Tel. 934866159
Òrgan d'origen: Jutjat Social núm. 3 de Sabadell
Part recurrent / Sol·licitant: Catalina, FUNDACIO INSTITUT CATALA DE PALEONTOLOGIA MIQUEL CRUSAFORT ( ICP)
Il·lm. Sr. Jaume González Calvet
Il·lm. Sr. Luis Revilla Pérez
Il·lm. Sr. Emilio Garcia Ollés
Ponent: Il·lm. Sr. Jaume González Calvet
PRIMER. Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 2 dgost de 2024, que contenia la decisió següent:
«ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Catalina frente a FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA MIQUEL CRUSAFONT (ICP) en reclamación por DESPIDO y declaro la IMPROCEDENCIA del acordado por la demandada con efectos 25.7.2022 a quien condeno a que en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, formule opción expresa por readmitir al demandante en las mismas condiciones que regían con anterioridad a producirse el despido con abono de los salarios de tramitación desde el día siguiente al despido hasta la readmisión a razón de un salario diario de 70,04.-€ o por abonarle una indemnización de 37.140,92.-€ que determinará la extinción de contrato a fecha de cese efectivo en el trabajo, opción que deberá presentar en ante este Juzgado en un plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución y de no efectuarla se entenderá que opta por readmisión.»
SEGON.En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:
«1.- El actor Catalina prestaba servicios para FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA MIQUEL CRUSAFORNT (ICP), fundación de sector público adscrita a la Generalitat de Catalunya, con antigüedad desde el 1.2.2008, con la categoría profesional de investigador R3, puesto de trabajo "investigador del grupo de investigación en Paleodiversidad y filogenia", con un salario de 2.130,51.-€ con inclusión de prorrata de pagas extras por prestación de servicios a tiempo completo.
(Hecho no controvertido, prueba documental parte actora -folio 49, 97 t 100 de actuaciones y documento n.º 5 aportado en cumplimiento de diligencia final)
2.- El 8.6.2022 se acordó incoar expediente de responsabilidad disciplinaria frente al actor, tras denuncia presentada el día 28.4.2022 por violencia machista -comportamientos y verbalizaciones presuntamente hostiles y vejatorias en dos compañas de excavaciones en verano 2019 (campaña INCARCAL 2019 de 25 de junio a 6 de julio y campaña Els Casots 2019 de 15 al 21 de julio)-. Por haber expresado "saps la barra rovellada que hi ha per allà? Doncs la farem servir per empalar-te" realizada en la excavación Els Casots 2019 del 15 al 21 de julio en Catalunya en el contexto en que era el Director de las excavaciones.
Se nombró instructor del expediente a Ceferino.
(Ramo de prueba parte actora y demandada -Folio 100-101 y 190 a 192 de actuaciones-)
3.- El 17.6.2022 se notificó pliego de cargos al actor, que obra en autos y se tiene por reproducido.
a) El Instructor de expediente disciplinario le informaba de que como consecuencia de una denuncia presentada por la Sra. María Dolores contra él respecto a presuntos comportamientos y verbalizaciones hostiles y vejatorios en la campaña de excavaciones de verano de 2019. En concreto se indica que dirigió a la Sra María Dolores la expresión "saps la barra rovellada que hi ha per allà? Doncs la farem servir per empalar-te".
b) Se indica que la expresión se emitió en un contexto laboral en el cual el Sr. Catalina era el director de la excavación y superior jerárquico de la Sra. María Dolores, chica joven que empezaba a realizar excavaciones en el ICP en calidad de voluntaria y que el Sr. Catalina había sido profesor de la Sra. María Dolores mientras cursaba el Master.
c) Y se deja constancia de que existe un informe emitido por una profesional externa contratada para la investigación de los hechos, que concluye proponiendo iniciar expediente disciplinario por una actuación de acoso sexual, al estimar acreditados los hechos a través de la declaración de tres testigos que corroboran que el Sr. Catalina dirigió la referida expresión a la Sra. María Dolores, y estimar que esta actuación condicionó las decisiones de la Sra. María Dolores, haciendo que no participara en campañas posteriores, dejando constancia en el informe que se había contactado con el Sr. Catalina y su abogado vía telefónica.
d) El ICP estima que la expresión constituye una ofensa en sentido objetivo y subjetivo hacia la Sra. María Dolores, que tiene un componente sexual que persigue la vejación o humillación de la Sra. María Dolores por su sexo y que por su propia significación se configura como una expresión claramente de injuria realizada en desprestigio y menosprecio de la dignidad de la Sra. María Dolores a quien se dirigió, constituyendo un atentado de tal gravedad para el honor de ella que puede ser catalogado como falta muy grave.
e) También considera que se aprovechó de su superioridad jerárquica, y sus palabras constituyen una forma de coerción sexual con una expresión de una de las formas de violencia sexual más severa: empalamiento; siendo injuriosa, humillante y vejatoria supone un maltrato sexual hacía una compañera de trabajo, concretamente una persona de inferioridad jerárquica, haciendo mofa y público el menosprecio hacia su dignidad, que deber ser protegido ( art. 4.2e) TRLET ).
f) Se estima que el comentario del Sr. Catalina debe considerarse como acoso sexual que atentó contra la dignidad y la libertad de la Sra. María Dolores al crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo; atentando contra su intimidad sexual. Tipificado como infracción muy grave en art. 95.2b) EBEP .
g) El Sr. Catalina ya tiene una sanción anterior por acoso sexual, concurriendo la circunstancia agravante de reiteración de comportamiento de acoso sexual.
