Sentencia Social 1198/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 725/2025 de 02 de diciembre del 2025

PRIMERO:Fallo de la Sentencia de Instancia. Recurso de Suplicación: Sus motivos. Impugnación del Recurso.

Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Cartagena, se dictó Sentencia el día 16/5/2025, en el Proceso nº 256/2023, sobre despido y reclamación de cantidad, acordando la desestimando la acción de despido y la estimación de la reclamación de cantidad por importe de 1435,04 euros, más los intereses del artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores.

Frente a dicho pronunciamiento, se interpone Recurso de Suplicación por la parte actora en el proceso de referencia, limitando el mismo a la declaración de despido improcedente. El recurso se basa en los siguientes motivos:

A) Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

B) Al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO:Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitándose la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

Con carácter previo al análisis de las modificaciones fáticas interesadas, debemos recordar que en Sentencia de 16/10/2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene establecido que " el recurso de suplicación es un recurso extraordinario y, como tal, la facultad del órgano de suplicación de revisar las pruebas aparece seriamente limitada, procediendo la revisión de hechos únicamente en los supuestos que taxativamente establece el artículo 193.b) de la LRJS , es decir, "a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". El Tribunal "ad quem" no puede hacer una valoración de la prueba practicada en el juicio, por lo que solo la evidencia de un documento o informe pericial, sin otras consideraciones colaterales, permitirá a la Sala la modificación fáctica".

Al amparo de este motivo, no es posible una nueva valoración de toda la prueba practicada, según ha establecido el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en Sentencias de 18/11/2015 y 21/03/2017, y tampoco es posible introducir por los litigantes hechos nuevos que no se debatieron en la instancia, según estableció esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su Sentencia de 23/04/2007.

En este caso, el error que se atribuya a la Sentencia de Instancia ha de reunir las siguientes características:

A) Ha de ser evidente y resultar del análisis de los medios considerados hábiles a tal fin, como son la prueba documental, la prueba pericial, la revisión expresamente admitida por el impugnante del recurso y, así mismo, la revisión por infracción de normas sobre valoración de la prueba. Sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

B) Debe ser trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

C) El recurrente debe ofrecer una redacción alternativa al hecho probado que pretende modificar, señalándolo expresamente, adicionando o suprimiendo su tenor literal, debiendo ser la redacción propuesta clara, precisa y congruente, citando pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. En ningún caso en la redacción alternativa se pueden introducir normas jurídicas o preceptos de Convenios Colectivos, así como tampoco conceptos, expresiones o juicios de valor que impliquen una predeterminación del fallo.

Dicho esto, por el recurrente se solicita la modificación de los hechos probados en los siguientes términos:

1.Hecho probado Octavo, para que se añada el siguiente párrafo: "La empleadora asigna a cada cuadrilla de trabajadores una orden de trabajo con los pedidos emitidos por la Coop. San Cayetano, en la cual se fija la cantidad de piezas a recolectar, siendo esta la producción que debe alcanzarse para cumplir con los pedidos diarios".

A efectos de la revisión cita la prueba testifical y los documentos 4, 5 y 6 de la parte demandada. Ante ello, lo que primero tenemos que decir es que la prueba testifical no es revisable por la Sala como se desprende con claridad del artículo 193 b) de la Ley de la Jurisdicción Social. Por otra parte, de los documentos que cita el recurrente para la revisión fáctica, no se desprende literalmente, sin necesidad de interpretaciones o conjeturas, lo que se pretende adicionar. A mayor abundamiento, la adición pretendida contiene valoración al decir: "siendo esta la producción que debe alcanzarse para cumplir con los pedidos diarios "; y, como se alega por la parte impugnante la adición pretendida se contradice con el contenido del Hecho Probado octavo (segundo párrafo) -del que no se pide su modificación- en el que consta cuál es el rendimiento diario exigible fijado por la empresa y cuyo incumplimiento determina el despido.

2.Hecho probado Decimo Primero, para que se adicione lo siguiente: "La sanción laboral nunca desplegó efecto jurídico alguno, pues no llegó a imponerse suspensión de empleo y sueldo alguna.

