Sentencia Social 302/2026 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 210/2026 de 20 de abril del 2026

PRIMERO.-La sentencia objeto de recurso desestima la demanda interpuesta por D. Marino contra la mercantil Mercadona S.A. declarando procedente el despido del trabajador. Tal sentencia parte de que el actor reconoció los hechos disciplinarios que dieron lugar a su despido y que los mismos son constitutivos de falta muy grave del art. 39 del convenio, concretamente del fraude, deslealtad y transgresión de la buena fe contractual, en tanto que trató de defraudar a la empresa con el importe de 60 euros correspondiente al ticket por haber tenido el vehículo de una amiga aparcado en el parking de Mercadona de Valdepasillas desde el 4 al 5 de abril de 2024, conociendo la normativa de la empresa relativa a que para sacar el vehículo aparcado desde el día anterior debía abonarse el ticket correspondiente, lo que no hizo sacando el vehículo de dicho parking sin proceder previamente a tal abono.

Frente a tal pronunciamiento se recurre por la parte actora en suplicación la sentencia, lo cual es impugnado por la mercantil Mercadona y dándose traslado a la parte recurrente nuevamente sobre las alegaciones de la impugnación se presenta escrito de fecha 16 de enero de 2016 oponiéndose a la misma.

En tal sentencia asimismo, sobre la demanda reconvencional presentada por Mercadona reclamando al trabajador la cuantía de 2000 euros abonados previamente al actor, se señala en su fundamento de derecho cuarto que no es admisible en el presente procedimiento al no proceder la acumulación de tal pretensión de conformidad con el art. 26.2 y 26.3 LJS y sin perjuicio de reclamación contra el trabajador en procedimiento diferente. Tal pronunciamiento no se impugna por las partes.

SEGUNDO.-En primer lugar se fundamenta el recurso al amparo de la letra a) del art. 193 LJS en el examen de la infracción de normas y garantías del procedimiento. Refiere la parte recurrente que ha tenido lugar la infracción del art. 97.2 LJS, falta de motivación suficiente que genera indefensión a la parte actora ex art. 24 CE, en tanto que la juzgadora de instancia no se pronuncia ni valora expresamente, incongruencia omisiva, sobre extremos que fueron objeto de alegación y prueba durante la vista determinantes para la calificación del despido como improcedente, y en concreto la inexistencia de intención o ánimo defraudatorio por el trabajador, la no obtención de beneficio personal ni perjuicio para la empresa, el contexto en el que se firma el documento posterior al despido y la intachable trayectoria del trabajador. En segundo lugar afirma el recurrente en tal motivo del recurso que por la juzgadora se introdujeron elementos subjetivos sin sustento probatorio en cuanto realiza un juicio de intencionalidad del trabajador ajeno a la prueba practicada en la vista y omite valorar el testimonio de la propietaria del vehículo, la documental referida al pago del ticket y la falta de negociación o asesoramiento en la firma del documental, realizando un razonamiento ilógico y contradictorio con el reconocimiento de hechos favorables al trabajador, como la ausencia de sanciones previas y la buena valoración profesional. Finalmente aduce como sustento de tal motivo del recurso que tal vulneración del art. 97.2 LJS y art 24 CE le genera una indefensión real y efectiva procediendo en consecuencia la nulidad de actuaciones a fin de que se dicte otra sentencia que se pronuncie sobre la totalidad de pretensiones y valore la totalidad de la prueba con arreglo a los cánones de racionalidad y motivación.

Al respecto hemos de dejar sentado, y así se ha pronunciado esta Sala con reiteración, que dicho apartado a) del art. 193 LJS tiene por finalidad velar por el cumplimiento de los principios que han de presidir el devenir la actividad procesal, principios genuinamente constitucionales y que son los de igualdad de las partes, de audiencia, de contradicción y de proscripción de la indefensión. Es decir, el precepto vela por la pureza del procedimiento, o cauce formal mediante el que las partes exponen (demanda y contestación), demuestran (proposición y práctica de la prueba) y concluyen (fase de conclusiones sobre la prueba practicada y su incidencia en la posición de acción y resistencia de actor y demandado) sobre las pretensiones debidamente llevadas al proceso. Pero para que prospere el motivo estudiado y determine la declaración de nulidad de lo actuado, decisión siempre traumática y última que conlleva dilaciones en el curso del proceso y una vuelta a empezar que a ninguna de las partes ni a la propia Administración de Justicia beneficia, por lo que supone de desandar el camino andado y la reposición de los autos al estado en que se cometió la falta, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se produzca la infracción de una norma o garantía del procedimiento.

b) Que dicha infracción produzca indefensión material, no meramente formal, privando o limitando los derechos e intereses legítimos en su calidad de parte.

c) El agotamiento en la instancia de todos los remedios admisibles encaminados a la subsanación o reparación del defecto, lo que implica que se haya formulado protesta en tiempo y forma, siempre que ello fuera posible, para que no se suponga consentido o tolerada la infracción con el silencio del afectado o su inactividad procesal (así se pronuncia el artículo 191.3.d) de la LRJS y enuncia genéricamente el artículo 238 en relación con el artículo 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada a dichos preceptos por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre).

Con arreglo a lo anterior, hemos de concluir que no concurrente los requisitos exigidos para decretar la nulidad de actuaciones pretendida en tanto que como nos dicen las de SSTS 12 de mayo de 2008, rec. 81/2007 y 5 de noviembre de 2008, rec. 130/2007 ), que la valoración de la prueba es cometido exclusivo del Juez o Tribunal que presidió el juicio, el cual deberá determinar qué hechos alegados por las partes, de interés para la resolución del pleito, han quedado o no acreditadas a fin de declararlas o no probadas y esta valoración la lleva a cabo el juzgador libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la "sana critica" ( arts, 316 , 348 , 376 y 382 de la LECiv ), esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas o absurdas. La libre facultad del juzgador para valorar la prueba con arreglo a la "sana critica" únicamente se ve constreñida por las reglas legales de valoración establecidas para pruebas concretas ( arts. 1218 y 1225 del Código Civil , 319.1 y 2 , y 326.1 de la LECiv , respecto de los documentos, según sean públicos, privados ó administrativos)).

En este caso, si acudimos a los razonamientos que se contienen en la sentencia recurrida y que llevan al juzgador a estimar procedente el despido del trabajador, contenidos en el fundamento de derecho tercero, en el que igualmente se resume los hechos que estima probados, puede apreciarse que en ellos no se hace una valoración de la prueba arbitraria o ilógica, sino conforme a esas reglas de la sana crítica, sin que se haya infringido ninguna de las reglas legales existentes sobre tal valoración.

Y no solo no existe falta de motivación sino que tampoco ha tenido lugar incongruencia omisiva alguna. El artículo 218 LEC dispone que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito...". En este sentido, tal y como señala la STS/4ª de 11 de julio de 2024 (recurso 22/2022), la congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo "una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible". La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro. Ahora bien, ello no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo "iura novit curia" los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes ( STS de 8 de noviembre de 2006, recurso nº135/2005).

Igualmente, hay que distinguir entre las pretensiones en sí mismas y las alegaciones que fundamentan aquellas. La congruencia referida a las primeras es más rigurosa que las segundas, las cuales no precisan una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas. Pero sí que es obligado no omitir la consideración de las alegaciones concretas que resulten sustanciales para el caso y decisivas para el fallo. En definitiva, como se expuso en la STC 91/1995, de 19 de junio, y en las que en ella se citan, "no puede entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial infectiva por el hecho de que el órgano judicial no dé respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones vertidas en el proceso, ese derecho puede satisfacerse, atendiendo a las circunstancias de cada caso, con una respuesta a las alegaciones de fondo que vertebran el razonamiento de las partes, aunque se dé una respuesta genérica o incluso aunque se omita esa respuesta respecto de alguna alegación secundaria". Además, el derecho a la tutela judicial efectiva se configura como el derecho que tienen las partes en el proceso a obtener una resolución del Tribunal fundada y motivada, pero sin que ésta deba ser necesariamente acorde a sus pretensiones ni ajustado a sus intereses.

La proyección de esta doctrina conduce inexorablemente a la desestimación de este motivo pues consta en la resolución de instancia de forma extensa (fundamento de derecho tercero) los razonamientos que apoyan su decisión abordando todos los puntos que fueron objeto del debate. Así, la sentencia de instancia se pronuncia sobre todos los extremos objeto del debate cuales son por un lado los hechos constitutivos del despido del trabajador y la calificación de los mismos y por otro la demanda reconvencional ejercitada por Mercadona en relación con la cuantía pactada con el trabajador en documento extrajudicial para evitar el pleito, señalando respecto de esta que no procedía la acumulación de la acción y dejando imprejuzgada la misma. Al contrario de lo que afirma la parte actora en su recurso la juzgadora valora y afirma la existencia de un ánimo defraudatorio por el actor, pronunciándose expresamente en la sentencia sobre la alegación efectuada por el mismo de que los hechos tuvieron lugar a raíz de un "impulso", valora asimismo y se pronuncia sobre el comportamiento intachable del trabajador antes de los hechos y sobre la pretensión del trabajador de obtención de un beneficio aunque el mismo finalmente no se haya materializado.

Tal valoración la realiza la juzgadora analizando la prueba documental y testifical practicada en la vista como expresa pormenorizadamente en el fundamento de derecho tercero de la sentencia, por lo que ninguna infracción de normas y garantías del procedimiento ha tenido lugar procediendo desestimar el motivo aducido en el recurso.

TERCERO.-Con amparo en la letra b) del art. 193 LJS solicita la parte recurrente la revisión de hechos probados, para lo cual resulta de aplicación la reiterada doctrina jurisprudencial sobre revisión de hechos probados en sede casacional recogida, entre otras, en la STS de 15 de marzo de 2023 (recurso nº212/2022), la cual resulta de plena aplicación al recurso de suplicación y que exige de la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se indique con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse). b) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. Las modificaciones o revisiones suplicadas no deben comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas han de tener exclusiva y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica. c) Que la parte recurrente no se limite a manifestar su discrepancia con el fallo de la sentencia o con el conjunto de los hechos probados, sino que especifique los puntos con los que discrepa. d) Que su errónea apreciación derive de forma directa, clara y patente, de los documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian). e) Que la modificación no se base en prueba testifical. La revisión de los hechos probados sólo puede fundarse en la documental obrante en autos (también en prueba pericial en el caso del recurso de suplicación) y que evidencien el error del juzgador de instancia. Excepcionalmente cabe examinar este tipo de pruebas cuando las mismas ofrecen un índice de comprensión del propio contenido de los documentos en los que parte fundamenta su modificación. f) Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo algunos de sus puntos, bien complementándolos. g) Que se trate de elementos fácticos trascedentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo. h) Que quien invoque el motivo preciso los términos en que deban quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento. i) Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascedente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitada prueba documental.

Igualmente conforme al art. 196.3 LJS en casos como el presente que se solicite la revisión de hechos probados "habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca".

En dicho extenso motivo la parte recurrente solicita la revisión en primer lugar del hecho probado tercerosobre la base del documento nº 15 de la parte demandada (acontecimiento nº 106) consistente en el "correo electrónico remitido por el Coordinador A-Gerente Laboral de RRHH de la empresa" y sobre la base de la testifical de la propietaria del vehículo Sra. Herminia, para proponer la siguiente redacción "TERCERO. - En fecha 4 de abril de 2024, el vehículo propiedad de Doña Herminia fue aparcado en compañía de su madre, exclusivamente por ésta en el parking del centro Mercadona 3222, sito en la Barriada de Valdepasillas, Badajoz, sin intervención alguna del actor, Don Marino." en lugar de la contenida en sentencia "En fecha 4 de abril de 2024 el actor y una amiga, Doña Herminia, aparcan el vehículo de ésta en el parking del centro de Mercadona 3222, sito en la Barriada de Valdepasillas, Badajoz."

Sobre la solicitud de tal revisión procede indicar en primer lugar que la testifical no es hábil para proceder a la revisión fáctica pretendida conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 193 LJS, solo la documental o pericial cita tal precepto como únicos medios de prueba incluidos en tal precepto legal; y respecto del documento aludido, doc. 15 de Mercadona (acontecimiento nº 106, email de coordinador a RRHH) en el que literalmente se contiene como hechos "Jueves 04/04/24 una amiga suya aparca el coche en el parking del C3222 Barriada Valdepasillas (Badajoz)" no resulta de forma clara, directa, expresa y concluyente el error de la juzgadora en la valoración pues tal documento solo hace referencia a conductora del vehículo sin que del mismo se pueda deducir que el acompañante no fuera el actor sino otra persona.

