Sentencia Social 3580/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 1285/2025 de 20 de junio del 2025

PRIMERO-Contra la sentencia de instancia, que desestimó la demanda que, en materia de reconocimiento derecho (régimen de teletrabajo al 100%, frente al reconocido de un día a la semana de teletrabajo más uno adicional al mes) y tutela de derechos fundamentales anudada (indemnización de daños morales de 75.000 €, por su condición de discapacitado y el derecho a la adaptación del puesto de trabajo), había interpuesto Dª. Vicenta, interpone ésta recurso de suplicación, que ha sido impugnado por las demandadas en la instancia ( DIRECCION000., D. Horacio y QUIRON PREVENCIÓN, S.L.).

SEGUNDO- El recurso de la parte demandante plantea, en primer lugar, revisión fáctica, para que se modifique, por adición, el hecho probado 7º, con base en los folios nº 135 a 143 y 151 a 153 de autos. Propone el oportuno redactado, que damos ahora por reproducido (en esencia, pretende la inclusión de motivos de consulta médicas, recomendaciones médicas, visitas e informes que, entiende, debieron incluirse) y que sólo reproduciremos en caso de estimación del motivo.

Con carácter previo, recordaremos que conocido es que, para que prospere la revisión (modificación, adición o supresión) de un hecho probado, deben concurrir los siguientes requisitos:

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios, pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación.

Siendo ello así, no puede ni debe volver a revisarse toda la documental que propone, pues ello supondría una suerte de apelación, algo que nos está vetado, en tanto la juzgadora a quoya ha analizado dicha documentación (de hecho, es la misma que cita la parte recurrente) y no la ha considerado necesaria para la redacción del hecho probado 7º, cuyo contenido ya es extenso y que recoge lo que, para la litis concreta, la juez de primer grado ha estimado preciso. Tampoco apreciamos error de la juzgadora a quo ni especial trascendencia a lo que propone como redactado alternativo.Por consiguiente, entendemos que la adición propuesta no puede prosperar.

De otro lado, pretende la parte recurrente la adición de un nuevo hecho probado, con el ordinal nº 7 bis, para que se añada, conforme a los folios nº 133, 134, 144 y 145, el contenido de los informes de fisioterapeutas. Resulta, empero, que para formar su convicción, en aras a la valoración conjunta de la prueba, ex art. 97.2 LRJS , la juzgadora a quo ha desestimado expresamente el valor probatorio de dichos informes en el fundamento jurídico 3º, con la indicación de que"Los documentos obrantes a los folios 133, 134, 144 y 145 no me sirven para formar el convencimiento relativo a las patologías de la demandante porque son firmados por fisioterapeutas y por ende no son los idóneos para emitir diagnósticos médicos y desde luego no pueden contradecir el resultado de las exploraciones realizadas por los facultativos y facultativas de los servicios de urgencias del centro sanitario público que regularmente la atiende". Siendo ello así, no sólo no procede la adición, en tanto no puede sustituirse el criterio de parte por el imparcial de la juzgadora de primer grado, sino que, además, ha motivado la exclusión de tales informes, lo cual no genera indefensión de ningún tipo y es coherente en términos de suficiencia, motivación y completitud del relato fáctico (por todas, STS 27-5-2025, rec. 9/2024). Decae, por lo tanto, este motivo de recurso.

