Sentencia Social 34/2026 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1662/2025 de 20 de enero del 2026

PRIMERO.- 1.En la demanda origen del procedimiento la parte actora solicita que se declare improcedente el despido por causas objetivas del que había sido objeto, como consecuencia del cálculo incorrecto de la indemnización por parte de la empresa demandada, pero en el Fundamento de Derecho Primero de la sentencia del Juzgado de lo Social figura que la actora ejercita la acción a fin de que se le abone la cantidad de 4.194,40€ por el concepto de diferencia de indemnización por despido. La trabajadora considera que la empresa debió incluir dos cantidades más (92,97€ y 1.000€) abonadas en las nómicas de junio y abril, a la hora de calcular el salario bruto fijo anual sobre el que cuantificar la indemnización, que se vería incrementada en los 4.194,40€ que reclama.

Ante la desestimación de la demanda recurre en suplicación al amparo de los motivos previstos en los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LJS) , para revisar Hechos Probados y examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Solicita de la Sala sentencia que revoque la de instancia y condene a la demandada al pago de 4.194,40€ más intereses.

La empresa demandada defiende el acierto de la sentencia dictada y solicita la desestimación del recurso.

Es objeto de recurso la interpretación del Acuerdo firmado el 3/12/2021 entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, por el que ponían final al periodo de consultas en el procedimiento colectivo de despido, modificación sustancial de las condiciones de trabajo y movilidad geográfica de Unicaja Banco SA, en la parte que trata de la indemnización por despido, y la aplicación en el despido de la demandante llegado el 31/1/2025.

2.En el primer motivo de recurso la parte actora propone modificar el Hecho Probado Segundo de la sentencia dictada para añadir parte del texto del Acuerdo de 3/12/2021. En ese Hecho la Magistrada recogió parte del contenido del Acuerdo de 3/12/2021 que puso fin al periodo de consultas en el procedimiento de despido colectivo, movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo, previsto en los artículos 51, 40 y 41 del ET, que Unicaja Banco SA había iniciado el 20/9/2021. La trascripción parcial del Acuerdo llega a ese ordinal de la sentencia precedido de la advertencia de que una copia del mismo forma parte de la prueba documental y que su contenido se da íntegramente por reproducido.

Señala como soporte de la revisión el documento 3 de su ramo de prueba, que identifica con el Acta final del Acuerdo del periodo de consultas del expediente de procedimiento colectivo, firmada el 3/12/2021. Se trata del mismo documento aportado por la contraparte como documento 1. El Acta consta de un apartado de antecedentes y varios capítulos, el primero, titulado "afectación y extinción de contratos" consta de varios apartados, el I "número de persona afectadas y plazo de ejecución de medidas", es el que la parte recurrente quiere incorporar al texto del Hecho Probado Segundo. La sentencia omite ese primer apartado y empieza la trascripción del Acuerdo con el apartado II "criterios de designación de las personas trabajadoras".

En aquel apartado I el acuerdo recoge que 1.513 será el número máximo de personas trabajadoras afectadas por el despido colectivo; que sin perjuicio de que en algunos capítulos se indique otra fecha, el plazo general de ejecución de las medidas del Acuerdo llegaría hasta el 31/12/2024; que corresponde al Banco fijar la fecha de extinción del contrato de trabajo para cada persona afectada por el despido colectivo y la de la aplicación de la medida de movilidad geográfica.

Defiende la utilidad del texto propuesto en la necesidad de demostrar que, a efectos del cálculo de la indemnización por despido, resulta erróneo excluir conceptos del salario bruto fijo anual porque no estuvieran incluidos en el Acuerdo de la comisión de seguimiento, cuando el propio Acuerdo lleva el plazo de ejecución de la medida hasta el mes de diciembre de 2024.

La demandada opone a este primer motivo de recurso lo intrascendente de la modificación pues, aunque los despidos se podían ejecutar hasta el mes de diciembre de 2024, nada impide que se tenga en cuenta la interpretación efectuada en enero de 2022 por la Comisión de seguimiento del Acuerdo, cuando los dos conceptos que la demandante pretende incluir en el cálculo no son fijos sino extraordinarios y variables, condiciones que los excluyen de aquel concepto de salario bruto fijo anual a tener en cuenta para determinar el importe de la indemnización por despido según el texto del Acuerdo.