En segundo lugarinteresa la modificación y adición del hecho probado cuartosobre la base de la testifical de la Sra. Herminia practicada en la vista solicitando la adición del siguiente párrafo como segundo "Consta acreditado que, con anterioridad a la retirada del vehículo, del parking de Mercadona el día 5 de abril de 2024, el actor, Don Marino, intentó contactar telefónicamente con la propietaria del vehículo, Doña Herminia, para informarle de la situación, no pudiendo ser atendida la llamada por encontrarse ésta trabajando. Solo tras este intento, y ante la imposibilidad de resolver la situación de forma ordinaria, procedió a sacar el vehículo." Tal adición no procede al no ser hábil la prueba testifical para fundar la revisión fáctica suplicacional al no hallarse la misma incluidas dentro de las pruebas que el precepto legal contempla.

En tercer lugarsolicita adición en el hecho probado quintosobre la base del documento nº 6 del ramo de prueba de la parte actora (acontecimiento 7) justificante bancario del pago del ticket, proponiendo la siguiente redacción (en negrita la adición interesada): "QUINTO. - Su superior jerárquico le informa de la gravedad de los hechos y de que el ticket del aparcamiento continua en la tienda, por lo que el actor telefonea a su amiga, y, propietaria del vehículo, quien se dirigió al Mercadona de Valdepasillas y abonó el importe del ticket inmediatamente, alrededor de las 14:15 horas del día 5 de abril de 2024, de ello se desprende el justificante bancario emitido por BBVA, documento obrante al ramo de la prueba de la demandante además del testimonio en el juicio, demostrando su buena fe y reparación inmediata del incidente." En lugar de la contenida en sentencia "que durante la tarde se dirigió al Mercadona de Valdepasillas y abonó su importe". Tampoco procede la modificación y adición interesada en tanto que no solo contienen conceptos jurídicos inadmisibles en una revisión fáctica como es el de "buena fe" o valoraciones subjetivas como la de "reparación inmediata" sino que además es intrascendente la sustitución del término "durante la tarde" por el de la hora concreta del pago que figura en el documento aludido, en tanto que tal hecho y momento del pago no ha resultado controvertido, como indica la juzgadora en el FD 3º de la sentencia, resultando también intrascendente la fijación de tal hora en tanto que en todo caso fue "durante la tarde" como indica la sentencia y con posterioridad a ser advertido el trabajador por su supervisor.

En cuarto lugarinteresa la modificación y adición del hecho probado octavocon base en el documento nº 1 de la demanda (acontecimiento nº 2 del expediente digital) proponiendo la siguiente redacción del párrafo primero (en negrita lo modificado) "OCTAVO. - El trabajador y su superior "no representante legal de la empresa al no acreditar dicha representación" suscriben en fecha 16 de abril de 2024 documento obrante al ramo de prueba de la demandada. No obstante, el trabajador no ha percibido dicha cantidad de 2.000 euros, sino únicamente la cuantía correspondiente al finiquito, que asciende a 1.577,48 euros brutos."En lugar de la que figura en sentencia "El trabajador y el representante de la empresa suscriben en fecha 16 de abril de2024 documento obrante al ramo de prueba de la demandada y cuyo contenido se da por reproducido en el que manifiesta: (...)" limitándose la sentencia a reproducir el contenido del documento. No ha lugar a la revisión fáctica pretendida en primer lugar porque se trata de introducir hechos negativos (no haber percibido la cantidad de 2000 euros), pues conforme la doctrina viene precisando los hechos negativos en el sentido de que no constan acreditados, sin que resulte probado si tuvieron o no lugar, se tendrán por no puestos, tanto los que figuren en la narración histórica como los que la parte pretende incorporar ( STS de 16 de octubre de 2013, recurso nº 101/2012). A mayor abundamiento cuando tampoco en la sentencia, en su hecho probado octavo se afirma que el actor haya percibido esos 2000 euros y sin que tal hecho sea trascendente para el fallo de la sentencia en tanto que la misma deja imprejuzgada la acción de reclamación de cantidad formulada por Mercadona.

En virtud de todo lo expuesto procede desestimar en su totalidad el motivo segundo del recurso referido a la revisión fáctica de la sentencia de instancia.

CUARTO.-Como tercer motivo al amparo de lo dispuesto en art. 193 c) LJS se opone infracción de normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia y concretamente del art. 97.2 LJS, art. 24 CE, art. 54.2 ET y art. 39.1 f) del convenio colectivo de Mercadona y jurisprudencia del Tribunal Supremo reproducida en sentencias de esta sala.

Para que prospere el motivo de censura jurídica son requisitos necesarios:

1º.- Denunciar la infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia con cita concreta de la norma, o del apartado de aquella, o de las sentencias que contienen la jurisprudencia cuya infracción se denuncia.

2º.- Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, explicitar por qué la resolución recurrida ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, porque no aplica una norma o una determinada jurisprudencia, porque las aplica pero de forma incorrecta, precisando el sentido de la norma si no es clara y admite diversas opciones interpretativas ( SSTS de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016 y de 15 de junio de 2020. Rec. 72/2019)

3º.- Sustentar el motivo de censura jurídica en el relato fáctico de la resolución recurrida modificado, en su caso, tras el éxito del motivo de revisión fáctica. No cabe fundamentar fácticamente el razonamiento jurídico partiendo de la prueba sino de la definitiva versión judicial de los hechos. En caso contrario, cuando se parte de hechos distintos de los reseñados en la sentencia de instancia se incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS de 23 de noviembre de 2016, recurso 94/2016 y de 16 de diciembre de 2016, recurso 65/2016). En este sentido nos ilustra la reciente STS de 14 de noviembre de 2024, Rec. 227/2022: << El recurso se adentra de esta forma en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio procesal, cual es la llamada «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión ». Defecto que se produce cuando el recurso parte -sin pretender revisarlas - de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS -3-5-2017, rec. 123/2016); 11- 2- 2016, rec, 98/2015; 3-2-2016; rec, 31/2015, entre otras muchas), y al construirse sobre bases fácticas erróneas incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión ", por sustentarse en unos hechos contrarios a los que declara probados la sentencia recurrida ( STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021)>>. Completa en la STS de 23 de mayo de 2023, Rec. 3/2021.el citado artículo tiene cinco números o apartados, cada uno de ellos con normas relativas a diversos conceptos y, como nos dice la STS de 30 de junio de 2010, rec. 4123/2008, a estos efectos del recurso, no es "válida la cita o mención genérica de un precepto extenso y complejo, que contenga en su seno disposiciones diversas, pues en tal caso es obligado identificar el extremo o extremos específicos del mismo que se consideren conculcados".

En cuanto a la aludida infracción del art. 97.2 LJS y art. 24 CE, la cual se aduce como motivo a) del tercer motivo del recurso, no podemos más que reproducir la fundamentación contenida en esta sentencia en su FD2º, insistiendo que la juzgadora se pronuncia sobre todos los extremos debatidos, incluidos los que propugna la parte recurrente y especialmente los referidos al ánimo defraudatorio del actor con su conducta, en la que igualmente toma en consideración que ha tenido lugar el pago del ticket valorando el mismo como hecho no discutido y atendiendo para apreciar el fraude al momento en el que tuvo lugar, sin que en la sentencia se afirme que el trabajador haya percibido 2000 euros en tanto que el hecho probado octavo solo reproduce el acuerdo puesta a la firma del trabajador y en el fundamento de derecho cuarto se inadmite la demanda reconvencional en reclamación de tal cantidad formulada por Mercadona sobre la base que tal acción no es acumulable a la acción de despido, pronunciamiento que no ha sido objeto de recurso. La sentencia de instancia valora la totalidad de la prueba practicada reflejándola en la redacción de los hechos probados sin que el hecho de que tal valoración no coincida con la pretendida por la parte recurrente vicie el procedimiento ni de nulidad ni implica infracción jurídica alguna.

QUINTO.-En cuanto a la infracción que se aduce del art. 54.2 ET y art. 39.1 f) convenio colectivo de Mercadona se alude por la parte recurrente que el convenio aplicable no contempla en ninguno de sus preceptos la conducta atribuida al trabajador como falta muy grave sancionable como despido, aún más cuando el hecho tiene lugar fuera de la jornada laboral y del centro de trabajo del actor y respecto de un vehículo que no es el propio, habiéndose además reparado inmediatamente el perjuicio estableciendo el art. 39.1. f) del convenio como falta leve "aparcar el vehículo en el aparcamiento de clientes, salvo cuando sea para realizar su propia compra", sin que la conducta del trabajador alcance el grado de gravedad y culpabilidad exigidos por la normativa aplicable.

Debemos partir del inalterado relato fáctico de la sentencia que es el que sigue: el 4 de abril de 2024 el actor junto con la propietaria del vehículo aparcan éste en el parking de Mercadona sito en la Barriada de Valdepasillas, el vehículo permanece en tal parking hasta que el actor, trabajador de la empresa, a la mañana siguiente (5 de abril) se acerca a tal centro de trabajo a fin de retirar el vehículo de su amiga presentándose a la trabajadora que se hallaba en caja como compañero de trabajo y tal trabajadora tras avisar a su superior éste la manifiesta que para sacarlo debe abonar el ticket correspondiente como cualquier cliente siendo el importe de 60 euros. Pero pese a tal instrucción el demandante sin abonar el importe baja al parking y montándose en el vehículo de su amiga lo conduce hasta la salida, posicionándose detrás de otro conductor y aprovechando la salida de éste al levantarse la barrera sale detrás. Los hechos se comunicaron por la responsable del centro de Mercadona de Valdepasillas al superior jerárquico del actor en el centro de Mercadona de San Roque y cuando el actor se incorpora a las 13.30 horas a su centro de trabajo el superior jerárquico le comenta lo sucedido reconociendo el actor los hechos, para a continuación llamar a la propietaria del vehículo que procede a abonar el ticket correspondiente. Igualmente declara probado la sentencia que el trabajador tenía formación y era conocedor de la normativa de Mercadona de aparcar en el parking más allá del tiempo imprescindible para realizar gestiones.

Siendo tales los hechos probados esta sala entiende, como en la instancia, que los hechos imputados al actor constituyen la transgresión de la buena fe contractual, que como incumplimiento grave y culpable resulta determinante del despido acordado por la empresa conforme al art. 39.3 a) del convenio colectivo de Mercadona.

El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe que el art. 5.a) ET impone a los trabajadores como uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación -y reitera el artículo 20.2 ET al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe-, es uno de los pilares sobre el que descansa la prestación laboral y de ahí que el legislador la configure en el art. 54.2 letra d) ET como incumplimiento contractual que puede ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario ( STS/4ª de 15-10-2024, rec. 4484/2023).

La prueba valorada correctamente por la magistrada de instancia, dio lugar a la fijación de unos hechos sobre los que hay que pronunciarse en orden a la aplicación del Derecho, en suplicación, y sobre los que estimó que eran subsumibles en el citado art. 54.2.d) del ET y art. 39 a) y d) del convenio de empresa, conclusión con la que esta sala coincide en tanto que resulta un incumplimiento de los deberes de buena fe que a todo trabajador impone el art. 5 del ET.

El hecho de que no se halla materializado finalmente en una pérdida concreta o perjuicio patrimonial por la empresa no resulta óbice en el caso presente cuando existía ese perjuicio potencial al momento de comisión de los hechos, pues el trabajador sacó el vehículo sin abonar el ticket correspondiente pese a haber sido advertido de ello, y solo cuando en su centro de trabajo se le pone de manifiesto su conducta y la gravedad de la misma es cuando telefonea a la propietaria del vehículo para que se realice dicho pago, el cual no subsana ni la gravedad ni la intencionalidad del trabajador, pues es evidente su intención de no proceder de inicio a tal pago, existiendo tal ánimo de lucro y perjuicio patrimonial en ese instante, cuando saca el vehículo del parking situándose detrás de otro para aprovechar su salida con el levantamiento de la barrera. Con todo, y al margen del mayor o menor perjuicio económico que suponga lo imputado, lo más relevante es sin duda que una vez detectada esa conducta, difícilmente puede sostenerse que no se haya quebrado la confianza que la empresa deposita en el trabajador que así actúa. No parece razonable que el empleador carezca de la posibilidad de aplicar algún tipo de sanción (entre las previstas convencionalmente, la de despido) al trabajador que ha llevado a cabo una conducta contraria a la buena fe contractual exigible.