Finalmente, a modo de tercera modificación fáctica, propone la adición de un nuevo hecho, con el ordinal 11º, relativo a la solicitud que la actora realizó a QUIRON PREVENCIÓN, S.L. y la respuesta de ésta a la petición de un nuevo examen de salud, la disconformidad con la declaración de "apta con limitaciones", todo ello a efectos de una eventual condena solidaria. Cita al efecto los folios nº 115 a 130, proponiendo un extenso redactado. De este modo, pretende la adición con aquella finalidad, pero lo cierto es que para ello hace referencia a un acervo documental que ya ha sido examinado por la juzgadora a quo y que no ha sido tomado en consideración por ésta, tampoco en el sentido propuesto por la parte recurrente, debiendo ser rechazado este motivo de revisión fáctica. El motivo es sencillo: que haya disenso, no supone de QUIRON PREVENCIÓN no haya hecho nada. Como indica el hecho probado 4º de la sentencia, el 3-5-2024 fue examinada por dos especialistas en medicina del trabajo, emitiendo informe el 17-5-2024, con declaración de aptitud y limitaciones (silla ergonómica con respaldo cérvico-dorsal, respaldo regulable, soporte lumbar y que dispusiera de apoyabrazos; y que asimismo debe realizar de forma regular alternancias posturales para evitar la sedestación mantenida, dando como mera orientación la de bipedestar o deambular unos diez minutos por cada dos horas de trabajo); lo que se comunicó a la empresa también (17-5-2024, hecho probado 5º). En consecuencia, decae el motivo propuesto.

TERCERO- Como censura jurídica, propone la parte recurrente un motivo ciertamente complejo (en cuanto a cómo lo ha redactado, con una extensión prolija que bien pudo ser más sintética y que, en puridad, se limita a discrepar de parte de los argumentos de la sentencia, reiterando la demanda y sus ampliaciones) y variopinto (por ejemplo, sin separarlo con rigor y debidamente, acaba ese motivo, intitulado bajo el art. 193.c LRJS , con una subrepticia mención final a una suerte de petición de nulidad de actuaciones ex art. 193.a LRJS , por una presunta incongruencia omisiva que liga esencialmente al hecho probado 9º, parece, pero también al fundamento de derecho 3º, como también parece y según veremos).

Así las cosas, denuncia la infracción, por inaplicación, de los arts. 10 , 14 y 15 CE , 4.2.c y 4.2.d ET , 17.1 ET , 14 , 15 , 16 , 22 y 25 LPRL , 5 de la Directiva 2000/78 y 30 RDLeg 1/2013, a los que asistemáticamente añade, en el cuerpo del recurso, el art. 177 LRJS , denunciando que el proceder empresarial constituye una discriminación que contraviene el principio de igualdad de trato. Lo hace, empero, a partir de un relato fáctico propio, que incluye las revisiones propuestas y que no han prosperado, de suerte que no puede, ni debe, incurrirse en una petición de principio (haciendo supuesto de la cuestión), al no haber sido aceptadas tales modificaciones. Dicho ello, añade que su situación no es idéntica a la de otros trabajadores y que (sic)"(...) la incorrecta adaptación del puesto de trabajo de la actora ha supuesto un agravamiento de su estado de salud y que no existe justificación objetiva ni razonable para denegar la medida interesada". Es por ello que pide lo que ya pedía en demanda (y ulteriores ampliaciones): el derecho a la adaptación del puesto de trabajo por su situación de discapacidad, la indemnización anuda, la responsabilidad solidaria de la persona física codemandada y la de QUIRON PREVENCIÓN (añadiendo ahora los art. 30 y 31 LPRL) . Por último, como indicamos supra,dice que, si se desestima la censura jurídica formulada, debe declararse la nulidad de la sentencia porque tilda de incongruente por omisión al fundamento jurídico 3º de la sentencia, señalando que podía la juzgadora haber dado menos de lo pedido sin que la parte, de modo subsidiario, lo pidiera. Es decir, entiende que no tiene que hacer ninguna petición subsidiaria pues no es preciso el principio dispositivo y pone como ejemplo el tema de la cuantía de la indemnización, añadiendo que la actora tiene ya un régimen reconocido de teletrabajo conforme al hecho probado 9º de 3 días por semana.

