Sentencia Social 1222/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 483/2025 de 20 de mayo del 2025

PRIMERO. - RECURSO INTERPUESTO.

Interpone recurso de suplicación la representación del demandado D. Pedro Miguel, frente a la sentencia nº 357/2024 del Juzgado de lo social nº 3 de Bilbao de fecha 10 de diciembre 2.024, autos 112/2024, que estimó

parcialmente la demanda formulada por LA FRATERNIDAD- MUPRESPA MUTUA COLABORADORA contra Pedro Miguel, DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS DE BIZKAIA, TGSS, y, SUN CHEMICAL SA, y en la que se

declaró que el trabajador se encuentra afecto a Incapacidad Permanente Parcial derivada de la contingencia de accidente de trabajo, CONDENANDO a los demandados a pasar por esta declaración con las consecuencias económicas que

procedan.

El recurso formulado por el beneficiario - trabajador, contiene varios motivos, de revisión de los hechos probados, nulidad de la sentencia y examen de derecho y termina suplicando, dicte en su día Sentencia más ajustada a Derecho por la

que, estimando el recurso y las pretensiones de esta representación, anule la Sentencia de Instancia, y desestimando la Demanda inicial, declare a D. Pedro Miguel afecto de una Incapacidad Permanente Total, para la

profesión habitual derivada de Accidente de Trabajo o subsidiariamente de Enfermedad Común, condenando a las recurridas, y en especial a la Mutua FRATERNIDAD MUPRESPA, a estar y pasar por tal declaración, y al abono de la

prestación que resulte, con las mejoras y revalorizaciones que en Derecho procedan.

Por la Mutua FRATERNIDAD MUPRESPA y la empresa SUN CHEMICAL S.A. han impugnado el recurso de suplicación, oponiéndose a la modificación de los hechos probados, la nulidad de la sentencia, como al examen del derecho y se

confirme la sentencia.

SEGUNDO. - REVISION DE HECHOS PROBADOS.

1. A través de un escrito de recurso, por parte de la representación de D. Pedro Miguel, interesa la revisión del hecho probado octavo en cuanto a la profesión del demandante. A ello se oponen los impugnantes en razón a

los elementos que luego examinaremos

Conviene recordar las reglas básicas que ha venido compendiando la doctrina del Tribunal Supremo ( SSTS de 16- septiembre-2014, rec. 251/2013, 14-mayo-2013, rec. 285/2011 y 5-junio-2011, rec. 158/2010..., entre otras) sobre la forma

en que se ha de efectuar la revisión fáctica, a saber:

a). - Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

b).- Que se citen concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación del Juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

c).- Que se precisen los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

d).- Que tal variación tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia (entre las últimas, SSTS 17/01/11 -rco 75/10 ; 18/01/11 -rco 98/09 ; y 20/01/11 -rco 93/10 ).

Insistiendo en la segunda de las exigencias, se mantiene que los documentos sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e

incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones

valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/06 - rec. 79/05; y 20/06/06 -rec. 189/04).

2.- Interesa la modificación del HECHO PROBADO OCTAVO, y así refiere debe quedar redactado del siguiente tenor:

"El trabajador tiene como profesión la de peón de la industria química, cuyos cometidos profesionales son los siguientes:

COMPETENCIAS Y TAREAS:

Los peones de las industrias manufactureras ayudan a los operadores de máquinas y a los ensambladores y realizan diversas tareas simples y rutinarias en la fabricación. Por ejemplo, estos trabajadores pesan, embalan y rotulan materiales

y productos a mano.

Entre sus tareas se incluyen:

- pesar, retractilar, cerrar y embalar manualmente materiales y varios productos; llenar a mano frascos, latas, cajas y otros recipientes con productos; rotular a mano productos, envases y varios recipientes;

- transportar bienes, materiales, equipos, u otros objetos a la zona de trabajo, y retirar las piezas acabadas;

- cargar y descargar vehículos, camiones y vagonetas;

- liberar las máquinas en caso de quedar bloqueadas y limpiar las máquinas, equipos y herramientas; clasificar y separar a mano productos acabados o componentes.

En cuanto a los requerimientos la carga física es de 3/4, en la mano de 4/4, manejo de cargas 3/4 y trabajos de precisión de 2/4". (lo detascado en negrita son las modificaciones).

Ello lo basa en la propia sentencia del Juzgado de lo social nº 3 en cuanto determino la contingencia laboral del proceso de incapacidad temporal de fecha 19//09/2022, y es que declaró que era empleado de mantenimiento. También en el

documento 4 de la prueba de la parte actora.