En cuanto al hecho de que el vehículo no sea de su propiedad ni los hechos tuvieran lugar en su centro de trabajo ni dentro de su jornada laboral no resulta óbice para apreciar la trasgresión de la buena fe contractual en tanto que es indiscutido y reconocido por la parte que con independencia de la persona que aparcó el vehículo en el parking de la tienda Mercadona, fue el trabajador y no su amiga (propietaria del vehículo) el que llevó a cabo la conducta infractora al día siguiente al retirar, conduciendo, el vehículo del parking de la empresa sin abonar el importe del ticket pese a que previamente había preguntado en el centro de trabajo como debía proceder y se le indicó que debía abonarlo. Y respecto de la comisión de tal conducta fuera de su horario y del centro de trabajo habitual del actor es indiferente en tanto que lo cierto es que como resulta del hecho probado cuarto es el trabajador el que trata de prevalerse ante otra compañera de trabajo de su condición de trabajador de Mercadona, presentándose así ante la cajera del centro de Valdepasillas, para beneficiarse en orden a la gratuidad de la permanencia del vehículo en el parking.

Al respecto de tal alegación debemos recordar que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo respecto de supuestos disciplinarios en que la conducta ha tenido lugar fuera del centro de trabajo y del horario laboral viene insistiendo que también puede infringirse el deber de buena fe contractual y que el empleador igualmente tiene potestad para ejercitar sus facultades disciplinarias.

Así señala la STS 494/2022 de 31 de mayo de 2022, remitiéndose a STS de 21 de septiembre de 2017 (rcud 23297/2015) en el que se estudiaba el supuesto de apropiarse mediante hurto de determinados productos en otro supermercado de la empresa que no era el mismo centro de trabajo en el que prestaba servicios la parte demandante, que "Entendimos también que no se trata de la graduación de la conducta de la trabajadora que motiva el despido, y que un proceder de esta naturaleza supone causar de forma deliberada un perjuicio a la empresa con la comisión de un acto ilícito, con el que la trabajadora infringe el deber de buena fe contractual, y que, consecuentemente, el empleador tiene potestad para ejercitar sus facultades disciplinarias, aunque la conducta se hubiere realizado fuera de su horario y lugar de trabajo. En su FD 2º.2 argumentamos lo que sigue: "El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe que el art. 5. letra a) ET , impone a los trabajadores como uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación -y reitera el art. 20.2º ET al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a la exigencias de la buena fe-, es uno de los pilares sobre el que descansa la prestación laboral y de ahí que el legislador la configure en el art. 54.2 letra d) ET como incumplimiento contractual que pueden ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario.

Ninguna duda cabe que el trabajador ha de cumplir escrupulosamente con ese deber en el lugar y horario de trabajo.

Es igualmente indudable que esa obligación se mantiene, pero se relaja y flexibiliza enormemente, cuando no se encuentra en el lugar y horario de trabajo, sino que está en la esfera privada de su vida personal que tiene derecho a disfrutar de manera totalmente ajena a los intereses de su empresa.

Pero esto no quiere decir que durante ese periodo disponga de bula absoluta para realizar actuaciones que vayan en perjuicio de la empresa, y que de haber sido efectuadas en horario de trabajo serían objeto de sanción.

Baste reparar en la posibilidad de que dispone el empresario para sancionar determinadas actuaciones del trabajador fuera de su horario y lugar de trabajo, cuando se encuentra en situación de incapacidad temporal, o incurre en comportamientos de competencia desleal, o incluso de otras expresamente tipificadas en el art 54. 2 ET ,como son las ofensas verbales o físicas a los familiares que convivan con el empresario o con cualquiera de las personas que trabajan en la empresa, que, en buena lógica, se producirán habitualmente fuera del lugar y horario de trabajo. Cabría preguntarse cuál es la razón de que puedan ser sancionadas este tipo de actuaciones. Y la respuesta no es otra que la de considerar que todas ellas están de alguna forma vinculadas a la relación laboral, en cuanto redundan, directa o indirectamente, en perjuicio de la empresa, siquiera sea por la vía de enturbiar el buen ambiente de trabajo que pudieren generar entre los propios trabajadores actitudes como las atinentes a esos casos de ofensas verbales y físicas a los familiares de trabajadores y empresarios.

Queda con ello patente que el trabajador que se encuentra fuera del lugar y horario de trabajo puede cometer actos que serían sancionables si transgrede la buena fe contractual para causar un perjuicio a la empresa, si con ello incurre en comportamientos que tengan algún tipo de relevancia y vinculación con la actividad laboral."

En el supuesto de autos la conducta acaece efectivamente cuando el trabajador se encuentra en un centro de trabajo diferente al propio pero de la misma empresa, Mercadona, y fuera del horario de trabajo, pero su comportamiento incide y se puede anudar al vínculo laboral en tanto que en primer lugar para realizar su acción se presenta en el centro de trabajo de Mercadona como trabajador de la empresa, presentación que no puede tener otra finalidad que agenciarse un beneficio económico a la hora de retirar el vehículo del aparcamiento, y en segundo lugar causa efectivamente tal perjuicio económico a la empleadora y no a un tercero ajeno a su relación laboral, que sólo es reparado con posterioridad cuando es requerido para ello por su superior. En definitiva la conducta del trabajador declarada probada se haya vinculada o anudada a la relación laboral y rompe las reglas de la buena fe exigible en toda relación contractual, redundando directamente en perjuicio de la empresa y deviene sancionable con dicho despido disciplinario. Por todo lo cual procede rechazar el motivo aducido.

SEXTO.-Finalmente no es dable apreciar que los hechos se incardinen dentro de la falta leve que contempla el precepto convencional art. 39.1 f) en tanto que lo que hizo el actor no fue "aparcar el vehículo en el aparcamiento de clientes" sino salir del parking de Mercadona con un vehículo conducido por el mismo sin pagar el ticket correspondiente al tiempo de permanencia de tal vehículo en el parking, lo cual se incardina en lo dispuesto en el art. 39.3 a) como falta muy grave "Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con las personas del trabajo o cualquier otra persona al servicio de la Empresa en relación con el trabajo de esta." e incluso en letra d) "el robo, hurto o malversación cometidos tanto a la Empresa como a los/as compañeros/as de trabajo o a cualquier persona dentro o fuera de la Empresa, sea cual fuere el importe"

En definitiva, la transgresión de la buena fe contractual constituye una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución de la prestación de trabajo y la relación entre las partes ( arts. 5.a) y 20.2 del ET) y si el abuso de confianza, como modalidad cualificada de la primera, consiste en un mal uso o un uso desviado por parte del trabajador de las facultades que se le confiaron con lesión o riesgo para los intereses de la empresa, no puede concluirse que ambos hayan sido incorrectamente apreciados por la Sentencia recurrida. La ilicitud de esta conducta, en el marco de la relación que ligaba a las partes, es patente y esta conclusión no resulta desvirtuada por las argumentaciones que se realizan en el desarrollo del recurso.

Y, puesto que, una vez calificados los hechos sancionados como falta muy grave de acuerdo a la normativa legal y convencional aplicable, para los que se dispone, entre sus posibles sanciones, la del despido; solo a la empresa en que reside la facultad sancionadora, cabe la elección de la sanción posible ( STS, Sala 4ª, de 11-10-1993, rec. 3805/1992), aún aplicando la doctrina jurisprudencial alusiva a que deben ponderarse todas las circunstancias concretas, que concurran en una sanción por despido, de tal forma que, solo, las especialmente graves, autorizan la extinción de la relación contractual, sin derecho a indemnización para el trabajador.

En virtud de todo lo expuesto, procede la desestimación del motivo del recurso y la confirmación de la decisión de la instancia, que concluye la procedencia del despido comunicado, sin imposición de costas al ser el recurrente como trabajador beneficiario de asistencia jurídica gratuita.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-La sentencia objeto de recurso desestima la demanda interpuesta por D. Marino contra la mercantil Mercadona S.A. declarando procedente el despido del trabajador. Tal sentencia parte de que el actor reconoció los hechos disciplinarios que dieron lugar a su despido y que los mismos son constitutivos de falta muy grave del art. 39 del convenio, concretamente del fraude, deslealtad y transgresión de la buena fe contractual, en tanto que trató de defraudar a la empresa con el importe de 60 euros correspondiente al ticket por haber tenido el vehículo de una amiga aparcado en el parking de Mercadona de Valdepasillas desde el 4 al 5 de abril de 2024, conociendo la normativa de la empresa relativa a que para sacar el vehículo aparcado desde el día anterior debía abonarse el ticket correspondiente, lo que no hizo sacando el vehículo de dicho parking sin proceder previamente a tal abono.

Frente a tal pronunciamiento se recurre por la parte actora en suplicación la sentencia, lo cual es impugnado por la mercantil Mercadona y dándose traslado a la parte recurrente nuevamente sobre las alegaciones de la impugnación se presenta escrito de fecha 16 de enero de 2016 oponiéndose a la misma.

En tal sentencia asimismo, sobre la demanda reconvencional presentada por Mercadona reclamando al trabajador la cuantía de 2000 euros abonados previamente al actor, se señala en su fundamento de derecho cuarto que no es admisible en el presente procedimiento al no proceder la acumulación de tal pretensión de conformidad con el art. 26.2 y 26.3 LJS y sin perjuicio de reclamación contra el trabajador en procedimiento diferente. Tal pronunciamiento no se impugna por las partes.

SEGUNDO.-En primer lugar se fundamenta el recurso al amparo de la letra a) del art. 193 LJS en el examen de la infracción de normas y garantías del procedimiento. Refiere la parte recurrente que ha tenido lugar la infracción del art. 97.2 LJS, falta de motivación suficiente que genera indefensión a la parte actora ex art. 24 CE, en tanto que la juzgadora de instancia no se pronuncia ni valora expresamente, incongruencia omisiva, sobre extremos que fueron objeto de alegación y prueba durante la vista determinantes para la calificación del despido como improcedente, y en concreto la inexistencia de intención o ánimo defraudatorio por el trabajador, la no obtención de beneficio personal ni perjuicio para la empresa, el contexto en el que se firma el documento posterior al despido y la intachable trayectoria del trabajador. En segundo lugar afirma el recurrente en tal motivo del recurso que por la juzgadora se introdujeron elementos subjetivos sin sustento probatorio en cuanto realiza un juicio de intencionalidad del trabajador ajeno a la prueba practicada en la vista y omite valorar el testimonio de la propietaria del vehículo, la documental referida al pago del ticket y la falta de negociación o asesoramiento en la firma del documental, realizando un razonamiento ilógico y contradictorio con el reconocimiento de hechos favorables al trabajador, como la ausencia de sanciones previas y la buena valoración profesional. Finalmente aduce como sustento de tal motivo del recurso que tal vulneración del art. 97.2 LJS y art 24 CE le genera una indefensión real y efectiva procediendo en consecuencia la nulidad de actuaciones a fin de que se dicte otra sentencia que se pronuncie sobre la totalidad de pretensiones y valore la totalidad de la prueba con arreglo a los cánones de racionalidad y motivación.

