Sentencia Social 721/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1770/2025 de 20 de abril del 2026

PRIMERO.- La sentencia de instancia, tras fijar el salario regulador en atención a la media de las retribuciones, estimó la demanda, reconoció el derecho de la trabajadora al reingreso y condenó las demandadas a estar y pasar por dicha declaración así como al pago de una indemnización por los perjuicios derivados de la negativa a aquella reincorporación, distribuida entre las sociedades demandadas por razón del periodo de servicios, al haber operado la subrogación de una respecto de la otra.

Contra esta decisión interpusieron recurso:

La demandante, para que se revocase en el extremo relativo a la indemnización, condenando a ambas demandadas solidariamente al pago de 15.075,52 euros (correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2024) 01.03.2023 al 31.03.2024), y a ABAI, además, a 6.153,24 euros (correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 al 5 de septiembre de ese año), más 43,64 euros diarios desde el 6 de septiembre de 2024 hasta la efectiva reincorporación de la trabajadora, manteniéndose el resto de pronunciamientos de la sentencia, articulando para ello motivos de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que no ha sido impugnado.

Y CATSA, para que se revocase y se le absolviese o, subsidiariamente, se le condenase únicamente al abono de 5.538,96 euros, articulando para ello motivos de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que ha sido impugnado por la demandante.

ABAI se adhiere el recurso de CATSA.

Su examen se abordará en los fundamentos siguientes, comenzando por esta posición expresada por ABAI.

SEGUNDO.- No existe en la suplicación la adhesión propia del recurso de apelación, de la que ya prescindió la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[en adelante , LEC], por ser generador[a] de equívocos(Exposición de Motivos, apartado XIII).

Así lo viene manteniendo esta Sala en sentencias de 3 de julio de 2023 [REC: 746/2023, ROJ: STSJ AND 13485/2023], 18 de noviembre de 2024 [REC: 984/2024, ROJ: STSJ AND 17618/2024] y 3 de noviembre de 2025 [REC: 1765/2025, ROJ: STSJ AND 18472/2025], entre otras.

Como ha reiterado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en autos de 26 de junio de 2018 [ ROJ: ATS 7452/2018], 28 de junio de 2018 [ ROJ: ATS 7904/2018] y 13 de marzo de 2019 [REC: 500/2018, ROJ: ATS 4013/2019], la regulación del recurso de suplicación es distinta a la del recurso de apelación, no contemplando el artículo 197 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social [en adelante LRJS], que en el trámite de impugnación del recurso se pueda formular impugnación propia de la sentencia, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 461 de la LEC.

Por ello, sin perjuicio de que pueda entenderse que ABAI se muestran conforme con el recurso interpuesto por CATSA, la adhesión, por su contenido procesal estricto, debe ser rechazada.

TERCERO.- Tanto la trabajadora demandante como CATSA formalizan motivos de revisión de los hechos declarados probados, al amparo del artículo 193 b) LRJS, por lo que conviene resolverlos primeramente para dejar definitivamente fijada la versión judicial,

En el caso de la primera, con apoyo en los documentos que identifica y defendiendo su relevancia para el recurso, interesa que se le dé una nueva redacción al hecho probado primero, con arreglo a la siguiente formulación alternativa:

«El/la demandante y la entidad CATSA suscribieron contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial (89,7%) en fecha 06/08/2007, categoría de gestor telefónico y la empresa le venía abonando el salario que viene reflejado en las nóminas de la trabajadora (documento nº 3, que se da por reproducido)»

CATSA, por su parte, interesa la revisión de los hechos séptimo y octavo, realizando una serie de consideraciones, con apoyo documental, sobre la parcialidad del contrato referido en el primero de esos hechos, y sobre los contratos que se detallaban en el hecho octavo.

La demandante se opone a por considerar que no se cumplen los requisitos jurisprudenciales para dar lugar a la revisión de los hechos declarados probados.

CUARTO.- El artículo 196 de la LRJS, además del razonamiento sobre la pertinencia y fundamentación del motivo, exigido con carácter general por el apartado 2 de dicho precepto, precisa en el apartado 3 que, en el caso del motivo de revisión de los hechos declarados probados, se identifique de manera suficiente el documento o pericia en el que se base y se indique la formulación alternativa que se pretende.

QUINTO.- Por lo que hace a la doctrina acuñada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de revisión de los hechos declarados probados, que cabe encontrar resumida en la sentencia de 23 de abril de 2025 [REC: 66/2023, ROJ: STS 2107/2025], entre otras muchas, se ha señalado que el proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso, los requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica exige de los litigantes, entre otros extremos, que el error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados; que los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo; y que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo.

SEXTO.- Aplicando aquellas exigencias legales de formalización y los criterios jurisprudenciales expresados en los fundamentos anteriores, ninguna de las modificaciones propuestas han de ser acogidas por las razones siguientes:

Respecto de la nueva versión del hecho primero, podría admitirse, como dice la parte recurrente, que se está ante una conclusión jurídica y aritmética cuando la sentencia habla de 668,80 euros mensuales o 21,98 euros diarios -no dice más-. Sin embargo, esta constatación aritmética no es sino el producto de la operación divisoria, el promedio, de la media de la que se habla en el fundamento de derecho primero de la sentencia, que se obtiene justamente de las nóminas en las que se apoya la recurrente (documento 3, como se indica en el hecho en cuestión del documento 3 de su ramo de prueba), con lo que, en realidad, lo que se está afirmando implícitamente o mediatamente en ese hecho es un dato puramente histórico tal es cuál fue la retribución percibida durante los últimos meses de trabajo antes de pasar a la situación de excedencia voluntaria.

Por otro lado, procurándose, como se verá al examinar el consecuente motivo de infracción sustantiva, la aplicación del convenio colectivo del sector, ya constan en el relato de hechos probados las premisas fácticas necesarias para verificar si se ha infringido o no esa norma: la actividad de la empresa y la categoría profesional de la trabajadora, haciendo innecesaria la propuesta.

En cuanto a las modificaciones propuestas por CATSA, su rechazo está motivado por razones puramente formales: no se plantea formulación alternativa alguna de los hechos a revisar.

Por todo lo anterior, la versión judicial ha de quedar inalterada.

SÉPTIMO.- Entrado en el examen de las infracciones sustantivas, y comenzado por razones de índole resolutivo por el recurso de la empresa, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, dicha parte denuncia primeramente la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 25 de enero de 2023 [REC: 4756/2019, ROJ: STS 862/2023], argumentando esencialmente que, en contra de lo razonado por la sentencia recurrida, la necesidad o no de contratación temporal en nada afectaba a la imposibilidad de reincorporar a la trabajadora en las mismas o similares condiciones que tenía, en la medida en que, conforme a dicha jurisprudencia -subraya y resalta- los puestos de trabajo temporales no eran adecuados para el reingreso de los excedentes voluntarias, y que si la relación del excedente es indefinida, también debe serlo la plaza vacante.

La trabajadora se opone y sostiene en síntesis que debía desestimarse el motivo porque una sola sentencia no constituía jurisprudencia, dándose el caso de que la parte recurrente tampoco citaba precepto legal alguno. Defiende, con apoyo en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 24 de mayo de 2023 [REC: 2355/2020, ROJ: STS 2354/2023] y diversos pronunciamientos de los tribunales de suplicación, que la existencia de vacantes se acreditaba con la contratación de trabajadores de nuevo ingreso, aun con distinto grupo profesional; o si se celebran contratos temporales. Y señala que Sostiene que no ha existido ofrecimiento alguno de contratación por parte de la empresa.

OCTAVO.- Por lo que interesa al recurso, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre[en adelante , ET], establece lo siguiente:

Artículo 46. Excedencias.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

[...]

5. El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa

[...]

Por su parte, el III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center[en adelante, CCOL], establece lo siguiente:

Artículo 33. Otros tipos de Excedencia.

1. Voluntaria o forzosa.

[...]

1.2 Voluntaria: Quien tenga al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por la misma persona si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

[...]