En vía de suplicación se podrán revisar los hechos probados a la vista de concretas pruebas documentales (o periciales) que el recurrente señale de manera suficiente (artículos 193 b y 196.3 LJS) . El punto de partida para que prospere un motivo de recurso como este está en la denuncia de que algún extremo de la declaración de hechos probados resulte equivocado por exceso o por defecto; ello seguido de la concurrencia de determinados presupuestos fijados por la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que ha elaborado una serie de precisiones en torno a la revisión de hechos probados, una de ellas la que tiene que ver con el caso que nos ocupa, y que se erige en causa de desestimación de este primer motivo de suplicación. Se trata de que no exista el hecho probado en sí, pues si existe en los hechos probados constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia. ( SSTS 13/11/2007 rec. 77/2006, de 16/4/2014 rec. 57/2013, de 18/3/2014 rec. 125/2013, de 9/2/1996 rec. 2429/1994, de 28/6/2013 rec. 15/2012, 20/4/2015 rec. 354/2014, de 7/7/2016 rec. 174/2015, de 9/1/2019 rec 108/2018, de 21.10.2021 rec 143/2020, de 27.6.2024 re.216/2022, de 9.7.2024 rec. 234/2022).

La sentencia de instancia da por reproducido íntegramente el Acuerdo. Esa circunstancia permite a la Sala contar con todo su extenso contenido, sin necesidad de introducirlo en la narración histórica de la resolución judicial. Mediante la práctica de "dar por reproducido", el documento en cuestión queda incorporado al relato de hechos probados, en el sentido de que en la fecha que figura en el mismo, la persona o personas que lo firman lo dotan del contenido que ahí figura. Además, esa práctica pone de manifiesto que la Magistrada del Juzgado tuvo en cuenta el documento, esto es, que estuvo entre las pruebas que apreció, y que le ha dado certeza sobre los hechos, pues en el texto de la sentencia está expresamente valorada como prueba con tal alcance.

SEGUNDO- 1.En el motivo de recurso basado en censura jurídica la recurrente denuncia la infracción del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ( ET), relativo al expediente de regulación de empleo, y el 1258 del Código Civil ( Cc) sobre perfeccionamiento de los contratos, la obligación de cumplir lo pactado y las consecuencias que nacen de los mismos.

Argumenta que las dos partidas que pretende incluir en el salario bruto anual para calcular la indemnización por despido tienen naturaleza salarial. Afirma que la partida de 1.000€ incluida como Disposición Adicional está previstas en el Convenio colectivo para el año 2024 y no por ser de aparición posterior al Acuerdo que cerró el procedimiento de despido colectivo queda excluida del cómputo, cuando la literalidad del criterio de cálculo recogido en el Acuerdo no precisa de interpretación alguna, esto es, se toma el salario bruto fijo anual constituido por el salario percibido en metálico por la trabajadora en los doce meses anteriores a la extinción del contrato, excepto las partidas de naturaleza indemnizatoria o compensatoria. Afirma, también, que la misma naturaleza salarial tiene el pago establecido en el artículo 42.5, que constituye una cláusula de garantía de las cantidades absolutas para cada nivel retributivo, como consecuencia de la aplicación de incrementos porcentuales a las mensualidades y gratificaciones del Convenio. Refuerza esa tesis con el argumento de que la empresa sometió ambas partidas a la retención correspondiente a IRPF, lo que no habría procedido de tener naturaleza indemnizatoria. Y pone en valor cierto acto de empresa y representación legal de los trabajadores, consistente en que en diciembre de 2023 acordaron que en el año 2024 se abonaría el llamado "complemento acuerdo 2023", que vio incluido en la nómina de enero de ese año, y el "plus incentivo" abonado en la de junio, por importes respectivos de 1.200 y 570,76€, y pese a ello no pretende se tengan en cuenta para el cálculo del salario regulador porque aquellas partes expresamente acordaron que no se incluirán en la determinación de la indemnización por despido .

La demandada opone que interpretado el Acuerdo por la Magistrada de instancia la Sala queda vinculada por el resultado, pues la interpretación es lógica, racional y deriva de los hechos probados. Para apoyar esta afirmación sobre el límite de la Sala frente a la interpretación hecha en la instancia cita sentencias del TS, las dictadas en los recursos 240/2018, 159/2018 y 206/2019. Añade que la cita normativa y la fundamentación de la censura jurídica por parte de la recurrente no es todo lo completa que debiera.