Además, dicha sanción fue impugnada por el trabajador, dando lugar a los autos Sanciones n.º 316/2023, Juzgado de lo Social N.º 03 de los Cartagena, los cuales fueron archivados por carencia sobrevenida del objeto del proceso mediante decreto de fecha 30/05/2024, al haber finalizado la relación laboral con fecha efectos del día 15 de Marzo 2023".

Lo deduce del doc. 1 bis del ramo de prueba de la parte actora consistente en la carta de sanción, demanda en la que se impugnaba y auto de desistimiento. El motivo no puede prosperar porque no se desprende de forma clara y directa de los documentos que refiere, pues la simple alegación de parte -en su escrito de demanda- no hace prueba y en la resolución judicial nada se indica en el sentido de que la sanción no llegara a desplegar efectos.

3. Hecho pronado Décimo Segundo.

Solicita que se adicionen dos columnas más, que damos íntegramente por reproducidas en aras a la brevedad, a fin de que se recoja el "total recolectado" y la "orden de trabajo emitida por la Cooperativa San Cayetano". Lo deduce del doc. núm. 6 del ramo de prueba de la empresa. El motivo no puede prosperar por lo siguiente: En primer lugar, en cuanto al total recolectado, en el HP 12º se da por reproducidas "las hojas de producción del referido periodo en las distintas fincas de la empresa, dentro del bloque documental 6 del ramo de la empresa", por tanto, el extremo que trata de introducir se da por reproducido en el propio HP. Respecto al contenido de las órdenes de trabajo, carecen de trascendencia modificativa del fallo, pues lo que se sanciona es que el trabajador no ha alcanzado el rendimiento que, según la empresa, era exigible. También se refiere a la prueba testifical que, como ya hemos dicho, no es revisable por la Sala.

4. Supresión del hecho probado Décimo Sexto.

Argumenta la parte recurrente que la prueba videográfica no podía admitirse por no reunir los requisitos ni para su grabación -vulneración del derecho a la intimidad y protección de datos-, no se hacía referencia a la misma en la carta de despido y se refiere a días de enero de 2023, mientras que se sanciona por hechos cometidos en febrero y marzo de 2023.

La parte impugnante se opone porque consta firmada por el trabajador la comunicación efectuada por la empresa informándole de la existencia de cámaras al doc. 8 de la parte empresarial, folios 153 y 153.

En realidad, la parte no pretende la simple modificación de un HP, sino que sostiene la nulidad de un medio de prueba, lo que debía haber hecho a través de la vía procesal adecuada, art. 193 a) LRJS.

En todo caso, la parte actora no impugnó la prueba videográfica al tiempo de su admisión (ex art. 87.2 LRJS, en relación con el art. 429 y 446 LEC).

En dicho sentido, conviene recordar que el art. 287 LEC, de aplicación supletoria ex DF 4ª LRJS, establece lo siguiente: "1. Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos fundamentales habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás partes. Sobre esta cuestión, que también podrá ser suscitada de oficio por el tribunal, se resolverá en el acto del juicio o, si se tratase de juicios verbales, al comienzo de la vista, antes de que dé comienzo la práctica de la prueba. A tal efecto, se oirá a las partes y, en su caso, se practicarán las pruebas pertinentes y útiles que se propongan en el acto sobre el concreto extremo de la referida ilicitud."

Por tanto, no habiendo alegado la parte actora la ilicitud de la prueba videográfica en el momento procesal oportuno, no se practicó prueba sobre su legalidad, ni constan en la sentencia datos fácticos que nos permitan resolver sobre la presunta ilegalidad aplicando los criterios jurisprudenciales sentados, entre otras, en la STS 14-1-2025, r. 5248/2023.

En consecuencia, el relato de hechos de la sentencia recurrida queda incólume ya que:

1ª) Las características del Orden Social de la Jurisdicción exigen al Juez de Instancia la construcción de un relato de hechos probados suficiente, no solo para la Sentencia que debe dictar, sino también para el órgano de Suplicación a la hora de resolver el Recurso. Ahora bien, la construcción judicial fáctica no tiene por qué ser extenuante en el sentido de que el Juez de Instancia tenga que recoger en su crónica todos y cada uno de los documentos y demás medios probatorios aportados por los litigantes y si, únicamente, aquellos que considere de trascendencia para resolver el debate.