Se concedió al actor un plazo de 10 días para contestar al pliego de cargos y en fecha 21.6.2022 se le permitió acceso a expediente incoado.
(Ramo de prueba parte actora y demandada -folios 102 a 108 y 193 a 197 y 199, 200 a 203 de actuaciones- y pericial informática -folios 256 a 266-)
4.- El actor presentó escrito de alegaciones el 1.7.2022 que obra en autos y se tiene por reproducido.
En primer lugar, alega vulneración de art. 24 CE en su vertiente de garantía de indemnidad por constituir una represalia a la interposición de demanda ante el JS nº 24 de Barcelona en materia de impugnación de sanción y por haber dejado el yacimiento de "Els Casots" motu proprio a principios de 2022 debido al trato de menosprecio, humillaciones constantes, irresponsabilidad y caos tanto organizativo como con ausencia total de proyecto científico.
Se cuestiona el informe emitido por la profesional contratada al obviar la declaración de tres personas que estuvieron en todo momento en las excavaciones y acoger la declaración de tres personas que se encontraban a 30 metros de distancia, en otro punto alejado que no hubieran podido oír dichas afirmaciones.
Negó los hechos imputados.
Indica que resulta sorprendente que tres años después de la fecha en que se dice que se profirió la expresión se denuncien los hechos, alegó la prescripción de los hechos al amparo de art. 60.2 ET y cuestionó que la frase condicionara las decisiones de la Sra. María Dolores cuando ésta ha sido contratada por el ICP con posterioridad a los hechos que se imputa.
Solicita la nulidad del expediente disciplinario al considerar que la actitud de la empleadora constituye acoso laboral.
(Documental parte actora -folios 109 a 112 de actuaciones-)
5.- Por burofax de 14.7.2022 se notificó al actor la propuesta de resolución de imposición de sanción de despido disciplinario por la comisión de falta muy grave tipificada en art. 95.2b) ETT que obra en autos y se tiene por reproducida. Se sanciona la emisión de la expresión "saps la barra rovellada que hi ha per allá. Doncs la farem servir per empalar-te" dirigida a la Sra. María Dolores realizada en la excavación Els Casots 2019 en las fechas de 15 a 21 de julio en Catalunya, en un contexto laboral en el que el Sr. Catalina era el director de las excavaciones, y por tanto superior jerárquico de la Sra. María Dolores, mujer joven, que empezaba a realizar excavaciones en el ICP en calidad de voluntaria y en el que el Sr. Catalina había sido su profesor en el Master.
Se concedió 10 días al actor para alegaciones.
Por escrito de 25.7.2022, que obra en autos y se tiene por reproducido, se le impuso la sanción de despido por los hechos que constan en la propuesta de resolución.
(Documental parte actora -folios 113 a 118 y 205 a 208 de actuaciones-)
6.- En fecha 19.1.2022 tuvo entrada ante el Juzgado Social nº 24 de Barcelona demanda de impugnación de sanción presentada por el actor el 12.1.2022 frente a la demandada, nº proced. 33/2022 . Por Decreto de 23.2.2022 se admitió la demanda y se señaló acto de juicio para el 30.5.2024.
La demanda trae origen de la carta de sanción impuesta por la demandada en fecha 22.11.2021 de veintidós días de suspensión de empleo y sueldo por la comisión de falta muy grave prevista en art. 54.2 ETT que obra en autos y se tiene por totalmente reproducida, y en la que se imputaba al actor haber llevado a cabo, de forma continuada, comportamientos constitutivos de acoso sexual contra personal laboral del centro de trabajo ubicado en el edificio ICTA-ICP (Campus UAB). En fecha 7.10.2021 se propuso la apertura de expediente sancionador y en fecha 20 de octubre de 2021 se notificó la propuesta de sanción.
(hecho no controvertido, ramo de prueba parte actora -folio 128-129, 134-135, 142, 161 y 162, 166 y 167 de actuaciones).
7.- En fecha 28.4.2022 la Sra María Dolores presentó denuncia escrita ante el ICPa Catalina por comportamientos y verbalizaciones presuntamente hostiles y vejatorias en dos campañas de excavaciones en verano de 2019.
El ICP nombró a la Sra. Sabina como asesora confidencial para este tema. La Sra. Sabina inició el protocolo de actuación frente al acoso que estaba vigente en la empresa. Mantuvo entrevistas telefónicas con la denunciante quien explicó diversos incidentes, con el denunciado que negó los hechos y con ocho personas que prestaron servicios en la misma excavación los mismos días, en calidad de testigos, refiriendo que tres de ellos recordaban haber presenciado como el actor dirigía a la denunciante la frase que consta en carta de despido. Atendiendo a las declaraciones emitió informe considerando acreditado que el actor llevó a cabo la actuación que consta en carta de despido.
(Ramo de prueba parte demandada -folio 188 y 189 de actuaciones- y testifical Sra. Sabina)
8.- En julio de 2021 se aprobó el actual protocolo para la prevención y actuación ante las violencias machistas en el ICP que obra en autos y se tiene por reproducido.