El artículo 196.2 de la LJS exige al recurrente que en el escrito de interposición del recurso cite las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que considere infringidas en la sentencia recurrida. El recurrente cita como tal el artículo 51 del ET (Despidos colectivos),precepto que consta de once apartados, la recurrente no especifica qué punto del mismo es el infringido y tampoco fundamenta la alegada infracción; y el artículo 1258 del Cc, que forma parte del Capítulo destinado a recoger las disposiciones generales en materia de contratos y dice "los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley".A distinto Capítulo pertenecen las normas reguladoras de la interpretación de los contratos, recogidas en los artículos 1281 a 1289, con las que sí tiene que ver la verdadera fundamentación del recurso. En evitación de lo que el TS llama "formalismo enervante",resultando claro que la recurrente trae al recurso la aplicación de las reglas sobre interpretación y aplicación del Acuerdo colectivo, damos respuesta a la cuestión de fondo planteada, pues si por el carácter extraordinario y cuasi casacional que tiene el recurso de suplicación se entiende justificado el diseño legislativo de los requisitos procesales, como señalo el Tribunal Constitucional (TC) en la 18/1993, y recordó en la 105/2008, desde la perspectiva constitucional lo relevante del escrito de recurso es su contenido, una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinarias del recurso, no autorizan el rechazo a limine del examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas, si el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte.

Dejamos constancia de qué argumenta al TS en las sentencias que invoca la parte recurrida en el escrito de impugnación del recurso para tratar de preservar el sentido desestimatorio de la sentencia dictada a base de sostener la imposibilidad de que la Sala revise la interpretación del Acuerdo efectuada en la instancia. La STS dictada en el rec 240/2018 destaca que "cuando la literalidad de las cláusulas de un contrato sean claras, no son de aplicar otras diferentes que las correspondientes al sentido gramatical, o dicho de otro modo, el art. 1281 CC consta de dos párrafos, que persiguen la doble finalidad de evitar que se tergiverse lo que aparece claro, o que se admita, sin aclarar lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación, en el primer supuesto las palabras empleadas, y en el segundo la intención evidente de los contratantes".La STS dictada en el rec 159/2018 dice "en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los Órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes. Nuestra jurisprudencia viene asignando un valor presuntivamente acertado a la interpretación que los órganos de instancia hayan asumido respecto del alcance del convenio colectivo. La inmediación y valoración conjunta de la prueba con que se dicta la sentencia por parte del iudex a quo se encuentran en la base de tal criterio. Las apreciaciones sobre el sentido y contenido de los pactos colectivos que efectúan los tribunales de instancia han de ser mantenidas salvo que resulten manifiestamente erróneas o contrarias a las disposiciones legales de los artículos 1281 y siguientes del Código Civil ."En ese mismo sentido se pronuncia la STS 682/2019, de 2 octubre, dictada en el rec. 206/2018 (la impugnante dice 206/2019, en lo que parece un error material de identificación del recurso).

2.Para resolver el recurso no podemos tener en cuenta más hechos probados que los así recogidos en la sentencia de instancia, de los que forman parte los textos completos de aquellos documentos que la Magistrada del Juzgado de lo Social dio por reproducidos de manera expresa.

En el relato de instancia encontramos datos numéricos que llaman la atención por el evidente desajuste temporal con los hechos a que se refieren, lo que nos sitúa ante evidentes errores de trascripción o materiales manifiestos, de los que conforme prevé el artículo 297 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, procede la subsanación en cualquier momento.

En el Hecho Probado Primero se dice incorporada la demandante a Caja de Ahorros de Asturias el 16 de noviembre de "2023", seguido de un historial que incluye acontecimientos del año 2011, 2018 y 2021; la fecha correcta es "16 de noviembre de 1993", como figura en las nóminas que aportan ambas partes.

En el Hecho Probado Sexto se dice que la actora percibió en la nómina del mes de abril de "2025" el importe de 1.000€, por el concepto recogido en la Disposición Adicional décimo segunda del Convenio Colectivo 2024-2026. La fecha correcta es "abril de 2024", tal y como figura en los recibos de salario que aportan ambas partes.

