Sentencia Social 296/2026 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 162/2026 de 20 de abril del 2026

PRIMERO.- .- D. Miriam recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza que desestimando su demanda interpuesta frente a MERCADONA SA y frente a D. Teofilo declara que no ha existido vulneración de derechos fundamentales en el despido impuesto al actor, declarando éste como procedente, con absolución de las demandadas de los pedimentos frente a ella formulados por la parte actora en este procedimiento.

Basa su recurso en varias denuncias jurídicas, si bien no cita el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La empresa demandada y el Ministerio Fiscal han impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

SEGUNDO.- El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

TERCERO.- El trabajador recurrente denuncia la infracción del artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al entender que existe contradicción entre la prueba testifical y documental y los hechos declarados probados.

Debemos señalar que el recurso pretende una nueva revisión de la valoración de la prueba realizada en la instancia, sobre todo de la prueba testifical. No podemos olvidar que el recurso de suplicación no es una apelación sino que tiene carácter extraordinario, destacando las amplias facultades que en orden a la valoración conjunta de los distintos elementos de convicción atribuye el artículo 97.2 de la LRJS al Juez de instancia, a quien corresponde apreciarlos en plenitud, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, sin que esta Sala esté habilitada para realizar una revisión general de la valoración realizada por aquél, para extraer de ella una nueva conclusión, máxime si la convicción judicial descansa en un medio de prueba, como es la testifical, cuya valoración no puede ser revisada en suplicación.

En definitiva, es facultad del Juez de instancia la valoración de la prueba, siendo el mismo soberano para dicha apreciación ( STC 175/1985, de 17 de diciembre, 24/1990 de 15 de febrero, entre otras) no pudiendo dejarse sin efecto tal valoración, y ser sustituida por la de la parte, salvo que la judicial pueda ser tildada de errónea, arbitraria o irracional, calificación que no se pueda aplicar al caso de autos por los argumentos que hemos desarrollado con anterioridad.

Y en este caso la sentencia ha valorado adecuadamente la prueba documental aportada a los autos por ambas partes litigantes así como el interrogatorio del Sr. Teofilo y las testificales de la Sra. Tatiana, Sr. Leonardo, Sr. Virgilio, Sr. Emiliano y Sr. Edemiro, prueba testifical suficiente para que la Magistrada llegue a la conclusión de que son ciertos los hechos imputados al trabajador en la carta de despido.

CUARTO.- En el siguiente motivo del recurso denuncia el error en la valoración de la prueba y la infracción de los artículos 14, 15 y 18 de la Constitución, al rechazar la sentencia de instancia la existencia de acoso laboral que él entiende que se da por los siguientes hechos: trato discriminatorio en la asignación de tareas, falsedad del acta de reprimenda de 13 de noviembre de 2023,irregularidad en la evaluación anual negativa de 18 de enero de 2024, vulneración del derecho a la desconexión digital e integridad moral, incumplimiento del protocolo de investigación de acoso, daño psicológico acreditado y la doctrina aplicable al acoso laboral.

El recurrente acumula así una multitud de hechos para llegar a la conclusión de que su despido es nulo.

El artículo 14 de la Constitución establece: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"

Dispone el art. 55 .4 y . 5 del Estatuto de los Trabajadores en lo que aquí concierne: "4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1. 5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora. ".

A su vez, el art. 96 .1 de la LRJS : "En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

En el mismo sentido, el art. 181 .2 (Tutela de derechos fundamentales) de la misma ley: "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Normas de las que deriva reiterada jurisprudencia, de la que es ejemplo la STS de 19-6-2023, rcud. 858/21 : "... en el plano de la relevancia constitucional, incumbirá a la empresa a quien se le imputa la vulneración de un derecho fundamental, acreditar que concurren causas objetivas que justifican la medida adoptada. En este sentido la STC 111/2003, de 15 de junio , vino en argumentar lo que sigue: "Una vez cubierto este inexcusable presupuesto y como segundo elemento, recae sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación obedeció a causas reales y objetivas absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente para fundar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios STC 30/2002, de 11 de febrero , FJ 3): sin que ello suponga situar al demandado ante la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia de un móvil lesivo de derechos fundamentales ( SSTC 140/1999, de 22 de julio , FJ 5; 29/2000, de 31 de enero , FJ 3). Se trata, pues, de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales, que debe llevar al juzgador a la convicción de que las causas alegadas motivaron la decisión de forma razonable y ajena a todo propósito atentatorio al derecho fundamental ( SSTC 202/1997, de 25 de noviembre , y 48/2002, de 25 de febrero , FJ 5)".

QUINTO.- En el caso que nos ocupa el actor no ha desplegado un panorama indiciario suficiente para entender que se debe dar una inversión de la carga de la prueba. Y así se refiere a un trato discriminatorio en la asignación de tareas, pues pretende valorar la prueba testifical practicada en la instancia, cuando la sentencia concluye que había una rotación en la asignación de puestos.

Por otra parte alega la falsedad del Acta de reprimenda de 13 de noviembre de 2023, que no es objeto de este procedimiento, ni es la causa de su despido. Lo mismo ocurre con la Evaluación anual negativa de 18 de enero de 2024. Entiende además que se ha vulnerado el derecho a la desconexión digital e integridad moral porque el Sr. Teofilo contactó con él estando de baja para comunicarle la suspensión de la evaluación y pérdida de la prima.

Se ha probado que la evaluación la realizó el coordinador titular Sr. Ramón y fue firmada y enviada por el Sr. Teofilo y fue enviada por burofax y Whatsapp sin que ello constituya vulneración alguna del derecho a la desconexión digital.

También alega que se ha incumplido el protocolo de investigación de acoso y que la sentencia omite cualquier referencia a la falta de investigación de la denuncia interpuesta por el trabajador. Sin embargo el hecho probado décimo se refiere al informe que se emitió por la empresa tras analizar la denuncia realizada por el trabajador el 1 de febrero de 2024 y ante la ausencia total de inicios sobre la existencia de acoso no se abrió el Protocolo por acoso laboral.

Sobre la existencia de daño psicológico, consta un informe pericial de parte que no ha sido ratificado en sede judicial y que por sí no acredita la existencia de un daño psicológico derivado de problemática laboral y el parte de IT es por contingencia común.

Y en definitiva el actor no ha aportado indicio alguno de la existencia de acoso laboral por lo que no puede declararse la nulidad del despido por esta causa.

SEXTO.- En el siguiente motivo del recurso se alega por el trabajador que se ha producido la vulneración del derecho a la garantía de indemnidad del artículo 24 de la Constitución.

Alega el recurrente que el despido es una reacción empresarial a la denuncia interna por acoso laboral que interpuso el trabajador el día 1 de febrero de 2024.

"El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no puede seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos ( SSTC 7/1993, 14/1993, 54/1995, 140/1999 y 196/2000, entre otras).

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2003, de 30 de enero, "(...) Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de marzo). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). Bajo esas circunstancias, el indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse ( SSTC 87/1998, de 21 de abril; 293/1993, de 18 de octubre; 140/1999, de 22 de julio; 29/2000, de 31 de enero; 207/2001, de 22 de octubre; 214/2001, de 29 de octubre; 14/20002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero; y 30/2002, de 11 de febrero). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental del trabajador".

En este sentido la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2013 (recurso 2327/2012 ) señala que se ha de acumular: "¿"prueba verosímil" o "principio de prueba" revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio, FJ 3; 125/2008, de 20/Octubre; y 2/2009, de 12/Enero, FJ 3. Y SSTS 14/04/11 ¿rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, "el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales" (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre, FJ 4; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4; y 74/2008, de 23/Junio, FJ 2); "en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria" (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, FJ6 EPV; 125/2008, de 20/Octubre; y 92/2009, de 20/Abril, FJ 7)...".

En similares términos, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio y 19 de febrero de 2014 ( recurso ordinario 11/2013 y suplicación para la unificación de doctrina 687/2013).

SÉPTIMO.- Pues bien, trasladando al presente supuesto la anterior doctrina jurisprudencial, no existe un panorama indiciario bastante de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el trabajador.

Así alega el recurrente que la vulneración de la garantía de indemnidad se funda en la reclamación realizada por el trabajador a la empresa el día 1 de febrero de 2024 denunciando que estaba sufriendo acoso laboral por parte del encargado del turno de noche D. Teofilo. Después de dicha denuncia la empresa realiza una investigación analizando los puntos de la misma y emitiendo un informe de fecha 9 de marzo de 2024 dando respuesta a las alegaciones del actor en su escrito de denuncia descartando que existiera ningún tipo de acoso.