NOVENO.- En interpretación aplicativa de aquella norma estatutaria, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de marzo de 2025 [REC: 4189/2022, ROJ: STS 1150/2025] ha afirmado -resumidamente- lo siguiente:

Que el artículo 46.5 ET, al contemplar el derecho al reingreso, no solo en las vacantes existentes en el momento de solicitar la reincorporación, sino en las que se produjeran, abre la posibilidad a la situación expectante del excedente que solicita el reingreso en la vacante que exista y, si no existe, en la que se pueda producir en el futuro. Por lo tanto, una vez solicitado el reingreso, la persona excedente queda a la espera de que la empresa le reincorpore, si existe plaza vacante y, si no existe, a que le reincorpore en la vacante que se produzca, sin necesidad de reiterar periódicamente la solicitud de reingreso.

Que el derecho preferente al reingreso del trabajador en excedencia voluntaria es un derecho potencial o expectante, condicionado a la existencia de vacante en la empresa, y no un derecho incondicionado, ejercitable de manera inmediata en el momento en que el trabajador excedente exprese su voluntad de reingreso.

Que la excedencia voluntaria no comporta para el empresario el deber de reservar al trabajador excedente el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad. El empresario puede disponer de la plaza vacante, bien contratando a otro trabajador para el desempeño de la misma, bien reordenando los cometidos laborales que la integran, bien incluso procediendo a la amortización de la misma. En consecuencia, resulta lícito que la empresa disponga de la plaza en el correcto ejercicio de sus facultades de dirección y organización del trabajo.

Que la transformación en fijos de actividad a tiempo completo de determinados trabajadores temporales, ocurrida con posterioridad a que la excedente solicitara el reingreso en la empresa y finalizado su periodo de excedencia, vulnera su derecho preferente al reingreso solicitado.

Que la transformación de los contratos no supone el acceso de personal externo a la empresa, pero también lo es que evidencia la existencia de necesidad de mano de obra permanente y de las características del actor, poniéndose de relieve, por consiguiente, la existencia de puestos de trabajo que se acomodan a esa preferencia de reingreso.

Que no cabe aceptar que los trabajadores temporales tengan un derecho preferente al del propio actor, en tanto la obligación de la empresa de reincorporarle había nacido ya en el momento en que, solicitado el reingreso, aparecen necesidades que han de cubrirse con otros trabajadores.

Que partir del momento en que la persona trabajadora excedente formula la solicitud de reingreso no resulta ya admisible que la empresa proceda a ocupar puestos de trabajo de igual o similar categoría; no solo mediante la contratación de personas hasta ese momento no vinculadas a la empresa, sino ni siquiera mediante la conversión de contratos de duración determinada y a tiempo parcial en contratos indefinidos y a tiempo completo. Y esto último porque, frente al derecho preferente de la persona trabajadora excedente, no cabe oponer la transformación del empleo fijo en una contratación temporal y parcial

Que para determinar esa preferencia de la persona en excedencia, ha de analizarse en cada supuesto el procedimiento que haya podido utilizar la empresa para cubrir las vacantes con posterioridad al momento en el que se ha presentado la solicitud de reingreso; de suerte que prevalece el indicado derecho cuando quede evidenciado que la empresa necesita de personal de las características de quien solicita su reincorporación.

Y, finalmente, que la transformación de determinados trabajadores temporales en fijos de actividad a tiempo completo, ocurrida con posterioridad a que el excedente solicite el reingreso en la empresa y finalizado su periodo de excedencia, aunque se lleve a cabo para cumplir compromisos albergados en instrumentos colectivos, vulnera el derecho preferente al reingreso.

DÉCIMO.- Del ya inalterado relato de hechos probados, interesa destacar a los efectos del recurso los siguientes extremos:

1. Para CATSA, dedicada a la explotación de un centro de atención telefónica, prestó servicios la trabajadora desde agosto de 2007, en virtud de un contrato de trabajo indefinido, con categoría profesional de gestor telefónico, con jornada a tiempo parcial (89,7 por 100), y adscrita a la unidad productiva denominada «Atención 02 y Canal Satélite».

2. Dicha trabajadora solicitó la excedencia voluntaria, que se le concedió hasta el 1 de marzo de 2023.

3. El 1 de enero de 2023 pidió la reincorporación.

4. El 3 de febrero de 2023 se le denegó por no existir una vacante dentro de su categoría profesional, precisando que cuando se produjera, se le avisaría.

5. El 14 de febrero de 2023 se reiteró la denegación de reincorporación, informándole que no existía vacante de igual o similar categoría profesional que la suya.

6. Con efectos de contratación desde el 27 de febrero de 2023, la empresa ofertó 15 puestos de teleoperadores.

7. El 7 de junio de 2023, la empresa dio de alta en la Seguridad Social a otra trabajadora en virtud de un contrato indefinido a tiempo parcial, y con categoría profesional de teleoperadora.

8. En junio y diciembre de 2023, se transformaron contratos temporales celebrados por operadores de telemarketing en otros a tiempo parcial en indefinidos.

9. El 13 de junio de 2023, la trabajadora presentó la demanda que ha dado lugar al proceso en el que se ha dictado la sentencia que es objeto de recurso.

10. El 31 de marzo de 2024, ABAI se subrogó en la posición de CATSA respecto de aquella unidad productiva.

UNDÉCIMO.- La magistrada de instancia, tras la cita de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de marzo de 2019 [REC: 936/2018], razona lo siguiente:

[...]

Sentado lo anterior procede examinar si la empresa Catsa ha justificado la imposibilidad de reingreso de la actora por falta de vacantes.

Del resultado de la prueba practicada se desprende que entre 01/01/2023 y 01/04/2024 Catsa ha formalizado un total de 59 contratos temporales, ha efectuado conversiones en indefinidos y formalizados contratos durante el año 2023 tal y como se desprende de los documentos nums 9 y 10 de la parte actora y los contratos remitidos por el SAE.

La empresa, que además goza de la facilidad probatoria, no ha justificado la necesidad de contratación temporal.

[...]

DUODÉCIMO.- Antes dar respuesta al motivo de infracción, debe precisarse, en contra de lo que sostiene la trabajadora en la impugnación del recurso, que la doctrina que cita la parte recurrente en el motivo, la contenida en la sentencia de 25 de enero de 2023 [REC: 4756/2019, ROJ: STS 862/2023], sí constituye jurisprudencia, conforme al artículo 1.6 del Código Civil [en adelante , CC]. Hubiera bastado reparar en el apartado 2 del fundamento de derecho tercero de dicha sentencia, que comienza diciendo que la cuestión que se sometía a consideración ya había sido resuelta por la dicha Sala en la sentencia de 28 de noviembre de 2017 [REC: 3844/2015, ROJ: STS 4557/2017], para disipar cualquier duda sobre la adecuada formalización del motivo.

DECIOTERCERO.- Hecha la precisión anterior, la Sala ha de refrendar necesariamente el criterio y la conclusión de la magistrada de instancia, pues lo que se ha constatado ha sido que se ha producido, a partir de la solicitud de reingreso, una actividad contractual considerable, que ha incluido desde oferta de empleo pública para puestos equiparables al de la emplea excedente, contratación de otra trabajadora con jornada parcial, cuando no la transformación de empleos temporales en indefinidos.

Debe insistirse, conforme a la doctrina jurisprudencial, resumida en el fundamento noveno anterior, que la solicitud de reingreso obligaba a la empresa a una especial atención o consideración respecto de aquélla que mostraba su interés en volver al empleo activo, evidenciándose, por lo visto, que no fue así.

Y debe precisarse también que el motivo de infracción sustantiva, referido a la doctrina jurisprudencial -ya se ha dicho que sí lo es- se centraba en si un puesto de trabajo de naturaleza temporal podía ser tenido como vacante a los efectos del artículo 46.5 del ET, pero nada más.

Por otro lado, CATSA, en la revisión de los hechos probado que plantea, se centra en dos pasajes del relato de hechos probados, persiguiendo informal e intrascendentemente -cabe añadir ahora- matizar las menciones contenidas en el hecho séptimo, en cuanto al porcentaje de parcialidad, o las del hecho octavo, relativa a tres transformaciones de contrato, ocurridas a lo largo de 2023. Pero deja incólume el hecho probado quinto, por sí solo decisivo a la hora de resolver el debate de suplicación.

Por todo lo anterior, el motivo ha de ser rechazado.