Como trabajadora que fue de Liberbank la demandante formó parte de la plantilla de Unicaja Banco SA, con una antigüedad que data del año 1993, hasta ver extinguido el contrato de trabajo el 31 de enero de 2025, en el marco del despido colectivo cerrado con Acuerdo de 3 de diciembre de 2021 con el que empresa y representantes legales de los trabajadores pusieron final al periodo de consultas. En la comunicación de despido a la trabajadora la entidad bancaria especificó que calculaba la indemnización por despido según lo previsto en el apartado cuatro del capítulo I del Acuerdo de 3/12/202, conforme a los artículos 51.4 y 53.1 del ET. No incluyó en el cálculo estos dos conceptos: "1.000€ D.A 12ª Convenio Colectivo 2024-2026" y "92,97€ Artículo 42.5". De haber incluido esas dos partidas en el cálculo, la indemnización habría supuesto 4.194,40€ más de lo abonado.

El Capítulo I del Acuerdo (afectación y extinción de contratos)en su apartado IV (extinción indemnizada)señala que las personas trabajadoras afectadas por el despido colectivo percibirán la indemnización que se establece en función de la edad considerada a 31 de diciembre de 2021 y a la antigüedad señalada en cada caso. Particularidades aparte, que dan lugar a indemnizaciones adicionales y limites establecidos para cada modalidad, las reglas de cálculo son: para trabajadores con 63 años de edad, la indemnización se calcula a razón de 20 días de salario total por año de servicio; para trabajadores con edad comprendida entre los 54 y los 62 años y para trabajadores con edad comprendida entre los 50 y los 53 años, que (en ambos casos) tengan una antigüedad mínima en el Banco de 10 años a 31 de diciembre de 2021, la indemnización se calcula conforme a reglas muy específicas que parten del salario fijo bruto anual; para el resto, la indemnización será de 40 días de salario bruto fijo anual por año de servicio.

En el punto Tercero del apartado IV de ese Capítulo I, el Acuerdo ofrece "definiciones", entre otras la de salario bruto fijo anual, y entiende por tal el percibido en metálico por el trabajador en los doce meses anteriores a la extinción del contrato, con exclusión de los conceptos de naturaleza compensatoria o indemnizatoria.

El Capítulo VI (Comisión de seguimiento) delAcuerdo contempla la creación de una Comisión paritaria que se encargue de la interpretación, aplicación e información sobre todos los aspectos contenidos en el mismo; de velar por el cumplimiento de las medidas establecidas en materia de movilidad funcional y/o geográfica; de velar por el cumplimiento de los compromisos y obligaciones del Acuerdo; de proponer medidas para evitar traslados; de supervisar y hacer el seguimiento de la movilidad geográfica; de conocer la situación y evolución de solicitudes y aceptaciones a la medida de extinción de contrato; de interpretar el Acuerdo en aquellos aspectos que resulten necesarios.

En la tercera reunión, celebrada el 26 de enero de 2022, la Comisión de Seguimiento trata de la aclaración de los criterios interpretativos y por unanimidad aprueba un documento de criterios interpretativos, que deja anexado al acta como documento nº 1. En el apartado 1 (Medidas de extinción del contrato de trabajo)se pronuncia sobre "criterios para el cómputo del salario regulador": reitera la literalidad del texto del Acuerdo acerca de qué se entiende por salario bruto fijo anual; indica que no computan para el cálculo del salario regulador ni por tanto para el de la indemnización, las aportaciones al plan de pensiones y lo percibido por algunos trabajadores como beneficios sociales dada su naturaleza compensatoria; señala que la pérdida o disminución del complemento funcional durante el tiempo que media entra la adhesión a la medida y la extinción del contrato no impactará en el cálculo de la indemnización; añade una relación de conceptos que se toman en consideración para el cálculo del salario regulador, que varían según se trate de empleados procedentes de Unicaja Banco y los procedentes de Liberbank, para estos últimos incluye el salario base, la antigüedad en distintas modalidades, pagas extraordinarias, complementos en distintas modalidades, pluses en distintas modalidades y gratificaciones también en distintas modalidades.

La Magistrada de instancia identifica el concepto "1.000€ D.A 12ª del Convenio colectivo 2024.2026 " con "un pago lineal único y excepcional, no consolidable, no recurrente ni pensionable, de devengo anual, a satisfacer por una sola vez en el año 2024", yel concepto "artículo 42.5" con un "mecanismo de equidad intergeneracional (0,25% sobre ciertas bases), que contribuye a la financiación de pensiones futuras".Descarta incluir el primero en el cálculo del salario regulador porque negociado para los años 2024 a 2026 no estaba presente al tiempo de reunirse la Comisión de Seguimiento ni en el espíritu del Acuerdo. Descarta, también, incluir el segundo por su clara naturaleza compensatoria.