El actor se incorpora a la empresa tras su baja médica el día 15 de julio de 2024 y es a raíz de los hechos sucedidos el día 28 de agosto de 2024 cuando la empresa toma la decisión de su despido disciplinario.

No existe por lo tanto nexo causal alguno entre la denuncia interna del actor y el despido, que la empresa ha demostrado que obedeció a motivos distintos.

OCTAVO.- En el siguiente motivo del recurso el Sr. Miriam denuncia el error en la calificación jurídica y desproporcionalidad de la sanción de despido.

Alega el Sr. Miriam que la sanción de despido es desproporcionada y que no encuentra amparo en el artículo 39 g) del Convenio Colectivo de la empresa que tipifica como falta muy grave: "los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta grave de respeto, consideración a los/as coordinadores/as, a los compañeros/as, subordinados/as, así como el menoscabo de la imagen de la empresa a través de cualquier medio".

Entiende el trabajador que se trata de un hecho aislado, no grave, carente de entidad ofensiva necesaria para integrar el tipo disciplinario descrito.

La sentencia da por probados los hechos recogidos en la carta de despido y en concreto lo ocurrido el día 28 de agosto de 2024 sobre las 1,45 horas cuando tuvo una actitud chulesca con un superior jerárquico que se recoge en la carta de despido.

Jurisprudencialmente se ha venido declarando reiteradamente que el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista, buscando la necesaria proporción entre la infracción y sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto; igualmente es bien conocida la interpretación jurisprudencial sobre la graduación de las faltas y sanciones laborales, explícita en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, exigente de incumplimientos graves para producir el despido disciplinario, de acuerdo con el artículo 54.1 de la misma ley, con bien razonable criterio de proporcionalidad; habiendo expresado la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1991, entre otras muchas, tal obvio principio en su aplicación al de la buena fe, en cuanto modelo de comportamiento común impuesto a las relaciones laborales por los artículos 5. A) y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores, erigido en criterio de valoración de conductas, del que resulta sólo justificado el despido para las que supongan una violación trascendente de la buena fe contractual, de modo que no cualquier transgresión de ella, sino solamente de la de carácter grave y culpable, es la que tiene calidad bastante para que resulte lícita aquella sanción; siendo, por tanto, necesario que se den las notas de culpabilidad y gravedad del incumplimiento imputado, no siendo tal culpabilidad la comprensiva de las especies dolosa o intencional y culposa o constitutiva de una conducta negligente, sino tan sólo la primera de ambas, singularizada por la consecuencia de un elemento intelectual y un elemento volitivo, representado por el propósito de atentar contra dicho interés.

Y en el caso que nos ocupa entendemos que la sanción impuesta resulta proporcionada a la vista de las circunstancias concurrentes: el día 28 de agosto de 2024 a las 1:45 horas el Sr. Sr. Teofilo se dirigió al actor acompañado del Sr. Leonardo y le dijo "buenas noches" contestando el actor "con un chisteo y levantando la cabeza de forma chulesca y desafiante". Ante esta conducta el Sr. Teofilo volvió a insistir dirigiéndose al actor y diciéndole " Miriam buenas noches" a lo que el actor respondió de igual manera que la primera vez añadiendo la frase "serán para ti". Podría haberse quedado allí la cosa, pero el Sr. Teofilo volvió a dirigirse al actor diciéndole "¿ Miriam qué pasa? Bajándose entonces el actor de la máquina que conducía haciendo los mismos chisteos y gestos chulescos y repitiendo la frase "serán para ti" en varias ocasiones poniéndose frente al Sr. Teofilo a dos dedos de su cara y haciendo gestos.

Pese a lo desafortunado del incidente no advertimos la gravedad suficiente que merezca la máxima sanción en que consiste el despido: no hubo insultos, agresión alguna, el Sr. Teofilo podría haber dejado pasar al actor sin dirigirse a él viendo su actitud, pero aún insistió tres veces en una suerte de provocación. No consta amenaza por parte del recurrente, ni insulto o descalificación personal hacia la persona del Sr. Teofilo o agresión alguna. Y estamos ante un trabajador con una antigüedad del año 2019 y sin antecedente disciplinario alguno.

Entendemos que la conducta del actor no puede calificarse de falta muy grave y por lo tanto debe declararse la improcedencia del despido.

NOVENO- En el último motivo del recurso el trabajador denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia sobre puntos esenciales ( artículo 24 Constitución).

Para dar solución a la cuestión planteada debe recordarse, como ha hecho esta Sala en múltiples ocasiones, que en todo proceso el juez ha de dar respuesta a las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, que es lo que procesalmente constituye la congruencia.

El proceso Laboral, y antes el civil, se rigen por el principio dispositivo o de justicia rogada, por lo que la congruencia de la sentencia ha de responder necesariamente a los esquemas básicos en que este principió se manifiesta, y así la LEC, que sigue inspirándose en el mentado principio dispositivo, grava al sujeto que se cree necesitar de la tutela de los tribunales con la carga de pedirla y determinarla con la suficiente precisión, y correlativamente se descarga al tribunal del deber y responsabilidad de decidir qué tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponda al caso, lo que no constituye, en absoluto, un obstáculo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la causa de pedir (Exposición de Motivos VI- LEC-).

La respuesta judicial a la pretensión deducida en el juicio debe ser motivada, es decir argumentada en su totalidad, por cuanto la motivación de las sentencias, y en general de las resoluciones judiciales que enjuician conflictos, revistan o no la forma de sentencias, no sólo aparece expresamente recogida en el artículo 120.2 de la CE, sino que el TC tiene declarado que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la CE. Motivación, que tal vez con alguna dulcificación, no comporta que el juez o tribunal "deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le imponen un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado" ( STC de 15 de junio de 1988 ), sino que "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión" ( SSTC de 25 de junio de 1996 y 11 de noviembre de 1998).

Debe tenerse en cuenta, por tanto, que sobre los tribunales pesa el deber de que, al dictar sus sentencias, éstas sean claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. La claridad significa la posibilidad de que su contenido sea comprendido sin dificultad. La precisión implica que se decidan de forma inequívoca, las cuestiones controvertidas, utilizando para ello las expresiones adecuadas, y por «congruencia» ha de entenderse -como señala el TS en Sentencia de 11 de febrero de 1981 (RJ 1981\672), con cita de las de 30 de marzo de 1970 (RJ 1970\1258) y 7 de abril de 1979 (RJ 1979\1651), de 16 de octubre de 1981 (RJ 1981\3986), 1 de julio (RJ 1982\4532) y 23 de octubre de 1982 (RJ 1982\6234) y 15 de diciembre de 1983 (RJ 1983\6218)-, la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del pleito, de modo que se presenta o aparece como una relación de conformidad entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia, como es lógico, puesto que se trata de un requisito de la misma, y el otro término de comparación es el constituido por la demanda y las demás pretensiones deducidas oportunamente en la litis. Por correlación entre pretensión y fallo se entiende la adecuación entre una y otro, por lo que la congruencia exige lo siguiente: a) Que el fallo no contenga más de lo pretendido por las partes; y se falta a este requisito, incurriendo en «incongruencia positiva», cuando la parte dispositiva de la sentencia concede o niega lo que por nadie se ha pedido; b) Que el fallo no contenga menos de lo pretendido por las partes, incurriendo en «incongruencia negativa» cuando la sentencia omite la decisión sobre algunas pretensiones de la demanda o de la reconvención; y c) Que el fallo no contenga nada distinto de lo pretendido, y se falta a este requisito, incurriendo en «incongruencia mixta», cuando la parte dispositiva de la sentencia sustituye alguna de las pretensiones formuladas por las partes, por otra que no ha sido formulada.

Es cierto que el TC en sentencia 68/1999, de 26 de abril (RTC 1999\68) establece que: "... Desde la inicial Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1982 (RTC 1982\20) son muchas las Sentencias de este Tribunal que han abordado la relevancia constitucional de la llamada incongruencia omisiva o 'ex silentio', en cuanto manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, elaborando un cuerpo de doctrina ya consolidado en el que para determinar si la posible falta de respuesta se traduce en incongruencia vulneradora del artículo 24.1 de la Constitución Española ha afirmado que dicho precepto no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva ( Sentencia Tribunal Constitucional 91/1995 [RTC 1995\91])"».

En el supuesto traído a enjuiciamiento, el análisis del contenido de la sentencia recurrida, no permite afirmar que la misma sea incongruente o que pueda achacarse a la misma falta de motivación pues da respuesta a todas las cuestiones planteadas en el procedimiento valorando la prueba documental y testifical practicada en el plenario y dando razones bastantes sobre la pretensión de nulidad y sobre la improcedencia del despido.