Al respecto hemos de dejar sentado, y así se ha pronunciado esta Sala con reiteración, que dicho apartado a) del art. 193 LJS tiene por finalidad velar por el cumplimiento de los principios que han de presidir el devenir la actividad procesal, principios genuinamente constitucionales y que son los de igualdad de las partes, de audiencia, de contradicción y de proscripción de la indefensión. Es decir, el precepto vela por la pureza del procedimiento, o cauce formal mediante el que las partes exponen (demanda y contestación), demuestran (proposición y práctica de la prueba) y concluyen (fase de conclusiones sobre la prueba practicada y su incidencia en la posición de acción y resistencia de actor y demandado) sobre las pretensiones debidamente llevadas al proceso. Pero para que prospere el motivo estudiado y determine la declaración de nulidad de lo actuado, decisión siempre traumática y última que conlleva dilaciones en el curso del proceso y una vuelta a empezar que a ninguna de las partes ni a la propia Administración de Justicia beneficia, por lo que supone de desandar el camino andado y la reposición de los autos al estado en que se cometió la falta, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se produzca la infracción de una norma o garantía del procedimiento.

b) Que dicha infracción produzca indefensión material, no meramente formal, privando o limitando los derechos e intereses legítimos en su calidad de parte.

c) El agotamiento en la instancia de todos los remedios admisibles encaminados a la subsanación o reparación del defecto, lo que implica que se haya formulado protesta en tiempo y forma, siempre que ello fuera posible, para que no se suponga consentido o tolerada la infracción con el silencio del afectado o su inactividad procesal (así se pronuncia el artículo 191.3.d) de la LRJS y enuncia genéricamente el artículo 238 en relación con el artículo 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada a dichos preceptos por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre).

Con arreglo a lo anterior, hemos de concluir que no concurrente los requisitos exigidos para decretar la nulidad de actuaciones pretendida en tanto que como nos dicen las de SSTS 12 de mayo de 2008, rec. 81/2007 y 5 de noviembre de 2008, rec. 130/2007 ), que la valoración de la prueba es cometido exclusivo del Juez o Tribunal que presidió el juicio, el cual deberá determinar qué hechos alegados por las partes, de interés para la resolución del pleito, han quedado o no acreditadas a fin de declararlas o no probadas y esta valoración la lleva a cabo el juzgador libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la "sana critica" ( arts, 316 , 348 , 376 y 382 de la LECiv ), esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas o absurdas. La libre facultad del juzgador para valorar la prueba con arreglo a la "sana critica" únicamente se ve constreñida por las reglas legales de valoración establecidas para pruebas concretas ( arts. 1218 y 1225 del Código Civil , 319.1 y 2 , y 326.1 de la LECiv , respecto de los documentos, según sean públicos, privados ó administrativos)).

En este caso, si acudimos a los razonamientos que se contienen en la sentencia recurrida y que llevan al juzgador a estimar procedente el despido del trabajador, contenidos en el fundamento de derecho tercero, en el que igualmente se resume los hechos que estima probados, puede apreciarse que en ellos no se hace una valoración de la prueba arbitraria o ilógica, sino conforme a esas reglas de la sana crítica, sin que se haya infringido ninguna de las reglas legales existentes sobre tal valoración.

Y no solo no existe falta de motivación sino que tampoco ha tenido lugar incongruencia omisiva alguna. El artículo 218 LEC dispone que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito...". En este sentido, tal y como señala la STS/4ª de 11 de julio de 2024 (recurso 22/2022), la congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo "una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible". La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro. Ahora bien, ello no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo "iura novit curia" los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes ( STS de 8 de noviembre de 2006, recurso nº135/2005).

Igualmente, hay que distinguir entre las pretensiones en sí mismas y las alegaciones que fundamentan aquellas. La congruencia referida a las primeras es más rigurosa que las segundas, las cuales no precisan una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas. Pero sí que es obligado no omitir la consideración de las alegaciones concretas que resulten sustanciales para el caso y decisivas para el fallo. En definitiva, como se expuso en la STC 91/1995, de 19 de junio, y en las que en ella se citan, "no puede entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial infectiva por el hecho de que el órgano judicial no dé respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones vertidas en el proceso, ese derecho puede satisfacerse, atendiendo a las circunstancias de cada caso, con una respuesta a las alegaciones de fondo que vertebran el razonamiento de las partes, aunque se dé una respuesta genérica o incluso aunque se omita esa respuesta respecto de alguna alegación secundaria". Además, el derecho a la tutela judicial efectiva se configura como el derecho que tienen las partes en el proceso a obtener una resolución del Tribunal fundada y motivada, pero sin que ésta deba ser necesariamente acorde a sus pretensiones ni ajustado a sus intereses.

La proyección de esta doctrina conduce inexorablemente a la desestimación de este motivo pues consta en la resolución de instancia de forma extensa (fundamento de derecho tercero) los razonamientos que apoyan su decisión abordando todos los puntos que fueron objeto del debate. Así, la sentencia de instancia se pronuncia sobre todos los extremos objeto del debate cuales son por un lado los hechos constitutivos del despido del trabajador y la calificación de los mismos y por otro la demanda reconvencional ejercitada por Mercadona en relación con la cuantía pactada con el trabajador en documento extrajudicial para evitar el pleito, señalando respecto de esta que no procedía la acumulación de la acción y dejando imprejuzgada la misma. Al contrario de lo que afirma la parte actora en su recurso la juzgadora valora y afirma la existencia de un ánimo defraudatorio por el actor, pronunciándose expresamente en la sentencia sobre la alegación efectuada por el mismo de que los hechos tuvieron lugar a raíz de un "impulso", valora asimismo y se pronuncia sobre el comportamiento intachable del trabajador antes de los hechos y sobre la pretensión del trabajador de obtención de un beneficio aunque el mismo finalmente no se haya materializado.

Tal valoración la realiza la juzgadora analizando la prueba documental y testifical practicada en la vista como expresa pormenorizadamente en el fundamento de derecho tercero de la sentencia, por lo que ninguna infracción de normas y garantías del procedimiento ha tenido lugar procediendo desestimar el motivo aducido en el recurso.

TERCERO.-Con amparo en la letra b) del art. 193 LJS solicita la parte recurrente la revisión de hechos probados, para lo cual resulta de aplicación la reiterada doctrina jurisprudencial sobre revisión de hechos probados en sede casacional recogida, entre otras, en la STS de 15 de marzo de 2023 (recurso nº212/2022), la cual resulta de plena aplicación al recurso de suplicación y que exige de la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se indique con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse). b) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. Las modificaciones o revisiones suplicadas no deben comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas han de tener exclusiva y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica. c) Que la parte recurrente no se limite a manifestar su discrepancia con el fallo de la sentencia o con el conjunto de los hechos probados, sino que especifique los puntos con los que discrepa. d) Que su errónea apreciación derive de forma directa, clara y patente, de los documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian). e) Que la modificación no se base en prueba testifical. La revisión de los hechos probados sólo puede fundarse en la documental obrante en autos (también en prueba pericial en el caso del recurso de suplicación) y que evidencien el error del juzgador de instancia. Excepcionalmente cabe examinar este tipo de pruebas cuando las mismas ofrecen un índice de comprensión del propio contenido de los documentos en los que parte fundamenta su modificación. f) Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo algunos de sus puntos, bien complementándolos. g) Que se trate de elementos fácticos trascedentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo. h) Que quien invoque el motivo preciso los términos en que deban quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento. i) Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascedente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitada prueba documental.

Igualmente conforme al art. 196.3 LJS en casos como el presente que se solicite la revisión de hechos probados "habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca".

En dicho extenso motivo la parte recurrente solicita la revisión en primer lugar del hecho probado tercerosobre la base del documento nº 15 de la parte demandada (acontecimiento nº 106) consistente en el "correo electrónico remitido por el Coordinador A-Gerente Laboral de RRHH de la empresa" y sobre la base de la testifical de la propietaria del vehículo Sra. Herminia, para proponer la siguiente redacción "TERCERO. - En fecha 4 de abril de 2024, el vehículo propiedad de Doña Herminia fue aparcado en compañía de su madre, exclusivamente por ésta en el parking del centro Mercadona 3222, sito en la Barriada de Valdepasillas, Badajoz, sin intervención alguna del actor, Don Marino." en lugar de la contenida en sentencia "En fecha 4 de abril de 2024 el actor y una amiga, Doña Herminia, aparcan el vehículo de ésta en el parking del centro de Mercadona 3222, sito en la Barriada de Valdepasillas, Badajoz."

Sobre la solicitud de tal revisión procede indicar en primer lugar que la testifical no es hábil para proceder a la revisión fáctica pretendida conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 193 LJS, solo la documental o pericial cita tal precepto como únicos medios de prueba incluidos en tal precepto legal; y respecto del documento aludido, doc. 15 de Mercadona (acontecimiento nº 106, email de coordinador a RRHH) en el que literalmente se contiene como hechos "Jueves 04/04/24 una amiga suya aparca el coche en el parking del C3222 Barriada Valdepasillas (Badajoz)" no resulta de forma clara, directa, expresa y concluyente el error de la juzgadora en la valoración pues tal documento solo hace referencia a conductora del vehículo sin que del mismo se pueda deducir que el acompañante no fuera el actor sino otra persona.

En segundo lugarinteresa la modificación y adición del hecho probado cuartosobre la base de la testifical de la Sra. Herminia practicada en la vista solicitando la adición del siguiente párrafo como segundo "Consta acreditado que, con anterioridad a la retirada del vehículo, del parking de Mercadona el día 5 de abril de 2024, el actor, Don Marino, intentó contactar telefónicamente con la propietaria del vehículo, Doña Herminia, para informarle de la situación, no pudiendo ser atendida la llamada por encontrarse ésta trabajando. Solo tras este intento, y ante la imposibilidad de resolver la situación de forma ordinaria, procedió a sacar el vehículo." Tal adición no procede al no ser hábil la prueba testifical para fundar la revisión fáctica suplicacional al no hallarse la misma incluidas dentro de las pruebas que el precepto legal contempla.

En tercer lugarsolicita adición en el hecho probado quintosobre la base del documento nº 6 del ramo de prueba de la parte actora (acontecimiento 7) justificante bancario del pago del ticket, proponiendo la siguiente redacción (en negrita la adición interesada): "QUINTO. - Su superior jerárquico le informa de la gravedad de los hechos y de que el ticket del aparcamiento continua en la tienda, por lo que el actor telefonea a su amiga, y, propietaria del vehículo, quien se dirigió al Mercadona de Valdepasillas y abonó el importe del ticket inmediatamente, alrededor de las 14:15 horas del día 5 de abril de 2024, de ello se desprende el justificante bancario emitido por BBVA, documento obrante al ramo de la prueba de la demandante además del testimonio en el juicio, demostrando su buena fe y reparación inmediata del incidente." En lugar de la contenida en sentencia "que durante la tarde se dirigió al Mercadona de Valdepasillas y abonó su importe". Tampoco procede la modificación y adición interesada en tanto que no solo contienen conceptos jurídicos inadmisibles en una revisión fáctica como es el de "buena fe" o valoraciones subjetivas como la de "reparación inmediata" sino que además es intrascendente la sustitución del término "durante la tarde" por el de la hora concreta del pago que figura en el documento aludido, en tanto que tal hecho y momento del pago no ha resultado controvertido, como indica la juzgadora en el FD 3º de la sentencia, resultando también intrascendente la fijación de tal hora en tanto que en todo caso fue "durante la tarde" como indica la sentencia y con posterioridad a ser advertido el trabajador por su supervisor.

En cuarto lugarinteresa la modificación y adición del hecho probado octavocon base en el documento nº 1 de la demanda (acontecimiento nº 2 del expediente digital) proponiendo la siguiente redacción del párrafo primero (en negrita lo modificado) "OCTAVO. - El trabajador y su superior "no representante legal de la empresa al no acreditar dicha representación" suscriben en fecha 16 de abril de 2024 documento obrante al ramo de prueba de la demandada. No obstante, el trabajador no ha percibido dicha cantidad de 2.000 euros, sino únicamente la cuantía correspondiente al finiquito, que asciende a 1.577,48 euros brutos."En lugar de la que figura en sentencia "El trabajador y el representante de la empresa suscriben en fecha 16 de abril de2024 documento obrante al ramo de prueba de la demandada y cuyo contenido se da por reproducido en el que manifiesta: (...)" limitándose la sentencia a reproducir el contenido del documento. No ha lugar a la revisión fáctica pretendida en primer lugar porque se trata de introducir hechos negativos (no haber percibido la cantidad de 2000 euros), pues conforme la doctrina viene precisando los hechos negativos en el sentido de que no constan acreditados, sin que resulte probado si tuvieron o no lugar, se tendrán por no puestos, tanto los que figuren en la narración histórica como los que la parte pretende incorporar ( STS de 16 de octubre de 2013, recurso nº 101/2012). A mayor abundamiento cuando tampoco en la sentencia, en su hecho probado octavo se afirma que el actor haya percibido esos 2000 euros y sin que tal hecho sea trascendente para el fallo de la sentencia en tanto que la misma deja imprejuzgada la acción de reclamación de cantidad formulada por Mercadona.