La desestimación de la demanda tiene que ver con la confrontación temporal de Acuerdo y decisión de la Comisión de Seguimiento con la nueva circunstancia introducida en el Convenio de 2024.2026, y con los términos de aquel Acuerdo y decisión confrontados con la naturaleza de la partida del artículo 42.5.

Al Acuerdo que puso fin al periodo de consultas en el expediente de regulación de empleo que acoge el despido de la demandante son de aplicación las reglas de interpretación de los convenios colectivos, dado su natural carácter de acuerdo negociado y colectivo que le reconoce el artículo 28 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, al regular el régimen de adopción de acuerdos en el periodo de consultas de los procedimientos.

Sobre la interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos efectuada por el órgano judicial de instancia y lo que la misma supone en sede de recurso (de suplicación o casación), la Sala de lo Social del TS [entre muchas y por más reciente estamos a la STS 211/2025, de 25 de marzo (rc 208/2023) y a las citadas en la misma] ha precisado que en la antigua línea jurisprudencial, como esa labor de interpretación corresponde a los jueces y tribunales de instancia, generalmente prevalecía el criterio dado por estos órganos jurisdiccionales, a los que se debía atribuir un amplio margen de apreciación, pues ante ellos se había desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes; y que, sin embargo, ha corregido ese criterio y establecido que frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, en supuestos en los que el recurrente cuestiona aquella interpretación, compete a la Sala verificar que la exégesis efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC: y "conclusión de lo anterior es, precisamente, que: a) no puede dotarse a la interpretación efectuada en instancia del carácter de una presunción cuasi-automática de corrección y de ser ajustada a derecho, so pretexto de la proximidad del juzgador de instancia a la prueba practicada y su mayor objetividad sobre el inevitable subjetivismo de las partes afectadas; b) debe aceptarse que la conclusión interpretativa alcanzada por el órgano de instancia puede ser analizada a la luz de los criterios hermenéuticos aplicables para contrastar si han sido bien utilizados."

Sobre qué criterios interpretativos manejar, es conocida la doctrina del TS que está al artículo 3 del Código Civil ( Cc) para la interpretación de las normas, utilizando los clásicos cuatro métodos de interpretación: el literal o gramatical (cuando el sentido de la norma es claro, debe respetarse su redacción literal); el sistemático (consiste en considerar la norma dentro del contexto del ordenamiento, e implica leer el precepto en armonía con el resto del sistema jurídico, evitando contradicciones); el histórico (atender a la génesis de la norma analizada, trabajos preparatorios y negociaciones previas) y el finalista o teleológico (que contempla especialmente la realidad social, el espíritu y finalidad de la norma, la razón de ser del precepto y el objetivo que persigue). Todos utilizables bajo la necesidad de que la interpretación se efectúe siempre conforme a la Constitución, sin que conduzca a resultados discriminatorios o vulneradores de otros derechos fundamentales. Y está a los artículos 1281 a 1289 del Cc para llevar a cabo la tarea interpretativa desde la perspectiva contractual, que imponen el respeto a la autonomía de la voluntad, la primacía de la voluntad de los negociadores, la relevancia superior de la interpretación literal siempre que no sea palmariamente contraria a la intención real de los contratantes, la apreciación sistemática de todo el contrato para interpretar unas cláusulas en función de las otras, la buena fe y el principio de favorecer en lo posible la efectividad del contrato. Todos esos criterios han sido manejados por la jurisprudencia de la Sala Cuarta de forma reiterada [por todas, la nº 1135/2020 de 21 de diciembre (rec 76/2019); 547(2023, de 12 de septiembre (rec. 127/2021); 1335/2024, de 11 de diciembre (rec 253/2022); 1017/2024, de 11 de julio (rec 148/2022); 1160/2024, de 24 de septiembre (rec 226/2022); la ya citada nº 211/2025].

Sobre el papel de la Comisión de Seguimiento, en este caso los negociadores del Acuerdo le asignaron una labor de administración del mismo, y en lo que a interpretación se refiere le encomendaron interpretar "aspectos que resulten necesarios". En esa referencia entendemos implícita la encomienda de un cometido de adaptación del contenido del Acuerdo a los problemas que surjan al aplicarlo, incluso no previstos en el mismo o previstos de manera poco clara. El Acuerdo no le atribuye competencia para regular ni para modificar su contenido, ni siquiera ante actualizaciones normativas o convencionales; por consiguiente, en su cometido interpretativo la Comisión habrá de atenerse a los datos objetivos y prefijados en el Acuerdo, esto es, aplicar materialmente los criterios objetivos ahí establecidos.