Por todo lo expuesto procede la estimación del recurso de suplicación.

PRIMERO.- .- D. Miriam recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza que desestimando su demanda interpuesta frente a MERCADONA SA y frente a D. Teofilo declara que no ha existido vulneración de derechos fundamentales en el despido impuesto al actor, declarando éste como procedente, con absolución de las demandadas de los pedimentos frente a ella formulados por la parte actora en este procedimiento.

Basa su recurso en varias denuncias jurídicas, si bien no cita el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La empresa demandada y el Ministerio Fiscal han impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

SEGUNDO.- El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

TERCERO.- El trabajador recurrente denuncia la infracción del artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al entender que existe contradicción entre la prueba testifical y documental y los hechos declarados probados.

Debemos señalar que el recurso pretende una nueva revisión de la valoración de la prueba realizada en la instancia, sobre todo de la prueba testifical. No podemos olvidar que el recurso de suplicación no es una apelación sino que tiene carácter extraordinario, destacando las amplias facultades que en orden a la valoración conjunta de los distintos elementos de convicción atribuye el artículo 97.2 de la LRJS al Juez de instancia, a quien corresponde apreciarlos en plenitud, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, sin que esta Sala esté habilitada para realizar una revisión general de la valoración realizada por aquél, para extraer de ella una nueva conclusión, máxime si la convicción judicial descansa en un medio de prueba, como es la testifical, cuya valoración no puede ser revisada en suplicación.

En definitiva, es facultad del Juez de instancia la valoración de la prueba, siendo el mismo soberano para dicha apreciación ( STC 175/1985, de 17 de diciembre, 24/1990 de 15 de febrero, entre otras) no pudiendo dejarse sin efecto tal valoración, y ser sustituida por la de la parte, salvo que la judicial pueda ser tildada de errónea, arbitraria o irracional, calificación que no se pueda aplicar al caso de autos por los argumentos que hemos desarrollado con anterioridad.

Y en este caso la sentencia ha valorado adecuadamente la prueba documental aportada a los autos por ambas partes litigantes así como el interrogatorio del Sr. Teofilo y las testificales de la Sra. Tatiana, Sr. Leonardo, Sr. Virgilio, Sr. Emiliano y Sr. Edemiro, prueba testifical suficiente para que la Magistrada llegue a la conclusión de que son ciertos los hechos imputados al trabajador en la carta de despido.

CUARTO.- En el siguiente motivo del recurso denuncia el error en la valoración de la prueba y la infracción de los artículos 14, 15 y 18 de la Constitución, al rechazar la sentencia de instancia la existencia de acoso laboral que él entiende que se da por los siguientes hechos: trato discriminatorio en la asignación de tareas, falsedad del acta de reprimenda de 13 de noviembre de 2023,irregularidad en la evaluación anual negativa de 18 de enero de 2024, vulneración del derecho a la desconexión digital e integridad moral, incumplimiento del protocolo de investigación de acoso, daño psicológico acreditado y la doctrina aplicable al acoso laboral.

El recurrente acumula así una multitud de hechos para llegar a la conclusión de que su despido es nulo.

El artículo 14 de la Constitución establece: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"

Dispone el art. 55 .4 y . 5 del Estatuto de los Trabajadores en lo que aquí concierne: "4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1. 5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora. ".

A su vez, el art. 96 .1 de la LRJS : "En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

En el mismo sentido, el art. 181 .2 (Tutela de derechos fundamentales) de la misma ley: "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Normas de las que deriva reiterada jurisprudencia, de la que es ejemplo la STS de 19-6-2023, rcud. 858/21 : "... en el plano de la relevancia constitucional, incumbirá a la empresa a quien se le imputa la vulneración de un derecho fundamental, acreditar que concurren causas objetivas que justifican la medida adoptada. En este sentido la STC 111/2003, de 15 de junio , vino en argumentar lo que sigue: "Una vez cubierto este inexcusable presupuesto y como segundo elemento, recae sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación obedeció a causas reales y objetivas absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente para fundar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios STC 30/2002, de 11 de febrero , FJ 3): sin que ello suponga situar al demandado ante la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia de un móvil lesivo de derechos fundamentales ( SSTC 140/1999, de 22 de julio , FJ 5; 29/2000, de 31 de enero , FJ 3). Se trata, pues, de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales, que debe llevar al juzgador a la convicción de que las causas alegadas motivaron la decisión de forma razonable y ajena a todo propósito atentatorio al derecho fundamental ( SSTC 202/1997, de 25 de noviembre , y 48/2002, de 25 de febrero , FJ 5)".

QUINTO.- En el caso que nos ocupa el actor no ha desplegado un panorama indiciario suficiente para entender que se debe dar una inversión de la carga de la prueba. Y así se refiere a un trato discriminatorio en la asignación de tareas, pues pretende valorar la prueba testifical practicada en la instancia, cuando la sentencia concluye que había una rotación en la asignación de puestos.

Por otra parte alega la falsedad del Acta de reprimenda de 13 de noviembre de 2023, que no es objeto de este procedimiento, ni es la causa de su despido. Lo mismo ocurre con la Evaluación anual negativa de 18 de enero de 2024. Entiende además que se ha vulnerado el derecho a la desconexión digital e integridad moral porque el Sr. Teofilo contactó con él estando de baja para comunicarle la suspensión de la evaluación y pérdida de la prima.

Se ha probado que la evaluación la realizó el coordinador titular Sr. Ramón y fue firmada y enviada por el Sr. Teofilo y fue enviada por burofax y Whatsapp sin que ello constituya vulneración alguna del derecho a la desconexión digital.

También alega que se ha incumplido el protocolo de investigación de acoso y que la sentencia omite cualquier referencia a la falta de investigación de la denuncia interpuesta por el trabajador. Sin embargo el hecho probado décimo se refiere al informe que se emitió por la empresa tras analizar la denuncia realizada por el trabajador el 1 de febrero de 2024 y ante la ausencia total de inicios sobre la existencia de acoso no se abrió el Protocolo por acoso laboral.

Sobre la existencia de daño psicológico, consta un informe pericial de parte que no ha sido ratificado en sede judicial y que por sí no acredita la existencia de un daño psicológico derivado de problemática laboral y el parte de IT es por contingencia común.

Y en definitiva el actor no ha aportado indicio alguno de la existencia de acoso laboral por lo que no puede declararse la nulidad del despido por esta causa.

SEXTO.- En el siguiente motivo del recurso se alega por el trabajador que se ha producido la vulneración del derecho a la garantía de indemnidad del artículo 24 de la Constitución.

Alega el recurrente que el despido es una reacción empresarial a la denuncia interna por acoso laboral que interpuso el trabajador el día 1 de febrero de 2024.

"El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no puede seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos ( SSTC 7/1993, 14/1993, 54/1995, 140/1999 y 196/2000, entre otras).

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2003, de 30 de enero, "(...) Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de marzo). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). Bajo esas circunstancias, el indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse ( SSTC 87/1998, de 21 de abril; 293/1993, de 18 de octubre; 140/1999, de 22 de julio; 29/2000, de 31 de enero; 207/2001, de 22 de octubre; 214/2001, de 29 de octubre; 14/20002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero; y 30/2002, de 11 de febrero). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental del trabajador".

En este sentido la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2013 (recurso 2327/2012 ) señala que se ha de acumular: "¿"prueba verosímil" o "principio de prueba" revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio, FJ 3; 125/2008, de 20/Octubre; y 2/2009, de 12/Enero, FJ 3. Y SSTS 14/04/11 ¿rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, "el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales" (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre, FJ 4; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4; y 74/2008, de 23/Junio, FJ 2); "en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria" (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, FJ6 EPV; 125/2008, de 20/Octubre; y 92/2009, de 20/Abril, FJ 7)...".

En similares términos, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio y 19 de febrero de 2014 ( recurso ordinario 11/2013 y suplicación para la unificación de doctrina 687/2013).

SÉPTIMO.- Pues bien, trasladando al presente supuesto la anterior doctrina jurisprudencial, no existe un panorama indiciario bastante de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el trabajador.

Así alega el recurrente que la vulneración de la garantía de indemnidad se funda en la reclamación realizada por el trabajador a la empresa el día 1 de febrero de 2024 denunciando que estaba sufriendo acoso laboral por parte del encargado del turno de noche D. Teofilo. Después de dicha denuncia la empresa realiza una investigación analizando los puntos de la misma y emitiendo un informe de fecha 9 de marzo de 2024 dando respuesta a las alegaciones del actor en su escrito de denuncia descartando que existiera ningún tipo de acoso.