El protocolo permite que la comunicación interna de acoso se formule por la persona afectada o cualquier persona que advierta la conducta; deberá formularse lo antes posible por el impacto emocional que estas conductas comportan; podrá hacerlo por escrito, correo electrónico o conversación (presencial, telemática o telefónica), si bien se recomienda realizar la comunicación interna por escrito y a través de formulario que contiene el protocolo.
Para iniciar la investigación es necesario que se presente denuncia escrita.
(folios 212 a 244 de actuaciones, testifical Adela -trabajadora ICP-)
9.- En periodo de 15 a 21 de julio de 2019 se desarrolló la campaña de excavación Els Casots. La Sra. María Dolores participaba durante la primera semana en esa excavación como voluntaria, era una estudiante que había finalizado el Master de Paleontología y debía comenzar el Doctorado. El Sr. Catalina era su superior jerárquico.
Una mañana de la primera semana de la excavación el Sr. Epifanio -codirector y jefe del proyecto de investigación, responsable de la actuación en Els Cassots y superior jerárquico del actor- pasó por delante de donde se encontraban excavando 6 o 7 personas -incluida la Sra. María Dolores y el Sr. Catalina- cuando vió y escuchó como el Sr. Catalina se diría a la Sra. María Dolores y, delante de todos sus compañeros, le manifestó: "saps la barra rovellada que hi ha per allà? Doncs la farem servir per empalar-te". La Sra. María Dolores cambió el gesto y el resto de personas callaron o resoplaron.
(Testifical Sr. Epifanio)
10.- Los Estatutos de la Fundación prevén en su artículo 25 el personal propio de la Fundación será contratado en régimen laboral. La Fundación aplicaba al personal laboral el XXX Convenio Colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación como norma de referencia, si bien no se encontraba dentro del ámbito de aplicación del artículo 2 de la norma colectiva, en la que quedaba expresamente excluido.
(Escrito y documental aportado en cumplimiento de diligencia final -doc. nº 4, 4 y 4 bis-)
11.- El actor presentó, en fecha 18.8.2022, papeleta de conciliación, teniendo lugar la comparecencia ante el S.M.A.C. el día 22.9.2022 con el resultado de sin avenencia.
En fecha 9.9.2022 presentó demanda de despido ante los Juzgados de Barcelona. Por Auto de 21.10.2022 -Juzgado Social 21 de Barcelona- dictado en procedimiento 800/2022 se declaró la falta de competencia de los Juzgados de Barcelona, comunicando a la parte actora que podría promover su reclamación ante Juzgados de lo Social de Sabadell. Se presentó demanda ante los Juzgados de Sabadell el 25.10.2022.
(Documental que obra en autos -folios 21 a 42, 68-69 y 2 de actuaciones-).»
TERCER.Contra aquesta sentència les dues parts van interposar recurs de suplicació, que van formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat i la part actora impugna el presentat per la part contrària. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.
Fundamentos
PRIMER.-La representació lletrada de l'empresa demandada Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafort -ICP- ha interposat el recurs de suplicació en base a tres motius. En el primer motiu de recurs, formulat a l'empara de l'apartat b) de l' art. 193 LRJS, interessa la modificació d'un ordinal fàctic de la resolució d'instància, proposant-se un redactat alternatiu. I en els darrers motius de recurs, formulats a l'aixopluc de l'apartat c) del mateix art. 193, es denuncia la infracció de doctrina jurisprudencial que es cita, així com de diferents preceptes legals. El recurs de suplicació de l'ICP conclou amb la petició que es revoqui la sentència d'instància, es declari que no concorre la prescripció, així com la procedència de l'acomiadament.
Aquest recurs ha estat objecte d'impugnació per part del treballador demandant, que ha s'ha oposat a tots i cadascun dels motius del recurs i que finalitza amb la següent petició textual: ...dicte en su día sentencia por la que desestimándose íntegramente el recurso de suplicación confirme la sentencia dictada en todos sus extremos, con expresa imposición de costas.
Malgrat aquesta petició formulada pel treballador demandant en la seva impugnació en el sentit que es confirmi la sentència dictada en tots els seus extrems, contradient-se en aquesta petició, el cert és que també formula recurs de suplicació contra la mateixa resolució d'instància. Aquest recurs s'estructura en tres apartats. En el primer apartat, que es formula a l'empara de l' art. 193, b) LRJS, s'interessen dues modificacions del relat fàctic. En el segon i tercer motius de recurs, que es formulen a l'empara de l'apartat c) de l'art. 193, es denuncia la infracció de diferents preceptes constitucionals i legals. El recurs de suplicació del treballador demandant finalitza amb la petició que es revoqui la sentència recorreguda i es declari la nul·litat de l'acomiadament amb els pronunciaments inherents a aquesta declaració, inclosa la condemna a abonar en concepte d'indemnització per dany moral la suma de 30.000 euros addicionals. De forma subsidiària, es demana la declaració d'improcedència de l'acomiadament amb els pronunciaments que consten en aquest escrit. Aquest recurs de suplicació interposat per la part actora no ha resultat impugnat per l'entitat demandada.