Empezaremos por esto último, indicando que no procede, en modo alguno, la nulidad de actuaciones, como remedio excepcional sobradamente conocido, no existiendo incongruencia omisiva. El hecho probado 9º, lo que dice, es que la actora tiene un día a la semana de teletrabajo, más un día extra al mes, en la actualidad, no otra cosa. De su lado, el fundamento jurídico 3º lo que viene a hacer, con mayor o menor acierto (es opinable, sin duda, y que la actora no esté de acuerdo con el redactado del mismo, no significa que no sea dable incluir en la motivación jurídica lo que ha sucedido en el decurso de la vista oral), es indicar que, en el acto de juicio, la demandada ofreció tres días de teletrabajo a la semana, pero ello no fue aceptado, como subsidiario, por la parte demandante. El principio de rogación y dispositivo, ex art. 218 LEC, no ha sido en modo alguno conculcado por la juzgadora de primer grado sino, diversamente, perfectamente respetado pues lo que pedía la parte era teletrabajo al 100% y no otra cosa, sin que sea menester que una sentencia recoja algo inferior a lo pedido y sin que la indemnización sea parámetro comparable a estos efectos (un montante económico no es una cuestión de organización del trabajo, sino de resarcimiento ponderado en cada caso concreto). No nos parece incongruencia omisiva, sino más bien sentido común (pues el teletrabajo no deja de ser una cuestión eminentemente organizativa en términos de modo de prestación, no siendo un derecho subjetivo absoluto - STSJ Andalucía/Sevilla, Sala Contenciosa, 7.2.2024, rec. 349/2023-), que la juzgadora haya indicado que las partes puedan en el futuro ampliar el régimen de teletrabajo, sin que una oferta empresarial vincule a una Magistrada a la hora de resolver la litis, máxime cuando la contraparte rechazó la propuesta de 3 días en conciliación (y para tal exclusivo fin) ofertada por la empresa. Decae, por lo tanto, la petición de nulidad de actuaciones indebidamente intercalada en el motivo de censura jurídica.

CUARTO-Remarcado lo anterior, la Sala no aprecia vulneración alguna de los preceptos que indica la parte recurrente. Antes en entrar en el caso concreto (y resolverlo, lo que haremos en el fundamento jurídico quinto), formularemos algunas indicaciones preliminares.

A.- Ab initio,es verdad que la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, de 13-12-2006, define la discriminación por motivos de discapacidad como "cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo"(artículo 2). Se trata de una definición que incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables entendido estos como modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de los derechos humanos y libertades fundamentales.

En interpretación de aquella norma, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, instaurado por la Convención, ha publicado la Observación general núm. 8 (2022) sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo. Según esta Observación, la denegación de ajustes razonables se manifiesta cuando no se efectúan o proporcionan las modificaciones, las adaptaciones o el apoyo necesarios y adecuados que no impongan una carga desproporcionada o indebida (apartado 29). Cuando una persona o un empleador detecten una barrera para la plena inclusión de una persona con discapacidad, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas, ya que, de lo contrario, incurriría en una denegación de ajustes razonables: (a) el empleador colabora con la persona para encontrar posibles soluciones que permitan eliminar o evitar esa barrera, teniendo en cuenta la solución preferida por el interesado; (b) el empleador implementa la solución preferida por el interesado, a menos que suponga una carga indebida, en cuyo caso aplicará otra de las soluciones establecidas siempre que no implique una carga indebida, o la solución preferida en la medida de lo posible sin que ello represente una carga indebida (apartado 45).

La Convención ha sido ratificada por España (BOE 21-4-2008) y por la Unión Europea ( Decisión 2010/48, de 26-11-2009). El Tribunal de Justicia de la Unión europea ha interpretado estas normas, tanto la que se refiere al concepto de discapacidad (artículo 2 de la Convención), como los ajustes razonables para el derecho al trabajo (artículo 27 de la Convención).