El actor se incorpora a la empresa tras su baja médica el día 15 de julio de 2024 y es a raíz de los hechos sucedidos el día 28 de agosto de 2024 cuando la empresa toma la decisión de su despido disciplinario.

No existe por lo tanto nexo causal alguno entre la denuncia interna del actor y el despido, que la empresa ha demostrado que obedeció a motivos distintos.

OCTAVO.- En el siguiente motivo del recurso el Sr. Miriam denuncia el error en la calificación jurídica y desproporcionalidad de la sanción de despido.

Alega el Sr. Miriam que la sanción de despido es desproporcionada y que no encuentra amparo en el artículo 39 g) del Convenio Colectivo de la empresa que tipifica como falta muy grave: "los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta grave de respeto, consideración a los/as coordinadores/as, a los compañeros/as, subordinados/as, así como el menoscabo de la imagen de la empresa a través de cualquier medio".

Entiende el trabajador que se trata de un hecho aislado, no grave, carente de entidad ofensiva necesaria para integrar el tipo disciplinario descrito.

La sentencia da por probados los hechos recogidos en la carta de despido y en concreto lo ocurrido el día 28 de agosto de 2024 sobre las 1,45 horas cuando tuvo una actitud chulesca con un superior jerárquico que se recoge en la carta de despido.

Jurisprudencialmente se ha venido declarando reiteradamente que el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista, buscando la necesaria proporción entre la infracción y sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto; igualmente es bien conocida la interpretación jurisprudencial sobre la graduación de las faltas y sanciones laborales, explícita en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, exigente de incumplimientos graves para producir el despido disciplinario, de acuerdo con el artículo 54.1 de la misma ley, con bien razonable criterio de proporcionalidad; habiendo expresado la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1991, entre otras muchas, tal obvio principio en su aplicación al de la buena fe, en cuanto modelo de comportamiento común impuesto a las relaciones laborales por los artículos 5. A) y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores, erigido en criterio de valoración de conductas, del que resulta sólo justificado el despido para las que supongan una violación trascendente de la buena fe contractual, de modo que no cualquier transgresión de ella, sino solamente de la de carácter grave y culpable, es la que tiene calidad bastante para que resulte lícita aquella sanción; siendo, por tanto, necesario que se den las notas de culpabilidad y gravedad del incumplimiento imputado, no siendo tal culpabilidad la comprensiva de las especies dolosa o intencional y culposa o constitutiva de una conducta negligente, sino tan sólo la primera de ambas, singularizada por la consecuencia de un elemento intelectual y un elemento volitivo, representado por el propósito de atentar contra dicho interés.

Y en el caso que nos ocupa entendemos que la sanción impuesta resulta proporcionada a la vista de las circunstancias concurrentes: el día 28 de agosto de 2024 a las 1:45 horas el Sr. Sr. Teofilo se dirigió al actor acompañado del Sr. Leonardo y le dijo "buenas noches" contestando el actor "con un chisteo y levantando la cabeza de forma chulesca y desafiante". Ante esta conducta el Sr. Teofilo volvió a insistir dirigiéndose al actor y diciéndole " Miriam buenas noches" a lo que el actor respondió de igual manera que la primera vez añadiendo la frase "serán para ti". Podría haberse quedado allí la cosa, pero el Sr. Teofilo volvió a dirigirse al actor diciéndole "¿ Miriam qué pasa? Bajándose entonces el actor de la máquina que conducía haciendo los mismos chisteos y gestos chulescos y repitiendo la frase "serán para ti" en varias ocasiones poniéndose frente al Sr. Teofilo a dos dedos de su cara y haciendo gestos.

Pese a lo desafortunado del incidente no advertimos la gravedad suficiente que merezca la máxima sanción en que consiste el despido: no hubo insultos, agresión alguna, el Sr. Teofilo podría haber dejado pasar al actor sin dirigirse a él viendo su actitud, pero aún insistió tres veces en una suerte de provocación. No consta amenaza por parte del recurrente, ni insulto o descalificación personal hacia la persona del Sr. Teofilo o agresión alguna. Y estamos ante un trabajador con una antigüedad del año 2019 y sin antecedente disciplinario alguno.

Entendemos que la conducta del actor no puede calificarse de falta muy grave y por lo tanto debe declararse la improcedencia del despido.

NOVENO- En el último motivo del recurso el trabajador denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia sobre puntos esenciales ( artículo 24 Constitución).

Para dar solución a la cuestión planteada debe recordarse, como ha hecho esta Sala en múltiples ocasiones, que en todo proceso el juez ha de dar respuesta a las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, que es lo que procesalmente constituye la congruencia.

El proceso Laboral, y antes el civil, se rigen por el principio dispositivo o de justicia rogada, por lo que la congruencia de la sentencia ha de responder necesariamente a los esquemas básicos en que este principió se manifiesta, y así la LEC, que sigue inspirándose en el mentado principio dispositivo, grava al sujeto que se cree necesitar de la tutela de los tribunales con la carga de pedirla y determinarla con la suficiente precisión, y correlativamente se descarga al tribunal del deber y responsabilidad de decidir qué tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponda al caso, lo que no constituye, en absoluto, un obstáculo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la causa de pedir (Exposición de Motivos VI- LEC-).

La respuesta judicial a la pretensión deducida en el juicio debe ser motivada, es decir argumentada en su totalidad, por cuanto la motivación de las sentencias, y en general de las resoluciones judiciales que enjuician conflictos, revistan o no la forma de sentencias, no sólo aparece expresamente recogida en el artículo 120.2 de la CE, sino que el TC tiene declarado que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la CE. Motivación, que tal vez con alguna dulcificación, no comporta que el juez o tribunal "deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le imponen un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado" ( STC de 15 de junio de 1988 ), sino que "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión" ( SSTC de 25 de junio de 1996 y 11 de noviembre de 1998).

Debe tenerse en cuenta, por tanto, que sobre los tribunales pesa el deber de que, al dictar sus sentencias, éstas sean claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. La claridad significa la posibilidad de que su contenido sea comprendido sin dificultad. La precisión implica que se decidan de forma inequívoca, las cuestiones controvertidas, utilizando para ello las expresiones adecuadas, y por «congruencia» ha de entenderse -como señala el TS en Sentencia de 11 de febrero de 1981 (RJ 1981\672), con cita de las de 30 de marzo de 1970 (RJ 1970\1258) y 7 de abril de 1979 (RJ 1979\1651), de 16 de octubre de 1981 (RJ 1981\3986), 1 de julio (RJ 1982\4532) y 23 de octubre de 1982 (RJ 1982\6234) y 15 de diciembre de 1983 (RJ 1983\6218)-, la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del pleito, de modo que se presenta o aparece como una relación de conformidad entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia, como es lógico, puesto que se trata de un requisito de la misma, y el otro término de comparación es el constituido por la demanda y las demás pretensiones deducidas oportunamente en la litis. Por correlación entre pretensión y fallo se entiende la adecuación entre una y otro, por lo que la congruencia exige lo siguiente: a) Que el fallo no contenga más de lo pretendido por las partes; y se falta a este requisito, incurriendo en «incongruencia positiva», cuando la parte dispositiva de la sentencia concede o niega lo que por nadie se ha pedido; b) Que el fallo no contenga menos de lo pretendido por las partes, incurriendo en «incongruencia negativa» cuando la sentencia omite la decisión sobre algunas pretensiones de la demanda o de la reconvención; y c) Que el fallo no contenga nada distinto de lo pretendido, y se falta a este requisito, incurriendo en «incongruencia mixta», cuando la parte dispositiva de la sentencia sustituye alguna de las pretensiones formuladas por las partes, por otra que no ha sido formulada.

Es cierto que el TC en sentencia 68/1999, de 26 de abril (RTC 1999\68) establece que: "... Desde la inicial Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1982 (RTC 1982\20) son muchas las Sentencias de este Tribunal que han abordado la relevancia constitucional de la llamada incongruencia omisiva o 'ex silentio', en cuanto manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, elaborando un cuerpo de doctrina ya consolidado en el que para determinar si la posible falta de respuesta se traduce en incongruencia vulneradora del artículo 24.1 de la Constitución Española ha afirmado que dicho precepto no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva ( Sentencia Tribunal Constitucional 91/1995 [RTC 1995\91])"».

En el supuesto traído a enjuiciamiento, el análisis del contenido de la sentencia recurrida, no permite afirmar que la misma sea incongruente o que pueda achacarse a la misma falta de motivación pues da respuesta a todas las cuestiones planteadas en el procedimiento valorando la prueba documental y testifical practicada en el plenario y dando razones bastantes sobre la pretensión de nulidad y sobre la improcedencia del despido.