Por los impugnantes del recurso se oponen a ello, así la Mutua refiere que tanto la resolución del INSS sobre la incapacidad permanente, en que fija la profesión habitual como operador de plantas industriales químicas, como, asimismo, ante

la reclamación previa del hoy recurrente, en nada impugna la profesión habitual, delimita el grado de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo para tal profesión habitual; y, finalmente, la demanda constaba tal, y nada

adujo el hoy recurrente oposición alguna a la profesión habitual, como refleja la sentencia, por ello debe rechazarse.

Otro tanto, refiere la empresa impugnante, destacando que el hecho plasmado en la Sentencia recurrida no fue objeto controversia en el acto del juicio, tal y como indica la propia Sentencia cuando dispone que "En relación al grado de

discapacidad, partiendo de los diferentes reconocimientos médicos, de la exploración del EVI, del estudio dinamométrico y del profesiograma del operador de la industria química, profesión que no se ha discutido (...)". Incide en que la

cuestión sobre la profesión habitual del trabajador, siendo esta la de operario de planta, únicamente fue traída a colación expresamente en el acto del juicio por mi representada sin que ninguna de las demás partes intervinientes realizase

alegación u oposición alguna al respecto, pudiendo haberlo hecho. Especialmente relevante resulta, en este caso, la omisión sobre este particular por parte de la recurrente, si se tiene en cuenta que la cuestión nuclear del procedimiento del

que traen causa los presentes autos versa, con carácter principal, sobre el grado de incapacidad al que se encuentra afecto el trabajador para el desempeño de su profesión habitual. Refiere que la Mutua aportó como doc. 4 el

profesiograma. Por tanto, la profesión no fue discutida por el trabajador. remitiéndose a las Resoluciones del INSS.

Lo vamos a rechazar, en nada se evidencia error de la Magistrada, por un lado, la profesión reconocida en la sentencia sobre determinación de contingencia en el procesos de IT, ninguna virtualidad tiene y es que para tal pretensión no resulta

necesario tal fijación, pero, además, como reflejan los impugnantes y se recoge en la sentencia, el recurrente en nada ha puesto en valor una profesión habitual distinta a la reconocida en la Resolución del INSS o en la demanda de la parte

demandante, por ello en este tramite no cabe traer un debate novedoso.

TERCERO. - NULIDAD DE LA SENTENCIA.

1.- Con amparo en el art 193.a) LRJS refiere el recurrente la nulidad de la sentencia por infracción del artículo 24.1 120.3 de la Constitución Española, del art. 240 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, del art. 209 de la Ley 1/2000,

de Enjuiciamiento Civil, y artículo 97.2 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Señala que la Juzgadora de Instancia basa el razonamiento de su Sentencia sobre un hecho que no consta en la Demanda y a una prueba que no existe en Autos, tal y como es. un profesiograma que no ha sido aportado por la parte

demandante, que es el que tiene en este caso la carga de la prueba, haciendo alusión sorpresivamente a unos requerimientos de "carga física es de 2/4, en la mano de 3/4, manejo de cargas y trabajos de precisión de 2/4" que no encuentran

sustento en documento alguno aportado por las partes. Por ello supone una indefensión de la parte.

La parte impugnante, Mutua FRATERNIDAD, se opone a la nulidad y así refiere a que dicha parte aportó el profesiograma como documento 4, folios 99 a 103, y lo mismo refiere la empresa impugnante.

2.- La doctrina judicial señala que, la declaración de nulidad de una resolución, en cuanto supone una frustración, aunque sea provisional, del proceso seguido en la instancia, con el consiguiente estado de insatisfacción para los justiciables,

por lo que se refiere a la obtención de una resolución, fundada en derecho, que dé respuesta a las cuestiones debatidas en el litigio, sin dilaciones indebidas, constituye un remedio procesal que ha de ser manejado con el mayor cuidado y

ponderación, no llevándose más allá de los límites impuestos por el propio derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que nuestra Constitución -artículo 24.1 de la misma- proclama y garantiza; y de ahí, que cuando no exista

indefensión, no proceda la declaración de nulidad de la sentencia y la reposición de los autos al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento, de acuerdo con lo que establece el apartado a) del artículo 193 LRJS.

Así ha señalado:

"La doctrina reiterada acerca de la declaración de nulidad de las resoluciones es la de reducir esa posibilidad al mínimo de supuestos, para ser utilizado solo en el caso de inevitabilidad por el carácter traumático que representa la cuestión,

máxime en supuestos en los que el recurso admite la revisión de los hechos declarados probados. Dicho cauce existe en la denominada casación ordinaria, bien que limitado el empleo de determinados medios de prueba. Cabe citar como

resumen de esa doctrina la sentencia del Tribunal Supremo de 27-11-2003 (Rec. 63/2003).

