Sentencia Social 2161/2024 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2244/2024 de 20 de diciembre del 2024

PRIMERO:Recurso de suplicación.

1. La defensa de la empresa Securitas Seguridad España, S.A. (en adelante Securitas), recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 3 de Gijón con fecha 19 de junio de 2024 en el procedimiento de conflicto colectivo 269/2024, por la que estimaba la demanda promovida por los sindicatos Comisiones Obreras de Asturias (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores de Asturias (UGT), declarándose la nulidad del cuadrante de jornada del año 2024 establecido por la empresa en el centro de trabajo de Dupont.

2. El escrito de interposición del recurso se articula en tres motivos, todos ellos se formulan con encaje procesal en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), en los que se denuncia, respectivamente, la infracción de los artículos 24.1 de la Constitución, 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 97.2 de la LRJS, al entender que la recurrida incurre en incongruencia pues no se resolvió ni apreció en la instancia la excepción de litisconsorcio pasivo necesario alegada por la parte demandada; la infracción del artículo 222 por aplicación indebida de la institución de la cosa juzgada; y finalmente se denuncia la infracción de los artículos 20, 52.2, 31F y 32-A3 del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2023-2026, BOE de 14.12.2023, los artículos 5, 6, 7, 26, 27, 28, 30, 32, 38.1, y 39.1, 2 y 5 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, y los artículos 52, 53, 68, 70, 71, 86.2 y 87 del Real Decreto 2364/1996, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, para sostener la validez del cuadrante impugnado de contrario, todo ello encaminado a que resuelva la excepción procesal de incongruencia en los términos expuestos, y en aplicación del principio "pro actione", entre en el fondo del asunto revocando la sentencia de instancia, por otra en la que desestime íntegramente la demanda rectora de las presentes actuaciones.

3. Por la defensa de la parte actora CC. OO. y UGT, se ha presentado escrito de impugnación del recurso interpuesto de contrario, interesando la confirmación de la recurrida, con expresa imposición de multa por temeridad y costas a la parte recurrente.

SEGUNDO:Litisconsorcio pasivo necesario.

1. La primera censura que plantea la empresa recurrente se centra en la excepción procesal de litisconsorcio pasivo necesario. Considera que la recurrida es incongruente por omitir toda mención a la citada excepción, planteada en el acto del juicio oral en el trámite de contestación a la demanda.

2. Recordemos que el artículo 12.1 de la LEC, respecto al litisconsorcio, establece que «podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir».Este precepto se conecta con lo que prescriben los artículos 25 y siguientes de la LRJS y los artículos 71 y siguientes de la LEC. Además el artículo 12.2 de la LEC dispone: «Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa».

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo en dos sentencias de fecha 19 de junio del 2007 (recursos nº 4562/2005 y 543/2006) ha especificado que «se trata de llamar al proceso a todos aquellos que puedan resultar afectados, en sus derechos e intereses, por el proceso judicial seguido, bien porque así lo imponga la Ley o porque vengan vinculados con el objeto de la controversia. La razón de ser de la excepción procesal de referencia se halla en el principio constitucional de tutela judicial efectiva y de evitación de indefensión que proclama el artículo 24 de la Constitución Española y, precisamente por ello, se halla establecida la posibilidad de apreciación de oficio de tal defecto procesal.»