SEGON.-En el primer motiu de recurs de l'entitat demandada ICP, que es formula a l'empara de l'apartat b) de l' art. 193 LRJS, la part recurrent sol·licita revisar el F.P. 9è en el sentit de suprimir del text original la següent frase: ...y superior jerárquico del actor [...].La supressió d'aquesta afirmació -que fa referència al senyor Epifanio- es fonamenta en el document núm. 1, aportat en el tràmit de diligències finals.
Abans d'entrar a resoldre la revisió fàctica que es sol·licita, escau recordar que, per a que sigui viable la modificació dels fets provats de la sentència dictada en instància, és necessari la concurrència dels següents requisits: 1) Cal indicar concretament el fet provat que es vol modificar i ha de proposar quin és el redactat alternatiu que proposa i quina supressió sol·licita. 2) El recurrent ha d'indicar amb claredat i precisió el concret document o perícia -indicant el foli de les actuacions- en què fonamenta la seva petició. 3) És imprescindible que la revisió proposada sigui transcendent per a la decisió del litigi. La modificació d'errors materials, aritmètics o de transcripció s'han de substanciar per la via de l'aclariment ex art. 214 LEC o 267 LOPJ. 4) A més, la modificació proposada ha de ser a partir d'un error evident del iudex a quo,que s'ha de deduir directament de la prova invocada, sense necessitat d'interpretacions, hipòtesis, conjectures ni deduccions, més o menys lògiques, atès que el tribunal ad quemno pot fer una nova valoració de la prova que ja ha sospesat el jutge d'instància. 5) Pel que fa a les afirmacions fàctiques predeterminants o la inclusió de conceptes jurídics en el relat fàctic, s'acostumen a considerar-se com defectes processals no transcendents, llevat que produeixin indefensió. 6) No és possible la revisió de fets provats en base a la prova negativa, és a dir, no es pot atendre una petició revisora basada en l'al·legació d'inexistència de prova. 7) Es pot incorporar en el relat fàctic que es vol modificar fets conformes, o sigui, aquells sobre els que les parts han mantingut una absoluta conformitat, encara que no existeixi prova documental o pericial al respecte.
En el cas que s'examina, s'ha de reconèixer que la part demandada i recurrent indica amb precisió quin ordinal fàctic pretén revisar i quina és la redacció alternativa que proposa, no obstant això, no es pot acollir aquesta revisió fàctica per vàries raons. En primer lloc, el document proposat no és hàbil per a la revisió fàctica perquè del seu contingut no deriva de forma clara ni directa ni patent la dada que es pretén tenir per acreditada, és a dir, es tracta d'una prova documental literoinsuficient.A més, el fet que es declara provat en l'ordinal 9è deriva -tal i com explica la jutjadora d'instància- de la declaració testifical del mateix senyor Epifanio, així com de la ficta documentatio,atès que l'entitat demandada no va atendre apropiadament el requeriment fet per l'òrgan jurisdiccional ex art. 94.2 LRJS, tal com es raona en el fonament jurídic primer de la sentència d'instància. Per tant, s'ha de refusar la modificació del F.P. 9è i mantenir aquest punt inalterat.
TERCER.-En el primer motiu de recurs interposat pel treballador demandant, que es formula a l'empara de l'apartat b) de l' art. 193 LRJS, la part recurrent sol·licita revisar dos punts del relat fàctic de la sentència recorreguda. Concretament, es sol·licita modificar el F.P. 7è, proposant-se com a redactat alternatiu el següent: 7.-No consta aportada a las actuaciones la supuesta denuncia escrita presentada en fecha 28.4.2022 por la Sra. María Dolores ante el ICP frente a Catalina por comportamientos y verbalizaciones presuntamente hostiles y vejatorias en dos campañas de excavaciones en verano de 2019. Per a estintolar aquest text alternatiu la recurrent no indica cap document ni perícia que avali la substitució del redactat original pel nou que proposa, limitant-se a raonar la modificació en base a especulacions sobre presumptes contradiccions internes de la sentència recorreguda.
En segon lloc, el treballador recurrent també sol·licita suprimir del redactat fàctic el F.P. 9è. Per a fonamentar aquesta supressió del text original no s'indica cap document ni perícia que avali l'eliminació del text, limitant-se a explicar aquesta modificació fàctica posant en dubte la fiabilitat del testimoni i amb la imputació -gratuïta- de formar part la persona que ha testificat d'una conxorxa contra el treballador demandant.
Les dues modificacions fàctiques sol·licitades pel treballador recurrent han de ser desateses perquè vulneren les previsions de l' art. 196.3 LRJS . Al respecte, s'escau recordar que aquest preceptedisposa literalment que a l'escrit d'interposició del recurs de suplicació: También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzcae indicando la formulación alternativa que se pretende. Recents pronunciaments de la Sala 4ª del Tribunal Suprem han reiterat aquestes previsions, establint entre d'altres requisits que l'escrit de recurs contingui les següents dades: 4ª Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas[no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].
[...] 6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.
[...] De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene 'una eficacia revisora radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones voluntaristas.[...]" ( STS, 4a de 22 de març de 2018, rec. 41/2017).
En definitiva, atès que la revisió fàctica pretesa per la part demandant no es fonamenta ni en documents ni prova pericial, tal i com estableixen de forma expressa els arts. 193, b) i 196.3 LRJS, i tal com reitera la jurisprudència laboral ( SSTS, 4a, de 5-07-99, rec. 3925/1998; 2-02-00, rec. 245/199; 3-05-01, rec. 1434/2000; 11-11-10, rec. 153/2009; etc.), es obvi que s'ha de refusar de pla la pretensió revisora del primer motiu de recurs del treballador demandant.