En virtud de todo lo expuesto procede desestimar en su totalidad el motivo segundo del recurso referido a la revisión fáctica de la sentencia de instancia.

CUARTO.-Como tercer motivo al amparo de lo dispuesto en art. 193 c) LJS se opone infracción de normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia y concretamente del art. 97.2 LJS, art. 24 CE, art. 54.2 ET y art. 39.1 f) del convenio colectivo de Mercadona y jurisprudencia del Tribunal Supremo reproducida en sentencias de esta sala.

Para que prospere el motivo de censura jurídica son requisitos necesarios:

1º.- Denunciar la infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia con cita concreta de la norma, o del apartado de aquella, o de las sentencias que contienen la jurisprudencia cuya infracción se denuncia.

2º.- Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, explicitar por qué la resolución recurrida ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, porque no aplica una norma o una determinada jurisprudencia, porque las aplica pero de forma incorrecta, precisando el sentido de la norma si no es clara y admite diversas opciones interpretativas ( SSTS de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016 y de 15 de junio de 2020. Rec. 72/2019)

3º.- Sustentar el motivo de censura jurídica en el relato fáctico de la resolución recurrida modificado, en su caso, tras el éxito del motivo de revisión fáctica. No cabe fundamentar fácticamente el razonamiento jurídico partiendo de la prueba sino de la definitiva versión judicial de los hechos. En caso contrario, cuando se parte de hechos distintos de los reseñados en la sentencia de instancia se incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS de 23 de noviembre de 2016, recurso 94/2016 y de 16 de diciembre de 2016, recurso 65/2016). En este sentido nos ilustra la reciente STS de 14 de noviembre de 2024, Rec. 227/2022: << El recurso se adentra de esta forma en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio procesal, cual es la llamada «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión ». Defecto que se produce cuando el recurso parte -sin pretender revisarlas - de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS -3-5-2017, rec. 123/2016); 11- 2- 2016, rec, 98/2015; 3-2-2016; rec, 31/2015, entre otras muchas), y al construirse sobre bases fácticas erróneas incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión ", por sustentarse en unos hechos contrarios a los que declara probados la sentencia recurrida ( STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021)>>. Completa en la STS de 23 de mayo de 2023, Rec. 3/2021.el citado artículo tiene cinco números o apartados, cada uno de ellos con normas relativas a diversos conceptos y, como nos dice la STS de 30 de junio de 2010, rec. 4123/2008, a estos efectos del recurso, no es "válida la cita o mención genérica de un precepto extenso y complejo, que contenga en su seno disposiciones diversas, pues en tal caso es obligado identificar el extremo o extremos específicos del mismo que se consideren conculcados".

En cuanto a la aludida infracción del art. 97.2 LJS y art. 24 CE, la cual se aduce como motivo a) del tercer motivo del recurso, no podemos más que reproducir la fundamentación contenida en esta sentencia en su FD2º, insistiendo que la juzgadora se pronuncia sobre todos los extremos debatidos, incluidos los que propugna la parte recurrente y especialmente los referidos al ánimo defraudatorio del actor con su conducta, en la que igualmente toma en consideración que ha tenido lugar el pago del ticket valorando el mismo como hecho no discutido y atendiendo para apreciar el fraude al momento en el que tuvo lugar, sin que en la sentencia se afirme que el trabajador haya percibido 2000 euros en tanto que el hecho probado octavo solo reproduce el acuerdo puesta a la firma del trabajador y en el fundamento de derecho cuarto se inadmite la demanda reconvencional en reclamación de tal cantidad formulada por Mercadona sobre la base que tal acción no es acumulable a la acción de despido, pronunciamiento que no ha sido objeto de recurso. La sentencia de instancia valora la totalidad de la prueba practicada reflejándola en la redacción de los hechos probados sin que el hecho de que tal valoración no coincida con la pretendida por la parte recurrente vicie el procedimiento ni de nulidad ni implica infracción jurídica alguna.

QUINTO.-En cuanto a la infracción que se aduce del art. 54.2 ET y art. 39.1 f) convenio colectivo de Mercadona se alude por la parte recurrente que el convenio aplicable no contempla en ninguno de sus preceptos la conducta atribuida al trabajador como falta muy grave sancionable como despido, aún más cuando el hecho tiene lugar fuera de la jornada laboral y del centro de trabajo del actor y respecto de un vehículo que no es el propio, habiéndose además reparado inmediatamente el perjuicio estableciendo el art. 39.1. f) del convenio como falta leve "aparcar el vehículo en el aparcamiento de clientes, salvo cuando sea para realizar su propia compra", sin que la conducta del trabajador alcance el grado de gravedad y culpabilidad exigidos por la normativa aplicable.

Debemos partir del inalterado relato fáctico de la sentencia que es el que sigue: el 4 de abril de 2024 el actor junto con la propietaria del vehículo aparcan éste en el parking de Mercadona sito en la Barriada de Valdepasillas, el vehículo permanece en tal parking hasta que el actor, trabajador de la empresa, a la mañana siguiente (5 de abril) se acerca a tal centro de trabajo a fin de retirar el vehículo de su amiga presentándose a la trabajadora que se hallaba en caja como compañero de trabajo y tal trabajadora tras avisar a su superior éste la manifiesta que para sacarlo debe abonar el ticket correspondiente como cualquier cliente siendo el importe de 60 euros. Pero pese a tal instrucción el demandante sin abonar el importe baja al parking y montándose en el vehículo de su amiga lo conduce hasta la salida, posicionándose detrás de otro conductor y aprovechando la salida de éste al levantarse la barrera sale detrás. Los hechos se comunicaron por la responsable del centro de Mercadona de Valdepasillas al superior jerárquico del actor en el centro de Mercadona de San Roque y cuando el actor se incorpora a las 13.30 horas a su centro de trabajo el superior jerárquico le comenta lo sucedido reconociendo el actor los hechos, para a continuación llamar a la propietaria del vehículo que procede a abonar el ticket correspondiente. Igualmente declara probado la sentencia que el trabajador tenía formación y era conocedor de la normativa de Mercadona de aparcar en el parking más allá del tiempo imprescindible para realizar gestiones.

Siendo tales los hechos probados esta sala entiende, como en la instancia, que los hechos imputados al actor constituyen la transgresión de la buena fe contractual, que como incumplimiento grave y culpable resulta determinante del despido acordado por la empresa conforme al art. 39.3 a) del convenio colectivo de Mercadona.

El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe que el art. 5.a) ET impone a los trabajadores como uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación -y reitera el artículo 20.2 ET al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe-, es uno de los pilares sobre el que descansa la prestación laboral y de ahí que el legislador la configure en el art. 54.2 letra d) ET como incumplimiento contractual que puede ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario ( STS/4ª de 15-10-2024, rec. 4484/2023).

La prueba valorada correctamente por la magistrada de instancia, dio lugar a la fijación de unos hechos sobre los que hay que pronunciarse en orden a la aplicación del Derecho, en suplicación, y sobre los que estimó que eran subsumibles en el citado art. 54.2.d) del ET y art. 39 a) y d) del convenio de empresa, conclusión con la que esta sala coincide en tanto que resulta un incumplimiento de los deberes de buena fe que a todo trabajador impone el art. 5 del ET.

El hecho de que no se halla materializado finalmente en una pérdida concreta o perjuicio patrimonial por la empresa no resulta óbice en el caso presente cuando existía ese perjuicio potencial al momento de comisión de los hechos, pues el trabajador sacó el vehículo sin abonar el ticket correspondiente pese a haber sido advertido de ello, y solo cuando en su centro de trabajo se le pone de manifiesto su conducta y la gravedad de la misma es cuando telefonea a la propietaria del vehículo para que se realice dicho pago, el cual no subsana ni la gravedad ni la intencionalidad del trabajador, pues es evidente su intención de no proceder de inicio a tal pago, existiendo tal ánimo de lucro y perjuicio patrimonial en ese instante, cuando saca el vehículo del parking situándose detrás de otro para aprovechar su salida con el levantamiento de la barrera. Con todo, y al margen del mayor o menor perjuicio económico que suponga lo imputado, lo más relevante es sin duda que una vez detectada esa conducta, difícilmente puede sostenerse que no se haya quebrado la confianza que la empresa deposita en el trabajador que así actúa. No parece razonable que el empleador carezca de la posibilidad de aplicar algún tipo de sanción (entre las previstas convencionalmente, la de despido) al trabajador que ha llevado a cabo una conducta contraria a la buena fe contractual exigible.

En cuanto al hecho de que el vehículo no sea de su propiedad ni los hechos tuvieran lugar en su centro de trabajo ni dentro de su jornada laboral no resulta óbice para apreciar la trasgresión de la buena fe contractual en tanto que es indiscutido y reconocido por la parte que con independencia de la persona que aparcó el vehículo en el parking de la tienda Mercadona, fue el trabajador y no su amiga (propietaria del vehículo) el que llevó a cabo la conducta infractora al día siguiente al retirar, conduciendo, el vehículo del parking de la empresa sin abonar el importe del ticket pese a que previamente había preguntado en el centro de trabajo como debía proceder y se le indicó que debía abonarlo. Y respecto de la comisión de tal conducta fuera de su horario y del centro de trabajo habitual del actor es indiferente en tanto que lo cierto es que como resulta del hecho probado cuarto es el trabajador el que trata de prevalerse ante otra compañera de trabajo de su condición de trabajador de Mercadona, presentándose así ante la cajera del centro de Valdepasillas, para beneficiarse en orden a la gratuidad de la permanencia del vehículo en el parking.

Al respecto de tal alegación debemos recordar que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo respecto de supuestos disciplinarios en que la conducta ha tenido lugar fuera del centro de trabajo y del horario laboral viene insistiendo que también puede infringirse el deber de buena fe contractual y que el empleador igualmente tiene potestad para ejercitar sus facultades disciplinarias.

Así señala la STS 494/2022 de 31 de mayo de 2022, remitiéndose a STS de 21 de septiembre de 2017 (rcud 23297/2015) en el que se estudiaba el supuesto de apropiarse mediante hurto de determinados productos en otro supermercado de la empresa que no era el mismo centro de trabajo en el que prestaba servicios la parte demandante, que "Entendimos también que no se trata de la graduación de la conducta de la trabajadora que motiva el despido, y que un proceder de esta naturaleza supone causar de forma deliberada un perjuicio a la empresa con la comisión de un acto ilícito, con el que la trabajadora infringe el deber de buena fe contractual, y que, consecuentemente, el empleador tiene potestad para ejercitar sus facultades disciplinarias, aunque la conducta se hubiere realizado fuera de su horario y lugar de trabajo. En su FD 2º.2 argumentamos lo que sigue: "El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe que el art. 5. letra a) ET , impone a los trabajadores como uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación -y reitera el art. 20.2º ET al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a la exigencias de la buena fe-, es uno de los pilares sobre el que descansa la prestación laboral y de ahí que el legislador la configure en el art. 54.2 letra d) ET como incumplimiento contractual que pueden ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario.

Ninguna duda cabe que el trabajador ha de cumplir escrupulosamente con ese deber en el lugar y horario de trabajo.

Es igualmente indudable que esa obligación se mantiene, pero se relaja y flexibiliza enormemente, cuando no se encuentra en el lugar y horario de trabajo, sino que está en la esfera privada de su vida personal que tiene derecho a disfrutar de manera totalmente ajena a los intereses de su empresa.

Pero esto no quiere decir que durante ese periodo disponga de bula absoluta para realizar actuaciones que vayan en perjuicio de la empresa, y que de haber sido efectuadas en horario de trabajo serían objeto de sanción.