2ª) En cumplimiento de lo anterior y con amparo en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el Magistrado de Instancia ha dado por probados aquellos hechos que consideró esenciales para dictar Sentencia, la cual es producto de un examen racional, comparativo y crítico de todo el conjunto probatorio que se puso a su disposición.

3ª) Esta Sala ha fijado una Doctrina constante conforme a la cual no es sustituible el imparcial criterio alcanzado por el Magistrado de instancia, por el más subjetivo de parte en legítima defensa de sus intereses (S.T. Sala de lo Social del T.S.J. de Murcia de 10/11/2020. Rec. 101/2019).

TERCERO:Motivo del Recurso por Infracción de las normas jurídicas o de la Jurisprudencia al amparo del artículo 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social.

Con carácter previo, debemos tener en cuenta que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos:

A)Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B)Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C)Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

D)Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

En atención a ello, la parte recurrente entiende que la sentencia de instancia incurre en infracción de los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores, así como del artículo 24 de la Constitución. Subsidiariamente, alega la vulneración del art. 46 del Convenio Colectivo Agrícola, Forestal y Pecuario de la Región de Murcia, porque se castiga como falta grave la disminución en el rendimiento laboral, no computando la anterior sanción a efectos de reincidencia porque no desplegó efectos jurídicos.

Esta Sala ya se ha pronunciado con anterioridad en cuatro asuntos análogos al actual, concretamente en las sentencias de 17/06/2025, dictada en el RSU 318/2025, y de 17/09/2025 dictada en los RSU 316/2025 y 379/2025 RSU, así como la dictada el 23/9/2025, RSU 479/2025.

En ellas se venía a razonar lo siguiente: "Con amparo en el apartado c) del artículo 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , la parte trabajadora recurrente formula tres motivos de recurso (quinto a séptimo) que por estar íntimamente relacionados examinaremos conjuntamente.

En el primer motivo denuncia la vulneración del art. 54 y 55 ET , así como del art. 24 CE , por entender que a la vista de las modificaciones propuestas no existe la disminución de rendimiento imputada, ni transgresión de la buena fe que, en todo caso, no se esgrimió en la carta. Considera que no existe un elemento de comparación para llegar a la conclusión de la existencia de una disminución pues el trabajador no estaba sujeto a pacto sobre rendimiento, a diferencia de años anteriores, no siendo comparable su productividad con la de los trabajadores que prestan servicios en cuadrillas a incentivos. En todo caso, en el sistema de trabajo de la empresa, considera que debe estarse al cumplimiento de las órdenes de trabajo de la cooperativa, y en este caso, únicamente se han incumplido durante seis días no consecutivos llegándose a recolectar en los demás días, un número de piezas igual o superior al establecido en la orden de trabajo, siendo el periodo en que se imputan los incumplimientos muy breves, 10 días, por lo que no puede apreciarse un incumplimiento continuado. También alega la falta de perjuicio a la empresa.

Subsidiariamente, alega la vulneración del art. 46 del Convenio Colectivo Agrícola , Forestal y Pecuario de la Región de Murcia, porque se castiga como falta grave la disminución en el rendimiento laboral, no computando la anterior sanción a efectos de reincidencia porque no desplegó efectos jurídicos.

Por último, también de forma subsidiaria, denuncia la infracción de la teoría gradualista, porque la sentencia no ha valorado las circunstancias del trabajador, en concreto, la prestación de servicios durante 5 años sin incidencias; el que la cuadrilla cumpliera con los pedidos requeridos por la SAT San Cayetano. Insiste en que se valora un periodo de tiempo insuficiente para revestir gravedad, sin que se acrediten perjuicios y aplicando una reincidencia de una falta que no puede computar pues fue recurrida finalizando el procedimiento por instrucciones del Juzgador "a quo" por una supuesta carencia sobrevenida de objeto, siendo la sanción absolutamente desproporcionada.

La sentencia recurrida estima la procedencia del despido porque da por acreditados los hechos imputados pues siendo conocedor de las normas de la empresa que no se cuestionan ni se impugnaron y siendo advertido constantemente de ello, no se ajustó a los parámetros indicados.