"En forma más garantizadora que en la Ley Orgánica del Poder Judicial ( art. 248.3) y la propia Ley de Enjuiciamiento Civil ( art. 209, que no hace referencia a hechos probados) la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) manifiesta en su art. 97.2

que el juzgador "apreciando los elementos de convicción declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión". Esta

obligación de motivar el factum en la sentencia laboral, actúa, de una parte, para garantizar el ejercicio adecuado del derecho de defensa en juicio, y, de otra, como elemento preventivo de la arbitrariedad, aunque, lógicamente, esta obligación

no debe ser entendida en el sentido de que pueda coartar la libertad del juez en la formación de su convicción o de que le imponga el deber procesal de una extensa y prolija redacción. En términos generales basta con decir que la

motivación fáctica -y también evidentemente la jurídica- ha de ser suficiente; suficiencia que, como todo concepto indeterminado habrá de ser precisada en cada caso concreto (sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de diciembre de

1994). Constituye, de otro lado, la nulidad de un remedio último y de carácter excepcional que debe operar únicamente en aquellos supuestos en que la falta de fundamentación cause indefensión." ( STS 7/02/2012, rc 199/2010).

Pues bien, el planteamiento del recurrente es en esencia la omisión de unos datos que refiere "inventados", por la Ilma. Magistrada de instancia, y es que señala que no resultan de prueba alguna.

El documento 4 de la parte demandante, es el profesiograma de los operadores de plantas industrias químicas y del mismo saca la conclusión la Ilma. Magistrada de instancia, que en nada se evidencia error, y es que debe primar la

convicción de la Ilma. Magistrada al fijar mano 3/4, cuando el propio recurrente pretende la modificación de ello en 4/4, manteniendo el resto.

En su consecuencia rechazamos la nulidad pretendida

CUARTO. - CENSURA JURIDICA.

1.- Con amparo en el art. 193.c) LRJS, alega, el recurrente, la infracción del artículo 194, en relación con la Disposición Transitoria vigésima sexta, del RD Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la

Seguridad Social.

El recurso incide en la situación del trabajador representado, peón de la industria química, entendiendo una exigencia de la mano rectora (derecha de 4/4) así refiere que no puede hacer la aducción completa del 1er dedo, no hace palma,

tiene un balance muscular disminuido y se objetiva dolor a la palpación. Además de ello, es indiscutido que tiene una reducción de la movilidad y que la fuerza de garra esta reducida a la mitad y la de pinza sufre una merma de hasta un

65%. En definitiva, incide en las exigencias que impone la profesión, lo que supone el uso intensivo de la mano derecha, rectora, y por tal se haya afecto al grado de incapacidad permanente total; pero, aún más, desde la perceptiva de la

profesión de operador de la industria, si acudimos al profesiograma, vemos que existe un requerimiento de mano grado 3/4, esa exigencia es incompatible con su trabajo, así tiene una limitación del 50% de la garra, y del 65% de pinza,

sufriendo además una pérdida de movilidad en dicha mano dominante. Por tanto, incompatible con un requerimiento de mano de grado 3 sobre 4, y aún menos, evidentemente, para el de 4 sobre 4 de la profesión real que es la de empleado

de mantenimiento, es decir, peón/operario de la Industria Química (C.N.O. 9700). Podría trabajar en una profesión más sedentaria o liviana, tal como la de administrativo, pero no en una profesión que requiera del uso de la mano que tiene

afectada.

Por la Mutua impugnante entiende, al margen de la insistencia de la parte recurrente en el sentido de que su profesión es la de Peón de la Industria Química, su profesión es la de "Operador en plantas industriales químicas", la única lesión

evaluable es la disminución de movilidad en el dedo pulgar de la mano, una reducción en la fuerza de garra y una pérdida de pinza con ese dedo pulgar. La Sentencia recurrida señala que la mano derecha no es afuncional, existe una

movilidad global de la misma en un porcentaje del 89%, en atención a las diversas articulaciones, dedos, muñeca y antebrazo. Esta señala que la principal afectación es del dedo pulgar de la mano derecha, sin que exista informe que señale

que el trabajador esté impedido de asir objetos o de manipular los mismos. El balance muscular es de 3/5 en aducción y de 4/5 en abducción, presentado un agarre de 4/5. Por tanto, se ajusta a derecho la calificación de incapacidad

permanente parcial del recurrente.