Baste reparar en la posibilidad de que dispone el empresario para sancionar determinadas actuaciones del trabajador fuera de su horario y lugar de trabajo, cuando se encuentra en situación de incapacidad temporal, o incurre en comportamientos de competencia desleal, o incluso de otras expresamente tipificadas en el art 54. 2 ET ,como son las ofensas verbales o físicas a los familiares que convivan con el empresario o con cualquiera de las personas que trabajan en la empresa, que, en buena lógica, se producirán habitualmente fuera del lugar y horario de trabajo. Cabría preguntarse cuál es la razón de que puedan ser sancionadas este tipo de actuaciones. Y la respuesta no es otra que la de considerar que todas ellas están de alguna forma vinculadas a la relación laboral, en cuanto redundan, directa o indirectamente, en perjuicio de la empresa, siquiera sea por la vía de enturbiar el buen ambiente de trabajo que pudieren generar entre los propios trabajadores actitudes como las atinentes a esos casos de ofensas verbales y físicas a los familiares de trabajadores y empresarios.

Queda con ello patente que el trabajador que se encuentra fuera del lugar y horario de trabajo puede cometer actos que serían sancionables si transgrede la buena fe contractual para causar un perjuicio a la empresa, si con ello incurre en comportamientos que tengan algún tipo de relevancia y vinculación con la actividad laboral."

En el supuesto de autos la conducta acaece efectivamente cuando el trabajador se encuentra en un centro de trabajo diferente al propio pero de la misma empresa, Mercadona, y fuera del horario de trabajo, pero su comportamiento incide y se puede anudar al vínculo laboral en tanto que en primer lugar para realizar su acción se presenta en el centro de trabajo de Mercadona como trabajador de la empresa, presentación que no puede tener otra finalidad que agenciarse un beneficio económico a la hora de retirar el vehículo del aparcamiento, y en segundo lugar causa efectivamente tal perjuicio económico a la empleadora y no a un tercero ajeno a su relación laboral, que sólo es reparado con posterioridad cuando es requerido para ello por su superior. En definitiva la conducta del trabajador declarada probada se haya vinculada o anudada a la relación laboral y rompe las reglas de la buena fe exigible en toda relación contractual, redundando directamente en perjuicio de la empresa y deviene sancionable con dicho despido disciplinario. Por todo lo cual procede rechazar el motivo aducido.

SEXTO.-Finalmente no es dable apreciar que los hechos se incardinen dentro de la falta leve que contempla el precepto convencional art. 39.1 f) en tanto que lo que hizo el actor no fue "aparcar el vehículo en el aparcamiento de clientes" sino salir del parking de Mercadona con un vehículo conducido por el mismo sin pagar el ticket correspondiente al tiempo de permanencia de tal vehículo en el parking, lo cual se incardina en lo dispuesto en el art. 39.3 a) como falta muy grave "Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con las personas del trabajo o cualquier otra persona al servicio de la Empresa en relación con el trabajo de esta." e incluso en letra d) "el robo, hurto o malversación cometidos tanto a la Empresa como a los/as compañeros/as de trabajo o a cualquier persona dentro o fuera de la Empresa, sea cual fuere el importe"

En definitiva, la transgresión de la buena fe contractual constituye una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución de la prestación de trabajo y la relación entre las partes ( arts. 5.a) y 20.2 del ET) y si el abuso de confianza, como modalidad cualificada de la primera, consiste en un mal uso o un uso desviado por parte del trabajador de las facultades que se le confiaron con lesión o riesgo para los intereses de la empresa, no puede concluirse que ambos hayan sido incorrectamente apreciados por la Sentencia recurrida. La ilicitud de esta conducta, en el marco de la relación que ligaba a las partes, es patente y esta conclusión no resulta desvirtuada por las argumentaciones que se realizan en el desarrollo del recurso.

Y, puesto que, una vez calificados los hechos sancionados como falta muy grave de acuerdo a la normativa legal y convencional aplicable, para los que se dispone, entre sus posibles sanciones, la del despido; solo a la empresa en que reside la facultad sancionadora, cabe la elección de la sanción posible ( STS, Sala 4ª, de 11-10-1993, rec. 3805/1992), aún aplicando la doctrina jurisprudencial alusiva a que deben ponderarse todas las circunstancias concretas, que concurran en una sanción por despido, de tal forma que, solo, las especialmente graves, autorizan la extinción de la relación contractual, sin derecho a indemnización para el trabajador.

En virtud de todo lo expuesto, procede la desestimación del motivo del recurso y la confirmación de la decisión de la instancia, que concluye la procedencia del despido comunicado, sin imposición de costas al ser el recurrente como trabajador beneficiario de asistencia jurídica gratuita.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-La sentencia objeto de recurso desestima la demanda interpuesta por D. Marino contra la mercantil Mercadona S.A. declarando procedente el despido del trabajador. Tal sentencia parte de que el actor reconoció los hechos disciplinarios que dieron lugar a su despido y que los mismos son constitutivos de falta muy grave del art. 39 del convenio, concretamente del fraude, deslealtad y transgresión de la buena fe contractual, en tanto que trató de defraudar a la empresa con el importe de 60 euros correspondiente al ticket por haber tenido el vehículo de una amiga aparcado en el parking de Mercadona de Valdepasillas desde el 4 al 5 de abril de 2024, conociendo la normativa de la empresa relativa a que para sacar el vehículo aparcado desde el día anterior debía abonarse el ticket correspondiente, lo que no hizo sacando el vehículo de dicho parking sin proceder previamente a tal abono.

Frente a tal pronunciamiento se recurre por la parte actora en suplicación la sentencia, lo cual es impugnado por la mercantil Mercadona y dándose traslado a la parte recurrente nuevamente sobre las alegaciones de la impugnación se presenta escrito de fecha 16 de enero de 2016 oponiéndose a la misma.

En tal sentencia asimismo, sobre la demanda reconvencional presentada por Mercadona reclamando al trabajador la cuantía de 2000 euros abonados previamente al actor, se señala en su fundamento de derecho cuarto que no es admisible en el presente procedimiento al no proceder la acumulación de tal pretensión de conformidad con el art. 26.2 y 26.3 LJS y sin perjuicio de reclamación contra el trabajador en procedimiento diferente. Tal pronunciamiento no se impugna por las partes.

SEGUNDO.-En primer lugar se fundamenta el recurso al amparo de la letra a) del art. 193 LJS en el examen de la infracción de normas y garantías del procedimiento. Refiere la parte recurrente que ha tenido lugar la infracción del art. 97.2 LJS, falta de motivación suficiente que genera indefensión a la parte actora ex art. 24 CE, en tanto que la juzgadora de instancia no se pronuncia ni valora expresamente, incongruencia omisiva, sobre extremos que fueron objeto de alegación y prueba durante la vista determinantes para la calificación del despido como improcedente, y en concreto la inexistencia de intención o ánimo defraudatorio por el trabajador, la no obtención de beneficio personal ni perjuicio para la empresa, el contexto en el que se firma el documento posterior al despido y la intachable trayectoria del trabajador. En segundo lugar afirma el recurrente en tal motivo del recurso que por la juzgadora se introdujeron elementos subjetivos sin sustento probatorio en cuanto realiza un juicio de intencionalidad del trabajador ajeno a la prueba practicada en la vista y omite valorar el testimonio de la propietaria del vehículo, la documental referida al pago del ticket y la falta de negociación o asesoramiento en la firma del documental, realizando un razonamiento ilógico y contradictorio con el reconocimiento de hechos favorables al trabajador, como la ausencia de sanciones previas y la buena valoración profesional. Finalmente aduce como sustento de tal motivo del recurso que tal vulneración del art. 97.2 LJS y art 24 CE le genera una indefensión real y efectiva procediendo en consecuencia la nulidad de actuaciones a fin de que se dicte otra sentencia que se pronuncie sobre la totalidad de pretensiones y valore la totalidad de la prueba con arreglo a los cánones de racionalidad y motivación.

Al respecto hemos de dejar sentado, y así se ha pronunciado esta Sala con reiteración, que dicho apartado a) del art. 193 LJS tiene por finalidad velar por el cumplimiento de los principios que han de presidir el devenir la actividad procesal, principios genuinamente constitucionales y que son los de igualdad de las partes, de audiencia, de contradicción y de proscripción de la indefensión. Es decir, el precepto vela por la pureza del procedimiento, o cauce formal mediante el que las partes exponen (demanda y contestación), demuestran (proposición y práctica de la prueba) y concluyen (fase de conclusiones sobre la prueba practicada y su incidencia en la posición de acción y resistencia de actor y demandado) sobre las pretensiones debidamente llevadas al proceso. Pero para que prospere el motivo estudiado y determine la declaración de nulidad de lo actuado, decisión siempre traumática y última que conlleva dilaciones en el curso del proceso y una vuelta a empezar que a ninguna de las partes ni a la propia Administración de Justicia beneficia, por lo que supone de desandar el camino andado y la reposición de los autos al estado en que se cometió la falta, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se produzca la infracción de una norma o garantía del procedimiento.

b) Que dicha infracción produzca indefensión material, no meramente formal, privando o limitando los derechos e intereses legítimos en su calidad de parte.

c) El agotamiento en la instancia de todos los remedios admisibles encaminados a la subsanación o reparación del defecto, lo que implica que se haya formulado protesta en tiempo y forma, siempre que ello fuera posible, para que no se suponga consentido o tolerada la infracción con el silencio del afectado o su inactividad procesal (así se pronuncia el artículo 191.3.d) de la LRJS y enuncia genéricamente el artículo 238 en relación con el artículo 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada a dichos preceptos por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre).

Con arreglo a lo anterior, hemos de concluir que no concurrente los requisitos exigidos para decretar la nulidad de actuaciones pretendida en tanto que como nos dicen las de SSTS 12 de mayo de 2008, rec. 81/2007 y 5 de noviembre de 2008, rec. 130/2007 ), que la valoración de la prueba es cometido exclusivo del Juez o Tribunal que presidió el juicio, el cual deberá determinar qué hechos alegados por las partes, de interés para la resolución del pleito, han quedado o no acreditadas a fin de declararlas o no probadas y esta valoración la lleva a cabo el juzgador libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la "sana critica" ( arts, 316 , 348 , 376 y 382 de la LECiv ), esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas o absurdas. La libre facultad del juzgador para valorar la prueba con arreglo a la "sana critica" únicamente se ve constreñida por las reglas legales de valoración establecidas para pruebas concretas ( arts. 1218 y 1225 del Código Civil , 319.1 y 2 , y 326.1 de la LECiv , respecto de los documentos, según sean públicos, privados ó administrativos)).

En este caso, si acudimos a los razonamientos que se contienen en la sentencia recurrida y que llevan al juzgador a estimar procedente el despido del trabajador, contenidos en el fundamento de derecho tercero, en el que igualmente se resume los hechos que estima probados, puede apreciarse que en ellos no se hace una valoración de la prueba arbitraria o ilógica, sino conforme a esas reglas de la sana crítica, sin que se haya infringido ninguna de las reglas legales existentes sobre tal valoración.

Y no solo no existe falta de motivación sino que tampoco ha tenido lugar incongruencia omisiva alguna. El artículo 218 LEC dispone que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito...". En este sentido, tal y como señala la STS/4ª de 11 de julio de 2024 (recurso 22/2022), la congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo "una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible". La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro. Ahora bien, ello no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo "iura novit curia" los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes ( STS de 8 de noviembre de 2006, recurso nº135/2005).

Igualmente, hay que distinguir entre las pretensiones en sí mismas y las alegaciones que fundamentan aquellas. La congruencia referida a las primeras es más rigurosa que las segundas, las cuales no precisan una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas. Pero sí que es obligado no omitir la consideración de las alegaciones concretas que resulten sustanciales para el caso y decisivas para el fallo. En definitiva, como se expuso en la STC 91/1995, de 19 de junio, y en las que en ella se citan, "no puede entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial infectiva por el hecho de que el órgano judicial no dé respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones vertidas en el proceso, ese derecho puede satisfacerse, atendiendo a las circunstancias de cada caso, con una respuesta a las alegaciones de fondo que vertebran el razonamiento de las partes, aunque se dé una respuesta genérica o incluso aunque se omita esa respuesta respecto de alguna alegación secundaria". Además, el derecho a la tutela judicial efectiva se configura como el derecho que tienen las partes en el proceso a obtener una resolución del Tribunal fundada y motivada, pero sin que ésta deba ser necesariamente acorde a sus pretensiones ni ajustado a sus intereses.