Y la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio del 2004 (Rec. nº 4165/2003) declaró: a).- «El litisconsorcio pasivo necesario, figura que tiene ya hoy configuración legal ( art. 12.2 LEC ) de creación jurisprudencial ( sentencias, entre otras muchas, de 26-9-84 , 3-6-86 , 1-12-86 , 15-12-87 , 17-2-00 , 31-1-01 y 29-7-01 de esta Sala IV y de 3-7-01 y 1-12-01 de la Sala 1 ) obedece a la necesidad de integrar en el proceso a cuantos sean titulares de la relación jurídico-material controvertida, bien porque su llamamiento venga impuesto por una norma legal, bien porque dicha necesidad se desprenda de la propia relación jurídica material que da soporte al litigio»;b).- «La necesidad de esa actuación judicial de oficio encuentra su razón de ser en que el litisconsorcio pasivo necesario o, en otro términos, la correcta configuración de la relación jurídico procesal, es una cuestión que por afectar al orden público ( STC 165/1999 ) queda bajo la vigilancia de los tribunales y obliga al juzgador a preservar el principio de contradicción y el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de quienes deben ser llamados al proceso como parte»;c).- «El Tribunal Constitucional recuerda en sus sentencias 335/94 y 22/4/97 que la jurisprudencia social viene sosteniendo, en general, que el juzgador, de oficio y a través de este cauce, debe velar por la correcta constitución de la relación jurídico-procesal en las situaciones de litisconsorcio pasivo, a fin de conseguir, salvaguardando el principio de audiencia bilateral, que la cosa juzgada material despliegue sus efectos y de evitar que se dicten eventuales fallos contradictorios sobre un mismo asunto( SSTS de 15 de diciembre de 1987; 14 de marzo, 19 de septiembre y 22 de diciembre de 1988; 24 de febrero, 17 de julio y 1 y 11 de diciembre de 1989 y 19 de mayo de 1992)». Y también que «no se trata de una mera facultad, sino de una autentica obligación legal del órgano judicial»( SSTC 118/1987, 11/1988, 232/1988, 335/1994, 84/1997, 165/1999 y 87/2003).»

3. El proceso de conflicto colectivo tiene por objeto, según el artículo 153 LRJS, las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores , o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley .

En la demanda rectora del proceso se afirma, hecho segundo, que su objeto es la impugnación del cuadrante de trabajo del ejercicio 2024 de los vigilantes de seguridad que prestan servicios en la principal Dupont, que la empresa ha elaborado de forma que contraviene lo establecido en el convenio colectivo, pues privilegia a unos trabajadores sobre otros y reparte las jornadas de trabajo más penosas, especialmente las noches y los fines de semana, en algunos trabajadores, librando a otros, manteniendo a dos de ellos en una situación privilegiada sin más razonamiento e intención que contravenir y subvertir las resoluciones judiciales condenatorias que ya tiene esta empresa en este centro de trabajo por el mismo y exacto motivo. Se circunscribe el proceso a la decisión empresarial de adopción del cuadrante de servicios del año 2024 del personal adscrito a la contrata que se presta en las instalaciones de la principal Dupont, empresa que no ha participado en la confección del cuadrante y por ello no resulta necesaria su presencia en este proceso. Cierto es que existe un contrato mercantil de prestación de servicios entre Securitas y Dupont, en el que se contemplan los servicios contratados, el personal necesario, las horas de prestación, el precio, etc., y en base a ello la empresa elabora el cuadrante discutido, pero tal circunstancia no incide en la legitimación pasiva del proceso, pues lo que se discute es si la actuación de la empleadora al elaborar el cuadrante discutido se ajusta o no a las previsiones del convenio colectivo de aplicación. Por último, la recurrida no resuelve expresamente sobre la excepción procesal planteada en la contestación a la demanda, como se pone de manifiesto por la recurrente en el escrito de interposición, si bien al no apreciarse una situación de litisconsorcio pasivo necesario la omisión no genera indefensión a la recurrente pues la relación jurídico procesal se constituyó correctamente, no siendo preciso por ello devolver las actuaciones al Juzgado de instancia y procediendo en consecuencia el rechazo del motivo y el examen de los planteados seguidamente.

TERCERO:Cosa juzgada.

1. La segunda censura jurídica que se plantea se refiere a la institución de la cosa juzgada, que considera indebidamente aplicada la recurrente con infracción del artículo 222 LEC. Señala que, no obstante el amplio examen de dicha institución en los fundamentos de la recurrida, sin embargo el fallo no contiene una alusión directa e indubitada a la cosa juzgada, y por ello destaca que el servicio de vigilancia de Dupont sufrió a partir del 01.02.2024 una novación importante, tanto por la reducción en el número de horas de vigilancia contratada como por la exigencia de la figura del coordinador de servicios, por lo que variando los hechos enjuiciados no cabe hablar de cosa juzgada material, por lo que cabe un nuevo examen del derecho aplicado al no existir identidad de objeto y no ser de aplicación el citado artículo 222 LEC.