CUARTO. - Decisión sobre el fondo.

Dispone el artículo 54.1 Estatuto de los Trabajadores que "El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador", recogiendo en el apartado siguiente aquellos incumplimientos tienen suficiente gravedad para justificar el despido del trabajador.

Los convenios colectivos suele concretar aquella previsión legal, recogiendo un elenco de conductas constitutivas de infracciones y su graduación, de tal modo que difícilmente un incumplimiento grave y culpable imputable al trabajador puede quedar fuera de dichas previsiones, reservándose el despido para aquellas que adolecen de mayor gravedad y culpabilidad, circunstancias que concurren cuando el trabajador incurre en el incumplimiento de aquello que es debido de forma clara y directa (gravedad), presentando una actitud voluntaria y consciente (culpabilidad), en la que "puede incurrir tanto de forma intencional, dolosa, con ánimo deliberado y consciente de quebrantar la buena fe y lealtad depositada en el trabajador por la empresa, como por negligencia, imprudencia o descuido imputable a aquél, ya que el mencionado precepto sólo exige y requiere la concurrencia de un incumplimiento grave y culpable y no un deliberado y consciente propósito de conculcar el deber de lealtad y buena fe" ( STS 30-4-1987 , RJ 1987\2841), sin que sea necesario que se ocasione un grave perjuicio a la empresa ( STS 19 julio 2010 ) pues, en ocasiones, es la confianza debida la que resulta mermada, lo que no admite graduaciones. En todo caso "elementales principios de justicia exigen una perfecta adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, con pleno y especial conocimiento del factor humano" ( STS de 21-marzo-88 [ RJ 1988, 2333] ), "de tal forma que en la valoración de esta conducta no cabe emplear nuevos criterios objetivos, sino que han de ponderarse de manera particularizada todos los aspectos concurrentes (subjetivos y objetivos), aplicando un planteamiento que no sólo sea individualizador y por ello valorativo de las peculiaridades de cada caso concreto, teniendo en cuenta los antecedentes y circunstancias coetáneas, sino que enjuicie la infracción de manera gradualista y buscando la necesaria proporción ante la infracción y sanción" (STSJ CLM 30-9-2003, RS 1199/2003).

En el plano normativo, el Convenio Colectivo Agrícola, Forestal y Pecuario de la Región de Murcia dispone:

-Art. 46 C. son faltas graves:

"(...) 6. El incumplimiento de la ordenes o instrucciones de los superiores, cuando no sea repetido o no se ocasionen por su causa perjuicios a la empresa o a terceros. (...)

10. La voluntaria disminución en el rendimiento laboral o en la calidad del trabajo realizado".

-En el Art. 46 D. 3. se describe como falta muy grave:

"... 2. La indisciplina o desobediencia.

3. La reiteración de falta grave dentro del periodo de un mes siempre que aquéllas hayan sido sancionadas. (...)".

En síntesis, si bien es cierto que el convenio colectivo tipifica como falta grave el descenso del rendimiento laboral, no es menos cierto que el art. 46.D. 3 del convenio colectivo, recoge como falta muy grave, sancionable con el despido, la reincidencia en falta grave en el periodo de un mes. Y el art. 46.C.6. tipifica como falta grave el incumplimiento a las órdenes, cuando no sean repetidas, por lo que la desobediencia constitutiva de falta muy grave que se tipifica en el artículo 46 D.2. es aquella que sea reiterada.

Descendiendo al examen del supuesto de hecho que nos ocupa, debe partirse de los siguientes datos fácticos:

1.El actor ha venido prestando servicios para la empresa demandada como fijo discontinuo y en noviembre de 2019 inició una nueva relación laboral.

2. El trabajador presta servicios integrado en una cuadrilla de 13 trabajadores que se dedican a la recogida de apio.

3. En las campañas de 2020-2021 y 2021-2022 se pactó sistema de trabajo a incentivos, siendo la retribución en función de las plantas que recolectaban.

4. En la campaña 2022-2023 no se logró acuerdo, pero algunos interesaron trabajar a rendimiento por lo que se hicieron dos cuadrillas, una a rendimiento y otra por quienes no se acogían a ese sistema. El actor prestaba servicios en esta última cuadrilla.