La proyección de esta doctrina conduce inexorablemente a la desestimación de este motivo pues consta en la resolución de instancia de forma extensa (fundamento de derecho tercero) los razonamientos que apoyan su decisión abordando todos los puntos que fueron objeto del debate. Así, la sentencia de instancia se pronuncia sobre todos los extremos objeto del debate cuales son por un lado los hechos constitutivos del despido del trabajador y la calificación de los mismos y por otro la demanda reconvencional ejercitada por Mercadona en relación con la cuantía pactada con el trabajador en documento extrajudicial para evitar el pleito, señalando respecto de esta que no procedía la acumulación de la acción y dejando imprejuzgada la misma. Al contrario de lo que afirma la parte actora en su recurso la juzgadora valora y afirma la existencia de un ánimo defraudatorio por el actor, pronunciándose expresamente en la sentencia sobre la alegación efectuada por el mismo de que los hechos tuvieron lugar a raíz de un "impulso", valora asimismo y se pronuncia sobre el comportamiento intachable del trabajador antes de los hechos y sobre la pretensión del trabajador de obtención de un beneficio aunque el mismo finalmente no se haya materializado.

Tal valoración la realiza la juzgadora analizando la prueba documental y testifical practicada en la vista como expresa pormenorizadamente en el fundamento de derecho tercero de la sentencia, por lo que ninguna infracción de normas y garantías del procedimiento ha tenido lugar procediendo desestimar el motivo aducido en el recurso.

TERCERO.-Con amparo en la letra b) del art. 193 LJS solicita la parte recurrente la revisión de hechos probados, para lo cual resulta de aplicación la reiterada doctrina jurisprudencial sobre revisión de hechos probados en sede casacional recogida, entre otras, en la STS de 15 de marzo de 2023 (recurso nº212/2022), la cual resulta de plena aplicación al recurso de suplicación y que exige de la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se indique con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse). b) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. Las modificaciones o revisiones suplicadas no deben comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas han de tener exclusiva y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica. c) Que la parte recurrente no se limite a manifestar su discrepancia con el fallo de la sentencia o con el conjunto de los hechos probados, sino que especifique los puntos con los que discrepa. d) Que su errónea apreciación derive de forma directa, clara y patente, de los documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian). e) Que la modificación no se base en prueba testifical. La revisión de los hechos probados sólo puede fundarse en la documental obrante en autos (también en prueba pericial en el caso del recurso de suplicación) y que evidencien el error del juzgador de instancia. Excepcionalmente cabe examinar este tipo de pruebas cuando las mismas ofrecen un índice de comprensión del propio contenido de los documentos en los que parte fundamenta su modificación. f) Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo algunos de sus puntos, bien complementándolos. g) Que se trate de elementos fácticos trascedentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo. h) Que quien invoque el motivo preciso los términos en que deban quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento. i) Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascedente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitada prueba documental.

Igualmente conforme al art. 196.3 LJS en casos como el presente que se solicite la revisión de hechos probados "habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca".

En dicho extenso motivo la parte recurrente solicita la revisión en primer lugar del hecho probado tercerosobre la base del documento nº 15 de la parte demandada (acontecimiento nº 106) consistente en el "correo electrónico remitido por el Coordinador A-Gerente Laboral de RRHH de la empresa" y sobre la base de la testifical de la propietaria del vehículo Sra. Herminia, para proponer la siguiente redacción "TERCERO. - En fecha 4 de abril de 2024, el vehículo propiedad de Doña Herminia fue aparcado en compañía de su madre, exclusivamente por ésta en el parking del centro Mercadona 3222, sito en la Barriada de Valdepasillas, Badajoz, sin intervención alguna del actor, Don Marino." en lugar de la contenida en sentencia "En fecha 4 de abril de 2024 el actor y una amiga, Doña Herminia, aparcan el vehículo de ésta en el parking del centro de Mercadona 3222, sito en la Barriada de Valdepasillas, Badajoz."

Sobre la solicitud de tal revisión procede indicar en primer lugar que la testifical no es hábil para proceder a la revisión fáctica pretendida conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 193 LJS, solo la documental o pericial cita tal precepto como únicos medios de prueba incluidos en tal precepto legal; y respecto del documento aludido, doc. 15 de Mercadona (acontecimiento nº 106, email de coordinador a RRHH) en el que literalmente se contiene como hechos "Jueves 04/04/24 una amiga suya aparca el coche en el parking del C3222 Barriada Valdepasillas (Badajoz)" no resulta de forma clara, directa, expresa y concluyente el error de la juzgadora en la valoración pues tal documento solo hace referencia a conductora del vehículo sin que del mismo se pueda deducir que el acompañante no fuera el actor sino otra persona.

En segundo lugarinteresa la modificación y adición del hecho probado cuartosobre la base de la testifical de la Sra. Herminia practicada en la vista solicitando la adición del siguiente párrafo como segundo "Consta acreditado que, con anterioridad a la retirada del vehículo, del parking de Mercadona el día 5 de abril de 2024, el actor, Don Marino, intentó contactar telefónicamente con la propietaria del vehículo, Doña Herminia, para informarle de la situación, no pudiendo ser atendida la llamada por encontrarse ésta trabajando. Solo tras este intento, y ante la imposibilidad de resolver la situación de forma ordinaria, procedió a sacar el vehículo." Tal adición no procede al no ser hábil la prueba testifical para fundar la revisión fáctica suplicacional al no hallarse la misma incluidas dentro de las pruebas que el precepto legal contempla.

En tercer lugarsolicita adición en el hecho probado quintosobre la base del documento nº 6 del ramo de prueba de la parte actora (acontecimiento 7) justificante bancario del pago del ticket, proponiendo la siguiente redacción (en negrita la adición interesada): "QUINTO. - Su superior jerárquico le informa de la gravedad de los hechos y de que el ticket del aparcamiento continua en la tienda, por lo que el actor telefonea a su amiga, y, propietaria del vehículo, quien se dirigió al Mercadona de Valdepasillas y abonó el importe del ticket inmediatamente, alrededor de las 14:15 horas del día 5 de abril de 2024, de ello se desprende el justificante bancario emitido por BBVA, documento obrante al ramo de la prueba de la demandante además del testimonio en el juicio, demostrando su buena fe y reparación inmediata del incidente." En lugar de la contenida en sentencia "que durante la tarde se dirigió al Mercadona de Valdepasillas y abonó su importe". Tampoco procede la modificación y adición interesada en tanto que no solo contienen conceptos jurídicos inadmisibles en una revisión fáctica como es el de "buena fe" o valoraciones subjetivas como la de "reparación inmediata" sino que además es intrascendente la sustitución del término "durante la tarde" por el de la hora concreta del pago que figura en el documento aludido, en tanto que tal hecho y momento del pago no ha resultado controvertido, como indica la juzgadora en el FD 3º de la sentencia, resultando también intrascendente la fijación de tal hora en tanto que en todo caso fue "durante la tarde" como indica la sentencia y con posterioridad a ser advertido el trabajador por su supervisor.

En cuarto lugarinteresa la modificación y adición del hecho probado octavocon base en el documento nº 1 de la demanda (acontecimiento nº 2 del expediente digital) proponiendo la siguiente redacción del párrafo primero (en negrita lo modificado) "OCTAVO. - El trabajador y su superior "no representante legal de la empresa al no acreditar dicha representación" suscriben en fecha 16 de abril de 2024 documento obrante al ramo de prueba de la demandada. No obstante, el trabajador no ha percibido dicha cantidad de 2.000 euros, sino únicamente la cuantía correspondiente al finiquito, que asciende a 1.577,48 euros brutos."En lugar de la que figura en sentencia "El trabajador y el representante de la empresa suscriben en fecha 16 de abril de2024 documento obrante al ramo de prueba de la demandada y cuyo contenido se da por reproducido en el que manifiesta: (...)" limitándose la sentencia a reproducir el contenido del documento. No ha lugar a la revisión fáctica pretendida en primer lugar porque se trata de introducir hechos negativos (no haber percibido la cantidad de 2000 euros), pues conforme la doctrina viene precisando los hechos negativos en el sentido de que no constan acreditados, sin que resulte probado si tuvieron o no lugar, se tendrán por no puestos, tanto los que figuren en la narración histórica como los que la parte pretende incorporar ( STS de 16 de octubre de 2013, recurso nº 101/2012). A mayor abundamiento cuando tampoco en la sentencia, en su hecho probado octavo se afirma que el actor haya percibido esos 2000 euros y sin que tal hecho sea trascendente para el fallo de la sentencia en tanto que la misma deja imprejuzgada la acción de reclamación de cantidad formulada por Mercadona.

En virtud de todo lo expuesto procede desestimar en su totalidad el motivo segundo del recurso referido a la revisión fáctica de la sentencia de instancia.

CUARTO.-Como tercer motivo al amparo de lo dispuesto en art. 193 c) LJS se opone infracción de normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia y concretamente del art. 97.2 LJS, art. 24 CE, art. 54.2 ET y art. 39.1 f) del convenio colectivo de Mercadona y jurisprudencia del Tribunal Supremo reproducida en sentencias de esta sala.

Para que prospere el motivo de censura jurídica son requisitos necesarios:

1º.- Denunciar la infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia con cita concreta de la norma, o del apartado de aquella, o de las sentencias que contienen la jurisprudencia cuya infracción se denuncia.

2º.- Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, explicitar por qué la resolución recurrida ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, porque no aplica una norma o una determinada jurisprudencia, porque las aplica pero de forma incorrecta, precisando el sentido de la norma si no es clara y admite diversas opciones interpretativas ( SSTS de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016 y de 15 de junio de 2020. Rec. 72/2019)

3º.- Sustentar el motivo de censura jurídica en el relato fáctico de la resolución recurrida modificado, en su caso, tras el éxito del motivo de revisión fáctica. No cabe fundamentar fácticamente el razonamiento jurídico partiendo de la prueba sino de la definitiva versión judicial de los hechos. En caso contrario, cuando se parte de hechos distintos de los reseñados en la sentencia de instancia se incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS de 23 de noviembre de 2016, recurso 94/2016 y de 16 de diciembre de 2016, recurso 65/2016). En este sentido nos ilustra la reciente STS de 14 de noviembre de 2024, Rec. 227/2022: << El recurso se adentra de esta forma en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio procesal, cual es la llamada «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión ». Defecto que se produce cuando el recurso parte -sin pretender revisarlas - de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS -3-5-2017, rec. 123/2016); 11- 2- 2016, rec, 98/2015; 3-2-2016; rec, 31/2015, entre otras muchas), y al construirse sobre bases fácticas erróneas incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión ", por sustentarse en unos hechos contrarios a los que declara probados la sentencia recurrida ( STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021)>>. Completa en la STS de 23 de mayo de 2023, Rec. 3/2021.el citado artículo tiene cinco números o apartados, cada uno de ellos con normas relativas a diversos conceptos y, como nos dice la STS de 30 de junio de 2010, rec. 4123/2008, a estos efectos del recurso, no es "válida la cita o mención genérica de un precepto extenso y complejo, que contenga en su seno disposiciones diversas, pues en tal caso es obligado identificar el extremo o extremos específicos del mismo que se consideren conculcados".

En cuanto a la aludida infracción del art. 97.2 LJS y art. 24 CE, la cual se aduce como motivo a) del tercer motivo del recurso, no podemos más que reproducir la fundamentación contenida en esta sentencia en su FD2º, insistiendo que la juzgadora se pronuncia sobre todos los extremos debatidos, incluidos los que propugna la parte recurrente y especialmente los referidos al ánimo defraudatorio del actor con su conducta, en la que igualmente toma en consideración que ha tenido lugar el pago del ticket valorando el mismo como hecho no discutido y atendiendo para apreciar el fraude al momento en el que tuvo lugar, sin que en la sentencia se afirme que el trabajador haya percibido 2000 euros en tanto que el hecho probado octavo solo reproduce el acuerdo puesta a la firma del trabajador y en el fundamento de derecho cuarto se inadmite la demanda reconvencional en reclamación de tal cantidad formulada por Mercadona sobre la base que tal acción no es acumulable a la acción de despido, pronunciamiento que no ha sido objeto de recurso. La sentencia de instancia valora la totalidad de la prueba practicada reflejándola en la redacción de los hechos probados sin que el hecho de que tal valoración no coincida con la pretendida por la parte recurrente vicie el procedimiento ni de nulidad ni implica infracción jurídica alguna.