2. El artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), dispone lo siguiente en sus apartados 1, 2 y 4:

1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.

3. La jurisprudencia, por todas STS de 25 de octubre de 2018, recurso 203/2017, ha precisado el alcance de la cosa juzgada del modo siguiente:

A) Efecto positivo de la cosa juzgada.

Son innumerables las ocasiones en que nos hemos debido ocupar de aquilatar el llamado efecto positivo de la cosa juzgada. La STS 564/2018 de 29 mayo (rec. 2333/2016 ), con cita de otras muchas, lo resume así:

El efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, y, en virtud de la cual, lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en la segunda cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. Los elementos necesarios para el efecto positivo de la cosa juzgada son la identidad subjetiva entre de las partes de los dos procesos y la conexión existente entre los pronunciamientos.

B) Efecto negativo de la cosa juzgada.

La STS 69/2017 de 26 enero (rec. 115/2016 ) analiza los efectos de las sentencias firmes de conflicto colectivo y concluye así:

En definitiva, la institución de la cosa juzgada impide la decisión del proceso actual cuando ya hubiere sentencia firme sobre la misma cuestión y entre las mismas partes. La institución posee doble efecto: negativo o excluyente y positivo o prejudicial (cuando no hay identidad absoluta de los elementos de la pretensión pero si hay una parcial identidad en el objeto de uno y otro proceso).

Puesto que opera sobre la base de una situación jurídica ya dada en la realidad histórica en virtud de una sentencia que es firme, es clave el examen de la identidad entre lo resuelto en el procedimiento colectivo (antes reseñado) y el (presente) individual.

En numerosas ocasiones, como allí recordamos, se expone cómo mientras el efecto negativo o preclusivo impide a los Tribunales de Justicia pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme, la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada no prohíbe que se dicte sentencia en el segundo juicio, sino que obliga tan sólo a que en esa segunda sentencia se sigan y apliquen los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior. La estimación del efecto negativo y excluyente de la cosa juzgada exige que entre el caso resuelto por la primera sentencia y el posteriormente planteado, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

4. La recurrida afirma que los sindicatos demandantes nuevamente interesan que se declare la nulidad del cuadrante que para el año 2024 impuso la demandada en el centro de trabajo de Dupont, comprobando que la petición es la misma que la que se conoció en juicio anterior, bien que referida al año 2022, siendo el marco normativo el mismo por lo que es obligado atender a lo resuelto y aceptado por las partes, en cuanto que la sentencia dictada no fue recurrida por la empleadora, y ello en aplicación del efecto material de la cosa juzgada. Así en los autos CCO 471/2022 del mismo Juzgado de lo Social, con fecha 01.12.2022 se dictó sentencia, ya firme, con el siguiente fallo: que estimando la demanda presentada por CCOO frente a la empresa demandada, con la personación de CSIF, debo declarar y declaro nulo el cuadrante de jornada del año 2022, y condeno a la demandada a elaborar otro que responda a la igualdad y proporcionalidad en el reparto equitativo de la jornada entre todos los trabajadores/trabajadoras adscritos a dicho servicio y actividad, adoptando las medidas necesarias para ello.La cita de los datos anteriores ya permite descartar la aplicación de la cosa juzgada negativa o excluyente, que es la que exige la completa identidad de cosas, causas, personas y calidad con que lo fueron, pues en aquél procedimiento se impugnaba el cuadrante del año 2022 y en el presente es el del actual año 2024, por lo que ya esa perfecta identidad que exige la cosa juzgada negativa no se da y por ello no es aplicable, lo que por otra parte hace la recurrida al final del primer fundamento de derecho, cuando expone que la diferencia en determinados extremos del objeto de ambos juicios no autoriza a prescindir de lo resuelto en el primero de los juicios, pues la cosa juzgada entra en juego no sólo en el supuesto de identidad de pleitos, sino también, con el efecto positivo, cuando la identidad no sea total. Lo relevante consiste en que, como señala el último de los apartados del art. 222 de la LEC , lo resuelto con fuerza de cosa juzgada "aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto", una vez presupuesta la identidad subjetiva.Ciertamente que en el segundo fundamento de derecho, que contiene varias referencias al anterior juicio, parece dar a entenderse que el presente procedimiento es idéntico a aquél, pero en realidad se analizan los nuevos hechos propios de este procedimiento, singularmente las funciones llevadas a cabo por las personas designadas como coordinadores, siendo demostrativo de ello el hecho probado duodécimo cuando se afirma que esas personas desde el 01.02.2024 no portaron el traje y distintivos de vigilantes de seguridad, pero continuaron realizando análogas funciones a las que venían desarrollando. En definitiva, lo resuelto en el procedimiento anterior será vinculante en el presente en aquello que no sea novedoso desde el punto de vista fáctico o jurídico, pues lo coincidente deberá ser tenido en cuenta en este procedimiento por el efecto positivo de la cosa juzgada que, como se ha expuesto, no excluye una segunda sentencia como ha ocurrido ahora. Se rechaza el motivo por lo expuesto.