DECIMOCUARTO.- En un segundo motivo de infracción, también amparado en el artículo 193 c) de la LRJS, la parte recurrente denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 4 de febrero de 2015 [REC: 148/2014, ROJ: STS 1374/2015], argumentando esencialmente que, partiendo del salario diario establecido, de 21,98 euros diarios, desde la fecha de la reincorporación de la trabajadora, el 3 de marzo de 2023, hasta su baja por razón de la subrogación, transcurrieron 296 días, por lo que, descontando los 44 días durante los cuales prestó servicios para otra empresa, la indemnización por los perjuicios debía cifrarse, no en 7.736,96 euros, como decía la sentencia, sino en 5.538,93 euros.

La trabajadora se opone y sostiene en síntesis que la recurrente pretendía, con evidente y notoria mala fe, confundir a esta Sala en cuanto al cómputo de los días a indemnizar, pues, conforme al fundamento de derecho tercero de la sentencia, los días a indemnizar eran 352, no 296, como se dice.

Añade que, además de desestimar el motivo, la Sala podría valorar la existencia de temeridad o mala fe en la articulación del mismo.

DECIMOQUINTO.- El pasaje de la sentencia recurrida en el que se justifica la indemnización finalmente concedida por la no reincorporación, dice así:

[...]

Siguiendo la anterior doctrina, la entidad Catsa debe abonar a la demandante el importe de los salarios dejados de percibir desde 01/03/2023 a 01/04/2024 (296 días) a los que habrá de descontarse los días trabajados para otras empresas (44 días) pues la actora no ha acreditado que el importe de dichos conceptos sea inferior.

En el caso de Catsa, los días a indemnizar ascienden a 352, multiplicado por 21,98 euros/día, el importe asciende a 7.736,96 euros. Desde el 01/04/2024 a 04/09/2024 (fecha de expedición de la vida laboral) transcurren 157 días.

La actora ha estado en Seguridad Social por cuenta de otras empresas durante 16 días, por lo que le corresponden 141 días, por un importe de 3.099,18 euros cantidad a la que hay que añadir 21,98 euros por cada uno de los días que transcurran desde 05/09/2024 al efectivo reingreso con descuento de percepciones salariales abonadas por otras empresas durante dicho periodo.

DECIMOSEXTO.- El motivo ha de ser necesariamente rechazado.

Se está ante un simple error material de transcripción de la sentencia, cuya rectificación o aclaración pudo pedirse al amparo del artículo 267 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [en adelante , LOPJ], pero que no se hizo, formalizádose por la parte recurrente, tras una lectura apresurada de la resolución -quiere pensar la Sala que fue por ello- un motivo como el que ha planteado, de todo punto infundado.

Del fundamento transcrito puede claramente advertirse que el periodo potencialmente indemnizable, el transcurrido desde el 1 de marzo de 2023 al 1 de abril de 2024, representaba 396 días, no de 296, como se decía en el primer párrafo reproducido de la sentencia. Error que fácilmente se hubiera vencido, no solo comprobado los días que suponían ese lapso -superior a todas luces al año-, sino reparando en que en el siguiente párrafo ya se aquilataba el número de días a indemnizar: 352 días, una vez deducidos aquellos 44 por otro empleo, equivalentes a 7.736,92 euros, que figuran en el fallo.

DECIMOSÉPTIMO.- Por lo que hace al recurso de la trabajadora, también formaliza un motivo de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, en el que denuncia la de los artículos 26, 27 y 44 del ET, las Tablas salariales del CCOL, la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 12 de marzo de 2003 [REC: 2757/2002, ROJ: STS 1698/2003], el artículo 1 del Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero , por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023,y el artículo 1 del Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero , por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024,argumentando esencialmente que la sentencia de instancia declaraba en el hecho primero que el contrato suscrito era a tiempo parcial (89,70 por 100) y la categoría profesional la de gestor telefónico, por lo que no podía fijarse el salario regulador en 668,80 euros, cuando estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. Defiende que el salario a tener en cuenta es el correspondiente a la fecha en la que debió producirse la reincorporación, que debe quedar fijado, conforme al CCOL, en 1.290,48 euros en 2023, y 1.327,45 euros en 2024, por lo que, descontando los periodos de servicio a otros empleadores -que detallaba-, suponía una indemnización de 15.075,52 euros.

Finalmente, sostiene que en virtud del artículo 44.3 del ET, al existir subrogación legal de los trabajadores según la sentencia recurrida y al existir una evidente sucesión de plantillas entre ambas empresas, ABAI debió responder de forma solidaria de las deudas de la empresa saliente, es decir, debe responder también de los 15.075,52 euros, cantidad devengada con anterioridad al primero de abril de 2024.

DECIMOCTAVO.- La cuantificación que defiende la parte recurrente ha de ser acogida, pues encuentra apoyo en el CCOL invocado -ninguna de las sociedades demandadas ha impugnado el recurso-, no pudiéndose refrendar en este caso la que se lleva a cabo por la sentencia de instancia, en aquellos 668,80 euros mensuales, 21,98 euros diarios, que deduce de la media calculada por la empleador[a], pues la demandante no ha justificado el salario que propugna(fundamento de derecho primero, párrafo segundo), magnitud salarial que es inferior a la mínima legal.

También debe acogerse la matización en cuanto a la responsabilidad en el pago de dicha indemnización, respecto de la empresa cesionaria, ABAI, constatada la sucesión empresarial, por estar así establecida tal responsabilidad en el precepto que se invoca, el artículo 44.3 del ET, según el cual el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas, como es el caso.

DECIMONOVENO.- En consecuencia con todo lo razonado en los fundamentos anteriores, el recurso de la trabajadora debe estimarse totalmente, y el de CATSA, desestimarse, con los efectos previstos en los artículos 201 y siguientes de la LRJS, incluida la condena en costas en el caso de la empresa, efectos que se precisarán en el fallo de esta sentencia.

PRIMERO.- La sentencia de instancia, tras fijar el salario regulador en atención a la media de las retribuciones, estimó la demanda, reconoció el derecho de la trabajadora al reingreso y condenó las demandadas a estar y pasar por dicha declaración así como al pago de una indemnización por los perjuicios derivados de la negativa a aquella reincorporación, distribuida entre las sociedades demandadas por razón del periodo de servicios, al haber operado la subrogación de una respecto de la otra.

Contra esta decisión interpusieron recurso:

La demandante, para que se revocase en el extremo relativo a la indemnización, condenando a ambas demandadas solidariamente al pago de 15.075,52 euros (correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2024) 01.03.2023 al 31.03.2024), y a ABAI, además, a 6.153,24 euros (correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 al 5 de septiembre de ese año), más 43,64 euros diarios desde el 6 de septiembre de 2024 hasta la efectiva reincorporación de la trabajadora, manteniéndose el resto de pronunciamientos de la sentencia, articulando para ello motivos de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que no ha sido impugnado.

Y CATSA, para que se revocase y se le absolviese o, subsidiariamente, se le condenase únicamente al abono de 5.538,96 euros, articulando para ello motivos de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que ha sido impugnado por la demandante.

ABAI se adhiere el recurso de CATSA.

Su examen se abordará en los fundamentos siguientes, comenzando por esta posición expresada por ABAI.

SEGUNDO.- No existe en la suplicación la adhesión propia del recurso de apelación, de la que ya prescindió la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[en adelante , LEC], por ser generador[a] de equívocos(Exposición de Motivos, apartado XIII).

Así lo viene manteniendo esta Sala en sentencias de 3 de julio de 2023 [REC: 746/2023, ROJ: STSJ AND 13485/2023], 18 de noviembre de 2024 [REC: 984/2024, ROJ: STSJ AND 17618/2024] y 3 de noviembre de 2025 [REC: 1765/2025, ROJ: STSJ AND 18472/2025], entre otras.

Como ha reiterado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en autos de 26 de junio de 2018 [ ROJ: ATS 7452/2018], 28 de junio de 2018 [ ROJ: ATS 7904/2018] y 13 de marzo de 2019 [REC: 500/2018, ROJ: ATS 4013/2019], la regulación del recurso de suplicación es distinta a la del recurso de apelación, no contemplando el artículo 197 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social [en adelante LRJS], que en el trámite de impugnación del recurso se pueda formular impugnación propia de la sentencia, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 461 de la LEC.

Por ello, sin perjuicio de que pueda entenderse que ABAI se muestran conforme con el recurso interpuesto por CATSA, la adhesión, por su contenido procesal estricto, debe ser rechazada.