Por todo lo expuesto procede la estimación del recurso de suplicación.

PRIMERO.- .- D. Miriam recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza que desestimando su demanda interpuesta frente a MERCADONA SA y frente a D. Teofilo declara que no ha existido vulneración de derechos fundamentales en el despido impuesto al actor, declarando éste como procedente, con absolución de las demandadas de los pedimentos frente a ella formulados por la parte actora en este procedimiento.

Basa su recurso en varias denuncias jurídicas, si bien no cita el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La empresa demandada y el Ministerio Fiscal han impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

SEGUNDO.- El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

TERCERO.- El trabajador recurrente denuncia la infracción del artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al entender que existe contradicción entre la prueba testifical y documental y los hechos declarados probados.

Debemos señalar que el recurso pretende una nueva revisión de la valoración de la prueba realizada en la instancia, sobre todo de la prueba testifical. No podemos olvidar que el recurso de suplicación no es una apelación sino que tiene carácter extraordinario, destacando las amplias facultades que en orden a la valoración conjunta de los distintos elementos de convicción atribuye el artículo 97.2 de la LRJS al Juez de instancia, a quien corresponde apreciarlos en plenitud, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, sin que esta Sala esté habilitada para realizar una revisión general de la valoración realizada por aquél, para extraer de ella una nueva conclusión, máxime si la convicción judicial descansa en un medio de prueba, como es la testifical, cuya valoración no puede ser revisada en suplicación.

En definitiva, es facultad del Juez de instancia la valoración de la prueba, siendo el mismo soberano para dicha apreciación ( STC 175/1985, de 17 de diciembre, 24/1990 de 15 de febrero, entre otras) no pudiendo dejarse sin efecto tal valoración, y ser sustituida por la de la parte, salvo que la judicial pueda ser tildada de errónea, arbitraria o irracional, calificación que no se pueda aplicar al caso de autos por los argumentos que hemos desarrollado con anterioridad.

Y en este caso la sentencia ha valorado adecuadamente la prueba documental aportada a los autos por ambas partes litigantes así como el interrogatorio del Sr. Teofilo y las testificales de la Sra. Tatiana, Sr. Leonardo, Sr. Virgilio, Sr. Emiliano y Sr. Edemiro, prueba testifical suficiente para que la Magistrada llegue a la conclusión de que son ciertos los hechos imputados al trabajador en la carta de despido.

CUARTO.- En el siguiente motivo del recurso denuncia el error en la valoración de la prueba y la infracción de los artículos 14, 15 y 18 de la Constitución, al rechazar la sentencia de instancia la existencia de acoso laboral que él entiende que se da por los siguientes hechos: trato discriminatorio en la asignación de tareas, falsedad del acta de reprimenda de 13 de noviembre de 2023,irregularidad en la evaluación anual negativa de 18 de enero de 2024, vulneración del derecho a la desconexión digital e integridad moral, incumplimiento del protocolo de investigación de acoso, daño psicológico acreditado y la doctrina aplicable al acoso laboral.

El recurrente acumula así una multitud de hechos para llegar a la conclusión de que su despido es nulo.

El artículo 14 de la Constitución establece: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"

Dispone el art. 55 .4 y . 5 del Estatuto de los Trabajadores en lo que aquí concierne: "4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1. 5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora. ".

A su vez, el art. 96 .1 de la LRJS : "En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

En el mismo sentido, el art. 181 .2 (Tutela de derechos fundamentales) de la misma ley: "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Normas de las que deriva reiterada jurisprudencia, de la que es ejemplo la STS de 19-6-2023, rcud. 858/21 : "... en el plano de la relevancia constitucional, incumbirá a la empresa a quien se le imputa la vulneración de un derecho fundamental, acreditar que concurren causas objetivas que justifican la medida adoptada. En este sentido la STC 111/2003, de 15 de junio , vino en argumentar lo que sigue: "Una vez cubierto este inexcusable presupuesto y como segundo elemento, recae sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación obedeció a causas reales y objetivas absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente para fundar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios STC 30/2002, de 11 de febrero , FJ 3): sin que ello suponga situar al demandado ante la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia de un móvil lesivo de derechos fundamentales ( SSTC 140/1999, de 22 de julio , FJ 5; 29/2000, de 31 de enero , FJ 3). Se trata, pues, de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales, que debe llevar al juzgador a la convicción de que las causas alegadas motivaron la decisión de forma razonable y ajena a todo propósito atentatorio al derecho fundamental ( SSTC 202/1997, de 25 de noviembre , y 48/2002, de 25 de febrero , FJ 5)".

QUINTO.- En el caso que nos ocupa el actor no ha desplegado un panorama indiciario suficiente para entender que se debe dar una inversión de la carga de la prueba. Y así se refiere a un trato discriminatorio en la asignación de tareas, pues pretende valorar la prueba testifical practicada en la instancia, cuando la sentencia concluye que había una rotación en la asignación de puestos.

Por otra parte alega la falsedad del Acta de reprimenda de 13 de noviembre de 2023, que no es objeto de este procedimiento, ni es la causa de su despido. Lo mismo ocurre con la Evaluación anual negativa de 18 de enero de 2024. Entiende además que se ha vulnerado el derecho a la desconexión digital e integridad moral porque el Sr. Teofilo contactó con él estando de baja para comunicarle la suspensión de la evaluación y pérdida de la prima.

Se ha probado que la evaluación la realizó el coordinador titular Sr. Ramón y fue firmada y enviada por el Sr. Teofilo y fue enviada por burofax y Whatsapp sin que ello constituya vulneración alguna del derecho a la desconexión digital.

También alega que se ha incumplido el protocolo de investigación de acoso y que la sentencia omite cualquier referencia a la falta de investigación de la denuncia interpuesta por el trabajador. Sin embargo el hecho probado décimo se refiere al informe que se emitió por la empresa tras analizar la denuncia realizada por el trabajador el 1 de febrero de 2024 y ante la ausencia total de inicios sobre la existencia de acoso no se abrió el Protocolo por acoso laboral.

Sobre la existencia de daño psicológico, consta un informe pericial de parte que no ha sido ratificado en sede judicial y que por sí no acredita la existencia de un daño psicológico derivado de problemática laboral y el parte de IT es por contingencia común.

Y en definitiva el actor no ha aportado indicio alguno de la existencia de acoso laboral por lo que no puede declararse la nulidad del despido por esta causa.

SEXTO.- En el siguiente motivo del recurso se alega por el trabajador que se ha producido la vulneración del derecho a la garantía de indemnidad del artículo 24 de la Constitución.

Alega el recurrente que el despido es una reacción empresarial a la denuncia interna por acoso laboral que interpuso el trabajador el día 1 de febrero de 2024.

"El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no puede seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos ( SSTC 7/1993, 14/1993, 54/1995, 140/1999 y 196/2000, entre otras).

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2003, de 30 de enero, "(...) Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de marzo). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). Bajo esas circunstancias, el indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse ( SSTC 87/1998, de 21 de abril; 293/1993, de 18 de octubre; 140/1999, de 22 de julio; 29/2000, de 31 de enero; 207/2001, de 22 de octubre; 214/2001, de 29 de octubre; 14/20002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero; y 30/2002, de 11 de febrero). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental del trabajador".

En este sentido la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2013 (recurso 2327/2012 ) señala que se ha de acumular: "¿"prueba verosímil" o "principio de prueba" revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio, FJ 3; 125/2008, de 20/Octubre; y 2/2009, de 12/Enero, FJ 3. Y SSTS 14/04/11 ¿rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, "el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales" (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre, FJ 4; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4; y 74/2008, de 23/Junio, FJ 2); "en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria" (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, FJ6 EPV; 125/2008, de 20/Octubre; y 92/2009, de 20/Abril, FJ 7)...".

En similares términos, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio y 19 de febrero de 2014 ( recurso ordinario 11/2013 y suplicación para la unificación de doctrina 687/2013).

SÉPTIMO.- Pues bien, trasladando al presente supuesto la anterior doctrina jurisprudencial, no existe un panorama indiciario bastante de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el trabajador.

Así alega el recurrente que la vulneración de la garantía de indemnidad se funda en la reclamación realizada por el trabajador a la empresa el día 1 de febrero de 2024 denunciando que estaba sufriendo acoso laboral por parte del encargado del turno de noche D. Teofilo. Después de dicha denuncia la empresa realiza una investigación analizando los puntos de la misma y emitiendo un informe de fecha 9 de marzo de 2024 dando respuesta a las alegaciones del actor en su escrito de denuncia descartando que existiera ningún tipo de acoso.