CUARTO:Censura jurídica, funciones efectivamente realizadas por los trabajadores.

1. En el último motivo de censura jurídica, expone la recurrente que el coordinador de servicios es un mando intermedio regulado en el artículo 31 del Convenio colectivo, no es por ello personal operativo no está habilitado para realizar funciones de seguridad privada pero si otras distintas de comprobación, orientación, planificación, consultoría, etc. Es por ello que considera simplista la lectura que recoge la sentencia de instancia de las funciones del coordinador, que no es conforme ni a la legalidad ni a la realidad del servicio que Securitas presta en Dupont. Añade que efectivamente parte de esas tareas administrativas las venía desempeñando un vigilante de seguridad jefe de equipo, y en febrero de 2024 los dos coordinadores que la principal exige en el anexo al contrato suscrito, siendo facultad de la dirección de la empresa la organización práctica del trabajo, facultad que es negada por los sindicatos accionantes que se amparan en una sentencia anterior. Finaliza exponiendo que los hechos actuales permiten conocer el nuevo servicio de vigilancia contratado por Dupont, recogiendo el relato de hechos que los coordinadores ya no portan uniforme y distintivos de VS, lo que permite presumir que conforme a la Ley y al Reglamento de Seguridad Privada no hacen funciones reservadas por ley a los vigilantes de seguridad y no se trata de funciones exclusivas de los VS, sin que la Ley y el Reglamento prohíban que puedan realizar otras tareas complementarias siempre que no sean exclusivas de los VS, lo que le permite afirmar que no estamos ante la situación enjuiciada en la sentencia de esta Sala de 17.12.2019, RSU 1859/2019.

2. Por su parte los sindicatos actores rebaten los argumentos de la recurrente afirmando que se pretende alterar el hecho probado duodécimo sin ajustarse a las reglas del recurso de suplicación. Considera por ello que la recurrente extrae la conclusión de que los coordinadores no están habilitados para realizar funciones de seguridad privada, pero sin alterar el hecho probado en cuestión lo que no es posible, y añade que el nombramiento de dos coordinadores se hizo para enervar la acción judicial del año anterior, tratándose de personas que hacen funciones de vigilancia del CCTV, aunque solamente de lunes a viernes y en turnos de mañana o tarde, a diferencia del resto de vigilantes que lo hacen en turnos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo festivos incluidos.

3. Para resolver el recurso hemos de partir de los hechos relevantes que resultan de la sentencia de instancia: La empresa Seguritas Seguridad España S.A. se encarga de la actividad de seguridad privada que dispone de varios centros en Asturias uno de ellos con 12 trabajadores, se ocupa de la vigilancia de la inspección de Dupont.

En los autos 471/2022 del mismo juzgado de lo social, se declaró probado lo siguiente: En las instalaciones de DUPONT, la demandada cuenta para la prestación del servicio con tres grupos de trabajadores para el año 2022. Dos grupos con cinco trabajadores, que realizan su jornada a turnos: de mañana (de 7 a 15 horas), de tarde (de 15 a 23 horas) y de noche (de 23 a 7 horas); un tercer grupo con 4 trabajadores que también realizan su jornada a tres turnos, y un Jefe de equipo, que trabajó todo el año 2022 de 7 a 15 horas, salvo cuatro días que prestó servicios en el horario del turno de tarde (los días, 1, 2, 12 y 13 de enero y el día 11 de mayo).