QUINTO.-En cuanto a la infracción que se aduce del art. 54.2 ET y art. 39.1 f) convenio colectivo de Mercadona se alude por la parte recurrente que el convenio aplicable no contempla en ninguno de sus preceptos la conducta atribuida al trabajador como falta muy grave sancionable como despido, aún más cuando el hecho tiene lugar fuera de la jornada laboral y del centro de trabajo del actor y respecto de un vehículo que no es el propio, habiéndose además reparado inmediatamente el perjuicio estableciendo el art. 39.1. f) del convenio como falta leve "aparcar el vehículo en el aparcamiento de clientes, salvo cuando sea para realizar su propia compra", sin que la conducta del trabajador alcance el grado de gravedad y culpabilidad exigidos por la normativa aplicable.

Debemos partir del inalterado relato fáctico de la sentencia que es el que sigue: el 4 de abril de 2024 el actor junto con la propietaria del vehículo aparcan éste en el parking de Mercadona sito en la Barriada de Valdepasillas, el vehículo permanece en tal parking hasta que el actor, trabajador de la empresa, a la mañana siguiente (5 de abril) se acerca a tal centro de trabajo a fin de retirar el vehículo de su amiga presentándose a la trabajadora que se hallaba en caja como compañero de trabajo y tal trabajadora tras avisar a su superior éste la manifiesta que para sacarlo debe abonar el ticket correspondiente como cualquier cliente siendo el importe de 60 euros. Pero pese a tal instrucción el demandante sin abonar el importe baja al parking y montándose en el vehículo de su amiga lo conduce hasta la salida, posicionándose detrás de otro conductor y aprovechando la salida de éste al levantarse la barrera sale detrás. Los hechos se comunicaron por la responsable del centro de Mercadona de Valdepasillas al superior jerárquico del actor en el centro de Mercadona de San Roque y cuando el actor se incorpora a las 13.30 horas a su centro de trabajo el superior jerárquico le comenta lo sucedido reconociendo el actor los hechos, para a continuación llamar a la propietaria del vehículo que procede a abonar el ticket correspondiente. Igualmente declara probado la sentencia que el trabajador tenía formación y era conocedor de la normativa de Mercadona de aparcar en el parking más allá del tiempo imprescindible para realizar gestiones.

Siendo tales los hechos probados esta sala entiende, como en la instancia, que los hechos imputados al actor constituyen la transgresión de la buena fe contractual, que como incumplimiento grave y culpable resulta determinante del despido acordado por la empresa conforme al art. 39.3 a) del convenio colectivo de Mercadona.

El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe que el art. 5.a) ET impone a los trabajadores como uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación -y reitera el artículo 20.2 ET al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe-, es uno de los pilares sobre el que descansa la prestación laboral y de ahí que el legislador la configure en el art. 54.2 letra d) ET como incumplimiento contractual que puede ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario ( STS/4ª de 15-10-2024, rec. 4484/2023).

La prueba valorada correctamente por la magistrada de instancia, dio lugar a la fijación de unos hechos sobre los que hay que pronunciarse en orden a la aplicación del Derecho, en suplicación, y sobre los que estimó que eran subsumibles en el citado art. 54.2.d) del ET y art. 39 a) y d) del convenio de empresa, conclusión con la que esta sala coincide en tanto que resulta un incumplimiento de los deberes de buena fe que a todo trabajador impone el art. 5 del ET.

El hecho de que no se halla materializado finalmente en una pérdida concreta o perjuicio patrimonial por la empresa no resulta óbice en el caso presente cuando existía ese perjuicio potencial al momento de comisión de los hechos, pues el trabajador sacó el vehículo sin abonar el ticket correspondiente pese a haber sido advertido de ello, y solo cuando en su centro de trabajo se le pone de manifiesto su conducta y la gravedad de la misma es cuando telefonea a la propietaria del vehículo para que se realice dicho pago, el cual no subsana ni la gravedad ni la intencionalidad del trabajador, pues es evidente su intención de no proceder de inicio a tal pago, existiendo tal ánimo de lucro y perjuicio patrimonial en ese instante, cuando saca el vehículo del parking situándose detrás de otro para aprovechar su salida con el levantamiento de la barrera. Con todo, y al margen del mayor o menor perjuicio económico que suponga lo imputado, lo más relevante es sin duda que una vez detectada esa conducta, difícilmente puede sostenerse que no se haya quebrado la confianza que la empresa deposita en el trabajador que así actúa. No parece razonable que el empleador carezca de la posibilidad de aplicar algún tipo de sanción (entre las previstas convencionalmente, la de despido) al trabajador que ha llevado a cabo una conducta contraria a la buena fe contractual exigible.

En cuanto al hecho de que el vehículo no sea de su propiedad ni los hechos tuvieran lugar en su centro de trabajo ni dentro de su jornada laboral no resulta óbice para apreciar la trasgresión de la buena fe contractual en tanto que es indiscutido y reconocido por la parte que con independencia de la persona que aparcó el vehículo en el parking de la tienda Mercadona, fue el trabajador y no su amiga (propietaria del vehículo) el que llevó a cabo la conducta infractora al día siguiente al retirar, conduciendo, el vehículo del parking de la empresa sin abonar el importe del ticket pese a que previamente había preguntado en el centro de trabajo como debía proceder y se le indicó que debía abonarlo. Y respecto de la comisión de tal conducta fuera de su horario y del centro de trabajo habitual del actor es indiferente en tanto que lo cierto es que como resulta del hecho probado cuarto es el trabajador el que trata de prevalerse ante otra compañera de trabajo de su condición de trabajador de Mercadona, presentándose así ante la cajera del centro de Valdepasillas, para beneficiarse en orden a la gratuidad de la permanencia del vehículo en el parking.

Al respecto de tal alegación debemos recordar que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo respecto de supuestos disciplinarios en que la conducta ha tenido lugar fuera del centro de trabajo y del horario laboral viene insistiendo que también puede infringirse el deber de buena fe contractual y que el empleador igualmente tiene potestad para ejercitar sus facultades disciplinarias.

Así señala la STS 494/2022 de 31 de mayo de 2022, remitiéndose a STS de 21 de septiembre de 2017 (rcud 23297/2015) en el que se estudiaba el supuesto de apropiarse mediante hurto de determinados productos en otro supermercado de la empresa que no era el mismo centro de trabajo en el que prestaba servicios la parte demandante, que "Entendimos también que no se trata de la graduación de la conducta de la trabajadora que motiva el despido, y que un proceder de esta naturaleza supone causar de forma deliberada un perjuicio a la empresa con la comisión de un acto ilícito, con el que la trabajadora infringe el deber de buena fe contractual, y que, consecuentemente, el empleador tiene potestad para ejercitar sus facultades disciplinarias, aunque la conducta se hubiere realizado fuera de su horario y lugar de trabajo. En su FD 2º.2 argumentamos lo que sigue: "El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe que el art. 5. letra a) ET , impone a los trabajadores como uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación -y reitera el art. 20.2º ET al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a la exigencias de la buena fe-, es uno de los pilares sobre el que descansa la prestación laboral y de ahí que el legislador la configure en el art. 54.2 letra d) ET como incumplimiento contractual que pueden ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario.

Ninguna duda cabe que el trabajador ha de cumplir escrupulosamente con ese deber en el lugar y horario de trabajo.

Es igualmente indudable que esa obligación se mantiene, pero se relaja y flexibiliza enormemente, cuando no se encuentra en el lugar y horario de trabajo, sino que está en la esfera privada de su vida personal que tiene derecho a disfrutar de manera totalmente ajena a los intereses de su empresa.

Pero esto no quiere decir que durante ese periodo disponga de bula absoluta para realizar actuaciones que vayan en perjuicio de la empresa, y que de haber sido efectuadas en horario de trabajo serían objeto de sanción.

Baste reparar en la posibilidad de que dispone el empresario para sancionar determinadas actuaciones del trabajador fuera de su horario y lugar de trabajo, cuando se encuentra en situación de incapacidad temporal, o incurre en comportamientos de competencia desleal, o incluso de otras expresamente tipificadas en el art 54. 2 ET ,como son las ofensas verbales o físicas a los familiares que convivan con el empresario o con cualquiera de las personas que trabajan en la empresa, que, en buena lógica, se producirán habitualmente fuera del lugar y horario de trabajo. Cabría preguntarse cuál es la razón de que puedan ser sancionadas este tipo de actuaciones. Y la respuesta no es otra que la de considerar que todas ellas están de alguna forma vinculadas a la relación laboral, en cuanto redundan, directa o indirectamente, en perjuicio de la empresa, siquiera sea por la vía de enturbiar el buen ambiente de trabajo que pudieren generar entre los propios trabajadores actitudes como las atinentes a esos casos de ofensas verbales y físicas a los familiares de trabajadores y empresarios.

Queda con ello patente que el trabajador que se encuentra fuera del lugar y horario de trabajo puede cometer actos que serían sancionables si transgrede la buena fe contractual para causar un perjuicio a la empresa, si con ello incurre en comportamientos que tengan algún tipo de relevancia y vinculación con la actividad laboral."

En el supuesto de autos la conducta acaece efectivamente cuando el trabajador se encuentra en un centro de trabajo diferente al propio pero de la misma empresa, Mercadona, y fuera del horario de trabajo, pero su comportamiento incide y se puede anudar al vínculo laboral en tanto que en primer lugar para realizar su acción se presenta en el centro de trabajo de Mercadona como trabajador de la empresa, presentación que no puede tener otra finalidad que agenciarse un beneficio económico a la hora de retirar el vehículo del aparcamiento, y en segundo lugar causa efectivamente tal perjuicio económico a la empleadora y no a un tercero ajeno a su relación laboral, que sólo es reparado con posterioridad cuando es requerido para ello por su superior. En definitiva la conducta del trabajador declarada probada se haya vinculada o anudada a la relación laboral y rompe las reglas de la buena fe exigible en toda relación contractual, redundando directamente en perjuicio de la empresa y deviene sancionable con dicho despido disciplinario. Por todo lo cual procede rechazar el motivo aducido.

SEXTO.-Finalmente no es dable apreciar que los hechos se incardinen dentro de la falta leve que contempla el precepto convencional art. 39.1 f) en tanto que lo que hizo el actor no fue "aparcar el vehículo en el aparcamiento de clientes" sino salir del parking de Mercadona con un vehículo conducido por el mismo sin pagar el ticket correspondiente al tiempo de permanencia de tal vehículo en el parking, lo cual se incardina en lo dispuesto en el art. 39.3 a) como falta muy grave "Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con las personas del trabajo o cualquier otra persona al servicio de la Empresa en relación con el trabajo de esta." e incluso en letra d) "el robo, hurto o malversación cometidos tanto a la Empresa como a los/as compañeros/as de trabajo o a cualquier persona dentro o fuera de la Empresa, sea cual fuere el importe"

En definitiva, la transgresión de la buena fe contractual constituye una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución de la prestación de trabajo y la relación entre las partes ( arts. 5.a) y 20.2 del ET) y si el abuso de confianza, como modalidad cualificada de la primera, consiste en un mal uso o un uso desviado por parte del trabajador de las facultades que se le confiaron con lesión o riesgo para los intereses de la empresa, no puede concluirse que ambos hayan sido incorrectamente apreciados por la Sentencia recurrida. La ilicitud de esta conducta, en el marco de la relación que ligaba a las partes, es patente y esta conclusión no resulta desvirtuada por las argumentaciones que se realizan en el desarrollo del recurso.

Y, puesto que, una vez calificados los hechos sancionados como falta muy grave de acuerdo a la normativa legal y convencional aplicable, para los que se dispone, entre sus posibles sanciones, la del despido; solo a la empresa en que reside la facultad sancionadora, cabe la elección de la sanción posible ( STS, Sala 4ª, de 11-10-1993, rec. 3805/1992), aún aplicando la doctrina jurisprudencial alusiva a que deben ponderarse todas las circunstancias concretas, que concurran en una sanción por despido, de tal forma que, solo, las especialmente graves, autorizan la extinción de la relación contractual, sin derecho a indemnización para el trabajador.

En virtud de todo lo expuesto, procede la desestimación del motivo del recurso y la confirmación de la decisión de la instancia, que concluye la procedencia del despido comunicado, sin imposición de costas al ser el recurrente como trabajador beneficiario de asistencia jurídica gratuita.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,