El actor se incorpora a la empresa tras su baja médica el día 15 de julio de 2024 y es a raíz de los hechos sucedidos el día 28 de agosto de 2024 cuando la empresa toma la decisión de su despido disciplinario.

No existe por lo tanto nexo causal alguno entre la denuncia interna del actor y el despido, que la empresa ha demostrado que obedeció a motivos distintos.

OCTAVO.- En el siguiente motivo del recurso el Sr. Miriam denuncia el error en la calificación jurídica y desproporcionalidad de la sanción de despido.

Alega el Sr. Miriam que la sanción de despido es desproporcionada y que no encuentra amparo en el artículo 39 g) del Convenio Colectivo de la empresa que tipifica como falta muy grave: "los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta grave de respeto, consideración a los/as coordinadores/as, a los compañeros/as, subordinados/as, así como el menoscabo de la imagen de la empresa a través de cualquier medio".

Entiende el trabajador que se trata de un hecho aislado, no grave, carente de entidad ofensiva necesaria para integrar el tipo disciplinario descrito.

La sentencia da por probados los hechos recogidos en la carta de despido y en concreto lo ocurrido el día 28 de agosto de 2024 sobre las 1,45 horas cuando tuvo una actitud chulesca con un superior jerárquico que se recoge en la carta de despido.

Jurisprudencialmente se ha venido declarando reiteradamente que el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista, buscando la necesaria proporción entre la infracción y sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto; igualmente es bien conocida la interpretación jurisprudencial sobre la graduación de las faltas y sanciones laborales, explícita en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, exigente de incumplimientos graves para producir el despido disciplinario, de acuerdo con el artículo 54.1 de la misma ley, con bien razonable criterio de proporcionalidad; habiendo expresado la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1991, entre otras muchas, tal obvio principio en su aplicación al de la buena fe, en cuanto modelo de comportamiento común impuesto a las relaciones laborales por los artículos 5. A) y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores, erigido en criterio de valoración de conductas, del que resulta sólo justificado el despido para las que supongan una violación trascendente de la buena fe contractual, de modo que no cualquier transgresión de ella, sino solamente de la de carácter grave y culpable, es la que tiene calidad bastante para que resulte lícita aquella sanción; siendo, por tanto, necesario que se den las notas de culpabilidad y gravedad del incumplimiento imputado, no siendo tal culpabilidad la comprensiva de las especies dolosa o intencional y culposa o constitutiva de una conducta negligente, sino tan sólo la primera de ambas, singularizada por la consecuencia de un elemento intelectual y un elemento volitivo, representado por el propósito de atentar contra dicho interés.

Y en el caso que nos ocupa entendemos que la sanción impuesta resulta proporcionada a la vista de las circunstancias concurrentes: el día 28 de agosto de 2024 a las 1:45 horas el Sr. Sr. Teofilo se dirigió al actor acompañado del Sr. Leonardo y le dijo "buenas noches" contestando el actor "con un chisteo y levantando la cabeza de forma chulesca y desafiante". Ante esta conducta el Sr. Teofilo volvió a insistir dirigiéndose al actor y diciéndole " Miriam buenas noches" a lo que el actor respondió de igual manera que la primera vez añadiendo la frase "serán para ti". Podría haberse quedado allí la cosa, pero el Sr. Teofilo volvió a dirigirse al actor diciéndole "¿ Miriam qué pasa? Bajándose entonces el actor de la máquina que conducía haciendo los mismos chisteos y gestos chulescos y repitiendo la frase "serán para ti" en varias ocasiones poniéndose frente al Sr. Teofilo a dos dedos de su cara y haciendo gestos.

Pese a lo desafortunado del incidente no advertimos la gravedad suficiente que merezca la máxima sanción en que consiste el despido: no hubo insultos, agresión alguna, el Sr. Teofilo podría haber dejado pasar al actor sin dirigirse a él viendo su actitud, pero aún insistió tres veces en una suerte de provocación. No consta amenaza por parte del recurrente, ni insulto o descalificación personal hacia la persona del Sr. Teofilo o agresión alguna. Y estamos ante un trabajador con una antigüedad del año 2019 y sin antecedente disciplinario alguno.

Entendemos que la conducta del actor no puede calificarse de falta muy grave y por lo tanto debe declararse la improcedencia del despido.

NOVENO- En el último motivo del recurso el trabajador denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia sobre puntos esenciales ( artículo 24 Constitución).

Para dar solución a la cuestión planteada debe recordarse, como ha hecho esta Sala en múltiples ocasiones, que en todo proceso el juez ha de dar respuesta a las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, que es lo que procesalmente constituye la congruencia.

El proceso Laboral, y antes el civil, se rigen por el principio dispositivo o de justicia rogada, por lo que la congruencia de la sentencia ha de responder necesariamente a los esquemas básicos en que este principió se manifiesta, y así la LEC, que sigue inspirándose en el mentado principio dispositivo, grava al sujeto que se cree necesitar de la tutela de los tribunales con la carga de pedirla y determinarla con la suficiente precisión, y correlativamente se descarga al tribunal del deber y responsabilidad de decidir qué tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponda al caso, lo que no constituye, en absoluto, un obstáculo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la causa de pedir (Exposición de Motivos VI- LEC-).

La respuesta judicial a la pretensión deducida en el juicio debe ser motivada, es decir argumentada en su totalidad, por cuanto la motivación de las sentencias, y en general de las resoluciones judiciales que enjuician conflictos, revistan o no la forma de sentencias, no sólo aparece expresamente recogida en el artículo 120.2 de la CE, sino que el TC tiene declarado que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la CE. Motivación, que tal vez con alguna dulcificación, no comporta que el juez o tribunal "deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le imponen un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado" ( STC de 15 de junio de 1988 ), sino que "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión" ( SSTC de 25 de junio de 1996 y 11 de noviembre de 1998).

Debe tenerse en cuenta, por tanto, que sobre los tribunales pesa el deber de que, al dictar sus sentencias, éstas sean claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. La claridad significa la posibilidad de que su contenido sea comprendido sin dificultad. La precisión implica que se decidan de forma inequívoca, las cuestiones controvertidas, utilizando para ello las expresiones adecuadas, y por «congruencia» ha de entenderse -como señala el TS en Sentencia de 11 de febrero de 1981 (RJ 1981\672), con cita de las de 30 de marzo de 1970 (RJ 1970\1258) y 7 de abril de 1979 (RJ 1979\1651), de 16 de octubre de 1981 (RJ 1981\3986), 1 de julio (RJ 1982\4532) y 23 de octubre de 1982 (RJ 1982\6234) y 15 de diciembre de 1983 (RJ 1983\6218)-, la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del pleito, de modo que se presenta o aparece como una relación de conformidad entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia, como es lógico, puesto que se trata de un requisito de la misma, y el otro término de comparación es el constituido por la demanda y las demás pretensiones deducidas oportunamente en la litis. Por correlación entre pretensión y fallo se entiende la adecuación entre una y otro, por lo que la congruencia exige lo siguiente: a) Que el fallo no contenga más de lo pretendido por las partes; y se falta a este requisito, incurriendo en «incongruencia positiva», cuando la parte dispositiva de la sentencia concede o niega lo que por nadie se ha pedido; b) Que el fallo no contenga menos de lo pretendido por las partes, incurriendo en «incongruencia negativa» cuando la sentencia omite la decisión sobre algunas pretensiones de la demanda o de la reconvención; y c) Que el fallo no contenga nada distinto de lo pretendido, y se falta a este requisito, incurriendo en «incongruencia mixta», cuando la parte dispositiva de la sentencia sustituye alguna de las pretensiones formuladas por las partes, por otra que no ha sido formulada.

Es cierto que el TC en sentencia 68/1999, de 26 de abril (RTC 1999\68) establece que: "... Desde la inicial Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1982 (RTC 1982\20) son muchas las Sentencias de este Tribunal que han abordado la relevancia constitucional de la llamada incongruencia omisiva o 'ex silentio', en cuanto manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, elaborando un cuerpo de doctrina ya consolidado en el que para determinar si la posible falta de respuesta se traduce en incongruencia vulneradora del artículo 24.1 de la Constitución Española ha afirmado que dicho precepto no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva ( Sentencia Tribunal Constitucional 91/1995 [RTC 1995\91])"».

En el supuesto traído a enjuiciamiento, el análisis del contenido de la sentencia recurrida, no permite afirmar que la misma sea incongruente o que pueda achacarse a la misma falta de motivación pues da respuesta a todas las cuestiones planteadas en el procedimiento valorando la prueba documental y testifical practicada en el plenario y dando razones bastantes sobre la pretensión de nulidad y sobre la improcedencia del despido.

Por todo lo expuesto procede la estimación del recurso de suplicación.