Dicho Jefe de equipo consta en los cuadrantes de jornada como Coordinador a partir de enero de 2022. Dichos cuadrantes del año 2022, aportados por ambas partes, se dan aquí por enteramente reproducidos en aras a la economía procesal.

TERCERO.- Al menos cinco de los vigilantes de seguridad que realizan su trabajo a turnos, presentaron distintas comunicaciones a la empresa en diciembre de 2021, reclamando un reparto equitativo de los turnos de trabajo.

La demandada comunicó al comité de empresa el día 11 de enero de 2024 que procedería a modificar los efectivos destinados al centro de trabajo de Dupont que pasaría a prestarse con dos vigilantes las 24 horas de todos los días del año y un coordinador en los días laborales entre las siete y las veintitrés horas. Se entregó el cuadrante en el que el trabajador excluido del régimen de turnos pasaría a prestar servicios como coordinador por las mañanas de días laborales y otro trabajador con igual condición por las tardes. Los restantes diez trabajadores realizarían turnos.

La empleadora y Performance Speciality Product Asturias, S.L.U., suscribieron un anexo por el que se modificaba el alcance del mismo el 1 de febrero de 2024 y pasaba a prestarse por un Coordinador de Servicios de 7:00 am a 11: 00 pm en días laborales y dos vigilantes de seguridad sin armas las 24 horas del día, los 365 días del año y "supervisión mensual del servicio Dupont-Aboño". No consta la modificación del precio facturado por la demandada.

Las personas designadas como coordinadores a partir del 1 de febrero no portaron el traje y distintivos de vigilantes de seguridad, pero continuaron realizando análogas funciones a las que venían desarrollando con anterioridad.

4. El artículo 52.2 del Convenio colectivo de aplicación dispone lo siguiente:

Servicios fijos y estables. Con el mismo fin de conciliar la vida laboral y familiar, se establecerá un sistema de cuadrantes anuales respecto de los servicios fijos y estables sobre la base de los criterios que más abajo se establecen, quedando por tanto al margen los servicios de naturaleza esporádica, aquéllos cuya concreción horaria sea de imposible determinación o aquellos otros cuya implantación y desaparición están ligados a la existencia de determinadas causas tales como incrementos de nivel de seguridad en atención a circunstancias específicas. Además de tener en cuenta lo anterior, se entenderá que un servicio es fijo o estable, cuando su duración prevista sea igual o superior a un año.

Criterios:

a) El cuadrante será entregado a los trabajadores afectados y a la representación legal de los trabajadores. Dicha entrega se hará efectiva un mes antes de que el mismo surta efecto.

b) Con el objeto de ajustar eficientemente el volumen necesario de plantilla a las especificidades estructurales de este tipo de cuadrantes, el mismo se confeccionará partiendo de garantizar una jornada anual de 1782 horas efectivas de trabajo en los supuestos de jornada a tiempo completo o del número de horas de contrato en los supuestos de contratación parcial.

Para dotar de la flexibilidad necesaria, únicamente en casos de servicios fijos o estables, la empresa confeccionará un cuadrante anual, cuyo cómputo en jornada mensual, a tiempo completo, oscilará en una horquilla de 144 a 176 horas, excepto en el mes de febrero que será de 134 a 162 horas. En caso de contratación a tiempo parcial, esta horquilla se ajustará proporcionalmente a la jornada laboral contratada. En dicho cuadrante se recogerán los días de servicio, los descansos y el/los periodo/s de vacaciones correspondientes, manteniéndose en el mismo una frecuencia de trabajo, descanso y turnos equilibrada entre todos los trabajadores que realicen el servicio, teniendo siempre como horizonte la garantía de las 1782 horas de trabajo efectivo en cómputo anual, o la cantidad de horas resultante en los contratos a tiempo parcial, todo ello sin perjuicio de las horas extraordinarias que el trabajador pudiera realizar de forma voluntaria.