TERCERO.- Tanto la trabajadora demandante como CATSA formalizan motivos de revisión de los hechos declarados probados, al amparo del artículo 193 b) LRJS, por lo que conviene resolverlos primeramente para dejar definitivamente fijada la versión judicial,

En el caso de la primera, con apoyo en los documentos que identifica y defendiendo su relevancia para el recurso, interesa que se le dé una nueva redacción al hecho probado primero, con arreglo a la siguiente formulación alternativa:

«El/la demandante y la entidad CATSA suscribieron contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial (89,7%) en fecha 06/08/2007, categoría de gestor telefónico y la empresa le venía abonando el salario que viene reflejado en las nóminas de la trabajadora (documento nº 3, que se da por reproducido)»

CATSA, por su parte, interesa la revisión de los hechos séptimo y octavo, realizando una serie de consideraciones, con apoyo documental, sobre la parcialidad del contrato referido en el primero de esos hechos, y sobre los contratos que se detallaban en el hecho octavo.

La demandante se opone a por considerar que no se cumplen los requisitos jurisprudenciales para dar lugar a la revisión de los hechos declarados probados.

CUARTO.- El artículo 196 de la LRJS, además del razonamiento sobre la pertinencia y fundamentación del motivo, exigido con carácter general por el apartado 2 de dicho precepto, precisa en el apartado 3 que, en el caso del motivo de revisión de los hechos declarados probados, se identifique de manera suficiente el documento o pericia en el que se base y se indique la formulación alternativa que se pretende.

QUINTO.- Por lo que hace a la doctrina acuñada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de revisión de los hechos declarados probados, que cabe encontrar resumida en la sentencia de 23 de abril de 2025 [REC: 66/2023, ROJ: STS 2107/2025], entre otras muchas, se ha señalado que el proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso, los requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica exige de los litigantes, entre otros extremos, que el error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados; que los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo; y que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo.

SEXTO.- Aplicando aquellas exigencias legales de formalización y los criterios jurisprudenciales expresados en los fundamentos anteriores, ninguna de las modificaciones propuestas han de ser acogidas por las razones siguientes:

Respecto de la nueva versión del hecho primero, podría admitirse, como dice la parte recurrente, que se está ante una conclusión jurídica y aritmética cuando la sentencia habla de 668,80 euros mensuales o 21,98 euros diarios -no dice más-. Sin embargo, esta constatación aritmética no es sino el producto de la operación divisoria, el promedio, de la media de la que se habla en el fundamento de derecho primero de la sentencia, que se obtiene justamente de las nóminas en las que se apoya la recurrente (documento 3, como se indica en el hecho en cuestión del documento 3 de su ramo de prueba), con lo que, en realidad, lo que se está afirmando implícitamente o mediatamente en ese hecho es un dato puramente histórico tal es cuál fue la retribución percibida durante los últimos meses de trabajo antes de pasar a la situación de excedencia voluntaria.

Por otro lado, procurándose, como se verá al examinar el consecuente motivo de infracción sustantiva, la aplicación del convenio colectivo del sector, ya constan en el relato de hechos probados las premisas fácticas necesarias para verificar si se ha infringido o no esa norma: la actividad de la empresa y la categoría profesional de la trabajadora, haciendo innecesaria la propuesta.

En cuanto a las modificaciones propuestas por CATSA, su rechazo está motivado por razones puramente formales: no se plantea formulación alternativa alguna de los hechos a revisar.

Por todo lo anterior, la versión judicial ha de quedar inalterada.

SÉPTIMO.- Entrado en el examen de las infracciones sustantivas, y comenzado por razones de índole resolutivo por el recurso de la empresa, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, dicha parte denuncia primeramente la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 25 de enero de 2023 [REC: 4756/2019, ROJ: STS 862/2023], argumentando esencialmente que, en contra de lo razonado por la sentencia recurrida, la necesidad o no de contratación temporal en nada afectaba a la imposibilidad de reincorporar a la trabajadora en las mismas o similares condiciones que tenía, en la medida en que, conforme a dicha jurisprudencia -subraya y resalta- los puestos de trabajo temporales no eran adecuados para el reingreso de los excedentes voluntarias, y que si la relación del excedente es indefinida, también debe serlo la plaza vacante.

La trabajadora se opone y sostiene en síntesis que debía desestimarse el motivo porque una sola sentencia no constituía jurisprudencia, dándose el caso de que la parte recurrente tampoco citaba precepto legal alguno. Defiende, con apoyo en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 24 de mayo de 2023 [REC: 2355/2020, ROJ: STS 2354/2023] y diversos pronunciamientos de los tribunales de suplicación, que la existencia de vacantes se acreditaba con la contratación de trabajadores de nuevo ingreso, aun con distinto grupo profesional; o si se celebran contratos temporales. Y señala que Sostiene que no ha existido ofrecimiento alguno de contratación por parte de la empresa.

OCTAVO.- Por lo que interesa al recurso, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre[en adelante , ET], establece lo siguiente:

Artículo 46. Excedencias.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

[...]

5. El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa

[...]

Por su parte, el III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center[en adelante, CCOL], establece lo siguiente:

Artículo 33. Otros tipos de Excedencia.

1. Voluntaria o forzosa.

[...]

1.2 Voluntaria: Quien tenga al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por la misma persona si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

[...]

NOVENO.- En interpretación aplicativa de aquella norma estatutaria, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de marzo de 2025 [REC: 4189/2022, ROJ: STS 1150/2025] ha afirmado -resumidamente- lo siguiente:

Que el artículo 46.5 ET, al contemplar el derecho al reingreso, no solo en las vacantes existentes en el momento de solicitar la reincorporación, sino en las que se produjeran, abre la posibilidad a la situación expectante del excedente que solicita el reingreso en la vacante que exista y, si no existe, en la que se pueda producir en el futuro. Por lo tanto, una vez solicitado el reingreso, la persona excedente queda a la espera de que la empresa le reincorpore, si existe plaza vacante y, si no existe, a que le reincorpore en la vacante que se produzca, sin necesidad de reiterar periódicamente la solicitud de reingreso.

Que el derecho preferente al reingreso del trabajador en excedencia voluntaria es un derecho potencial o expectante, condicionado a la existencia de vacante en la empresa, y no un derecho incondicionado, ejercitable de manera inmediata en el momento en que el trabajador excedente exprese su voluntad de reingreso.

Que la excedencia voluntaria no comporta para el empresario el deber de reservar al trabajador excedente el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad. El empresario puede disponer de la plaza vacante, bien contratando a otro trabajador para el desempeño de la misma, bien reordenando los cometidos laborales que la integran, bien incluso procediendo a la amortización de la misma. En consecuencia, resulta lícito que la empresa disponga de la plaza en el correcto ejercicio de sus facultades de dirección y organización del trabajo.

Que la transformación en fijos de actividad a tiempo completo de determinados trabajadores temporales, ocurrida con posterioridad a que la excedente solicitara el reingreso en la empresa y finalizado su periodo de excedencia, vulnera su derecho preferente al reingreso solicitado.

Que la transformación de los contratos no supone el acceso de personal externo a la empresa, pero también lo es que evidencia la existencia de necesidad de mano de obra permanente y de las características del actor, poniéndose de relieve, por consiguiente, la existencia de puestos de trabajo que se acomodan a esa preferencia de reingreso.

Que no cabe aceptar que los trabajadores temporales tengan un derecho preferente al del propio actor, en tanto la obligación de la empresa de reincorporarle había nacido ya en el momento en que, solicitado el reingreso, aparecen necesidades que han de cubrirse con otros trabajadores.

Que partir del momento en que la persona trabajadora excedente formula la solicitud de reingreso no resulta ya admisible que la empresa proceda a ocupar puestos de trabajo de igual o similar categoría; no solo mediante la contratación de personas hasta ese momento no vinculadas a la empresa, sino ni siquiera mediante la conversión de contratos de duración determinada y a tiempo parcial en contratos indefinidos y a tiempo completo. Y esto último porque, frente al derecho preferente de la persona trabajadora excedente, no cabe oponer la transformación del empleo fijo en una contratación temporal y parcial

Que para determinar esa preferencia de la persona en excedencia, ha de analizarse en cada supuesto el procedimiento que haya podido utilizar la empresa para cubrir las vacantes con posterioridad al momento en el que se ha presentado la solicitud de reingreso; de suerte que prevalece el indicado derecho cuando quede evidenciado que la empresa necesita de personal de las características de quien solicita su reincorporación.