PRIMERO.- .- D. Miriam recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza que desestimando su demanda interpuesta frente a MERCADONA SA y frente a D. Teofilo declara que no ha existido vulneración de derechos fundamentales en el despido impuesto al actor, declarando éste como procedente, con absolución de las demandadas de los pedimentos frente a ella formulados por la parte actora en este procedimiento.

Basa su recurso en varias denuncias jurídicas, si bien no cita el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La empresa demandada y el Ministerio Fiscal han impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

SEGUNDO.- El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

TERCERO.- El trabajador recurrente denuncia la infracción del artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al entender que existe contradicción entre la prueba testifical y documental y los hechos declarados probados.

Debemos señalar que el recurso pretende una nueva revisión de la valoración de la prueba realizada en la instancia, sobre todo de la prueba testifical. No podemos olvidar que el recurso de suplicación no es una apelación sino que tiene carácter extraordinario, destacando las amplias facultades que en orden a la valoración conjunta de los distintos elementos de convicción atribuye el artículo 97.2 de la LRJS al Juez de instancia, a quien corresponde apreciarlos en plenitud, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, sin que esta Sala esté habilitada para realizar una revisión general de la valoración realizada por aquél, para extraer de ella una nueva conclusión, máxime si la convicción judicial descansa en un medio de prueba, como es la testifical, cuya valoración no puede ser revisada en suplicación.

En definitiva, es facultad del Juez de instancia la valoración de la prueba, siendo el mismo soberano para dicha apreciación ( STC 175/1985, de 17 de diciembre, 24/1990 de 15 de febrero, entre otras) no pudiendo dejarse sin efecto tal valoración, y ser sustituida por la de la parte, salvo que la judicial pueda ser tildada de errónea, arbitraria o irracional, calificación que no se pueda aplicar al caso de autos por los argumentos que hemos desarrollado con anterioridad.

Y en este caso la sentencia ha valorado adecuadamente la prueba documental aportada a los autos por ambas partes litigantes así como el interrogatorio del Sr. Teofilo y las testificales de la Sra. Tatiana, Sr. Leonardo, Sr. Virgilio, Sr. Emiliano y Sr. Edemiro, prueba testifical suficiente para que la Magistrada llegue a la conclusión de que son ciertos los hechos imputados al trabajador en la carta de despido.

CUARTO.- En el siguiente motivo del recurso denuncia el error en la valoración de la prueba y la infracción de los artículos 14, 15 y 18 de la Constitución, al rechazar la sentencia de instancia la existencia de acoso laboral que él entiende que se da por los siguientes hechos: trato discriminatorio en la asignación de tareas, falsedad del acta de reprimenda de 13 de noviembre de 2023,irregularidad en la evaluación anual negativa de 18 de enero de 2024, vulneración del derecho a la desconexión digital e integridad moral, incumplimiento del protocolo de investigación de acoso, daño psicológico acreditado y la doctrina aplicable al acoso laboral.

El recurrente acumula así una multitud de hechos para llegar a la conclusión de que su despido es nulo.

El artículo 14 de la Constitución establece: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"

Dispone el art. 55 .4 y . 5 del Estatuto de los Trabajadores en lo que aquí concierne: "4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1. 5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora. ".

A su vez, el art. 96 .1 de la LRJS : "En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

En el mismo sentido, el art. 181 .2 (Tutela de derechos fundamentales) de la misma ley: "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Normas de las que deriva reiterada jurisprudencia, de la que es ejemplo la STS de 19-6-2023, rcud. 858/21 : "... en el plano de la relevancia constitucional, incumbirá a la empresa a quien se le imputa la vulneración de un derecho fundamental, acreditar que concurren causas objetivas que justifican la medida adoptada. En este sentido la STC 111/2003, de 15 de junio , vino en argumentar lo que sigue: "Una vez cubierto este inexcusable presupuesto y como segundo elemento, recae sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación obedeció a causas reales y objetivas absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente para fundar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios STC 30/2002, de 11 de febrero , FJ 3): sin que ello suponga situar al demandado ante la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia de un móvil lesivo de derechos fundamentales ( SSTC 140/1999, de 22 de julio , FJ 5; 29/2000, de 31 de enero , FJ 3). Se trata, pues, de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales, que debe llevar al juzgador a la convicción de que las causas alegadas motivaron la decisión de forma razonable y ajena a todo propósito atentatorio al derecho fundamental ( SSTC 202/1997, de 25 de noviembre , y 48/2002, de 25 de febrero , FJ 5)".

QUINTO.- En el caso que nos ocupa el actor no ha desplegado un panorama indiciario suficiente para entender que se debe dar una inversión de la carga de la prueba. Y así se refiere a un trato discriminatorio en la asignación de tareas, pues pretende valorar la prueba testifical practicada en la instancia, cuando la sentencia concluye que había una rotación en la asignación de puestos.

Por otra parte alega la falsedad del Acta de reprimenda de 13 de noviembre de 2023, que no es objeto de este procedimiento, ni es la causa de su despido. Lo mismo ocurre con la Evaluación anual negativa de 18 de enero de 2024. Entiende además que se ha vulnerado el derecho a la desconexión digital e integridad moral porque el Sr. Teofilo contactó con él estando de baja para comunicarle la suspensión de la evaluación y pérdida de la prima.

Se ha probado que la evaluación la realizó el coordinador titular Sr. Ramón y fue firmada y enviada por el Sr. Teofilo y fue enviada por burofax y Whatsapp sin que ello constituya vulneración alguna del derecho a la desconexión digital.

También alega que se ha incumplido el protocolo de investigación de acoso y que la sentencia omite cualquier referencia a la falta de investigación de la denuncia interpuesta por el trabajador. Sin embargo el hecho probado décimo se refiere al informe que se emitió por la empresa tras analizar la denuncia realizada por el trabajador el 1 de febrero de 2024 y ante la ausencia total de inicios sobre la existencia de acoso no se abrió el Protocolo por acoso laboral.

Sobre la existencia de daño psicológico, consta un informe pericial de parte que no ha sido ratificado en sede judicial y que por sí no acredita la existencia de un daño psicológico derivado de problemática laboral y el parte de IT es por contingencia común.

Y en definitiva el actor no ha aportado indicio alguno de la existencia de acoso laboral por lo que no puede declararse la nulidad del despido por esta causa.

SEXTO.- En el siguiente motivo del recurso se alega por el trabajador que se ha producido la vulneración del derecho a la garantía de indemnidad del artículo 24 de la Constitución.

Alega el recurrente que el despido es una reacción empresarial a la denuncia interna por acoso laboral que interpuso el trabajador el día 1 de febrero de 2024.

"El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no puede seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos ( SSTC 7/1993, 14/1993, 54/1995, 140/1999 y 196/2000, entre otras).

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2003, de 30 de enero, "(...) Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de marzo). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). Bajo esas circunstancias, el indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse ( SSTC 87/1998, de 21 de abril; 293/1993, de 18 de octubre; 140/1999, de 22 de julio; 29/2000, de 31 de enero; 207/2001, de 22 de octubre; 214/2001, de 29 de octubre; 14/20002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero; y 30/2002, de 11 de febrero). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental del trabajador".

En este sentido la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2013 (recurso 2327/2012 ) señala que se ha de acumular: "¿"prueba verosímil" o "principio de prueba" revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio, FJ 3; 125/2008, de 20/Octubre; y 2/2009, de 12/Enero, FJ 3. Y SSTS 14/04/11 ¿rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, "el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales" (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre, FJ 4; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4; y 74/2008, de 23/Junio, FJ 2); "en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria" (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, FJ6 EPV; 125/2008, de 20/Octubre; y 92/2009, de 20/Abril, FJ 7)...".

En similares términos, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio y 19 de febrero de 2014 ( recurso ordinario 11/2013 y suplicación para la unificación de doctrina 687/2013).

SÉPTIMO.- Pues bien, trasladando al presente supuesto la anterior doctrina jurisprudencial, no existe un panorama indiciario bastante de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el trabajador.

Así alega el recurrente que la vulneración de la garantía de indemnidad se funda en la reclamación realizada por el trabajador a la empresa el día 1 de febrero de 2024 denunciando que estaba sufriendo acoso laboral por parte del encargado del turno de noche D. Teofilo. Después de dicha denuncia la empresa realiza una investigación analizando los puntos de la misma y emitiendo un informe de fecha 9 de marzo de 2024 dando respuesta a las alegaciones del actor en su escrito de denuncia descartando que existiera ningún tipo de acoso.