QUART.-En els darrers motius de recurs de l'entitat demandada, que es formula a l'empara de l'apartat c) de l' art. 193 LRJS, la recurrent denuncia la infracció de la jurisprudència que es cita i que es transcriu parcialment, tota ella relacionada amb l' art. 60.2 ET, així com la vulneració de l' art. 179.2 LRJS.
Quant a la infracció de la doctrina jurisprudencial esmentada, l'entitat recurrent sosté que -exposat sintèticament- l'empresa va tenir ple coneixement dels fets que van donar lloc a l'acomiadament a partir de la data de comunicació de l'expedient disciplinari al treballador sancionat, concretament, a partir del 17 de juny de 2022, de forma que en el moment de l'acomiadament no haurien transcorregut el termini de seixanta dies establert a l' art. 60.2 ET. La fundació recurrent considera que amb anterioritat a la data d'incoació de l'expedient disciplinari, l'entitat no tenia un coneixement suficient de les circumstàncies que podien constituir causa d'acomiadament.
La qüestió essencial que es suscita en aquest punt és el de determinar la data a partir de la qual es pot considerar que l'empresa va tenir un coneixement ple dels fets sancionats. Al respecte, cal recordar que des d'antuvi la jurisprudència laboral ha sostingut la següent hermenèutica, compendiada en la STS, 4a, de 13 d'octubre de 2021, rec. 4141/2018, en la qual s'explica que: Esta Sala ha tenido ocasión de analizar supuestos semejantes en cuya decisión ha venido elaborando una consolidada jurisprudencia ( SSTS de 15 de julio de 2003; Rcud. 3217/2002 ; de 11 de octubre de 2005; Rcud. 3512/2004 ; de 8 de mayo de 2018, Rcud. 383/2017 y 811/2019, de 27 de noviembre , Rcud. 430/2018, entre otras) que puede resumirse del siguiente modo:
a).- En los supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 ET no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos.
b).- Se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras.
c).- En los supuestos en los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo contínuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el computo de la prescripción.
d).- El conocimiento empresarial tiene que ser un conocimiento efectivo, real y cierto, no siendo aceptable sustituir ese conocimiento real y cierto por la mera posibilidad de haber tenido la empresa noticia de los hechos acontecidos, sin que ese conocimiento hubiese tenido lugar. El mero hecho de efectuar en la contabilidad de la empresa los oportunos asientos contables, aunque tal contabilidad se lleve informáticamente y aunque se realicen los pertinentes arqueos diarios, no supone de ningún modo que en la realidad de las cosas la empresa haya tomado noticia y conocimiento de la falta o faltas cometidas.
En el cas que ens ocupa, cal partir del relat de fets provats de la sentència d'instància, relat que roman sense modificacions. Així, en el F.P. 9è de la sentència d'instància es declara provat que: 9.- En periodo de 15 a 21 de julio de 2019 se desarrolló la campaña de excavación Els Casots. La Sra. María Dolores participaba durante la primera semana en esa excavación como voluntaria, era una estudiante que había finalizado el Master de Paleontología y debía comenzar el Doctorado. El Sr. Catalina era su superior jerárquico. Una mañana de la primera semana de la excavación el Sr. Epifanio -codirector y jefe del proyecto de investigación, responsable de la actuación en Els Cassots y superior jerárquico del actor- pasó por delante de donde se encontraban excavando 6 o 7 personas -incluida la Sra. María Dolores y el Sr. Catalina- cuando vió y escuchó como el Sr. Catalina se diría a la Sra. María Dolores y, delante de todos sus compañeros, le manifestó: "saps la barra rovellada que hi ha per allà? Doncs la farem servir per empalar-te". La Sra. María Dolores cambió el gesto y el resto de personas callaron o resoplaron. (Testifical Sr. Epifanio)
Doncs bé, si es té en compte que l'expressió que va dirigir el treballador demandant a la senyora María Dolores va ser en presència de 6 ó 7 persones, entre les quals estava present el màxim responsable del projecte d'excavació, el senyor Epifanio, que era també codirector de l'excavació i superior jeràrquic del treballador sancionat, és bastant evident que l'empresa va tenir ple i directe coneixement dels fets en el moment en què es van produir -entre el 15 i el 25 de juliol de 2019-, però no va incoar expedient disciplinari fins el mes de juny de 2022, de forma que l'empresa deliberadament no va exercitar la facultat disciplinària fins que no es va presentar la denúncia per part de la treballadora afectada per l'actuació ofensiva del demandant. I si el màxim responsable de l'empresa present a l'excavació i espectador directe dels fets no ho va posar en coneixement del departament de recursos humans de l'ICP a l'efecte d'incoar al corresponent expedient sancionador, els efectes jurídics d'aquesta decisió de no comunicar els fets per a sancionar han de ser assumits per la pròpia empresa, sense que aquesta actuació tolerant o negligent del màxim responsable de l'excavació pugui beneficiar la mateixa entitat.