TERCERO.-1. En la literalidad del Acuerdo de 3 de diciembre de 2021 la indemnización por despido se calcula a partir del salario bruto fijo anual, y en el mismo texto del Acuerdo se entiende por tal "el salario en metálico recibido por la persona trabajadora afectada en los doce meses anteriores a la extinción del contrato, exceptuando indemnizaciones o compensaciones". Es preciso analizar la naturaleza de los dos conceptos objeto de controversia para determinar si nos encontramos ante salario computable, el artículo 42.5 y la Disposición Adicional 12ª del Convenio colectivo 2024-2026..

En la relación laboral entre las partes se han sucedido los Convenios colectivos para cajas y entidades financieras de ahorro para los años 2019-2023 publicado en el BOE de 3 de diciembre de 2020, y el publicado en el BOE del 6 de junio de 2024 para el periodo 2024-2026, cuyo artículo 42 titulado "Escala salarial (sueldo o salario base)"solo consta de cuatro apartados; por consiguiente, lo abonado a la trabajadora en la nómina del mes de junio de 2024 como "artículo 42.5", no se refiere al texto del Convenio para los años 2024-2026, sino al texto del Convenio colectivo para el periodo 2019-2023, cuyo artículo 42 sí cuenta con un apartado 5, como veremos a continuación.

El Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro de 2019-2023 dedica los artículos 41 a 54 a las retribuciones y distribuye las normas reguladoras en cuatro secciones, dedica la 1ª a los conceptos salariales, la 2ª al sueldo o salario base, la 3ª a los complementos y la 4ª a los conceptos no salariales. Dentro de la Sección 1ª el artículo 41 identifica la estructura legal del salario, compuesta por sueldo o salario base y los complementos (antigüedad, complementos de puesto de trabajo, complementos de calidad y cantidad de trabajo, pagas estatutarias de estímulo a la producción y de participación en los beneficios de los resultados administrativos, otros complementos de vencimiento periódico superior al mes, y plus de residencia).

En la sección 2ª (salario o sueldo base)el art, 42 titulado "Escala salarial (sueldo o salario base)" establece en qué porcentajes se incrementan las escalas anuales de los años 2022 y 2023, con remisión a la del año 2018 a 2021 (anexo 1 del Convenio) y a las de los anexos 2 (2022) y 3 (2023). En el apartado 5, reproduciendo lo que antes había recogido en los apartados 3 para el año 2022 y 4 para el 2023, conectados a los años 2021 y 2022 respectivamente, el artículo 42 dice "En los seis primeros meses del año 2024, y en función de los resultados de cada Entidad en el ejercicio 2023 y el período de prestación de servicios de cada persona empleada durante ese ejercicio, se abonarán por una sola vez las siguientes cantidades, que no tendrán carácter de pensionables y que no se incorporarán a las tablas salariales antes señaladas:

a) En caso de que el Beneficio después de Impuestos (BDI) de la Entidad ( D.A.9.ª) sea positivo o la Entidad reparta dividendos correspondientes a ese ejercicio, se abonará una cantidad adicional equivalente al 0,25% sobre los conceptos que se establecen en el artículo 41.1 del Convenio Colectivo y referidos a sus cuantías a 31 de diciembre 2022.

b) Adicionalmente, y con independencia de lo establecido en el apartado a), en caso de que el ROE de la Entidad (D.A.10.ª) sea mayor o igual a 8 se abonará una cantidad adicional equivalente al 0,25% sobre los conceptos que se establecen en el artículo 41.1 del Convenio Colectivo y referidos a sus cuantías a 31 de diciembre 2022".

Termina ese artículo con un apartado 6 titulado "Cláusula de Garantía"que dice "Se garantizan en todas las Entidades las cantidades anuales absolutas que resultan para cada Nivel retributivo, como consecuencia de los incrementos porcentuales establecidos en este artículo, aplicados a las mensualidades y a las gratificaciones previstas en este Convenio".

En la Sección 3.ª "Complementos salariales,"los artículos 43 a 50 contemplan: los aumentos por antigüedad (trienios), el plus convenio, el de nocturnidad, el de funciones de ventanilla, el de chófer, el de residencia, las pagas estatutarias (estímulo a la producción, participación en los beneficios), los complementos de vencimiento periódico superior al mensual (gratificaciones extraordinarias de Navidad y julio).