3.- Partiendo del relato de hechos probados, donde por un lado delimita una profesión de operario de la industria química, una patología pacifica por las partes - Artrosis postraumática bilateral de primera articulación carpometacarpiana. Mano

derecha: Rizartrosis con artropatía también en trapecioescafoidea. Mano izquierda: Discretos cambios degenerativos en trapeciometacarpiana, y más marcados en trapecio- escafoidea. Quistes subcondrales en vertiente palmar del

semilunar- y un menoscabo funcional de: "Mano izquierda: puño y pinza funcional. Mano derecha: Ortesis blanda. No realiza puño con el 1º dedo. Dolor a la palpación articulación TMC, con limitación en la abducción aducción 1º dedo", y

donde la prueba biomecánica delimita una mano derecha que conserva el 89% de movilidad global; y el estudio dinamométrico de la mano derecha desarrolla una fuerza de garra media de 21 Kg (41 la izq) y de pinza de 4.5 Kg (13.5 la izq),

siendo los criterios de colaboración adecuados. Por tanto, la mano derecha conserva el 89% de la movilidad y es capaz de desarrollar el 50% de la fuerza de garra y el 35% de la pinza.

Pues bien, dentro del criterio profesional y con perspectiva específica y concreta a la profesión habitual, la incapacidad permanente total viene definida en el artículo 194 y Disposición transitoria vigésima sexta de la Ley General de la

Seguridad Social, y artículo 12.2 de la Orden de Invalidez, diciendo que "se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de su

profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta"

La incapacidad permanente total para la profesión habitual así descrita en el precepto legal al que se ha hecho mención, hace referencia a la aptitud laboral que al trabajador le resta a consecuencia de la enfermedad o el accidente. Tal

imposibilidad o inhabilitación para realizar todas o las fundamentales tareas de la profesión no se refiere exclusivamente a una imposibilidad física, sino también a la "aptitud para realizarlas con un mínimo de capacidad y eficacia".

La aptitud laboral no es un concepto abstracto o de punto de partida, sino que ha de referirse, concretamente, al dato fáctico relativo al trabajo u ocupación ejercitado, de donde se desprende que la técnica de interpretación ha de asentarse

sobre el criterio subjetivo, examinando la concreta capacidad residual de trabajo del discapacitado en relación con su profesión habitual, de tal forma que, en razón a las secuelas invalidantes, no pueda realizar todas o las fundamentales

tareas de dicha profesión, no significando por tanto sólo una disminución del rendimiento, lo que es propio de la incapacidad parcial, sino una imposibilidad de continuar trabajando en aquella actividad con una aptitud residual que tenga

relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concertar relación de trabajo futura.

Así la jurisprudencia al pronunciarse sobre la incapacidad permanente total, ya desde el extinto Tribunal Central de Trabajo de 26 abril 1982, expresaba que debía tenerse presente la aptitud normalmente requerida para la realización del

trabajo sin que el operario tenga necesidad de hacer un esfuerzo superior o al menos especial con relación al que llevan a cabo el resto de los trabajadores de la misma actividad, no siendo exigible a nadie que trabaje con sufrimientos.

Dicho lo anterior, siendo la profesión tal y como se ha explicitado por la Ilma. Magistrada de instancia en el hecho probado octavo, y proyectadas sobre las limitaciones, vamos a coincidir con lo señalado por la sentencia en cuanto que

recoge de una forma pormenorizada, que "La mano derecha no es afuncional, y existe una movilidad de la misma del 89% en atención a las diversas articulaciones, dedos, muñeca y antebrazo. Cierto es que la principal afectación es la

correspondiente al dedo pulgar, pero en ningún informe se señala que este impedido de asir objetos, o de manipular, y no se constata por ejemplo que no pueda conducir, o valerse con esa mano, la fuerza en la garra es del 50% respecto a

la contralateral y de la pinza con ese dedo es del 35%; a la exploración en presenta limitación de la abducción y puño completo , en la aducción no toca la palma, pero se lo agarra con el resto de dedos, el BM es de 3/5 en aducción y de

4/5 en abducción, presentando un agarre de 4/5. De lo que se deduce que puede agarrar, y asir, rotar y empujar", lo que proyectado sobre la profesión habitual y sus funciones tal como resulta del profesiograma, entendemos, como así

señala la sentencia, que el recurrente puede llevar a cabo las tareas más fundamentales de su profesión habitual al margen de la limitación, que como señala la sentencia, alcanza al menos el 33% de su capacidad laboral, y por ello

confirmamos la misma.

En su consecuencia procede la desestimación del recurso.

QUINTO. - COSTAS.

En materia de costas, se debe estar al art. 235.1 LRJS que prevé esta medida únicamente respecto a la parte recurrente que resulta vencida y no disponga del beneficio de justicia gratuita o no haya sido eximida legalmente de dicho deber.

SEXTO. - RECURSO.

Contra la presente sentencia cabe Recurso de Casación para la unificación de doctrina ( art. 218 LRJS) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.