Sentencia Social 329/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 264/2025 de 02 de mayo del 2025

PRIMERO.- La empresa "Merkal Calzados SLU" (en adelante "Merkal") impuso a la Sra. María Cristina como sanción por falta muy grave la pérdida de empleo y sueldo de 15 días mediante comunicación que le dirigió el 10/5/24 por hechos ocurridos a lo largo del mes de marzo anterior.

La trabajadora presentó demanda contra esa decisión ante el juzgado de lo social nº1 de Zaragoza, solicitando que se declarase nula, con los consiguientes efectos, y su reconocimiento a indemnización por lesión de derechos fundamentales, cifrada en 7501 euros. De forma subsidiaria, se revocase la sanción.

Dictada sentencia desestimatoria en fecha 15/1/25, la actora ha recurrido en suplicación con amparo en los apdos. b) y c) del art. 193 LRJS.

SEGUNDO.- Solicita en revisión del relato fáctico:

1º) Suprimir el sexto hecho declarado probado. Alega como fundamento de esta petición que la única prueba en que se ha basado la juzgadora de instancia para fijar el contenido de ese apartado del relato fáctico ha sido deducido de la declaración testifical prestada por la trabajadora sobre la que la recurrente ejerció las conductas que han dado lugar a la sanción controvertida en el presente proceso. Según el recurso la empresa también debió haber presentado otros testigos, como el de una compañera de trabajo que figura citada en ese mismo sexto hecho declarado probado o el del presidente del comité de empresa.

La supresión solicitada a la Sala se desestima. No se basa en prueba pericial o documental, requeridas en el apdo. b) del art. 193 LRJS, y por otra parte lo que se pretende a través de esa revisión supone en realidad cuestionar el crédito dado por la juzgadora de instancia a la prueba indicada. A ello cabe añadir que, si el recurso entiende que los testimonios referidos en ese apartado del relato fáctico eran relevantes para enervar las infracciones que se atribuían a la Sra. María Cristina, bien pudo esa parte procesal haber pedido su práctica en juicio y no lo hizo.

2º) Suprimir el séptimo hecho declarado probado. El planteamiento de esta petición es el mismo que en el caso anterior: se cuestiona que el contenido de ese apartado del relato fáctico se haya basado en el testimonio de la trabajadora que la empresa considera ofendida y que "Merkal" no haya aportado otros testimonios adicionales al acto del juicio.

La respuesta que procede dar a esta petición forzosamente ha de ser la misma que en el caso anterior. Se desestima la revisión.

3º) Suprimir el octavo hecho declarado probado. De nuevo se sustenta esta petición en los mismos argumentos que en los casos anteriores: insuficiencia de la declaración testifical propuesta por la empresa y falta de aportación de la grabación de las cámaras de "Merkal" donde pudieran haber quedado recogidos los hechos que se atribuyen a la recurrente.

Reiteramos lo dicho con anterioridad, ampliando en este caso que la indicación relativa a la necesidad de haber contado con varias pruebas testificales y con la grabación de determinadas imágenes no es coherente con el que la parte recurrente no requiriese la práctica de esa prueba. Se desestima la revisión.

4º) Respecto al décimo hecho declarado se alega que la mención que en él se efectúa a que "la empresa recibió el 4/3/24"la denuncia realizada el día 28 del anterior mes de febrero resulta superflua, por lo que debe suprimirse. Respecto a que el 27 de marzo la empresa recibió la ampliación de la denuncia formulada el 20 de ese mes también se debe suprimir, de modo que el texto final de ese décimo apartado del relato fáctico quede en estos términos: "La empresa recibió el día el 27 de marzo la ampliación de la denuncia formulada el 20 de marzo que se refiere a los hechos sucedidos el día 4 de marzo, aunque tales hechos fueron conocidos por la empresa por comunicación expresa de la denunciante a su encargado en el momento en el que sucedieron. Copia de la denuncia obra en autos."

La revisión no prospera. Tampoco en esta ocasión cuenta con prueba documental o pericial que la avale de modo directo y sin objetividad; ninguna de esta clase de pruebas figura invocada en ese fin.

TERCERO.- La parte recurrente expone en el único motivo dos infracciones jurídicas distintas. Por un lado: infracción del art. 376 LEC como consecuencia de la errónea valoración de la prueba efectuada por la juzgadora de instancia, por exceso de crédito atribuido a la testigo de la empresa y merma del que hubiese debido dar al testigo de la actora. Por otra parte, infracción del art. 114.3 LRJS, ya que en el acto del juicio aportó indicios de lesión de derecho fundamental de la Sra. María Cristina y la empresa no los desvirtuó, de modo que debe apreciarse la nulidad de la decisión sancionadora de "Market".

