealtad consiste en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral le impone ( SSTS 24 y 25 de febrero 1984), y en abusar de la confianza recibida de la empresa, en razón del cargo desempeñado, rebasando los límites de éste, en provecho propio o de un tercero que no sea acreedor directo de las prestaciones empresariales ( sentencia de 25 de febrero de 1984), es decir, existe abuso de confianza cuando concurre un "uso desviado de las facultades conferidas, con lesión o riesgo para los intereses de la empresa.

De conformidad con esta doctrina y en función del relato fáctico no discutido por el recurrente, la Sala comparte la valoración de la sentencia de instancia y consideramos que se ha producido una transgresión y abuso de confianza, ya que la fidelidad o lealtad mutua entre las parteses una de las notas fundamentales del contrato de trabajo dimanante de la propia naturaleza del negocio jurídico que vincula a la empresa y al trabajador, ya que la deslealtad se ha configurado por la jurisprudencia como una conducta contraria a los deberes básicos, tanto del empresario hacia el trabajador y del trabajador hacia el empresario de acuerdo con los principios de "bona fidei".

Y es que los hechos relatados constituyen un caso de competencia desleal. Pondera la Sala que el trabajador ya solicitó una primera excedencia voluntaria cuya causa manifestada a la empresa fue colaborar con el proveedor INASA, que le fue denegada precisamente porque esta empresa es proveedor de pasta para EROSKI y por tanto su competencia directa en el mercado. Varios meses después vuelve a solicitar una excedencia alegando como causa que tenía que residir un periodo largo de tiempo en Galicia por cuestiones familiares y que le ha surgido la posibilidad de colaborar con INASA durante ese tiempo "en el mercado portugués". Esta razón, puesto que EROSKI no opera en el mercado portugués ,y ninguna otra, es la que lleva a la empresa a autorizar la excedencia, y ese parámetro fure incumplido por el trabajador recurrente puesto que por cuenta de INASA realizó las actividades que se describen en la carta de despido en relación directa con EROSKI y para el mercado español, sin causar baja en la Cooperativa y sin ponerlo en conocimiento de ésta cuando solicitó sucesivas prórrogas de esta segunda excedencia voluntaria.

Tales hechos son constitutivos de una infracción muy grave, dado que la concurrencia desleal es un claro supuesto de transgresión de la buena fe contractual, tipificada como justa causa de despido, en el artículo 54.2 .d) ET en relación con el art. 35, apartado c) punto 13 y 19 del Reglamento de Régimen Interno de EROSKI, S. COOP en relación con el art. 26 de los Estatutos Sociales, que sanciona tipifica como faltas muy graves:

19: Dedicarse a trabajos o actividades fiera de la cooperativa cuando se estime que pueden existir incompatibilidades.

13: El fraude, deslealtad o abuso de confianza con respecto a la cooperativa en el ejercicio de funciones confiadas por esta o valiéndose de ellas, así como la realización de hechos fraudulentos, fuera del servicio que supongan fraude para la Cooperativa.

Procede por todo lo razonado la desestimación del recurso.

CUARTO.-No procede hacer declaración sobre costas por gozar la parte recurrente vencida del beneficio de justicia gratuita ( artículos 235-1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social y 2-2-d) de la Ley 1/1.996, de 10 de Enero, sobre Asistencia Jurídica Gratuita).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,