El actor se incorpora a la empresa tras su baja médica el día 15 de julio de 2024 y es a raíz de los hechos sucedidos el día 28 de agosto de 2024 cuando la empresa toma la decisión de su despido disciplinario.

No existe por lo tanto nexo causal alguno entre la denuncia interna del actor y el despido, que la empresa ha demostrado que obedeció a motivos distintos.

OCTAVO.- En el siguiente motivo del recurso el Sr. Miriam denuncia el error en la calificación jurídica y desproporcionalidad de la sanción de despido.

Alega el Sr. Miriam que la sanción de despido es desproporcionada y que no encuentra amparo en el artículo 39 g) del Convenio Colectivo de la empresa que tipifica como falta muy grave: "los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta grave de respeto, consideración a los/as coordinadores/as, a los compañeros/as, subordinados/as, así como el menoscabo de la imagen de la empresa a través de cualquier medio".

Entiende el trabajador que se trata de un hecho aislado, no grave, carente de entidad ofensiva necesaria para integrar el tipo disciplinario descrito.

La sentencia da por probados los hechos recogidos en la carta de despido y en concreto lo ocurrido el día 28 de agosto de 2024 sobre las 1,45 horas cuando tuvo una actitud chulesca con un superior jerárquico que se recoge en la carta de despido.

Jurisprudencialmente se ha venido declarando reiteradamente que el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista, buscando la necesaria proporción entre la infracción y sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto; igualmente es bien conocida la interpretación jurisprudencial sobre la graduación de las faltas y sanciones laborales, explícita en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, exigente de incumplimientos graves para producir el despido disciplinario, de acuerdo con el artículo 54.1 de la misma ley, con bien razonable criterio de proporcionalidad; habiendo expresado la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1991, entre otras muchas, tal obvio principio en su aplicación al de la buena fe, en cuanto modelo de comportamiento común impuesto a las relaciones laborales por los artículos 5. A) y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores, erigido en criterio de valoración de conductas, del que resulta sólo justificado el despido para las que supongan una violación trascendente de la buena fe contractual, de modo que no cualquier transgresión de ella, sino solamente de la de carácter grave y culpable, es la que tiene calidad bastante para que resulte lícita aquella sanción; siendo, por tanto, necesario que se den las notas de culpabilidad y gravedad del incumplimiento imputado, no siendo tal culpabilidad la comprensiva de las especies dolosa o intencional y culposa o constitutiva de una conducta negligente, sino tan sólo la primera de ambas, singularizada por la consecuencia de un elemento intelectual y un elemento volitivo, representado por el propósito de atentar contra dicho interés.

Y en el caso que nos ocupa entendemos que la sanción impuesta resulta proporcionada a la vista de las circunstancias concurrentes: el día 28 de agosto de 2024 a las 1:45 horas el Sr. Sr. Teofilo se dirigió al actor acompañado del Sr. Leonardo y le dijo "buenas noches" contestando el actor "con un chisteo y levantando la cabeza de forma chulesca y desafiante". Ante esta conducta el Sr. Teofilo volvió a insistir dirigiéndose al actor y diciéndole " Miriam buenas noches" a lo que el actor respondió de igual manera que la primera vez añadiendo la frase "serán para ti". Podría haberse quedado allí la cosa, pero el Sr. Teofilo volvió a dirigirse al actor diciéndole "¿ Miriam qué pasa? Bajándose entonces el actor de la máquina que conducía haciendo los mismos chisteos y gestos chulescos y repitiendo la frase "serán para ti" en varias ocasiones poniéndose frente al Sr. Teofilo a dos dedos de su cara y haciendo gestos.

Pese a lo desafortunado del incidente no advertimos la gravedad suficiente que merezca la máxima sanción en que consiste el despido: no hubo insultos, agresión alguna, el Sr. Teofilo podría haber dejado pasar al actor sin dirigirse a él viendo su actitud, pero aún insistió tres veces en una suerte de provocación. No consta amenaza por parte del recurrente, ni insulto o descalificación personal hacia la persona del Sr. Teofilo o agresión alguna. Y estamos ante un trabajador con una antigüedad del año 2019 y sin antecedente disciplinario alguno.

Entendemos que la conducta del actor no puede calificarse de falta muy grave y por lo tanto debe declararse la improcedencia del despido.

NOVENO- En el último motivo del recurso el trabajador denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia sobre puntos esenciales ( artículo 24 Constitución).

Para dar solución a la cuestión planteada debe recordarse, como ha hecho esta Sala en múltiples ocasiones, que en todo proceso el juez ha de dar respuesta a las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, que es lo que procesalmente constituye la congruencia.

El proceso Laboral, y antes el civil, se rigen por el principio dispositivo o de justicia rogada, por lo que la congruencia de la sentencia ha de responder necesariamente a los esquemas básicos en que este principió se manifiesta, y así la LEC, que sigue inspirándose en el mentado principio dispositivo, grava al sujeto que se cree necesitar de la tutela de los tribunales con la carga de pedirla y determinarla con la suficiente precisión, y correlativamente se descarga al tribunal del deber y responsabilidad de decidir qué tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponda al caso, lo que no constituye, en absoluto, un obstáculo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la causa de pedir (Exposición de Motivos VI- LEC-).

La respuesta judicial a la pretensión deducida en el juicio debe ser motivada, es decir argumentada en su totalidad, por cuanto la motivación de las sentencias, y en general de las resoluciones judiciales que enjuician conflictos, revistan o no la forma de sentencias, no sólo aparece expresamente recogida en el artículo 120.2 de la CE, sino que el TC tiene declarado que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la CE. Motivación, que tal vez con alguna dulcificación, no comporta que el juez o tribunal "deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le imponen un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado" ( STC de 15 de junio de 1988 ), sino que "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión" ( SSTC de 25 de junio de 1996 y 11 de noviembre de 1998).

Debe tenerse en cuenta, por tanto, que sobre los tribunales pesa el deber de que, al dictar sus sentencias, éstas sean claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. La claridad significa la posibilidad de que su contenido sea comprendido sin dificultad. La precisión implica que se decidan de forma inequívoca, las cuestiones controvertidas, utilizando para ello las expresiones adecuadas, y por «congruencia» ha de entenderse -como señala el TS en Sentencia de 11 de febrero de 1981 (RJ 1981\672), con cita de las de 30 de marzo de 1970 (RJ 1970\1258) y 7 de abril de 1979 (RJ 1979\1651), de 16 de octubre de 1981 (RJ 1981\3986), 1 de julio (RJ 1982\4532) y 23 de octubre de 1982 (RJ 1982\6234) y 15 de diciembre de 1983 (RJ 1983\6218)-, la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del pleito, de modo que se presenta o aparece como una relación de conformidad entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia, como es lógico, puesto que se trata de un requisito de la misma, y el otro término de comparación es el constituido por la demanda y las demás pretensiones deducidas oportunamente en la litis. Por correlación entre pretensión y fallo se entiende la adecuación entre una y otro, por lo que la congruencia exige lo siguiente: a) Que el fallo no contenga más de lo pretendido por las partes; y se falta a este requisito, incurriendo en «incongruencia positiva», cuando la parte dispositiva de la sentencia concede o niega lo que por nadie se ha pedido; b) Que el fallo no contenga menos de lo pretendido por las partes, incurriendo en «incongruencia negativa» cuando la sentencia omite la decisión sobre algunas pretensiones de la demanda o de la reconvención; y c) Que el fallo no contenga nada distinto de lo pretendido, y se falta a este requisito, incurriendo en «incongruencia mixta», cuando la parte dispositiva de la sentencia sustituye alguna de las pretensiones formuladas por las partes, por otra que no ha sido formulada.

Es cierto que el TC en sentencia 68/1999, de 26 de abril (RTC 1999\68) establece que: "... Desde la inicial Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1982 (RTC 1982\20) son muchas las Sentencias de este Tribunal que han abordado la relevancia constitucional de la llamada incongruencia omisiva o 'ex silentio', en cuanto manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, elaborando un cuerpo de doctrina ya consolidado en el que para determinar si la posible falta de respuesta se traduce en incongruencia vulneradora del artículo 24.1 de la Constitución Española ha afirmado que dicho precepto no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva ( Sentencia Tribunal Constitucional 91/1995 [RTC 1995\91])"».

En el supuesto traído a enjuiciamiento, el análisis del contenido de la sentencia recurrida, no permite afirmar que la misma sea incongruente o que pueda achacarse a la misma falta de motivación pues da respuesta a todas las cuestiones planteadas en el procedimiento valorando la prueba documental y testifical practicada en el plenario y dando razones bastantes sobre la pretensión de nulidad y sobre la improcedencia del despido.

Por todo lo expuesto procede la estimación del recurso de suplicación.