Y, finalmente, que la transformación de determinados trabajadores temporales en fijos de actividad a tiempo completo, ocurrida con posterioridad a que el excedente solicite el reingreso en la empresa y finalizado su periodo de excedencia, aunque se lleve a cabo para cumplir compromisos albergados en instrumentos colectivos, vulnera el derecho preferente al reingreso.

DÉCIMO.- Del ya inalterado relato de hechos probados, interesa destacar a los efectos del recurso los siguientes extremos:

1. Para CATSA, dedicada a la explotación de un centro de atención telefónica, prestó servicios la trabajadora desde agosto de 2007, en virtud de un contrato de trabajo indefinido, con categoría profesional de gestor telefónico, con jornada a tiempo parcial (89,7 por 100), y adscrita a la unidad productiva denominada «Atención 02 y Canal Satélite».

2. Dicha trabajadora solicitó la excedencia voluntaria, que se le concedió hasta el 1 de marzo de 2023.

3. El 1 de enero de 2023 pidió la reincorporación.

4. El 3 de febrero de 2023 se le denegó por no existir una vacante dentro de su categoría profesional, precisando que cuando se produjera, se le avisaría.

5. El 14 de febrero de 2023 se reiteró la denegación de reincorporación, informándole que no existía vacante de igual o similar categoría profesional que la suya.

6. Con efectos de contratación desde el 27 de febrero de 2023, la empresa ofertó 15 puestos de teleoperadores.

7. El 7 de junio de 2023, la empresa dio de alta en la Seguridad Social a otra trabajadora en virtud de un contrato indefinido a tiempo parcial, y con categoría profesional de teleoperadora.

8. En junio y diciembre de 2023, se transformaron contratos temporales celebrados por operadores de telemarketing en otros a tiempo parcial en indefinidos.

9. El 13 de junio de 2023, la trabajadora presentó la demanda que ha dado lugar al proceso en el que se ha dictado la sentencia que es objeto de recurso.

10. El 31 de marzo de 2024, ABAI se subrogó en la posición de CATSA respecto de aquella unidad productiva.

UNDÉCIMO.- La magistrada de instancia, tras la cita de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de marzo de 2019 [REC: 936/2018], razona lo siguiente:

[...]

Sentado lo anterior procede examinar si la empresa Catsa ha justificado la imposibilidad de reingreso de la actora por falta de vacantes.

Del resultado de la prueba practicada se desprende que entre 01/01/2023 y 01/04/2024 Catsa ha formalizado un total de 59 contratos temporales, ha efectuado conversiones en indefinidos y formalizados contratos durante el año 2023 tal y como se desprende de los documentos nums 9 y 10 de la parte actora y los contratos remitidos por el SAE.

La empresa, que además goza de la facilidad probatoria, no ha justificado la necesidad de contratación temporal.

[...]

DUODÉCIMO.- Antes dar respuesta al motivo de infracción, debe precisarse, en contra de lo que sostiene la trabajadora en la impugnación del recurso, que la doctrina que cita la parte recurrente en el motivo, la contenida en la sentencia de 25 de enero de 2023 [REC: 4756/2019, ROJ: STS 862/2023], sí constituye jurisprudencia, conforme al artículo 1.6 del Código Civil [en adelante , CC]. Hubiera bastado reparar en el apartado 2 del fundamento de derecho tercero de dicha sentencia, que comienza diciendo que la cuestión que se sometía a consideración ya había sido resuelta por la dicha Sala en la sentencia de 28 de noviembre de 2017 [REC: 3844/2015, ROJ: STS 4557/2017], para disipar cualquier duda sobre la adecuada formalización del motivo.

DECIOTERCERO.- Hecha la precisión anterior, la Sala ha de refrendar necesariamente el criterio y la conclusión de la magistrada de instancia, pues lo que se ha constatado ha sido que se ha producido, a partir de la solicitud de reingreso, una actividad contractual considerable, que ha incluido desde oferta de empleo pública para puestos equiparables al de la emplea excedente, contratación de otra trabajadora con jornada parcial, cuando no la transformación de empleos temporales en indefinidos.

Debe insistirse, conforme a la doctrina jurisprudencial, resumida en el fundamento noveno anterior, que la solicitud de reingreso obligaba a la empresa a una especial atención o consideración respecto de aquélla que mostraba su interés en volver al empleo activo, evidenciándose, por lo visto, que no fue así.

Y debe precisarse también que el motivo de infracción sustantiva, referido a la doctrina jurisprudencial -ya se ha dicho que sí lo es- se centraba en si un puesto de trabajo de naturaleza temporal podía ser tenido como vacante a los efectos del artículo 46.5 del ET, pero nada más.

Por otro lado, CATSA, en la revisión de los hechos probado que plantea, se centra en dos pasajes del relato de hechos probados, persiguiendo informal e intrascendentemente -cabe añadir ahora- matizar las menciones contenidas en el hecho séptimo, en cuanto al porcentaje de parcialidad, o las del hecho octavo, relativa a tres transformaciones de contrato, ocurridas a lo largo de 2023. Pero deja incólume el hecho probado quinto, por sí solo decisivo a la hora de resolver el debate de suplicación.

Por todo lo anterior, el motivo ha de ser rechazado.

DECIMOCUARTO.- En un segundo motivo de infracción, también amparado en el artículo 193 c) de la LRJS, la parte recurrente denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 4 de febrero de 2015 [REC: 148/2014, ROJ: STS 1374/2015], argumentando esencialmente que, partiendo del salario diario establecido, de 21,98 euros diarios, desde la fecha de la reincorporación de la trabajadora, el 3 de marzo de 2023, hasta su baja por razón de la subrogación, transcurrieron 296 días, por lo que, descontando los 44 días durante los cuales prestó servicios para otra empresa, la indemnización por los perjuicios debía cifrarse, no en 7.736,96 euros, como decía la sentencia, sino en 5.538,93 euros.

La trabajadora se opone y sostiene en síntesis que la recurrente pretendía, con evidente y notoria mala fe, confundir a esta Sala en cuanto al cómputo de los días a indemnizar, pues, conforme al fundamento de derecho tercero de la sentencia, los días a indemnizar eran 352, no 296, como se dice.

Añade que, además de desestimar el motivo, la Sala podría valorar la existencia de temeridad o mala fe en la articulación del mismo.

DECIMOQUINTO.- El pasaje de la sentencia recurrida en el que se justifica la indemnización finalmente concedida por la no reincorporación, dice así:

[...]

Siguiendo la anterior doctrina, la entidad Catsa debe abonar a la demandante el importe de los salarios dejados de percibir desde 01/03/2023 a 01/04/2024 (296 días) a los que habrá de descontarse los días trabajados para otras empresas (44 días) pues la actora no ha acreditado que el importe de dichos conceptos sea inferior.

En el caso de Catsa, los días a indemnizar ascienden a 352, multiplicado por 21,98 euros/día, el importe asciende a 7.736,96 euros. Desde el 01/04/2024 a 04/09/2024 (fecha de expedición de la vida laboral) transcurren 157 días.

La actora ha estado en Seguridad Social por cuenta de otras empresas durante 16 días, por lo que le corresponden 141 días, por un importe de 3.099,18 euros cantidad a la que hay que añadir 21,98 euros por cada uno de los días que transcurran desde 05/09/2024 al efectivo reingreso con descuento de percepciones salariales abonadas por otras empresas durante dicho periodo.

DECIMOSEXTO.- El motivo ha de ser necesariamente rechazado.

Se está ante un simple error material de transcripción de la sentencia, cuya rectificación o aclaración pudo pedirse al amparo del artículo 267 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [en adelante , LOPJ], pero que no se hizo, formalizádose por la parte recurrente, tras una lectura apresurada de la resolución -quiere pensar la Sala que fue por ello- un motivo como el que ha planteado, de todo punto infundado.

Del fundamento transcrito puede claramente advertirse que el periodo potencialmente indemnizable, el transcurrido desde el 1 de marzo de 2023 al 1 de abril de 2024, representaba 396 días, no de 296, como se decía en el primer párrafo reproducido de la sentencia. Error que fácilmente se hubiera vencido, no solo comprobado los días que suponían ese lapso -superior a todas luces al año-, sino reparando en que en el siguiente párrafo ya se aquilataba el número de días a indemnizar: 352 días, una vez deducidos aquellos 44 por otro empleo, equivalentes a 7.736,92 euros, que figuran en el fallo.