Se opone la empresa en su escrito de impugnación de recurso, destacando la argumentación que contiene el primer fundamento de derecho de la sentencia atacada en cuanto a los motivos que han llevado a la juzgadora de instancia a considerar verosímil la declaración testifical de Dª Bibiana, así como que el art. 376 LEC que el recurso dice infringido acuerda que los órganos judiciales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica.

Como hemos dicho, son dos las críticas que el recurso invoca en el motivo al que ahora damos respuesta. Tal proceder es contrario a los mandatos del art. 196.2 LRJS, según el cual se deben articular tantos motivos de suplicación como cuestiones jurídicas autónomas se susciten en recurso. Por tanto, las dos indicadas críticas debieron haberse planteado en motivos independientes. No obstante, pasamos a darles respuesta.

CUARTO.- Acuerda el art. 376 LEC: "Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado".

Por su parte el art. 92.2 LRJS dispone que "Los testigos no podrán ser tachados, y únicamente en conclusiones, las partes podrán hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones".Conforme indica el auto TS (1ª) de 4/2/15 (rec. 657/13): "El resultado de la tacha sólo afecta a la valoración que en la sentencia se haga de la declaración del testigo, al igual que sucede con las circunstancias que el testigo haya reconocido al contestar a las preguntas del art. 367.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que el epígrafe del precepto califica como "preguntas generales al testigo": si tiene relación con la parte, interés en el asunto, etc,) pues la tacha sólo pretende acreditar las circunstancias que afectan a la imparcialidad del testigo para el caso de que éste no las reconozca al ser interrogado".

Conforme a estos preceptos descartamos la crítica efectuada en recurso respecto a la valoración de la prueba testifical practicada a instancia de la empresa. Por una parte, no consta que en el acto del juicio se formulase objeción alguna a la testigo de la empresa. Por otro lado, ese testimonio resultaba especialmente cualificado para conocer la realidad de lo acontecido, en cuanto procedía de la persona que tenía la condición de sujeto pasivo de las conductas reprochadas a la hoy recurrente y en algunos casos la única que presenció los hechos (caso de los narrados en los hechos declarados probados séptimo y octavo). Adicionalmente, la juzgadora de instancia ha dado cumplida cuenta en su sentencia de las razones por las que ese testimonio ha resultado verosímil y en tal sentido indica que el hecho de que la testigo considerase justa la sanción impuesta a la recurrente no suponía una motivación ilegítima que pudiera viciar su testimonio, además de que su relato había sido coherente en el tiempo y resultaba acorde "en la parte que corresponde con las fotografías aportadas a los autos acerca del incidente a la salida del trabajo el día 3 de marzo",frente a lo cual la Sra. María Cristina "no acredita un relato de hechos distinto, ni practica prueba suficientes para desvirtuar el testimonio señalado y tan siquiera justifica el porqué de los actos que recogen las fotografías aportadas".

Se descarta la existencia de infracción del art. 376 LEC.

QUINTO.- El artículo 114 LRJS, que el recurso dice infringido, establece:

"Impugnación de sanciones.

1. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta mediante demanda, que habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103.

2. En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.

3. Corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanción. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deberán ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios."

El recurso no precisa a cuál de los tres apartados de este precepto se refiere, aunque hemos de entender se trata del tercero, pero lo cierto es que en él no se hace cita del reparto de la carga de la prueba en los procesos de tutela de derechos fundamentales, como es el presente. La recurrente manifiesta que "aportó los indicios suficientes como lo fue el procedimiento penal existente por estos mismos hechos y el escrito de acusación formulado por la testigo entre la actora y otras personas, así como la prueba testifical propuesta".Más adelante sigue diciendo el recurso que la empresa no ha probado la realidad de las acciones que imputa a la actora, al haber hurtado al proceso los medios necesarios de los que disponía para acreditarlos, de modo que la carga de prueba de los hechos atribuidos a la trabajadora no se pueden considerar cumplida.

Distinguimos en estas manifestaciones dos aspectos. El primero se refiere a la prueba de los hechos determinantes de la sanción, los cuales han quedado acreditados, conforme resulta del relato fáctico que ha permanecido intacto pese a su intento de revisión, momento en el que ya hemos expuesto las razones por las que esa revisión no procedía sin que requiera ulterior explicación.