Naturalment, tampoc no és gens consistent al·legar la doctrina de l'ocultació dels fets. Si la falta laboral es va consumar en un sol acte i davant de sis o set persones treballadores presents, inclòs el màxim responsable de l'empresa a l'excavació i superior jeràrquic del treballador sancionat, és bastant obvi que no va existir cap ocultació dels fets que permetin sostenir la interrupció de la prescripció.
Per tant, si el màxim responsable del projecte d'excavació va ser espectador directe dels fets susceptibles de sanció i es va decantar per no activar el procediment disciplinari, potser atenent al fet que ni la pròpia víctima no va comunicar formalment els fets a l'empresa, i l'ICP no va activar el protocol sancionador fins que va rebre la denúncia de la treballadora agreujada, és evident que no es pot pretendre la interrupció de la prescripció durant als quasi tres anys de passivitat patronal. Per tant, s'ha de concloure que la sentència d'instància no ha conculcat ni l' art. 60.2 ET ni la doctrina jurisprudencial d'interrupció de la prescripció invocada en el recurs, ni tampoc la doctrina que fa referència a l'aplicació no rigorosa dels terminis de caducitat i prescripció, sobre tot perquè tractant-se d'un termini de prescripció de dos mesos, els quasi tres anys d'inactivitat patronal resulten difícilment justificables.
I pel que fa a la presumpta infracció de l' art. 179.2 LRJS, val a dir que aquest precepte no és d'aplicació al supòsit que ens ocupa, atès que la norma fa referència als terminis per a la interposició de la demanda de tutela de drets fonamentals, qüestió totalment diferent als terminis de prescripció de les faltes laborals de l' art. 60.2 ET. I cal subratllar que no consta que l'entitat demandada hagi invocat en cap moment -ni a la instància ni en suplicació- la caducitat en l'exercici de l'acció d'acomiadament, acció en què regeix el termini de l' art. 103.1 LRJS, norma aplicable al cas, d'acord amb l'art. 184 de la mateixa llei processal.
Per totes les raons exposades, s'ha de desatendre els motius de recurs de l'empresa demandada formulats a l'empara de l'apartat c) de l'art. 193 i, per això mateix, s'ha de desestimar íntegrament aquest recurs de suplicació.
CINQUÈ.-En relació al segon motiu de suplicació que es planteja en el recurs del treballador demandant, motiu que es formula a l'empara de l'apartat c) de l' art. 193 LRJS, la part recurrent denuncia la infracció de l' art. 6.3 i 4, així com de l' art. 7 del Codi civil. A més, el treballador recurrent també denuncia la infracció dels articles 10, 14, 15, 18 i 24 de la Constitució. Finalment, també denuncia la conculcació tant dels articles 182.1, 183, 184 LRJS, com de l' art. 8.12 de la LISOS, així com de l' art. 7 LO 3/2007, de 22 de març.
Val a dir que la vulneració d'aquest ampli ventall de preceptes legals i convencionals s'estintola en unes circumstàncies fàctiques que no consten acreditades ni tampoc es reflecteixen en el relat de fets provats de la sentència d'instància. En efecte, afirma el treballador recurrent que: ...los hechos son una invención [...], ...la empresa con el expediente sancionador de despido perseguía como finalidad además de vulnerar los derechos del trabajador anteriormente expuestos, represaliarle por la demanda interpuesta en impugnación del primer expediente por motivos muy similares a este segundo [...].No obstant aquestes i altres asseveracions que es formulen en el recurs, el cert és que en el relat de fets provats de la sentència recorreguda no es fa constar enlloc que el demandant fos objecte d'una conxorxa en contra seva. Doncs bé, la totalitat d'aquestes asseveracions fàctiques que es fan constar en el recurs no han estat integrades en el relat històric de la sentència però, no obstant, la part recurrent les invoca per a fonamentar les infraccions denunciades. Aquesta pràctica processal ha estat rebutjada explícitament per la jurisprudència laboral ( STS, 4ª, de 22 de febrer de 2022, rec. 232/2021), la qual ha repudiat la denominada petició de principio, també, fer supòsit de la qüestió,defecte que es produeix quan el recurrent parteix d'unes premisses fàctiques distintes a les que es declaren provades a la resolució recorreguda ( STS, 4ª, de 14 de maig de 2020, rec. 214/2018, i les citades per aquesta). En realitat, la part recurrent redacta aquest motiu de recurs com si es tractés d'un recurs d'apel·lació, ja que invoca diferents circumstàncies fàctiques que no s'han integrat en el relat de fets provats de la sentència recorreguda. I tal com ha declarat la doctrina jurisprudencial, no es pot sustentar un motiu de denúncia jurídic-substantiva en uns fets distints als recollits en el relat històric, havent-se de refusar aquesta pràctica processal que estintola la censura jurídica partint de premisses fàctiques diferents a la resolució recorreguda ( SSTS, 4ª, de 12-05-17, rec. 210/2015; 23-11-16, rec. 94/2016 i 16-12-16, rec. 65/2016). En resum, no poden prosperar les censures jurídiques denunciades -frau de llei, abús de dret, conculcació de drets fonamentals del treballador- si no queden acreditades les circumstàncies fàctiques que al·lega el treballador recurrent com, per exemple, falsedat dels fets imputats en la carta d'acomiadament, l'existència d'una suposada conspiració dins de l'ICP per prescindir dels seus serveis, etc.