DECIMOSÉPTIMO.- Por lo que hace al recurso de la trabajadora, también formaliza un motivo de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, en el que denuncia la de los artículos 26, 27 y 44 del ET, las Tablas salariales del CCOL, la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 12 de marzo de 2003 [REC: 2757/2002, ROJ: STS 1698/2003], el artículo 1 del Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero , por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023,y el artículo 1 del Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero , por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024,argumentando esencialmente que la sentencia de instancia declaraba en el hecho primero que el contrato suscrito era a tiempo parcial (89,70 por 100) y la categoría profesional la de gestor telefónico, por lo que no podía fijarse el salario regulador en 668,80 euros, cuando estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. Defiende que el salario a tener en cuenta es el correspondiente a la fecha en la que debió producirse la reincorporación, que debe quedar fijado, conforme al CCOL, en 1.290,48 euros en 2023, y 1.327,45 euros en 2024, por lo que, descontando los periodos de servicio a otros empleadores -que detallaba-, suponía una indemnización de 15.075,52 euros.

Finalmente, sostiene que en virtud del artículo 44.3 del ET, al existir subrogación legal de los trabajadores según la sentencia recurrida y al existir una evidente sucesión de plantillas entre ambas empresas, ABAI debió responder de forma solidaria de las deudas de la empresa saliente, es decir, debe responder también de los 15.075,52 euros, cantidad devengada con anterioridad al primero de abril de 2024.

DECIMOCTAVO.- La cuantificación que defiende la parte recurrente ha de ser acogida, pues encuentra apoyo en el CCOL invocado -ninguna de las sociedades demandadas ha impugnado el recurso-, no pudiéndose refrendar en este caso la que se lleva a cabo por la sentencia de instancia, en aquellos 668,80 euros mensuales, 21,98 euros diarios, que deduce de la media calculada por la empleador[a], pues la demandante no ha justificado el salario que propugna(fundamento de derecho primero, párrafo segundo), magnitud salarial que es inferior a la mínima legal.

También debe acogerse la matización en cuanto a la responsabilidad en el pago de dicha indemnización, respecto de la empresa cesionaria, ABAI, constatada la sucesión empresarial, por estar así establecida tal responsabilidad en el precepto que se invoca, el artículo 44.3 del ET, según el cual el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas, como es el caso.

DECIMONOVENO.- En consecuencia con todo lo razonado en los fundamentos anteriores, el recurso de la trabajadora debe estimarse totalmente, y el de CATSA, desestimarse, con los efectos previstos en los artículos 201 y siguientes de la LRJS, incluida la condena en costas en el caso de la empresa, efectos que se precisarán en el fallo de esta sentencia.

PRIMERO.- La sentencia de instancia, tras fijar el salario regulador en atención a la media de las retribuciones, estimó la demanda, reconoció el derecho de la trabajadora al reingreso y condenó las demandadas a estar y pasar por dicha declaración así como al pago de una indemnización por los perjuicios derivados de la negativa a aquella reincorporación, distribuida entre las sociedades demandadas por razón del periodo de servicios, al haber operado la subrogación de una respecto de la otra.

Contra esta decisión interpusieron recurso:

La demandante, para que se revocase en el extremo relativo a la indemnización, condenando a ambas demandadas solidariamente al pago de 15.075,52 euros (correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2024) 01.03.2023 al 31.03.2024), y a ABAI, además, a 6.153,24 euros (correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 al 5 de septiembre de ese año), más 43,64 euros diarios desde el 6 de septiembre de 2024 hasta la efectiva reincorporación de la trabajadora, manteniéndose el resto de pronunciamientos de la sentencia, articulando para ello motivos de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que no ha sido impugnado.

Y CATSA, para que se revocase y se le absolviese o, subsidiariamente, se le condenase únicamente al abono de 5.538,96 euros, articulando para ello motivos de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que ha sido impugnado por la demandante.

ABAI se adhiere el recurso de CATSA.

Su examen se abordará en los fundamentos siguientes, comenzando por esta posición expresada por ABAI.

SEGUNDO.- No existe en la suplicación la adhesión propia del recurso de apelación, de la que ya prescindió la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[en adelante , LEC], por ser generador[a] de equívocos(Exposición de Motivos, apartado XIII).

Así lo viene manteniendo esta Sala en sentencias de 3 de julio de 2023 [REC: 746/2023, ROJ: STSJ AND 13485/2023], 18 de noviembre de 2024 [REC: 984/2024, ROJ: STSJ AND 17618/2024] y 3 de noviembre de 2025 [REC: 1765/2025, ROJ: STSJ AND 18472/2025], entre otras.

Como ha reiterado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en autos de 26 de junio de 2018 [ ROJ: ATS 7452/2018], 28 de junio de 2018 [ ROJ: ATS 7904/2018] y 13 de marzo de 2019 [REC: 500/2018, ROJ: ATS 4013/2019], la regulación del recurso de suplicación es distinta a la del recurso de apelación, no contemplando el artículo 197 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social [en adelante LRJS], que en el trámite de impugnación del recurso se pueda formular impugnación propia de la sentencia, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 461 de la LEC.

Por ello, sin perjuicio de que pueda entenderse que ABAI se muestran conforme con el recurso interpuesto por CATSA, la adhesión, por su contenido procesal estricto, debe ser rechazada.

TERCERO.- Tanto la trabajadora demandante como CATSA formalizan motivos de revisión de los hechos declarados probados, al amparo del artículo 193 b) LRJS, por lo que conviene resolverlos primeramente para dejar definitivamente fijada la versión judicial,

En el caso de la primera, con apoyo en los documentos que identifica y defendiendo su relevancia para el recurso, interesa que se le dé una nueva redacción al hecho probado primero, con arreglo a la siguiente formulación alternativa:

«El/la demandante y la entidad CATSA suscribieron contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial (89,7%) en fecha 06/08/2007, categoría de gestor telefónico y la empresa le venía abonando el salario que viene reflejado en las nóminas de la trabajadora (documento nº 3, que se da por reproducido)»

CATSA, por su parte, interesa la revisión de los hechos séptimo y octavo, realizando una serie de consideraciones, con apoyo documental, sobre la parcialidad del contrato referido en el primero de esos hechos, y sobre los contratos que se detallaban en el hecho octavo.

La demandante se opone a por considerar que no se cumplen los requisitos jurisprudenciales para dar lugar a la revisión de los hechos declarados probados.

CUARTO.- El artículo 196 de la LRJS, además del razonamiento sobre la pertinencia y fundamentación del motivo, exigido con carácter general por el apartado 2 de dicho precepto, precisa en el apartado 3 que, en el caso del motivo de revisión de los hechos declarados probados, se identifique de manera suficiente el documento o pericia en el que se base y se indique la formulación alternativa que se pretende.

QUINTO.- Por lo que hace a la doctrina acuñada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de revisión de los hechos declarados probados, que cabe encontrar resumida en la sentencia de 23 de abril de 2025 [REC: 66/2023, ROJ: STS 2107/2025], entre otras muchas, se ha señalado que el proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso, los requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica exige de los litigantes, entre otros extremos, que el error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados; que los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo; y que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo.

SEXTO.- Aplicando aquellas exigencias legales de formalización y los criterios jurisprudenciales expresados en los fundamentos anteriores, ninguna de las modificaciones propuestas han de ser acogidas por las razones siguientes:

Respecto de la nueva versión del hecho primero, podría admitirse, como dice la parte recurrente, que se está ante una conclusión jurídica y aritmética cuando la sentencia habla de 668,80 euros mensuales o 21,98 euros diarios -no dice más-. Sin embargo, esta constatación aritmética no es sino el producto de la operación divisoria, el promedio, de la media de la que se habla en el fundamento de derecho primero de la sentencia, que se obtiene justamente de las nóminas en las que se apoya la recurrente (documento 3, como se indica en el hecho en cuestión del documento 3 de su ramo de prueba), con lo que, en realidad, lo que se está afirmando implícitamente o mediatamente en ese hecho es un dato puramente histórico tal es cuál fue la retribución percibida durante los últimos meses de trabajo antes de pasar a la situación de excedencia voluntaria.