B.- En el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), el TEDH ha declarado que el principio de no discriminación, consagrado en el art. 14 CEDH, se refiere también a los discapacitados, a través de la cláusula final de dicho precepto, incluyéndolos dentro de los grupos que considera como "particularmente vulnerables" (entre otras, SSTEDH de 30 de abril de 2009, asunto Glor c. Suiza , § 80, de 22 de marzo de 2016, asunto Guberina c. Croacia , §73 y de 23 de marzo de 2017, asunto A.-M.V. c. Finlandia, § 73). A tal efecto, lo que la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas (2006) denomina "ajustes razonables", se denomina "acomodo razonable" por el TEDH ( STEDH 23-2-2016, asunto Cam c. Turquía, § 65 y 69).

C.- Con respecto al concepto de discapacidad, después de algunas sentencias más restrictivas temporalmente anteriores a la ratificación de la Convención por la UE, ha sentado una línea más flexible en varias sentencias más modernas ( SSTJUE 11/04/2013, HK Danmark,C-335/11 y C-337/11; STJUE 18/12/2014, FOA,C-354/13 ; 01/12/2016, Daouidi,C-395/15; 9/3/2017 , Petya Milkova,C-406/2015, 11/09/2018 , Nobel Plastiques, C-397/18).

A raíz de estas resoluciones, y en particular de la Sentencia Daouidi, se derivan ciertos indicios para apreciar si una enfermedad puede ser equiparada a discapacidad, a saber: el que, en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio, la incapacidad del interesado no presente perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo o el que esa incapacidad pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento; para valorar estas circunstancias se deben utilizar los elementos objetivos de que se disponga, en particular, documentos y certificados relativos al estado de dicha persona, redactados de los conocimientos y datos médicos y científicos actuales; en otro sentido, se precisa que la incapacidad temporal de duración incierta, a causa de un accidente laboral no significa, por sí sola, que la limitación de su capacidad pueda ser calificada de duradera a tales efectos.

D.- Con relación a los ajustes razonables, la STJUE de 15/07/2021 (Tartu Vangla,C-795/19 ) considera una discriminación directa por causa de discapacidad no permitir un ajuste razonable como un dispositivo de corrección auditiva para un funcionario de prisiones. En esta dirección, la STJUE de 10/02/2022 (HR Rail SA, C-485/20), explica que la obligación de ajustes razonables exige que una persona trabajadora que, debido a su discapacidad, ha sido declarado no apto para desempeñar las funciones esenciales del puesto que ocupa, sea destinado a otro puesto para el que disponga de las competencias, capacidades y disponibilidad exigidas, siempre que no sea carga excesiva para la empresa. Finalmente, la STJUE de 18 de enero de 2024 (Ca Na Negreta,C-631/22 ), indica que el artículo 5 de la Directiva 2000/78 no puede obligar al empresario a adoptar medidas que supongan una carga excesiva para él, a cuyo efecto debe tenerse en cuenta, particularmente, los costes financieros que estas impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el volumen de negocios total de la organización o empresa y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda, y en cualquier caso, solo existe la posibilidad de destinar a una persona con discapacidad a otro puesto de trabajo si hay a lo menos un puesto vacante que el trabajador en cuestión pueda ocupar.

E.- El Tribunal Constitucional, en sentencia 51/2021, de 15 marzo, indicó que a un letrado de la Administración de Justicia, diagnosticado con síndrome de Asperger, al que se le había impuesto una sanción disciplinaria por negligencia en el ejercicio de sus funciones y retraso injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones, le había sido vulnerado el derecho la igualdad de trato y no discriminación por razón de discapacidad, porque se le había impuesto una sanción disciplinaria a consecuencia de las irregularidades en el desempeño de sus funciones que se podrían haber solventado, empero, con unos ajustes razonables. En este sentido, la STCo 3/2018, de 22 de enero, señaló también que la Convención ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006, ya citada supra),proscribe, en su artículo 2, la "discriminación por motivo de discapacidad",ante "cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo",incluyendo todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables y señalando el artículo 5.3 que los Estados parte "adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables";mientas el art. 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE incluye a la discapacidad como uno de los factores expresos de necesaria tutela contra la discriminación.