L'exercici de la potestat disciplinària en front d'uns fets -F.P. 9è- que constitueixen una falta laboral greu no es pot qualificar ni de frau de llei - art. 6 CC- ni d'abús de dret - art. 7.1 CC-. I del simple fet que l'entitat demandada no exercís les seves potestats disciplinàries fins després d'aprovar-se el protocol d'assetjament -H.P. 8è-, no es pot deduir que l'exercici del poder sancionador empresarial hagi estat fraudulent i abusiu.
Per altra banda, postula el treballador recurrent la vulneració dels seus drets fonamentals emparats pels preceptes constitucionals citats a l'encapçalament, no obstant això, no apareix en el relat de fets provats de la sentència recorreguda, ni tampoc s'ha intentat afegir-ne pel conducte processal de l'apartat b) de l' art. 193 LRJS, fets concrets o indiciaris que posin en evidència atemptats contra la seva dignitat personal - art. 10 CE-, contra la seva vida, integritat física o moral - art. 15 CE-, contra l'honor, la intimitat personal y familiar i a la pròpia imatge, contra la garantia d'indemnitat - art. 24 CE-, o que tinguin caràcter discriminatori.
La part demandant i recurrent pot invocar la vulneració de tots els drets fonamentals que consideri escaients per a la seva defensa, però aquestes al·legacions han d'anar acompanyades de fets que les hi donin suport o, en el seu cas, de fets indiciaris que permetin invertir la càrrega de la prova ex art. 96.1 LRJS i així traslladar a l'empresa l'obligació d'aportar una justificació objectiva, raonable i proporcional de la decisió extintiva adoptada. I en el cas que ens ocupa, inclús suposant hipotèticament que existissin fets de caràcter indiciari, el cert és que l'empresa aporta i acredita a judici -F.P. 9è- una causa que justifica de forma objectiva, raonable i proporcionada la decisió d'acomiadar. Per tant, no es pot acollir la denuncia de la suposada vulneració dels articles 10, 14, 15, 18 i 24 de la Constitució.
També al·lega el treballador recurrent la suposada vulneració dels articles 182.1, 183, 184 LRJS i de l' art. 8.12 LISOS. Considera la part demandant que s'han infringit aquests preceptes perquè la sentència d'instància no ha reconegut a la part actora cap indemnització per danys i perjudicis, d'acord amb el que expressament preveuen els articles 182.1 i 183 LRJS. És cert que la sentència que reconegui la vulneració de drets fonamentals s'ha de pronunciar -si així ho demana la part actora- sobre la indemnització per danys i perjudicis, podent emprar de forma orientativa les pautes de graduació i quantificació de la LISOS. D'aquesta forma, la doctrina jurisprudencial sosté - STS, 4a, de 20 d'abril de 2022, rec. 2391/2019- el següent: Así, la STS de 12 de junio de 2001, Rcud. 3827/2000 , expresamente admitió que, en el proceso de despido, cuando se alega violación de derechos fundamentales o libertades públicas, junto a la solicitud de nulidad del despido, pudiese solicitarse, enjuiciarse y, eventualmente, concederse una indemnización adicional específica reparadora de daños morales o materiales cuya reparación ha de ser compatible con la obligación legal de readmisión y abono de salarios de tramitación. Pues bien, tras entrar en vigor la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta compatibilidad entre las consecuencias legales de un despido nulo y la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales complementaria se admitió expresamente por la ley ( arts. 27.2 -27.4 tras la reforma de la Ley 13/2009 - 180.1 y 182 de la LPL ) y, en la actualidad, se recoge en el artículo 26.2 de la LRJS . De su lectura combinada con el artículo 184 de la LRJS se deduce que, cuando deban seguirse las modalidades procesales enumeradas en el artículo 184, será posible acumular las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas -es decir, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales y libertades públicas y demás pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales derechos fundamentales y libertades públicas- con las propias de la modalidad procesal respectiva.
QUINTO.- 1.- Por otro lado, como recientemente han recordado nuestras SSTS de 22 de febrero de 2022, Rcud. 4322/2019 y de 9 de marzo de 2022, Rcud. 2269/2019 , la STS de 5 de octubre de 2017, Rcud. 2497/2015 contiene un resumen de la doctrina actual de la Sala en la materia, con cita de sentencias anteriores de la Sala en las que hemos dicho que los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y al ser especialmente difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la determinación de la indemnización. Reiterando esa doctrina, la indemnización de daños morales abre la vía a la posibilidad de que sea el órgano judicial el que establezca prudencialmente su cuantía, sin que pueda exigirse al reclamante la aportación de bases más exactas y precisas para su determinación, en tanto que en esta materia se produce la "inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, "diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues "los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados "no tienen directa o secuencialmente una traducción económica" [ SSTS/Iª 27/07/06 Ar. 6548; y SSTS/4ª 28/02/08 -rec. 110/01 -]" ( SSTS 21/09/09 -rcud 2738/08 -; y 11/06/12-rcud 3336/11 )", de tal forma que "en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada".