Por otro lado, procurándose, como se verá al examinar el consecuente motivo de infracción sustantiva, la aplicación del convenio colectivo del sector, ya constan en el relato de hechos probados las premisas fácticas necesarias para verificar si se ha infringido o no esa norma: la actividad de la empresa y la categoría profesional de la trabajadora, haciendo innecesaria la propuesta.

En cuanto a las modificaciones propuestas por CATSA, su rechazo está motivado por razones puramente formales: no se plantea formulación alternativa alguna de los hechos a revisar.

Por todo lo anterior, la versión judicial ha de quedar inalterada.

SÉPTIMO.- Entrado en el examen de las infracciones sustantivas, y comenzado por razones de índole resolutivo por el recurso de la empresa, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, dicha parte denuncia primeramente la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 25 de enero de 2023 [REC: 4756/2019, ROJ: STS 862/2023], argumentando esencialmente que, en contra de lo razonado por la sentencia recurrida, la necesidad o no de contratación temporal en nada afectaba a la imposibilidad de reincorporar a la trabajadora en las mismas o similares condiciones que tenía, en la medida en que, conforme a dicha jurisprudencia -subraya y resalta- los puestos de trabajo temporales no eran adecuados para el reingreso de los excedentes voluntarias, y que si la relación del excedente es indefinida, también debe serlo la plaza vacante.

La trabajadora se opone y sostiene en síntesis que debía desestimarse el motivo porque una sola sentencia no constituía jurisprudencia, dándose el caso de que la parte recurrente tampoco citaba precepto legal alguno. Defiende, con apoyo en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 24 de mayo de 2023 [REC: 2355/2020, ROJ: STS 2354/2023] y diversos pronunciamientos de los tribunales de suplicación, que la existencia de vacantes se acreditaba con la contratación de trabajadores de nuevo ingreso, aun con distinto grupo profesional; o si se celebran contratos temporales. Y señala que Sostiene que no ha existido ofrecimiento alguno de contratación por parte de la empresa.

OCTAVO.- Por lo que interesa al recurso, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre[en adelante , ET], establece lo siguiente:

Artículo 46. Excedencias.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

[...]

5. El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa

[...]

Por su parte, el III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center[en adelante, CCOL], establece lo siguiente:

Artículo 33. Otros tipos de Excedencia.

1. Voluntaria o forzosa.

[...]

1.2 Voluntaria: Quien tenga al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por la misma persona si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

[...]

NOVENO.- En interpretación aplicativa de aquella norma estatutaria, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de marzo de 2025 [REC: 4189/2022, ROJ: STS 1150/2025] ha afirmado -resumidamente- lo siguiente:

Que el artículo 46.5 ET, al contemplar el derecho al reingreso, no solo en las vacantes existentes en el momento de solicitar la reincorporación, sino en las que se produjeran, abre la posibilidad a la situación expectante del excedente que solicita el reingreso en la vacante que exista y, si no existe, en la que se pueda producir en el futuro. Por lo tanto, una vez solicitado el reingreso, la persona excedente queda a la espera de que la empresa le reincorpore, si existe plaza vacante y, si no existe, a que le reincorpore en la vacante que se produzca, sin necesidad de reiterar periódicamente la solicitud de reingreso.

Que el derecho preferente al reingreso del trabajador en excedencia voluntaria es un derecho potencial o expectante, condicionado a la existencia de vacante en la empresa, y no un derecho incondicionado, ejercitable de manera inmediata en el momento en que el trabajador excedente exprese su voluntad de reingreso.

Que la excedencia voluntaria no comporta para el empresario el deber de reservar al trabajador excedente el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad. El empresario puede disponer de la plaza vacante, bien contratando a otro trabajador para el desempeño de la misma, bien reordenando los cometidos laborales que la integran, bien incluso procediendo a la amortización de la misma. En consecuencia, resulta lícito que la empresa disponga de la plaza en el correcto ejercicio de sus facultades de dirección y organización del trabajo.

Que la transformación en fijos de actividad a tiempo completo de determinados trabajadores temporales, ocurrida con posterioridad a que la excedente solicitara el reingreso en la empresa y finalizado su periodo de excedencia, vulnera su derecho preferente al reingreso solicitado.

Que la transformación de los contratos no supone el acceso de personal externo a la empresa, pero también lo es que evidencia la existencia de necesidad de mano de obra permanente y de las características del actor, poniéndose de relieve, por consiguiente, la existencia de puestos de trabajo que se acomodan a esa preferencia de reingreso.

Que no cabe aceptar que los trabajadores temporales tengan un derecho preferente al del propio actor, en tanto la obligación de la empresa de reincorporarle había nacido ya en el momento en que, solicitado el reingreso, aparecen necesidades que han de cubrirse con otros trabajadores.

Que partir del momento en que la persona trabajadora excedente formula la solicitud de reingreso no resulta ya admisible que la empresa proceda a ocupar puestos de trabajo de igual o similar categoría; no solo mediante la contratación de personas hasta ese momento no vinculadas a la empresa, sino ni siquiera mediante la conversión de contratos de duración determinada y a tiempo parcial en contratos indefinidos y a tiempo completo. Y esto último porque, frente al derecho preferente de la persona trabajadora excedente, no cabe oponer la transformación del empleo fijo en una contratación temporal y parcial

Que para determinar esa preferencia de la persona en excedencia, ha de analizarse en cada supuesto el procedimiento que haya podido utilizar la empresa para cubrir las vacantes con posterioridad al momento en el que se ha presentado la solicitud de reingreso; de suerte que prevalece el indicado derecho cuando quede evidenciado que la empresa necesita de personal de las características de quien solicita su reincorporación.

Y, finalmente, que la transformación de determinados trabajadores temporales en fijos de actividad a tiempo completo, ocurrida con posterioridad a que el excedente solicite el reingreso en la empresa y finalizado su periodo de excedencia, aunque se lleve a cabo para cumplir compromisos albergados en instrumentos colectivos, vulnera el derecho preferente al reingreso.

DÉCIMO.- Del ya inalterado relato de hechos probados, interesa destacar a los efectos del recurso los siguientes extremos:

1. Para CATSA, dedicada a la explotación de un centro de atención telefónica, prestó servicios la trabajadora desde agosto de 2007, en virtud de un contrato de trabajo indefinido, con categoría profesional de gestor telefónico, con jornada a tiempo parcial (89,7 por 100), y adscrita a la unidad productiva denominada «Atención 02 y Canal Satélite».

2. Dicha trabajadora solicitó la excedencia voluntaria, que se le concedió hasta el 1 de marzo de 2023.

3. El 1 de enero de 2023 pidió la reincorporación.

4. El 3 de febrero de 2023 se le denegó por no existir una vacante dentro de su categoría profesional, precisando que cuando se produjera, se le avisaría.

5. El 14 de febrero de 2023 se reiteró la denegación de reincorporación, informándole que no existía vacante de igual o similar categoría profesional que la suya.

6. Con efectos de contratación desde el 27 de febrero de 2023, la empresa ofertó 15 puestos de teleoperadores.

7. El 7 de junio de 2023, la empresa dio de alta en la Seguridad Social a otra trabajadora en virtud de un contrato indefinido a tiempo parcial, y con categoría profesional de teleoperadora.

8. En junio y diciembre de 2023, se transformaron contratos temporales celebrados por operadores de telemarketing en otros a tiempo parcial en indefinidos.

9. El 13 de junio de 2023, la trabajadora presentó la demanda que ha dado lugar al proceso en el que se ha dictado la sentencia que es objeto de recurso.

10. El 31 de marzo de 2024, ABAI se subrogó en la posición de CATSA respecto de aquella unidad productiva.

UNDÉCIMO.- La magistrada de instancia, tras la cita de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de marzo de 2019 [REC: 936/2018], razona lo siguiente:

[...]

Sentado lo anterior procede examinar si la empresa Catsa ha justificado la imposibilidad de reingreso de la actora por falta de vacantes.

Del resultado de la prueba practicada se desprende que entre 01/01/2023 y 01/04/2024 Catsa ha formalizado un total de 59 contratos temporales, ha efectuado conversiones en indefinidos y formalizados contratos durante el año 2023 tal y como se desprende de los documentos nums 9 y 10 de la parte actora y los contratos remitidos por el SAE.