En la sección 4ª (art. 53 y 54) el Convenio identificaba los "conceptos no salariales",y como tal se refiere al quebranto de moneda como compensación económica frente a perjuicios sufridos, y a los conceptos relativos a dietas, kilometraje y ayuda de estudios (art. 54).

En los Anexos 1, 2 y 3 del Convenio encontramos las tablas salariales de los años 2018 a 2020 (anexo 1), de 2022 (anexo 2) y 2023, (anexo 3), cada una con los importes totalizados de doce pagas para cada grupo y nivel de adscripción. Porque así lo indica el artículo 42 en los apartados 3 a 5, en esas tablas no se incorporan las dos cantidades adicionales que contemplan como entregas de una sola vez, de carácter no pensionable y por importe cada una equivalente a un 0,25% de los conceptos previstos en el artículo 41.1 (esto es, salario base y complementos de salario base) según importe vigente a 31 de diciembre de 2022 (para las pagas a abonar en 2024), condicionada una de ellas a un resultado con beneficios o reparto de dividendos en el ejercicio anterior (en lo que aquí interesa el año 2023), la otra a que el ROE de la entidad (según la Disposición Adicional 10ª =resultado dividido entre el valor de los Fondos propios) sea igual o mayor a 8.

A esa expresa exclusión de la tabla salarial se añade el hecho de que, según argumenta la Magistrada de instancia (Fundamento de Derecho Segundo in fine de su sentencia) la partida "artículo 42.5" es un mecanismo de equidad intergeneracional que contribuye a la financiación de futuras pensiones, lo que le confiere una naturaleza más próxima a lo extrasalarial.

La no inclusión de ese concepto en el anexo al acta de la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento es un hecho más a tener en cuenta, tal y como entendió la Magistrada de instancia. Se trata de un concepto presente en el texto del Convenio vigente en la fecha de aquella reunión y aplicable ya según el apartado 3 de dicho precepto desde primer semestre del año 2022.

Todo, en conjunto, nos lleva concluir de manera coincidente con lo expresado en la sentencia recurrida para desestimar la pretensión de que la partida correspondiente al concepto "artículo 42.5" integre el salario bruto anual fijo a efectos de indemnización por despido.

A decir de la parte recurrida tal concepto se corresponde con una cláusula de garantía, pero esta tiene su expresión en el apartado 6 del artículo 42 del Convenio, que ya hemos dejado trascrita, y no guarda relación con los abonos de cantidades explicados en el apartado 5 del mismo precepto.

2.-En la partida correspondiente a "Disposición Adicional 12ª" está presente el Convenio colectivo para el periodo 2024-2026, cuya firma y publicación con posterioridad a la fecha de la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento deja fuera de lugar todo argumento relativo a su no inclusión en el anexo al acta de la reunión que quiere ser relación de conceptos a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización.

La Disposición Adicional 12ª de ese Convenio lleva por título "pago único lineal, excepcional, no recurrente, para el año 2024"y dice ·El personal empleado percibirá un pago lineal, único, excepcional, no consolidable, no recurrente y no pensionable, de devengo anual a satisfacer por una sola vez en el año 2024, cuyo importe total anual será de 1.000€. Dicho pago se efectuará antes del 30 de junio de 2024.

En los mismos términos establecidos en el artículo 42.4 del vigente convenio respecto del salario base, se garantizará en todas las entidades la percepción del citado complemento, sin que pueda ser objeto de minoración ni verse afectado por acuerdos que limiten su percepción (por ejemplo, adecuaciones progresivas o equivalentes, ni afectar a la cuantía de ningún otro concepto salarial".

Se trata de un complemento salarial que por su devengo y percepción, dentro del periodo computable a efectos de salario regulador, debe estar incluido en el cálculo del importe de la indemnización por despido.

La fuerza vinculante de la norma convencional no puede verse neutralizada por lo no previsto por la Comisión de Seguimiento años antes de que la negociación colectiva impusiera ese abono.

En consecuencia, procede estimar en parte el recurso y reconocer a la trabajadora el derecho a que se incremente el importe de la indemnización por despido en lo que resulte de computar como salario regulador los 1.000€ abonados en 2024 en cumplimiento de lo señalado en la aquella Disposición Adicional.

VISTOlo expuesto, los preceptos citados y los demás de general aplicación