El segundo aspecto afecta a lo que el recurso considera indicio de lesión de derechos fundamentales de la actora, lo que se identifica con el haber promovido Dª Bibiana unas actuaciones penales contra la trabajadora promotora del presente pleito como consecuencia de los hechos que constan probados en los apartados sexto a octavo del relato fáctico. Es altamente significativo que el recurso no llegue a identificar en ningún momento cuál es el derecho fundamental de los comprendidos en los apartados 15 a 29 CE que considera lesionados. Desde luego no lo es el promover actuaciones penales por hechos que se consideran delictivos y que como tales han sido admitidos a trámite por el órgano jurisdiccional competente. Si, en hipótesis, lo que se quería decir es que exista lesión del derecho de huelga de la recurrente, lo cierto es que este derecho ni se cita en recurso, ni podría en ningún caso apreciarse la concurrencia de indicios de lesión del mismo a la vista de los repetidos hechos declarados probados sexto a octavo.

SEXTO.- En el último motivo de recurso se vuelven a mezclar dos cuestiones distintas. De un lado se sostiene que los hechos determinantes de la sanción impuesta no pueden considerarse muy graves; de otro se defiende que las hipotéticas sanciones que pudieran corresponder a esas infracciones estarían prescritas.

El escrito de impugnación de la empresa rechaza estas posturas, defendiendo la existencia de hostigamientos e insultos raciales hacia la Sra. Bibiana que resultan inaceptables, tanto en situación de huelga como fuera de ésta, con la consiguiente tipificación adecuada de esas conductas a efectos de sanción. En cuanto a la prescripción del derecho a sancionar lo rechaza, incidiendo en que fueron las comunicaciones que le remitió la Guardia Civil la circunstancia que le permitió conocer la totalidad y gravedad de los hechos y ejercer su poder disciplinario.

SÉPTIMO.- No cuestiona la parte recurrente la aplicación en este caso del Acuerdo para la sustitución de la Ordenanza de Comercio (BOE 9/4/96), cuyo art. 16 tipifica las faltas muy graves, incluyendo en su apartado 9 "Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y consideración a los Jefes o a sus familiares, así como a los compañeros y subordinados".

No tenemos duda en cuanto a la adecuada aplicación de este precepto. No puede haber justificación alguna en cuanto a la burla manifiesta que supuso para la Sra. Bibiana la conducta que describe el sexto hecho declarado probado sexto. Tampoco para la descalificación ideológica que supuso el comentario que le susurró al oído en los términos que describe el séptimo hecho declarado probado. Ni en el despectivo calificativo de "zorra"que le dirigió, sin venir a cuenta de ninguna polémica que pudiera permitir apreciar que en el momento de proferir ese insulto la recurrente no era responsable de lo que hacía, como tampoco en las repetidas provocaciones que narra el octavo hecho declarado probado, lo que revela es una conducta de no saber soportar la disidencia, pese a que se trata de un valor necesario en toda sociedad democrática, en general, y, en particular en el ámbito laboral

La calificación como infracción muy grave del descrito proceder es conforme a Derecho.

OCTAVO.- La sanción correspondiente no está prescrita. De entrada hay que destacar que el recurso no indica qué precepto fundaría esa prescripción, lo que basta para desestimarlo.

Adicionalmente, su planteamiento va dirigido a sostener que cada uno de los hechos cometidos por la recurrente ha de ser objeto de consideración individualizada, cuando no es así, sino que lo que se toma en cuenta es la conducta continuada de esos hechos, los cuales han conducido a la Sra. Bibiana a un estado de malestar determinante de su decisión de causar baja voluntaria en la empresa, decisión adoptada en el contexto actual de las dificultades laborales para encontrar empleo y que razonablemente ha de relacionarse con la situación de malestar psíquico del que habla el décimotercer hecho declarado probado.

Fue cuando la empresa tuvo cabal conocimiento de la totalidad de esos hechos y de su gravedad (HDP 10) cuando adoptó la resolución sancionada de fecha 10/5/24 cuestionada en este proceso, aplicándose el art 60. 2 ET: "Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido".

En el caso presente el conocimiento detallado de los hechos constitutivos de infracción lo obtuvo la empresa mediante la comunicación que le dirigió la Guardia Civil el 27/3/24 y la sanción disciplinaria se acordó por carta de 10/5/24, entregada a la hoy recurrente ese mismo día. Entre ambas fechas no transcurrieron 60 días.

El recurso se desestima.

NOVENO.- No procede la imposición de costas, dado el beneficio de justicia gratuita del que goza la parte recurrente ( art. 235.1 LRJS) .

En atención a lo expuesto,