QUINTO-Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, apreciamos que la sentencia recurrida, de modo riguroso y exhaustivo, desgrana los motivos para denegar la pretendida discriminación por no adaptación del puesto que indica la recurrente, dedicando a ello el fundamento jurídico segundo. Los argumentos que esgrime son los siguientes:

a) "(...) de la documentación médica aportada por la actora y valorable (...), no existe ninguna recomendación terapéutica que contradiga esas medidas de adaptación propuestas por el servicio de prevención ni mucho menos que considere como idónea la de teletrabajar al cien por cien. La actora podrá disentir del mismo, pero no ha probado que esas medidas perjudiquen su salud o sean inadecuadas, de hecho cuando teletrabaja debe adoptar la misma higiene postural de alternancia y debe disponer de una silla ergonómica";

b) "(...) la demandante tenía derecho a esta adaptación que el servicio de prevención constata, y la empresa procede a adquirir una silla ergonómica de las características expuestas en el hecho probado quinto. No se ha probado que esa silla sea inadecuada, o inapropiada o no cumpla la finalidad de protección dorsolumbar indicada por el servicio de prevención.Asimismo, tampoco consta que no haya podido hacer las alternancias posturales que haya ido necesitando y que desde luego debe auto-administrarse y auto-decidir la actora en cada momento, no solo cuando trabaja sino en el resto de su vida ordinaria";

c) "(...) El teletrabajo sin duda es una herramienta útil cuando lo que está en juego es conciliar la vida familiar y laboral (porque ahorra el tiempo del desplazamiento de ir y volver al centro de trabajo) pero, cuando en este caso la medida interesada no es por este motivo de conciliación sino para adaptar su puesto a su estado de salud, no se atisba esa correlación de idoneidad. En este caso, como digo, no se expresa por qué teletrabajar al cien por cien satisface esa necesidad de adaptación y porque hacerlo parcialmente -como tiene reconocido- no la satisface. Y esa debía ser la base de su pretensión que, como digo, omite completamente. A mayor abundamiento en ninguna documentación médica aportada existe recomendación terapéutica alguna que prescriba el teletrabajo de forma íntegra, o que explique porqué el trabajo presencial puede hipotéticamente perjudicar su salud, o que restrinja los desplazamientos. No existe pues discriminación alguna por su estado de salud porque la empleadora demandada adaptó el puesto correctamente; tampoco existe discriminación respecto al resto de la plantilla(ya que todo el personal tiene el mismo régimen de teletrabajo de un día a la semana más otro adicional)".

Valorada la prueba tal y como ha hecho la Magistrada de primer grado, a partir de la propuesta y practicada, coincidimos con el parecer señalado, de suerte que no apreciamos vulneración alguna de la normativa que se pretende infringida y mucho menos discriminación (por su condición de discapacidad, teniendo reconocido un grado del 33% -hecho probado 6º-, lo que ya es sinónimo de discapacidad conforme al RDLeg 1/2013-), en tanto que ni de la documental médica, ni de la documental en prevención de riesgos, ha existido prueba alguna de incumplimiento (o de discriminación) que sea imputable, ni como responsable principal ni como solidario, a ninguno de los codemandados (en especial, la empleadora ha actuado de modo no reprochable, atendiendo a las indicacionesdel servicio de prevención de riesgos laborales, en línea con el deber de prevención - arts. 14 y 15 LPRL-, con la protección de los trabajadores especialmente sensibles - art. 25 LPRL. Y con la observancia de las indicaciones del servicio de prevención - art. 37.3.g del Reglamento de los Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero-); decayendo también, al estar ligado lo principal a lo accesorio, la petición anudada de indemnización por daños y perjuicios.

El recurso debe ser, por consiguiente, íntegramente desestimado y la sentencia de instancia confirmada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,