La aplicación de esta forma de distribución irregular de la jornada mensual no implicará variación alguna respecto de la forma en que se devengan y abonan las remuneraciones ordinarias pactadas en el convenio, debiendo percibirse la remuneración de las tablas salariales fijadas en el convenio, con independencia del número de horas efectivamente realizadas.

c) Se respetará de forma mensual, en dicho cuadrante, la libranza de un fin de semana ininterrumpido, siendo este fin de semana de 48 horas de duración, e iniciándose el cómputo de éstas desde la hora de finalización del servicio realizado el viernes. Esto no será de aplicación a los trabajadores adscritos voluntariamente a servicios de fin de semana, a los contratados expresamente para estos días, a aquellos que estén adscritos a un servicio con un sistema pactado de rotación de libranza diferente, y cuando, excepcionalmente, se requiera por los clientes a los que se prestan servicios obligatorios en los fines de semana un incremento imprevisto de plantilla, que pueda impedir a la empresa facilitar puntualmente dicha libranza. En este último caso, podrá disfrutarse la libranza del fin de semana en una fecha posterior de mutuo acuerdo con la empresa.

d) El trabajador librará, al menos, uno de las dos siguientes noches: 24 de diciembre o 31 de diciembre.

e) Si las condiciones contractuales entre la empresa de seguridad y el cliente cambiasen, y éstas supusieran una modificación en la organización del servicio, el cuadrante podría sufrir las modificaciones necesarias para adaptarlo a la nueva situación. Igualmente, lo anterior afectará a aquellos supuestos donde la empresa se vea obligada a variar el cuadrante por motivos ajenos a su voluntad. Estas variaciones deberán ajustarse a los criterios establecidos en el anterior apartado b), siendo informada la representación legal de los trabajadores.

f) En cualquier caso, y si se producen necesidades justificadas para la cobertura de un servicio imprevisto en el lugar de trabajo, la empresa, preferentemente, ofertará su prestación al resto de los trabajadores asignados a dicho servicio, sin perjuicio del percibo de las horas extraordinarias que, en su caso, correspondan.

5. Esta Sala tuvo la ocasión de analizar el precepto convencional transcrito en su sentencia de 17.12.2019, RSU 1859/2019, en la que se exponía lo siguiente:

En la interpretación de los Convenios Colectivos con eficacia normativa, como el estatal de empresas de seguridad, rigen dos reglas fundamentales:

i.- Son aplicables los criterios establecidos en el art. 3.1 del Código Civil para la interpretación de las normas, complementados con los previstos en los arts. 1281 a 1289 del Código Civil para la hermenéutica de los contratos.

En concreto el art. 3.1 del Código Civil establece:

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas

ii.- La solución interpretativa dada por el Juzgado prevalece, salvo que resulte irrazonable, ilógica o manifiestamente errónea conforme a la normativa de aplicación.

En el supuesto sometido a examen, los datos sobre el cuadrante del año 2019 en el Centro Comercial DIRECCION001 (hecho probado quinto), pone de manifiesto una situación de desigualdad entre los trabajadores. Aunque todos realizan funciones de vigilantes uno de ellos, que además ejerce la tarea de jefe de equipo, tiene una frecuencia de trabajo, descansos y turnos distinta, caracterizada sobre todo porque nunca presta servicios por las noches y disfruta de descansos en domingos y festivos un número de días muy superior al resto. La sentencia justifica esta diferencia en que el citado trabajador "que ostenta la categoría de vigilante de seguridad, realiza, asimismo, como cargo de confianza de la demandada, funciones de Jefe de Equipo, por lo que, por exigencia de la empresa contratante, ha de estar presente en el centro de trabajo en el horario señalado por la Gerencia del Centro Comercial, coincidente con la franja horaria con mayor afluencia de público".

La decisión judicial, sin embargo, no se apoya en el Convenio Colectivo sino que por el contrario desatiende de forma clara y directa sus criterios.

El sentido propio de las palabras empleadas en el Convenio Colectivo es contrario a dicha solución. Cuando los servicios son fijos y estables, el art. 52.2 precisa los criterios que las empresas han de cumplir en la confección de los cuadrantes de trabajo y en su apartado b ) establece como elemento nuclear que se mantenga en el mismo una frecuencia de trabajo, descanso y turnos equilibrada entre todos los trabajadores que realicen el servicio.