5. Por la empresa se apreció que el rendimiento había disminuido por lo que analizó los datos de producción de 2020 a 2022 y, finalmente, el 27 de enero de 2023 fijó como cantidad mínima a recolectar por persona en jornada de 8 horas, la de 1.250 piezas, lo que comunicó a los trabajadores, entre ellos el actor.

6. La cuadrilla del actor no alcanzó en la semana del 9 al 15 de febrero de 2023 el referido umbral mínimo, por lo que la empresa le dirigió burofax el 17-2-2023 comunicándoles dicho hecho y advirtiéndoles de la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias.

7.La semana del 20 al 24 de febrero de 2023 la cuadrilla del actor no alcanzó los umbrales mínimos de rendimiento procediendo a la empresa a imponerles una sanción de tres días de suspensión de empleo y sueldo dos por falta grave que fue impugnada judicialmente finalizado el procedimiento por archivo. (HP 11º y falta de controversia).

8.La semana del 27 de febrero al 10 de marzo la cuadrilla del actor tampoco alcanzó los umbrales mínimos de recolección, siendo el promedio de recogida, el que se recoge en el hecho probado 12º.

9. Al actor se le despidió, conforme consta en la carta de despido reproducida en el HP 13º, por no alcanzar el rendimiento mínimo fijado por la empresa de 1250 piezas diarias en una jornada de 8 horas en los días 27 de febrero de 2023 a 3 de marzo de 2023 y del 6 de marzo al 10 de marzo de 2023 (HP 3º), pese a haber sido requerido para ello y tras haber sido sancionado por los mismos hechos en el periodo del 20 al 24 de febrero de 2023 por una falta grave.

En definitiva, ante el descenso de rendimiento de los trabajadores respecto de otros años, la empresa llevó a cabo una consulta a personal externo, concluyendo que el rendimiento mínimo diario exigible a los trabajadores era de 1.250 piezas de apio en una jornada de 8 horas, lo que fue comunicado a cada uno de los trabajadores -entre ellos, al actor-, sin que, a diferencia de otros supuestos examinados por los tribunales (entre otras, STS 3-7-2020, rcud 217/2018 que declaró la nulidad de la cláusula contractual que fijaba un rendimiento mínimo a los capatadores de MSF), se haya cuestionado dicha decisión empresarial.

Por tanto, como quiera que el trabajador actor no alcanzó dicho rendimiento mínimo en el periodo del 9 al 15 de febrero de 2023, la empresa le efectuó un requerimiento en dicho sentido y como siguió sin alcanzarlo en el periodo del 20 al 24 de febrero de 2023, le impuso una sanción por falta grave que si bien consta impugnada judicialmente, es pacífico que el proceso terminó por desistimiento del actor, por lo que dicha sanción no fue revocada. En el periodo del 27 de febrero al 10 de marzo de 2023, dentro del mes siguiente a la primera sanción por falta grave, el actor recogió el número de piezas que se describe en el HP 2º, lo que no se ha cuestionado, por lo que no alcanzando el mínimo exigido por la empresa, de modo que nos encontramos ante una nueva falta por descenso del rendimiento, o por "desobediencia", que podría ser calificada como falta muy grave, bien por reincidencia (art. 46.D.3) bien como "desobediencia" (art. 46.D.2), lo que determina la confirmación de la sentencia recurrida.

Consideramos que no es óbice dicha conclusión, que el periodo en el que el trabajador incumplió de forma reiterada y continua la orden de alcanzar un rendimiento diario mínimo fuera de 10 días -lo que a juicio del recurrente es muy reducido-, pues el convenio colectivo no establece un mínimo de días para considerarlo "descenso del rendimiento" o "desobediencia", por lo que donde la norma no distingue tampoco debe hacerlo el intérprete de la norma".

Con las particularidades que pueda haber en el presente caso, la solución debe ser la misma pues los hechos son sustancialmente iguales, lo que nos lleva a la desestimación del recurso por inexistencia de las infracciones jurídicas denunciadas por la parte recurrente, quedando confirmada la sentencia de instancia.

Sin costas ( artículo 235 LRJS) .