2.- Igualmente, hemos afirmado que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de infracciones y sanciones del orden para las infracciones producidas en el caso, ha sido ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006, de 24 de julio ), a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala (SSTS de 15 de febrero de 2012, Rcud. 6701 ; de 8 de julio de 2014, Rec. 282/13 ; de 2 de febrero de 2015, Rec. 279/13 ; de 19 de diciembre de 2017, Rcud. 624/2016 y de 13 de diciembre de 2018 ; entre muchas otras). Con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, sino que nos ceñimos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental. De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más -en la línea pretendida por la ya referida LRJS- del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente.
3.- Sin embargo, en multitud de ocasiones el recurso a la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS no resulta, por sí mismo, suficiente para cumplir con relativa precisión la doble función de resarcir el daño y de servir de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones del derecho fundamental. Ello es debido a que la horquilla de la cuantificación de las sanciones en la Lisos para un mismo tipo de falta (leve, grave, muy grave) resulta ser excesivamente amplía. Piénsese que, en estos momentos, la sanción por la comisión de una falta muy grave en materia laboral puede fijarse entre 7.501 euros y 225.018 euros, según el artículo 40 LISOS ; y, al tiempo de producirse los hechos la horquilla de dichas sanciones estaba entre 6.251 euros y 187.515 euros. Por ello, el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización.
En el cas que s'examina, no s'han infringit ni els articles 182.1, 183, 184 LRJS ni l' art. 8.12 LISOS, ni tampoc la doctrina jurisprudencial transcrita, i això és així perquè manca l'element essencial per a reconèixer el dret a percebre la indemnització per danys i perjudicis: la vulneració de drets fonamentals de la persona interessada. En conseqüència, també s'ha de desatendre la presumpta infracció d'aquests preceptes legals.
En darrer terme, el treballador recurrent també denuncia que la sentència recorreguda infringeix l' art. 7 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de maig, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Expressat de forma resumida, considera aquesta part que "la mera emissió d'una frase..."no pot constituir un acte catalogable d'assetjament. Tot i que aquesta qüestió passa a segon terme a partir del moment en què es declara la improcedència de l'acomiadament, val a dir que el vigent concepte legal d'assetjament -a diferència de temps pretèrits- no està condicionat per una successió d'actes que atemptin contra la dignitat de la persona, essent suficient la producció d'una acció puntual, es a dir: ...cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.Per tant, el fet d'haver proferit l'expressió ofensiva en el context en què es descriu en el relat fàctic -F.P. 9è- de la sentència d'instància, es pot qualificar d'assetjament i, en conseqüència, és constitutiu de falta laboral greu susceptible de sanció. En definitiva, tampoc es pot acollir la darrera censura jurídica que es conté en el recurs interposat pel treballador demandant i, per això mateix, s'ha de desestimar en la seva integritat aquest recurs de suplicació i confirmar la sentència d'instància.
Atesos els preceptes legals esmentats i els demés de general aplicació,
Fallo
Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per l'empresa demandada Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafort -ICP-, així com també hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat pel treballador senyor Catalina, ambdós recursos formulats contra la sentencia de 2 d'agost de 2024, dictada pel Jutjat Social 3 de Sabadell, actuacions 763/2022, seguits a instància del senyor Catalina en contra l'ICP, i hem de confirmar i confirmem íntegrament la resolució recorreguda, que va estimar en part la demanda interposada i va declarar la improcedència de l'acomiadament amb els efectes legals inherents a aquesta declaració.
De conformitat amb l' art. 235.1 LRJS, s' imposen les costes causades en el recurs a l'entitat recurrent ICP, entre les quals s'inclouen els honoraris de la lletrada de la part actora que ha impugnat el recurs, fixant-se per aquest concepte la suma de 400 euros.
D'acord amb el que preveu l' article 204 LRJS, escau acordar la pèrdua del dipòsit així com de la consignació de la condemna, constituïts per l'entitat recurrent per a la interposició del recurs, imports als quals se'ls donarà respectivament la destinació legal que correspongui.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.
Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.
Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.
Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER, n° 0937 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.
La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, cal acreditar-la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte de la Sala, amb el núm. 0937 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.
També és possible substituir la consignació en metàl·lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.
Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:
El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de "ordenant" caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a "beneficiari" ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a "observacions o concepte de la transferència" cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.
Així ho manem i ho signem.
Els magistrats
Podeu consultar l'estat del vostre expedient a l'àrea privada de seujudicial.gencat.cat.
Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter confidencial i es tractaran amb la màxima diligència.
Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials i que el tractament que se'n pugui fer queda sotmès a la legalitat vigent.
Les parts han de tractar les dades personals que coneguin a través del procés de conformitat amb la normativa general de protecció de dades. Aquesta obligació incumbeix als professionals que representen i assisteixen les parts, així com a qualsevol altra persona que intervingui en el procediment.
L'ús il·legítim de les dades pot donar lloc a les responsabilitats establertes legalment.
Amb relació al tractament de les dades amb finalitat jurisdiccional, els drets d'informació, accés, rectificació, supressió, oposició i limitació s'han de tramitar conforme a les normes que siguin aplicables en el procés en què s'obtinguin les dades. Aquests drets s'han d'exercir a l'òrgan o oficina judicial en què es tramita el procediment i n'ha de resoldre la petició qui en tingui la competència atribuïda en la normativa orgànica i processal.
Tot això de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, la Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el capítol I bis del títol III del llibre III de la Llei orgànica 6/1985, de l'1 de juliol, del poder judicial.