La empresa, que además goza de la facilidad probatoria, no ha justificado la necesidad de contratación temporal.

[...]

DUODÉCIMO.- Antes dar respuesta al motivo de infracción, debe precisarse, en contra de lo que sostiene la trabajadora en la impugnación del recurso, que la doctrina que cita la parte recurrente en el motivo, la contenida en la sentencia de 25 de enero de 2023 [REC: 4756/2019, ROJ: STS 862/2023], sí constituye jurisprudencia, conforme al artículo 1.6 del Código Civil [en adelante , CC]. Hubiera bastado reparar en el apartado 2 del fundamento de derecho tercero de dicha sentencia, que comienza diciendo que la cuestión que se sometía a consideración ya había sido resuelta por la dicha Sala en la sentencia de 28 de noviembre de 2017 [REC: 3844/2015, ROJ: STS 4557/2017], para disipar cualquier duda sobre la adecuada formalización del motivo.

DECIOTERCERO.- Hecha la precisión anterior, la Sala ha de refrendar necesariamente el criterio y la conclusión de la magistrada de instancia, pues lo que se ha constatado ha sido que se ha producido, a partir de la solicitud de reingreso, una actividad contractual considerable, que ha incluido desde oferta de empleo pública para puestos equiparables al de la emplea excedente, contratación de otra trabajadora con jornada parcial, cuando no la transformación de empleos temporales en indefinidos.

Debe insistirse, conforme a la doctrina jurisprudencial, resumida en el fundamento noveno anterior, que la solicitud de reingreso obligaba a la empresa a una especial atención o consideración respecto de aquélla que mostraba su interés en volver al empleo activo, evidenciándose, por lo visto, que no fue así.

Y debe precisarse también que el motivo de infracción sustantiva, referido a la doctrina jurisprudencial -ya se ha dicho que sí lo es- se centraba en si un puesto de trabajo de naturaleza temporal podía ser tenido como vacante a los efectos del artículo 46.5 del ET, pero nada más.

Por otro lado, CATSA, en la revisión de los hechos probado que plantea, se centra en dos pasajes del relato de hechos probados, persiguiendo informal e intrascendentemente -cabe añadir ahora- matizar las menciones contenidas en el hecho séptimo, en cuanto al porcentaje de parcialidad, o las del hecho octavo, relativa a tres transformaciones de contrato, ocurridas a lo largo de 2023. Pero deja incólume el hecho probado quinto, por sí solo decisivo a la hora de resolver el debate de suplicación.

Por todo lo anterior, el motivo ha de ser rechazado.

DECIMOCUARTO.- En un segundo motivo de infracción, también amparado en el artículo 193 c) de la LRJS, la parte recurrente denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 4 de febrero de 2015 [REC: 148/2014, ROJ: STS 1374/2015], argumentando esencialmente que, partiendo del salario diario establecido, de 21,98 euros diarios, desde la fecha de la reincorporación de la trabajadora, el 3 de marzo de 2023, hasta su baja por razón de la subrogación, transcurrieron 296 días, por lo que, descontando los 44 días durante los cuales prestó servicios para otra empresa, la indemnización por los perjuicios debía cifrarse, no en 7.736,96 euros, como decía la sentencia, sino en 5.538,93 euros.

La trabajadora se opone y sostiene en síntesis que la recurrente pretendía, con evidente y notoria mala fe, confundir a esta Sala en cuanto al cómputo de los días a indemnizar, pues, conforme al fundamento de derecho tercero de la sentencia, los días a indemnizar eran 352, no 296, como se dice.

Añade que, además de desestimar el motivo, la Sala podría valorar la existencia de temeridad o mala fe en la articulación del mismo.

DECIMOQUINTO.- El pasaje de la sentencia recurrida en el que se justifica la indemnización finalmente concedida por la no reincorporación, dice así:

[...]

Siguiendo la anterior doctrina, la entidad Catsa debe abonar a la demandante el importe de los salarios dejados de percibir desde 01/03/2023 a 01/04/2024 (296 días) a los que habrá de descontarse los días trabajados para otras empresas (44 días) pues la actora no ha acreditado que el importe de dichos conceptos sea inferior.

En el caso de Catsa, los días a indemnizar ascienden a 352, multiplicado por 21,98 euros/día, el importe asciende a 7.736,96 euros. Desde el 01/04/2024 a 04/09/2024 (fecha de expedición de la vida laboral) transcurren 157 días.

La actora ha estado en Seguridad Social por cuenta de otras empresas durante 16 días, por lo que le corresponden 141 días, por un importe de 3.099,18 euros cantidad a la que hay que añadir 21,98 euros por cada uno de los días que transcurran desde 05/09/2024 al efectivo reingreso con descuento de percepciones salariales abonadas por otras empresas durante dicho periodo.

DECIMOSEXTO.- El motivo ha de ser necesariamente rechazado.

Se está ante un simple error material de transcripción de la sentencia, cuya rectificación o aclaración pudo pedirse al amparo del artículo 267 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [en adelante , LOPJ], pero que no se hizo, formalizádose por la parte recurrente, tras una lectura apresurada de la resolución -quiere pensar la Sala que fue por ello- un motivo como el que ha planteado, de todo punto infundado.

Del fundamento transcrito puede claramente advertirse que el periodo potencialmente indemnizable, el transcurrido desde el 1 de marzo de 2023 al 1 de abril de 2024, representaba 396 días, no de 296, como se decía en el primer párrafo reproducido de la sentencia. Error que fácilmente se hubiera vencido, no solo comprobado los días que suponían ese lapso -superior a todas luces al año-, sino reparando en que en el siguiente párrafo ya se aquilataba el número de días a indemnizar: 352 días, una vez deducidos aquellos 44 por otro empleo, equivalentes a 7.736,92 euros, que figuran en el fallo.

DECIMOSÉPTIMO.- Por lo que hace al recurso de la trabajadora, también formaliza un motivo de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, en el que denuncia la de los artículos 26, 27 y 44 del ET, las Tablas salariales del CCOL, la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 12 de marzo de 2003 [REC: 2757/2002, ROJ: STS 1698/2003], el artículo 1 del Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero , por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023,y el artículo 1 del Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero , por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024,argumentando esencialmente que la sentencia de instancia declaraba en el hecho primero que el contrato suscrito era a tiempo parcial (89,70 por 100) y la categoría profesional la de gestor telefónico, por lo que no podía fijarse el salario regulador en 668,80 euros, cuando estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. Defiende que el salario a tener en cuenta es el correspondiente a la fecha en la que debió producirse la reincorporación, que debe quedar fijado, conforme al CCOL, en 1.290,48 euros en 2023, y 1.327,45 euros en 2024, por lo que, descontando los periodos de servicio a otros empleadores -que detallaba-, suponía una indemnización de 15.075,52 euros.

Finalmente, sostiene que en virtud del artículo 44.3 del ET, al existir subrogación legal de los trabajadores según la sentencia recurrida y al existir una evidente sucesión de plantillas entre ambas empresas, ABAI debió responder de forma solidaria de las deudas de la empresa saliente, es decir, debe responder también de los 15.075,52 euros, cantidad devengada con anterioridad al primero de abril de 2024.

DECIMOCTAVO.- La cuantificación que defiende la parte recurrente ha de ser acogida, pues encuentra apoyo en el CCOL invocado -ninguna de las sociedades demandadas ha impugnado el recurso-, no pudiéndose refrendar en este caso la que se lleva a cabo por la sentencia de instancia, en aquellos 668,80 euros mensuales, 21,98 euros diarios, que deduce de la media calculada por la empleador[a], pues la demandante no ha justificado el salario que propugna(fundamento de derecho primero, párrafo segundo), magnitud salarial que es inferior a la mínima legal.

También debe acogerse la matización en cuanto a la responsabilidad en el pago de dicha indemnización, respecto de la empresa cesionaria, ABAI, constatada la sucesión empresarial, por estar así establecida tal responsabilidad en el precepto que se invoca, el artículo 44.3 del ET, según el cual el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas, como es el caso.

DECIMONOVENO.- En consecuencia con todo lo razonado en los fundamentos anteriores, el recurso de la trabajadora debe estimarse totalmente, y el de CATSA, desestimarse, con los efectos previstos en los artículos 201 y siguientes de la LRJS, incluida la condena en costas en el caso de la empresa, efectos que se precisarán en el fallo de esta sentencia.