A pesar de reconocerse en la norma convencional la dificultad que para las empresas supone la implantación del cuadrante y de fijar unos criterios flexibles, en el punto relativo a la frecuencia de trabajo, descanso y turnos entre los trabajadores exige expresamente que la organización del trabajo sea equilibrada entre todos los trabajadores adscritos al servicio, sin excepciones ni distinciones. Es uno de los ejes sobre los que descansa la regulación del cuadrante anual, en correspondencia con la finalidad perseguida, que es la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores.

El propio arts. 52 en su apartado e) refuerza o confirma la importancia de esta idea de organización equilibrada entre todos los trabajadores del servicio. Permite adaptar el cuadrante a las modificaciones que se produzcan en la organización del servicio, ya por cambio de las condiciones contractuales entre la empresa de seguridad y el cliente, ya por la presencia de otros supuestos donde la empresa "se vea obligada" a dicha variación. Pero aun en tales casos, dentro de los que se incluyen la atención a peticiones del cliente, las variaciones en el cuadrante deberán ajustarse a los criterios establecidos en el anterior apartado b), siendo informada la representación legal de los trabajadores y por tanto mantiene la exigencia del equilibrio en la frecuencia de trabajo, turnos y descanso, sin hacer distingos o matizaciones.

La referida exigencia abarca expresamente a todos los trabajadores que realicen el servicio. La rotundidad de la expresión comprende sin duda a todos los trabajadores de la misma categoría, dentro de los cuales se encuentra el responsable de equipo. En efecto, como señala el sindicato recurrente, el Convenio Colectivo no configura a los responsables de equipo de vigilancia como trabajadores con distinta categoría o nivel, ni justifica atribuirles la calificación de puesto de confianza, para diferenciarlos de los demás miembros del equipo, sino como un vigilante que además de las funciones características de esta categoría o nivel realiza algunas más pero manteniendo esa condición, razón por la que la contraprestación económica se configura como un complemento de puesto de trabajo (plus de responsable de equipo de vigilancia), sin afectar a los demás conceptos.(...)

Atendiendo a los arts. 52.2 y 43 d) del Convenio Colectivo , el desempeño del puesto de responsable de equipo no es causa para romper el equilibrio entre todos los trabajadores en la confección del cuadrante anual. No cabe duda, que de haber entendido lo contrario, el Convenio Colectivo hubiera matizado su referencia a todos los trabajadores que realicen el servicio y sin embargo no lo hizo.

6. Aplicando todo lo expuesto al presente caso tenemos que las personas trabajadoras designadas como coordinadores desde el 01.02.2024, vienen realizando análogas funciones a las que desarrollaban con anterioridad, esto es, las funciones de jefe de equipo a las que se refiere el hecho probado quinto de la recurrida, funciones que no estaban excluidas de un reparto equilibrado del tiempo de trabajo en el cuadrante anual según se resolvió en la transcrita sentencia de 17.12.2019, por lo que el mismo criterio ha de aplicarse al presente caso. Las afirmaciones que lleva a cabo la recurrente sobre el coordinador de servicios y sus funciones legales, no pueden tomarse en consideración en los términos que se reflejan en el recurso, pues los hechos declarados probados, no discutidos por ninguna de las partes, dicen que los designados como coordinadores en realidad llevan a cabo, como ya se ha dicho, funciones de jefes de equipo.

Por otra parte los cambios operados en la relación contractual existente entre la empresa principal y la adjudicataria, Securitas, permiten llevar a cabo las modificaciones necesarias en el cuadrante para adaptarlo a la nueva situación, si bien debiendo respetarse los criterios contenidos en la letra b) del transcrito apartado 2 del artículo 52 del Convenio, esto es, mantener una frecuencia de trabajo, descanso y turnos equilibrada entre todos los trabajadores que realizan el servicio.

Es por lo expuesto que no se aprecian las infracciones denunciadas y por ello la recurrida ha de ser confirmada.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,